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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00272-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00272-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de noviembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada ésta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00272-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA, EN ATENCIÓN A
QUE LOS ACTOS DEMANDADOS NO FUERON EXPEDIDOS CON FALSA
MOTIVACIÓN, POR CUANTO LOS MOTIVOS ADUCIDOS EN LOS
MISMOS CORRESPONDEN A LA REALIDAD FÁCTICA Y JURÍDICA DEL
CASO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora OLGA

JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ contra la sentencia de 13 de noviembre

de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca1, Sección Primera, Subsección C, que denegó las

pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1- La señora OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo2, presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS -SSPD3 y CODENSA S.A.

E.S.P. 4, en la que formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.1. Declarar nula la Resolución núm. SSPD-
20108140134265 del 4 de octubre de 2010, proferida por la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS, en que resolvió el recurso de apelación radicado
con el No. 00831836 el 3 de agosto del año 2010, mediante la cual
se confirmó en todas sus partes la Decisión No. 01612429 de 23 de
agosto de 2010, del recurso de reposición emitido por CODENSA S.A.
E.S.P.

1.2. Declarar nula la Decisión del Recurso de Reposición No.
01612429 de 23 de agosto de 2010, proferida por CODENSA
S.A., que resolvió confirmar la Decisión No. 01589521 del 23 de julio
de 2010, mediante la cual se resolvió lo peticionado en derecho de
petición presentado con el radicado 00823018 del 8 de julio de 2010.

1.3. Declarar nula la Decisión No. 01589521 del 23 de julio de
2010, proferida por CODENSA S.A. mediante la cual se resolvió
lo peticionado en derecho de petición presentado con el radicado
00823018 del 8 de julio de 20105.

[…]

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene
a CODENSA S.A. E.S.P. restablecer el suministro de energía eléctrica
al usuario, devolviendo la acometida, esto es 30 metros de cable de
seguridad y el medidor, ya que estos le pertenecen al predio, toda
vez que el usuario ha sido víctima del abuso de la parte dominante,
de realización de cobro de lo no debido por servicio no prestado y de
suspensión irregular en la prestación del servicio y falla del servicio,
durante 33 meses consecutivos.

TERCERO: Se disponga que para todos los efectos legales no hubiera
solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de

2
En adelante CCA
3
En adelante SSPD
4
En adelante CODENSA
5
Mediante Corrección de Demanda, la parte actora individualizó dichas pretensiones (folios 143 a 144
del C.1).

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CODENSA S.A. restablecer desde cuando fue suspendido de manera
irregular del servicio, hasta cuando sea efectivamente reinstalado.

CUARTO: En consecuencia y como restablecimiento del derecho a
CODENSA S.A. y a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS como reparación del daño ocasionado, a pagar a los
actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios
de orden material y moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros,
los cuales se estiman como mínimo en la suma de $179.527.976,
[…] o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso. […]”.

I.2. - Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

1º. CODENSA tiene como objeto social la distribución y

comercialización de energía eléctrica y se encuentra registrada en la

Cámara de Comercio de Bogotá bajo la matrícula mercantil núm.

00830039 de 23 de octubre de 1997.

2º. La actora se domiciliaba con sus hijos en el inmueble ubicado en

la carrera 12ª #0-22 del barrio San Bernardo, al que le fue asignado

el servicio de energía eléctrica con el número de cliente 0314938-4.

3º. El 23 de julio de 2008, el señor RAFAEL RICARDO MOLINA, quien

se identificó como empleado de CODENSA le informó a la actora que

se había presentado un incremento en el consumo de energía del

referido inmueble debido a que el contador allí ubicado era muy

antiguo, razón por la que se lo llevaría.

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4º. La actora se opuso al retiro del contador, frente a lo cual el

mencionado empleado de CODENSA le manifestó que si impedía

dicho retiro le suspenderían el servicio definitivamente, a lo cual

accedió y procedió a firmar constancia del retiro del contador. Sin

embargo, más tarde observó que también se habían llevado 30

metros de cable de seguridad, que era la acometida del servicio,

dejándola sin el servicio de energía eléctrica.

5º. La actora precisó que al momento de dicha suspensión del

servicio de energía eléctrica por parte de CODENSA, el predio de la

referencia se encontraba a paz y salvo en las facturas hasta ese

momento emitidas; y que hasta el momento en que existió

suministro de energía eléctrica en el inmueble se realizó de manera

puntual el pago facturado por la prestación del servicio.

6º. Señaló que era madre de tres hijos menores de edad que

dependían total y económicamente de ella, y quienes se sostenían de

un contrato de arrendamiento del tercer y cuarto piso de la vivienda,

contrato que fue terminado anticipadamente debido a la suspensión

irregular del servicio de energía eléctrica.

De igual manera, informó que en la misma vivienda se encontraba

pendiente la instalación de un salón de belleza con cabinas

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telefónicas, el cual no abrió al público por causa de la falla en el

servicio de energía eléctrica.

Adicionalmente, expresó que como consecuencia de la suspensión

irregular del servicio de energía eléctrica tuvo que endeudarse para

la manutención de sus hijos y el pago de su universidad; y que

presentó problemas de salud física y psicológica, que se le vulneraron

los derechos fundamentales de su núcleo familiar, así como su

derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo, el derecho de igualdad,

entre otros.

7º. Indicó que desde el 23 de julio de 2008 no existía suministro de

energía eléctrica en el predio, no obstante, CODENSA continuó

cobrando mes a mes facturas como si estuviera prestando el servicio,

sumado al hecho de que dichos cobros desconocieron el promedio

histórico de lo facturado con anterioridad al predio.

8º. Informó que el grupo consultor Andino Abogados le envió

notificaciones de cobro pre jurídico por concepto de la obligación

asignada por el servicio de energía eléctrica con CODENSA, que

ascendía a la suma de $1.716.230, desde marzo hasta agosto de

2010.

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9º. Que el 8 de julio de 2010 presentó derecho de petición a

CODENSA, con radicado núm. 00823018, a través del que solicitó

que le informara cuál era la deuda por los 23 días de julio de 2008,

fecha hasta la cual se le suministró el servicio de energía, teniendo

en cuenta el reconocimiento de la lectura errónea que realizaron; y

que se le prestara nuevamente el servicio de energía, así como la

instalación inmediata de la acometida del servicio.

10º. En respuesta a dicha reclamación, mediante Decisión núm.

01589521 de 23 de julio de 2010, CODENSA le informó a la actora

que una vez efectuada la reconstrucción de la cuenta se evidenció

que los kilovatios facturados en dicho mes no corresponden

únicamente a los 23 días de julio de 2008, sino a los kilovatios

facturados desde la lectura núm. 530 de 22 de mayo de 2008 a la

lectura núm. 1609 de 23 de julio de ese año; y que, además, el

servicio se prestó de manera directa hasta el 16 de octubre de 2008,

por lo cual la suma adeudada ascendía a $999.920.

Respecto a la instalación del servicio, le indicó que esta dependía de

la negociación que llevara a cabo con CODENSA para realizar el pago

de la deuda existente por valor de $999.920, discriminados en la

prestación del servicio, el cobro por recuperación de energía, el cobro

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de contribución por reintegros, más los intereses generados por la

mora en el pago.

11º. Que el 3 de agosto de 2010 interpuso recurso de reposición y,

en subsidio, de apelación, alegando que CODENSA estaba realizando

cobros por servicio de energía a pesar de que desde el 23 de julio de

2008 no prestaba el servicio en el predio y, además, le negaba el

reintegro del servicio hasta tanto no se pagaran dichas sumas de

dinero no debidas.

12º. Mediante Decisión núm. 01612429 de 23 de agosto de

2010, CODENSA resolvió el recurso de reposición en el sentido de

confirmarla.

13º. Posteriormente, a través de la Resolución núm. SSPD

20108140134265 de 04 de octubre de 2010, la SSPD resolvió el

recurso de apelación confirmando la citada Decisión núm.

01612429 de 23 de agosto de 2010.

I.3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de

las siguientes normas:

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1. Constitución Política: artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 13, 25, 29, 44 y

365.

2. Ley 142 de 11 de julio de 1946: artículos 2°, 133, 134, 134,

136, 137, 144, 146, 149 y 155.

3. Resolución 108 de 2 de julio de 19977: artículos 3°, 11, 14, 18,

30, 32 y 40.

Explicó el concepto de la violación, en los siguientes términos:

VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SUPERIORES.

Adujo que los actos demandados quebrantaron el respeto a la

dignidad humana, los fines esenciales del Estado, la protección al

trabajo y los principios de la función pública, pues se generaron

irregularidades y desviaciones.

Sostuvo que se realizaron cobros por un servicio de energía no

prestado (cobro indebido del servicio) y sin tener en cuenta el

promedio histórico; además, fue suspendido irregularmente el

6
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
7
“Por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de los usuarios de los
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la
facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y
se dictan otras disposiciones”.

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servicio de energía, a pesar de que el predio nunca ha presentado

retrasos en el pago de ninguna factura.

Expresó que se infringió el derecho de la usuaria de que su consumo

fuera medido a través del instrumento técnico dispuesto para ello,

ocasionando que el consumo no fuera el elemento principal del precio

cobrado en las facturas.

FALSA MOTIVACIÓN

Alegó que los actos acusados no tuvieron en cuenta las referidas

circunstancias de hecho o de derecho, previas a su expedición.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.4.1.- La SSPD, actuando por conducto de apoderada, contestó la

demanda en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones 8,

argumentando en esencia, lo siguiente:

Sostuvo que los actos acusados se sujetaron a los lineamientos

legales.

8
Folios 174 a 187 C.1.

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Manifestó que el valor registrado en la cuenta del predio obedeció a

los consumos registrados hasta el 16 de octubre de 2008, por cuanto

el predio continuó hasta ese día con servicio de energía, según consta

en el Acta AI-TP 0043145 de esa fecha, por lo que CODENSA tenía

derecho a facturar estos consumos, registros que al momento de la

presentación del derecho de petición por parte de la actora se

encontraban en firme, por el término de caducidad establecido en el

artículo 154 de la Ley 142.

Indicó que no se evidencia falsa motivación, en virtud de lo

establecido en el artículo 154 de la Ley 1429, en tanto que las

facturas reclamadas por la actora tenían más de 5 meses de la

expedición y, por ende, no procedía su reclamación.

Expresó que no se sabe con claridad a que períodos de facturación

se refiere la actora, pero que por los antecedentes administrativos se

infiere que corresponden a los meses de junio a octubre de 2008.

9
“[…] ARTÍCULO 154. De los recursos. El recurso es un acto del suscriptor o usuario para obligar a
la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del servicio o la ejecución del contrato.
Contra los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice la
empresa proceden el recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo
consagre la ley.
No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión, terminación y corte, si con ellos se
pretende discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso oportuno.
El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las reclamaciones por facturación debe
interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En
ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. […]”.

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Que la demandante perdió su derecho a reclamar dichos períodos,

por cuanto no reclamó en su debida oportunidad y la SSPD no podía

pronunciarse sobre consumos cobrados a través de facturas

expedidas con más de 5 meses, pues sus facultades legales están

delimitadas en la ley de servicios públicos, que establece que no

proceden reclamos contra facturas expedidas hace más de 5 meses.

I.4.2.- La empresa CODENSA, actuando por conducto de

apoderado, contestó la demanda en la cual se opuso a la prosperidad

de las pretensiones, argumentando en esencia, lo siguiente:

Sostuvo que los hechos eran inconducentes para controvertir la

legalidad de los actos demandados; carecían de un orden lógico que

permitiera entender lo sucedido; y la argumentación jurídica

presentada pretendía revivir los términos de caducidad frente a los

períodos facturados en el año 2008.

Añadió que los actos acusados fueron expedidos de conformidad con

el ordenamiento jurídico y atendiendo la realidad de los hechos

acaecidos.

Propuso la excepción de “Inepta Demanda”, la cual fundamentó en

que la demandante, en la exposición de los hechos, se refiere a actos

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administrativos que se encuentran en firme y que no pueden ser

objeto de discusión en este escenario, particularmente, los actos

expedidos con ocasión de la petición presentada por la usuaria el 25

de julio de 2008 bajo el radicado núm. 00529760, resuelta por las

Decisiones núms. 00819425 de 15 de agosto de 2008 y 00848707

de 27 de octubre de 2008, y, posteriormente, decidida en sede de

apelación por la SSPD, mediante la Resolución núm. SSPD

20098140001965 de 16 de enero de 2009, la cual no fue demandada

en término ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Así las cosas, agregó que el pronunciamiento en el presente caso se

debe limitar a la legalidad de las decisiones núms. 01589521 de

23 de julio de 2010 y 01612429 de 23 agosto de 2010,

expedidas por CODENSA; y la Resolución núm. SSPD

20108140134265 de 4 de octubre de 2010, emanada por la

SSPD, con la cual se resolvió la apelación y que agotó la vía

gubernativa.

Asimismo, adujo que respecto a las reclamaciones dirigidas contra

facturas del servicio de energía eléctrica, expedidas para los periodos

julio y siguientes del 2008, no podía pretender la demandante que

con una reclamación realizada el 8 de julio de 2010, se accediera a

sus pretensiones, y menos cuando a la demandante ya no le asistía

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el derecho para hacer reclamos al respecto, por cuanto estas facturas

fueron objeto de decisión por la SSPD, mediante la Resolución núm.

SSPD 20098140001965 de 16 de enero de 2009, con la cual se

confirmó en su totalidad la facturación efectuada por CODENSA.

Manifestó que la reclamación frente a facturas de servicios públicos

fue regulada por la Ley 142, en el artículo 154, que estableció que

en ningún caso proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen

más de 5 meses de haber sido expedidas por las empresas de

servicios públicos.

Afirmó que los actos acusados fueron claros en explicar todas las

actuaciones y verificaciones surtidas en la actuación administrativa

para su expedición, de conformidad con el ordenamiento legal y los

hechos que le dieron sustento.

Sostuvo que los actos demandados fueron expedidos en

cumplimiento de las normas legales y constitucionales aplicables, por

funcionario competente para ello, debidamente notificados, resueltos

en término y con fundamento en los hechos que le dieron origen a la

actuación administrativa.

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En ese sentido, pese a existir certeza de la legalidad de los actos

acusados, los perjuicios que alega la demandante en caso de que

fueren ciertos, se debieron a la falta de pago de las facturas de

consumo debidamente expedidas por CODENSA y no a la indebida

expedición de estas.

De manera que la actora no podía pretender derivar un perjuicio del

debido cobro de la prestación del servicio de energía eléctrica, pues

el cobro del servicio prestado es una obligación legal de las empresas

prestadoras de servicio público con la que deben cumplir.

Añadió que la demandante “no conforme con las actuaciones

emprendidas en el año 2008 para desatender el pago de las facturas

causadas en el segundo semestre”, recurre en el año 2010 a nuevas

reclamaciones para revivir de manera indebida hechos y situaciones

que quedaron decididas mediante la Resolución núm. SSPD

20098140001965 de 16 de enero de 2009.

Que, por lo anterior, no era posible derivar del debido cobro un

supuesto perjuicio, más aún cuando del relato de los hechos la

demandante deriva todos los supuestos perjuicios de la facturación

efectuada en el 2008 y no en los valores determinados en los actos

administrativos demandados, razón por la cual se deben desechar

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todos los argumentos esgrimidos respecto a falsa motivación, en la

determinación del consumo facturable.

Alegó carencia de objeto, por cuanto, como lo menciona la misma

actora, en cumplimiento de la declaratoria del silencio administrativo

positivo de 4 de abril de 2011, mediante la Resolución núm. SSPD

20118150045115, la deuda fue reliquidada el 13 de abril de 2011,

arrojando la suma de $806.930, por lo que el valor señalado por los

actos demandados no es el monto adeudado actualmente.

Adicionalmente, anotó que dicha deuda por la prestación del servicio

de energía eléctrica no ha sido pagada y ha hecho que la demandante

no pueda contar con el servicio de energía y, como consecuencia, los

perjuicios alegados no son ciertos y de producirse son generados por

la misma usuaria al no pagar por la prestación del servicio de energía

eléctrica en su predio.

II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal, mediante sentencia del 13 de noviembre de 2012,

“despachó desfavorablemente” la excepción de inepta demanda, bajo

el argumento de que los hechos del año 2008, expedidos en las

facturas del servicio público de energía, recurridos y resueltos en la

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vía gubernativa, no demandados en esta jurisdicción, “no hace inepta

la demanda”, toda vez que la parte actora trajo las referidas

actuaciones como antecedentes y génesis de los actos acusados, que

corresponden al 2010.

Asimismo, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento

en los siguientes argumentos:

Señaló que los documentos allegados por la actora no son auténticos,

en virtud de lo ordenado en los artículos 253 y 254 del Código de

Procedimiento Civil, al haber sido aportados en copia simple sin la

debida autenticación; y que las pruebas aportadas no hacen una

inferencia lógica ni deductiva de los perjuicios causados, a juicio de

la actora.

Sostuvo que para el análisis de los cargos de falsa motivación tuvo

en cuenta las probanzas aportadas por las entidades demandadas.

Para ello, expresó que CODENSA aportó las facturas de servicios

públicos núms.: i) 192260501 de 1o. de enero a 18 de febrero de

2010; ii) 197051297 de 18 de marzo a 20 de marzo de 2010; y iii)

150177370-5 de 15 de julio de 2010.

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Anotó que de estas pruebas se infiere, como lo señalaron las

entidades demandadas, que en cumplimiento de la Resolución SSPD

20118150045115 de 4 de abril de 2011, expedida por la SSPD,

CODENSA reconoce los efectos del silencio administrativo positivo,

respecto de la petición con radicación núm. 00512968, presentada

el 1o. de julio de 2008, en cuanto al período de 22 de mayo al 23 de

junio de 2008, y ordenó la reliquidación de dicho período, de acuerdo

con el promedio histórico, previos al período que se ordenó reliquidar,

pasando así de un saldo pendiente total de $999.920 a un valor de

$806.930, con lo cual quedaron saldadas las irregularidades

alegadas.

Indicó que no obran en el plenario argumentos jurídicos o fácticos

que lleven a la convicción de que los actos acusados adolecen de

falsa motivación y violación a las disposiciones señaladas en la

demanda, “cuya confrontación probatoria resulta inane al no poderse

respaldar en medios de prueba auténticos que controviertan la

presunción de legalidad de los actos acusados”.

Sostuvo que con la prueba testimonial de la asesora jurídica de la

empresa CODENSA, LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ RICARDO, se

pudo establecer que la medición del consumo de energía eléctrica en

el predio de la demandante se realizó mediante promedios, de una

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

persona que se encontraba en condiciones similares, de acuerdo con

lo plasmado en el contrato de condiciones uniformes y en la Ley 142,

para cuando no se tiene una factura real.

Asimismo, señaló que la testigo agregó que la reclamación que hizo

la actora está compuesta por consumos que se encontraban en firme

desde el año 2010, fecha en la cual la SSPD confirmó los cobros que

fueron objeto de reclamación desde el 2008 y los respectivos

intereses por no pago de los consumos anteriores.

Finalmente, manifestó que la usuaria no cuenta con el servicio de

energía por no haber eliminado la causal de suspensión del servicio,

particularmente, el no pago de las facturas por la prestación del

servicio de energía eléctrica, como lo estableció el artículo 142 de la

Ley 142.

Concluyó que no se logró desvirtuar la legalidad de los actos

acusados y tampoco se probaron los perjuicios alegados, razón por

la cual denegó las súplicas de la demanda.

III-. RECURSO DE APELACIÓN

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

La actora, actuando en nombre propio, solicitó revocar la sentencia

de primera instancia. Para el efecto, fincó su inconformidad, en

esencia, así:

Señaló que respecto de la autenticidad de los documentos allegados

con la demanda, debe tenerse en cuenta lo ordenado en el Decreto

23 de 13 de enero de 201210, en su artículo 1°11, que estableció que

los documentos producidos por las autoridades públicas o los

particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas

funciones no requieren autenticación o reconocimiento; y que,

asimismo, las copias simples que expidan los notarios de los

documentos que reposan en los respectivos protocolos no se

autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite.

10
“Por el que se corrigen unos yerros en el Decreto Legislativo 19 de 2012, "por el cual se dictan normas
para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública".
11
“[…] Artículo 1. Corríjase el artículo 25 del Decreto 19 de 2012, el cual quedará así:
"Artículo 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Todos los actos de funcionario
público competente se presumen auténticos. Por lo tanto, no se requiere la autenticación en sede
administrativa o notarial de los mismos. Los documentos producidos por las autoridades públicas o los
particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen
en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento.
Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o verificaciones
que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de pensiones.
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones administrativas,
incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras no se compruebe lo
contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes especiales y de las actas de
asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos de personas jurídicas que deban
registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales deberán ser presentadas por sus otorgantes ante
el Secretario de la respectiva Cámara.
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los respectivos
protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite. […]".

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Agregó que las pruebas documentales presentadas con la demanda,

relacionadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15 y 16, fueron admitidas como pruebas en el auto de decreto de

pruebas proferido por el Tribunal el 22 de marzo de 2012, por lo que

solicitó revaluar el análisis probatorio.

Frente a lo señalado en el testimonio practicado y valorado en

primera instancia, por la señora LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ

RICARDO, asesora jurídica de la empresa CODENSA, de que la

medición del consumo del servicio de energía se realizó mediante

promedios, estimó que debió realizarse el cobro de dicho servicio

conforme al promedio histórico del predio. Asimismo, indicó que la

suspensión del servicio se dio por falla en el servicio, por cuanto

CODENSA omitió colocar un medidor.

Sostuvo que los actos acusados fueron expedidos con falsa

motivación, que se traduce en error de hecho o de derecho y desvío

de poder, en atención a que existió un cobro indebido, por cuanto no

se tuvo en cuenta el promedio histórico del predio; la suspensión del

servicio se dio por la falla en la prestación del servicio y por falta de

medición del consumo, ya que CODENSA omitió colocar un medidor.

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Finalmente, informó que el 26 de diciembre de 2012 realizó el pago

pretendido por la empresa CODENSA, sin que a la fecha el servicio

haya sido reinstalado por la prestadora.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1- Dentro del lapso concedido para alegar en esta instancia,

CODENSA reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la

demanda e indicó que debe confirmarse la sentencia de primera

instancia, toda vez que habiendo caducado las acciones legales

pertinentes para demandar los valores correspondientes a las

facturaciones de servicio de energía expedidas en 2008, pretende

revivir dichos términos de reclamación realizada el 8 de julio de 2010

y buscar que se acceda a las pretensiones, a sabiendas de que las

reclamaciones de estas facturas ya fueron objeto de decisión por la

SSPD, mediante la Resolución núm. SSPD 20098140001965 de 16

de enero de 2009, con la cual se confirmó en su totalidad la

facturación efectuada por CODENSA.

IV.2- Por su parte, la actora reiteró los argumentos expuestos en el

recurso de apelación.

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IV.3- En esta etapa procesal, el Ministerio Público y la SSPD

guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.I. ACTOS ACUSADOS

En el presente asunto son cuestionados los siguientes actos:

• Decisión núm. 01589521 de 23 de julio de 2010, a través de

la cual la empresa CODENSA respondió el derecho de petición de 8

de julio de 201012, presentado por la actora, de la siguiente manera:

“[…] En relación con su comunicación de fecha 8 de julio de 2010,
mediante la cual solicita se le informe la deuda por los 23 días del
mes de julio de 2008, fecha hasta la que se le suministró el servicio,
así como la reinstalación del mismo, con respecto a su solicitud le
informamos, que una vez consultado nuestro Sistema de
Información Comercial, encontramos lo siguiente:

Para la cuenta del asunto se efectuaron las siguientes inspecciones:
. Inspección No. 5942239, efectuada el 10 de junio de 2008 la cual
no se pudo realizar, debido a que la persona que atendió fue una
menor de edad.
. Inspección No. 5942240, efectuada el 12 de junio de 2008, atendida
por la señora Mayerli Matiz, a quien se le informó que se encontró el
medidor No. 2216152 marca Sangamo con lectura 2519 se
encontraba defectuoso, sin tapa de conexiones, y el aumento de
consumo se debió a que aproximadamente hace tres meses
ocuparon el local.
. Inspección No. 5942245 del 23 de julio de 2008, atendida
por usted misma, en la que se encontró el medidor No.
2216152 marca Sangamo con lectura 1519, con base
12
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metálica, deteriorado, sin sello en tapa de conexiones, no se
realizaron pruebas al medidor por riesgo eléctrico, sin
embargo este se retira pero no se puede instalar nuevo
debido a la falta de adecuaciones de las instalaciones.
. Inspección No. 86621061 efectuada el 16 de octubre de 2008,
mediante el acta AITP-43145, en la que se informó que no se pudo
realizar el cambio de medidor y eliminar el servicio directo por que
el predio se encontró cerrado, no hubo quien atendiera, y no se pudo
precisar la actividad, lo que motivó a la suspensión del servicio desde
el poste.
. Inspección No. 87694307 del 03 de septiembre de 2008, en la que
se encontró el predio sin medidor, en servicio directo monofásico, y
nadie quien atendiera la visita.
[…]
Posteriormente, una vez verificado el estado y las condiciones del
servicio mediante cada una de las inspecciones que se efectuaron
para la cuenta, se realizaron una serie de ajustes a la facturación
como consecuencia de los resultados obtenidas en las mismas de la
siguiente forma:
. Ajuste No 80956682 del 30 de julio de 2008, en el que se
reliquidaron los consumos desde el 23 de junio de 2008 con lectura
1337, hasta el 23 de julio con lectura 1519 de acuerdo con el
resultado de la inspección No 1368376, abonándose un valor de
$260.960.

Es importante aclararle que contra los cobros efectuados
hasta el 23 de julio de 2008 no proceden los recursos de ley,
debido a que ya se agotó la vía gubernativa el 29 de agosto
de 2008, toda vez que mediante la decisión empresarial No.
00819425 del 15 de agosto de 2008, se le notificó a usted
misma el 22 del mismo mes y año.
[…]

Es decir el valor que existe en la factura corresponde a los siguientes
conceptos:
. 992 kilovatios, correspondiente a los consumos facturados desde el
22 de mayo con lectura 530 hasta la lectura de retiro de medidor
1609 del 23 de julio de 2008 de acuerdo con el resultado del
dictamen emitido por el laboratorio quedando la factura por un valor
de $202.900.
. Posteriormente vienen los consumos facturados en servicio para los
períodos comprendidos entre el 23 de julio al 16 de octubre de 2008
que corresponden a un total de 1253 kw, los cuales no se ajustan
debido a los resultados de las inspecciones No. 86621061 y
87694307 donde se informó que el predio se encontraba con servicio
directo, quedando la factura por $658.040.
. Finalmente se efectúa un cobro de recuperación de energía por
valor de $213.026 más el cobro de contribución por reintegros de
$42.605, quedando la factura por un valor de $913.671 más los

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intereses generados por la mora en el pago, estando la factura en la
actualidad por un valor total de $999.920.

Es decir una vez efectuada la reconstrucción de la cuenta ya
se evidenciaron que los kilovatios facturados no
corresponden únicamente a los 23 días del período de julio de
2008, sino a los kilovatios facturados desde la lectura 530 del
22 de mayo de 2008, a la lectura 1609 del 23 de julio de 2008
con la que se retiró el medidor, al igual que los kilovatios
facturados en servicio directo de acuerdo con las inspecciones
posteriores al retiro.

Con respecto a la instalación del servicio le informamos que este
depende de algún tipo de negociación que realizare con la compañía,
para realizar el pago de la deuda existente en este momento.

Contra los cobros facturados posteriores al 23 de julio de 2008,
proceden los recursos de reposición ante la Compañía y
subsidiariamente el de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. […]” (Destacado fuera de texto).

-Decisión núm. 01612429 de 23 de agosto de 2010, a través de

la cual la empresa CODENSA resolvió el recurso de reposición,

interpuesto contra la Decisión núm. 01589521 de 23 de julio de

2010, en el sentido de confirmarla y concedió el recurso de apelación

ante la SSPD13, en la cual se señaló:

“[…] En primer lugar es necesario manifestar que de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, en
ningún caso p proceden reclamos contra facturas que tengan
más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las
empresas de servicios públicos.

Por esta razón en el caso objeto de estudio únicamente
es procedente resolver la reclamación acerca de los
consumos facturados desde el 18 de febrero de 2010
(factura emitida el 24 de marzo de 2010) hasta el 20
de abril de 2010 teniendo en cuenta que la reclamación

13
Folios 67 a 71 C.1.

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inicial fue presentada el 8 de julio de 2010 y que no se
han emitido facturas por consumos con posterioridad
a la del período de abril de 2010.

En consecuencia, no se emitirá pronunciamiento alguno
respecto de los consumos facturados hasta el 23 de
julio de 2008 ya que sobre estos hechos se pronunció
la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios mediante Resolución No.
2009814001965 del 16 de enero de 2009 confirmando
la facturación efectuada por CODENSA S.A.

Una vez consultado en nuestro sistema de información
comercial se verificó que la cuenta No. 314938-4 presenta a
la fecha una deuda de $999.920, que se discriminan así:
[…]

Como se puede verificar la cuenta no reporta deuda por
consumos posteriores al mes de noviembre de 2008
aunque en el período de diciembre del mismo año se incluyó
un cobro por recuperación.

Adicionalmente es necesario precisar que la cuenta se
encuentra sin suministro eléctrico desde el 16 de octubre de
2008 y no desde el 23 de julio de 2008. El 23 de julio de
2008 se realizó la inspección No. 5942245, en la que
se encontró el medido No. 2216152 marca Samgamo
con lectura 1519, con base metálica, deteriorado, sin
sello en tapa de conexiones, ni tapa en caja de
conexiones, no se realizaron pruebas al medidor por
riesgo eléctrico. Se retiró el medidor y se envió al
laboratorio para su correspondiente análisis, pero no
fue posible instalar uno nuevo debido a la falta de
adecuación de las instalaciones eléctricas. Se dejó la
cuenta en servicio directo mientras el cliente
efectuaba la adecuación solicitada.

El 3 de septiembre de 2008, se realizó la Inspección No.
87694307 en la que se encontró el predio sin medidor, en
servicio directo monofásico, y nadie quien atendiera la visita.
El 16 de octubre de 2008 se realizó la inspección No.
86621061, contenida en el acta AITP-43145, en la que no se
pudo realizar el cambio del medidor ni eliminar el servicio
directo porque el predio se encontró cerrado, no hubo quien
atendiera la inspección y no se pudo precisar la actividad, lo
que motivó a la suspensión del servicio desde el poste con el
consecuente retiro de la acometida ya que ni se cumplió
con el plazo concedido para la adecuación de las
instalaciones (cláusula 19.1.9 del contrato de

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condiciones uniformes) ni se permitió el acceso al
personal de la Empresa para la realización de la
conexión (cláusula 9.8 del contrato de condiciones
uniformes).

[…]
Como se puede observar ha sido la cliente quien ha
incumplido con las obligaciones contenidas en el contrato de
condiciones uniformes y ésta es la razón por la cual la cuenta
se encuentra sin suministro eléctrico. De tal manera que sólo
hasta que se cumpla con las condiciones técnicas necesarias
para la prestación del servicio y se realice el pago de la deuda
que a la fecha asciende a $99.920, se procederá con el
restablecimiento del servicio. […]” (Destacado fuera de
texto).

-Resolución Núm. SSPD 20108140134265 de 4 de octubre de

2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida

por el director territorial Centro (E) de la SSPD, en la cual se decidió:

“[…] Bajo el principio de la medición real del consumo es que
descansa el régimen de servicios públicos domiciliarios, el
cual solo excepcionalmente podrá calcularse por otros
medios diferentes a la estricta diferencia de lecturas tomadas
del medidor. Por lo tanto, un usuario que cuente con equipo
de medida en condiciones normales de funcionamiento tiene
el derecho a que la empresa le facture el consumo real que
utiliza.

En consecuencia, este Despacho procede a analizar los
consumos facturados a la cuenta interna No. 0314938-4, con
base en las pruebas legal y oportunamente aportadas al
expediente; para lo cual se deberá observar con todo rigor el
término de oportunidad para reclamar las facturas, previsto
en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, norma que
establece claramente que no proceden reclamaciones contra
facturas que tengan más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las empresas de servicios públicos.

[…]

Así entonces, se tiene que los consumos que pueden y serán
revisados en sede de apelación, considerando que la

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reclamación fue instaurada el 8 de julio de 2010, son los que
a continuación se analizan:

Efectuado un análisis de la información presentada en el
presente recurso se pudo establecer que, para la cuenta en
cuestión, presenta una deuda por valor de $999.920, tal y
como se puede corroborar en el material probatorio (folio 9),
valor que contiene consumos y un concepto por recuperación
de diciembre de 2008, a su vez se puede establecer que la
cuenta no tiene suministro eléctrico desde el 16 de
octubre de 2008. No obstante lo anterior, se observa que
los consumos reclamados corresponden al acumulado de la
facturación y en este sentido vale la pena precisar:

El inciso 3 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 es claro en
disponer que no proceden reclamaciones contra facturas que
tengan más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por
las empresas de servicios públicos, se trata de un término
de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario
a presentar reclamos. Este término a la vez castiga la
negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca
darle certeza a la factura que expide la empresa para que no
permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí
el usuario discute el valor de los servicios facturados en un
periodo determinado.

[…] En conclusión, el usuario dispone de cinco mees contados
a partir de la expedición de la factura de servicios públicos,
para presentar sus reclamaciones o quejas ante la empresa
prestadora del servicio, vencido dicho término pierde el
derecho a reclamar y la empresa puede iniciar el cobro
ejecutivo sino ha operado la prescripción.

En el caso sub judice se tiene que la reclamación data
del 8 de julio de 2010, lo cual evidentemente
demuestra que el término antes dispuesto se
encuentra ampliamente superado y por consiguiente el
cobro efectuado en la facturación corresponde a
consumos facturados para el 2008, valores que se
encuentran en firme y por ende pueden válidamente
ser ejecutados por la prestadora.

En esas circunstancias debe puntualizar la Superintendencia
que, el artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dispone que está
prohibido a las empresas de servicios públicos la prestación
de servicios de manera gratuita o a preciso o tarifas inferiores
al costo. Por su parte, el numeral 99.9 ibidem proscribió la
exoneración del pago de los servicios públicos para toda
persona natural o jurídica. Por lo tanto, todo costo que

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ocasiones la prestación de un servicio debe ser incluido en el
cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios, pero no
solo eso, sino que quien consume un servicio debe pagarlo
de manera efectiva, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional en Sentencia 558 de 2001, en los siguientes
términos […]

Verificadas y valoradas las pruebas obrantes en el
expediente, y previa interpretación armónica de orden legal
aplicables al caso, la Dirección Territorial Centro concluye que
la empresa CODENSA S.A. E.S.P. realizó correctamente la
medición y facturación del servicio de energía eléctrica
suministrado al predio identificado con la cuenta o código
interno No. 0314938-4, habida consideración que los
consumos reclamados corresponden a cobros
acumulados hasta el mes de diciembre de 2008, los
cuales de acuerdo con el artículo 154 de la Ley 142 de
1994, sobrepasa los cinco meses de haber sido
expedida para su reclamación y por consiguiente se
encuentra en firme. En consecuencia, la determinación
adoptada por la empresa con ocasión de la reclamación y el
recurso interpuesto recibirá confirmación, bajo el indiscutible
deber que tiene todo usuario de responder pecuniariamente
por los servicios que realmente ha usufructuado, tal y como
lo dispone el régimen de servicios públicos domiciliarios y los
pronunciamientos de orden jurisprudencial citados en el
presente acto administrativo.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la
Decisión núm. 01612429 del 23 de agosto de 2010, proferida
por CODENSA S.A. E.S.P., de conformidad con la parte
motiva de la presente Resolución. […]”.

V.II. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

Corresponde a la Sala establecer si le asiste razón a la apelante

cuando afirma que los actos acusados fueron expedidos con falsa

motivación, toda vez que no tuvo en cuenta el promedio histórico del

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predio; la suspensión del servicio se dio por la falla en la prestación

del servicio y por falta de medición del consumo, ya que CODENSA

omitió colocar un medidor; o si, por el contrario, tenía razón el

Tribunal al negar las súplicas de la demanda por no obrar en el

plenario argumentos jurídicos o fácticos que llevaren a la convicción

de que los actos acusados adolecían del vicio de falsa motivación.

V.III. CASO CONCRETO

La Sala, para efectos de resolver los interrogantes planteados como

problema jurídico, se referirá al material probatorio obrante en el

expediente:

-. Certificado de matrícula mercantil núm. 00830039 de 23 de

octubre de 1997, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá,

donde consta que el objeto social de CODENSA S.A. E.S.P. es “la

distribución y comercialización de energía eléctrica14.”

-. Registros de Nacimiento, expedidos por la Registraduría

Auxiliar de Kennedy, de los señores Jonnathan David Matiz

Montañez15, Mayerly Estefani Matiz Montañez16, y Daniel Esteban

14
Folios 161 a 170 C.1.
15
Folio 97 C.1.
16
Folio 98 C.1.

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Reyes Montañez17, cuya madre es la señora OLGA JEANNETTE

MONTAÑEZ CRUZ.

-. Acta declaración extraprocesal núm. 0695 de la Notaría Tercera

del Circuito de Bogotá D.C., de 25 de enero de 2006, a través de la

cual la señora OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ manifiesta “[…]

soy madre soltera, cabeza de hogar, tengo bajo mi cargo la

responsabilidad y cuidado de mis tres hijos, de nombres, Jonnathan

David Matiz Montañez, Mayerly Estefani Matiz Montañez, y Daniel

Esteban Reyes Montañez, quienes conviven conmigo bajo el mismo

techo y dependen total y económicamente de mí […]18.”

-. Facturas emitidas por la empresa CODENSA, dirigidas al señor

MANUEL MORENO, carrera 12ª #0-22, cliente o cuenta núm.

0314938-4, de los períodos facturados: i) 23 nov-2007 a 21 dic-

2007, por valor de $7.14019, con factura núm. 25859833-6; ii) 22 de

ene-2008 a 21 feb-2008, por valor de $13.99020, con factura núm.

30302093-7; iii) 21 feb-2008 a 25 mar-2008, por valor de $21.24021,

con factura núm. 32532410-6; iv) 25 mar-2008 a 22 abr-2008, por

valor de $29.71022, con factura núm. 34769877-7; v) 22 abr-2008 a

17
Folio 99 C.1.
18
Folio 95 C.1.
19
Folio 79 C.1.
20
Folio 80 C.1.
21
Folio 81 C.1.
22
Folio 82 C.1.

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31

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

22 may-2008, por valor de $12.63023, con factura núm. 37013175-

2; vi) 22 may-2008 a 23 jun-2008, por valor de $167.65024, con

factura núm. 39259602-9; vii) 23 jun-2008 a 23 jul-2008, por valor

de $463.86025, con factura núm. 41512307-1; viii) 23 jul-2008 a 25

ago-2008, por valor de $345.67026, con factura núm. 43772951-9;

ix) 25 ago-2008 a 23 sep-2008, por valor de $482.46027, con factura

núm. 152003262-4; y x) 22 nov-2008 a 22 dic-2008, por valor de

$1.163.56028, con factura núm. 159318563-0.

-. Acta AI-TP 0948305 de 23 de julio de 200829, expedida por

CODENSA, de la que se destaca:

“[…] Comentarios:

Cambio medidor - Inspecciones técnicas. Medidor con base
metálica y deteriorado, sin sello ni tapa. No se realizaron
pruebas al medidor encontrado por riesgo eléctrico. No
se instala medidor por falta de adecuaciones. Se solicitan
adecuaciones obligatorias con el plazo de 30 días o se
suspenderá el servicio. Predio queda en servicio directo.
Pruebas de medidor a dictamen de laboratorio. El local ocupa
el 100% del piso 1. Actualizar datos hay cabinas telefónicas.
[…]” (Destacado fuera de texto).

23
Folio 83 C.1.
24
Folio 84 C.1.
25
Folio 85 C.1.
26
Folio 86 C.1.
27
Folio 87 C.1.
28
Folio 88 C.1.
29
Folio 273 C.1.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

-. Factura núm. 80956682, emitida por CODENSA el 8 de agosto

de 2008, dirigidas al señor Manuel Moreno, carrera 12ª #0-22,

cliente núm. 0314938-4, correspondiente al ajuste realizado por el

período facturado del 23 de junio de 2008 al 23 de julio de 2008, con

total a pagar de $202.90030.

-. Acta núm. AI-TP 0043145 de 16 de octubre de 200831,

expedida por CODENSA, de la que se destaca:

“[…] Resultado: Suspensión de Servicio.
[…]
Comentarios: Instalar medidor y eliminar S.O. Predio
cerrado. No hay quien atienda la visita. No se precisa
actividad ni se instala medidor. Se suspende servicio
desde el poste hasta que se pueda instalar medidor.
Llamar Tel 115 o 4197171 CODENSA para coordinar cita,
fecha, día y hora. Se deja copia por debajo de la puerta. […]”
(Destacado fuera de texto).

-. Resolución núm. SSPD 20098140001965 de 16 de enero de

2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por

la directora territorial Centro de la SSPD, a través de la cual se

confirmó en todas sus partes la Decisión núm. 00848707 de 27 de

octubre de 200832. En este acto se declaró que para el período

comprendido entre el 23 de junio al 23 de julio de 2008 el valor a

30
Folio 39 C.1.
31
Folio 89 C.1.
32
Folios 49 a 51 C.1.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

pagar era de $202.900, habida consideración de que los consumos

correspondían a la estricta diferencia de lecturas tomadas del

medidor, luego de efectuada la corrección de las lecturas registradas

y facturadas para dicho predio.

-. Acta núm. AI-TP 0146903 de 4 de marzo de 200933, expedida

por CODENSA, de la que se destaca:

“[…] Comentarios: Inspección integral. Predio sin acometida,
sin medidor. Medidor retirado en acta AI-TP 948306 de 23 de
julio de 2008. Cliente por favor acérquese a CODENSA a
aclarar estado de cuenta. Y manifiesta la no cancelación de
cuenta. […]”.

-. Oficios del grupo consultor Andino Abogados, dirigidos al señor

Manuel Moreno, carrera 12ª #0-22, cliente núm.0314938-4, desde

marzo hasta agosto de 2010, por medio del cual informan que la

obligación asignada por el servicio de energía eléctrica con la

empresa CODENSA se encuentra en cobro pre jurídico, por la suma

que asciende a $1.716.23034.

-. Derecho de Petición con radicado núm. 823018 de 8 de julio de

2010, mediante el cual la señora OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ

CRUZ solicitó a CODENSA que le informara cual era la deuda por los

33
Folio 90 C.1.
34
Folios 91 a 93 C.1.

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34

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

23 días del mes de julio de 2008, fecha hasta la cual se suministró

energía en el predio, además, solicitó que no se le niegue más el

servicio y que se le realizara nuevamente la acometida del servicio35.

-. Memorial de 3 de agosto de 2010, a través del cual la señora

OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ interpuso recurso de de

reposición y, en subsidio, de apelación contra la Decisión núm.

01589521 de 23 de julio de 2010, expedida por CODENSA, en el

cual manifestó que el 23 de julio de 2008 le fue suspendido el servicio

y se le retiró la acometida lo cual le ha causado una serie de daños

y perjuicios; que la deuda que presenta con la empresa CODENSA

corresponde a un servicio no prestado, por lo cual solicita que se

revoquen todos los cobros realizados con posterioridad al 23 de junio

de 2008, se devuelva el medidor retirado junto con la acometida, se

ordene la reinstalación del servicio sin cobro jurídico de lo no debido

y se liquide la factura de los períodos comprendidos entre el 22 de

mayo y el 23 de junio, según el artículo 155 de la Ley 14236.

-. Edicto DTC-RAP núm. 22111 de 20 de octubre de 2010, por el

cual se realiza la notificación de la Resolución núm. SSPD

35
Folios 52 a 53 C.1.
36
Folios 57 a 66 C.1.

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

20108140134265 de 4 de octubre de 2010, por el término de

diez (10) días hábiles, desfijado el 3 de noviembre de 201037.

-. Resolución núm. SSPD 20118150045115 de 4 de abril de 2011,

“Por la cual se resuelve una investigación por Silencio Administrativo

Positivo”, expedida por la Director Territorial Centro de la SSPD38,

que declaró que se había configurado un acto administrativo

presunto conforme a las causales señaladas por la Ley, por lo cual se

reconocieron los efectos del silencio administrativo positivo respecto

de la petición presentada el 1o. de julio de 2008 por la señora OLGA

JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ, y se impuso una sanción de multa

a CODENSA.

-. Oficio de 15 de abril de 2011, con radicado núm. 01978983, a

través del cual la empresa CODENSA reconoce los efectos del silencio

administrativo positivo respecto de la radicación núm. 005518968

del 1o. de julio de 200839, cuenta núm. 0314938-4, del que se

destaca:

“[…] En virtud de la configuración del silencio administrativo
positivo, para materializar sus efectos, se realizó el ajuste
núm. 81379389 del 13 de abril de 2011, con el cual se
descontó la suma de $192.991 -resultantes de reliquidar el
periodo comprendido entre el 22 de mayo y el 23 de junio de
2008 (factura Núm. 39259602-9), de acuerdo con el

37
Folio 145 C.1.
38
Folios 25 a 34 C.1.
39
Folios 215 a 216 C.1.

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

consumo promedio histórico de la cuenta, descontando
además los intereses por mora.

Una vez realizado el ajuste anteriormente descrito, su cuenta
presenta a la fecha un saldo pendiente de $806.930. […]”.

-. Factura núm. 150230885-9, realizada por CODENSA el 13 de

abril de 2011, dirigida al señor MANUEL MORENO, carrera 12ª #0-

22, cliente núm.0314938-4, correspondiente al ajuste realizado por

el período facturado del 22 de mayo y el 23 de junio de 2008 (factura

núm. 39259602-9), con total a pagar de $806.93040.

-. Testimonio rendido el 11 de mayo de 2012, por la señora LUISA

FERNANDA GUTIÉRREZ RICARDO41, asesora jurídica de gerencia

comercial de CODENSA, del que se destaca:

“[…] PREGUNTADO. - Concretamente en el presente
asunto, frente al procedimiento descrito en la respuesta
anterior, manifiéstele al despacho cómo se surtió la medición
del consumo en el inmueble de la parte actora. CONTESTÓ.-
En el caso concreto la medición del consumo se realizó
mediante promedios. De acuerdo a lo establecido en el
contrato condiciones uniformes y en la ley 142 se
pueden promediar los consumos cuando no se tiene
una lectura real. El promedio de consumos es
promediar el consumo de una persona que se
encuentra bajo las mismas condiciones para poder
facturar el mismo.
[…]
PREGUNTADA.- Sírvase determinar los períodos de
facturación que fueron objeto de la decisión 0158951 de 23
de julio de 2010, emitida por CODENSA con ocasión de la
reclamación elevada por la señora OLGA MONTAÑEZ el 8 de

40
Folio 214 C.1.
41
Folios 229 a 236 C.1.

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

julio de 2010 resuelta por la Empresa en reposición y
confirmada en apelación por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios mediante Resolución SSPD-
20108140134265 del 4 de octubre de 2010. CONTESTÓ.-
De acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la Ley 142
de 1994, esta reclamación versa sobe la facturación
efectuada cinco períodos antes de la fecha en que la señora
OLGA MONTAÑEZ radica el derecho de petición.
PREGUNTADA.- Sírvase establecer que compone los cobros
realizados durante los cinco períodos anteriores a la
reclamación de 8 de julio de 2010. CONTESTÓ.- Estos
cobros corresponden a los consumos efectuados antes de la
fecha de reclamación, en ese orden de ideas están
compuestos específicamente por los consumos que se
encontraban en firme desde el año 2010, fecha en la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos confirmó los cobros
que fueron objeto de reclamación desde el año 2008 y los
respectivos intereses por el no pago de los consumos
anteriores que se encontraban en firme.
[…]
CONTESTÓ.- […] Hubo una reclamación por parte de la
señora OLGA MONTAÑEZ, radicada el 1 de julio de 2008, esta
comunicación a través de Resolución de la Superintendencia
de Servicios Públicos en la cual falla a favor de la usuaria un
silencio administrativo positivo, la empresa dando
cumplimiento a dicha decisión retiró los cobros que hacía
objeto de esa reclamación los cuales ascendían a la suma de
$192.991.
[…] CONTESTÓ.- Teniendo en cuenta el artículo 142 de la
Ley 142 de 1994, que establece que las empresas de
servicios públicos no podrán reconectar el servicio hasta que
no se elimine la causa de la suspensión, en el caso concreto,
la causa de la suspensión fue el no pago de las facturas, ya
que los cobros que hoy adeuda a la usuaria se encuentran en
firme y ascienden a la suma de $806.930, que obedecen a
consumos, intereses de mora. Así mismo, la Ley 142 ha
establecido que los servicios públicos se deben cancelar, es
decir, nadie está exento de los mismos.
[…] es importante aclarar que los valores objeto del
fallo de silencio administrativo se promediaron de
acuerdo a lo que estableció la Superintendencia en su
decisión, es decir, el promedio en este caso se hizo de
acuerdo a lo explicado anteriormente, lo establecido
en el artículo 142 de la Ley 142 y el contrato uniforme
de la empresa, es decir, teniendo en cuenta el consumo
de predios que tienen condiciones similares al de la
Doctora OLGA MONTAÑEZ, ya que respecto de los otros
cobros, es decir, los consumos reales efectuados en esas
facturas fueron objeto de estudio por parte de la

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

Superintendencia de Servicios Públicos en la Resolución
2009-8140001965 de 16 de enero de 2009, en los cuales
confirmó los cobros efectuados por la empresa, los cuales a
hoy se encuentran en firme.
[…] Si, la suspensión se efectuó el 16 de octubre de
2008.
[…] la forma en que se facturaron los cobros está claramente
explicada en la decisión objeto de esta reclamación, los
cobros que se están efectuando obedecen a los consumos
facturados comprendidos entre los períodos de junio de 2008
a diciembre del mismo año. Vale la pena aclarar que los
consumos que aparecen en el mes de diciembre fueron
efectuados, posteriores a la suspensión, y por servicio directo
monofásico, el servicio directo es cuando el servicio no se
está midiendo a través de un medidor sino que lo que se hace
consumo energía directamente sin que exista una medición.
PREGUNTADA.- Conoce usted la fecha en que fue retirado
el medidor del inmueble. CONTESTÓ.- El 23 de julio de
2008.
[…]
CONTESTÓ.- Quiero aclarar que el inmueble se encontraba
sin medidor, pero no sin acometida, lo que estableció en ese
momento la inspección del 4 de marzo de 2009 es que no
había efectivamente medidor, como lo dije anteriormente se
suspendió el servicio, se establa cobrando el servicio directo
monofásico, incluso es importante precisar […] que el
inmueble no se le había prestado el servicio, que el 3 de
septiembre de 2008, a través de inspección número
87694307 se encontró efectivamente el predio sin medidor,
pero con servicio directo monofásico. […]
estos cobros hacen parte de la recuperación de la
energía que se hizo frente al servicio directo y la
empresa tiene hasta 5 meses para facturar los
consumos anteriores que por error u omisión no hayan
facturado, ese es el caso de los consumos de diciembre
de 2008.
[…] Porque la reclamación versa sobre facturación que se
haya efectuado de noviembre de 2008 en adelante, y no por
los valores anteriores, ya que los mismos se encuentran en
firme, debido a la resolución expedida por la
Superintendencia el 16 de enero de 2009. […]” (Destacado
fuera de texto).

-. Recibo de Caja núm. 39970, realizado por el Grupo Consultor

Andino Abogados el 26 de diciembre de 2012, dirigida a la señora

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

OLGA JEANETTE MONTAÑEZ CRUZ, cliente núm. 0314938-4,

correspondiente a honorarios, con pago total de $744.86842.

-. Comprobante para pago núm. 154197680-0, realizado por

CODENSA el 26 de diciembre de 2012, dirigida al señor MANUEL

MORENO, carrera 12ª #0-22, cliente núm. 0314938-4, con pago de

$744.86843.

Precisado lo anterior, la Sala, de manera preliminar, debe puntualizar

que los documentos allegados por la actora en copia simple, que

obran en el presente proceso, que fueron presentados con la

demanda44 y el recurso de apelación45, tienen el mismo valor

probatorio que los originales, salvo cuando por disposición legal sea

necesario la presentación original o de una determinada copia 46, o

hayan sido tachados de falsos.

42
Folio 329 C.1.
43
Folio 330 C.1.
44
Las pruebas documentales fueron allegadas el 3 de mayo de 2011 con la demanda, admitidas como
pruebas por el Tribunal mediante Auto del 22 de marzo de 2012.
45
Las constancias de pago fueron allegadas el 14 de junio de 2013 con el recurso de apelación.
46
El artículo 216 del Código General del Proceso establece:
“[…] ARTÍCULO 246. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. Las copias tendrán el mismo valor
probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o
de una determinada copia.[…]”.

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Al respecto, esta Sección, en sentencia de 29 de agosto de 201347,

se pronunció sobre la validez de las copias simples que no han sido

tachadas de falsas, en los siguientes términos:

“[…] La Sala hace énfasis en cuanto a que rectifica la posición
que ha venido adoptando en el sentido de no restarle valor
probatorio a las copias simples aportadas a un proceso, por
cuanto es evidente que no existe razón válida que
justifique dudar de su contenido si quien tuvo la
oportunidad de controvertirlo o tacharlo de falso, no lo
hizo. […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, frente a dicho asunto, en sentencia de 14 de abril de 201648,

la Sala precisó lo siguiente:

“[…] En efecto, basta con examinar las modificaciones que en
ese sentido se han introducido en el ordenamiento jurídico
para corroborar esta afirmación. Al respecto deviene
pertinente reparar en ellas a fin de concluir cuál es el
panorama actual en este preciso punto y así establecer el
derrotero a seguir para adecuar las decisiones judiciales a las
exigencias del derecho procesal de hoy.

Específicamente en lo que tiene que ver con el valor
probatorio de las copias simples la Ley 1395 de 2010
introdujo una modificación al inciso 4º del artículo 252 del
Código de Procedimiento Civil en el sentido de presumir la
autenticidad de los documentos privados suscritos por las
partes que sean presentados en el proceso, en original o en
copia, sin necesidad de que previamente se les haya hecho
presentación personal o autenticación, con excepción de los
documentos que provienen de terceros que revisten la
condición de dispositivos.

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto
de 2013, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2004-
00263-01.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2016, C.P. Guillermo Vargas Ayala, núm. único de radicación 44001 2331 000 2009 00022 01.

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En la misma línea, el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011
dispuso que las copias allegadas a un proceso se presumen
auténticas salvo prueba en contrario, correspondiendo a las
partes o sujetos procesales promover el incidente de tacha
de falsedad cuando estimen que aquellas no concuerdan con
su original o son apócrifas. Esta disposición, sin embargo,
fue derogada expresamente por el artículo 626 de la Ley
1564 de 2012, por la cual se expide el Código General del
Proceso49.

En los artículos 244, 245 y 246 de la Ley 1564 de 2012 se
mantiene la tendencia de las disposiciones explicadas
anteriormente, habida cuenta de que en ellos se consagra la
posibilidad de que los documentos públicos y privados
emanados de las partes o de terceros se presuman auténticos
sin importar si fueron aportados al proceso en original o
copia, presunción que podrá ser desvirtuada por los sujetos
procesales interesados aportando las pruebas para ello o
tachando de falsedad los correspondientes documentos50.

En ese orden de ideas, resulta evidente que el Legislador
viene optando por imponer reglas procesales que abandonan
el excesivo rigor formal, dando paso a un proceso garante de
los derechos de las partes basado en los principios de buena
fe y primacía del derecho sustancial. Por consiguiente, la
interpretación que a luz de los postulados constitucionales de
la buena fe y de preeminencia del derecho sustancial debe
hacerse respecto al valor probatorio de las copias simples,
conduce a que estas se presuman auténticas a menos que su
autenticidad sea desvirtuada a través de medios probatorios
o mediante tacha de falsedad, carga procesal que se radica
en la parte que cuestione la veracidad del documento.

La Sala, acogiendo los anteriores planteamientos, ha
rectificado su posición sobre la materia51 y ha expresado que
no existe razón válida que justifique dudar del contenido de las

49
Artículo corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012.
50
Estas disposiciones empezaron a regir a partir del 14 de enero de 2014, conforme al mandato de
vigencia contenido en el numeral 6º del artículo 627 del C.G.P.
51
Sentencia del 29 de agosto de 2013, proferida en el proceso con radicación número 11001-03-24-
000-2004-00263-01, C.P. María Elizabeth García González. Se expresa en este fallo, además de lo
citado previamente, que: “Como ejemplo de ello [del derecho procesal moderno] están los artículos 215
del C.P.A.C.A., que según la Comisión Redactora constituye una innovación, en la medida en que la regla
que había imperado en el régimen procesal anterior había sido la de que las copias para que tuvieran valor
probatorio tenían que ser auténticas según los eventos de que trata el artículo 254 del C. de P.C., en cambio
de la redacción del Nuevo Código se extrae que la regla general es la de que las copias tienen el mismo
valor del original, cuando no han sido tachadas de falsas; y el artículo 246 del Código General del Proceso,
dispone que las copias “tendrán el mismo valor del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria
la presentación del original o de una determinada copia”. El criterio expuesto en este fallo fue reiterado
en Sentencia del 23 de enero de 2014 (Expediente número 2007-00182-01, C.P. María Elizabeth García
González).

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copias simples aportadas a un proceso, si quien tuvo la
oportunidad de controvertirlo o tacharlo de falso, no lo hizo,
precisando que este nuevo criterio se acompasa con el derecho
procesal moderno que, siguiendo el artículo 228
Constitucional, se caracteriza por imprimir prevalencia a lo
sustancial frente a lo formal. […]”.

Por consiguiente, en aras de salvaguardar el principio de la prevalencia

del derecho sustancial y el derecho fundamental de acceso a la

Administración de Justicia, la Sala procede a valorar las pruebas

obrantes en el expediente, por encontrarse la parte actora inconforme

con el análisis probatorio realizado por el fallador de primera instancia.

Así las cosas, teniendo en cuenta el referido material probatorio, la

Sala encuentra acreditado que para la cuenta núm. 0314938-4, de

la actora, se realizó la verificación de los consumos y su facturación

así:

i) Para el período comprendido entre 22 de mayo y el 23 de

junio de 2008, correspondiente a la factura núm. 39259602-

9, por valor de $167.650, se presentó derecho de petición

el 1o. de julio de 2008, frente al cual se decretó el silencio

administrativo positivo de dicha petición, mediante

Resolución núm. SSPD 20118150045115 de 4 de abril de

2011, en la cual se ordenó la respectiva reliquidación del

cobro, cobrando para la misma, el promedio histórico de los

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últimos seis meses, previos al período que se ordenaba

reliquidar.

ii) Para el período comprendido entre el 23 de junio al 23 de

julio de 2008, correspondiente a la factura núm. 41512307-

1, por valor de $463.860, se presentó derecho de petición

el 25 de julio de 2008, frente al cual mediante Resolución

núm. SSPD 20098140001965 de 16 de enero de 2009 se

descontó la suma de $260.960, -correspondiente a 1000

kilovatios facturados de más, quedando el saldo por este

período en $202.900.

iii) Para el período comprendido entre el 22 de mayo de 2008

hasta diciembre de 2008, una vez efectuada la

reconstrucción de la cuenta, se evidenció que el saldo

adeudado ascendió a $658.040. Por dicho cobro se presentó

derecho de petición el 8 de julio de 2010, frente al cual

mediante Decisiones núms. 01589521 de 23 de julio de

201052, 01612429 de 23 de agosto de 2010, acusadas,

expedidas por CODENSA, y la Resolución núm.

52
En esta Decisión, CODENSA indicó:
“Es decir una vez efectuada la reconstrucción de la cuenta ya se evidenciaron que los kilovatios
facturados no corresponden únicamente a los 23 días del período de julio de 2008, sino a los kilovatios
facturados desde la lectura 530 del 22 de mayo de 2008, a la lectura 1609 del 23 de julio de 2008 con
la que se retiró el medidor, al igual que los kilovatios facturados en servicio directo de acuerdo con las
inspecciones posteriores al retiro”.

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SSPD20108140134265 de 4 de octubre de 2010,

demandada, se informó que a la suma pendiente por pago

se le efectuó un cobro de recuperación de energía por valor

de $213.026, más el cobro de contribución por reintegros

de $42.605, resultando la factura por un valor de $913.671,

más los intereses generados por la mora en el pago,

quedando la deuda en un valor total de $999.920.

Igualmente, con el Acta AI-TP 0948305 de 23 de julio de 2008 se

demostró que el medidor, con base metálica, sin sello, ni tapa, fue

retirado en el predio ese día debido al deterioro; que no se realizaron

pruebas al medidor por riesgo eléctrico; y que no se pudo instalar

medidor nuevo por falta de adecuaciones, las cuales fueron

solicitadas en un plazo de 30 días so pena de suspensión del servicio,

por lo que el predio quedó con servicio de energía de manera directa,

esto es, sin medidor.53

Asimismo, con el Acta núm. AI-TP 0043145 de 16 de octubre de 2008

se probó que ese día fue suspendido el servicio de energía eléctrica

para el cliente núm. 0314938-4 (la actora), hasta que fuere posible

instalar el medidor en el predio54.

53
Folio 273 C.1.
54
Folio 89 C.1.

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En efecto, en dicha Acta se dejó la siguiente constancia:

“[…] Resultado: Suspensión de Servicio.
[…]
Comentarios: Instalar medidor y eliminar S.O. Predio
cerrado. No hay quien atienda la visita. No se precisa
actividad ni se instala medidor. Se suspende servicio
desde el poste hasta que se pueda instalar medidor.
Llamar Tel 115 o 4197171 CODENSA para coordinar cita,
fecha, día y hora. Se deja copia por debajo de la puerta. […]”
(Destacado fuera de texto).

Posteriormente, con el Acta núm. AI-TP 014690355 de 4 de marzo de

2009, se demostró que desde el 23 de julio de 2008 el predio se

encontraba sin medidor; sin embargo, el servicio de energía eléctrica

se suministró hasta el 16 de octubre de 2008.

Además, del testimonio rendido por la asesora jurídica de gerencia

comercial de CODENSA, -LUISA FERNANDA GUTIÉRREZ-, el 11 de

mayo de 2012, se corroboró que el retiro del medidor fue el 23 de

julio de 2008 y que la suspensión del servicio de energía se efectuó

el 16 de octubre de 2008, de la siguiente forma:

“[…] CONTESTÓ.- Sí, la suspensión se efectuó el 16 de
octubre de 2008.
[…]

PREGUNTADA.- ¿Conoce usted la fecha en que fue retirado
el medidor del inmueble? CONTESTÓ.- El 23 de julio de
2008. […]”.

55
Folio 90 C.1.

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Adicionalmente, se demostró con dicha prueba testimonial que, en el

presente caso, la medición del consumo en el inmueble de la actora

se realizó mediante promedios (promedios históricos), con base al

consumo promedio de un usuario que se encontraba en condiciones

similares. Así lo indicó la testigo:

“[…] PREGUNTADO. - Concretamente en el presente
asunto, frente al procedimiento descrito en la respuesta
anterior, manifiéstele al despacho cómo se surtió la medición
del consumo en el inmueble de la parte actora. CONTESTÓ.-
En el caso concreto la medición del consumo se realizó
mediante promedios. De acuerdo a lo establecido en el
contrato condiciones uniformes y en la ley 142 se pueden
promediar los consumos cuando no se tiene una lectura real.
El promedio de consumos es promediar el consumo de
una persona que se encuentra bajo las mismas
condiciones para poder facturar el mismo. […]”
(Destacado fuera de texto).

Y que los consumos que aparecen posteriores a la suspensión del

servicio (16 de octubre de 2008) fueron realizados por servicio

directo monofásico:

“[…] Vale la pena aclarar que los consumos que aparecen en
el mes de diciembre fueron efectuados, posteriores a la
suspensión, y por servicio directo monofásico, el
servicio directo es cuando el servicio no se está midiendo a
través de un medidor sino que lo que se hace consumo
energía directamente sin que exista una medición. […]”
(Destacado fuera de texto).

Dicho testimonio también confirmó que luego de que CODENSA dio

cumplimiento a los efectos del silencio administrativo decretado por

la SSPD, mediante la Resolución núm. SSPD 20118150045115 de 4

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de abril de 2011 (después de la expedición de los actos acusados),

el monto adeudado quedó en $806.930.

Sobre el particular, la Sala precisa que la Ley 142, por la cual se

estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, en su

artículo 9º señaló un catálogo de derechos de que son titulares los

usuarios o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios, dentro

de los que se destaca el referido en el numeral 1, que dispuso:

“[…] ARTÍCULO 9. DERECHO DE LOS USUARIOS. Los
usuarios de los servicios públicos tienen derecho,
además de los consagrados en el Estatuto Nacional del
Usuario y demás normas que consagren derechos a su
favor, siempre que no contradigan esta ley, a:

9.1. Obtener de las empresas la medición de sus
consumos reales mediante instrumentos tecnológicos
apropiados, dentro de plazos y términos que para los
efectos fije la comisión reguladora, con atención a la
capacidad técnica y financiera de las empresas o las
categorías de los municipios establecida por la ley. […]”
(Destacado fuera de texto).

A su vez, el artículo 146 ibidem expresó que:

“[…] ARTÍCULO 146. LA MEDICIÓN DEL CONSUMO,
Y EL PRECIO EN EL CONTRATO. La empresa y el
suscriptor o usuario tienen derecho a que los consumos
se midan; a que se empleen para ello los instrumentos
de medida que la técnica haya hecho disponibles; y a
que el consumo sea el elemento principal del precio que
se cobre al suscriptor o usuario.

Cuando, sin acción u omisión de las partes, durante un
período no sea posible medir razonablemente con

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instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse,
según dispongan los contratos uniformes, con base en
consumos promedios de otros períodos del mismo
suscriptor o usuario, o con base en los consumos
promedios de suscriptores o usuarios que estén en
circunstancias similares, o con base en aforos
individuales. […]” (Destacado fuera de texto).

En cuanto al citado artículo 146, en providencia de 5 de abril de

202156, esta Sección señaló lo siguiente:

“[…] El inciso segundo de la norma transcrita, en lo
pertinente con el servicio de energía eléctrica, parte de un
supuesto específico, cual es el que, durante un período
determinado, no le sea posible a la Empresa de Servicios
Públicos medir razonablemente con los instrumentos
respectivos los consumos, e indica que en esa precisa
circunstancia dichas empresas estarían habilitadas para
establecer el valor a pagar en el contrato de condiciones
uniformes.

También las habilita para determinar la forma en que debe
ser calculado el valor en dichos contratos disponiendo tres
opciones: (i) con base en los promedios de otros períodos del
mismo suscriptor o usuario, (ii) con fundamento en los
consumos promedios de suscriptores o usuarios que
estén en circunstancias similares, o (iii) con base en
aforos individuales, dependiendo de lo que dispongan los
contratos de condiciones uniformes. […]” (Destacado fuera
de texto).

Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas

expidió la Resolución CREG57 núm. 198 de 3 de julio de 1997, por la

cual se señalaron los criterios generales sobre protección de los

56
Consejo de Estado, Sección Primera, Sala Unitaria, providencia de 5 de abril de 2021, C.P. Oswaldo
Giraldo López, Núm. único de radicación11001 03 24 000 2020 00058 00.
57
Comisión de Regulación de Energía y Gas.

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derechos de los usuarios de energía eléctrica y gas combustible por

red física, en relación con la facturación, comercialización y demás

asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario. En su

artículo 32, dispuso:

“[…] ARTÍCULO 32. Determinación del consumo
facturable para suscriptores o usuarios que
carecen de medición individual por razones de tipo
técnico, de seguridad o de interés social. El
consumo facturable a suscriptores o usuarios
residenciales que no cuenten con equipos de medida por
razones de tipo técnico, de seguridad o de interés social
se determinará, con base en el consumo promedio de los
últimos seis (6) meses de los suscriptores o usuarios del
mismo estrato que cuenten con medida, considerando el
mercado total de la empresa. Para suscriptores o
usuarios no residenciales, el consumo se determinará
con base en aforos individuales.

Parágrafo. En las condiciones uniformes del contrato, la
empresa incluirá los parámetros que utilizará para la
determinación del consumo a los suscriptores o usuarios
que se encuentren en esta condición, incluyendo
aquellos con servicio provisional no permanente. […]”
(Destacado fuera de texto).

En ese sentido, la Sala considera que la medición del consumo

facturable de los usuarios del servicio público de energía eléctrica que

por situaciones técnicas no tuvieran los equipos de medición

individual debía determinarse a través del promedio de los últimos

seis (6) meses de los usuarios del mismo estrato que contaran con

medida, garantizando con ello los derechos, oportunidades y trato

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igualitario de las personas que en circunstancias excepcionales

tenían derecho a recibir el mencionado servicio.

Sobre el particular, esta Sección ha considerado58:

“[…] Es por ello que, la medición del consumo por el sistema
de promedio debe ser vista como un instrumento alternativo
equitativo en circunstancias que, por situaciones técnicas, de
seguridad o de interés social, de subnormalidad o
marginalidad, resulte difícil la medición por métodos técnicos
y de manera individual. […]”.

En ese orden de ideas, la Sala precisa que la medición del consumo

de energía eléctrica de la cuenta de la cliente núm. 0314938-4, esto

es, de la actora, en el caso concreto, al ser realizada por el sistema

de consumo de promedio, correspondía a una alternativa equitativa

que permitía calcular el consumo del predio, en el cual la medición

por métodos técnicos y de manera individual no se pudo realizar.

En otros términos, en circunstancias como las del presente caso

donde el medidor presentaba deterioro, fue retirado y por

condiciones técnicas no era posible facturar con fundamento en el

consumo real del predio, CODENSA podía determinar el cobro con

base en el consumo promedio (promedio histórico) de usuarios del

58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de junio
de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-
00194-00.

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mismo estrato que la actora (o que estén en circunstancias

similares).

Frente a este asunto, en sentencia de 6 de octubre de 200559, la

Sección Tercera sostuvo lo siguiente:

“[…] Ahora bien, la misma Ley 142 de 1994 dispone
que, en los eventos en que sin acción u omisión de las partes
del contrato de servicios públicos, durante un período no sea
posible medir el consumo o cuando no exista medición,
éste puede ser determinado: i) con base en consumos
promedios de otros períodos del mismo suscriptor o usuario;
ii) con base en los consumos promedios de suscriptores
o usuarios que estén en circunstancias similares o; iii)
con base en aforos individuales.

Se entiende entonces que, cuando no existen
medidores, la empresa prestadora del servicio puede
determinar el consumo de acuerdo con consumos promedios
de suscriptores o usuarios que estén en circunstancias
similares, lo cual equivale a un “promedio de estrato”, que
es la metodología que en el caso concreto, ha utilizado la
Electrificadora del Huila.

Esta solución se encuentra también prevista en la
resolución 108 de 1997 de la CREG, vigente el momento de
presentación de la demanda. En dicha resolución “se señalan
criterios generales sobre protección de los derechos de los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la
facturación, comercialización y demás asuntos relativos a la
relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras
disposiciones”, y en su artículo 30 se dispone que, a falta de
medidores, el consumo de determinará con base en alguna
de las tres formas señaladas en el artículo 146 de la Ley 142
de 1994, previamente citado.

59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de octubre
de 2005, C.P. Alier Hernández Enriquez, núm. único de radicación 41001-23-31-000-2002-11420-
01(AP).

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En el evento en que la medición no pueda
efectuarse por acción u omisión del usuario, la empresa
puede, de manera justificada, suspender el servicio, terminar
el contrato o determinar el consumo de conformidad con
alguna de las metodologías antes descritas. En el caso bajo
estudio, la parte demandante sugiere que la falta de
medidores es atribuible a la electrificadora. Para la Sala es
claro que en lugar de existir pruebas que sustenten dicha
posición, fueron allegadas otras que la refutan. […]”
(Destacado fuera de texto).

Asimismo, es del caso traer a colación el Concepto de 22 de febrero

de 201660 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el que se indicó:

“[...] La posibilidad de cobro por consumos promedios o
aforo individual se prevé para los casos en que el medidor se
encuentre “defectuoso” o no sea “posible medir
razonablemente con instrumentos los consumos” […]”
(Destacado fuera de texto).

En este orden de ideas, la Sala encuentra que los actos acusados

fueron expedidos con fundamento en el artículo 146 de la Ley 142 y

el artículo 32 de la Resolución CREG núm. 198 de 1997, de acuerdo

con la situación fáctica presentada, -falta de registro del consumo

mediante medidor-, que generó que el cálculo de consumos se

facturara mediante promedios de usuarios en circunstancias

similares a la actora.

Ahora, cabe mencionar que en el caso sub examine la falla en la

prestación del servicio de energía (falta de suministro de energía), o

60
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Germán Alberto Bula Escobar, núm. único
de radicación 11001-03-06-000-2014-00259-00(2236).

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suspensión del servicio, se debió a que luego de ser retirado el

medidor del predio de la actora, por encontrarse deteriorado, sin sello

ni tapa y presentar riesgo eléctrico, no se pudo instalar un nuevo

medidor por falta de adecuaciones de las instalaciones eléctricas,

para lo cual CODENSA otorgó un plazo de 30 días para realizar las

adecuaciones61; sin embargo, en dicho plazo tampoco se cumplió con

realizarlas. Además, tampoco se permitió el acceso al personal de la

Empresa en mención para la realización de la conexión.

De ahí que le asistió razón a CODENSA, en la Decisión núm.

01612429 de 23 de agosto de 2010, acusada, cuando sostuvo:

“[…] El 16 de octubre de 2008 se realizó la inspección No.
86621061, contenida en el acta AITP-43145, en la que no se
pudo realizar el cambio del medidor ni eliminar el servicio
directo porque el predio se encontró cerrado, no hubo quien
atendiera la inspección y no se pudo precisar la actividad, lo
que motivó a la suspensión del servicio desde el poste con el
consecuente retiro de la acometida ya que ni se cumplió
con el plazo concedido para la adecuación de las
instalaciones (cláusula 19.1.962 del contrato de
condiciones uniformes) ni se permitió el acceso al
personal de la Empresa para la realización de la
conexión (cláusula 9.8 del contrato de condiciones
uniformes).

[…]
Como se puede observar ha sido la cliente quien ha
incumplido con las obligaciones contenidas en el
contrato de condiciones uniformes y ésta es la razón
por la cual la cuenta se encuentra sin suministro
eléctrico. De tal manera que sólo hasta que se cumpla con

61
Ver Acta AI-TP 0948305 de 23 de julio de 2008 (folio 273 del C.1).
62
“[…] No ejecutar, dentro del plazo fijado, la adecuación de las instalaciones que, por razones técnicas
o de seguridad en el suministro del servicio, exija la EMPRESA de acuerdo con las normas exigentes
[…]”.19.1.

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las condiciones técnicas necesarias para la prestación del
servicio y se realice el pago de la deuda que a la fecha
asciende a $99.920, se procederá con el restablecimiento del
servicio. […]” (Destacado fuera de texto).

Al respecto, no puede perderse de vista que según la cláusula 19.1.4.

del contrato de condiciones uniformes, visible a folio 200 del C.1.,

procede la suspensión del servicio si el cliente (usuario) incumple con

las normas de seguridad en sus instalaciones eléctricas o se

encuentran anomalías en las conexiones, acometidas, medidores,

sellos, etc.

Por consiguiente, la Sala observa que, en el presente caso, sí existió

una medición del consumo del servicio de energía en el predio de la

actora, con respecto al período cuestionado en los actos acusados,

por el sistema de promedio (histórico), al no contar el predio de la

actora con un medidor; y que las fallas en la prestación del servicio

de energía no fueron imputables a CODENSA, como entidad

prestadora del servicio, en tanto que adelantó las medidas tendientes

a realizar el cambio de medidor por uno nuevo, pero la actora no

cumplió con la adecuación de las instalaciones en el plazo concedido.

Lo anterior, evidencia que los actos demandados no fueron expedidos

con falsa motivación, en atención a que los motivos aducidos en ellos

corresponden a la realidad fáctica y jurídica del caso.

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En cuanto a la falsa motivación, esta Sección, en sentencia de 14 de

abril de 201663, reiteró los supuestos establecidos en el fallo de 25 de

febrero de 200964 para la configuración de dicha causal de nulidad, en

la que se señaló lo siguiente:

“[…] la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando
i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de
derecho en la manifestación de voluntad de la
Administración Pública; ii) los supuestos de hecho
esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien
por error o por razones engañosas o simuladas; iii)
porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho
o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los
motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen
la decisión […]” (Destacado fuera de texto).

Asimismo, sobre este asunto, la Sección Primera ha considerado65:

“[…] En ese sentido, esta Sección ha determinado que la
motivación constituye, entonces, uno de los elementos
esenciales o fundamentos de legalidad del acto administrativo,
puesto que, la validez del acto administrativo depende, entre
otros elementos, de que los motivos por los cuales se expide
sean ciertos, pertinentes y tengan el mérito suficiente para
justificar la decisión que mediante el mismo se haya tomado,
valga decir, que correspondan a los supuestos de hecho y de
derecho jurídicamente necesarios para la toma de la decisión
de que se trate, y que se den en condiciones tales que
conduzcan a adoptar una y no otra determinación, por lo que
se trata de un requisito material, en cuanto depende de la
correspondencia de lo que se aduzca en el acto administrativo
como motivo o causa del mismo, con la realidad jurídica y/o
fáctica del caso.[…]”.

63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2016, C.P. María Claudia Rojas Lasso, núm. único de radicación 2008-00265-01.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de
febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, núm. único de radicación 85001-23-31-000-1997-
00374-01(15797)
65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de julio
de 2019, C.P. Roberto Serrato Valdés, número único de radicación 25000-23-24-000-2012-00509-01.

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

Al respecto, debe aclararse que además de que los actos acusados no

fueron expedidos con falsa motivación, como lo adujo la actora en su

recurso de apelación, tampoco es posible señalar que dicha falsa

motivación se traduce en desvío de poder, pues la jurisprudencia de

esta Corporación66 ha precisado que para la acreditación de la

desviación de poder resulta necesario demostrar que el acto

administrativo, aun expedido por autoridad competente y con

observancia de las finalidades legalmente previstas, persiguió

propósitos distintos de aquellos establecidos por el ordenamiento

jurídico o estuvo orientado por móviles ajenos al interés general y al

fin legalmente asignado a la competencia ejercida, escenario que no

se advierte en el presente asunto, dado que no obra elemento alguno

que permita concluir que las entidades demandadas hubiesen

actuado con finalidades ajenas a la Ley 142 o a la Resolución CREG

núm. 198 de 3 de julio de 1997.

En este orden de ideas, la Sala no encuentra que concurra alguno de

los supuestos para la configuración de la causal de nulidad por falsa

motivación, habida cuenta que los actos acusados contienen tanto la

fundamentación fáctica como jurídica, los supuestos de hecho no son

contrarios a la realidad, las entidades demandadas no dieron un

66
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 7 de junio
de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 66001233100019980064501.

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57

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Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

alcance diferente a los hechos o a las normas en que basaron sus

decisiones y existe coherencia en la motivación y las decisiones

adoptadas por la entidades mencionadas, en cuanto se demostró que

el cobro facturado, realizado a la actora, estuvo acorde con el sistema

de consumo de promedio, permitido por la Ley 142 y la Resolución

CREG núm. 198 de 3 de julio de 1997, además de que no existió falla

del servicio o suspensión del servicio imputable a la entidad

prestadora del servicio.

En gracia de discusión, se advierte que no era posible exonerar a la

actora del cobro de las facturas emanadas de la prestación directa

del servicio público de energía eléctrica por inexistencia del medidor

de consumo, en atención a que la usuaria contaba con recursos

procesales para la impugnación de la facturación.

En ese sentido, el artículo 154 de la Ley 142 estableció:

“[…] ARTÍCULO 154. De los recursos. El recurso es un
acto del suscriptor o usuario para obligar a la empresa a
revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del
servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realice la empresa proceden el recurso
de reposición, y el de apelación en los casos en que
expresamente lo consagre la ley.

No son procedentes los recursos contra los actos de
suspensión, terminación y corte, si con ellos se pretende
discutir un acto de facturación que no fue objeto de recurso
oportuno.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

El recurso de reposición contra los actos que resuelvan las
reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de
los cinco (5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la
decisión. En ningún caso, proceden reclamaciones
contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios
públicos.

De los recursos de reposición y apelación contra los demás
actos de la empresa que enumera el inciso primero de este
artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes
a aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del
suscriptor o usuario, en la forma prevista en las condiciones
uniformes del contrato.

Estos recursos no requieren presentación personal ni
intervención de abogado, aunque se emplee un mandatario.
Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar
la presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios
que deseen emplearlos. La apelación se presentará ante la
superintendencia. […]” (Destacado fuera de texto).

De manera que de la norma transcrita se desprende que la usuaria del

servicio público domiciliario de energía eléctrica contaba con los

medios procesales para impugnar los actos de facturación expedidos

por CODENSA o hacer reclamaciones frente a los mismos, en este

caso.

En esa medida, la actora tenía la carga procesal de instaurar

oportunamente los recursos de reposición y apelación establecidos

en el artículo 154 de la Ley 142 para controvertir las sumas

facturadas por CODENSA. No obstante, al no haber interpuesto los

recursos o al no haber realizado los reclamos oportunamente, no es

dable a la Sala revivir el término para ejercerlos.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

Por consiguiente, acertó la SSPD, cuando en la Resolución núm.

SSPD 20108140134265 de 4 de octubre de 2010, acusada,

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En consecuencia, este Despacho procede a analizar los
consumos facturados a la cuenta interna No. 0314938-4, con
base en las pruebas legal y oportunamente aportadas al
expediente; para lo cual se deberá observar con todo rigor el
término de oportunidad para reclamar las facturas, previsto
en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, norma que
establece claramente que no proceden reclamaciones contra
facturas que tengan más de cinco (5) meses de haber sido
expedidas por las empresas de servicios públicos.

[…]

Así entonces, se tiene que los consumos que pueden y serán
revisados en sede de apelación, considerando que la
reclamación fue instaurada el 8 de julio de 2010, son los que
a continuación se analizan:

[…] No obstante lo anterior, se observa que los consumos
reclamados corresponden al acumulado de la facturación y
en este sentido vale la pena precisar:

El inciso 3 del artículo 154 de la Ley 142 de 1994 es claro en
disponer que no proceden reclamaciones contra facturas que
tengan más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por
las empresas de servicios públicos, se trata de un término
de caducidad para el ejercicio del derecho del usuario
a presentar reclamos. Este término a la vez castiga la
negligencia del usuario que no reclama en tiempo, busca
darle certeza a la factura que expide la empresa para que no
permanezca de manera indefinida con la incertidumbre de sí
el usuario discute el valor de los servicios facturados en un
periodo determinado.

[…] En conclusión, el usuario dispone de cinco meses
contados a partir de la expedición de la factura de servicios
públicos, para presentar sus reclamaciones o quejas ante la
empresa prestadora del servicio, vencido dicho término
pierde el derecho a reclamar y la empresa puede iniciar el
cobro ejecutivo sino ha operado la prescripción.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

En el caso sub judice se tiene que la reclamación data
del 8 de julio de 2010, lo cual evidentemente
demuestra que el término antes dispuesto se
encuentra ampliamente superado y por consiguiente el
cobro efectuado en la facturación corresponde a
consumos facturados para el 2008, valores que se
encuentran en firme y por ende pueden válidamente
ser ejecutados por la prestadora.

En esas circunstancias debe puntualizar la Superintendencia
que, el artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dispone que está
prohibido a las empresas de servicios públicos la prestación
de servicios de manera gratuita o a preciso o tarifas inferiores
al costo. Por su parte, el numeral 99.9 ibidem proscribió la
exoneración del pago de los servicios públicos para toda
persona natural o jurídica. Por lo tanto, todo costo que
ocasiones la prestación de un servicio debe ser incluido en el
cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios, pero no
solo eso, sino que quien consume un servicio debe pagarlo
de manera efectiva, tal y como lo precisó la Corte
Constitucional en Sentencia 558 de 2001, en los siguientes
términos […]

Verificadas y valoradas las pruebas obrantes en el
expediente, y previa interpretación armónica de orden legal
aplicables al caso, la Dirección Territorial Centro concluye que
la empresa CODENSA S.A. E.S.P. realizó correctamente la
medición y facturación del servicio de energía eléctrica
suministrado al predio identificado con la cuenta o código
interno No. 0314938-4, habida consideración que los
consumos reclamados corresponden a cobros acumulados
hasta el mes de diciembre de 2008, los cuales de acuerdo
con el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, sobrepasa
los cinco meses de haber sido expedida para su
reclamación y por consiguiente se encuentra en firme.
En consecuencia, la determinación adoptada por la empresa
con ocasión de la reclamación y el recurso interpuesto
recibirá confirmación, bajo el indiscutible deber que tiene
todo usuario de responder pecuniariamente por los servicios
que realmente ha usufructuado, tal y como lo dispone el
régimen de servicios públicos domiciliarios y los
pronunciamientos de orden jurisprudencial citados en el
presente acto administrativo. […]” (Destacado fuera de
texto).

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

Además, no puede perderse de vista que los consumos de energía

eléctrica facturados por el período comprendido entre el 22 de mayo

y el 23 de junio de 2008 fueron revisados en la Resolución núm.

SSPD 20118150045115 de 4 de abril de 2011; y los correspondientes

al período comprendido entre el 23 de junio al 23 de julio de 2008,

fueron objeto de decisión mediante la Resolución núm. SSPD

20098140001965 de 16 de enero de 2009.

Así las cosas, la Sala estima que el cargo planteado por la parte

demandante en el recurso de apelación no tiene la entidad necesaria

para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos

administrativos acusados. En consecuencia, la Sala ordenará

CONFIRMAR la sentencia apelada y así se dispondrá en la parte

resolutiva de este proveído.

Por último, en cuanto a la condena en costas, la Sala considera que

de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los

artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del

artículo 168 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las

partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal,

por lo que se abstendrá de condenar en costas.

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de noviembre de 2012,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez

ejecutoriada ésta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

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Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00272-01
Actora: OLGA JEANNETTE MONTAÑEZ CRUZ

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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