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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00466-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00466-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia núm. 159 de 5 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C», en Descongestión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00466-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Radicación: 25000-2324-000-2011-00466-01

Demandante: PARTIDO ALAS

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tema: PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS- PÉRDIDA DE PERSONERÍA
JURÍDICA- FINANCIACIÓN ESTATAL- FUNCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL - REVOCATORIA DIRECTA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS-
REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO
PARTICULAR SIN CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DEL PARTICULAR-
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO GENERAL- SE CONFIRMA LA
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Partido Alas, parte
demandante, contra la sentencia núm. 159 de 5 de agosto de 2013, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
«C», en Descongestión denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones de la demanda

1. El Partido Alas, por conducto de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó escrito de demanda con el
fin de que se declare la nulidad de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 20102 y

1 El presente proceso se encuentra digitalizado en la Sede Electrónica SAMAI. Radicado: 25000-2324-000-

2011-00466-01. Índice 41.
2 «Por la cual se revoca parcialmente la resolución 284 de 2010 mediante la cual se “fija la cuantía y se distribuye

entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, los recursos estatales asignados al
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento
de los mismos para la vigencia de 2010 y se determina el porcentaje correspondiente a la deducción del costo
con destino al sistema de auditoría externa».

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Demandante: Partido Alas

de la Resolución 2346 de 21 de diciembre de 20103, ambas expedidas por el
Consejo Nacional Electoral4. En apoyo de lo anterior, elevó las siguientes
pretensiones:

«[…] PRIMERA: Se declare la nulidad de las resoluciones No. 2157 del 26 de
octubre de 2010 y 2346 del 21 de diciembre de 2010, expedidas por el Consejo
Nacional Electoral, en cuanto revocaron el inciso primero del artículo octavo de
la Resolución No. 284 de 2010 proferido por la misma colectividad.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se restablezcan los derechos
de mi mandante, es decir se declare que la Resolución No. 284 de 2010 tiene
plena aplicación y con base en esta regulación se reconozca la financiación que
le corresponde al Partido Alas hasta el momento en que quedó ejecutoriada la
resolución que declaró su pérdida de personería jurídica.

TERCERA: Como consecuencia de las pretensiones anteriores, se ordene al
Consejo Nacional Electoral que cancele al Partido Alas los recursos estatales
asignados al Fondo Nacional de Partidos y Campañas Electorales para la
financiación y funcionamiento de los mismos para el año 2010, según lo
dispuesto en la integralidad de la Resolución No. 284 de 2010, incluyendo el
primer inciso del artículo octavo, así como todos los demás perjuicios que se le
hubieren causado con ocasión de la falta de pago oportuna (sic) que se
acreditarán en el curso del proceso, incluyendo los intereses moratorios y la
debida corrección monetaria.

CUARTA: Se condene en costas, incluyendo agencias en derecho al Consejo
Nacional Electoral».

I.1.2. Los hechos que sirven de sustento a la demanda

2. La parte demandante sustentó sus pretensiones en los siguientes hechos
relevantes:

(i) El Consejo Nacional Electoral, expidió la Resolución 284 de 16 de febrero de
2010, por medio de la cual fijó la cuantía y ordenó la distribución de los recursos
estatales asignados al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente
para la financiación del funcionamiento de los mismos, vigencia del 2010, y
determinó el porcentaje correspondiente a la deducción del costo con destino al
sistema de auditoría externa.

(ii) Aludió al contenido normativo de los artículos 1°, 2°, 3° y 40 de la referida
Resolución 284 de 16 de febrero de 2010, enfatizando en la distribución de los
recursos que fueron asignados a los partidos y movimientos políticos para el período
comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 19 de julio de 2010.

3 «Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 2157 del 26 de octubre

de 2010».
4 Folios 1 a 13 del Cuaderno Principal.

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Demandante: Partido Alas

(iii) El artículo 8° de la Resolución 284 de 16 de febrero de 2010, es del siguiente
tenor:

«[…] En el evento que se extinga la personería jurídica de uno o varios
Movimientos o Partidos Políticos, se liquidarán los recursos de funcionamiento
proporcionalmente hasta la fecha en que quede ejecutoriado el acto
administrativo que decida la pérdida de dicha personería jurídica a cada
organización política.

Los partidos y movimientos políticos, a través de sus Representantes Legales,
a los cuales se les extinga la personería jurídica, están obligados a la rendición
de sus informes sobre el manejo dado a los recursos estatales otorgados
durante la actual vigencia, dentro del término máximo contemplado en el literal
a) del artículo 18 de la Ley 130 de 1994. Los dineros sobrantes serán objeto de
una nueva distribución de acuerdo con los términos que prescribe la Ley».

(iv) La citada resolución fue notificada a los representantes de los partidos políticos
y no fue impugnada, quedando debidamente ejecutoriada.

(v) El Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución 2157 de 26 de octubre de
2010 -decisión enjuiciada- a través de la cual ordenó derogar parcialmente el inciso
primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 16 de febrero de 2010 -antes
transcrito-.

(vi) El Partido Alas, inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de
reposición por considerar que el Consejo Nacional Electoral no podía revocar el
contenido del inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 16 de febrero
de 2010, sin que mediara el consentimiento previo de los partidos y movimientos
políticos afectados y, para tal propósito, solicitó que se liquidaran los recursos de
financiamiento respectivos para el año 2010.

(vii) El Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 2346 de 21 de
diciembre de 2010 - acto enjuiciado- desató los recursos de reposición interpuestos
por varios partidos políticos, entre ellos, el incoado por el Partido Alas, en el sentido
de confirmar la decisión recurrida. El contenido del referido acto administrativo fue
notificado al Partido Alas mediante edicto fijado el día 14 de febrero de 2011 y
desfijado el día 25 de febrero de esa anualidad. Esta decisión contó con los
salvamentos de voto de los ex Magistrados del Consejo Nacional Electoral, Gilberto
Rondón González y Luis Bernardo Franco Ramírez.

(viii) Con ocasión de los actos administrativos enjuiciados, el Partido Alas no pudo
percibir los valores correspondientes a los recursos por funcionamiento para el
segundo semestre de 2010 y la falta de dichos recursos le impidió desarrollar las
actividades políticas previstas en sus directivas y, por ende, se le conculcó el
derecho a elegir y ser elegido.

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Demandante: Partido Alas

I.1.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

3. La parte demandante consideró que el Consejo Nacional Electoral transgredió
las siguientes normas: los artículos 2°, 6°, 29 y 73 de la Constitución Política y; los
artículos 14, 28, 35, 69, 73 y 84 del Código Contencioso Administrativo. El concepto
de violación se justificó en los siguientes argumentos:

(i) «Violación de los artículos 2° y 6° de la Carta Política, artículos 69 y 73 del
Código Contencioso Administrativo y del principio constitucional de la buena
fe»

4. El actor indicó que, en observancia a los principios de la seguridad jurídica y la
buena fe como pilares fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, los actos
administrativos de contenido particular o concreto no pueden ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular de los derechos pues dichos
actos implican la creación, modificación o reconocimiento de prerrogativas de
naturaleza individual y determinada.

5. A partir de la anterior premisa, explicó que, mediante el inciso primero del artículo
8° de la Resolución 284 de 2010, el Consejo Nacional Electoral reconoció, a favor
de los partidos políticos, el derecho a recibir los recursos pertenecientes al Fondo
de Financiación de los Partidos y Movimientos Políticos, hasta tanto quede
ejecutoriado el acto administrativo que decidiera la pérdida de la personería jurídica,
es decir, se trata de un acto administrativo de contenido particular creador de
situaciones concretas a favor de sus destinatarios.

6. Luego, y en contravía de los principios de seguridad jurídica y de buena fe, el
Consejo Nacional Electoral resolvió revocar dicha decisión sin que mediara el
consentimiento previo, expreso y escrito de los partidos y movimientos políticos
destinatarios de la Resolución 284 de 2010.

7. También censuró que la entidad demandada omitió explicar la ocurrencia de
alguna de las causales de revocatoria previstas en el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo. En apoyo de lo anterior, anotó que los ex Magistrados
del Consejo Nacional Electoral, Gilberto Rondón González y Bernardo Franco
Ramírez, en el marco de sus salvamentos de voto, señalaron que la autoridad
electoral no había obtenido previamente, de forma expresa y por escrito los
consentimientos de los destinatarios de la Resolución 284 de 2010.

(ii) «Violación del debido proceso, plasmado en el artículo 29 de la
Constitución Política, por no haber vinculado a los partidos y movimientos
políticos destinatarios de la Resolución 284 de 2010, en el trámite de
expedición de la Resolución 2157 de 2010 del CNE, de conformidad con los
artículos 14, 28 y 73 del Código Contencioso Administrativo»

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Demandante: Partido Alas

8. Reseñó que el Consejo Nacional Electoral desconoció la garantía fundamental
del debido proceso, pues inobservó los artículos 14, 28 y 73 del Código
Contencioso Administrativo. Ello, por cuanto no citó ni ordenó comunicar sobre el
inicio de la actuación administrativa a los partidos y movimientos políticos afectados
e insistió en que la autoridad electoral no obtuvo el consentimiento previo, escrito y
expreso de los partidos políticos destinatarios de la Resolución 284 de 2010. En
apoyo de su aserto, transcribió los salvamentos de voto de los ex Magistrados del
Consejo Nacional Electoral, Gilberto Rondón González y Bernardo Franco Ramírez.

(iii) «Violación de los artículos 2° y 29 de la Constitución Política, 69 del Código
Contencioso Administrativo, porque no se encontraban presentes las
causales de revocatoria anunciadas por el Consejo Nacional Electoral para
revocar el primer inciso del artículo octavo de la Resolución 284 de 2010 del
CNE»

9. Explicó que el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo contempla,
como causales de revocación de los actos administrativos, las siguientes: (i) cuando
sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; (ii) cuando no estén
conformes con el interés público o social o atenten contra él y, (iii) cuando con ellos
se cause un agravio injustificado a una persona.

10. Reprochó que la autoridad electoral demandada no indicó y, mucho menos,
acreditó la ocurrencia de alguna de las causales de revocación directa dispuestas
en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, antes citadas.

(iv) «Violación de la ley, particularmente del artículo 35, por falta de motivación
(artículo 84 CCA)»

11. Manifestó que el Consejo Nacional Electoral no hizo expresas o manifiestas las
causales de revocación del acto administrativo, pues la administración no ofreció
ninguna argumentación acerca de las razones en qué consistió la manifiesta
contradicción del inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010 con la
Constitución Política, la ley y el ordenamiento jurídico. Y agregó que si bien la
Resolución 2346 de 21 de diciembre de 2010, también demandada, intentó
enmendar la omisión del acto administrativo primigenio haciendo alusión a dos
sentencias del Consejo de Estado, no especificó las normas constitucionales y
legales supuestamente transgredidas y tampoco explicó en qué consistió tal
contradicción.

12. Adicionalmente, planteó que el Consejo Nacional Electoral no se pronunció
sobre los siguientes argumentos planteados por el Partido Alas en el recurso de
reposición, estos son, (i) que era necesario que mediara el consentimiento expreso
y escrito de los partidos afectados para que fuera procedente la revocatoria directa
y, (ii) que la Resolución 1959 de 2010, mediante la cual el órgano electoral había
reconocido y negado unas personerías jurídicas a favor de algunos partidos y
movimientos políticos no había cobrado ejecutoria.

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Demandante: Partido Alas

I.2. Contestación de la demanda por parte del Consejo Nacional Electoral

13. El Consejo Nacional Electoral, por conducto de apoderado judicial5, contestó
de manera oportuna la demanda y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones.
En cuanto a los presupuestos fácticos planteados en el escrito introductorio aceptó
como ciertos algunos hechos relatados por el actor y aclaró otros, en el siguiente
sentido:

(i) Precisó que la Resolución 284 de 2010 tuvo por objeto asignar los recursos de
funcionamiento a que tenían derecho los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica para el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el
19 de julio de 2010; recursos que fueron transferidos de manera íntegra a favor del
Partido Alas, no existiendo en dicho acto administrativo derecho adicional.

(ii) Indicó que para el Partido Alas y para todo partido político que contaba con
personería jurídica, el percibir recursos para su funcionamiento a partir del 20 de
julio de 2010, fecha de inicio del nuevo período constitucional del Congreso de la
República constituía una mera expectativa sujeta al cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 108 de la Constitución Política. Por ende, era evidente que
la Resolución 284 de 2010 no generó ningún derecho para el período posterior al
19 de julio de 2010.

(iii) Acotó que el Partido Alas no obtuvo la votación exigida por la Constitución
Política en las elecciones para el Congreso de la República, período constitucional
2010-2014 para mantener la personería jurídica, situación que generó, ipso iure, la
pérdida de dicho atributo y, con ello, de los beneficios que ella conlleva, incluida la
financiación estatal para su funcionamiento.

14. En cuanto al fondo del asunto, alegó que no era cierto que el Consejo Nacional
Electoral, mediante la Resolución 284 de 2010, reconoció el derecho a recibir
financiamiento estatal hasta la ejecutoria del acto administrativo que decidiera la
pérdida de personería jurídica de los partidos o movimientos políticos, por dos
razones:

15. En primer término, porque dicho acto administrativo concedió tal derecho hasta
una fecha cierta, esto es, el 19 de julio de 2010. En segundo lugar, porque el Partido
Alas gozaba de tan solo una mera expectativa para recibir el financiamiento a partir
del 20 de julio de 2010, al encontrarse sujeto al cumplimiento de las condiciones
previstas en la Constitución y en la ley para preservar la personería jurídica, lo cual
no ocurrió en el presente caso pues no obtuvo la votación en las elecciones al
Congreso de la República celebradas en el año 2010 exigida para mantener dicho
atributo.

5 Folios 75 a 85 del Cuaderno Principal.

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16. Puntualizó que, «[…] al establecer la propia Constitución los efectos de la
votación obtenida por cada partido en tales elecciones en relación con la pérdida
de la personería jurídica y de todo lo accesorio a ello» no resultaba posible
pretender que un acto jurídico de inferior jerarquía, como lo es una resolución del
Consejo Nacional Electoral «genere derechos más allá de los contemplados en la
propia Carta». Por lo anterior, advirtió que no era necesario agotar el trámite del
artículo 69 del CCA, en tanto que los actos administrativos acusados no afectaron
derechos o situaciones de carácter particular y concreto.

17. Seguidamente, la autoridad electoral demandada indagó sobre los
antecedentes históricos y normativos del régimen de obtención de la personería
jurídica de los partidos y movimientos políticos, desde la Constitución Política de
1886, hasta la promulgación de la Carta Política de 1991, con el fin de destacar
que, inicialmente, se adoptó un modelo basado en la dimensión cualitativa del
apoyo popular, sin el cual no se podía tener derecho a tal reconocimiento. Ahora
bien, anotó que la implementación de dicho criterio trajo como consecuencia la
proliferación de múltiples organizaciones y partidos políticos que no cumplían con
la función de representar los intereses generales y de servir de intermediarios entre
el Estado y la sociedad, generando una crisis en la legitimidad de las instituciones
democráticas.

18. Explicó que, en este nuevo contexto constitucional se gestó la reforma política
que culminó con la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2003 y luego, del Acto
Legislativo 01 de 2009, el cual consagró un régimen dual de reconocimiento de la
personería de los partidos y movimientos políticos. El primero, que corresponde al
régimen ordinario, «en el que NO basta con alcanzar representación en el
Congreso, sino que es menester obtener un porcentaje mínimo de la votación total
para Senado de la República y de la Nacional para Cámara de Representantes, sin
el cual no se podrá acceder a ella». Al mismo tiempo, existe un régimen
extraordinario destinado a las minorías étnicas y políticas.

19. A partir de desarrollos jurisprudenciales, destacó que el acto administrativo de
reconocimiento de la personería jurídica de un partido político es de tipo declarativo
y, en consecuencia, al Consejo Nacional Electoral solo le corresponde establecer
unos resultados electorales y con base en ellos declarar la correspondiente
elección. En apoyo de lo anterior, citó varios pronunciamientos emanados de esta
Sección que reafirman dicha tesis6.

20. En definitiva y a modo de resumen, indicó que la extinción de la personería
jurídica de los partidos políticos opera ipso iure, por mandato de la Constitución
Política, por la no obtención de la votación exigida por la Carta Política para
preservarla, incluso sin necesidad de un acto administrativo que así lo declare.

6 Las sentencias son: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia

de 17 de marzo de 20000, radicado: 5291, MP: Olga Inés Navarrete Barrero y; (ii) ) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de 2010, radicado: 11001-0324-
000-2003-00148-01, CP: Marco Antonio Velilla.

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I.3. Sentencia de primera instancia

21. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
«C», en Descongestión, profirió fallo el día 5 de agosto de 2013, por medio del cual
denegó las pretensiones de la demanda. Su parte resolutiva dispuso:

«F A L L A

PRIMERO.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO.- ABSTIÉNESE de condenar en costas.

[…]».

22. El a quo dividió el estudio de la presente controversia en dos problemas
jurídicos, conforme pasa a explicarse a continuación:

(i) Del estudio del primer problema jurídico planteado por el a quo relativo al
desconocimiento del debido proceso y el principio de buena fe de los partidos
políticos pues la entidad demandada «[i]nobservó que no confluyó ninguna
de las causales previstas en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo para revocar la Resolución No. 284 de 2010, siendo este un
acto administrativo de carácter particular y concreto»

23. El Tribunal de la primera instancia estimó que los cargos de nulidad por
violación al debido proceso y el principio de buena fe no estaban llamados a
prosperar, con fundamento en los siguientes argumentos:

24. Recordó el contenido del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo
para señalar que, tratándose de actos administrativos de contenido particular y
concreto o que reconocen un derecho de igual categoría no resulta procedente su
revocatoria sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

25. Sin embargo, señaló que expresamente se permite que la entidad pública
pueda revocar un acto particular y concreto sin el consentimiento del titular, cuando
(i) el acto ha sido el resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo;
además, (ii) si se dan las causales generales de revocatoria previstas en el artículo
69 del CCA [esto es, cuando es manifiesta su oposición a la Constitución Política o
a la ley; no está conforme con el interés público o social o atenten contra este; o
causa un agravio injustificado a una persona] y (iii) si fuere evidente que ocurrió por
medios ilegales.

26. Descendió al caso en concreto y, aseguró que el Consejo Nacional Electoral,
mediante la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010, revocó el inciso primero
del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010, toda vez que dicha disposición era

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manifiestamente contraria al artículo 108 de la Constitución Política, esto es, invocó
la primera causal de revocatoria prevista en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo.

27. A continuación, advirtió que el texto normativo revocado disponía que la
liquidación de los recursos de funcionamiento se liquidarían, en el evento de
extinción de la personería jurídica de uno o varios movimientos o partidos políticos,
hasta la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo que decida la
pérdida de dicha personería jurídica a cada organización, y por tal razón, el Consejo
Nacional Electoral, al constatar que las vigencias otorgadas a esas prerrogativas
iban más allá de las fijadas por la Carta Política dispuso dejar sin efectos tal
determinación.

28. Reprodujo el contenido del artículo 108 del Estatuto Superior, modificado por el
Acto Legislativo 1 de 2009 y, de su lectura concluyó, en primer lugar, que el
reconocimiento de la personería jurídica de una organización política está sujeto a
la decisión adoptada por la ciudadanía en los comicios electorales de Cámara de
Representantes o Senado; por ende, debe obedecer a un mínimo de votos emitidos
válidamente en el territorio nacional y, en segundo lugar, la no consecución de tal
exigencia conlleva a la extinción de tal atributo.

29. Anotó que, al Consejo Nacional Electoral, de conformidad con el artículo 265
de la Carta Fundamental, le corresponde reconocer o declarar la extinción de la
personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, y los actos
administrativos que expide revisten una naturaleza meramente declarativa pues su
finalidad no es otra que declarar la comprobación de un hecho objetivo, postura que
cuenta con amplio respaldo jurisprudencial de esta Corporación7.

30. En esa medida, aseguró que no era de recibo la afirmación del accionante quien
señala que la pérdida de la personería jurídica provino de la Resolución 1959 de
2010, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 108 de la Carta Fundamental declaró la extinción, con
efectos a partir del 20 de julio de 2010, de los partidos y movimientos políticos que
no obtuvieron el porcentaje de votos válidos exigidos por el ordenamiento jurídico.

31. Lo anterior pues, a juicio de la primera instancia, los efectos están deferidos por
la Carta Política desde el mismo momento en que el partido o el movimiento político
no obtiene la votación requerida en las elecciones para el Congreso de la
República. De llegar a admitirse una conclusión contraria, opinó, se llegaría al
extremo de «[…] pasar por alto que constituye un derecho superior, en cabeza del
pueblo, la elección de sus mandatarios».

32. Por ello y contrario a lo afirmado por la parte demandante, sostuvo que el inciso
primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010, resultaba contrario a las

7 Citó para ello: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de

diciembre de 2010, radicado: 11001-0324-000-2003-00148-01, MP: Marco Antonio Velilla Moreno.

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disposiciones superiores, puesto que dicha norma permitía que el financiamiento
de una organización política se prolongara, incluso, después de que dicha
colectividad perdiera la personería jurídica.

33. Por esta razón, con fundamento en la sentencia de 16 de junio de 2011 8, el
tribunal de primera instancia observó que no era necesario contar con el
consentimiento del Partido Alas para revocar el inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010, al configurarse la causal genérica de revocatoria
consignada en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, esto es, por
ser manifiesta su oposición a la Constitución Política.

(ii) Estudio del segundo problema jurídico. La falta de motivación

34. El Tribunal de primera instancia, igualmente, despachó negativamente el cargo
de nulidad de falta de motivación. Para ello, precisó que, la Resolución 2157 de 26
de octubre de 2010 y contrario a lo afirmado por el actor sí indicó cuál era la norma
constitucional transgredida por el aparte revocado, pues era evidente su oposición
con la Carta Política.

35. Al mismo tiempo, aseveró que la Resolución 2346 de 21 de diciembre de 2010,
hizo un recuento del desarrollo jurisprudencial sobre el aspecto central de la
controversia, esto es, el relativo a la extinción de la personería jurídica de los
partidos y movimientos políticos.

36. Finalmente, el a quo se abstuvo de valorar el dictamen pericial decretado en la
primera instancia.

I.4. Recurso de apelación interpuesto por el Partido Alas

37. El Partido Alas, por conducto de apoderado judicial e inconforme con la decisión
anterior presentó recurso de apelación, con el fin de obtener la revocatoria del fallo
de primera instancia, apoyado en los siguientes motivos de alzada:

(i) No es cierto que el Consejo Nacional Electoral podía revocar directamente
el acto administrativo de carácter particular, al haberse configurado una de
las causales genéricas de revocación previstas en el artículo 69 del CCA

38. Precisó que el a quo realizó una interpretación errónea sobre los supuestos en
los cuales resulta procedente revocar directamente un acto administrativo de
carácter particular sin contar con el consentimiento del titular del derecho.

39. Al respecto, anotó que la tesis de la Sala Plena y de las Secciones de esta
Corporación ha sido pacífica en torno a las hipótesis en las cuales resulta

8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de junio de 2011,

MP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Radicación: 25000-2324-000-2011-00466-01
Demandante: Partido Alas

procedente revocar un acto administrativo de carácter particular sin obtener el
consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. La primera, cuando el acto
ha sido producido por el silencio administrativo positivo, si se dan las causales
previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, y la segunda,
cuando resulta evidente que el acto que se pretende revocar se originó por medios
ilegales.

40. En esa medida, a su juicio, «[…] la interpretación del Tribunal segrega la
primera causal de revocatoria de los actos administrativos particulares sin
consentimiento del titular para cuando se dan las causales del 69 CCA. Dejando de
lado la exigencia que hizo el propio Consejo de Estado y es que esa primera causal
es para actos administrativos como resultado del silencio administrativo positivo y
respecto de ellos se puede predicar la existencia de algunas de las causales del
artículo 69 CCA».

41. Aseveró que el a quo olvidó que la exigencia jurídica para permitir la revocatoria
directa del acto administrativo se refería a aquellos actos derivados del silencio
administrativo positivo en que concurría alguna de las causales del artículo 69 del
CCA. De ahí que, en el presente caso, se requería el consentimiento previo del
titular de los derechos.

(ii) No es cierto que un partido político pierda la personería jurídica desde el
momento en el que tales agrupaciones no consiguen el respaldo popular
correspondiente al 2% de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en las votaciones para el Congreso de la República y que el acto que
expide el Consejo Nacional Electoral que reconoce dicha circunstancia es
meramente declarativo

42. En primer término, controvirtió la afirmación del Tribunal de primera instancia
cuando de manera puntual señaló que la operancia de la pérdida de personería
jurídica «[…] tiene efectos desde el momento mismo en que el movimiento o partido
político no obtuvo la votación requerida en las elecciones».

43. Lo anterior debido a que, según el artículo 108 del Estatuto Superior, tanto el
reconocimiento de un partido político como la pérdida de la personería jurídica
requieren de la existencia de un acto administrativo expedido por el Consejo
Nacional Electoral, destacando que «[m]mientras no exista un reconocimiento de
personería jurídica de un partido político, por medio de un acto administrativo no
puede pretenderse que existe un partido político. De igual manera, mientras no
exista un acto administrativo que declare la pérdida de personería jurídica, mal
puede pretenderse la extinción jurídica de la agrupación política».

44. Agregó que, si la voluntad del constituyente hubiese sido que el reconocimiento
y pérdida de la personería jurídica de los partidos políticos operara de pleno
derecho, aquel no hubiere impuesto la obligación a la autoridad electoral de proferir
un acto administrativo en tal sentido. Destacó que, en todo caso, dicha obligación

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Demandante: Partido Alas

constitucional resulta razonable pues, «[…] el Consejo Nacional Electoral tiene que
constatar que se cumplieron los requisitos para que un partido política (sic) surja a
la vida jurídica o desaparezca de ella. El constituyente consideró necesario ese
examen, para evitar que surgieran por doquier partidos políticos, como para
garantizar que la muerte jurídica de ellos ocurría por las causales fijadas en la
propia ley».

45. Manifestó que, si desde el punto de vista constitucional, se exige la expedición
de un acto administrativo que declare la pérdida de personería jurídica no puede
pretenderse que dicha manifestación de la autoridad electoral surta efectos con
anterioridad, pues ello supondría la aplicación retroactiva del acto administrativo,
en abierta contradicción con lo dispuesto en los artículos 55, 61, 62 y 64 del Código
Contencioso Administrativo, hoy 72 y 87 del CPACA.

46. Indicó que no es posible predicar que la adquisición o pérdida de la personería
jurídica opera ipso iure, pues requiere siempre de la declaración de la autoridad
electoral, por lo que, mientras dichos actos administrativos no se encuentren en
firme no puede predicarse que hubiere nacido o muerto un partido político.

47. Seguidamente, advirtió que no era dable entender que el acto administrativo
que declara la pérdida de la personería jurídica tiene efectos retroactivos, por
cuanto tal decisión es susceptible de ser controvertida, a través del recurso de
reposición, el cual se concede en el efecto suspensivo. Y agregó que de llegar a
admitirse la interpretación del tribunal se produciría un vaciamiento de las funciones
del Consejo Nacional Electoral.

48. Aludió al contenido del auto de 2 de julio de 2013, «como refuerzo
argumentativo», que fuere proferido dentro del proceso identificado con el radicado
11001 0324 000 2011 00138, mediante el cual, la Consejera a cargo de la
sustanciación de dicho proceso ordenó suspender los efectos jurídicos de los actos
administrativos de pérdida de personería jurídica del Partido Alas, por la razón de
que «[…] incluyeron un efecto de aplicación retroactiva que desconocía los artículos
29 y 58 de la Carta Política».

49. Por eso, indicó que, hasta tanto no quede en firme el acto administrativo que
declara la pérdida de la personería jurídica, el partido político goza de todas las
prerrogativas que le corresponden, incluyendo, el derecho a la financiación estatal.
De ahí que, «[…] el fallo impugnado resulta antijurídico, afecta los derechos
adquiridos de la colectividad política porque se le están cercenando sus
prerrogativas de agrupación política, desde antes de que quede en firme la pérdida
de personería».

50. Consideró que los cargos de nulidad de la demanda segundo, tercero y cuarto,
a pesar de haber sido sustentados de manera oportuna «quedaron huérfanos de
resolución por parte del A quo». En esa medida, solicitó su análisis ante esta
instancia procesal.

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Demandante: Partido Alas

(iii) Los actos censurados desconocen el debido proceso reconocido en el
artículo 29 de la Constitución Política por no haber vinculado a los partidos y
movimientos políticos destinatarios de la Resolución 284 de 2010, en el
trámite de expedición de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010 de
conformidad con los artículos 14, 28 y 73 del Código Contencioso
Administrativo

51. Censuró nuevamente que el Consejo Nacional Electoral no citó y tampoco
dispuso la comunicación del inicio de la actuación a los partidos políticos
destinatarios de la Resolución 284 de 2010 y tampoco obtuvo su consentimiento
previo, escrito y expreso. En apoyo a su tesis, adhirió a los planteamientos
esbozados por los ex Magistrados del Consejo Nacional Electoral Gilberto Rondón
González y Bernardo Franco Ramírez, en sus salvamentos de voto.

(iv) Los actos acusados desconocen los artículos 2° y 29 de la Constitución
Política, 69 del Código Contencioso Administrativo porque no se encontraban
presentes las causales de revocatoria anunciadas por el Consejo Nacional
Electoral para dejar sin efectos el inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010;

52. Tras recordar el contenido del artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo que establece las causales de revocación de los actos
administrativos advirtió que la entidad pública demandada no indicó y, menos,
acreditó la ocurrencia de alguna de las causales de revocación directa para dejar
sin efectos el inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010.

53. Sobre este punto, precisó que «[…] si se lee con detenimiento la Resolución
No. 2346 de 2010 se observa que no plantea que se hubiere presentado alguna de
las causales de revocatoria directa del artículo 69 del C.C.A., ni tampoco explicó
cuales (sic) fueron las normas constitucionales o legales que hubiere contrariado el
artículo octavo, inciso primero de la Resolución No. 284 de 2010».

(v) Los actos acusados no se encuentran debidamente motivados

54. Insistió en que el Consejo Nacional Electoral no hizo expresas o manifiestas las
causales de revocación del acto administrativo, pues la administración no ofreció
ninguna argumentación acerca de las razones en qué consistió la notoria
contradicción del inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010 con la
Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico.

I.5. Trámite en segunda instancia

55. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C», en Descongestión, mediante
Auto núm. 522 de 4 de septiembre de 2013. Luego de ser remitido y repartido el

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Demandante: Partido Alas

presente proceso entre los diferentes despachos que integran la Sección Primera,
a través de auto de 21 de abril de 20149 se admitió el recurso de apelación;
mediante providencia de 25 de mayo de 201610 se negó la solicitud de pruebas
presentada por la parte actora11 y, en proveído de 30 de septiembre de 201612 se
corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para que alegaran de
conclusión y este último rindiera concepto. En esta etapa procesal, se pronunciaron
el Partido Alas y el agente del Ministerio Público. La parte demandada guardó
silencio.

I.6. Alegatos de conclusión

56. La parte demandante reiteró, en esencia, los mismos argumentos esgrimidos
en el recurso de alzada, en el siguiente sentido:

(i) Según los artículos 108 y 265 de la Constitución Política, en consonancia con
los artículos 3° y 4° de la Ley 130 de 1994, tanto el reconocimiento como la pérdida
de la personería jurídica deben ser reconocidos por el Consejo Nacional Electoral
a través de un acto administrativo, y para ello, a la autoridad electoral le
corresponde comprobar y verificar una serie de requisitos de carácter cuantitativo
y cualitativo para que un partido o movimiento político nazca al mundo jurídico o
desaparezca.

(ii) Mientras el acto administrativo que así lo declara no se encuentre en firme, el
partido o movimiento político goza de todas las prerrogativas, incluyendo el derecho
a la financiación estatal.

(iii) Mal haría en aceptarse que la manifestación de la autoridad electoral mediante
la cual declara la pérdida de la personería jurídica surte efectos jurídicos con
anterioridad, pues ello supondría la aplicación retroactiva del acto administrativo, lo
cual desconoce los artículos 29 y 58 de la Carta Política, así como los artículos 55,
61, 62 y 64 del CCA, hoy 72 y 87 del CPACA.

(iv) El Tribunal de primera instancia erró al segregar la primera causal de
revocatoria de los actos administrativos de contenido particular y concreto sin que
medie el consentimiento del titular, pues la primera hipótesis se refiere a aquellos
actos administrativos derivados del silencio administrativo positivo cuando
concurran alguna de las causales del artículo 69 del CCA.

9 Folio 4 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folio 20 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 La prueba solicitada consistió en: «copia auténtica de la demanda y del auto admisorio con suspensión

provisional proferido el 2 de julio de 2013, en el expediente No. 11001032400020110013800, MP: Dra. María
Claudia Rojas Lasso, prueba que a su juicio es fundamental para corroborar cómo el Consejo Nacional Electoral
incurrió en una flagrante ilegalidad al momento de proferir la Resolución por medio de la cual declaró la pérdida
de la personería jurídica del Partido Alas a partir del 20 de julio de 2010». En dicho proveído se consideró que
no era procedente el decreto de dicha prueba pues no se cumplían alguna de las causales previstas en el
artículo 214 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, en el mismo auto se indicó que ello no era
óbice para que, en caso de considerarse pertinente, la Sala hiciera uso de las facultades oficiosas que en
materia probatoria le asisten.
12 Folio 24 del cuaderno del Consejo de Estado.

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(v) Los actos administrativos enjuiciados no se encuentran debidamente motivados
pues el Consejo Nacional Electoral no hizo expresas o manifiestas las causales de
revocación del acto administrativo e insistió en que si bien la Resolución 2346 de
21 de diciembre de 2010, también demandada, intentó enmendar la omisión del
acto administrativo primigenio, la autoridad electoral se limitó a hacer alusión a dos
sentencias del Consejo de Estado, sin explicar en qué consistía la aparente
contradicción con el ordenamiento superior y tampoco se pronunció sobre los
argumentos esgrimidos por los recurrentes, incluido el Partido Alas.

I.7. El concepto del Ministerio Público

57. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa 13, agente del
Ministerio Público en este proceso, emitió concepto de fondo en el cual solicitó a
esta Corporación la confirmatoria de la sentencia de primera instancia, al considerar
que los argumentos de alzada carecían de vocación de prosperidad.

58. El agente del Ministerio Público indagó sobre los siguientes tópicos: (i) la
revocatoria de los actos administrativos; para luego, estudiar (ii) el financiamiento
de las organizaciones políticas y la pérdida de personería jurídica, así como
también (iii) la naturaleza del acto administrativo que declara la pérdida de la
personería jurídica de un partido político, para finalmente, (iv) arribar al caso en
concreto.

59. En primer término, hizo alusión a la figura de la revocatoria directa regulada en
los artículos 69 a 74 del CCA, la cual definió como una forma de extinción, en sede
administrativa, de los efectos jurídicos de los actos administrativos, con el fin de
ajustar las actuaciones de la administración a la legalidad y al interés general.
También advirtió que, si bien como regla general las autoridades no pueden revocar
actos administrativos de contenido particular y concreto sin el consentimiento
expreso del titular, no es necesario agotar dicho procedimiento cuando se trata de
un acto administrativo derivado del silencio administrativo positivo o cuando el
mismo fue producido por medios ilegales o fraudulentos.

60. Procedió, a continuación, a analizar las normas de orden constitucional que
reconocen el derecho fundamental de asociación política (artículos 40 y 107 de la
Carta Fundamental), la disposición superior que fija los requisitos para la obtención
de la personería jurídica (108 Superior), así como las normas de orden legal, como
el artículo 12 de la Ley 130 de 1994, sobre la obligación a cargo del Estado de
financiar los partidos y movimientos con personería jurídica o representación en el
Estado, prerrogativa que permite el afianzamiento del sistema democrático y la
búsqueda de una organización electoral independiente y neutral.

61. En lo relativo a la naturaleza del acto administrativo que declara la pérdida de
la personería jurídica, adhirió a la postura del Tribunal de primera instancia, en el

13 Dr. Carlos Fernando Mantilla Navarro.

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sentido de señalar que tal manifestación de voluntad es un acto de naturaleza
declarativa. Bajo tal premisa, advirtió que, la extinción de la personería jurídica se
concreta en el momento mismo en que la respectiva organización política no
consigue la votación necesaria en las elecciones para el Congreso de la República,
tesis que encuentra respaldo jurisprudencial por la Sección Primera de esta
Corporación14.

62. Descendió al caso en concreto y, en relación con la aparente omisión del
tribunal de analizar los cargos segundo, tercero y cuarto de la demanda, advirtió
que «[…] si bien su obiter dicta no hizo mención específicamente de los cargos de
manera escueta e individual, de su contenido se infiere que sí analizó los cargos
conjuntamente, tanto es así, que de la lectura esta Delegada puede destacar los
apartes del fallo que se relacionan con los respectivos cargos […]».

63. Añadió, el concepto fiscal, que la revocatoria directa del acto administrativo sí
procedía en el presente caso, en vista de que se estructuró notoriamente la causal
primera del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, esto es, la manifiesta
oposición del inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010 a la
Constitución Política y a la ley, puesto que tal precepto desconocía el artículo 108
de la Carta Política.

64. Lo anterior, bajo la premisa de que «[…] la pérdida o extinción de la personería
jurídica del respectivo partido político, se circunscribe al fenómeno fáctico de la no
obtención correspondiente al 2% de los votos emitidos válidamente en la Cámara
de Representantes o Senado, y por consiguiente el acto administrativo que constata
la anterior situación, del que es competente para su expedición el Consejo Nacional
Electoral, es meramente declarativo, donde no hay lugar a efectuar juicio de valor
sino simplemente ratificar la concreción de dicha actuación».

65. Por ende, en el presente caso, no era necesario contar con el consentimiento
previo y expreso de su titular, por cuanto el inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010, era manifiestamente contrario a la Constitución y a la ley.

66. En igual sentido, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral respetó la garantía
del debido proceso, pues el Partido Alas pudo intervenir durante toda la actuación
administrativa y, como muestra de ello, interpuso el recurso de reposición en contra
de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010, el contenido de esa decisión fue
publicada y, además, dicha petición fue resuelta en su oportunidad por la
organización electoral quien se pronunció de fondo sobre los cuestionamientos
señalados en el recurso de reposición.

67. Para terminar, en relación con el cargo de nulidad por falta de motivación,
argumentó que la autoridad electoral, tanto en la Resolución 2157 de 26 de octubre
de 2010, como en la 2346 del 21 de diciembre del mismo año sí argumentó a nivel

14 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre

de 2020, expediente: 2004-0722, MP: Marco Antonio Velilla Moreno.

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fáctico y jurídico las circunstancias que llevaron a revocar parcialmente el artículo
8° de la Resolución 284 de 2010.

68. Ello, por cuanto se expresó que la disposición revocada, esto es, el
reconocimiento de la financiación de recursos hasta la fecha en que quede
ejecutoriado el acto administrativo que decida sobre la pérdida de dicha personería
jurídica a cada organización política, otorgaba mayores prerrogativas y beneficios
que los previstos en la Constitución Política y, para ello, hizo alusión expresa al
artículo 108 del Estatuto Superior, de cuya lectura se deriva que la pérdida de la
personería jurídica deviene de la no consecución de los porcentajes exigidos en las
elecciones de Cámara de Representantes o de Senado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

69. La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará
el análisis de los siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii) los actos
administrativos enjuiciados en este proceso; (iii) el problema jurídico a resolver; (iv)
los partidos políticos, el umbral electoral, la personería jurídica y el derecho a la
financiación estatal como una prerrogativa que se deriva del reconocimiento de la
personería jurídica en el ordenamiento jurídico colombiano; (v) la función a cargo
del Consejo Nacional Electoral en esta materia; (vi) la revocatoria directa para luego
analizar, (vii) los reparos de alzada en contra de la decisión de primera instancia y,
(viii) las conclusiones del caso.

II.1. Competencia

70. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA15 y el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. Los actos administrativos acusados

71. El Partido Alas cuestiona la legalidad de las Resoluciones 2157 de 26 de
octubre de 2010 y 2346 de 21 de diciembre de 2010, mediante las cuales el Consejo
Nacional Electoral, en su orden, dispuso revocar el inciso primero del artículo 8° de

15«[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión […]».

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la Resolución 284 de 2010 y resolvió los recursos de reposición interpuestos por
varios partidos políticos, incluido el Partido Alas, en contra de la anterior decisión.

(i) La parte resolutiva de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 201016, expedida
por el Consejo Nacional Electoral es del siguiente tenor17:

«[…] Resolución No. 2157 de 2010
26 de octubre

Por la cual se revoca parcialmente la resolución 284 de 2010 mediante la cual
se “fija la cuantía y se distribuye entre los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica vigente, los recursos estatales asignados al Fondo
Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales para la
financiación del funcionamiento de los mismos para la vigencia de 2010 y se
determina el porcentaje correspondiente a la deducción del costo con destino
al sistema de auditoría externa”

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las
conferidas por los artículos 108 y 265-7 superiores, el artículo 12 de la Ley 130
de 1994 y el artículo 69 del código contencioso administrativo y

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el inciso primero del artículo 8 de la resolución
284 de 2010.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a los Representantes Legales de los Partidos
y Movimientos Políticos, por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar al Fondo Nacional de Financiación de
Partidos y Campañas Electorales para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente resolución, procede el recurso de
reposición.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE […]18» (Destacado original)

(ii) La Resolución 2346 de 21 de diciembre de 201019, expedida por el Consejo
Nacional Electoral, en su parte resolutiva, ordenó:

«RESOLUCIÓN No. 2346 de 2010

16 «Por la cual se revoca parcialmente la resolución 284 de 20101 mediante la cual se “fija la cuantía y se

distribuye entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, los recursos estatales
asignados al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales para la financiación del
funcionamiento de los mismos para la vigencia de 2010 y se determina el porcentaje correspondiente a la
deducción del costo con destino al sistema de auditoría externa». Folios 18 a 20 del Cuaderno Principal.
17 La parte considerativa se transcribirá al momento de desatar el cargo de falta de motivación.
18 Esta decisión cabe destacar contó con los salvamentos de voto de los siguientes ex Magistrados del Consejo

Nacional Electoral: (i) Gilberto Rondón González y; (ii) Bernardo Franco Ramírez.
19 «Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 2157 del 26 de octubre

de 2010». Folios 32 a 37 del Cuaderno Principal.

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(DICIEMBRE 21)

Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución 2157 del 26 de octubre de 2010

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las
conferidas por el artículo 265 de la Constitución Política, y teniendo en cuenta
los siguientes

[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. No reponer la Resolución 2157 de octubre 26 de 2010
con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra la presente resolución no procede recurso
alguno, quedando agotada así la vía gubernativa». (Negrilla y cursiva original del
texto).

II.3. El planteamiento del problema jurídico

72. La Sala de Decisión considera que el problema jurídico a resolver en esta
instancia judicial se contrae a establecer si las Resoluciones 2157 de 26 de octubre
de 2010 y 2346 de 21 de diciembre de 2010, se ajustan o no al ordenamiento
jurídico que debió de servir de fundamento, en especial, si infringieron las siguientes
disposiciones: los artículos 2°, 6°, 29 y 83 de la Constitución Política, así como los
artículos 14, 28, 69, 73 y 84 del Código Contencioso Administrativo.

73. Del análisis de los motivos de impugnación de alzada planteados por el
Partido Alas, la Sala estima que existen cuatro (4) problemas jurídicos.

(i) Si el Consejo Nacional Electoral podía revocar directamente el inciso primero del
artículo 8° de la Resolución 284 de 2010. Para ello, esta Sala debe definir si la
disposición normativa revocada era de contenido particular y concreto y, en esa
medida, establecer si era necesario que mediara el consentimiento expreso de los
partidos y movimientos políticos afectados con tal decisión, entre ellos, el Partido
Alas.

(ii) Si se configuraron alguna de las causales de revocatoria de los actos
administrativos previstas en el artículo 69 del CCA.

(iii) Si los actos censurados desconocen el debido proceso reconocido en el artículo
29 de la Constitución Política, por no haber vinculado a los partidos y movimientos
políticos destinatarios de la Resolución 284 de 2010 en el trámite de expedición de
la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010 y;
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(iv) Si las decisiones enjuiciadas no se encuentran debidamente motivadas, pues
el Consejo Nacional Electoral no hizo expresas ni manifiestas las causales de
revocación del acto administrativo, pues la administración no ofreció ninguna
argumentación acerca de las razones en qué consistió la ostensible contradicción
del inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010 con la Constitución
Política y con la ley.

II.4. Los partidos políticos en nuestro ordenamiento jurídico, la personería
jurídica, el umbral electoral y las prerrogativas que se derivan como el
derecho a la financiación estatal

74. El artículo 40 del Estatuto Superior reconoce el derecho que tiene todo
ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y,
como una de sus manifestaciones, se encuentra el derecho a «constituir partidos,
movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna», «a formar parte de
ellos libremente» y «difundir sus ideas y programas».

75. Este derecho de rango fundamental que desarrolla la cláusula del Estado Social
y Democrático de Derecho permite afianzar las relaciones entre los particulares y
el Estado al interior de la democracia participativa y pluralista, pues los partidos
políticos están llamados a servir de instrumento de mediación de cara a la
representación de los intereses y la satisfacción de las necesidades sociales.

76. Para el cumplimiento de dicho propósito, el artículo 2° de la Ley 130 de 1994
«Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se
dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan
otras disposiciones» define los partidos políticos como el conjunto de instituciones
permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la
participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la
voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección
popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación, entre
tanto, los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas
libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las
elecciones. Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos
los requisitos constitucionales y legales tendrán personería jurídica.

77. La Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad C- 089 de 199420,
a propósito del papel que están llamados a cumplir los partidos políticos en la
democracia participativa y pluralista expresó lo siguiente:

«1.3 El derecho a constituir partidos y movimientos es una manifestación activa
del status de ciudadano, el cual comprende un conjunto de derechos (CP art.

20 Corte Constitucional, sentencia C- 084 de 3 de marzo de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. A través de

la citada sentencia, la Corte Constitucional, realizó el control de constitucionalidad automático, oficioso y precio
del proyecto de ley que pasaría a convertirse en la Ley 130 de 1994, Estatuto Básico de los partidos y
movimientos políticos.

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40) y deberes (CP art. 95) que, en su conjunto, dan cuerpo y califican la relación
de los nacionales con el poder político y describen una faceta de las personas
como partícipes actuales o potenciales de la organización del Estado. A
diferencia de otros derechos fundamentales que tienen como titular a toda
persona humana en principio, los derechos fundamentales de participación
política se contraen específicamente a los nacionales21, toda vez que aquí el
derecho no se reconoce a la persona humana en cuanto tal sino a ella en cuanto
ciudadana del Estado. La limitación del derecho analizado que se descubre en
el artículo, se deriva, pues, de la relatividad de los derechos políticos que la
misma Constitución establece.

1.4 El contenido y alcance del derecho a constituir partidos y movimientos
políticos, corresponden a algunas de las múltiples concreciones de las
características sustanciales del Estado social de derecho como Estado
democrático, participativo y pluralista. El fortalecimiento y la profundización de
la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional
Constituyente, luego traducido en las disposiciones de la Carta Política que
ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato de afianzar
y extender la democracia tanto en el escenario electoral como en los demás
procesos públicos y sociales en los que se adopten decisiones y concentren
poderes que interesen a la comunidad por la influencia que puedan tener en la
vida social y personal.

La democratización del Estado y de la sociedad que prescribe la Constitución
no es independiente de un progresivo y constante esfuerzo de construcción
histórica que compromete a los colombianos - en mayor grado, desde luego, a
las instituciones públicas y a los sujetos privados que detentan posiciones de
poder social o político - y de cuyo resultado se derivará la mayor o menor
legitimidad de las instituciones, no menos que la vigencia material de la Carta y
la consecución y consolidación de la paz pública.

El mandato democrático que se deduce meridianamente de la Constitución y en
el que se condensa la filosofía participativa que lo informa, se configura a partir
de un conjunto de normas, que de manera bien esquemática a continuación se
enuncian, con el único propósito de mostrar el transfondo (sic) jurídico-político
del derecho a constituir partidos y movimientos que, en este contexto, es uno
de los tantos instrumentos que se ofrecen al ciudadano para que se involucre
eficazmente en cualquiera de las fases del proceso político y, en general, de la
adopción y control de las decisiones que lo puedan afectar».

78. La personería jurídica puede definirse como el reconocimiento que se hace de
una determinada organización política como sujeto de derechos y obligaciones y
sus requisitos aparecen enunciados de forma directa por la Constitución Política. En
efecto, el artículo 108 del Estatuto Superior, modificado por el artículo 2° del Acto
Legislativo 1 de 2009 [vigente en la actualidad] es del siguiente tenor:

«[…] ARTÍCULO 108. Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 01 de 2009. <El
nuevo texto es el siguiente> El Consejo Nacional Electoral reconocerá
Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el
territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado.

21 Cita original de la sentencia: El artículo 100, inciso 2 de la CP, faculta al Legislador para conceder a los

extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consulta populares de carácter
municipal o distrital.

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Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las
mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se
estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en
las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2)
años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las
decisiones más importantes de la organización política.

[…]

Parágrafo Transitorio. Para las elecciones al Congreso de la República a
celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del presente
artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerirá del requisito de
inscripción con un año de antelación del que habla el inciso 8°22». (Destacado
fuera de texto).

79. Dicho sea de paso, el texto original del artículo 108 de la Carta Política de 1991,
eral del siguiente tenor:

«Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a
los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida
democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de
cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo
menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de
la República
[…]».

80. Cabe señalar que dicha norma fue objeto de dos reformas constitucionales
gestadas en los años 2003 y 2009. En primer término, la reforma política del año
2003 introdujo requisitos más exigentes para alcanzar la representación en las
corporaciones públicas y en relación con el umbral electoral, se dispuso que los
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos debían
obtener una votación no inferior al 2% del total de la votación válida emitida en el
territorio nacional para las elecciones de Cámara de Representantes o Senado de
la República. De igual manera y para las circunscripciones de las minorías políticas,
bastaba haber obtenido representación política en el Congreso23.

22A través del Acto Legislativo 03 de 2017, «Por medio del cual se regula parcialmente el componente de

reincorporación política del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera» se incorporaron dos nuevos artículos transitorios a la Constitución Política. Norma declarada
exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C- 027 de 2018, MP: Magistrado Ponente: José
Fernando Reyes Cuartas.

23 El texto que incorporó el Acto Legislativo 1 de 2003 era el siguiente: «ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional

Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos. Estos podrán obtenerlas <sic> con votación no inferior al dos por ciento (2%) de los votos emitidos
válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las <sic> perderán
si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el
régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías, en las cuales bastará
haber obtenido representación en el Congreso […]».

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81. Por su parte, la reforma del año 2009, vigente en la actualidad, surgió como una
respuesta al consenso social de crear instrumentos eficaces para que los partidos
políticos, como voceros directos de la voluntad popular, se conviertan en verdaderos
canales e instrumentos de representación democrática y política.

82. Bajo dicha égida, principios como la transparencia electoral, la responsabilidad
política de los partidos, la responsabilidad individual e intransferible de los titulares
de los cargos públicos frente al pueblo colombiano y el control de la financiación de
las campañas políticas pasaron a convertirse en ejes articuladores que propiciaron
la reforma constitucional, que culminó con la aprobación del Acto Legislativo 01 de
2009. En ella, se introdujeron cambios significativos en materia del umbral electoral
para la obtención de la personería jurídica, el cual pasó del 2% al 3% del total de
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en las elecciones del Congreso
de la República, para así detener el fraccionamiento de los partidos políticos y
buscar la reagrupación de las fuerzas electorales existentes en el país.

83. Siguiendo esta filosofía, en el seno de las deliberaciones que se dieron al interior
del Congreso de la República durante el trámite del proyecto de reforma
constitucional que culminó con la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2009 se
señaló:

«[…] El efecto directo de la incorporación del umbral para obtener
representación política, después de las elecciones legislativas de 2006, fue la
desaparición de sesenta y cuatro movimientos y partidos políticos. De las veinte
listas avaladas para Senado, sólo diez lograron superar la barrera, en tanto que
en la Cámara de Representantes el umbral sólo fue superado por el 30% de los
partidos políticos que se presentaron a la contienda, lo cual demuestra la
eficacia de la medida en aras de los objetivos buscados (detener el
fraccionamiento y buscar la agrupación de los partidos). El umbral de
representación política generó un proceso de recomposición interna de las
colectividades. El 69% de quienes fueron elegidos en 2006, cambiaron de
agrupación partidaria entre 2002 y 2006. En este contexto y con el objetivo de
fortalecer los mecanismos para evitar el fraccionamiento de los partidos, la
reforma propone el incremento de los Umbrales establecidos para obtención de
personería jurídica y representación, del 2 al 3%24».

84. Ahora bien, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2009 ordenó:

«[…] Parágrafo Transitorio. Para las elecciones al Congreso de la República
a celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del
presente artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerirá del requisito de
inscripción con un año de antelación del que habla el inciso 8°».

85. De acuerdo con la citada regla constitucional, como quedó visto, se tiene que el
artículo 108 Superior, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, optó por un
modelo mixto basado, de un lado, en la dimensión cuantitativa del apoyo popular,

24 Ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo número 12 de 2008 Senado, 106 de 2008

Cámara, Acumulado número 051 de 2008 Cámara, Acumulado número 101 de 2008 Cámara, Acumulado
número 109 de 2008 Cámara, Acumulado 129 de 2008 Cámara, Acumulado 140 de 2008 Cámara, Acumulado
128 de 2008 Cámara, por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia.
Gaceta del Congreso: 828 de 2008, http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.nivel_3

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pues es necesario que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos obtengan una votación no inferior al 3% de los votos emitidos
válidamente en el territorio nacional en las elecciones para el Congreso de la
República. En definitiva, el canon superior establece un límite porcentual máximo
exigido de apoyo popular reflejado en las elecciones y a falta de este, los partidos o
movimientos políticos no pueden tener derecho al reconocimiento de la personería
jurídica.

86. Por otra parte, la citada norma constitucional previó un régimen excepcional en
favor de las minorías políticas y étnicas que hayan obtenido representación en el
órgano democrático por excelencia para que puedan obtener personería jurídica, en
las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. De tal manera
que los requisitos para el reconocimiento de la personería jurídica aparecen
definidos expresamente por la Constitución Política y, ello forma parte del núcleo
esencial del derecho que tiene todo ciudadano a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Por tal razón, como lo ha expresado esta
Corporación25 se puede inferir que «[…] desde la Constitución se introduce un
concepto de personería jurídica extinguible si no se dan o renuevan ciertos índices
mínimos de apoyo popular, induciendo a los partidos a sostener y aquilatar su base
electoral, toda vez que el estímulo al activismo político fortalece y amplía la
democracia26».

87. Adicionalmente, los artículos 327° y 428° de la Ley 130 de 1994 prevén, en su
orden, los requisitos para el reconocimiento o pérdida de personería jurídica.

88. En primer lugar, el numeral 3° del artículo 3° establece, como requisito para
reconocer la personería jurídica que el partido o movimiento político pruebe «su
existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección
anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el

25 La cita corresponde: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia

de 23 de octubre de 2019, radicado: 11001-03-28-000-2019-00013-00, MP: Rocío Araújo Oñate.
26 Cita es original: Corte Constitucional. Sentencia C – 089 de 1994, marzo 3. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
27 «[…] ARTICULO 3 º—Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral reconocerá y

otorgará personería jurídica a los partidos y movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
1. Solicitud presentada por sus directivas.
2. Copia de los estatutos.
3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención en la elección anterior,
de por lo menos la misma cantidad de votos o de representación en el Congreso de la República.
4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o movimiento, expresando su filosofía
y principios, así como los programas y aspiraciones que lo identifiquen.
Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en circunscripción nacional con los
obtenidos en circunscripciones territoriales o especiales, ni los de éstas con los de aquéllas.
El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en estudiar una solicitud de
obtención de personería jurídica». (Destacado fuera de texto).
28 «ARTICULO 4º—Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos políticos perderán su

personería jurídica cuando se encuentren incursos en una de las siguientes causas:
1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no
alcancen, o mantengan, representación en el Congreso, conforme al artículo anterior.
2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución.
3. Cuando el Consejo Nacional Electoral, en los casos previstos por la presente ley». (Destacado fuera de
texto).

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Congreso de la República». Además, el numeral 1° del artículo 4° dispone que
perderán la personería jurídica cuando «en una elección no obtengan a través de
sus candidatos por lo menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan,
representación en el Congreso […]».

89. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la reforma política de 2003 y, luego
del 2009, dichas disposiciones quedaron subrogadas29, pues a partir del nuevo
escenario constitucional resulta palmario que la personería jurídica se adquiere
como regla general cuando el partido o movimiento político obtiene un mínimo de
votos depositado en las urnas para las elecciones al Congreso de la República, el
cual inicialmente se fijó en el 2% y, luego pasó a ser del 3%30.

90. Del reconocimiento de la personería jurídica se derivan una serie de
prerrogativas que han sido desarrolladas por la jurisprudencia especializada de la
Sección Quinta de esta Corporación como son: (a) inscribir sus candidatos a
elecciones populares, sin requisito adicional que el otorgamiento del
correspondiente aval (artículo 107 de la Constitución Política); (b) la utilización de
los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, en todo
tiempo, conforme a la ley, para todos los partidos (artículo 111 de la Constitución
Política); (c) ejercer el derecho a la oposición; (d) obtener la financiación del Estado
(artículo 109 de la Constitución Política y reglamentado por el artículo 12 de la Ley
130 de 1994 y luego la Ley 1475 de 201131); (e) recibir reposición de gastos de
campaña electoral (artículo 109 de la Constitución Política y reglamentado por el
artículo 13 de la Ley 130 de 1994 y luego por el 21 de la Ley 1475 de 2011) y, (f) el
derecho a postular a los respectivos candidatos, a efectos de que el Congreso de la
República elija los miembros del Consejo Nacional Electoral (artículo 264 de la
Constitución Política)32.

91. La financiación a cargo del Estado a favor de los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica, se consigue mediante la creación de un fondo que

29 Corte Constitucional, sentencia SU 257 de 2021, MP: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
30 En este sentido puede consultarse, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 18 de mayo de 2004, número de radicado: 11001 0328 000 2003 00026 02 (IJ-3138), actor: José
Luis Berrio Cuitiva, demandado: Consejo Nacional Electoral, MP: Darío Quiñonez Pinilla. En dicha sentencia se
dice: «Para la Sala es evidente que existe una clara contradicción entre, de un lado, los artículos 3º, numeral
3º, y 4º, numeral 1º, de la Ley 130 de 1994 y, de otro, el parágrafo transitorio 1º del artículo 108 de la
Constitución, la cual resulta irreconciliable porque si se aplica la ley se desconoce la Carta. Por lo tanto, por
disposición del artículo 4º de la Constitución, las disposiciones constitucionales deben aplicarse de manera
preferente en caso de incompatibilidad con la ley o cualquier otra norma jurídica, de ahí que deba entenderse
que esas disposiciones legales fueron modificadas por la nueva norma superior y, por consiguiente, las normas
legales no podían ser aplicadas por el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, también se desestima ese
argumento expuesto por dicha autoridad». En igual sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de 2019, radicado: 11001-03-28-000-
2019-00013-00, actor: Juan Pablo Lozada Gutiérrez, demandado: Consejo Nacional Electoral, MP: Rocío Araújo
Oñate.
31 «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de

los procesos electorales y se dictan otras disposiciones ».
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicado: 11001 0328 000 2010

00027 00, actor: Jaime Araujo Rentería y otros, demandado: Consejo Nacional Electoral, MP: Susana Buitrago
Valencia. Criterio a su vez reiterado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 23 de octubre de 2019, radicado: 11001-03-28-000-2019-00013-00, actor: Juan Pablo
Lozada Gutiérrez, demandado: Consejo Nacional Electoral, MP: Rocío Araújo Oñate.

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debe constituirse anualmente con un aporte de ciento cincuenta pesos ($150) por
cada ciudadano inscrito en el censo electoral, para lo cual la autoridad electoral
debe distribuir los dineros de dicho fondo de acuerdo con los criterios enunciados
en el artículo 12 de la Ley 130 de 1994, como son: (i) una suma básica fija
equivalente al 10% del fondo distribuida por partes iguales entre todos los partidos
y movimientos políticos; (ii) el 50% entre los partidos y movimientos en proporción
al número de curules obtenidas en la última elección para el Congreso de la
República o para asambleas departamentales, según el caso; (iii) el 10%, y, (iv) el
30% para contribuir a las actividades que realicen los partidos y movimientos para
el cumplimiento de sus fines y el logro de sus propósitos33.

92. Significa lo anterior que, según el artículo 108 de la Constitución Política, los
partidos y movimientos políticos para obtener o conservar la personería jurídica
deben haber obtenido el 3% de los votos válidos depositados en todo el territorio
para elecciones de Cámara de Representantes o Senado, salvo las excepciones
previstas en esa norma, es decir, la obtención o la pérdida de la personería jurídica
se encuentra ligado al umbral el cual «tiene por objeto lograr agrupaciones
genuinamente representativas, basadas en el apoyo ciudadano a un programa
político identificable34». Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU- 316
de 202135 discurrió en el siguiente sentido:

«145. Requisitos para obtener el reconocimiento de la personería jurídica –
reiteración de jurisprudencia. Con relación a los requisitos para que los partidos,
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos obtengan el
reconocimiento de su personería jurídica, el artículo 108 de la Constitución
Política establece que el Consejo Nacional Electoral reconocerá esta
prerrogativa a aquellos grupos que participen en las elecciones al Congreso y
obtengan una votación no inferior al 3 % de los votos válidamente emitidos en
el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Al
respecto, ha considerado la jurisprudencia que obtener el reconocimiento de la
personería jurídica con el cumplimiento de los requisitos que la Constitución
establece para ello, hace parte del núcleo fundamental del derecho a constituir
partidos y movimientos políticos; a la vez que da cuenta de la estabilidad y
vocación de permanencia de una determinada agrupación política».

93. De esta manera, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que
«[…] la regla para efectos del reconocimiento y mantenimiento de la personería
jurídica, desde la perspectiva constitucional, está ligada en sus dos facetas
(reconocimiento y pérdida de la personería) al concepto de umbral; y este concepto,
a su vez, está sustentado en la necesidad de que los partidos y movimientos
políticos obtengan un porcentaje importante de apoyo popular. Ahora bien, las
reglas para obtener y conservar la personería jurídica operan de manera general,

33 Cabe destacar que la Ley 1475 de 2011 se ocupó de regular lo referente a la financiación de los partidos

políticos en su artículo 17. Sin embargo, dicha norma no se encontraba vigente para el momento en que se
expidieron los actos enjuiciados.
34 Sentencia, C-490 de 2011, MP: Luis Ernesto Vargas Silva.
35Sentencia SU 316 de 2021, MP: Alejandro Linares Cantillo.

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pues la propia Constitución estableció que esta regla no resulta aplicable al caso de
minorías étnicas y políticas36».

94. De ahí que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación37 se conciba
la personería jurídica como «[…] el reconocimiento oficial de que la organización
política fue fundada, adoptó sus estatutos, obedece a una plataforma ideológica y
programática, tiene una lista de afiliados y cuenta con directivos38, por lo cual es
sujeto de derechos y obligaciones, como persona jurídica39», por lo que «[…] se
trata del principal elemento articulador del sistema electoral con el sistema de
partidos en Colombia, por su alto impacto en la creación y consolidación de partidos
y movimientos políticos, de modo tal que el actualmente vigente se introdujo con el
propósito de depurar las agrupaciones políticas y promover alianzas entre ellas para
lograr su crecimiento y permanencia en el debate político y la contienda electoral40».

II.5. La función a cargo Consejo Nacional Electoral

95. De la lectura del artículo 108 Constitucional antes transcrito – reformado por el
Acto Legislativo 01 de 2009- se desprende que el Consejo Nacional Electoral tiene
a su cargo «reconocer Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos», siempre que obtengan una votación no
inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Acto seguido, el
citado canon normativo señala que «[…] [l]as perderán si no consiguen ese
porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas».

96. El artículo 265 de la Constitución Política le encomendó al Consejo Nacional
Electoral las siguientes funciones:

«ARTICULO 265. Modificado por el art. 12, Acto Legislativo 01 de 2009. <El
nuevo texto es el siguiente> El Consejo Nacional Electoral regulará,
inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y
movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus
representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento
de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía
presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

[…]

9. Reconocer y revocar la Personería Jurídica de los partidos y
movimientos políticos.

[…]». (Destacado fuera de texto).

36 Corte Constitucional, SU 257 de 2021, MP: Jorge Enrique Ibáñez Najar.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre de

2019, radicado: 11001-03-28-000-2019-00013-00, actor: Juan Pablo Lozada Gutiérrez, demandado: Consejo
Nacional Electoral, MP: Rocío Araújo Oñate.
38 Original de la cita: Ver parágrafo del artículo 3° de la Ley 1475 de 2011.
39 Original de la cita: Ver Código Civil Colombiano, artículo 633.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de

2020, radicado: 11001-03-24-000-2019-00212-00, actor: Partido Político Opción Ciudadana, demandado:
Consejo Nacional Electoral, MP: Luis Alberto Álvarez Parra.

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97. En armonía con el anterior canon superior, los artículos 3° y 4° de la Ley 130
de 1994 precisan los requisitos que deben cumplir los partidos políticos así como
las causas que dan lugar a la pérdida de la personería jurídica, en el siguiente
sentido:

«ARTICULO 3 —Reconocimiento de personería jurídica. El Consejo Nacional
Electoral reconocerá y otorgará personería jurídica a los partidos y
movimientos políticos previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud presentada por sus directivas.

2. Copia de los estatutos.

3. Probar su existencia con no menos de cincuenta mil firmas o con la obtención
en la elección anterior, de por lo menos la misma cantidad de votos o de
representación en el Congreso de la República.

4. Presentar un documento que contenga la plataforma política del partido o
movimiento, expresando su filosofía y principios, así como los programas y
aspiraciones que lo identifiquen.

Para efectos de este artículo no podrán sumarse los votos obtenidos en
circunscripción nacional con los obtenidos en circunscripciones territoriales o
especiales, ni los de éstas con los de aquéllas.

El Consejo Nacional Electoral no demorará más de treinta (30) días hábiles en
estudiar una solicitud de obtención de personería jurídica». (Destacado fuera de
texto)

«ARTICULO 4—Pérdida de la personería jurídica. Los partidos y movimientos
políticos perderán su personería jurídica cuando se encuentren incursos en una
de las siguientes causas:

1. Cuando en una elección no obtengan a través de sus candidatos por lo
menos 50.000 votos o no alcancen, o mantengan, representación en el
Congreso, conforme al artículo anterior.

2. Cuando, de acuerdo con sus estatutos, proceda su disolución.

3. Cuando el Consejo Nacional Electoral así lo declare, en los casos previstos
por la presente ley».

98. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 17 de marzo de
200041 (postura a su vez reiterada en el fallo de 2 de diciembre de 2010 42 y la
sentencia de 8 de octubre de 202043), al interpretar el artículo 108 Constitucional,
antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2003, indicó que la
declaratoria de personería jurídica a cargo de la máxima autoridad electoral

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo 2000,

radicación número 5291, CP: Olga Inés Navarrete Barrero.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de

2010, radicado: 11001-0324-000-20003-00148-01, actor: Partido Unión Patriótica, demandado: Consejo
Nacional Electoral, MP: Marco Antonio Velilla Moreno.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de

2020, radicado: 11001-03-24-000-2019-00212-00, actor: Partido Político Opción Ciudadana, demandado:
Consejo Nacional Electoral, MP: Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandante: Partido Alas

comprende una labor de verificación cualitativa de los votos requeridos para
obtener dicho reconocimiento. Sostuvo el citado fallo lo siguiente:

«[…] 1. Tanto el otorgamiento de la personería jurídica como su extinción, están
precedidas de la verificación de un hecho objetivo, cuantitativo (50.000 firmas
para acreditar la existencia del partido o movimiento; 50.000 votos en una
elección, para mantener la personería), o de un hecho objetivo cualitativo
(obtener representación en el Congreso).

2. Dejando por sentado que el asunto se concreta en la comprobación de
existencia de un requisito que, a manera de reglas del juego, instituyó el propio
constituyente y desarrolló el legislador, son evidentes las consecuencias
derivadas de no acreditar dichos requeridos (sic): la pérdida de la personería
jurídica.

3. Siendo claro lo anterior, la entidad demandada, en obedecimiento del
mandato contenido en el artículo 4º de la ley 130 de 1.994, tiene a su cargo,
entre otras, las obligaciones de “reconocer” la personería jurídica, una vez
verifique la presencia de los supuestos objetivos, o de “declarar” la pérdida de
la misma, previa comprobación de no alcanzarse el requerido cuantitativo o
haberse perdido el cualitativo.

La acepción de los mismos vocablos utilizados por el legislador “reconocer” y
“declarar”, indican las acciones de revelación, manifestación, información o
proclamación de un hecho o acontecimiento. Por manera, que compete
entonces al Consejo Nacional Electoral reconocer la personería jurídica o
declarar su extinción, como resultado de la comprobación del hecho o
acontecimiento consagrado como regla objetiva.

4. El sentido y alcance de la función a cargo del Consejo Nacional Electoral, en
torno al tópico en discusión, resulta aún más clara, acudiendo al lenguaje
utilizado por el constituyente, conforme al cual la personería de los partidos y
movimientos políticos, “quedará extinguida por no haberse obtenido el
número de votos mencionado o alcanzado representación como miembro
del Congreso, en la elección anterior”.

5. Sin duda, el establecimiento de reglas objetivas, contribuye a la efectividad
de los postulados de transparencia en el libre juego de las fuerzas políticas,
presupuesto básico de toda democracia participativa y pluralista, así como a
cimentar el uso de herramientas idóneas para el logro de trato igual, sin
desmedro de las oportunidades de participación de los movimientos y partidos
que aún no han completado los requisitos impuestos para la obtención de la
personería, o de aquellos que, habiéndola obtenido en precedencia, no lograron
mantenerla, aspecto que simplemente deriva del resultado cuantitativo producto
del respectivo escrutinio”44

[…] Como corolario de lo expuesto, resulta a todas luces que, conforme a la
voluntad del constituyente y del legislador, plasmada en los referidos
preceptos, la función de declarar o certificar sobre la ocurrencia de un hecho
objetivo, supone, un procedimiento previo: el de verificación y
comprobación de ocurrencia del suceso; en este caso, del resultado de los
escrutinios electorales». (Destacado fuera de texto).

44 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Bogotá, sentencia de 17 de

marzo de dos mil (2000), radicado: 5291, actor: Partido Unión Patriótica, CP: Olga Inés Navarrete Barrero.
Radicación número 5291.

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99. Así las cosas, se concluye que «[…] la función del CNE se limita a realizar un
juicio comparativo entre los umbrales así obtenidos y la votación de las
agrupaciones políticas que participaron en tales comicios, para determinar si cada
una de ellas adquiere, mantiene o pierde su personería jurídica 45»; labor que
presupone el ejercicio de una operación aritmética con el fin de establecer si las
agrupaciones políticas superaron los porcentajes fijados en la Constitución Política
en las elecciones del Congreso de la República, umbral que, tal y como se indicó,
se encuentra fijado en el artículo 108 de la Constitución Política 46 .

II.6. La revocatoria directa de los actos administrativos. Causales de
revocatoria directa y revocatoria directa de actos administrativos de
contenido particular

100. La revocatoria directa de los actos administrativos «[…] es la pérdida de
vigencia de un acto administrativo en razón de la declaratoria hecha por el
funcionario que lo expidió o su inmediato superior jerárquico o funcional, con base
en precisas causales fijadas en la ley47», ejercida por la administración como
resultado del ejercicio de auto tutela48, mecanismo instituido por el legislador en el
artículo 69 del CCA, hoy 93 del CPACA, de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 69.- Los actos administrativos deberán ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores,
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1°) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley;
2°) Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra
él;
3°) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
101. De la lectura de la citada norma, los actos administrativos deben ser
revocados por los mismos funcionarios que participaron en su expedición o por sus
inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos: (i) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de
2020, radicado: 11001-03-24-000-2019-00212-00, actor: Partido Político Opción Ciudadana, demandado:
Consejo Nacional Electoral, MP: Luis Alberto Álvarez Parra.
46
Ahora bien, y con el fin de dar precisión el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera en el capítulo 2 dispuso: «2.3.1.1. Medidas para promover el acceso al sistema
político En el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se removerán obstáculos y se
harán los cambios institucionales para que los partidos y movimientos políticos obtengan y conserven la
personería jurídica, y en particular para facilitar el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con
vocación política hacia su constitución como partidos o movimientos políticos. Para ello se impulsarán las
siguientes medidas: Desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos y movimientos
políticos del requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso y, en consecuencia, redefinir
los requisitos para su constitución. Con el fin de evitar la proliferación indiscriminada de partidos y movimientos
políticos, para el reconocimiento de la personería jurídica se exigirá como mínimo un número determinado de
afiliados». Sobre el particular, se puede consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 23 de julio de 2020, radicado: 11001-03-28-000-2019-00040-00, MP: Rocío Araújo
Oñate.
47 Compendio de Derecho Administrativo, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Universidad Externado de

Colombia, página 346.
48 En este sentido se puede consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de

23 de mayo de 2019, radicado: 76001 2331 000 2009 00295 01 (3106-16), actor: Instituto de Seguros Sociales,
ISS, demandado: Luis Alberto Valencia Rodríguez, MP: William Hernández Gómez.

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a la ley; (ii) cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten
contra él o; (iii) cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.

102. Los artículos 70 y 71 del CCA, hoy 94 y 95 del CPACA, en su orden, regulan
lo concerniente a la procedencia y la oportunidad de la revocatoria directa en el
siguiente sentido:
«[…] ARTICULO 70. IMPROCEDENCIA. No podrá pedirse la revocación
directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya
ejercitado los recursos de la vía gubernativa.
ARTICULO 71. OPORTUNIDAD. < <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 809 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> La revocación directa podrá
cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con actos en firme o aun
cuando se haya acudido a los tribunales contencioso administrativos, siempre
que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.
En todo caso, las solicitudes de revocación directa de los actos administrativos
de contenido general y las que se refieran a aquellos de contenido particular y
concreto en relación con los cuales no se haya agotado la vía gubernativa o no
se haya admitido la demanda ante los tribunales contencioso administrativos
dentro del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, deberán ser resueltas por la autoridad competente dentro de los tres
(3) meses siguientes a su presentación […]».
103. De acuerdo con las citadas normas, la procedencia y la oportunidad de la
revocatoria directa se encuentra sujeta a las siguientes reglas: (i) no resulta
procedente la revocatoria de los actos administrativos respecto de los cuales el
peticionario haya ejercitado los recursos de la vía gubernativa; (ii) puede ejercitarse
en cualquier tiempo, inclusive respecto de los actos administrativos en firme o aun
cuando se haya acudido a la jurisdicción contenciosa administrativa; en este último
evento, siempre que no se haya proferido auto admisorio de la demanda y, (iii) la
revocatoria directa que proceda por solicitud de parte respecto de los actos
administrativos de contenido general o particular en los que no se haya agotado la
vía gubernativa o no se haya admitido la demanda debe ser resuelta dentro del
término de tres (3) meses siguientes a su presentación.

104. Ahora, en el artículo 73 del CCA, en garantía del «principio de seguridad
jurídica y de estabilidad o permanencia49» de las decisiones de la administración
tendientes a crear una situación particular y concreta, el legislador estatuyó la regla
según la cual la revocatoria directa de los actos administrativos de carácter
particular solo puede operar siempre que medie el consentimiento previo, expreso
y escrito del titular, disposición normativa que es del siguiente tenor:
«[…] ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER
PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto administrativo haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido
un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular.

49Compendio de Derecho Administrativo, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Universidad Externado de
Colombia, página 353.

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Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación
del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo
69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en
cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que
no incidan en el sentido de la decisión».

105. En relación con la hermenéutica de dicha norma, la jurisprudencia
contenciosa, inicialmente, había establecido que la revocatoria directa de actos
particulares era procedente en la medida de que fuera el resultado del silencio
administrativo positivo, sin embargo esa posición fue rectificada por la Sala Plena
en sentencia de 16 de julio de 200250.

106. En dicha decisión judicial quedó consignado que son dos las hipótesis en las
cuales resulta admisible la revocatoria directa del acto administrativo de carácter
particular sin obtener el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho,
partiendo de una hermenéutica gramatical y teleológica del artículo 73 del CCA. La
primera, cuando el acto ha sido el resultado del silencio administrativo positivo, si
se dan las causales del artículo 69 del CCA. La segunda, cuando el acto se origina
por medios ilegales. Por su importancia se transcriben las consideraciones
esgrimidas en el citado fallo:
«[…] es preciso señalar que, con algunos cambios, la Comisión Asesora del
Código Contencioso Administrativo, de manera casi unánime estimó que la
revocación de actos administrativos de carácter particular y concreto, sin
consentimiento del particular afectado, sólo era procedente en los casos
derivados del silencio administrativo positivo. No obstante, tal recomendación
no quedó plasmada en el texto final que aprobó el Presidente de la República,
como se observa palmariamente de su simple análisis gramatical.
Nótese que en el inciso 2º de dicha norma, el legislador empleó una proposición
disyuntiva y no copulativa para resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No
de otra manera podría explicarse la puntuación de su texto. Pero además, como
se observa en este mismo inciso 2º y en el 3º, el legislador, dentro de una unidad
semántica, utiliza la expresión “actos administrativos”, para referirse a todos los
actos administrativos, sin distinción alguna.
Lo cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73,
son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que
tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una,
que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a
que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales […]».

50 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 16 de julio de 2002, Radicación número: 23001-

23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029) Actor: José Miguel Acuña Cogollo, M.P. Ana Margarita Olaya Forero. Criterio
a su vez reiterado en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de julio de 2021, radicado: 25000-23-36-000-2013-01361-01
(54154), MP: María Adriana Marín; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, sentencia de 19 de agosto de 2010, radicado: 11001-03-27-000-2008-00036-00 (17412), MP: Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas; (III) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
providencia de 12 de mayo de 2010, radicado: 25000-23-26-000-2009-00077-01 (37446), MP: Mauricio Fajardo
Gómez.

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Demandante: Partido Alas

II.7. Análisis de los problemas jurídicos planteados en el proceso

II.7.1. Análisis del primer problema jurídico: Si el Consejo Nacional Electoral
podía revocar directamente el inciso primero del artículo 8° de la Resolución
284 de 2010

107. El Consejo Nacional Electoral, al igual que el Tribunal de primera instancia
en la sentencia debatida son de la tesis de que el Consejo Nacional Electoral sí
podía revocar el inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010, incluso,
sin necesidad de que mediara el consentimiento de sus destinatarios, toda vez que
el precepto revocado era manifiestamente contrario al artículo 108 de la
Constitución Política, esto es, invocó la primera causal de revocatoria prevista en
el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

108. Por su parte, el Partido Alas considera que la jurisprudencia de la Sala Plena
y de las Secciones de esta Corporación, a partir de la sentencia de 16 de julio de
2002, ha sido clara en establecer las hipótesis en las cuales resulta procedente
revocar un acto administrativo de carácter particular sin obtener el consentimiento
expreso y escrito del titular del derecho51. La primera, cuando el acto ha sido
producido por el silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en
el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, y la segunda, cuando resulta
evidente que el acto que se pretende revocar se originó por medios ilegales.

109. En su criterio, el a quo olvidó que la exigencia jurídica para permitir la
revocatoria directa del acto administrativo se refería a aquellas decisiones de la
administración derivadas del silencio administrativo positivo en que concurriera
alguna de las causales del artículo 69 del CCA, por lo que la interpretación del
tribunal genera una segregación de la primera causal de revocatoria de los actos
administrativos particulares sin el consentimiento del titular del derecho. De ahí que
el demandante sea de la tesis de que la revocatoria directa del inciso primero del
artículo 8° de la Resolución 284 de 2010 requería el consentimiento previo del
Partido Alas.

110. Como se indicó en el problema jurídico esbozado ab initio, esta Sala de
Decisión deberá definir si la disposición normativa revocada era de contenido
particular y concreto y, en esa medida, establecer si era necesario que mediara el
consentimiento expreso de los partidos y movimientos políticos afectados con tal
decisión, entre ellos, el Partido Alas.

111. Para resolver, se considera:

112. En el caso de autos, se evidencia que, el Consejo Nacional Electoral,
mediante la Resolución 284 de 2010, había fijado la cuantía y ordenado distribuir,

51 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 16 de julio de 2002, Radicación número: 23001-

23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029) Actor: José Miguel Acuña Cogollo, IJ 029, M.P. CP: Ana Margarita Olaya
Forero.

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entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, los
recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiamiento de Partidos y
Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento de los mismos,
vigencia 2010, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 19 de
julio de 2010 y determinó el porcentaje correspondiente a la deducción del costo
con destino al sistema de auditoría externa.

113. Precisamente, la Resolución 284 de 16 de febrero de 2010 en su parte motiva,
indicó:

«[…] Que mediante Oficio DGE-0244 de fecha 25 de enero de 2010, suscrito
por el Director de Gestión Electoral (E) remitió las respectivas certificaciones
relacionadas con las curules obtenidas por los Partidos y Movimientos Políticos
en las elecciones del 28 de octubre de 2007, para las Asambleas
Departamentales y la obtención obtenida por los Partidos y Movimientos
Políticos que participaron en las elecciones de Cámara de Representantes
el 12 de marzo de 2006.

Que mediante oficio CNE- Ss-0060 de fecha 26 de enero de 2010, suscrito por
la Subsecretaría de la Corporación, relaciona los Partidos y Movimientos
Políticos con personería jurídica vigente otorgada por la Corporación,
relacionando un total de dieciséis (16) agrupaciones políticas

[…]

Que para dar cumplimiento a la atribución otorgada por el parágrafo segundo
del artículo 12 de la Ley 130 de 1994, se distribuirá el porcentaje señalado
en el literal d) del referenciado artículo, para el período comprendido entre
el 1 de enero y el 19 de julio de 2010, se tomará el total de votos obtenidos
por las listas inscritas para Cámara de Representantes en las elecciones
llevadas a cabo el 12 de marzo de 2006, de los Movimientos y Partidos
Políticos con personería jurídica vigente, para lo cual se asignará
proporcionalmente de acuerdo a los votos obtenidos por cada Partido o
Movimiento Político, de conformidad con la votación por las listas inscritas a la
Cámara de Representantes y para el período comprendido entre el 20 de julio
de 2010 y el 31 de diciembre de 2010 se consulten los votos obtenidos para
Cámara de Representantes en las elecciones del 14 de marzo de 2010.

[…]» (Destacado fuera de texto)

114. Fue así como los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la referida Resolución 284 de 16
de febrero de 2010, efectuaron la distribución de los recursos que fueron asignados
a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que participaron en
las elecciones del Congreso de la República celebradas el 12 de marzo de 2006,
para el período comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 19 de julio de 2010.
Las citadas normas ordenaron lo siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO: Fíjase la suma de CATORCE MIL MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS ($14.000.478.439) MONEDA CORRIENTE, para financiar los
gastos de funcionamiento de los Partidos y Movimientos Políticos con
personería jurídica vigente, para el período comprendido entre el 1 de enero

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de 2010 y el 19 de julio de 2010, de acuerdo con los criterios establecidos en
los literales a), b), y d) del artículo 12 de la Ley 130 de 1994.

ARTICULO SEGUNDO: Distribúyase la suma de UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
DIECISEIS PESOS ($1.555.608.716) MONEDA CORRIENTE, correspondiente
al 10% del total de los recursos disponibles, la cual de acuerdo al literal a) del
articulo (sic) 12 de la Ley 130 de 1994, se distribuye en partes iguales entre
todos los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, en la forma
que se indica a continuación, para lo cual se tendrán en cuenta DIECISEIS (16)
Partidos y Movimientos políticos con derecho, así:

[…]

PARAGRAFO PRIMERO: Por razones presupuestales, no se admiten valores
inferiores a un peso por lo que al hacer la distribución de UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS
DIECISEIS PESOS ($1.555.608.716) MONEDA CORRIENTE correspondiente
al 10%, quedó un sobrante de CUATRO PESOS ($ 4.00), suma que
aleatoriamente se ajusta a igual número de movimientos o partidos políticos en
la suma de un peso ($1.00) para cada uno.

ARTICULO TERCERO: Distribúyese la suma de SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS ($7.778.043.577) MONEDA CORRIENTE,
correspondiente al 50% de los recursos disponibles para el periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 19 de julio de 2010, de acuerdo con el
literal b) del articulo (sic) 12 de la Ley 130 de 1994, entre los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica vigente, en proporción al número
de curules obtenidas en la última elección para Asambleas Departamentales
realizadas el 28 de octubre de 2007, así:

[…]

ARTICULO CUARTO: Distribúyase la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO
CUARENTA Y SEIS PESOS ($4.666.826.146) MONEDA CORRIENTE,
correspondiente al 30% del total de los recursos disponibles para el periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 19 de julio de 2010, que de acuerdo
con el literal d) del articulo (sic) 12 de la Ley 130 de 1994, se distribuye para
contribuir a las actividades que realicen los Partidos y Movimientos
Políticos con personería jurídica, para el cumplimiento de sus fines y el logro
de sus propósitos, y que serán asignados de manera porcentual para cada
agrupación política teniendo en cuenta el número de votos obtenidos en la
última elección de Cámara de Representantes, la cual se llevo (sic) a cabo el
12 de marzo de 2006, así:

[…]». (Destacado fuera de texto y mayúscula original del texto)

115. Adicionalmente, el inciso primero del artículo octavo del referido acto
administrativo había dispuesto de manera expresa lo siguiente:

«ARTÍCULO OCTAVO. En el evento que se extinga la personería jurídica de
uno o varios Movimientos o Partidos Políticos, se liquidarán los recursos de
funcionamiento proporcionalmente hasta la fecha en que quede ejecutoriado
el acto administrativo que decida la pérdida de dicha personería jurídica a
cada organización política.

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[….]». (Destacado fuera de texto)

116. Posteriormente, la misma autoridad electoral, de oficio, mediante la Resolución
2157 de 26 de octubre de 2010 y, luego, confirmada mediante la Resolución 2346
de 21 de diciembre de 2010, en sede del recurso de reposición, dispuso revocar el
inciso primero del artículo 8° de la Resolución No. 284 de 16 de febrero de 2010,
antes transcrito.

117. Las decisiones objeto de juzgamiento fundamentaron tal determinación en lo
dispuesto en el numeral 1°del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo
que estatuye, como causal de revocación de los actos administrativos, la manifiesta
oposición a la Constitución Política o a la ley, tras considerar que el inciso primero
del artículo 8° de la Resolución 284 de 16 de febrero de 2010 era contrario al artículo
108 del Estatuto Superior.

118. Lo anterior, bajo el entendido que «[…] los efectos de la obtención,
conservación y pérdida de la personería jurídica por parte de un Partido o
Movimiento Político, referidos al derecho de participar en la distribución de los
recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y
Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento de los mismos para
la vigencia de 2010, se obtienen a partir del día siguiente a la ocurrencia de la
declaratoria de elección del Congreso de la República 2010-2014 una vez se
consolidaron los resultados del escrutinio de la votación, es decir del 20 de julio de
la presente anualidad52». En consecuencia, mal había hecho la autoridad electoral
en condicionar la liquidación de los recursos de funcionamiento de los movimientos
y partidos políticos con personería vigente a la ejecutoria de la resolución que decida
sobre la pérdida de dicha personería jurídica a cada organización política.

119. Para la Sala de Decisión, el Consejo Nacional Electoral sí podía acudir a las
causales de revocación directa de los actos administrativos, sin necesidad de contar
con el consentimiento de los partidos y movimientos políticos, por cuanto la
disposición revocada del inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010,
contiene un mandato de carácter general, abstracto e impersonal que carece de la
virtualidad de crear un efecto jurídico concreto a favor de un partido o movimiento
político, como pasa a analizarse:

120. Los actos administrativos de contenido general se han diferenciado de los
actos de contenido particular.

121. Los primeros, son aquellos en los cuales «[…] los supuestos normativos
aparecen enunciados de manera objetiva y abstracta, y no singular y concreta, y por
lo tanto versados a una pluralidad indeterminada de personas; es decir, a todas

52 Cita corresponde a las consideraciones esgrimidas por la autoridad electoral a través de la Resolución 2346

de 21 de diciembre de 2010 «Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución 2157 del 26 de octubre de 2010».

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aquellas que se encuentren comprendidas en tales parámetros53». Los segundos
«[…] son aquellos actos administrativos de contenido particular y concreto, que
producen situaciones y crean efectos individualmente considerados 54». Al lado de
estas categorías, los actos de naturaleza mixta se caracterizan por tener doble
naturaleza, pues en su estructura incluyen tanto decisiones de carácter general,
abstracto e impersonal, así como creadoras de situaciones de carácter particular y
concreto55.

122. Esta Sección, mediante sentencia de 14 de mayo de 2020 56, al ocuparse de
las diferencias que existen entre los actos administrativos generales de los
particulares, razonó en el siguiente sentido:

«[…] En primer lugar, los actos administrativos de contenido particular son
aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de carácter
particular y concreto, es decir, afectan a personas claramente individualizadas
y determinadas. Este tipo de actos tienen efectos jurídicos directos e inmediatos
sobre personas identificadas o identificables individualmente,
independientemente del número de ellas.

[…] Como puede apreciarse, los actos administrativos de contenido particular
tienen efectos única y exclusivamente respecto de una o varias personas que
se encuentran claramente identificadas e individualizadas, o que se pueden
identificar. Por su parte, esta Corporación ha sostenido que el acto
administrativo de carácter general es aquél que define una situación
abstracta e impersonal, dirigida a personas indeterminadas. El contenido y
los efectos de este tipo de actos abarcan esferas jurídicas diferentes al estricto
carácter individual o particular, es decir, todas aquellas manifestaciones de la
voluntad de la administración con características impersonales, abstractas y
objetivas, las cuales contienen reglas de derecho que exceden la órbita
individual y concreta. Estas formas de expresión de la voluntad de la
administración pueden ser reglamentarias o reguladoras de situaciones, pero
que se caracterizan por su generalidad y que tienen como fundamento directo
la Constitución o la ley.

[…] [E]l grado de indeterminación de los sujetos destinatarios de un acto
administrativo, permitirá establecer si se está en presencia de un acto de
carácter particular y concreto o uno de carácter general y abstracto. En el primer
caso, el acto se dirige a un destinatario concreto o a un grupo determinado,
identificado o identificable de personas en quienes recaen exclusivamente los
efectos o resultan siendo beneficiarios. En cambio, en la segunda situación,

53 Sentencia C- 620 de 2004 de la Corte Constitucional.
54
Ibidem.
55 Santofimio, Gamboa, señala: «[…] 1360. El acto administrativo de contenido mixto corresponde a una especial

calificación jurídica efectuada a determinadas manifestaciones de las autoridades administrativas
caracterizadas por su doble naturaleza de normativas, generales, abstractas e impersonales, y a la vez
generadoras de situaciones jurídicas personales, individuales y concretas. Se trata de actos que rompen la
dogmática tradicional de construcción de decisiones administrativas en los términos indicados en los apartes
anteriores; que se estructuran de manera compleja en el sentido de compartir en su objeto decisiones
propiamente dichas con elementos normativos. Esa modalidad surge sin duda sobre la base de ofrecer
respuestas procesales a situaciones creadas por la administración que no lograban obtener respuesta en las
interpretaciones tradicionales de la teoría del acto administrativo, y que en muchas ocasiones llevaban a
indefiniciones jurídicas o incluso a claras hipótesis de inseguridad y ausencia de control para la administración
productora de este tipo de actos administrativos», Compendio de Derecho Administrativo, Universidad
Externado de Colombia, año 2017, página 334.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de mayo de 2021, radicado:

68001-2331-000-2005-003490-01, actor: Asociación de Vivienda Comunitaria del municipio de Girón,
demandado: Municipio de San Juan de Girón, MP: Oswaldo Giraldo López.

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el acto siempre tendrá efectos sobre un grupo indeterminado de personas
a quienes les crea, modifica o extingue una situación jurídica, según los
comportamientos que ellas mismas asuman». (Destacado fuera de texto).

123. Para la Sala, la Resolución 284 de 2010 comparte la naturaleza de un acto
administrativo de naturaleza mixta pues incorpora disposiciones que están
llamadas a crear situaciones de carácter particular y concreto, entre los dieciséis
(16) partidos y movimientos políticos con personería jurídica vigente, en tanto que
con ella la autoridad electoral fijó la cuantía y ordenó distribuir los recursos estatales
asignados al Fondo Nacional de Financiamiento de Partidos y Campañas
Electorales para el período comprendido entre el 1° de enero y el 19 de julio de
2010, esto es, otorgó un derecho a favor de los partidos políticos que adquirieron
personería jurídica en las elecciones electorales para el Congreso de la República
celebradas en el año 2006.

124. Ahora bien, el artículo 8° del referido acto administrativo -disposición revocada-
señala que, en el evento en que se produzca la extinción de uno o varios
movimientos o partidos políticos, se debían liquidar los recursos de funcionamiento
proporcionalmente hasta la fecha en que quede ejecutoriado el acto administrativo
que decida la pérdida de dicha personería jurídica.

125. A juicio de la Sala, resulta evidente que, en la forma como se encuentra
redactada la citada disposición -artículo 8 de la resolución demandada- se trata de
un contenido normativo llamado a crear una situación de carácter general e
impersonal frente a unos sujetos o una pluralidad de sujetos que no aparecen
individualizados de forma concreta, en la medida que se refiere a una situación
hipotética, esto es, ante la eventualidad de que se produzca la extinción de uno o
varios movimientos o partidos políticos. Es decir, la regulación emitida por el
Consejo Nacional Electoral en la materia es impersonal, pues está dirigida a todos
los partidos políticos que se ubiquen en las circunstancias fácticas señaladas en la
norma.

126. La disposición normativa revocada sienta las bases de la liquidación de los
recursos de funcionamiento en el evento de que se produzca la extinción de la
personería jurídica de uno o varios partidos o movimientos políticos, sin que tenga
la virtualidad de incidir, de forma particular, en la situación jurídica de dichas
agrupaciones políticas. Por ello, si se examina el contenido material de la
disposición revocada se concluye su generalidad dentro del campo de acción de los
partidos, lo cual descarta la personificación de alguno de ellos.

127. Para la Sala, acierta en sus afirmaciones la autoridad electoral cuando señala
que para todo partido político el percibir recursos para su funcionamiento a partir del
20 de julio de 2010, fecha de inicio del nuevo período constitucional del Congreso
de la República constituía una mera expectativa sujeta al cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 108 de la Constitución Política. Por ende, el
precepto revocado no generó ningún derecho para el período posterior al 19 de julio
de 2010.
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128. Esta Sala prohíja en esta oportunidad lo dicho en sentencia de 25 de octubre
de 201757, en la cual se señaló:

«El artículo 73 ib, prevé que la Administración no puede revocar los actos de
contenido particular que hayan creado o modificado una situación jurídica
de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual
categoría, sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

La exigencia legal contenida en el anterior inciso, se predica de los actos que
puedan reputarse como creadores de derechos o de una situación jurídica
particular y concreta, es decir, que ofrezcan confianza a su beneficiario de la
titularidad de una posición jurídica favorable determinada.

En otras palabras, el acto creador del derecho es aquel en virtud del cual el
destinatario resulta favorecido, se reconoce para el administrado una situación
jurídica subjetiva de ventaja, una prerrogativa, genera un impacto positivo o
favorable respecto de la titularidad de un derecho. // Por esto, es el
reconocimiento de un derecho o de una situación jurídica particular y específica
favorable, lo que hace que el acto sea revocable o irrevocable, pues la
Administración no puede desconocer los derechos subjetivos que un acto haya
reconocido.

De manera que el requisito del consentimiento expreso y escrito del titular
depende que el acto administrativo sea creador de derechos o de una situación
jurídica individual.

Lo anterior implica que si el acto no crea un derechos subjetivo (sic) o
interés legítimo favorable y directo para un particular, podrá ser revocado,
en todo o en parte, sin que esté sujeto, para efectos de modificación de
sus condiciones y contenido, a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A».
(Destacado fuera de texto)

129. En similar sentido, apuntó esta Sección en sentencia de 1° de febrero de
201858, al resolver en aquella oportunidad el recurso de apelación interpuesto por
el Movimiento Político Apertura Liberal, por idénticos motivos a los que ocupan la
atención de esta Sala, al señalar:

«Si bien varias colectividades puedan encajar en el escenario descrito por el
acto general, nótese como dicha decisión no regula de forma particular
ningún caso específico sino que establece parámetros genéricos en los
que se puede o no encajar.

En suma, a juicio de esta Sala la conclusión del fallo de primera instancia resulta
adecuada en lo que a la naturaleza del acto respecta, no obstante, es preciso
hacer una precisión conceptual lo que concierne a la mal llamada “revocatoria”
de los actos generales, expresión que desarrollo el a quo.

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 25 de octubre de

2017, radicado: 73001-23-31-000-2008-00237-01(20566), MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (en descongestión), sentencia de
1° de febrero de 2018, radicado: 25000-2324-000-2011-00527-01 (MP: Alberto Yepes Barreiro, actor;
Movimiento Político Apertura Liberal, demandado: Consejo Nacional Electoral.

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Estos actos, por sus características, más que “revocarse”, término que tiene
aplicación para los actos de contenido particular y concreto, se “derogan”, o lo
que es lo mismo, se reemplazan por otros que, también de naturaleza general,
fijan los nuevos parámetros a seguir59».

130. En síntesis, resulta evidente que el inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010, podía ser revocado directamente por la administración, sin
necesidad de contar con el consentimiento del Partido Alas, dado que su
«generalidad» se predica bajo el entendido que en cada cuatrienio los partidos
políticos en Colombia pueden «conservar» o «perder» su personería jurídica.

II.7.2. Análisis del segundo problema jurídico: Si es cierto que en el presente
caso opera o no alguna de las causales de revocatoria de los actos
administrativos previstas en el artículo 69 del CCA.

131. El Tribunal de primera instancia afirmó que, en el presente caso se configuró
la causal de revocación directa de los actos administrativos consignada en el
numeral 1° del artículo 69 del CCA, esto es, porque el inciso primero del artículo 8°
de la Resolución 284 de 2010, era manifiestamente contrario al artículo 108 del
Ordenamiento Superior, pues permitía que el financiamiento a favor de una
organización política se prolongara, incluso, hasta la fecha en que quede
ejecutoriado el acto administrativo que declara la pérdida de dicha personería
jurídica.

132. Por su parte, el Partido Alas y contrario a lo manifestado por el tribunal, anotó
que no es posible entender que la adquisición o pérdida de la personería jurídica
opera ipso iure, pues requiere siempre de la declaración de la autoridad electoral,
plasmada a través de un acto administrativo. Por ende, hasta tanto no quede en
firme el acto administrativo que declaró la pérdida de personería jurídica, el Partido
Alas gozaba de todas las prerrogativas que le corresponden, incluyendo, el derecho
a la financiación estatal.

133. Manifestó que, mal haría en considerarse que tal manifestación de la autoridad
electoral surte efectos con anterioridad, pues ello supondría la aplicación retroactiva
del acto administrativo, en abierta contradicción con lo dispuesto en los artículos
55, 61, 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo, hoy 72 y 87 del CPACA. A
lo anterior agregó que, de admitirse la interpretación del Tribunal se produciría un
vaciamiento de las funciones del Consejo Nacional Electoral.

134. Aludió al contenido del auto de 2 de julio de 2013, «como refuerzo
argumentativo», que fuere proferido dentro del proceso identificado con el radicado
11001 0324 000 2011 00138, mediante el cual, la Consejera a cargo de la
sustanciación de dicho proceso ordenó suspender los efectos jurídicos de los actos
administrativos de pérdida de personería jurídica del Partido Alas, por la razón de

59 Cfr. Araujo Oñate, Rocío: “Problemática actual de la revocatoria directa de los actos administrativos” en:

“Sociedad, Estado y Derecho” Homenaje a Álvaro Tafur Galvis. Páginas 208 a 214.

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que «[…] incluyeron un efecto de aplicación retroactiva que desconocía los artículos
29 y 58 de la Carta Política».

135. Para resolver se considera:

136. Los actos censurados fundamentaron la revocatoria directa en la causal
prevista en el numeral 1°del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, esto
es, en la manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley, al considerar que,
el inciso primero del artículo 8° de la Resolución 284 de 2010 era contrario al artículo
108 del Estatuto Superior.

137. En este punto, cabe señalar que, si bien los actos acusados acudieron a la
figura de la revocatoria directa para dejar sin efectos el inciso primero del artículo
8° de la Resolución 284 de 2010, en realidad, la administración debió acudir a la
figura de la derogatoria.

138. Al respecto, esta Sección en la sentencia de 1° de febrero de 2018, citada
anteriormente, sobre este punto indicó: «[…] Estos actos, por sus características,
más que “revocarse”, término que tiene aplicación para los actos de contenido
particular y concreto, se “derogan”, o lo que es lo mismo, se reemplazan por otros
que, también de naturaleza general, fijan los nuevos parámetros a seguir60».

139. La derogatoria del acto administrativo, según la jurisprudencia de esta
Corporación consiste, entonces, en la abolición de un acto administrativo por
decisión unilateral y discrecional de la autoridad u organismo que lo expidió 61.

140. Precisamente la propia autoridad electoral en ejercicio de esa facultad
consideró que el precepto revocado era manifiestamente contrario al artículo 108
de la Constitución Política, al considerar que «la obtención, conservación y pérdida
de la personería jurídica por parte de un Partido o Movimiento Político, no surge de
la decisión que sobre la materia profiera el Consejo Nacional Electoral, sino que
tales efectos jurídicos son consecuencia directa del resultado obtenido en las urnas
por cada partido, por lo que será el favorecimiento o no del apoyo popular, el que
dé lugar a tales consecuencias, limitándose el Consejo Nacional Electoral a ejercer
una función solamente declarativa de estas circunstancias».

141. Sobre el particular, cabe señalar que la jurisprudencia de la Sección Quinta ha
señalado que «el procedimiento para el reconocimiento de personería jurídica es a
petición de parte, de carácter declarativo y supone la sujeción a las reglas

60 Cfr. Araujo Oñate, Rocío: “Problemática actual de la revocatoria directa de los actos administrativos” en:

“Sociedad, Estado y Derecho” Homenaje a Álvaro Tafur Galvis. Páginas 208 a 214.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1° de febrero de

2018, radicado: 85001-23-31-000-2004-02209-01, MP: Rocío Araújo Oñate. Ver también: (i) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2015, radicado: 25000-23-
26-000-2000-00179-01 (28347), MP: Olga Mélida Valle De La Hoz; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 31 de mayo de 2015, radicado: 68001-23-31-000-
2004-01511-01 (0825-09), MP: Gerardo Arenas Monsalve.

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constitucionales vigentes sobre los requisitos necesarios elementos esenciales
para producir una manifestación del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de
aprobar o negar la solicitud62».

142. Igualmente queda desvirtuado el reparo relacionado con el presunto
vaciamiento de las competencias del Consejo Nacional Electoral como lo sugiere el
apelante. Nótese que la competencia atribuida a la autoridad electoral en los
artículos 180, 265, numerales 7° y 9°63; 3° y 4° de la Ley 130 de 1994 para reconocer
y cancelar personería jurídica de las agrupaciones políticas, competencia de origen
constitucional debía armonizarse con el mandato previsto en el artículo 108 del
Estatuto Superior

143. Por último, también carece de vocación de prosperidad el cuestionamiento
relativo a señalar que en el presente caso debe tenerse en cuenta lo decidido en
auto de 2 de julio de 2013, «como refuerzo argumentativo», proferido dentro del
proceso identificado con el radicado 11001-0324-000-2011-0013864, mediante el
cual, la Consejera a cargo de la sustanciación de dicho proceso ordenó suspender
los efectos jurídicos de las Resoluciones 1959 de 26 de agosto 2010 y 2319 de 15
de diciembre de 2010, por las cuales el Consejo Nacional Electoral declaró la
pérdida de la personería jurídica del partido ALAS. Ello, por cuanto dicha decisión
tiene naturaleza cautelar, preventiva, provisional y accesoria y, por lo mismo, no
implica prejuzgamiento.

144. En consecuencia, el motivo de impugnación analizado no prospera.

62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de julio de 2020,

radicado: 11001-03-28-000-2019-00040-00, MP: Rocío Araújo Oñate.
63 «ARTICULO 265. Modificado por el art. 12, Acto Legislativo 01 de 2009. El nuevo texto es el siguiente: El

Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los
partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales,
directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y
gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:
7. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de
participación política de los ciudadanos, establezca la ley.
8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las
credenciales a que haya lugar.
9. Reconocer y revocar la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos.
[…]».
64Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado: 11001-0324-000-2011-

00138-00, auto de 2 de julio de 2013, actor: Partido Alas, demandado: Consejo Nacional Electoral. Mediante
auto de 2 de julio de 2013, se decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los siguientes actos
administrativos: las Resoluciones (i) 1959 de 26 de agosto de 2010 (artículos 4 y 5) y (i) 2319 de 2010 (15 de
diciembre), por las cual el Consejo Nacional Electoral declaro la perdida de la personería jurídica del Partido
Alas, hoy demandante en este proceso. Para arribar a tal determinación el referido proveído indicó: «En este
sentido, de los hechos presentados por el demandante se advierte que de la simple confrontación de los actos
acusados con las disposiciones contenidas en los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, surge la violación
flagrante u ostensible, pues el principio de irretroactividad de la ley implica que esta se aplica a partir de su
vigencia a fin de preservar los derechos adquiridos con arreglo de las leyes civiles y no es procedente aplicarla
retroactivamente. Así las cosas, por existir violación evidente y manifiesta de los actos acusados con los
artículos 29 y 58 de la Constitución Política, se accederá a la medida cautelar solicitada».
Cabe destacar que a la fecha de expedición de esta sentencia no se ha proferido en dicho proceso sentencia
judicial que ponga fin a la controversia, según la búsqueda efectuada a través de la Sede Electrónica SAMAI.
.

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II.7.3. Análisis del tercer problema jurídico: Si es cierto que los actos
censurados desconocen el debido proceso reconocido en el artículo 29 de la
Constitución Política por no haber vinculado a los partidos y movimientos
políticos destinatarios de la Resolución 284 de 2010, en el trámite de
expedición de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010

145. El Tribunal de primera instancia consideró que no era necesario contar con el
consentimiento del Partido Alas para revocar el inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010, al configurarse la causal genérica de revocatoria
consignada en el artículo 69 del CCA, esto es, por ser manifiesta su oposición a la
Constitución Política. De ahí que, el cargo de nulidad por violación al debido
proceso no estaba llamado a prosperar.

146. Por su parte, el Partido Alas insistió en que el Consejo Nacional Electoral no
citó y tampoco dispuso la comunicación del inicio de la actuación administrativa a
los partidos políticos destinatarios con esa decisión, como tampoco obtuvo su
consentimiento previo, escrito y expreso. En apoyo a su tesis, se adhirió a los
planteamientos esbozados por los ex Magistrados del Consejo Nacional Electoral
Gilberto Rondón González y Bernardo Franco Ramírez, en el marco de sus
salvamentos de voto.

147. Para resolver, se considera:

148. Para desatar el motivo de impugnación analizado, la Sala recuerda que tanto
la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado han señalado que, para la
revocatoria directa de los actos administrativos de contenido particular debe
adelantarse el procedimiento contemplado en el artículo 28 del CCA que señala
que «[C]uando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que
hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les
comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma. En estas
actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35».

149. La Corte Constitucional, en sentencia SU-050 de 2017, sobre el particular,
expresó:

«[…] En resumen, en situaciones reguladas por el anterior código (Decreto
01 de 1984), la Administración puede revocar aquellos actos administrativos de
contenido particular y concreto que han creado situaciones jurídicas particulares
y reconocido derechos de igual categoría, sin consentimiento del titular, cuando
además de presentarse las causales generales de revocatoria (artículo 69 del
CCA) también se comprueba que el mismo fue obtenido por medios ilegales o
fraudulentos.

Para tal efecto, en caso de revocar de manera directa un acto administrativo
de contenido particular y concreto aduciendo que el mismo fue expedido por
medios ilegales la entidad pública deberá acreditar la eficacia del medio ilegal
para la producción del acto que se pretende revocar. Ello, supone como mínimo,
que la causa en la que se sustenta la ilegalidad del acto administrativo sea
anterior a la expedición del acto administrativo.

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Asimismo, la Administración deberá adelantar el procedimiento
establecido en los artículos 28 y 74 del CCA. De acuerdo con ello,
deberá comunicar a los particulares que puedan resultar afectados por la
decisión de revocar un acto administrativo el inicio de la actuación administrativa
que será adelantada con el fin de determinar las causas de la ilegalidad del acto
y de encontrarlo necesario practicar las pruebas de oficio o a petición de parte
que resulten pertinentes». (Destacado fuera de texto)

150. En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado65 ha señalado:

«[…] De acuerdo con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, ya
sea que la revocatoria proceda con o sin el consentimiento del particular titular
del derecho, la misma está sometida en todo caso al procedimiento establecido
en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo (…). El artículo 74 que,
como se ha visto, remite al artículo 28 del mismo Código y éste a su vez a las
normas relativas a la citación del interesado (art. 14 C.CA.), la oportunidad para
presentar pruebas (art. 34 C.C.A) y los presupuestos para la adopción de
decisiones (art. 35 C.C.A), consagra en consecuencia un debido proceso, el
cual debe aplicarse cuando quiera que se proceda a la revocatoria de un
acto administrativo de carácter particular, bien sea que se requiera
obtener el consentimiento del titular del derecho, o que, tratándose de las
excepciones antes analizadas, no se exija ese beneplácito. En ese mismo
sentido, la Corte Constitucional señaló que: “(i) En relación con los actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de
carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, es
necesario obtener el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular para
poder proceder a su revocatoria directa. (ir) La anterior regla general conoce
dos excepciones a las que se refiere el inciso 2° del artículo 73 del C.C.A: una,
la del acto que resulta de la aplicación del silencio administrativo positivo, y otra
que se configura cuando es manifiesto que el acto administrativo fue obtenido
ilícitamente. (iii) En los dos supuestos anteriores, la Administración tiene la
facultad de revocar su propio acto aún sin consentimiento del beneficiario,
siempre que se agote como mínimo el procedimiento previsto en los artículos
14, 28, 34, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo y que la manifiesta
ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas, como de los medios utilizados
para lograr la expedición del acto administrativo, esté plenamente probada en
el procedimiento administrativo que contemplan las referidas
disposiciones».(Destacado fuera de texto)

151. Conforme se viene señalando, la Sala considera que en el presente caso no
era necesario agotar el procedimiento administrativo previsto en los artículos 14, 34
y 35, en tanto que, como quedó analizado previamente, el precepto revocado
contiene un mandato de carácter general, impersonal y abstracto. Incluso, dada su
condición de carácter general no era susceptible de recursos conforme lo ordena el
artículo 49 del CCA, norma que señala:

«No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite,
preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma
expresa».

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre de

2011, radicado: 11001-03-24-000-2006-00225-00, actor: COOMOEPAL LTDA, demandado: Ministerio de
Transporte, MP: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

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152. Ahora bien, a pesar de que la disposición revocada era de contenido general,
la autoridad electoral y con el fin de brindar mayores garantías notificó el contenido
de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010 al Partido Alas, quien presentó de
manera oportuna el recurso de reposición en contra de esa decisión, el cual fue
decidido según la Resolución 2346 de 21 de diciembre de 2010. Adicionalmente, el
contenido de este último acto administrativo fue notificado al Partido Alas mediante
edicto fijado el día 14 de febrero de 2011 y desfijado el día 25 de febrero de esa
anualidad66. Es decir, el Partido Alas tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de
defensa y de contradicción, como garantías que informan el debido proceso.

153. Nótese que tal y como lo consideró la sentencia de 1° de febrero de 201867
citada con anterioridad, la categorización del acto depende de su naturaleza y no
de elementos accidentales como los recursos o su forma de notificación, pues en
el presente caso y con el fin de brindar mayores garantías al administrado, el Partido
Alas pudo impugnar el contenido de la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010.

154. En consecuencia, el referido motivo de impugnación carece de vocación de
prosperidad.

II.7.4. Análisis del cuarto problema jurídico: Si es cierto que los actos
acusados no se encuentran debidamente motivados

155. El Tribunal de primera instancia despachó negativamente tal señalamiento,
al considerar que la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010 precisó cuál era la
norma constitucional transgredida por el aparte revocado, resaltando el momento a
partir del cual surte efectos la pérdida de personería jurídica de los partidos o
movimientos políticos y, que con la sola lectura del inciso primero del artículo 8° de
la Resolución 284 de 2010 era evidente la oposición manifiesta al Estatuto Superior.
Además de lo anterior, aseveró que la Resolución 2346 de 21 de diciembre de 2010,
hizo un recuento del desarrollo jurisprudencial sobre el aspecto central de la
controversia asociado a la extinción de la personería jurídica de los partidos y
movimientos políticos.

156. Por su parte, el recurrente insistió en que el Consejo Nacional Electoral no
hizo expresas o manifiestas las causales de revocación del acto administrativo,
pues la administración no ofreció ninguna argumentación acerca de las razones en
qué consistió la notoria contradicción del inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010 con la Constitución Política, la ley y el ordenamiento
jurídico.

157. Para resolver, se considera:

66 Folios 116 a 117 del Cuaderno Principal.
67
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (en descongestión), sentencia de
1° de febrero de 2018, radicado: 25000-2324-000-2011-00527-01 (MP: Alberto Yepes Barreiro).

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Radicación: 25000-2324-000-2011-00466-01
Demandante: Partido Alas

158. Resulta importante recordar que la motivación del acto ha sido entendida
como el conjunto de razones de hecho y de derecho que justifican la adopción del
acto administrativo. Los motivos constituyen, entonces, el soporte fáctico y jurídico
que dan sustento a la decisión administrativa.

159. A su vez, esta Corporación ha señalado que la falsa motivación, como causal
de nulidad del acto administrativo opera cuando los fundamentos de hecho o de
derecho que exteriorizan la voluntad de la administración (i) son inexistentes; (ii)
resultan contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o
simuladas; (iii) no justifican la decisión o (iv) cuando el autor le ha conferido a los
motivos un alcance que no tienen68.

160. Ahora bien, la falta de motivación, como vicio de nulidad del acto
administrativo y a diferencia de aquel,69 se trata de un aspecto procedimental y
formal que se produce ante la omisión de la administración en hacer expresos o
manifiestos los motivos del acto administrativo, lo cual resulta indispensable de cara
a garantizar el derecho de defensa y de contradicción del administrado pues a partir
de los mismos puede controvertir aquellos aspectos de hecho o de derecho que en
su entender no resultan acordes con la realidad.

161. Precisamente, tal y como lo ha reconocido la Sala:

«[…] una cosa es la falsa motivación y otra la falta de motivación: la primera, es
un evento sustancial, que atañe a la realidad fáctica y jurídica del acto
administrativo, y la segunda, es un aspecto procedimental, formal, ya que ésta
es la omisión en hacer expresos o manifiestos en el acto administrativo los
motivos del mismo. La falsa motivación plantea para el juzgador un problema
probatorio, de confrontación de dos extremos, como son lo dicho en el acto y la
realidad fáctica atinente al mismo, con miras a comprobar la veracidad; también
plantea un juicio lógico de correspondencia entre la realidad constatada y la
consecuencia jurídica que se pretende desprender de ella, cuando la primera
resulta demostrada. De otro lado, la falta de motivación le significa un problema
de valoración directa del cuerpo o contenido del acto sobre si se expresan o
indican razones para su expedición, y si lo dicho es suficiente como para tenerse
como motivación […]70».

162. La Sala comparte la conclusión a la que arribó el Tribunal de primera
instancia, pues la autoridad electoral sí justificó la causal de revocación directa de
los actos administrativos con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1° del

68 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Radicación:
250002324000200800265-01. M. P.: María Claudia Rojas Lasso. Actoras: Judith Amparo Sierra de Chávez y
María Teresa González Zamora.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 08 de junio de 2018.
Radicación: 11001-03-24-000-2009-00499-00. M. P.: Hernando Sánchez Sánchez Actor: Biostar
Pharmaceutical S.A.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2017, número de

radicado: Radicación número: 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326) Actor: Camilo Alberto Riaño Abaunza,
demandado: DIAN, M.P.: Milton Chaves García.
70 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 24 de agosto de

2018. Radicación: 11001-03-24-000-2008-00388-00 (Acumulado 11001-03-24-000-2008-00173-00). M. P.
Guillermo Vargas Ayala. Actores: Luis Fernando Jaramillo Duque y Distribuidora Nacional De Productos Ltda -
Dinpro Ltda.

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artículo 69 del CCA, al considerar que el inciso primero del artículo 8° de la
Resolución 284 de 2010 era manifiestamente contrario al artículo 108 Superior.

163. Lo anterior, por cuanto para la autoridad electoral, la disposición revocada
había desconocido el artículo 108 de la Carta Política al no ser procedente
condicionar la liquidación de los recursos de funcionamiento de los movimientos y
partidos políticos con personería vigente a la ejecutoria de la resolución que decida
sobre la pérdida de dicha personería jurídica a cada organización política dado que,
por mandato del Estatuto Superior, los efectos de la obtención, conservación y
pérdida de la personería jurídica por parte de un partido político opera desde el
mismo momento en el que aquel no adquiere la votación válida requerida en las
elecciones al Congreso de la República.

164. Precisamente, la Resolución 2157 de 26 de octubre de 2010 invocó la
primera causal de revocatoria prevista en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, tal y como se desprende de los siguientes apartes:

«Que mediante resolución 284 de 16 de febrero de 2010, se “fija la cuantía y se
distribuye entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica
vigente, los recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiación de
Partidos y Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento de los
mismos para la vigencia de 2010 y se determina el porcentaje correspondiente
a la deducción del costo con destino al sistema de auditoría externa”.

Que el inciso primero del artículo octavo del referido acto administrativo se
dispuso: «ARTÍCULO OCTAVO: En el evento que se extinga la personería
jurídica de uno o varios Movimientos o Partidos Políticos, se liquidarán los
recursos de funcionamiento proporcionalmente hasta la fecha en que quede
ejecutoriado el acto administrativo que decida la pérdida de dicha personería
jurídica a cada organización política.

Que el artículo 108 de la Constitución Política establece: “El Consejo
Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos;
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos
podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los
votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de
Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese
porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas (…)”.

Que el parágrafo transitorio del artículo citado dispone: “Para las elecciones al
Congreso de la República a celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere
el inciso primero del presente artículo será del dos por ciento (2%)”.

Que el Consejo Nacional produjo la Resolución 1959 del 26 de agosto de 2010
“Por medio de la cual se da cumplimiento al artículo 108 de la Constitución
Política y se adoptan otras decisiones”.

Que en el artículo cuarto de la resolución antes referida se declara la pérdida
de la Personería Jurídica a partir del 20 de julio de 2010, de los partidos y
movimientos políticos que no obtuvieron el dos por ciento (2%) de los votos
válidos depositados en el territorio nacional para Senado de la República o
Cámara de Representantes, ni alcanzaron representación en el Congreso, en

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Radicación: 25000-2324-000-2011-00466-01
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el caso de las circunscripciones especiales de minorías étnicas ni políticas, o no
inscribieron listas de candidatos al Congreso de la República.

Que el inciso primero del artículo octavo de la resolución 284 de 2010,
resulta manifiestamente contario (sic) las disposiciones superiores,
legales y administrativas relacionadas en el presente acto administrativo.

Que a la luz de lo dispuesto por el artículo 69 del código contencioso
administrativo, resulta imperioso proceder a revocar el inciso primero del
artículo 8 de la resolución 284 de 16 de febrero de 2010». (Destacado fuera
de texto)

165. Además de lo anterior, la Resolución 2346 de 21 de diciembre de 2010, hizo
un recuento del desarrollo jurisprudencial para definir el aspecto central de la
controversia, esto es, el relativo a definir la naturaleza jurídica del acto
administrativo que declara la pérdida de la personería jurídica. Así se desprende de
los siguientes apartes que se destacan:

«Como primera medida, debe indicarse a los aquí recurrentes Representantes
Legales de los Partidos ALAS, Movimiento Apertura Liberal y al apoderado del
Partido Colombia Democrática que la obtención, conservación y pérdida de la
personería jurídica por parte de un Partido o Movimiento Político, no surge de
la decisión que sobre la materia profiera el Consejo Nacional Electoral, sino que
tales efectos jurídicos son consecuencia directa del resultado obtenido en las
urnas por cada partido, por lo que será el favorecimiento o no del apoyo popular,
el que dé lugar a tales consecuencias, limitándose el Consejo Nacional Electoral
a ejercer una función solamente declarativa de estas circunstancias.

En atención a lo anterior, es necesario establecer a partir de qué momento se
consolida el efecto señalado de manera antecedente, en relación con lo cual
podemos afirmar que éstos pueden ser tres, a saber: un primer momento
referido a la fecha de la elección, que es cuando se manifiesta el apoyo popular,
mediante los votos depositados por los electores por cada uno de los partidos y
candidatos, de lo que se desprendería, que la pérdida de la personería jurídica
se materializaría el mismo 14 de marzo de 2010.

En relación con esta fecha, surge el inconveniente, que en ese momento no
existe certeza acerca del número real de votos obtenidos por cada uno de los
actores políticos señalados, ni el porcentaje que en relación del total de ellos
representan, toda vez que la información acerca de los resultados electorales
es apenas preliminar y en modo alguno definitivo, ya que apenas ha concluido
el proceso de votación dentro del llamado ciclo electoral y se inicia el proceso
de contabilización y escrutinio de aquella, por lo que sobre resultados inciertos,
no es posible predicar consecuencias definitivas como las declaradas en la
resolución recurrida.

Una segunda oportunidad para la consolidación de tales efectos, guarda
relación con el momento en que terminan lo escrutinios y son declarados los
resultados de las elecciones, agotando con ello la vía gubernativa electoral,
teniéndose certeza no solo de quienes resultan elegidos, sino de su votación,
así como los resultados generales de las elecciones en cuanto a votación total,
votación válida, votos por partidos y proporción que estas últimas representan
sobre el total, así como las consecuencias que en relación con los partidos
políticos tienen tales resultados en los términos del artículo 108 Constitucional,
el que surte a partir de ese momento plenos efectos jurídicos.

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Radicación: 25000-2324-000-2011-00466-01
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En el caso de las elecciones para Congreso de la República efectuadas el 14
de marzo de 2010, el proceso de contabilización, escrutinios, revisión de los
mismos y declaración de elegidos concluyó el 19 de julio de 2010, cuando en
horas de la noche fueron declarados los últimos resultados de la Cámara de
Representantes, de lo que resulta ajustado a la Carta Fundamental el que a
partir del día siguiente a la consolidación de esos resultados se prediquen los
efectos que se cuestionan.

En tercer lugar, puede por algunos considerarse que dichos efectos se
consolidarían a partir de cuándo es declarado el efecto que los resultados
tuvieron respecto de los partidos, lo que ocurrió el 26 de agosto de 2010.

No obstante. En un Estado Constitucional de Derecho, en que la Constitución
es norma de normas y cuenta con efecto vinculante propio, sus efectos se
producen incluso sin necesidad de que norma subalterna así lo indique. Y
diremos entonces que el principio de legalidad esbozado como conculcado,
debe ceder ante el principio de Constitucionalidad, toda vez que:

“…la ley… viene sometida a una relación de adecuación, y por tanto de
subordinación, a un estrato más alto de derecho establecido por la
Constitución …[dónde ésta intenta] poner remedio… mediante la previsión de un
derecho más alto, dotado de fuerza obligatoria incluso para el legislador…
[mediante] el restablecimiento de una noción de derecho más profunda que aquella
a la que el positivismo legislativo lo ha reducido …[donde] la ley cede así su paso
a la Constitución … es destronada a favor de una instancia más alta …[donde] el
principio de constitucionalidad es el que debe asegurar la consecución de este
objetivo de unidad71”, la que somete la actividad de todos las ramas y órganos del
poder público.

Quiere decir lo anterior que han llegado los tiempos de la constitucionalización
del derecho, donde “… las reglas constitucionales son directamente aplicables
tanto por el juez ordinario como por las autoridades administrativas o los
particulares, [invalidando apreciaciones clásicas como las referidas a que] en
algunos casos los principios constitucionales no pueden aplicarse
independientemente de la ley, mientras, que estos mismos principios podrían
aplicarse independientemente de la Constitución … [de tal suerte que] la
normatividad de la Constitución se impone también a los gobernantes y la
constitucionalización se traduce aquí por lo que uno podría llamar la “puesta en
efectividad” de las disposiciones del texto constitucional72”.

De allí que sea evidente que los efectos de la obtención, conservación y pérdida
de la personería jurídica por parte de un Partido o Movimiento Político, referidos
al derecho de participar en la distribución de los recursos estatales asignados
al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales para la
financiación del funcionamiento de los mismos para la vigencia de 2010, se
obtienen a partir del día siguiente a la ocurrencia de la declaratoria de
elección del Congreso de la República 2010-2014 una vez se consolidaron
los resultados del escrutinio de la votación, es decir del 20 de julio de la
presente anualidad.

Así, debe indicarse que la resolución 1959 de agosto 26 de 2010 “Por medio de
la cual se da cumplimiento al artículo 109 de la Constitución Política y se
adoptan otras decisiones” no es constitutivo del fenómeno jurídico de la pérdida
de personería de los partidos políticos que no alcanzaron la votación

71 (Cita es original del texto): ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho düctil. Ley, derechos, justicia. 7ª, Madrid:

Trotta. 2007. p. 34-40.
72 (Cita es original del texto): FAVOREU, Louis Joseph. La Constitucionalización del Derecho. En Revista de

Derecho (Valdivia). [online]. ago. 2001, vol. 12, no. 1. p.31-43.

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correspondiente al dos (2%) de los votos emitidos válidamente en el territorio
nacional en las elecciones de Cámara de Representantes o Senado realizadas
en la presente anualidad, sino declarativa del mismo, por cuanto es el hecho
de la no obtención del apoyo ciudadano de esa proporción el que la
genera, no siendo posible inferir que sus efectos se suspendan hasta
tanto el Consejo Nacional Electoral resuelva los recursos interpuestos,
puesto que como se vio de manera antecedente, el fenómeno se presenta
“ipso iure”.

Por lo anterior, resulta ciertamente contrario a las normas constitucionales,
legales y administrativas el contenido del inciso primero del artículo 8° de
la resolución 284 de febrero 16 de 2010 en cuanto condiciona la liquidación
de los recursos de funcionamiento de los movimientos y partidos políticos con
personería jurídica vigente a la ejecutoria de la resolución que decida sobre la
pérdida de dicha personería jurídica a cada organización política, dado que la
personería jurídica otorga una serie de prerrogativas, en cuanto que la misma
lo convierte en un sujeto capaz de adquirir derechos y obligaciones conforme lo
dispone el artículo 633 del Código Civil73, de allí, que al perderse, con esta se
extinguen algunos de los derechos y obligaciones que de esta devienen,
debiendo observarse para los fines del caso aquí analizado lo anunciado por el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, con ponencia de la
Doctora OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO en sentencia de 17 de marzo de
2000 en donde se expuso que:

“(…) No escapa a la Sala que la extinción o pérdida de la personería jurídica
conlleva la de los derechos que la ley ha derivado de la misma, y que hacen
parte de los mecanismos de financiación y apoyo al desarrollo de las
organizaciones políticas, tales como la franquicia postal, la participación en
los recursos del fondo constituido por el Estado para financiación de los
partidos: tarifas especiales para publicidad política, uso de las imprentas
oficiales y otros (…)” (Subrayas original).

De lo anterior se colige que al momento de extinguirse la personería jurídica, se
extingue igualmente todo derecho que le pueda asistir, inclusive el de la
financiación que se establecía en el inciso primero del artículo octavo de la
Resolución 284 de 2010, revocado por el artículo primero de la Resolución 2157
de 2010.

Frente a la imposibilidad de revocatoria por parte de esta Corporación de sus
propios actos cuando hayan creado o modificado una situación jurídica de
carácter particular y concreto o que hayan reconocido un derecho de igual
categoría sin que medie consentimiento de su titular, se debe señalar que la
revocatoria de los actos administrativos conforme al artículo 73 del Código
Contencioso Administrativo únicamente procede en dos eventos conforme a lo
preceptuado por el Consejo de Estado en sentencia del 16 de julio de 200274:

“(…) son dos las circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de
un acto que tiene efectos particulares, sin que medie el consentimiento del
afectado: Una, que tiene que ver con la aplicación del silencio administrativo
y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por medios ilegales. Sobre
este punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante
señalar que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso

73 (Cita es original del texto): ARTÍCULO 633. DEFINICIÓN DE PERSONA JURÍDICA. Se llama persona jurídica,

una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente.
74 (Cita es original del texto): CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda.

Sentencia No. 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029).

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segundo del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto
ilícito, en el cual la expresión de la voluntad del Estado nace viciada por
violencia, por error o por dolo, no al acto inconstitucional e ilegal de que
trata el artículo 69 del C.C.A., que habiéndose formado sin vicios en la
manifestación de voluntad de la administración, pugna contra la
Constitución o la ley”.

Eventos éstos que no se presentaron en el caso sub examine, puesto que
el acto revocado no deviene de la aplicación del silencio administrativo
positivo ni ocurrió por medios ilegales, siendo imposible acceder a lo
solicitado por los recurrentes teniendo en cuenta que la revocatoria directa del
inciso primero del artículo octavo de la Resolución 284 de 2010 se produce
por oposición manifiesta a preceptos constitucionales y legales conforme
al numeral primero del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo
tal y como se demostró de manera precedente, teniendo en cuenta que al
extinguirse la personería jurídica con ellas (sic) fenece la posibilidad de liquidar
los recursos de funcionamiento a que tienen derecho los partidos y movimientos
con personería jurídica».

166. En consecuencia, el alegado motivo de alzada no está llamado a prosperar.

II.8. Conclusiones

167. Por todo lo expuesto, la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados, razón por la cual resulta
procedente confirmar la sentencia de primera instancia, como en efecto, así se
dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia núm. 159 de 5 de agosto de 2013, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección «C»,
en Descongestión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda,
pero por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

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Radicación: 25000-2324-000-2011-00466-01
Demandante: Partido Alas

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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