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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00409-01

Curador urbano: requisitos

Fecha
26 de julio de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00409-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A LL A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Tener por bien presentada la renuncia al poder radicada por la profesional del derecho Natalia Rojas González, quien actuaba como apoderada del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y reconocer personería para actuar como apoderado de la misma entidad al profesional del derecho Jorge Iván Flórez Blandón identificado con la cédula de ciudadanía número 4.513.623 y tarjeta profesional número 162.921 del Consejo Superior de la Judicatura. TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00409-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

26 de julio de 2018

DERECHO ÉTICO – Alcance / CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – Sanción a curador urbano por faltar a los deberes a la ética de su profesión de ingeniero

El derecho ético tiene relación con el quebrantamiento de un derecho, de un deber o de una prohibición prevista ya sea en la Constitución o en la ley; constituyendo falta la conducta que viole el derecho o el deber protegido por la ley, cualquiera que sea la forma en que ella se realice. Lo que este derecho castiga es el comportamiento humano contrario a los deberes que en el caso de las profesiones se imponen a quienes las ejercen; por ende, los actos de carácter sancionatorio expedidos por los Tribunales Ético Profesionales disciplinan las conductas que atentan contra la ética de la respectiva profesión.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – Sanción a curador urbano por faltar a los deberes a la ética de su profesión de ingeniero / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Investigación disciplinaria a curador urbano / POTESTAD SANCIONATORIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Distinción con las demás especies del derecho sancionador / COMPETENCIA DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – Para sancionar a curador urbano a pesar de haber sido absuelto disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación / PRINCIPIO NON BIS IN IDEM - La prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho operan frente a sanciones de la misma naturaleza / PRINCIPIO NON BIS IN IDEM – No vulneración / PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA - No vulneración / CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA – Conoce de las faltas a la ética profesional / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – Le compete investigar las posibles falta disciplinarias

[U]na misma conducta puede dar lugar a sanciones de diversas categorías, sin que por esto se vulnere el derecho al debido proceso (…) Por ende, no constituye falta de competencia ni vulnera los principios de non bis in ídem o de cosa juzgada, el que un Consejo Profesional adelante una investigación por unos mismos hechos que también son motivo de indagación por la Procuraduría General de la Nación, dado que, mientras el primero conoce de las faltas a la ética profesional, a la Procuraduría le corresponde asumir el conocimiento de las posibles faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos o por quien, como en el caso de un curador urbano, es un particular que ejerce funciones públicas. En el caso concreto, mediante la Resolución nro. 016 del 5 de febrero de 2010, firmada por el Presidente de la Seccional Cundinamarca del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el actor fue sancionado con la suspensión de su matrícula profesional de ingeniero durante seis (6) meses, pronunciándose dicho acto frente a la competencia y el ejercicio de la profesión por parte de los curadores urbanos, en el mismo sentido aquí expuesto, es decir, diferenciando claramente la sanción por infracción a la ética de la sanción disciplinaria. En ese orden de análisis, atendiendo a que la Constitución Política, en el artículo 26, posibilitó que la ley estableciera los respectivos controles para el ejercicio de las profesiones, que para el caso de los ingenieros fue reglamentada mediante la Ley 842 de 2003, y en su artículo 46 ídem precisó que “Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente ley”, emerge con meridiana claridad que el COPNIA tenía competencia para sancionar al demandante por las faltas cometidas a la ética profesional y se trató de una sanción independiente de la que por los mismos hechos pudiera imponerle la Procuraduría General de la Nación como Curador, esto es, en el ejercicio de funciones públicas.

CURADOR URBANO – Requisitos / PROFESIONALES de la ingeniería - Deberes

[L]a ingeniería catastral y geodésica sí tiene relación con las funciones que para la fecha de los hechos ejercía un curador urbano, pues la ley vigente para ese momento no exigía tener el título de ingeniero civil, sino la profesión de ingeniero [en cualquiera de sus especialidades]. En efecto, el literal a) numeral 1) del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, disponía que para ocupar el cargo de Curador Urbano debía cumplirse el requisito de tener título profesional de arquitecto, ingeniero o posgraduado de urbanismo o planificación regional urbana; el cual fue modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003 que exigió para ser curador urbano tener la profesión de ingeniero civil o arquitecto o posgraduado de urbanismo o planificación regional o urbana. Se sigue de ello que la función de un curador está estrechamente relacionada con su deber profesional de contribuir al desarrollo armónico de la ciudad; por ello debe ser consciente del papel que cumple en la sociedad y en la planificación territorial. (…) En estos términos, la aprobación de la modificación de una licencia de construcción sí implica la utilización de los conocimientos propios de un ingeniero y por ello resulta válido argüir que, de un curador urbano incurrir en faltas a la ética de su profesión, puede ser sancionado por estos hechos, como lo advierten los actos acusados.

FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 99 / LEY 388 DE 1997 – ARTÍCULO 101 / LEY 810 DE 2003 – ARTÍCULO 9 / LEY 842 DE 2003 – ARTÍCULO 2 / LEY 842 DE 2003 – ARTÍCULO 35

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-24-000-2011-00409-01

Actor: MARIANO PINILLA POVEDA

Demandado: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO- APELACIÓN.

Referencia: No incurre en nulidad por falta de competencia y falsa motivación el acto administrativo proferido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA que sanciona a un Curador Urbano por las fallas cometidas en el ejercicio de su profesión, independientemente de la acción disciplinaria que pudiera adelantar la Procuraduría General de la Nación por los mismos hechos, por tratarse de investigaciones que tienen fines distintos y los actos estar debidamente motivados.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que denegó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El señor Mariano Pinilla Poveda, actuando por conducto de apoderado, en ejercicio del medio de control previsto por el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 del 2 de enero de 1984, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los siguientes actos:
La Resolución nro. 016 del 5 de febrero de 2010 firmada por el Presidente de la Seccional Cundinamarca del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA “Por la cual se falla en primera instancia la INVESTIGACIÓN No. CND- PD-2008-0010”, que en su parte resolutiva dispuso:

“[…]

ARTÍCULO PRIMERO: Sanciónese al Ingeniero Catastral y Geodesta MARIANO PINILLA POVEDA con cédula de ciudadanía No. 19.229.638 y matrícula profesional No. 25222-29313, con SUSPENSIÓN DE SU MATRÍCULA PROFESIONAL POR SEIS (6) MESES por incurrir en violación de lo establecido en el Código de Ética en su artículo 35, literales b) y c).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución en los términos establecidos en el artículo 70 de la Ley 842 de 2003, con la advertencia que procede el recurso de apelación ante este Consejo Profesional Nacional de Ingeniería dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación personal o al de la desfijación del edicto.

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme la decisión, envíese al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA para dar cumplimiento a lo regulado en el artículo 73 de la Ley 842 de 2003.

ARTÍCULO CUARTO: La presente sanción comenzará a computarse a partir de la fecha de la comunicación personal o de la entrega por correo certificado, que se haga al profesional sancionado de la decisión del Consejo Profesional Nacional correspondiente, sobre la apelación o la consulta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 842 de 2003.

ARTICULO QUINTO: Una vez surtido el trámite de confirmación del artículo 73 y comunicación del artículo 74 de la Ley 842 de 2003, se dará AVISO DE LA SANCIÓN a la Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional correspondiente, con el registro de proponentes y contratistas y a las agremiaciones de profesionales, con el fin de hacer efectiva la sanción, en virtud de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 842 de 2003.

[…]”

La Resolución nro. 0642 del 16 de febrero de 2010, firmada por el Presidente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA “Por la cual se confirma una sanción dentro del expediente CND- PD-2008-00010,” que en su parte resolutiva dispuso:

“[…]

ARTÍCULO PRIMERO: Deniégase la súplica de la apelación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmase la sanción de suspensión por el término de seis meses de la matrícula profesional No. 25222-29313 que autoriza al ingeniero Mariano Pinilla Poveda identificado con cédula de ciudadanía No. 19.229.638, para ejercer la profesión de ingeniero catastral y geodesta en todo el territorio nacional, impuesta mediante la Resolución No. 016 de 05 de febrero de 2010, proferida por el COPNIA Seccional Cundinamarca.

ARTÍCULO TERCERO: Declárase agotada la vía gubernativa; devuélvase el expediente al Seccional de origen para lo de su competencia y súrtanse las comunicaciones respectivas.

ARTÍCULO CUARTO: Háganse en el Registro Profesional Nacional las anotaciones correspondientes.

ARTICULO QUINTO: Archívese copia de la presente Resolución en el respectivo expediente del profesional.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige desde de (sic) la fecha de expedición y surte efectos a partir de su comunicación al disciplinado.

[…]”

2. NORMAS INVOCADAS COMO INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Como normas vulneradas, se señalaron en la demanda las siguientes:

Constitucionales: artículo 29.
Legales: Ley 734 de 2002 artículos 53 y 75, Ley 842 de 2003 artículos 2 y 35.

Los cargos planteados contra los actos administrativos atacados pueden sintetizarse de la siguiente manera:

2.1. “Falta de competencia por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- COPNIA para adelantar investigación disciplinaria al ingeniero Mariano Pinilla Poveda como curador urbano nro. 5 de Bogotá D.C. pues dicha función está en cabeza exclusivamente de la Procuraduría General de la Nación:”

El actor argumentó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA no tenía competencia para investigarlo como Curador Urbano nro. 5 de Bogotá, pues al desarrollar una función pública, según lo establecido por los artículos 53 y 75 de la Ley 734 de 2002 y con apoyo en lo previsto por el Consejo de Estado, era sujeto disciplinable de manera exclusiva y excluyente por la Procuraduría General de la Nación.

Afirmó que la Procuraduría por auto del 24 de septiembre de 2010, avocó la competencia preferente para adelantar la investigación por las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia nro. 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 y ordenó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA remitiera el expediente para tal fin.

Adujo que la Procuraduría General de la Nación mediante auto del 5 de noviembre de 2010 negó la impugnación que hizo el COPNIA frente a la anterior decisión y además declaró la terminación del proceso disciplinario adelantado por las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la citada licencia, en virtud de la existencia de cosa juzgada respecto de los hechos objeto de investigación, puesto que ya habían sido investigados por la misma Procuraduría y sobre los cuales se determinó por auto del 25 de junio de 2007 que no existía falta disciplinaria.

Sostuvo que resultaba extraño que el COPNIA hubiese expedido el 16 de junio de 2010, la Resolución nacional número 0642 y solo hasta el 3 de enero de 2011 decidiera informar la existencia de la misma apartándose de las normas del Código Contencioso Administrativo y violando el artículo 59 de la Ley 842 de 2003 que establece el principio de publicidad.

Explicó que el COPNIA intervino e impugnó el contenido del auto del 24 de septiembre de 2010 sin que dentro de dicha impugnación hubiese informado de la existencia de la Resolución nro. 0642, lo que estima resultaba relevante; por lo que en su criterio, mantuvo en secreto un acto administrativo que debía notificar, con lo cual dejó en evidencia su actuar arbitrario, puesto que debió revocarlo una vez conocida la decisión de la Procuraduría de asumir el conocimiento preferente de la investigación.

2.2. “Falsa motivación de la Resolución No. 16 del 5 de febrero del año 2010 y la Resolución Nacional No. 0642 del 16 de junio de 2010 expedida por del (sic) Consejo Profesional de Ingeniería- COPNIA:”

El actor aseveró que, conforme al artículo 45 del Decreto 1052 de 1998, vigente para la época del trámite de la licencia que suscitó la investigación, existía una incompatibilidad para ejercer la profesión de ingeniero debido a que fungía como curador urbano, cuya función pública se limitaba a la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación para el otorgamiento de licencias, sin que requiriera de la aplicación de los conocimientos propios de su profesión de ingeniería catastral y geodésica. En tales condiciones el Consejo Profesional de Ingeniería - COPNIA erró al indicar, en los actos demandados, que la investigación de la Procuraduría y del propio Consejo protegían bienes jurídicos diferentes: la función pública y el debido ejercicio de la ingeniería, respectivamente, pues ellos no podían ser concurrentes.

Anotó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería no estableció qué actividades, según el artículo 2 de la Ley 824 de 2003, habría ejercido como curador urbano, para luego determinar los elementos que configuraban la falta disciplinaria e indicó que el demandante como curador urbano no ejerció su profesión de Ingeniero Catastral y Geodesta; en ese sentido, no pudo incumplir los deberes propios de la dignidad de la misma.

Señaló que el Consejo Profesional de Ingeniería pretendió hacer ver que las aprobaciones que se realizaron en la licencia de construcción nro. LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, como son: área, usos, volumetría, cupos y cubrimiento de estacionamiento y empates de patios con inmuebles de interés cultural, estaban relacionados con el ejercicio de la ingeniería catastral y geodesia, cuando en realidad son aspectos concernientes a la arquitectura e ingeniería civil, lo cual demostraba que el señor Mariano Pinilla Poveda no transgredió los deberes como ingeniero catastral y geodesta.

En relación con el primer cargo formulado en la Resolución nro. 016 del 5 de febrero de 2010, relativo a que se incrementó el área construida, sostuvo que la Licencia de Construcción No. LC 05-5-1346 de 2005 se expidió con sustento en la información suministrada en el formulario de solicitud y los planos aportados, razón por la cual se consideró tenerlos en cuenta ya que en el Decreto 1600 de 2005 la responsabilidad de los datos era del arquitecto que los presentaba.

Acerca del segundo y tercer cargo, relacionado con haber modificado el uso residencial que no permitía alto impacto y al aumento de la volumetría de la estructura arquitectónica, aseveró que la solicitud de licencia establece que el uso corresponde a servicios de alto impacto, pero que en la licencia se hizo claridad de que la intervención se hacía como modificación interna amparada en la licencia nro. 3339 de 1954, por lo que no habría ampliación ni modificación de los usos inicialmente aprobados, reiterando que la licencia se otorgó con base en la información y documentos que fueron aportados por el solicitante.

Frente al cuarto y quinto cargo concernientes a la prohibición de estacionamiento, escaleras y rampas en antejardines, y al empate que debía existir entre los inmuebles colindante con el inmueble cultural, aseveró que la licencia no autorizó, modificó ni amplió ninguno de esos aspectos, lo que así se expresó en el texto de la licencia nro. 3339 de 1954.

Agregó que de haberse ejecutado obras más allá de lo autorizado o darse un uso diferente al establecido en la licencia, era una circunstancia ajena al curador urbano, lo que se enmarcaba en la competencia de las autoridades de policía para que adoptaran las medidas pertinentes. En cuanto a la calificación de la conducta, afirmó que no fue antijurídica y tampoco pudo ser culposa porque actuó sin intención de causar un daño, siendo asaltado en su buena fe por el particular, quien a través de declaraciones y documentos lo hicieron incurrir en error.

2.3. “Desconocimiento del derecho de audiencias y de defensa en virtud de la actuación disciplinaria adelantada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- COPNIA:”

La parte actora lo sustentó en que, mediante el proceso nro. 142-150687-2006, la Procuraduría General de la Nación determinó la inexistencia de una falta disciplinaria respecto de las mismas situaciones de hecho y de derecho referentes al trámite de la licencia nro. 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, y por lo tanto, la investigación del Consejo Nacional Profesional de Ingeniería vulneró el principio de non bis in ídem y de cosa juzgada, pues no es permitido que a una persona lo juzguen dos veces por el mismo hecho.

2.4. “El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería- COPNIA, actualmente y sin fundamento alguno mantiene la sanción impuesta al ingeniero Mariano Pinilla Poveda, pese a que el término por el cual se impuso la misma ya se ha cumplido:”

El actor aseguró que el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería extendió sin fundamento el tiempo de la sanción impuesta, suspendiéndole la matrícula de ingeniero catastral y geodesta por seis meses, pues dicha sanción vencía el 4 de julio de 2011; sin embargo, el día 7 del citado mes y año, aún no estaba vigente la matrícula profesional, impidiéndole el ejercicio de la profesión.

3. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL EN PRIMERA INSTANCIA

3.1. La demanda fue radicada el 8 de julio de 2011 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, y correspondió por reparto al despacho del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, quien por auto del 26 de julio del mismo año la inadmitió al no haber sido allegadas las constancias de notificación de los actos demandados y dispuso su corrección, so pena de rechazo.

3.2. Por memorial radicado el 5 de agosto de 2011, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición contra el precitado auto por considerar que los actos acusados no habían sido notificados de acuerdo con el artículo 44 y subsiguientes del Código Contencioso Administrativo; por auto del 18 de agosto de 2011, el Tribunal dijo: “(…)se tiene que el acto administrativo mediante el cual se resolvió la vía gubernativa, esto es, la resolución 642 del dieciséis (16) de junio de dos mil diez (2010), únicamente dispuso comunicarle la decisión al actor sin que la misma fuera notificada personalmente, de manera que para efectos de este caso, la comunicación que fue remitida al demandante que obra a folio 64 del cuaderno anexo del expediente, habrá de tenerse en cuenta, en tanto que permite verificar que al momento de presentarse la demanda, la acción no se encontraba caducada.// Visto así el asunto, advierte el despacho que no obstante la irregularidad sobre el trámite de notificación puesta de presente por el recurrente, la demanda será admitida en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia (…)” En consecuencia, se repuso el auto del 26 de julio de 2011.

3.3. El demandado contestó la demanda en oportunidad, aduciendo lo siguiente:

Manifestó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería es una entidad sui generis, especial de derecho público del orden nacional, creada por la Ley 94 de 1937 y actualmente regulada por los artículos 25, 26, 27 y siguientes de la Ley 435 de 1998, la Ley 842 de 2003 y la Ley 1325 de 2009, encargada de la función administrativa de inspección y vigilancia del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, motivo por el cual adelanta las investigaciones disciplinarias ético profesionales a través del procedimiento administrativo de carácter sancionatorio establecido en la Ley 842 de 2003 a los profesionales bajo su control que vulneren el Código de Ética Profesional.

Explicó que la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares han estado reglamentadas en Colombia por exigencia constitucional desde el Acto Legislativo 01 de 1936, desarrollado por medio de la Ley 94 de 1937, el Decreto Legislativo 1782 de 1954 y la Ley 64 de 1978, vigente hasta la expedición de la Ley 842 de 2003, y que el COPNIA, según la referida normatividad, ejerce la función de control y vigilancia del ejercicio de la ingeniería, sus profesiones afines y sus profesiones auxiliares que no son de libre desempeño por exigir formación académica y su ejercicio implica un riesgo, del cual el Estado debe preservar a la sociedad en cumplimiento de los fines de protección a la vida y a los bienes de los asociados.

Sostuvo que la Procuraduría General de la Nación y las oficinas de control interno ejercen el poder disciplinario señalado en la Ley 734 de 2002, según lo dispuesto por el artículo 124 de la Carta Política en concordancia con el artículo 125 inciso 4º y 277 – 6 ibídem, que determinan la responsabilidad de los servidores públicos.

Consideró que, contrario a lo afirmado por el demandante, la acción disciplinaria ético-profesional es distinta de la acción disciplinaria de los servidores públicos, por cuanto en la primera se tutela el adecuado ejercicio de una profesión reglamentada legalmente; el sujeto de la acción es el profesional debidamente autorizado para ejercerla; se atribuye responsabilidad por el inadecuado ejercicio de la profesión independientemente de su cargo, y se sanciona su desempeño con suspensión y hasta cancelación de la autorización para el ejercicio.

Mientras que en la acción disciplinaria a cargo de la Procuraduría, se preserva el eficiente desarrollo de las funciones estatales; el sujeto puede ser el servidor público o el particular que ejerce funciones públicas; la responsabilidad se juzga con relación exclusiva a las funciones públicas, y por ende, ambas acciones pueden coexistir aun cuando recaigan sobre los mismos hechos y sujeto.

Frente a los argumentos del demandante acerca del principio de non bis in ídem, refirió que éste se aplica para evitar la duplicidad de sanciones por el mismo hecho impuesta por una autoridad o jurisdicción cuando hay identidad de imputación, causa, objeto y persona; sin embargo, una persona puede ser sujeto de diversas investigaciones por los similares hechos siempre que sean distintos los fundamentos normativos y las finalidades jurídicas.

En relación con la predicada violación del principio de legalidad, señaló que la imputación de la responsabilidad disciplinaria ético-profesional tiene como uno de sus elementos una tipicidad flexible, puesto que aplica a tipos abiertos, en blanco y a conceptos jurídicos indeterminados.

Indicó que el COPNIA investigó al demandante con base en la Ley 842 de 2003, por vulnerar el adecuado ejercicio de la profesión de la ingeniería, ya que, como Ingeniero Catastral y Geodesta, era un profesional idóneo para la determinación de la ordenación y la planificación del territorio y de las propiedades inmuebles, con base en técnicas y metodologías, no como planificador del recurso tierra, como alude el demandante, lo que es competencia de los ingenieros agrícolas y los agrónomos, y que lo sancionó porque autorizó la licencia de construcción en la modalidad de modificación con violación de la normatividad aplicable.

Aludió a que la Procuraduría no tenía poder preferente frente a las investigaciones disciplinarias ético profesionales que adelanta el COPNIA, con fundamento en la Ley 842 de 2003.

En cuanto a las decisiones del Consejo de Estado citadas por el demandante, afirmó que éstas determinaban que la competencia para investigar disciplinariamente a los curadores urbanos era exclusiva de la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, no se tuvo en cuenta que ello solo sería posible si fueran investigados conforme al Código Disciplinario Único.

En lo atinente a que el demandante para la época de los hechos tenía prohibido ejercer su profesión, por disposición del artículo 45 del Decreto 1052 de 1998, adujo que era una lectura parcializada de la norma, en razón a que ésta dispone que los curadores urbanos no pueden ejercer la profesión de ingeniero que resulte incompatible con sus funciones y que el señor Mariano Ospina Poveda es sujeto disciplinable del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería desde la obtención de su matrícula profesional número 25222-29313 el 18 de agosto de 1998, de conformidad con la Resolución Seccional nro. 56 del 9 de agosto de 1988 del Consejo Seccional de Cundinamarca, confirmada por el Consejo Nacional a través de la Resolución nacional nro. 98 del 18 de agosto de 1988, como ingeniero catastral y geodesta, egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En ese sentido, explicó que, si la normatividad exige una capacidad académica para acceder al cargo, no puede entenderse que esa idoneidad no la practique en el desempeño del mismo; lo que se manifestó expresamente en la Resolución nro. 642 de 2010, toda vez que un ingeniero catastral y geodesta es un profesional apto académica y laboralmente para determinar la ordenación y planificación del territorio y en especial, la propiedad inmueble con miras al desarrollo urbano, con base en técnicas y metodologías tecnológicas, normativas y científicas, lo cual no es incompatible con las funciones de un Curador Urbano.

Acerca de que el COPNIA actuó en contra de lo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación cuando le comunicó que avocaba el conocimiento de la investigación adelantada y le ordenó remitir las diligencias, señaló que no le constaba el texto del auto del 24 de septiembre de 2010, proferido por la Viceprocuradora General de la Nación, porque nunca lo recibieron.

Manifestó que lo que se le notificó fue el oficio del 14 de octubre de 2010, suscrito por el Procurador Segundo Distrital de Bogotá, a través del cual le comunicó que se ejercería el poder preferente de la actuación disciplinaria radicada bajo el número CNP-PD-2008-00010.

Indicó que, dado que la anterior decisión va en contravía de lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el Presidente del COPNIA, a través del oficio NAL-CE- 2010- 025- 06 dirigido a la Viceprocuradora General de la Nación y al Procurador Segundo Distrital el 21 de octubre de 2010, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto del 24 de septiembre de 2010, sin remitir las respectivas diligencias, y el Procurador Segundo Distrital, arrogándose la competencia de la Viceprocuradora, profirió auto el 5 de noviembre de 2010 resolviendo tales recursos de manera negativa.

Arguyó que como el COPNIA, en los argumentos del recurso interpuesto, le indicó a la Viceprocuraduría General de la Nación que la Procuraduría Primera Distrital, desde el punto de vista de la acción disciplinaria laboral prevista en la Ley 734 de 2002, había adelantado la investigación 142-150687-06 al señor Mariano Pinilla Poveda y archivado por auto del 25 de junio de 2007, ello dio lugar a que la Procuraduría Segunda Distrital, mediante el referido auto del 5 de noviembre de 2010, declarara la terminación del proceso disciplinario y ordenó el archivo de las diligencias disciplinarias en favor del ingeniero Pinilla.

Frente a la aseveración del actor de que el COPNIA nunca informó de la existencia de la decisión de segunda instancia proferida por dicho Consejero, indicó que el Presidente del COPNIA sí le indicó en los recursos interpuestos a la Procuraduría, que el expediente CND-PD-2008-00010 ya había sido revisado por la Junta Nacional del COPNIA en sesión de junio de 2010 y sólo faltaba comunicar la respectiva decisión al investigado Mariano Pinilla Poveda, lo cual se haría una vez el expediente saliera del despacho, tal como ocurrió poco antes del 3 de enero de 2011.

En relación con el argumento del demandante de que no probó qué actividad adelantó de las enunciadas en el artículo 2º de la Ley 842 de 2003 para determinar la falta, dijo que dicha norma no establecía una enumeración taxativa de actividades y era innegable que para acceder al cargo de curador urbano uno de los requisitos lo constituía tener la profesión de ingeniero, tal como se mencionó en la Resolución nro. 0642 de 2010.

Sobre el término de la sanción de 6 meses de la suspensión de la matrícula de ingeniero, que venció el 4 de julio de 2011 y seguía vigente el día 7 del citado mes y año, según el certificado de vigencia de la matrícula, indicó que hubo un error de configuración automática de la base de datos, circunstancia que no invalidó el acto sancionatorio, cuya suspensión comenzó a contar desde la comunicación del mismo, que se realizó el día 3 de enero de 2011.

Solicitó declarar probadas las excepciones de: ausencia injustificada de la parte actora a la audiencia de conciliación extrajudicial – que constituía un indicio grave en contra de las pretensiones de la demanda y ameritaba la imposición de sanción; inexistencia de falta de competencia del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA para investigar y sancionar al Ingeniero Mariano Pinilla Poveda; inexistencia de falsa motivación de las resoluciones demandadas; inexistencia de vulneración al debido proceso, derecho de defensa, del principio de non bis in ídem y de cosa juzgada.

3.4. Por auto del 1 de marzo de 2012 se abrió el proceso a pruebas.

3.5. Por auto del 18 de septiembre de 2012 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión.

3.6. Mediante auto del 21 de febrero de 2013 se concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.

4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, Subsección B, en sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012, negó las pretensiones de la demanda.

Frente a los cargos de falta de competencia del COPNIA para adelantar la investigación disciplinaria en contra del demandante y del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa en la actuación disciplinaria, el Tribunal concluyó, con fundamento en los artículos 46 a 59 de la Ley 842 de 2003, que el objeto de la acción allí regulada es disciplinar éticamente el ejercicio de la ingeniería, independientemente del contexto en que la misma se desarrolle.

Explicó que la Ley 734 de 2002 regula una acción disciplinaria dirigida exclusivamente a los servidores públicos y a los particulares que cumplan funciones públicas, entre otros, cuya competencia radica en las oficinas de control disciplinario interno; los funcionarios con potestad disciplinaria en las Ramas, órganos y entidades del Estado; de las personerías distritales o municipales, y en la Procuraduría General de la Nación, que ejerce poder preferente sobre las demás.

Sostuvo que las acciones reguladas en las Leyes 842 de 2003 y 734 de 2002 son diferentes y recordó que de una conducta se puede derivar el inicio de varias acciones simultáneas, por lo que no encontró conflicto en que una acción disciplinaria y otra ético disciplinaria se adelantaran de manera concomitante por unos mismos hechos, si se tiene en cuenta que el artículo 2 de la Ley 734 de 2002 señala que la acción disciplinaria es independiente de las demás acciones que por los hechos investigados puedan iniciar otras autoridades.

Previno que, en consideración a la definición legal de curador urbano del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, su conducta podía ser investigada tanto por la Procuraduría General de la Nación como por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA en relación con el Código de Ética Profesional, dado que cada uno de estos organismos son independientes, persiguen objetivos diversos y analizan aspectos diferentes.

Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, aseveró que simultáneamente puede adelantarse una acción disciplinaria y la ética respectivamente, por la Procuraduría General de la Nación y por los tribunales de ética o consejos o colegios profesionales.

Afirmó que la exclusividad de la competencia establecida por el artículo 75 de la Ley 734 de 2002, hace referencia sólo a la investigación disciplinaria por el ejercicio de funciones públicas más no a la investigación a nivel ético profesional.

De esta manera, concluyó que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA actuó dentro del marco de su competencia y las acciones que adelantó la Procuraduría General de la Nación así como la demandada podían ser concurrentes por cuanto tenían objetivos y regulación diferente.

Adujo que si la Procuraduría General de la Nación había ordenado remitir las diligencias de la investigación para ejercer su potestad disciplinaria, se debía entender que ese poder preferente sólo operó para definir la responsabilidad del demandante en sus funciones como curador urbano.

Igualmente, señaló que así la Procuraduría hubiese determinado que la conducta del demandante no constituía falta bajo la Ley 734 de 2002, no significaba que bajo la Ley 842 de 2003 no lo fuera por la responsabilidad ética profesional derivada del ejercicio de la profesión de ingeniería.

Frente a la presunta notificación tardía de los actos administrativos demandados, explicó que en el expediente se encontraban las copias de las guías de envío de las citaciones remitidas por la parte demandada al actor con el fin de que se notificara personalmente del fallo de primera y segunda instancia; además se aportó el edicto fijado frente a la decisión de primera instancia, pero no el edicto mediante el cual se notificó la decisión de segunda instancia; por lo tanto, según el artículo 74 de la Ley 842 de 2003, la decisión del COPNIA sobre la apelación, debía ser comunicada al interesado de manera personal o a través de correo certificado, por lo que en el caso concreto estaba demostrado que el trámite de la notificación se ajustó a lo normado en la Ley 842 de 2003.

En lo concerniente a la presunta notificación tardía de la decisión de segunda instancia, consideró que, aunque aquella se había producido el 3 de enero de 2011, y la decisión con la que se agotó la vía gubernativa se profirió el 16 de junio de 2010, la norma no establecía un término perentorio para la notificación de este tipo de actos.

En lo referente a la falsa motivación de los actos demandados, el Tribunal manifestó que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio de una función pública que en principio resulte incompatible con el desempeño profesional, no implicaba que la persona se desligara completamente de su profesión, y que para el caso concreto, por el hecho de que el demandante se haya posesionado en el cargo de curador urbano no perdió su calidad de ingeniero y por el contrario el requisito de idoneidad se requería para ocuparlo.

Aseguró que en el expediente administrativo se demostró que el demandante incurrió en una falta con la expedición de la licencia de construcción nro. 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, por cuanto, en concepto del ente investigador, se transgredieron disposiciones como el Decreto 606 de 2001, lo que implicó una falta al Código de Ética Profesional, específicamente a los literales b) y c) del artículo 35 de la ley 842 de 2003, que aunque podría no constituir una falta a la luz de la Ley 734 de 2002, sí lo era ante la Ley 842 de 2003, razones por las cuales los actos demandados no adolecían del vicio de falsa motivación.

Por último, acerca de que el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA mantuvo la sanción impuesta al demandante más allá del término previsto en el acto sancionatorio demandado, el Tribunal subrayó que, aunque era visible en la certificación del 7 de julio de 2011 que estaba vigente la sanción impuesta al demandante que finalizaba el 4 de julio de dicha anualidad, la entidad demandada había adjuntado otra certificación del 22 de noviembre del mismo año, en la que se podía constatar que la suspensión de la matrícula del ingeniero demandante había terminado, pudiendo ejercer su profesión en el territorio nacional, con lo cual se encontraba subsanado el error, que por demás no había afectado la legalidad de los actos demandados.

5. MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

El apoderado de la parte demandante interpuso en tiempo recurso de apelación contra la anterior decisión, manifestando que el juez de primera instancia acudió al contenido de la sentencia C-899 de 2011 de la Corte Constitucional que analizó la Ley 1123 de 2007, mediante la cual se reguló el ejercicio de la profesión de abogado y también se basó en un caso estudiado por la Sala de Consulta del Consejo de Estado, lo que no era de recibo, pues el ejercicio de la profesión de un ingeniero catastral y geodesta atiende a finalidades diferentes de las allí analizadas.

Consideró que el Tribunal de instancia partió de conclusiones generales como si existiese un solo régimen ético profesional que fuera aplicable a todos los profesionales cuando ejercen funciones públicas y debió circunscribirse a lo establecido en la Ley 842 de 2003, siendo para ello imprescindible determinar si el ejercicio de la función pública como curador urbano implicaba el ejercicio de la ingeniería.

Señaló que, en contraste con los pronunciamientos tenidos en cuenta, el Tribunal de instancia desconoció el de esta Corporación del 18 de noviembre de 2003, que se refería puntualmente a la materia objeto de debate, por tratarse de un conflicto de competencias entre el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y la Procuraduría Provincial de Cali en el marco de una investigación contra una curadora urbana, puesto que allí el conflicto se trabó en virtud de que, de una parte, se alegó la competencia para conocer del proceso ético disciplinario en virtud del régimen que regulaba el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones afines, y de otra, se alegó la competencia para adelantar el proceso disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002.

Argumentó que el juez de primera instancia había errado en definir el contenido de la profesión de ingeniería catastral y geodesta ya que concluyó que, por implicar el estudio del recurso tierra, encuadraba con las funciones de curador urbano, específicamente con el estudio de predios para la expedición de licencias; que se omitió efectuar un análisis técnico del tema y simplemente se acudió a lo expresado por el demandado como si fuese un perito sin haberse evaluado el artículo 2º de la Ley 842 de 2003, que define lo que se entiende por el ejercicio de la ingeniería.

Reiteró que de acuerdo con el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, la actividad del curador urbano en ejercicio de una función pública es estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas y que conforme al artículo 2 de la Ley 842 de 2003, dentro del ejercicio de la ingeniería no se establece la actividad del curador urbano, por lo que si las actividades que lo constituyen estuviera supeditada al libre criterio del COPNIA se vulneraría el principio de legalidad propio del derecho sancionador.

En lo concerniente a que desempeñarse como curador urbano implicaba ejercer la profesión como ingeniero catastral y geodesta, subrayó que si bien el artículo 101 de la Ley 388 de 1997 exigía como requisito para ser designado curador urbano el ser ingeniero, era evidente que no todo ingeniero practicaba su profesión como quiera que el único que lo hacía era el ingeniero civil, lo que se evidencia del artículo 9 de la Ley 810 de 2003, que modificó la norma precitada, al exigir como requisito para ser curador urbano el ser ingeniero civil.

Afirmó que el Tribunal omitió el deber de analizar los argumentos contenidos en la demanda y solo se remitió a lo manifestado por la parte demandada como si se tratara de un perito neutral dentro del proceso y de un argumento de autoridad incontrovertible.

Por último, no impugnó lo referente a la presunta notificación tardía de los actos administrativos demandados ni el cargo concerniente a que el COPNIA mantuvo la sanción impuesta más allá del término previsto en el acto sancionatorio.

6. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

6.1. El recurso de apelación correspondió en reparto por acta del 28 de junio de 2013y fue admitido mediante proveído del 30 de julio del mismo año.

6.2. Por auto del 28 de marzo de 2014, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y vencido éste al Ministerio Público para que emitiera su concepto.

El apoderado del demandante descorrió el traslado en oportunidad, reiterando los argumentos expuestos en el recurso, de manera específica que la procedencia de la acción ético disciplinaria profesional contra un curador urbano debía ser analizada a la luz de las disposiciones que regulan la profesión de ingeniero catastral, no bajo las que rigen la abogacía o la medicina, pues el legislador ha establecido diferencias en cada caso.

Indicó que el Tribunal de instancia hizo una indebida interpretación de lo decidido por la Sala Plena del Consejo de Estado mediante providencia del 18 de noviembre de 2003 aplicable al presente caso; que los hechos en los cuales se fundamentó la investigación y la sanción impuesta al demandante se circunscribían a aspectos arquitectónicos y no al ejercicio de la ingeniería catastral geodésica y que el demandado desconoció las normas arquitectónicas aplicables al estudio de la respectiva licencia de construcción sin ponderar adecuadamente los argumentos técnicos rendidos por el ingeniero Mariano Ospina Poveda.

Igualmente descorrió traslado la apoderada de la parte demandada, quien consideró que el objeto de debate se orienta a determinar si el cumplimiento de la función de curador urbano corresponde al ejercicio de la ingeniería; en este sentido afirmó que las sentencias en las cuales se apoyó el actor no son pertinentes para el asunto, puesto que, en las providencias del 22 de abril de 2003 (C-0182) y el 6 de mayo de 2003 (C-0183), las autoridades pretendían aplicar el mismo régimen disciplinario de los particulares que ejercen funciones públicas.

Aseguró que la investigación disciplinaria ético profesional que se adelantó al demandante se hizo en cumplimiento de la normatividad vigente, esto es, la Ley 842 de 2003, sin abrogarse las competencias de la Procuraduría General de la Nación, puesto que los dos organismos adelantan investigaciones que se diferencian en la normatividad que se confronta con el comportamiento sancionable, el bien jurídico tutelado, la naturaleza jurídica y el alcance de las sanciones.

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia de la Sección

De conformidad con lo establecido en los artículos 237 de la Constitución Política, 11, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia- Ley 270 del 7 de marzo de 1996, 85 y 129 del Código Contencioso Administrativo- Decreto 01 del 2 de enero de 1984 y 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto de manera oportuna por el apoderado de la parte actora.

7.2. Hechos probados

En el proceso está acreditado lo siguiente:

7.2.1. Mediante Acta nro. 202 del 5 de noviembre de 2003, tomó posesión del cargo de Curador Urbano nro. 5 de Bogotá, el señor Mariano Pinilla Poveda, presentando entre otros requisitos, el título de idoneidad de Ingeniero Catastral y Geodesta.

7.2.2. El 13 de diciembre de 2005, el Curador Urbano nro. 5 de Bogotá, ingeniero Mariano Pinilla Poveda, otorgó la Licencia de Construcción nro. LC 05-5-1346 en la modalidad de modificación a la Sociedad Inversiones Libos & Cia. Ltda., para tres (3) pisos y un (1) sótano en el predio de la AC 85 No. 7-13, de la cual hace parte integral el Anexo No. 1, acto firmado por el Curador Urbano Mariano Pinilla Poveda; la arquitecta Ruth Jeaneth Cubillos Salamanca; la ingeniera Claudia Lucía Herrera y la abogada Alexandra Landeta Pinilla.

7.2.3. Por oficio radicado bajo el nro. 2-2007-2533 del 24 de enero de 2007, la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría de Hábitat de la Alcaldía Mayor de Bogotá, informó que la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas solicitó al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, la apertura de investigación en contra del Curador Urbano nro. 5, por la expedición de la Licencia de Construcción nro. 05-5-1346; el motivo de la queja fue el siguiente:

“[…]

Se recibió en la Subdirección de Control de Vivienda del DAMA queja por comunicación verbal de la Alcaldesa (…), ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO, el día 29 de agosto de 2006, solicitando se investigue la expedición de la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No. LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, para el predio ubicado en la CALLE 85 No. 7-13, respecto a presunta violación en el régimen de USOS DEL SUELO Y OTROS.

(…)

CONCLUSIONES

APROBÓ LA LICENCIA SIN CUMPLIR EL REQUISITO DE ADJUNTAR LA LICENCIA ANTERIOR, JUNTO CON SUS RESPECTIVOS PLANOS. O en su defecto adelantar el reconocimiento de la edificación como lo señala el artículo No. 21 del Decreto 1600 de 2005.
INTERPRETÓ LA NORMA declarando que el sentido de los derechos otorgados por la licencia anterior, DE CONSTRUIR UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE DOS PISOS Y SÓTANO eran atribuibles al USO ALTO IMPACTO ESTACIÓN DE SERVICIO ESCALA URBANA que aprobó en la licencia nueva, sin ser de su competencia.
APROBÓ MODIFICACIONES POR FUERA DE LOS PARAMENTOS Y VOLUMETRIA DE LA ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA EXISTENTE APROBADA.
APROBÓ EL INCREMENTO DEL AREA CONSTRUIDA, ES DECIR UNA AMPLIACIÓN
NO CUMPLIÓ CON EL ART. 9 DEL DECRETO 321 DE 1992 referente a las distancias entre columnas en la zona de maniobra.

[…]”

7.2.4. Por auto del 16 de abril de 2007, el Secretario del Consejo Profesional de Ingeniería –Seccional Cundinamarca, se abstuvo de abrir investigación disciplinaria contra el mencionado curador, por considerar que, conforme al artículo 101 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003, la curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el Distrito, y en cuanto a las responsabilidades de los intervinientes, el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 indica que radica en el urbanizador, constructor o los arquitectos que firman los planos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa de los funcionarios y curadores urbanos que expiden las licencias. Agregó que la actividad pública de los curadores urbanos que contiene la Ley 388, no constituía ejercicio profesional de la ingeniería y por lo tanto, las posibles conductas irregulares en que incurrieran en el ejercicio de sus funciones no eran objeto de investigación por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.

7.2.5. La precitada decisión fue revocada el 23 de junio de 2007 por el Director Jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, quien, dentro de los argumentos que tuvo en cuenta para ello, consideró:

“[…]

Tanto la actividad de los Curadores Urbanos, como la de los ingenieros integrantes de su equipo de trabajo, corresponde a actividades que son ingenieriles o están directamente relacionadas con la ingeniería, definiéndose así la competencia del COPNIA para la investigación de los profesionales, sobre los que el legislador se la ha otorgado no solamente a través de la Ley 842 de 2003 sino según lo expresamente dispuesto en el artículo 50 de la Ley 400 de 1997.

(…)

Debe precisar esta Dirección que en el caso de los funcionarios públicos, el bien jurídico protegido por su régimen disciplinario es la adecuada administración de los asuntos públicos, de tal manera que la esfera que se involucra en la sanción es aquella relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas correspondientes a su cargo y sus deberes de funcionario público; en tanto que en el caso de los ingenieros el bien jurídico protegido es funcional a la determinación de los deberes especiales que para con la sociedad tienen los profesionales, de tal forma que la investigación y las sanciones se limitarán a su esfera de desarrollo como ingenieros. (…)

De acuerdo con lo anterior, la competencia para la investigación que realiza el COPNIA en virtud de la Ley 842 de 2003, para el caso de los hechos que involucra el ejercicio de la ingeniería no se ve limitado por el hecho de que los sujetos disciplinables ejerzan funciones públicas como particulares, o sean funcionarios públicos, pues una y otra responsabilidad disciplinarias, son de distinta naturaleza. […]”

7.2.6. Por Resolución nro. 1034 del 26 de diciembre de 2007, el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc de Bogotá, decidió la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción para modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005 expedida por el Curador Urbano No. 5, revocando la misma.

7.2.7. Por auto del 25 de junio de 2007, la Procuradora Primera Distrital de Bogotá, D.C., dispuso el archivo de la investigación disciplinaria seguida en contra del ingeniero Mariano Pinilla Poveda como Curador Urbano No. 5, por considerar que no había incurrido en irregularidades en la expedición de la Licencia de Construcción No. 05-5-1346 del 20 de diciembre de 2005.

7.2.8. Mediante la Resolución nro. 016 del 5 de febrero de 2010, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA- Seccional Cundinamarca, sancionó al Ingeniero Catastral y Geodesta Mariano Pinilla Poveda con suspensión de su matrícula profesional por seis (6) meses por incurrir en la violación de los literales b) y c) del artículo 35 de la Ley 842 de 2003 - Código de Ética de la Ingeniería.

7.2.9. Por la Resolución nro. 0642 del 16 de junio de 2010, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, confirmó la sanción impuesta al ingeniero Mariano Pinilla Poveda, consistente en la suspensión por seis (6) meses de la matrícula profesional.

7.2.10. Por oficio del 14 de octubre de 2010 firmado por el Procurador Segundo Distrital de Bogotá, informó al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería lo siguiente:

“[…]
En cumplimiento a las instrucciones impartidas por la señora Viceprocuradora General de la Nación, mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2010, proferido dentro de las diligencias en referencia, le comunicamos que se ha autorizado a esta Procuraduría Segunda Distrital, ejercer el poder preferente y asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria radicada con el número CNP-PD-2008-00010, que ese despacho está adelantando en contra del Ingeniero Mariano Pinilla Poveda en su condición de Curador Urbano nro. 5, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia de construcción no. 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005.

En consecuencia, las mencionadas diligencias deberán ser enviadas con CARÁCTER URGENTE, a esta dependencia. […]”

7.2.11. Mediante providencia del 5 de noviembre de 2010, proferida por la Procuraduría Segunda Distrital, resolvió terminar el proceso disciplinario ante la existencia de cosa juzgada, por existir identidad de partes, causa y objeto; allí se decidió:

“[…]

PRIMERO: NEGAR la solicitud de reposición y apelación del auto del 24 de septiembre de 2015, emitido por la Viceprocuraduría General de la Nación, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR LA TERMINACIÓN DEL PROCESO DISCIPLINARIO RADICADO COMO IUS 87621- 2010 acorde a las consideraciones realizadas en el presente proveído.

TERCERO: ORDENAR EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS DISCIPLINARIAS, a favor del ingeniero Mariano Pinilla Poveda, en su calidad de Curador Urbano No. 5 de Bogotá.
[…]”

7.3. Análisis de la Sala

Acorde con los aspectos planteados en la impugnación, la Sala observa que los cargos contra el acto administrativo demandado corresponden, en primer término, a la falta de competencia para la expedición del mismo, que bien puede concurrir con la formulación del desconocimiento del principio non bis in ídem y de cosa juzgada, pues todos ellos tienen relación con el proceso adelantado ante la Procuraduría General de la Nación; y en segundo lugar, se trata de cargos por falsa motivación.

7.3.1. Falta de competencia, non bis in ídem y cosa juzgada:

¿Incurre en nulidad por falta de competencia, violación de los principios non bis in ídem y cosa juzgada, los actos administrativos proferidos por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, que sancionaron a un Curador Urbano por las fallas cometidas en el ejercicio de su profesión, cuando también se le adelantó una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación en la cual fue absuelto?

Para efecto de responder este primer planteamiento es menester tener en cuenta lo siguiente:

7.3.1.1. El derecho ético tiene relación con el quebrantamiento de un derecho, de un deber o de una prohibición prevista ya sea en la Constitución o en la ley; constituyendo falta la conducta que viole el derecho o el deber protegido por la ley, cualquiera que sea la forma en que ella se realice.

7.3.1.2. Lo que este derecho castiga es el comportamiento humano contrario a los deberes que en el caso de las profesiones se imponen a quienes las ejercen; por ende, los actos de carácter sancionatorio expedidos por los Tribunales Ético Profesionales disciplinan las conductas que atentan contra la ética de la respectiva profesión.

7.3.1.3. En ese sentido, como lo ha dicho la Corte Constitucional: “Las profesiones no son actividades meramente individuales que persigan únicamente metas de carácter particular relacionadas con el ámbito de conocimiento o desempeño profesional que les es propio. Las profesiones se orientan también por criterios de comportamiento y buscan realizar su tarea de conformidad con cánones de excelencia y calidad así como contribuir al mejoramiento de la sociedad. En razón de lo anterior, el artículo 26 de la Constitución Nacional le confiere a la Ley la facultad de regular las profesiones no sólo con miras a minimizar el riesgo que puede derivarse de su ejercicio sino también con el propósito de determinar un conjunto de deberes y prohibiciones para que las actividades realizadas por los profesionales se ajuste a unos mínimos éticos y concuerde con el ambiente axiológico fijado por la Constitución de 1991 en donde se consignan los valores, principios y derechos constitucionales fundamentales. (…).”

7.3.1.4. La doctrina, por su parte, ha destacado que el derecho ético, visto desde su concepción sociológica, fue establecido a favor del Estado, de la profesión y de la comunidad. “(…) En él basta la antijuridicidad para cumplir la exigencia constitucional de “legalidad” impuesta a todo el Derecho Sancionatorio, porque toda conducta dañina es punible. (…)”

7.3.1.5. La doctrina también ha distinguido que “(…)Aún en los países que mantienen con mayor rigor el monopolio sancionatorio de los jueces, la Administración, para mantener la “disciplina” interna de su organización, ha dispuesto siempre de un poder disciplinario correlativo en virtud del cual puede imponer sanciones a sus agentes, sanciones atañentes normalmente al régimen funcionarial de los sancionados. (…). Esta potestad disciplinaria sufre luego dos extensiones, a partir de ese núcleo esencial: usuarios de los servicios públicos (…) cuya exigencia se presenta también como una exigencia del funcionamiento regular del servicio; y miembros de las profesiones tituladas, integrados a estos efectos en Colegios Profesionales, cuya articulación sobre el modelo corporativo les permite considerar la actuación de sus miembros como un problema interno.”

7.3.1.6. En este sentido, una misma conducta puede dar lugar a sanciones de diversas categorías, sin que por esto se vulnere el derecho al debido proceso; al respecto la Corte Constitucional ha explicado:

“[…] 5.4. El debido proceso. Matización de principios del derecho penal en la aplicación al derecho administrativo sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a las reglas propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que las garantías mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones administrativas sancionatorias.

No obstante, no todo el derecho es de orden penal y, por lo tanto, no toda sanción soportada en el derecho tiene tal carácter, dado que es posible encontrar “reglas y procedimientos de naturaleza civil, del orden común, de carácter administrativo, sea policivo, correccional, disciplinario o económico, y aún de orden político, de rango constitucional o legal, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan sanciones de diversa categoría, las que, en veces(sic), coinciden sobre los mismos hechos, sin resultar incompatibles o sin ser excluyentes. Cada una de estas regulaciones puede corresponder a órdenes jurídicos parciales y especializados de origen y expresión constitucional; pero, además, bien pueden encontrarse en la ley, ya porque el Constituyente ha reservado a ella la potestad de regulación en la materia, la ha autorizado, o no la prohíbe.”

Dichos órdenes jurídicos parciales y especializados cuentan con sus propias reglas, las cuales pueden diferenciarse de la normatividad sustantiva y procedimental del derecho penal, según se ha indicado. De ahí que esta Corte haya señalado que lo preceptuado por el artículo 29 de la Constitución:  “no es que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las actuaciones judiciales o administrativas o de carácter sancionatorio; en verdad, lo que se propone el Constituyente es que en todo caso de actuación administrativa exista un proceso debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y que asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de origen legal y convencional de todas las personas.”
[…]”

7.3.1.7. Por ende, no constituye falta de competencia ni vulnera los principios de non bis in ídem o de cosa juzgada, el que un Consejo Profesional adelante una investigación por unos mismos hechos que también son motivo de indagación por la Procuraduría General de la Nación, dado que, mientras el primero conoce de las faltas a la ética profesional, a la Procuraduría le corresponde asumir el conocimiento de las posibles faltas disciplinarias cometidas por los servidores públicos o por quien, como en el caso de un curador urbano, es un particular que ejerce funciones públicas.

Acerca del alcance y contenido del principio de non bis in ídem, la Corte Constitucional ha expuesto:

“[…]  la prohibición de doble juicio no se extiende a situaciones en las que una misma conducta da lugar a una pluralidad de sanciones con distinta finalidad. No contradice el principio de non bis in ídem que una misma conducta sea sancionada con pena privativa en sede penal y con destitución de un cargo público, debido al carácter de estos dos tipos de consecuencias jurídicas. […]”

7.3.1.8. En el caso concreto, mediante la Resolución nro. 016 del 5 de febrero de 2010, firmada por el Presidente de la Seccional Cundinamarca del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, el actor fue sancionado con la suspensión de su matrícula profesional de ingeniero durante seis (6) meses, pronunciándose dicho acto frente a la competencia y el ejercicio de la profesión por parte de los curadores urbanos, en el mismo sentido aquí expuesto, es decir, diferenciando claramente la sanción por infracción a la ética de la sanción disciplinaria.

En ese orden de análisis, atendiendo a que la Constitución Política, en el artículo 26, posibilitó que la ley estableciera los respectivos controles para el ejercicio de las profesiones, que para el caso de los ingenieros fue reglamentada mediante la Ley 842 de 2003, y en su artículo 46 ídem precisó que “Se entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Código de Ética Profesional adoptado en virtud de la presente ley”, emerge con meridiana claridad que el COPNIA tenía competencia para sancionar al demandante por las faltas cometidas a la ética profesional y se trató de una sanción independiente de la que por los mismos hechos pudiera imponerle la Procuraduría General de la Nación como Curador, esto es, en el ejercicio de funciones públicas.

Frente a la materia esta Sección ha ilustrado:

“[…] Sobre el particular, la Sala reitera lo que ha sostenido en diversas oportunidades, entre ellas, en sentencia de 29 de noviembre de 2001, (Expediente núm. 6075, Actor: Autos y Camiones de Colombia S.A., Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en cuanto a que la prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho, a que alude el artículo 29 de la Constitución Política, no implica considerar que por un mismo hecho no se puedan infligir varias sanciones, de distinta naturaleza, como ocurre, por ejemplo, cuando un funcionario público incurre en el delito de peculado, conducta esta que no solo puede dar lugar a una sanción penal, sino a una disciplinaria (destitución) y a una administrativa (responsabilidad fiscal), sino que la prohibición opera frente a sanciones de una misma naturaleza.
[…]”

También es importante destacar que la providencia a la que se refiere la parte actora, proferida por esta Corporación el 18 de noviembre de 2003, no es predicable para el caso, toda vez que allí se resolvió un conflicto de competencias suscitado entre el Municipio de Medellín y la Procuraduría General de la Nación, donde el ente territorial pretendía adelantar un proceso disciplinario en contra de un Curador Urbano, con base en lo dispuesto en las Leyes 200 de 1995, 734 de 2002 y el Decreto 1052 de 1998; ahí se dijo:

“[…]

Sobre este punto, la Sala considera útil precisar que, (…) la norma que actualmente regula la competencia y el régimen disciplinario de los curadores urbanos, entendidos como particulares que ejercen funciones públicas, es la Ley 734 de 2002 vigente desde el 5 de mayo del mismo año.

(…)

Según las normas transcritas resulta claro que los curadores urbanos, quienes son particulares disciplinables conforme al nuevo Código Disciplinario, deben ser investigados y sancionados exclusivamente por la Procuraduría General de la Nación y, en consecuencia, sin lugar a consideración adicional, se declarará que es ésta autoridad la competente para adelantar la investigación disciplinaria a que haya lugar contra el Curador Urbano Tercero de Medellín, Antioquia, por razón de la queja formulada por la señora Salazar Escobar. Se reitera por tanto la decisión de la Sala en asunto similar.

[…]”

Comoquiera que en el asunto bajo examen el acto sancionatorio proferido por el COPNIA no tuvo como sustento la Ley 734 de 2002, sino la Ley 842 de 2003, por faltas a la ética profesional, se verifica que los fundamentos de hecho y de derecho son distintos y por ende no existe identidad de causa petendi.

En consecuencia, según las razones expuestas, este primer cargo no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que no fue desvirtuada la legalidad que pesa sobre los actos acusados.

7.3.2. Sobre la falsa motivación:

Partiendo de la presunción de legalidad que revisten los actos acusados, al actor le correspondía probar que éstos fueron indebidamente motivados; al respecto aquel afirma que, acorde con el artículo 45 del Decreto 1052 de 1998, vigente para la época del trámite de la licencia que suscitó la investigación, existía una incompatibilidad para ejercer la profesión de ingeniero por ser curador urbano, cuya función se limitaba a la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación para el otorgamiento de licencias, y tampoco requería la aplicación de los conocimientos propios de su profesión de ingeniería catastral y geodésica.

Sin embargo, para la Sala estos argumentos no son ciertos ni válidos, por las siguientes razones:

7.3.2.1. El demandante fue sancionado por faltar a los deberes a la ética de su profesión de ingeniero, específicamente por:

(i) aprobar la modificación de una licencia de construcción incrementándose el área construida;
(ii) aprobar la Licencia de Construcción No. 05-5-1346 el 13 de diciembre de 2005, sin tener en cuenta la reglamentación sobre usos vigentes, por cuanto el sector era residencial y no permitía servicios de alto impacto;
(iii) aprobar la modificación de la licencia de construcción desconociendo los parámetros y volumetría de la estructura arquitectónica existente aprobada, pues se aumentó la volumetría autorizada en la licencia anterior;
(iv) aprobar la respectiva licencia de construcción incumpliendo lo dispuesto en el plan de ordenamiento territorial por permitir el estacionamiento de vehículos y escaleras en antejardines;
(v) no acatar la disposición que estableció que “(…) los patios de los inmuebles colindantes que se empaten con los inmuebles de Interés Cultural, deben coincidir con los de estos últimos, sin generar culatas respecto del inmueble de Interés Cultural y en las dimensiones mínimas que defina la norma del sector respectivo (…).”

7.3.2.2. En los términos del artículo 9 de la Ley 810 de 2003, “El curador urbano es un particular encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, y para el loteo o subdivisión de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de parcelación, urbanización, edificación, demolición o de loteo o subdivisión de predios, en las zonas o áreas del municipio o distrito que la administración municipal o distrital le haya determinado como de su jurisdicción.// La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción.”

7.3.2.3. El COPNIA informó en la contestación de la demanda que el señor Mariano Ospina Poveda obtuvo su matrícula profesional número 25222-29313 el 18 de agosto de 1988, de conformidad con la Resolución Seccional nro. 56 del 9 de agosto de 1988 del Consejo Seccional de Cundinamarca, confirmada por el Consejo Nacional a través de la Resolución nacional nro. 98 del 18 de agosto de 1988, como ingeniero catastral y geodesta egresado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

7.3.2.4. Acorde con el plan de estudios en Ingeniería Catastral y Geodésica, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el estudiante que allí curse su carrera debe aprobar, entre otras materias, las de planeación, ordenamiento territorial, catastro, valorización, entre otras.

7.3.2.5. Por consiguiente, la ingeniería catastral y geodésica sí tiene relación con las funciones que para la fecha de los hechos ejercía un curador urbano, pues la ley vigente para ese momento no exigía tener el título de ingeniero civil, sino la profesión de ingeniero [en cualquiera de sus especialidades].

En efecto, el literal a) numeral 1) del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, disponía que para ocupar el cargo de Curador Urbano debía cumplirse el requisito de tener título profesional de arquitecto, ingeniero o posgraduado de urbanismo o planificación regional urbana; el cual fue modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003 que exigió para ser curador urbano tener la profesión de ingeniero civil o arquitecto o posgraduado de urbanismo o planificación regional o urbana

7.3.2.6. Se sigue de ello que la función de un curador está estrechamente relacionada con su deber profesional de contribuir al desarrollo armónico de la ciudad; por ello debe ser consciente del papel que cumple en la sociedad y en la planificación territorial.

Al respecto, la Ley 842 del 9 de octubre 2003, “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones,” en su artículo 35 previó:

“[…] ARTÍCULO 35. DEBERES DE LOS PROFESIONALES PARA CON LA DIGNIDAD DE SUS PROFESIONES. Son deberes de los profesionales de quienes trata este Código para con la dignidad de sus profesiones:

(…)

b) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaras que incidan en actos de estas profesiones, así como denunciar todas sus transgresiones;

c) Velar por el buen prestigio de estas profesiones;

[…]”

En estos términos, la aprobación de la modificación de una licencia de construcción sí implica la utilización de los conocimientos propios de un ingeniero y por ello resulta válido argüir que, de un curador urbano incurrir en faltas a la ética de su profesión, puede ser sancionado por estos hechos, como lo advierten los actos acusados.

Ahora bien, para calificar la conducta del actor y los criterios para determinar la gravedad de la falta, se explicó en el acto acusado que aquél había puesto en riesgo a la sociedad vulnerando el Código de Ética de la ingeniería, así:

“[…] La conducta fue calificada (pliego de cargos) como CULPOSA puesto que el ingeniero No tuvo la inten[c]ión de causar un daño, pero su actuar fue imprudente y negligente ya que no previó las consecuencias, o habiéndolas previsto omitió los cuidados necesarios para que estas consecuencias no se presentaran.
De igual forma luego de analizar (en el pliego de cargos) los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, dispuestos en el artículo 52 de la Ley 842 de 2003, se concluyó que fue GRAVE.

Por lo tanto de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 842 de 2003, encontrándose probados los cargos endilgados y calificándose la conducta como culposa- grave, el ingeniero MARIANO PINILLA POVEDA será sancionado con la suspensión de su matrícula por seis (6) meses.

De esta manera el ingeniero MARIANO PINILLA POVEDA con su actuar negligente en el ejercicio de la ingeniería pone en riesgo a la sociedad vulnerando el Código de Ética de la Ingeniería Ley 842 de 2003.

[…]”

Sobre el alcance de la conducta sancionatoria conviene recordar que, mediante la Resolución nro. 1034 del 26 de diciembre de 2007, el Secretario Distrital de Planeación Ad-Hoc de Bogotá decidió la solicitud de revocatoria directa de la Licencia de Construcción para modificación LC 05-5-1346 del 13 de diciembre de 2005, expedida por el Curador Urbano No. 5, revocando la misma; allí se indicó:

“[…]

De acuerdo con lo demostrado en el literal b) del presente acápite, la licencia LC 05-5-1346 del 20 de diciembre de 2005 fue expedida en abierta y evidente trasgresión de las disposiciones vigentes para usos y tratamientos y conforme a la ubicación del predio en la AC 85 7-13, en cuanto se inobservaron claros y expresos mandatos normativos que impedían la aprobación de la licencia en los términos expedida, exigencias de las que se ha demostrado suficientemente constituyen un imperativo legal a cargo, en este caso, del Curador Urbano nro. 5 de la ciudad, (…).
[…]”

Corolario de lo expuesto, no es posible concluir que los actos acusados hayan estado falsamente motivados, siendo evidente que el ejercicio del cargo de Curador Urbano implica tener los conocimientos propios de la profesión de ingeniero, dado que le corresponde aprobar licencias de construcción; en ese sentido, no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que un curador urbano no puede incurrir en faltas a la ética profesional de un ingeniero, ya que, bajo los parámetros aludidos, no existe la predicada incompatibilidad entre la curaduría y el ejercicio de la profesión de ingeniero, lo que conduce indefectiblemente a que este cargo tampoco pueda prosperar.

Por último, en cuanto a la atipicidad de la conducta:

El actor manifiesta que el COPNIA no estableció qué actividades, según el artículo 2 de la Ley 842 de 2003, habría ejercido como curador urbano en aras de determinar los elementos que configuraban la falta a la ética profesional, argumento frente al cual la Sala destaca que el derecho ético no se ocupa de tipos delictivos sino de comportamientos humanos; lo que implica una conducta acorde con la misión que se le encarga para el ejercicio de la función pública y el fin que ella persigue.

Así lo ha explicado la doctrina al señalar: “(…) No existe en él, por tanto, el concepto de tipicidad. Las conductas que trae la ley sólo tienen el carácter de ejemplos, pues también constituye falta cualquiera otra violación a los deberes que impone la ley a los profesionales respectivos, o a los derechos que la misma establece a favor de los clientes de éstos. (…)

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 2° de la Ley 842 de 2003 previó:
“[…]

ARTÍCULO 2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como:

Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad;

Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos;

La planeación del transporte aéreo, terrestre y náutico y en general, todo asunto relacionado con la ejecución o desarrollo de las tareas o actividades de las profesiones especificadas en los subgrupos 02 y 03 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones o normas que la sustituyan o complementen, en cuanto a la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares se refiere. También se entiende por ejercicio de la profesión para los efectos de esta ley, el presentarse o anunciarse como ingeniero o acceder a un cargo de nivel profesional utilizando dicho título.

[…]”

Precisamente bajo el análisis de la norma transcrita los actos administrativos acusados definen su alcance en los siguientes términos, que la Sala comparte:

“[…] no puede afirmarse que dentro de la enunciación de las actividades del artículo 2 de la ley 842 de 2003 no se encuentren las actividades realizadas por un curador urbano en el ejercicio de sus funciones y que su cargo no sea en sí mismo ejercicio de la ingeniería cuando para acceder al mismo, se cumplió con el requisito de ser graduado en ingeniería y se utilizó dicho título para acceder al cargo.

El curador urbano se encarga de estudiar, tramitar y expedir licencias (de parcelación, urbanismo, construcción o demolición, loteo o subdivisión de predios) para los proyectos que presenta el interesado con el fin de obtener la licencia que sea del caso.

La elaboración y presentación de estos proyectos de licencia, por parte del solicitante, implica el ejercicio de la ingeniería y deben cumplir con las normas urbanísticas y de edificación -sismoresistencia-; estos proyectos son estudiados por la curaduría con el fin de determinar si se adecúan a lo dispuesto en estas normas. Este estudio es "la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación”, lo cual significa ni más ni menos que ejercer la ingeniería por parte del curador urbano.

(...)

En el literal a) del artículo 2 de la ley 842 de 2003 hacen parte del ejercicio de la ingeniería los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo..., la construcción... de edificio y viviendas de toda índole (resaltado en el documento; en el literal b) "los estudios, proyectos, diseños..., geológicos, geodésicos, geográficos...".

[…]”

(destacado original)

Bajo los presupuestos indicados y teniendo en cuenta que: (i) El curador urbano tiene el deber ético de contribuir en el adecuado desarrollo de las ciudades, expidiendo licencias que observen los requisitos establecidos, para ello; (ii) precisamente por esa razón se le exige conocimiento en ingeniería, para que los aplique en el desarrollo de la función pública encomendada, y (iii) es evidente que su deber consiste en desarrollar una conducta que le dé tranquilidad a la ciudadanía sobre la tarea que se la ha encargado, no se observa que los actos acusados hayan desbordado los fines de la función asignada a la autoridad sancionatoria.

Corolario de lo señalado, la Sala concluye que no fue desvirtuada la legalidad de los actos acusados lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia, como en efecto se hará en la parte resolutiva.

Por último dado que la profesional del derecho Natalia Rojas González, quien actuaba como apoderada de la parte demandada, presentó el 30 de julio de 2015 renuncia al poder el cual fue aceptado por el representante legal, se aceptará la misma y comoquiera que se designó como apoderado del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería el abogado Jorge Iván Flórez Blandón, se le reconocerá personería adjetiva para actuar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A LL A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN PRIMERA – SUBSECCIÓN B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Tener por bien presentada la renuncia al poder radicada por la profesional del derecho Natalia Rojas González, quien actuaba como apoderada del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y reconocer personería para actuar como apoderado de la misma entidad al profesional del derecho Jorge Iván Flórez Blandón identificado con la cédula de ciudadanía número 4.513.623 y tarjeta profesional número 162.921 del Consejo Superior de la Judicatura.

TERCERO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Folios 322 a 333 carpeta nro. 2
Folios 393 a 417 cuaderno 1 anexos.
Folios 1 a 32 del cuaderno principal.

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 18 de septiembre de 2003. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2003-00892-01. En el mismo sentido providencia del 6 de mayo de 2003. C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Expediente radicación número 11001-03-15-000-2003-0183.01 y providencia del 22 de abril de 2003. C.
P. Alier Eduardo Hernández. Expediente radicación número 11001-03-15-000-2003-0182-01.
Folio 1 a 32 del cuaderno principal.
Folio 35 del cuaderno principal.
Folio 36 a 37 del cuaderno principal.
Folio 39 a 42 del cuaderno principal.
Folios 56 a 115 del cuaderno principal.
Folios 252 a 253 del cuaderno principal.
Folio 299 del cuaderno principal.
Folio 395 del cuaderno principal.
Folios 314 a 357 del cuaderno principal.
C- 899 del 30 de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Consejo de Estado- Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de diciembre de 2006. Expediente nro. 11001-03-06-000-2006-00064-00 (1756).
Expediente radicación 11001-03-15-000-2003-00892-01.
Folio 2 cuaderno apelación.
Folio 4 cuaderno apelación.
Folio 12 del cuaderno apelación.
Folio 13 a 23 cuaderno apelación.
Folio 223 de la Carpeta No. 2.
Folio 45 a 48 y 125 de la Carpeta No. 1.
Folio 1 al 18 de la Carpeta No. 1.
Folios 28 a 30 carpeta nro. 1.
Folios 33 a 37 carpeta nro. 1.
Folios 245 a 271 de la Carpeta No. 2.
Folios 384 al 390 de la Carpeta nro. 2.
Folios 322 a 333 de la carpeta nro. 2.
Folios 393 a 416 carpeta nro. 2.
Folio 66 cuaderno 2.
Folios 72 a 76 cuaderno 2.
GIRALDO ÁNGEL JAIME, Lo Ético en el Derecho. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2013, págs. 1 y 2.

Corte Constitucional. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia C- 213 del 21 de marzo de 2007.
GIRALDO ÁNGEL JAIME, Op. cit. págs. 96 y 97.
GARCÍA DE ENTERRÍA EDUARDO. FERNÁNDEZ TOMÁS- RAMÓN. Curso de Derecho Administrativo. II. Civitas. 2013, pág. 176.
Corte Constitucional. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia C- 595 del 27 de julio de 2010.
Sentencia C-599 de 1992.
Ibídem.
En los términos del artículo 101 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones,” a su vez modificado por el artículo 9 de la Ley 810 del 13 de junio de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones,” el Curador Urbano ejerce la función pública para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y de construcción.

Corte Constitucional. Sentencia T-196 del 17 de abril de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.

El principio de non bis in ídem prohíbe que se imponga a una persona más de una sanción de la misma naturaleza por la comisión de un mismo hecho. Dicho principio constituye una garantía esencial del derecho penal contemporáneo e integra, sin duda, el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, está proscrito al legislador sancionar, a través de distintos tipos y en una misma rama del derecho, una misma e idéntica conducta. No obstante, dicho principio no prohíbe que una persona pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza diferente -vgr. pecuniaria, disciplinaria, administrativa o penal- por la comisión de un mismo hecho. En este sentido, por ejemplo, la Corte ha establecido que la posibilidad legal de que un funcionario público resulte sancionado penal y disciplinariamente por haber incurrido en un delito que, al mismo tiempo, constituye falta administrativa, no vulnera el principio mencionado.” Corte Constitucional, sentencia T-260 de 1999, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Folios 2 a 13 cuaderno anexos y folios 322 a 333 carpeta 2 proceso.
ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 14 de marzo de 2002. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Radicación número: 25000-23-24-000-1999-00228-01(5863).
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 6 de mayo de 2003. C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Expediente radicación Radicación número: 11001-03-15-000-2003-0183-01(C).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 22 de abril de 2003 dictado en el expediente N° C-0182.
Conforme lo ha expuesto esta Corporación, “(…) si con sujeción al principio de legalidad la actividad de la Administración debe someterse plenamente a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha realizado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad. (...) Así las cosas, se entiende que todo acto administrativo una vez ejecutoriado produce a plenitud su efectos y se impone su obligatorio cumplimiento por parte de todos los destinatarios hasta tanto la administración no declare lo contrario, por lo cual quien pretenda su nulidad no sólo tiene la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los hechos en que se sustenta esa ilegalidad. (…)”. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de mayo de 2015. Expediente Radicación número: 76001-23-31-000-2001-00145-01(35625). M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
“Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.”

Folio 71 cuaderno 2.
Página https://ingenieria.udistrital.edu.co/ Consulta realizada el 17 de julio de 2018.
Modificada por la Ley 1325 del 13 de julio de 2009.
Folio 332 vuelto carpeta nro. 2.
Folios 245 a 271 de la Carpeta No. 2.
GIRALDO ÁNGEL JAIME, Lo Ético en el Derecho. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2013, pág.97.
Resolución nro. 016 del 5 de febrero de 2010, por la cual se falló en primera instancia la investigación nro. CND-PD-2008-00010. Folios 2 a 13 cuaderno anexos y folios 322 a 333 carpeta 2 proceso.
Folio 34 cuaderno apelación.
Folios 36 a 43 cuaderno apelación.

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