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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00471-02

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00471-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 108 Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00471-02 Actores: CREDIBANCO y GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00471-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00471-02
Referencia. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Actores: CREDIBANCO y GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. NO SE VIOLÓ EL
DEBIDO PROCESO NI EL DERECHO DE DEFENSA, EN TANTO NO ERA
PROCEDENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN
NÚM. 46791 DE 2009. ESTA DECISIÓN NO CONTENÍA PUNTOS
NUEVOS, QUE NECESITARAN SER ACLARADOS, PARA QUE LA PARTE
ACTORA PUDIERA DARLE CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS E INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, YA QUE LA
OBLIGATORIEDAD DE ESOS COMPROMISOS SURGIÓ DESDE SU
ACEPTACIÓN POR LA SIC, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 06817
DE 2005, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN NÚM. 33813 DE 2006.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por el apoderado de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE

INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO, en adelante

CREDIBANCO, y GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA, contra la

sentencia de 13 de febrero de 2014, proferida por la Sección Primera,

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Actores: CREDIBANCO y GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA

Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que

denegó las súplicas de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

I.1. CREDIBANCO y GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA, por

medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentaron demanda

ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a

obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1ª. Se declare la nulidad de la Resolución núm. 12201 de 4 de

marzo de 2011, “Por la cual se imponen sanciones por

incumplimiento de garantías e instrucciones”, expedida por el

Superintendente de Industria y Comercio de la Superintendencia de

Industria y Comercio, en adelante SIC.

2ª. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se revoquen

en su totalidad las multas impuestas a la parte actora, según la citada

Resolución núm. 12201 de 2011.

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3ª. Que se condene a la demandada a restituirle a CREDIBANCO una

suma equivalente al valor de la multa impuesta a esa entidad y que se

vio obligada a pagarle a la SIC en virtud de la Resolución acusada, es

decir, la suma de $700.000.000, efectivamente pagada a aquella,

ajustada tomando como base el índice de precios al consumidor del

DANE o por quien haga sus veces, conforme lo establece el artículo

178 del CCA, desde la fecha de su pago, -24 de marzo de 2011-, y

hasta el día en que efectivamente se le haga la restitución solicitada.

4ª. Que se condene a la demandada a pagarle a CREDIBANCO la

suma antes citada, debidamente ajustada con los intereses

comerciales corrientes, a la tasa certificada por la Superintendencia

Financiera de Colombia, desde la fecha de su pago hasta la de

ejecutoria de la sentencia que se profiera. Los intereses comerciales

corrientes deberán liquidarse sobre el capital, ajustado con base en el

índice de precios al consumidor determinado por el DANE o por quien

haga sus veces, al final de cada período de liquidación y de

conformidad con lo establecido en el ordenamiento.

5ª. Que se condene a la demandada a pagarle a CREDIBANCO la

citada suma, debidamente ajustada, con los intereses comerciales

moratorios a la tasa más alta permitida por la ley, desde la fecha de

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ejecutoria de la sentencia que se profiera hasta cuando se restituya la

suma pagada. Los intereses comerciales moratorios deberán liquidarse

sobre el capital, ajustado con base en el índice de precios al

consumidor determinado por el DANE o por quien haga sus veces, al

final de cada período de liquidación, de conformidad con lo establecido

en el ordenamiento.

6ª. Que se condene a la entidad demandada a restituirle al señor

GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA una suma equivalente al valor

de la multa a él impuesta y que se vio obligado a pagarle a la SIC en

virtud de la resolución demandada, es decir, la suma de $50.000.000,

efectivamente pagada, ajustada tomando como base el índice de

precios al consumidor determinado por el DANE o por quien haga sus

veces, conforme lo establece el artículo 178 del CCA, desde la fecha

de su pago a la SIC, -24 de marzo de 2011-, y hasta el día en que

efectivamente se le haga la restitución solicitada.

7ª. Que se condene a la demandada a pagarle al señor GUSTAVO

ADOLFO LEAÑO CONCHA la suma antes citada, debidamente

ajustada con los intereses comerciales corrientes, a la tasa certificada

por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde la fecha de su

pago, hasta la de ejecutoria de la sentencia que se profiera. Los

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intereses comerciales corrientes deberán liquidarse sobre el capital,

ajustado con base en el índice de precios al consumidor determinado

por el DANE o por quien haga sus veces, al final de cada período de

liquidación y de conformidad con lo establecido en el ordenamiento.

8ª. Que se condene a la demandada a pagarle al señor GUSTAVO

ADOLFO LEAÑO CONCHA la citada suma, debidamente ajustada con

los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta permitida por

la ley, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que se profiera y

hasta cuando se restituya la suma pagada. Los intereses comerciales

moratorios deberán liquidarse sobre el capital, ajustado con base en el

índice de precios al consumidor determinado por el DANE o por quien

haga sus veces, al final de cada período de liquidación, de conformidad

con lo establecido en el ordenamiento.

9ª. Que se condene en costas a la demandada y a favor de la parte

actora.

I.2. La parte actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los

siguientes hechos:

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1º. Mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de junio de 2004, el

Superintendente Delegado de Promoción de Competencia de la SIC

abrió investigación tanto en contra de CREDIBANCO y REDEBAN

MULTICOLOR S.A., en adelante REDEBAN, como de sus

representantes legales, por supuestas conductas anticompetitivas

“vinculadas exclusivamente a una alegada colusión entre las

investigadas para una fijación de precios de las comisiones de las

tarjetas débito y de crédito que se cargan al comercio”.

2º. A través de comunicaciones de 28 de enero y 31 de marzo de

2005, CREDIBANCO y sus establecimientos de crédito asociados, en

desarrollo de lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 30 de

diciembre de 19921, ofrecieron a la SIC unas garantías.

3º. El 31 de marzo de 2005, la SIC, mediante la Resolución núm.

06817, aceptó las garantías ofrecidas y ordenó la clausura de la

investigación abierta mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de

junio de 2004.

4º. Por Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006, la SIC

declaró incumplidos los compromisos de que trata la Resolución

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“Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones”, expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico”.

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06817 de 2005 e hizo exigibles las garantías a CREDIBANCO y a su

representante legal.

5º. A través de las comunicaciones de 21 de noviembre y 6 de

diciembre de 2006 CREDIBANCO y sus asociados ofrecieron a la SIC

una modificación de las garantías aceptadas mediante la Resolución

núm. 06817 de 31 de marzo de 2005, en la que se obligaron a

mantener unas Tarifas Interbancarias de Intercambio, lo que fue

aceptado en la Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006.

La administración se obligó para con CREDIBANCO a contratar la

elaboración de un estudio que sirviera de base para establecer un

mecanismo sobre la determinación de la Tarifa Interbancaria de

Intercambio, en adelante TII.

6º. Mediante la Resolución núm. 02485 de 2 de febrero de 2007, la

SIC resolvió los recursos de reposición interpuestos contra la

Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006, en el sentido de

confirmar, parcialmente, la decisión recurrida.

7º. En la Resolución núm. 029497 de 19 de agosto de 2008, la SIC

declaró el incumplimiento de los compromisos a cargo de

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CREDIBANCO, de su representante legal y de sus entidades

financieras asociadas; y exigió el cumplimiento de tales compromisos

de manera diferente a como inicialmente estaba previsto.

8º. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de

reposición, el cual fue resuelto por la SIC mediante la Resolución

núm. 46791 de 15 de septiembre de 2009, en la que confirmó varios

artículos de la parte resolutiva de la decisión recurrida y modificó

otros.

9º. CREDIBANCO, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo

tercero de la Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre de 2009,

presentó el 22 de octubre de 2009 el estudio ordenado para

determinar las TIIs, el cual fue complementado posteriormente y

cumplía con los requisitos establecidos en dicho acto.

10º. El 17 de junio de 2010, la SIC solicitó a CREDIBANCO, así como

al señor GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA, explicaciones sobre el

estudio presentado el 22 de octubre de 2009 y el 19 de octubre de

2010.

11º. Los días 9 de julio y 9 de noviembre de 2010, CREDIBANCO y

el señor GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA, respectivamente,

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dieron respuesta a las solicitudes de explicación.

12º. Mediante la Resolución núm. 12201 de 4 de marzo de

2011, la SIC declaró el incumplimiento de los compromisos a cargo

de CREDIBANCO y de su representante legal, “durante el período

de 23 de octubre a 18 de diciembre de 2009 y de las instrucciones

impartidas por la Superintendencia en las Resoluciones 29497 de

2008 y 46791 de 2009 que le fueren impartidas a CREDIBANCO e

impuso multa tanto a CREDIBANCO como a GUSTAVO ADOLFO

LEAÑO CONCHA. Ni CREDIBANCO ni GUSTAVO ADOLFO LEAÑO

CONCHA interpusieron recurso de reposición contra la mentada

resolución 12201 de 4 de marzo de 2011, no siendo obligatorio

hacerlo para agotar la vía gubernativa, por así desprenderse de los

artículos 51, 62, 63 y demás concordantes del CCA”.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación

de los artículos 29 y 333 de la Constitución Política; 98 del Estatuto

Orgánico del Sistema Financiero; 84 del CCA; y el Decreto 2153.

En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación:

. PRIMER CARGO: DESVIACIÓN DE PODER E INFRACCIÓN A
LA NORMATIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA
(ARTÍCULO 333 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ARTÍCULO

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98 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO,
ARTÍCULO 1º DE LA LEY 155 DE 1959 Y DECRETO 2153 DE
1992.

Señaló que el derecho a la libre competencia económica está previsto

en el artículo 333 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley

155 de 24 de diciembre de 19592 y el Decreto 2153, que regula

exclusivamente la aplicación de tal derecho respecto de las personas

diferentes de aquellas a quienes la normativa le aplica un estatuto

especial.

Indicó que de los decretos 2153 y 3523 de 15 de septiembre de

20093, así como de la Ley 1340 de 24 de julio de 20094, se desprende

la función de la SIC de velar para que el derecho a la libre

competencia no sea vulnerado; y que, por ende, con la expedición

de la resolución acusada se contrarió lo dispuesto en las normas

aludidas.

Expresó que las garantías otorgadas por CREDIBANCO, aceptadas

por la SIC, a través de las resoluciones núms. 06817 de 2005 y

33813 de 2006, que se expidieron en cumplimiento de lo previsto en

2
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.”
3
“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio y se determinan
las funciones de sus dependencias.”
4
“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”.

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el artículo 52 del Decreto 2153, tenían como objeto asegurar que se

suspendiera o modificara la conducta por la cual se investigó.

Sostuvo que la investigación iniciada por la SIC tuvo por objeto

averiguar acerca de una conducta de acuerdo de precios entre

CREDIBANCO y REDEBAN MULTICOLOR S.A., sobre las comisiones

que se cobraran a los comerciantes por las operaciones realizadas

mediante el uso de tarjetas VISA y MASTER CARD, pero en la

resolución acusada no se hizo mención alguna sobre esa conducta.

Anotó que si la Administración quería sancionar o hacer efectivas

unas garantías contra un particular, debía acreditar la vulneración de

las situaciones garantizadas por parte del ciudadano administrado.

Al tomar cualquier determinación sobre la libre competencia

económica, la entidad estatal, encargada de la protección de tal

interés, tenía la carga de sustentar, mediante la elaboración de un

estudio técnico económico, la decisión que llegare a tomar en el acto

administrativo que pusiera fin a la actuación administrativa, pues se

trata de decisiones que pueden ser nocivas para los consumidores y

usuarios del sector financiero, como se acreditó, en el presente caso,

para los tarjetahabientes de tarjetas de pago bancarios, según

estudio elaborado por la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ de

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FEDESARROLLO.

Aseveró que las decisiones contenidas en la Resolución núm.

12201 de 2011, acto acusado, no estuvieron fundamentadas en

el estudio técnico al que se hizo alusión. La SIC tan sólo mencionó,

en el acto demandado, la declaración del doctor FERNÁNDEZ RIVA y

el estudio de la doctora ARBELÁEZ de FEDESARROLLO, el cual nunca

fue refutado técnicamente por aquella, sino que se limitó a hacer

comentarios fuera de contexto y equivocados.

Alegó que al analizar la declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ

RIVA se logra concluir que el efecto de aplicar las órdenes de que

tratan los artículos tercero y cuarto de la parte resolutiva de la

Resolución 029497 de 2008, sería altamente nocivo para el derecho

colectivo a la libre competencia económica y afectaría gravemente a

los consumidores, en particular, a los tarjetahabientes de tarjetas de

pago bancarias; y que el mismo efecto nocivo se da en cuanto a las

órdenes de los artículos segundo y tercero de la Resolución núm.

46791 de 2009, que resolvió el recurso de reposición interpuesto

contra la Resolución núm. 029497.

Que, adicionalmente, la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELÁEZ

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RESTREPO, Investigadora asociada de FEDESARROLLO y Directora

del proyecto denominado “Concentración del Mercado de Tarjetas de

Pago Visa”, presentó este estudio ante la SIC, dentro de una

diligencia de testimonio técnico, en el cual se ratificaron los

conceptos presentados ante esta, años atrás, por el doctor JAVIER

FERNÁNDEZ RIVA, sobre los efectos nocivos para los consumidores

y tarjetahabientes que se hicieron realidad.

Indicó que de las declaraciones del doctor FERNÁNDEZ RIVA, del

estudio de la doctora ARBELÁEZ de FEDESAROLLO y de la ausencia

de soporte mediante un análisis técnico económico previo a la

expedición de la resolución acusada, se desprende que la SIC actuó

con desconocimiento de la normativa sobre la libre competencia

económica; y, además, los criterios utilizados por CREDIBANCO

para determinar los costos de las TIIs tienen relación directa con los

servicios prestados al comercio, esto es, son costos asociados al

negocio de las tarjetas bancarias de pago que exclusivamente

corresponden a los servicios de las tarjetas de pago prestados a los

comercios.

Que el testimonio del doctor FERNÁNDEZ RIVA y el estudio de la

doctora ARBELÁEZ son las únicas pruebas que obran en el expediente

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acerca de los criterios para definir las costos de la TII y los efectos

anticompetitivos de las órdenes expedidas en los artículos tercero y

cuarto de la Resolución núm. 029497 de 2008 y segundo y tercero

de la Resolución núm. 46791 de 2009 de la SIC; no obstante, no se

entiende cómo el Superintendente las desconoció y procedió a

imponer las sanciones a los actores, pese a ser claro que cumplieron

sus compromisos.

Expresó que el Superintendente de Industria y Comercio procedió en

el acto acusado sin prueba alguna que lo apoye respecto de dichas

órdenes frente al derecho de la competencia, las cuales fueron

cumplidas por la parte actora.

Adujo que las decisiones de la SIC son una regulación de precios,

para lo cual dicha entidad no está autorizada y, por ende, son

arbitrarias en la medida en que son “[…] fruto exclusivo de su

capricho y no del análisis objetivo, sereno y serio del expediente y

de los temas económicos que tienen relación con el derecho de la

competencia […]”.

Advirtió que si se reducen las TIIs, en la forma en que lo hace la

resolución demandada, en perjuicio de bancos, como la parte actora,

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sucederá lo siguiente:

. El negocio tiende a concentrarse en un mayor grado en los bancos

que tienen la mayor disponibilidad de recursos para prestar el

servicio de adquirencia, concentración que se producirá por la sola

fuerza del mercado, “aun sin o contra la voluntad expresa” de los

bancos grandes.

. Los bancos pequeños, que no tienen muchas posibilidades de ser

adquirentes en volúmenes mayores y a quienes les atrae es la sola

emisión, no van a tener el incentivo necesario para seguir emitiendo

tarjetas en el volumen que lo venían haciendo y poco a poco hasta ir

abandonando el negocio.

. Los ingresos que dejan de tener los bancos emisores los recuperan

en gran parte de los tarjetahabientes, mediante alzas en los

intereses, en las cuotas de manejo y en la reducción de algunos

beneficios que han tenido en el pasado, como los seguros gratuitos.

.SEGUNDO CARGO: CUMPLIMIENTO POR PARTE DE
CREDIBANCO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DE LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO SEGÚN LAS GARANTÍAS
ACEPTADAS POR LA SIC MEDIANTE LAS RESOLUCIONES
NÚMS. 06817 DE 2005 Y 33813 DE 2006.

Expresó que CREDIBANCO puso a disposición de la SIC los factores

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objetivos de fijación de la TII, su ponderación y las tarifas fijadas y

los cambios de unas y otras e informó en su momento, a través de

diarios de circulación nacional, que los bancos adquirientes tenían

libertad para acordar las comisiones al comercio.

También incluyó en sus reglamentos internos los compromisos de los

bancos asociados y reformó sus estatutos para prohibir que las

personas naturales designadas en su junta directiva pertenezcan

simultáneamente a juntas directivas de otras redes.

Que el cumplimiento de la parte demandante de los compromisos

derivados de los ofrecimientos de garantías aceptados por la SIC y

de las instrucciones impartidas en las resoluciones núms. 29497 de

2008 y 46791 de 2009 se evidencia en las respuestas de 9 de julio y

9 de noviembre de 2010, a las solicitudes de explicaciones

formuladas por la SIC.

Que en esas respuestas se acredita que el representante legal de

CREDIBANCO tuvo la diligencia de un buen hombre de negocios,

señalada por el artículo 23 de la Ley 222 de 20 de diciembre de

19955.

5
“Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos
concursales y se dictan otras disposiciones.”

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Sostuvo que los hechos mencionados en estas respuestas no fueron

desvirtuados por la SIC en la resolución acusada y se encuentran

probados dentro de los antecedentes administrativos.

Indicó que las instrucciones impartidas por la SIC en las resoluciones

núms. 029497 de 2008 y 47691 de 2009 no son claras, razón por la

que CREDIBANCO interpuso recurso de reposición con fines de

aclaración; sin embargo, la SIC se abstuvo de hacer las aclaraciones

solicitadas y declaró el recurso como improcedente, pese a que la

resolución recurrida contenía puntos nuevos respecto de la

Resolución núm. 029497 de 2008.

Anotó que el representante legal de CREDIBANCO, al presentar el

estudio ordenado por la SIC, hizo unas consideraciones que no fueron

tenidas en cuenta.

Que ni CREDIBANCO ni la ley le han otorgado a la SIC la facultad

de ajustar, interpretar, modificar u ordenarle la aplicación parcial de

un modelo para determinar las TIIs, menos aún para establecer

unilateralmente el nivel de las mismas o de las utilidades razonables

del negocio, que es lo que ha hecho en varias ocasiones desde la

expedición de la Resolución núm. 12040 de 2006, confirmada por la

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Resolución núm. 02485 de 2007, por razones totalmente ajenas y

sin relación alguna con las supuestas conductas vulnerantes de la

normatividad sobre la libre competencia, que fueron materia de

investigación abierta mediante la Resolución núm. 13820 de 2004.

Que lo pretendido con el establecimiento del modelo de costos, de

que trata la Resolución núm. 06817 de 2005, fue asegurar que la

tarifa se estableciera con base en unos criterios objetivos que

CREDIBANCO podía determinar, para lo cual goza de entera

autonomía.

Que a través de la citada Resolución núm. 06817 se somete al sector

financiero a un control de precios en cuanto a las TIIs, aspecto que

está reservado a la ley por lo que dicha resolución vulnera la libre

competencia, establecida en el artículo 333 de la Constitución

Política.

Que toda determinación de precios debe ser elaborada considerando

los costos y el mercado, luego el hecho de realizar un estudio que

tenga en cuenta los costos no implica que la SIC tenga la facultad

para intervenir los precios en cualquier forma.

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Manifestó que lo que se hizo en el estudio que se presentó ante la

SIC, en acatamiento de la Resolución núm. 46791 de 2009, fue

establecer un mecanismo técnico de fijación de precios, cuyas

características debe definir exclusivamente CREDIBANCO con sus

entidades financieras asociadas beneficiarias de la TIIs.

.TERCER CARGO: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y
DERECHO DE DEFENSA POR PARTE DE LA SIC (ARTÍCULO 29
CONSTITUCIÓN POLÍTICA). VIOLACIÓN DE LO DISPUESTO EN
EL INCISO 4º DEL ARTÍCULO 348 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL Y EL ARTÍCULO 7º DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO PENAL.

Manifestó que en el recurso de reposición con fines de aclaración,

que CREDIBANCO interpuso contra la Resolución núm. 46791 de

2009, se señaló que al desatar el recurso interpuesto contra la

Resolución núm. 029497 de 2008, se incluyeron puntos nuevos, cuya

aclaración es necesaria para poder cumplir con las instrucciones que

le fueron impartidas a CREDIBANCO.

Expresó que es clara la violación del debido proceso y del derecho de

defensa por parte de la SIC, al no haber resuelto el referido recurso

de reposición con fines de aclaración.

Indicó que el plazo fijado para presentar el estudio fue de escasos 10

días, el cual es insuficiente para el efecto.

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Alegó que la entidad demandada ha debido aplicar el principio indubio

pro reo previsto en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal,

ante la duda existente sobre el sentido de las órdenes impartidas por

la SIC en la Resolución núm. 46791 de 2009.

.CUARTO CARGO: OTRAS IRREGULARIDADES

Adujo que de la resolución acusada, así como de la resoluciones

núms. 12040 de 2006, 02485 de 2007, 029497 de 2008 y 46791 de

2009, se deduce que el propósito es reducir las TIIs.

Que esto ocasionó que la entidad demandada, so pretexto de exigir

el cumplimiento de unos compromisos, modificara el esquema de

costos vigentes para lo cual no es competente.

Señaló que en las mismas resoluciones la SIC, bajo el argumento de

hacer exigibles los compromisos de los administrados, reguló el

negocio determinando el precio de la TII, imponiendo órdenes que

son del resorte exclusivo de los empresarios.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

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La SIC, mediante apoderado, contestó la demanda y para oponerse

a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente:

En cuanto al primer cargo, trajo a colación la sentencia C-456 de 2

de septiembre de 19986 de la Corte Constitucional, y la de 20 de

marzo de 1997, proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado7, las cuales hacen referencia a la desviación de poder, para

señalar que no se encuentran elementos probatorios que permitan

determinar los motivos que tuvo la entidad para obrar con fines

distintos a los señalados por la Ley, carga probatoria que le

correspondía al demandante.

Que se comparten los argumentos de la parte actora sobre la

normativa aplicable en cuanto al derecho a la libre competencia

económica, esto es, el artículo 333 de la Constitución Política, la Ley

155 de 24 de diciembre de 19598, el Decreto 2153 y el Estatuto

Orgánico del Sistema Financiero.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 333 de la

Constitución Política, la libre concurrencia de los mercados puede ser

6
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C- 456 de 2 de septiembre de 1998, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 20 de marzo
de 1997, C.P. Clara Forero de Castro.
8
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.”

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intervenida si así lo exigen los fines sociales y el bienestar de la

comunidad.

Señaló que los distribuidores y expendedores podrán fijar libre y

autónomamente los precios de acuerdo con su estructura de costos

y su margen de utilidad, sin sujetarse al consenso de otras

voluntades; sin embargo, las conductas que coarten la libre

competencia, impongan barreras al ingreso o salida del mercado,

impidan la libre formación del precio o tiendan a establecer precios

inequitativos, se consideran ilegales por violar las normas de la libre

competencia y se denominan anticompetitivas o restrictivas.

Anotó que la SIC está facultada para investigar y sancionar actos

contrarios a la libre competencia e igualmente lo está para ordenar

la clausura de la investigación cuando, a juicio del Superintendente

de Industria y Comercio, el presunto infractor brinde garantías

suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se

le investiga, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo

52 del Decreto 2153; y que esta última facultad corresponde al

ejercicio de la función que tiene la SIC de velar por la observancia de

las disposiciones sobre la libre competencia y de sancionar prácticas

comerciales restrictivas en los mercados nacionales.

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Explicó que, en el caso objeto de análisis, con las garantías ofrecidas

por CREDIBANCO y su representante legal, estos se

comprometieron, de manera voluntaria, a realizar una serie de

modificaciones en las operaciones de la Red y ofrecieron establecer

un nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de

los establecimientos de comercio.

Que tal mecanismo establecía obligaciones a cargo de

CREDIBANCO, su representante legal y de los bancos asociados,

aunado a un esquema de seguimiento y otorgamiento de una póliza

de seguro de cumplimiento, lo que fue considerado por el

Superintendente en mención como garantía suficiente de la

eliminación de las conductas que originaron la investigación, razón

por la cual mediante la Resolución núm. 06817 de 2005 se aceptó

dicho ofrecimiento y se ordenó clausurar la investigación.

Expresó que, por ende, la SIC en el acto acusado no pudo haberse

pronunciado sobre la existencia de un acuerdo de precios, pues en

razón del ofrecimiento y aceptación de garantías no se produjo en la

respectiva investigación una decisión de fondo sobre los aspectos que

la originaron, lo que quiere decir que la etapa en la cual la

Administración debió pronunciarse sobre las resultas de la

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investigación, en los términos del artículo 52 del Decreto 2153, en

concordancia con el artículo 35 del CCA, y en la cual se califica la

conducta como anticompetitiva, no se agotó, pues la investigación

concluyó de manera anticipada.

Indicó que de conformidad con el artículo 52 del Decreto 2153 las

garantías se ofrecen estando en curso la investigación, lo que

significa que en el momento de aceptación de las mismas solo existen

hechos presuntamente violatorios de las disposiciones legales en

materia de competencia.

Alegó que en el acto demandado la SIC se pronunció sobre el

cumplimiento de las garantías ofrecidas por CREDIBANCO,

concretamente acerca de los compromisos referentes a la

determinación de la tarifa interbancaria de intercambio, que hacen

parte de las obligaciones que implicaban la implementación del nuevo

mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo de los

establecimientos de comercio, por lo que la SIC no vulneró el régimen

de protección de la competencia, pues, por el contrario, sancionó el

incumplimiento de los compromisos.

Que “[…] en la aplicación de las normas sobre protección de la

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competencia los análisis efectuados por esta Superintendencia deben

enmarcarse en lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y

teniendo en cuenta la evidencia que obra en cada expediente […]”.

En relación con el estudio elaborado por la doctora MARÍA ANGÉLICA

ARBELÁEZ dijo que éste fue aportado en el testimonio decretado

como prueba en el trámite de los recursos presentados en vía

gubernativa; y respecto de la declaración del doctor JAVIER

FERNÁNDEZ RIVA, manifestó que la misma no resultaba pertinente

para analizar la legalidad de los actos acusados.

Adujo que la SIC no está fijando las TIIs ni ejerciendo facultades de

regulación de precios, pues conforme a lo dispuesto en la Resolución

06817 de 2005, modificada por la 33813 de 2006, el mecanismo

propuesto para la fijación de las comisiones a cargo de los

establecimientos de comercio asignaba a CREDIBANCO, “la Red”, la

función de establecer las TIIs, que sirve de base para la fijación de

las mencionadas comisiones, determinación que debía realizarse de

acuerdo con los parámetros establecidos en las garantías.

Que en los escritos en los que se ofrecieron las garantías se observa

que la Red se comprometió a fijar las TIIs, de las que son

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responsables los bancos adquirentes frente a los bancos emisores;

para la determinación de las TIIs debían considerarse únicamente los

costos asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, más una

utilidad para este negocio. Además, las redes se comprometieron a

entregar a la SIC los estudios con la cuantificación de los costos, la

ponderación de los factores objetivos y la metodología empleada

para la estimación de las TIIs.

Que la SIC, en ejercicio de la función de verificación y seguimiento

de las garantías, revisó la determinación de las tarifas con base en el

mecanismo propuesto y encontró el incumplimiento de los

compromisos asumidos.

Que el mecanismo de fijación de las comisiones al comercio y las

condiciones para la determinación de las TIIs fueron compromisos

voluntariamente ofrecidos por CREDIBANCO y sus bancos asociados

para obtener la clausura de la investigación, que por prácticas

comerciales restrictivas se adelantaba; y que, por ende, tales

compromisos deben ser cumplidos conforme a lo ofrecido, lo que

debe ser verificado por la SIC, sin que ello implique una fijación de

tarifas por parte de la entidad demandada.

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“[…] También debe tenerse en cuenta que lo que se ha presentado

no es una diferencia de criterios entre las redes y la SIC para

determinar los costos utilizados en el cálculo de las TII’s, sino una

falta de correspondencia entre los costos que efectivamente

incorporaron las redes en el modelo para la definición de las tarifas

y los compromisos aceptados en la Resolución 06817 de 2005 […]”.

Agregó que si bien es cierto que los compromisos ofrecidos

constituyen obligaciones a cargo de CREDIBANCO y sus bancos

asociados, también lo es que los mismos no tuvieron origen en una

imposición de la demandada ni implicaron una invasión en el ejercicio

de la actividad de los empresarios, toda vez que las garantías fueron

ofrecidas de manera libre y voluntaria con el propósito de obtener la

clausura de la investigación administrativa.

Con respecto al segundo cargo, señaló que la modificación de los

compromisos aceptada en la Resolución núm. 33813 de 2006 fue

solicitada con ocasión del incumplimiento inicial declarado en la

Resolución núm. 12040 de 2006 a CREDIBANCO y a su

representante legal, en relación con las obligaciones contenidas en

las garantías aceptadas en la Resolución núm. 06817 de 2005 y no

por la supuesta falta de claridad en los compromisos.

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Expresó que el acto demandado tiene su origen en los reiterados

incumplimientos de los compromisos, garantías e instrucciones de la

parte actora.

Advirtió que se contradice el apoderado de la parte demandante en

sus afirmaciones, toda vez que inicialmente manifiesta que la

mencionada parte dio cumplimiento a los compromisos derivados de

las resoluciones de aceptación de garantías y posteriormente señala

que dichos compromisos e instrucciones no son claros, lo que, en su

criterio, ha derivado en el incumplimiento de sus representados.

Anotó que la parte actora no puede, luego de años de desarrollo de

la investigación administrativa, pretender excusar su incumplimiento

en una supuesta falta de claridad en las instrucciones impartidas por

la SIC.

Sobre el tercer cargo, la SIC adujo que garantizó el derecho al

debido proceso en la actuación que culminó con la expedición del

acto demandado, en aspectos como el derecho de defensa,

contradicción y publicidad.

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Insistió en que las resoluciones núms. 06817 de 2005 y 33813 de

2006, en las cuales la SIC aceptó el ofrecimiento de garantías, y las

resoluciones núms. 029497 de 2008 y 46791 de 2009 son actos

administrativos debidamente notificados y en firme.

Reiteró que el recurso de reposición con fines de aclaración contra la

Resolución núm. 46791 de 2009 es improcedente, toda vez que dicho

acto se encontraba en firme.

Alegó que las disposiciones del Código de Procedimiento Civil se

aplican a los procesos contencioso administrativos, por remisión del

artículo 267 del CCA, esto es, en los procesos judiciales que cursan

ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero no en las

actuaciones ante la Administración.

Advirtió que si en gracia de discusión se aceptare que la remisión que

hace el artículo 267 del CCA es aplicable a las actuaciones

administrativas, tampoco puede aplicarse lo previsto en el artículo

348 del Código de Procedimiento Civil, pues en el presente caso no

nos encontramos frente a un aspecto no regulado en el CCA, dado

que esta normativa ha señalado todo lo concerniente a los recursos

en la vía gubernativa.

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Frente al cuarto cargo, reiteró lo expresado sobre los cargos

anteriormente analizados.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 13 de febrero de 2014, la Sección Primera,

Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegó

las pretensiones de la demanda, al no prosperar los cargos, con base

en los razonamientos que pueden resumirse así:

En cuanto al primer cargo, señaló que por medio de la Resolución

núm. 13820 de 2004 se abrió investigación por el presunto acuerdo

de precios existentes entre CREDIBANCO y REDEBAN

MULTICOLOR; sin embargo, las sociedades investigadas

constituyeron garantías con el fin de conseguir anticipadamente la

clausura de la investigación, conforme a lo previsto en el artículo 52

del Decreto 2153.

Que dichas garantías fueron aceptadas por la SIC, a través de las

resoluciones núms. 06817 de 31 de marzo de 2005 y 33813 de 11

de diciembre de 2006.

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Sostuvo que la aceptación de las garantías y la clausura de la

investigación implicaban la posibilidad de poder verificar los

compromisos ofrecidos por las redes y sus bancos asociados para la

concesión de tales beneficios; y que si bien no existe norma especial

que le permita a la entidad demandada la adopción simultánea de las

medidas consistentes en declarar el incumplimiento de los

compromisos ofrecidos, exigir su cumplimiento y hacer efectivas las

garantías, ello no afecta la legalidad del acto acusado, pues la

facultad para ello se encuentra comprendida dentro de la

competencia prevista en el artículo 52 del Decreto 2153.

Expresó que constituye un asunto que deberá ser examinado por los

jueces competentes, en el marco de una controversia distinta a la

presente, el hecho de si las órdenes de que tratan los artículos

tercero y cuarto de la parte resolutiva de la Resolución núm. 029497

de 2008, que fueron modificadas por la Resolución núm. 46791 de

2009, resulta nocivo para el derecho colectivo a la libre competencia

económica y si afecta gravemente a los consumidores, en particular,

a los tarjetahabientes.

Advirtió que el apoderado de la parte actora no indicó norma alguna

que exija la elaboración de un estudio técnico económico para

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sustentar las decisiones contenidas en el acto demandado, por lo que

no hay fundamento legal para afirmar que la realización del mismo

sea obligatoria antes de declarar el incumplimiento de unos

compromisos asumidos ni para exigir el cumplimiento de estos.

Que si en gracia de discusión fuese procedente analizar los estudios

técnicos que señaló la parte demandante, se observa que en la

declaración del doctor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, recepcionada el 2

de marzo de 2006 en la actuación administrativa, el declarante

cuestionó el modelo presentado por CREDIBANCO ante la SIC para

la fijación de las TIIs, concretamente, en cuanto al tema de que las

TIIs serían establecidas con base en los costos de la prestación del

servicio de transferencia de pagos a los comercios, pero no hizo

referencia a los efectos nocivos que podían darse con motivo de la

declaración del incumplimiento de los compromisos ofrecidos por las

redes, sus representantes legales y sus bancos asociados.

Anotó que el demandante no puede ir contra sus propios actos, pues

fue él quien convino en la utilización de una determinada

metodología, que finalmente fue acogida por la SIC como parte de

los compromisos ofrecidos; por lo tanto, las deficiencias estructurales

que pudieran advertirse en dicha metodología de cálculo no pueden

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imputarse a la SIC porque ella verificó el cumplimiento de los

compromisos con base en los lineamientos que propusieron las redes

y los bancos asociados.

Estimó que el estudio de la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELAEZ,

relativo a los efectos de la regulación sobre los precios del mercado

de tarjetas de pago, fue realizado en diciembre de 2008, es decir,

con posterioridad a la aceptación de las garantías ofrecidas por las

redes y sus bancos asociados y sus modificaciones, por lo que no

pudo ser tenido en cuenta al momento de definir los compromisos

entre la SIC y las redes y sus bancos asociados, por lo que mal podría

ser tenido en cuenta como parámetro.

Que si bien es cierto que en el acto acusado no se hace mención al

estudio de la doctora MARÍA ANGÉLICA ARBELAEZ, ni al testimonio

del doctor JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, ello no desvirtúa que dichos

experticios fueron emitidos con posterioridad a las garantías

ofrecidas por CREDIBANCO.

Señaló que resulta impreciso, a efectos de confrontarlo con los

razonamientos de la entidad demandada, el argumento del

apoderado de la parte actora, de que los criterios utilizados por

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CREDIBANCO para determinar los costos de las TIIs tienen relación

directa con los servicios prestados al comercio, esto es, que son

costos asociados al negocio de las tarjetas bancarias que

corresponden exclusivamente a los servicios de las tarjetas de pago

que se prestan al comercio, dado que no expuso las razones por las

cuales estimó que CREDIBANCO y su representante legal

cumplieron con sus compromisos, menos aún indicó en qué medida

tal circunstancia es contraria a las consideraciones realizadas por la

SIC en el acto acusado.

Que dicha imprecisión impide que se aborde el análisis jurídico y

probatorio que corresponde, pues ello, en los términos señalados por

el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de agosto de 20129 implica

que el juez asuma la carga argumentativa que corresponde a la parte

demandante.

Expresó que la Resolución demandada declaró el incumplimiento de

los compromisos derivados de los ofrecimientos de garantías,

ofrecidas por la propia parte demandante y aceptados por la SIC, a

través de la Resolución núm. 06817 de 2005, modificada por la

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto
de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2007-00202-
01.

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Resolución 33813 de 2006, durante el período de 23 de octubre de

2009 a 18 de diciembre de 2009, y de las instrucciones impartidas

mediante las resoluciones núms. 29497 de 2008 y 46791 de 2009,

por parte de CREDIBANCO, por lo que dicho proceder de la entidad

demandada no puede ser calificado como regulación de precios.

Sobre el segundo cargo, indicó que no puede perderse de vista que

fue la propia parte actora la que ofreció las garantías, cuyo

incumplimiento es hoy materia de debate.

Explicó que, en la Resolución núm. 06817 de 2005, la SIC aceptó las

garantías ofrecidas por CREDIBANCO y en ella se destacan los

compromisos asumidos por la sociedad actora.

Que en la Resolución núm. 33813 de 2006 la SIC aceptó la

modificación de las garantías inicialmente ofrecidas por

CREDIBANCO, por lo que, en consecuencia, esta adquirió unos

compromisos.

Estimó que no resulta aceptable que la parte demandante asevere

que a través de la Resolución núm. 06817 de 2005 se someta al

sector financiero a un control de precios en cuanto a las TIIs, pues

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dicho acto administrativo fue expedido en virtud de las garantías, en

su momento, ofrecidas por CREDIBANCO y aceptadas por la SIC.

Que no comparte la afirmación de la parte actora, según la cual la

SIC ha venido determinando unilateralmente el nivel de las TIIs y las

utilidades razonables del negocio desde la expedición de la

Resolución núm. 12040 de 2006, confirmada por la Resolución núm.

02485 de 2007, toda vez que estos actos están ajustados a derecho,

tal y como lo señaló el Consejo de Estado al pronunciarse en segunda

instancia acerca de la legalidad de los mismo, mediante la citada

sentencia de 23 de agosto de 2012.

Que resulta claro que la definición de las características de los

mecanismos de fijación de las TIIs no corresponde exclusivamente a

CREDIBANCO y a sus entidades financieras asociadas, ya que la SIC

debe entrar a verificar si dichos mecanismos se ajustan a los

parámetros de las garantías ofrecidas por la parte actora, aceptadas

por la demandada.

Afirmó, en lo concerniente a la claridad en las instrucciones

impartidas por la SIC, en las resoluciones núms. 029497 y 46791 de

2009, que se abstenía de evaluar tal circunstancia en atención a que

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ello corresponde a la órbita de lo decidido en dichos actos, lo cual no

constituye materia del acto, cuya legalidad se estudia en el presente

asunto.

En lo atinente al cumplimiento de los compromisos derivados de los

ofrecimientos de las garantías, aceptados por la SIC en las

resoluciones núms. 06817 de 2005 y 33813 de 2006, así como de

las instrucciones impartidas en las resoluciones núms. 29497 de

2008 y 46791 de 2009, precisó que la sola remisión de los

documentos e informaciones requeridos no satisface el cumplimiento

de los parámetros de fijación de las TIIs previamente acordados.

Que en la resolución acusada se endilga a la parte actora la

extemporaneidad en la presentación del “Estudio Técnico para el

Cálculo de las TIIs”; sin embargo, en la demanda no se controvierte

este aspecto.

Aseveró que la demanda no se refiere, en particular, a ninguno de

los costos relacionados con “Otros Mercados”, “personal asignado” y

“promoción y retención”, los que, a juicio de la SIC, no satisfacen las

condiciones previstas en los compromisos aceptados en las

resoluciones núms. 06817 de 2005 y 33813 de 2006, ni indica la

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razón por la que los mismos deberían ser incluidos en el cálculo de

las TIIs.

Que otro aspecto del señalamiento que hace la SIC, sobre las

inconsistencias en la determinación de los costos y utilidad que

afectan las TIIs, es el relacionado con la “Ausencia de relación de

causalidad entre las cuentas de las cuales se tomaron los costos y el

concepto de costo aplicado”.

Que para el caso de BANCO DE COLOMBIA, la SIC adujo que

CREDIBANCO presentó la estructura de costos de servicios, entre

los que incluye el costo del área “GCIA SEGURIDAD BANCARIA”, pero

que, de acuerdo con la descripción de las actividades relacionadas

con los costos de dicha área, se observó que el costo correspondiente

a “proveer a los presidentes del Grupo Bancolombia y a los

vicepresidentes del Banco, transporte terrestre con conductor escolta

que les garantice el oportuno y seguro desplazamiento en las

ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa

Marta”, no son costos que estén asociados ni directa ni

indirectamente a los costos de fraude por transacciones realizadas

con tarjetas de crédito, débito o Electron, que es la explicación que

rindió CREDIBANCO.

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Que en el caso del BANCO COLPATRIA, se formularon cargos en

relación con la causalidad entre algunos costos administrativos

directos e indirectos. Acerca de los primeros, la SIC señaló que, si

bien el banco disminuye el valor de los costos, el saldo restante no

es aceptable basado en un supuesto criterio conservador, sin

presentar evidencias que acrediten técnicamente la relación de

causalidad que justifique su inclusión como parte de los costos para

determinar las TIIs.

Indicó, en lo relacionado con el “impuesto a las ventas no

descontable”, que la SIC señaló que ni en la información presentada

por CREDIBANCO ni en el anexo del BANCO COLPATRIA se presentó

la descripción de los conceptos por los que se pagó el IVA, ni las

razones que explican la relación del costo del “impuesto a las ventas

no descontable” con los servicios de tarjetas de pago prestados a los

comercios, siempre que no hayan sido asumidos por el

tarjetahabiente u otro tercero, más una utilidad razonable por este

negocio. Sobre este punto, en la demanda no se hizo mención.

Que en lo que respecta al BANCO DE BOGOTA, la SIC expresa que

se incluyó el costo denominado “mercadeo”, reiterando lo dicho en la

Resolución núm. 12040 de 2006, en el sentido de que dicho costo no

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podía ser incluido para el cálculo de las TIIs, pero en la demanda no

se mencionó este asunto.

Sostuvo que la falta de pronunciamiento de la parte actora a la que

se hace referencia se extiende a otros cargos analizados en el acto

acusado, como son “Duplicaciones del Banco Colpatria” e “inclusión

de costos de capital como parte de los costos para determinar los

valores de las TIIs”.

Observó que la parte demandante pretende trasladar al juzgador la

carga argumentativa que le corresponde acerca de cada uno de los

incumplimientos que le fueron atribuidos, ejercicio que solo a ella le

competía acometer.

Respecto del tercer cargo, señaló que si bien es cierto que las

actuaciones surtidas en torno a las resoluciones núms. 029497 de

2008 y 46791 de 2009 guardan relación con el asunto bajo estudio,

también lo es que no son materia de estudio en este proceso, dado

que el estudio de legalidad en el caso sub lite se contrae a la

Resolución núm. 12201 de 2011 demandada.

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Explicó que lo anterior significa que no es procedente analizar los

pormenores de las instrucciones impartidas en las resoluciones

núms. 029497 de 2008 y 46791 de 2009, ya que las mismas se

presumen ajustadas a derecho, mientras no hayan sido suspendidas

o anuladas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Frente al cuarto cargo, expresó que teniendo en cuenta que las

“otras irregularidades” que alegó la parte actora, son una reiteración

de lo expuesto en los cargos anteriores, en los que sostiene que la

SIC incurre en una regulación de precios, ratifica lo resuelto sobre

esos cargos.

Afirmó que al no haberse presentado los presupuestos del artículo

171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 7 de julio

de 199810, no se condenará en costas.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora fincó su inconformidad, en esencia, así:

10
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.”

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Señaló que la sentencia apelada no cumplió con la orden establecida

prevista en el artículo 170 del CCA, de analizar debidamente los

hechos en que se funda la controversia, ni los argumentos

presentados en la demanda, ni las pruebas, ni las normas jurídicas

alegadas, en cuanto la misma presenta las siguientes

inconsistencias:

Respecto al tercer cargo, adujo que el fallo recurrido al afirmar que

las instrucciones impartidas en las resoluciones núms. 029497 de

2008 y 46791 de 2009 se presumen ajustadas a derecho mientras

no hayan sido suspendidas o anuladas por la Jurisdicción Contencioso

Administrativo, desvió la discusión sobre lo que fue el objeto del

recurso de reposición con fines de aclaración, que interpuso la parte

demandante contra la Resolución núm. 46791 de 2009, ante la SIC.

Que una cosa es que las citadas resoluciones se presumieran

ajustadas a derecho por no haber sido suspendidas o anuladas y otra

cosa es que las instrucciones fueran claras, lo cual no era, razón por

la que se interpuso el referido recurso de reposición con fines de

aclaración, pero como no se produjo la aclaración no era posible dar

cabal cumplimiento a las mismas aunque se tratara de hacerlo, “ya

que la falta de claridad de sus órdenes le facilitaba a la SIC el

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argumentar su incumplimiento con base en interpretaciones de unas

órdenes ambiguas como lo fueron las impartidas en las citadas

resoluciones de la SIC”.

Advirtió que es obvio que la claridad de las órdenes impartidas a la

parte demandante por la SIC en las resoluciones núms. 029497 de

2008 y 46791 de 2009 es relevante, para determinar la validez, o

no, de lo resuelto en la Resolución núm. 12201 de 4 de marzo

de 2011 acusada, en relación con el cumplimiento de las referidas

instrucciones por parte de la parte actora.

Para el efecto, transcribió apartes del recurso de reposición con fines

de aclaración, con el objeto de que el fallador de segunda instancia

juzgue si las aclaraciones solicitadas eran o no necesarias para

precisar adecuada y suficientemente las órdenes impartidas.

Asimismo, trajo a colación apartes del recurso en referencia, los que,

a su juicio, son “puntos nuevos”, que “dan lugar a que sea posible

interponer recurso de reposición contra la providencia que resuelva

otro recurso de la misma índole que los contenga”.

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Frente al segundo cargo, alegó que es clara la violación del debido

proceso y del derecho de defensa de la parte demandante por parte

de la SIC, al no haber resuelto el referido recurso de reposición con

fines de aclaración interpuesto por CREDIBANCO y no aclarar los

aspectos que se estimaban necesarias, sobre la nueva orden de

elaborar y presentar un estudio para determinar las TIIs.

Que, además, a la entidad demandada no le bastó vulnerar el debido

proceso y el derecho de defensa en la forma antes expuesta, sino

que fijó un plazo de solo 10 días para presentar el Estudio ordenado,

el cual es insuficiente y le permitió a la mencionada entidad reforzar

su argumentación para justificar el incumplimiento de la parte

demandante de las instrucciones impartidas.

Anotó que existiendo duda sobre el sentido de las órdenes impartidas

por la SIC en la Resolución núm. 46791 de 2009, cuyo cumplimiento

fue objeto de las sanciones impuestas a través del acto acusado, la

demandada debió aplicar el principio in dubio pro reo, de que trata

el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, aplicable en materia

administrativa sancionatoria.

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Expresó que es evidente, entonces, que al haber desechado el

recurso de reposición interpuesto por CREDIBANCO, negándose a

darle trámite y a resolverlo de fondo, argumentando que no existen

puntos nuevos en la citada resolución recurrida y negándose a aclarar

los puntos solicitados por CREDIBANCO para poder presentar en la

forma aceptable por la SIC el Estudio ordenado, se violó

flagrantemente el derecho de defensa de la parte actora.

Agregó, en cuanto al segundo cargo, que no se ajusta a la realidad

la afirmación de la sentencia apelada, de que la demanda no se

refiere, en particular, a ninguno de los costos, ni indica la razón por

la que los mismos deberían ser incluidos en el cálculo de las TIIs,

toda vez que en la declaración que rindió el señor JAVIER

FERNÁNDEZ RIVA, transcrita parcialmente en la demanda, se refirió

particularmente a estos costos.

Por último, sostuvo que existió carencia de análisis en la sentencia

apelada de la conducta del doctor GUSTAVO LEAÑO CONCHA

frente al cumplimiento de sus obligaciones como representante legal

de CREDIBANCO.

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Explicó que a pesar de estar acreditado dentro del expediente que él

tuvo la diligencia de un buen hombre de negocios requerida por el

artículo 23 de la Ley 222, respecto a los asuntos a su cargo, el fallo

recurrido no se pronunció sobre dicha conducta, como se puede

observar en las páginas 31 y siguientes de la sentencia apelada.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en

esta instancia, la parte actora, a través de escrito visible en el índice

28 del expediente digital SAMAI, adujo que existió falsa motivación,

por cuanto la actuación administrativa de la SIC y la sanción

administrativa atentaron contra la libre competencia y no podía

producir efectos jurídicos; y por ausencia de antijuridicidad, en tanto

la sanción se basó en la deficiencia y entrega extemporánea en la

información solicitada y no en el incumplimiento de las garantías.

Alegó que es evidente que se transgredió la regla que ordena resolver

las dudas razonables en favor del investigado (in dubio pro

administrado), pues a pesar de que no existieron elementos de juicio

y probatorios para acreditar la responsabilidad del investigado

(incumplimiento de las garantías), la SIC sancionó a CREDIBANCO.

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Manifestó que la SIC se limitó a realizar aseveraciones y a cuestionar

la información entregada por CREDIBANCO, en ausencia absoluta

de una prueba técnica que permita respaldar las conclusiones sobre

la supuesta falta de satisfacción de las condiciones previstas en los

compromisos, al igual que la supuesta falta de correspondencia con

los costos asociados al negocio.

Sostuvo que la SIC procedió a fijar una postura unilateral sobre

aspectos de orden técnico, imponiendo su visión sobre la forma como

debían realizarse los cálculos, cercenándole la oportunidad a

CREDIBANCO de discutir e incluso, de ser el caso, corregir los

“guarismos del modelo”, en el evento en que existiese un error, lo

cual supone una extralimitación de las funciones a cargo de la entidad

demandada y una violación al debido proceso, circunstancia que no

fue considerada por la sentencia apelada.

Reiteró que existió violación del debido proceso, porque la SIC

rechazó el recurso de reposición y no aclaró las inquietudes

presentadas por CREDIBANCO, así como lo referente a la falta de

pronunciamiento del fallo de primera instancia sobre la

responsabilidad del representante legal.

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IV.2.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

mediante escrito visible en el índice 26 del expediente digital SAMAI,

alegó que ninguno de los puntos que soportan los reparos de la

sentencia de primera instancia están llamados a prosperar.

Señaló, en cuanto al segundo cargo, que la parte demandante

pretendía que se resolviera una cuestión de fondo sobre el contenido

de las decisiones de la SIC, a partir de una supuesta violación al

debido proceso que nunca demostró.

Manifestó que en segunda instancia intentó lo mismo, pero aludiendo

a que el fallador de primera instancia se equivocó por estimar que no

era una cuestión de fondo sino procedimental.

Expresó que el problema de este argumento es que en ninguna de

las instancias la parte apelante se refirió a la vulneración al debido

proceso. Que hizo un breve intento desacertado, en el cual indicó que

la aclaración de una circunstancia de fondo era necesaria, bajo una

solicitud improcedente para garantizar el debido proceso, dejando de

lado la improcedencia de su solicitud y la falta de técnica al intentar

cuestionar el fondo mediante el procedimiento.

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Sostuvo que la nulidad de un acto administrativo requiere mayor

despliegue argumentativo y probatorio que el propuesto. Por ello, las

consideraciones del Tribunal, así como su decisión, deben

mantenerse.

Afirmó, respecto del tercer cargo, que el recurso de apelación se

limitó a afirmar que algunas expresiones del Tribunal no eran ciertas,

pero se abstuvo de proporcionar argumentos que sustentaren el

hecho de que esa circunstancia tiene la aptitud para que la sentencia

sea revocada.

Aseveró que la parte demandante también cuestionó que la sentencia

no se pronunció sobre la conducta del representante legal de

CREDIBANCO y que, aunque se acreditó su comportamiento como

buen hombre de negocios, el Tribunal no se refirió a dicha

circunstancia.

Que este punto carece de sustento, toda vez que el apelante no

ofrece razón alguna por la cual esa circunstancia de lugar a revocar

la sentencia o porque la decisión de primera instancia hubiera sido

diferente de haberse tenido en cuenta tal situación.

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Agregó que el recurrente olvidó que el cargo analizado se basaba en

si CREDIBANCO había cumplido las garantías, que ellos mismos

habían ofrecido y que habían sido aceptadas por la SIC, y en que con

su comportamiento la SIC supuestamente estaba sometiendo al

sector financiero a una regulación de precios, razón por la cual no se

observa el motivo del cuestionamiento de la parte actora a pesar de

que los puntos sobre los que versaba el cargo fueron analizados y

estudiados.

IV.3.- Por su parte, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala es competente para resolver los recursos de apelación

presentados contra los fallos de primera instancia en aquellos temas

que constituyeron la oposición específica a la decisión de los

Tribunales. De este modo, el estudio y la competencia del fallador de

segunda instancia, se limitará a examinar los reproches contra los

razonamientos y consideraciones que tuvieron los mismos para

resolver las demandas respectivas.

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Esta Corporación, en reiterados pronunciamientos, ha delimitado el

objeto del recurso de apelación y señalado que el juez de segunda

instancia deberá pronunciarse solamente frente a los argumentos

expuestos por el apelante y, en específico, a las referencias

argumentativas que aduce en el escrito contentivo del recurso contra

la decisión que adoptó la primera instancia.

Precisado lo anterior, se tiene que el presente asunto se contrae a

establecer la legalidad de la Resolución núm. 12201 de 4 de

marzo de 2011, “Por la cual se imponen sanciones por

incumplimiento de garantías e instrucciones”, expedida por el

Superintendente de Industria y Comercio, a través de la cual se

impuso a CREDIBANCO una multa de $700.000.000, por el

incumplimiento de los compromisos derivados de los ofrecimientos

de garantías aceptados por la SIC en la Resolución núm. 06817 de

31 de marzo de 2005, modificada por la Resolución núm. 33813 de

11 de diciembre de 2006, y de las instrucciones impartidas por la

misma entidad en las resoluciones núms. 029497 de 19 de agosto de

2008 y 46791 de 15 de septiembre de 2009. Asimismo, se sancionó

con una multa de $50.000.000 al señor GUSTAVO LEÓN CONCHA,

por la indicada conducta.

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Para tal efecto, se deben tener en cuenta los siguientes hechos, que

antecedieron el citado acto acusado:

. La SIC, mediante la Resolución núm. 13820 de 25 de junio de

2004, abrió investigación contra CREDIBANCO, REDEBAN

MULTICOLOR S.A. y sus representantes legales, por la realización de

presuntas prácticas comerciales restrictivas de la competencia, en

cuanto establecieron las mismas comisiones máximas de tarjetas

crédito y débito, para las distintas actividades comerciales.11

. CREDIBANCO, a través de escrito radicado núm. 03110924-10037

ante la SIC, suscrito por esta entidad y por los bancos asociados,

ofreció la constitución de garantías, con el fin de conseguir

anticipadamente la clausura de la investigación, conforme a lo

previsto en el artículo 52 del Decreto 2153, en el cual consignaron

los compromisos de dicha red y de los bancos asociados, de los que

se puede destacar que a la RED le correspondía fijar

independientemente las TIIs12 y a los bancos asociados les competía,

a partir de la fecha en que se implementara el sistema de las TIIs,

determinar, independientemente, las comisiones a cargo de los

11
Folios 304 a 309 del C.1.
12
Es la comisión establecida a favor de los establecimientos de crédito y emisores y a cargo de los
establecimientos de crédito adquirentes.

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diferentes establecimientos de comercio por el servicio de

adquirencia, para lo cual tendrían en cuenta los factores objetivos.

Con fundamento en lo anterior, mediante la Resolución núm.

06817 de 31 de marzo de 2005, la SIC aceptó el ofrecimiento de

garantías presentado por CREDIBANCO y su representante legal,

coadyuvado por los bancos asociados a dicha Red, y ordenó la

clausura de la referida investigación.

En el Considerando “SEGUNDO” de la citada Resolución, se

estableció:

“[…]

2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas interbancarias
de intercambio, de las cuales serán responsables los bancos
adquirentes frente a los bancos emisores.

[…]

(v). Las tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red, considerando los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta
de pago prestados a los comercios, siempre que no hayan
sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable por este negocio.

Por tanto, no se incluirán dentro de los mismos aquellos que
correspondan o estén relacionados con la emisión del

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instrumento de pago y la intermediación financiera, evitándose
así la causación doble de un mismo costo o gasto.
[…]

Los criterios objetivos establecidos por la red para la
determinación de las tarifas interbancarias de intercambio,
junto con su justificación, serán determinados y allegados
dentro de los diez hábiles siguientes a la ejecutoria de la
resolución mediante la cual ustedes acepten las garantías, los
cuales tendrán el carácter de públicos.

Dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, se
allegará el estudio que contiene la cuantificación de los costos,
junto con la ponderación de los factores objetivos y la
metodología empleada para su estimación, el cual dada la
naturaleza confidencial de la información que contiene, le
solicitamos a la Superintendencia de Industria y Comercio
mantener bajo reserva, en los términos previstos en la ley.

Credibanco se obliga a establecer el sistema de tarifas
interbancarias de intercambio antes descrito, y a dar
cumplimiento a los otros compromisos que por la presente
adquiere, dentro de un plazo que vence el 1 de abril de 2005.
En caso de que incumpla los compromisos a su cargo, la
Superintendencia de Industria y Comercio podrá hacer efectiva
la póliza correspondiente, por $763´000.000,00. […]”
(Destacado fuera de texto).

En el numeral 3.4 del Considerando “TERCERO” y en la parte

resolutiva, de dicha Resolución núm. 06817, se expresó:

“[…] TERCERO: Que para decidir la anterior solicitud, este
Despacho tendrá en cuenta que el ofrecimiento presentado,
cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 2153 de
1992, de la siguiente manera:

[…]

3.4. Esquema de Seguimiento
Como complemento a las indicaciones que hemos dado, la
Superintendencia de Industria y Comercio entiende que su
deber de verificación del correcto funcionamiento de los
mercados, previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de
1992 y demás normas concordantes, no se verá satisfecho
en el presente caso, sin un esquema de seguimiento que

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permita corroborar el cumplimiento de lo prometido y
asegurar que no se está incurriendo nuevamente en las
mismas conductas que dieron mérito a la apertura de la
investigación.

En el caso que nos ocupa, el esquema de seguimiento es idóneo
si se concreta por el término de tres (3) años, durante el cual:

-La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y
Comercio a remitirle periódicamente, en forma trimestral el
primer año y semestral los dos siguientes, con carácter
confidencial, a partir del último día del mes en que el sistema
atrás descrito haya quedado establecido, un listado de los
factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tasa
Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como las
tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otras hayan
tenido en dichos períodos. Esta información deberá remitirse
dentro del mes siguiente a la terminación de cada período.

La Red se obliga a poner a disposición de la Superintendencia
de Industria y Comercio, tanto los factores objetivos de fijación
de las tasas interbancarias, su ponderación, así como las tarifas
fijadas y los cambios de unas y otras cuando la
Superintendencia lo solicite.

Dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria del
presente Acto, la Red deberá informar a través de un diario de
amplia circulación que a partir de la aplicación del nuevo
sistema, los bancos adquirentes tienen libertad para acordar
las comisiones al comercio.
[…]

El anterior esquema de seguimiento, entiéndase sin perjuicio
de las facultades de verificación que le confiere a esta Entidad
el artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, y demás normas
concordantes, las cuales podrán ser ejercidas en cualquier
momento.

En mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar como garantía de
suspensión de la conducta investigada los compromisos
descritos en la parte considerativa de la presente
resolución, así como el esquema de seguimiento y la

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póliza de cumplimiento ofrecida […]13.” (Destacado fuera de
texto).

. El 29 de noviembre de 2006, CREDIBANCO y el señor ORLANDO

RAFAEL GARCÍA TORRES, a través de escrito radicado con el núm.

03-110924- 00627-0039, solicitaron la modificación de los

compromisos, aceptados por la SIC en la Resolución núm. 06817

de 2005.14

En virtud de lo anterior, mediante la Resolución núm. 33813 de

11 de diciembre de 2006, la SIC aceptó la solicitud de modificación

de los compromisos consignados en la Resolución núm. 06817 de 31

de marzo de 2005, ofrecidas por CREDIBANCO15.

En los considerandos “CUARTO” y “QUINTO” de la citada

resolución, se señaló:

“[…] CUARTO: Que, según el escrito reseñado en el
considerando segundo, los compromisos ofrecidos en cabeza
de la Red, de su representante legal y de los bancos asociados
a la misma Red, quedarían de la siguiente manera:

“2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)

“El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargos
de los establecimientos de comercio consistirá en:

13
Folios 72 a 82 del C.2.
14
Folios 111 a 112 del C.2.
15
Folio 111 del C.2.

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“(i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la
Red se abstendrá de fijar la comisión a cargo de los
establecimientos de comercio.

(ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.
[…]

iv) […]

a) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.

Para el efecto, la red adoptará la recomendación técnica
del Ministro Consejero de la Presidencia de la República
y, en todo caso, se compromete a no incluir en el cálculo
de la TII los costos asumidos por el tarjetahabiente u
otro tercero y los de adquirencia. La red verificará esa
circunstancia con base en la información que le remitan los
bancos

b) A partir de la fecha de la aceptación de la presente
solicitud de modificación de garantías por parte de la SIC
y hasta cuando se determine la nueva TII conforme al
estudio que elabore la red de acuerdo con los criterios
objetivos y la metodología aprobados por la SIC, las TII
promedio para las transacciones realizadas con tarjetas crédito,
débito y electron, serán las que indican a continuación:
-Crédito: 2% máximo promedio ponderado, en cada trimestre
calendario.
-Débito: 1,96% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario
-Electron; 1,25% máximo promedio ponderado, en cada
trimestre calendario.

c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a
partir de la aceptación de la presente solicitud de
modificación de garantías, CREDIBANCO presentará a la
SIC los criterios objetivos y la metodología para la

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cuantificación de costos.

d) Adicionalmente, CREDIBANCO se compromete a
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo
de 6 meses, contados a partir de la fecha en que esta
apruebe los criterios y la metodología.

e) Si CREDIBANCO no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los literales c) y d)
anteriores o la Superintendencia no aprueba los mismos,
la red se compromete a dar cumplimiento a los
compromisos aceptados en la resolución 6817 de 2005.

f) Para distribuir el resultado del estimativo hecho con base en
los criterios objetivos que se allegarán a la Superintendencia,
CREDIBANCO determinará las tarifas interbancarias de cada
establecimiento de comercio, teniendo en cuenta todos,
algunos o alguno de los siguientes factores objetivos:
[…]

g) Si los estudios recomiendan la adopción de un nuevo
modelo, CREDIBANCO acogerá la recomendación y
presentará a la SIC la correspondiente modificación de
garantías.

v) Con la aplicación de este sistema los bancos adquirentes
podrán competir entre sí ante los diferentes establecimientos y
cada uno de ellos tendrá derecho a las comisiones que acuerde
libremente sobre cada una de las transacciones que adquiera.
Estas comisiones pueden ser mayores, menores o equivalentes
a las tarifas interbancarias de intercambio que haya
determinado CREDIBANCO.

CREDIBANCO se obliga a establecer el sistema de TII
provisional previsto en el literal b) del numeral iv)
dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la
resolución que admita la modificación de garantías. En
caso de que se incumpla cualquiera de los compromisos
a cargo de la red, la SIC podrá hacer efectiva la garantía
otorgada por la suma de $816.000.000.

-La Red se obliga a poner a disposición de la Superintendencia
de Industria y Comercio, tanto los factores objetivos de fijación
de las tasas interbancarias, su ponderación, así como las tarifas
fijadas y los cambios de unas y otras cuando la
Superintendencia lo solicite.

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-La Red se obliga para con la Superintendencia de Industria y
Comercio a remitirle periódicamente, en forma trimestral, con
carácter confidencial, a partir de la fecha en que el sistema
atrás descrito haya quedado establecido, un listado de los
factores objetivos que haya utilizado para la fijación de la Tarifa
Interbancaria de Intercambio, su ponderación, así como las
tarifas vigentes, junto con los cambios que unos y otros hayan
tenido en dichos períodos, si los hubiere. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.
[…]

2.1.3 Por parte de los bancos asociados a CREDIBANCO:

Los Bancos asociados a CREDIBANCO, cuando obren como
adquirentes, se obligan a dar cumplimiento a las siguientes
estipulaciones, que además CREDIBANCO incluirá dentro de su
respectivo reglamento interno, como obligación a cargo de los
bancos asociados:

a. Cada banco deberá determinar independientemente las
comisiones a cargo de los establecimientos de comercio por el
servicio de adquirencia, teniendo en cuenta factores objetivos
como: el tipo de actividades que desarrolla el establecimiento;
los volúmenes de facturación; los riesgos inherentes a cada
negocio; los costos; el tipo de productos; la situación
competitiva del respectivo banco frente a los demás que
presten el servicio de adquirencia; la política de penetración al
mercado de adquirencia; los estudios sobre los beneficios que
le ha reportado el establecimiento de comercio en los diversos
negocios que ha desarrollado con el mismo; las proyecciones
de los beneficios que podría tener el banco al vincular a un
establecimiento de comercio a sus servicios bancarios de
cuenta corriente bancaria, de cuenta de ahorros, de emisión de
certificados de depósito a término, de negocios de cambio, de
cartas de crédito, de negocios internacionales, de crédito, de
adquirencia de tarjeta de pago, y demás servicios financieros.

b. Los bancos se obligan para con la Superintendencia de
Industria y Comercio a remitirle periódicamente, durante tres
años, en forma trimestral, con carácter confidencial, a partir
del último día del mes en que el sistema atrás descrito haya
quedado establecido, un listado de criterios objetivos que haya
utilizado para la fijación de la comisión, su ponderación, así
como las comisiones vigentes, junto con los cambios que uno
y otro hayan tenido en dichos períodos. Esta información
deberá remitirse dentro del mes siguiente a la terminación de
cada período.

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Dentro de los principios que inspiran dicho documento, queda
claro que cada banco podrá establecer y sustituir, cuando a
bien tenga, los criterios utilizados para la determinación de las
comisiones de adquirencia en un momento dado, por otros
igualmente objetivos; establecer y modificar la ponderación
originalmente asignada a cada uno de los mismos; utilizar
factores objetivos diferentes de los enumerados de manera no
taxativa o en el literal a.- anterior; utilizar solo alguno o
algunos de los allí mencionados o uno o unos de ellos, junto
con otros diferentes, que el mismo banco considere más
convenientes para su actividad.

c. Mantener a disposición de la Superintendencia de Industria
y Comercio un archivo con los reglamentos internos sobre los
factores objetivos establecidos para determinar las comisiones
de adquirencia, al igual que las modificaciones que realice a los
mismo. Este archivo se conservará durante tres años, contados
a partir de la fecha de aceptación de la presente oferta de
garantías.

“[…] QUINTO: Que revisadas las modificaciones propuestas,
este Despacho considera que los nuevos compromisos
ofrecidos constituyen garantía suficiente respecto a la
suspensión o modificación de los comportamientos que dieron
origen a la investigación que concluyó con la resolución 06817
de 2005 pues, como los inicialmente aceptados, ellos
garantizan que la fijación de las comisiones cobradas a
los establecimientos de comercio por la prestación de los
servicios de tarjetas de pago se efectuará en forma
independiente y objetiva y, además, en competencia con
los demás participantes del mercado, de manera que se
pueda asegurar que el mercado se verá liberado, en el
presente y el futuro, de las circunstancias que motivaron
el inicio de dicha investigación […]”.16

. A través de la Resolución núm. 02485 de 2 de febrero de 2007,

la SIC resolvió los recursos de reposición interpuestos contra la

Resolución núm. 12040 de 15 de mayo de 2006, en el sentido de

16
Folios 111 a 116 del C.2.

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confirmar el incumplimiento de los compromisos de CREDIBANCO y

su representante legal, señalados en la Resolución núm. 06817 de

2005.

En razón a las modificaciones introducidas en la Resolución núm.

33813 de 2006, se revocaron las órdenes de cumplimiento de tales

compromisos, debido a que los mismos habían sido reformados,

estableciéndose plazos para elaborar nuevamente estudios de costos

para la determinación de las TIIs y para la aplicación de tarifas

provisionales sustancialmente inferiores a las vigentes a partir de 1º

de abril de 2005 mientras se elaboraban dichos estudios.

. Mediante la Resolución núm. 029497 de 19 de agosto de 2008,

el Superintendente de Industria y Comercio decretó el

incumplimiento de las garantías aceptadas en la Resolución núm.

06817 de 2005, modificadas por la 33813 de 2006, y exigió el

cumplimiento de las mismas e hizo efectivas unas pólizas, por cuanto

las redes no cumplieron con fijar directamente las TIIs, sino que

dicha función fue asumida por los bancos asociados.17

. A través de la Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre de

17
Folios 13 a 49 del C.2.

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2009, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso

interpuesto por la parte actora, en el sentido de modificar los

parágrafos primero y segundo del artículo tercero y el artículo cuarto

de la decisión recurrida, los cuales hacían referencia a unos

porcentajes máximos que estableció la SIC de acuerdo con la

información suministrada por las redes para la fijación de las TIIs, de

la siguiente manera:

“[…] “ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, por lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia, el incumplimiento de
los compromisos declarados en los artículos primero y
segundo y lo resuelto en los artículos quinto, sexto, séptimo,
noveno, undécimo, duodécimo y décimo tercero de la
Resolución 029497 de 2008.

“ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR, los parágrafos
primero y segundo del artículo tercero de la Resolución
029497 de 2008.
[…]

“Parágrafo Segundo: De acuerdo con los compromisos
ofrecidos las tarifas de intercambio serán determinadas por
Credibanco teniendo en cuenta los costos asociados al
negocio de tarjetas de pago prestados a los comercios,
siempre que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente
y otro tercero. Por tanto, no se podrán incluir aquellos costos
que correspondan o estén relacionados con la emisión del
instrumento de pago y la intermediación financiera.

Credibanco en la determinación de las tarifas de intercambio,
deberá corregir las inconsistencias señaladas en la parte
motiva de la presente resolución y solo podrá incluir los
costos determinados y cuantificados de manera objetiva,
aplicando metodologías consistentes en información
recolectada observando procedimientos de valor técnico”.

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR, el artículo cuarto de
la Resolución 29497 de 2008, el cual quedará así:

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“ARTÍCULO CUARTO: Redeban y CREDIBANCO dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la
presente resolución deberán informar a esta
Superintendencia las tarifas interbancarias de intercambio
para cada una de sus tarjetas, discriminadas a nivel actividad
o categoría de comercio y entregar los estudios técnicos con
base en los cuales se determinan las tarifas. Dichos estudios
deberán cumplir con las indicaciones señaladas en los
parágrafos primero y segundo de este artículo,
respectivamente y ser suministrados en medio impreso y la
información de carácter cuantitativo, adicionalmente, en
archivos magnéticos con extensión xls.
[…]

“Parágrafo Segundo: Credibanco en el estudio técnico para
la determinación de las tarifas deberá acreditar ante esta
Superintendencia, lo siguiente:

1. La metodología aplicada para el cálculo de las tarifas
interbancarias de intercambio y la cuantificación de los costos
utilizados, incluyendo los anexos y soportes correspondientes
con la indicación de las fuentes de la información y los
códigos contables respectivos.
2. Que los costos para la determinación de las Tarifas
Interbancarias de Intercambio son los asociados al negocio
de tarjetas bancarias de pago que “exclusivamente
corresponden a los servicios de tarjetas de pago prestados a
los comercios, siempre que no hayan sido asumidos por el
tarjetahabiente u otro tercero”.
3. La exclusión de los criterios y costos que no
corresponden a la prestación de este servicio, de
acuerdo con los compromisos aceptados en la
Resolución 06817 de 2005, modificada por la
Resolución 33813 de 2006, como quedó establecido en la
parte considerativa de la presente resolución.
4. El establecimiento de un mecanismo de control que evite
o impida la aplicación de costos duplicados en la
determinación de las tarifas interbancarias de intercambio.
5. Que la metodología para la determinación de los costos
tanto de los bancos como de la Red es objetiva y consistente
y que la información utilizada es recolectada bajo criterios
uniformes y utilizando métodos de valor técnico.
6. La utilización de mecanismos de ajuste que permitan
mantener actualizados el valor de los costos y de las TIIs
incorporando los efectos de las economías de escala.
7. Que la distribución de la tarifa interbancaria de
intercambio es realizada con base en los factores y
criterios objetivos señalados en las resoluciones

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citadas y aplicando metodologías e información
consistentes.

Parágrafo tercero: Dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente Resolución deberá
[…]”.

“ARTÍCULO CUARTO: ACLARAR, el artículo octavo de la
Resolución 029497 de 2008 en el sentido que la póliza de
seguro de cumplimiento cuya efectividad se declara es la N.
A0063562 […], cuya ocurrencia del riesgo asegurado se
declaró en el artículo sexto de la misma resolución.

“ARTÍCULO QUINTO: REVOCAR, el artículo décimo de la
Resolución 029497 de 2008. […]”.18

. Que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero de la parte

resolutiva de la referida Resolución núm. 46791 de 15 de septiembre

de 2009, el 22 de octubre de 2009 CREDIBANCO presentó un

Estudio para determinar las TIIs, el cual fue complementado

posteriormente.19

. Que mediante escrito de 17 de junio de 2010, la SIC le señaló al

señor GUSTAVO LEAÑO CONCHA, representante legal de

CREDIBANCO, que con el citado Estudio, en dicha oportunidad, no

suministró la información completa ni en los términos exigidos; y que

en el proceso de determinación de los costos y la utilidad para

establecer las TIIs incurrió en inconsistencias que afectaban los

valores calculados, informados y aplicados.

18
Folios 13 a 49 del C.2.
19
Folios 234 a 273 del C.2.

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Por tal razón, le solicitó presentar las explicaciones y aportar las

pruebas que considerara pertinentes, con el fin de evaluar la

procedencia de declarar el incumplimiento de las garantías aceptadas

en la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de 2005, modificada

por la Resolución núm. 33813 de 2006, y de las instrucciones

impartidas en la Resolución núm. 46791 de 2009 y, en consecuencia,

de imponer las sanciones previstas en el artículo 25 de la Ley 1340.20

. A través de escrito de 9 de julio de 2010, el señor GUSTAVO

LEAÑO CONCHA dio respuesta a la solicitud de explicaciones de 17

de junio de 2010, elevada por la SIC.21

. Por escrito de 19 de octubre de 2010, la SIC señaló al señor

GUSTAVO LEAÑO CONCHA, en su condición de representante legal

de CREDIBANCO, que no había dado cumplimiento a los

compromisos asumidos en la Resolución núm. 06817 de 2005,

modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006, ni a las

instrucciones impartidas en las resoluciones núms. 029497 de 2008

y 46791 de 2009, toda vez que: no suministró dentro del plazo

20
Folios 275 a 281 del C.2.
21
Folios 282 a 312 del C.2

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señalado en la Resolución núm. 46791 de 2009 el estudio técnico en

los términos solicitados, ni las TIIs discriminadas a nivel de actividad

o categoría de comercio; y que en el proceso de determinación de

los costos y la utilidad para establecer las TIIs se incurrió en

inconsistencias que afectaban los valores calculados, informados y

aplicados por CREDIBANCO.

Por tal razón, le solicitó presentar las explicaciones y aportar las

pruebas que considerara pertinentes, con el fin de evaluar la

procedencia de declarar el incumplimiento de las instrucciones

impartidas en las resoluciones núms. 029497 de 2008 y 46791 de

2009 y, en consecuencia, de imponer las sanciones previstas en el

artículo 25 de la Ley 1340.22

. Mediante escrito de 9 de noviembre de 2010, el señor GUSTAVO

LEAÑO CONCHA, representante legal de CREDIBANCO, le dio

respuesta a la solicitud de explicaciones de 19 de octubre de 2010,

elevada por la SIC.23

22
Folios 391 a 397 del C.2.
23
Folios 398 a 414 del C.2

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Precisado lo anterior, la Sala procede a resolver las censuras expuestas

en el recurso de apelación, así:

La primera censura la hace descansar el recurrente en que la

sentencia apelada, al resolver el tercer cargo, desvió la discusión

sobre lo que fue objeto del recurso de reposición “con fines de

aclaración”, interpuesto contra la Resolución núm. 46791 de 2009,

“Por la cual se deciden los recursos de reposición interpuestos contra

la Resolución núm. 029497 de 2008”, al señalar que las resoluciones

núms. 029497 de 2008 y 46791 de 2009 se presumen ajustadas a

derecho, y no analizar si dicho recurso debía ser resuelto, a fin de

tener claridad sobre las órdenes o instrucciones impartidas en las

referidas resoluciones núms. 029497 de 2008 y 46791 de 2009, las

cuales contienen puntos nuevos, para determinar la validez, o no, de

lo resuelto en la Resolución núm. 12201 de 4 de marzo de 2011

acusada, en relación con el cumplimiento de las referidas

instrucciones por parte de la actora.

Frente a esta censura, es del caso recordar que el tercer cargo

consistió en que la SIC violó el debido proceso y el derecho de

defensa al no haber resuelto el recurso de reposición “con fines de

aclaración”, que CREDIBANCO interpuso contra la Resolución núm.

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46791 de 2009, “Por la cual se deciden los recursos de reposición

interpuestos contra la Resolución núm. 029497 de 2008”, en la cual,

a su juicio, se incluyeron puntos nuevos, y cuya aclaración era

necesaria para poder cumplir con las instrucciones que le fueron

impartidas a CREDIBANCO.

Al respecto, la Sala estima que le asistió razón a la SIC al considerar

que el recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la

Resolución núm. 46791 de 2009 era improcedente.

Cabe mencionar que el artículo 50 del CCA prevé, por una parte, que

el recurso de reposición procede ante el mismo funcionario que

tomó la decisión que puso fin a la actuación administrativa, para que

la aclare, modifique o revoque24; y, por la otra, que no habrá

apelación de las decisiones de los Superintendentes25.

24
“[…] ARTÍCULO 50. Por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones
administrativas procederán los siguientes recursos:
1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la aclare, modifique o
revoque; […]”.
25
“[…] No habrá apelación de las decisiones de los ministros, jefes de departamentos
administrativos, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas o de
las unidades administrativas especiales que tengan personería jurídica; […]” (Destacado fuera de
texto).

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Asimismo, el artículo 62, numeral 2, ibidem, establece que cuando

los recursos interpuestos se hayan decidido, los actos administrativos

quedarán en firme.

En el presente caso, la parte actora interpuso recurso de reposición

contra la Resolución núm. 46791 de 2009, acto administrativo que

decidió acerca de los recursos de reposición interpuestos contra la

Resolución núm. 029497 de 2008.

La citada Resolución núm. 46791 de 2009 que, como ya se dijo,

resolvió unos recursos de reposición, es un acto administrativo contra

el cual no procedían más recursos por ser una decisión expedida por

el Superintendente que no era objeto de recurso de apelación y, por

ende, puso fin a la actuación administrativa.

Ello, en tanto, como se dijo anteriormente, contra las decisiones de

los Superintendentes no procede el recurso de apelación, de

conformidad con lo señalado en el artículo 50 del CCA.

Al tratarse de un acto administrativo contra el cual no procedía recurso

y que, además, decidió acerca de los recursos interpuestos contra el

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mismo, dicha Resolución núm. 46791 de 2009 quedó en firme, por

haberse cumplido los siguientes requisitos del artículo 62 del CCA:

“[…] ARTÍCULO 62.-Los actos administrativos quedarán
en firme:

1º) Cuando contra ellos no procedan ningún recurso;
2º) Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido;
[…]”.

Por lo tanto, el recurso de reposición interpuesto por la parte actora

contra la Resolución núm. 46791 de 2009 era improcedente.

Ahora, el apelante insiste en que la Resolución núm. 46791 de 2009,

“Por la cual se deciden los recursos de reposición interpuestos contra

la Resolución núm. 029497 de 2008”, es susceptible del recurso de

reposición, de conformidad con el inciso 4º del artículo 34826 del

Código de Procedimiento Civil, por contener puntos nuevos.

Sobre el particular, debe ponerse de presente que el CCA, aplicable

en este caso, contiene expresamente la regulación correspondiente

26
“[…] Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez,
contra los del Magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoquen o reformen.

[…] El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga
puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos
pertinentes respecto de los puntos nuevos […]” (Destacado fuera de texto).

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a los recursos de la vía gubernativa en sus artículos 50 a 62, de ahí

que no resulte aplicable, en este caso, el artículo 348 del CPC.

No obstante lo anterior, la Sala debe advertir que no observa que

dicha resolución contenga puntos nuevos que debían ser

aclarados, respecto de la Resolución núm. 029497 de 2008, dado

que si bien es cierto que en la citada Resolución núm. 46791 de 2009

se hicieron modificaciones y aclaraciones a la resolución recurrida,

que se encuentran relacionadas con los compromisos aceptados en

las resoluciones núms. 06817 de 2005, 33813 de 2006 y con los

argumentos planteados en los recursos interpuestos, también lo es

que los argumentos o fundamentos complementarios o sustitutos

que se tuvieron en cuenta para confirmar o modificar o aclarar las

conclusiones de la Resolución núm. 029497 de 2008 devienen de un

mismo y único asunto jurídico, circunscrito al debate propuesto

mediante los correspondientes recursos de reposición, para efectos

de determinar si la decisión recurrida debía confirmarse, modificarse

o revocarse.

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En tratándose de puntos nuevos de debate, es del caso traer a

colación el proveído de 13 de noviembre de 201927, en el que esta

Sección señaló lo siguiente:

“[…] Sin embargo, en aras de dilucidar lo que debe
entenderse como “puntos nuevos”, el Despacho estima
pertinente resaltar lo manifestado por esta Corporación al
respecto28:

“[…] Para abundar en argumentos que sirven de soporte a la
conclusión que se deja expuesta, importa poner de presente
que cuando en contra de una determinada decisión judicial
se interponen, de manera oportuna y adecuada, los recursos
que la ley contempla y autoriza, el juez de la causa cuenta,
en principio, con tres alternativas o posibilidades, a saber: a)
confirmar el auto recurrido; b) modificar la decisión
impugnada, ó c) revocar la providencia atacada.

Así pues, en cualquiera de esas hipótesis, incluida la
opción consistente en revocar la providencia atacada –
cuestión que en la mayoría de los casos supone
lógicamente la adopción, en lugar de la revocada, de
una decisión opuesta o contraria a la inicial–, estima la
Sala que tal definición de ninguna manera puede
tenerse como un aspecto o un punto nuevo no decidido
en la providencia que le precedió, pues aunque ambas
decisiones –en su contenido, en su alcance, en su
sentido e incluso en su forma gramatical–,
necesariamente han de resultar distintas, lo cierto es
que devienen de un mismo y único asunto jurídico
circunscrito al debate propuesto mediante el
correspondiente recurso de reposición, para efectos de
determinar si la decisión atacada debe confirmarse,
modificarse o revocarse […]” (Resaltado del Despacho).

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, al referirse a la procedencia excepcional
del recurso de reposición frente a los autos que previamente

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 13 de noviembre
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 11001032400020070032100.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 18 de
marzo de 2010, expediente 25000-23-26-000-2000-00764-02(35010), C.P. Dr. Mauricio Fajardo
Gómez.

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resuelve otra reposición, por asuntos o puntos nuevos,
señaló29:

“[…] Como lo ha entendido la doctrina, por ‘puntos no
decididos’ que para estos efectos también se los califican
de ‘nuevos’, son los que por primera vez aparecen en
la parte resolutiva del auto que resuelve la reposición,
pero no en sus considerandos; es decir, que las nuevas
argumentaciones que esgrima el juez, las razones
complementarias o sustitutivas que tengan en cuenta
para confirmar o alterar las conclusiones del primer
auto no pueden considerarse como PUNTOS NO
DECIDIDOS O NUEVOS.

Cuando el resultado de la primera reposición es la
revocatoria total del auto impugnado, no hay novedad
jurídicamente hablando; es claro que gramaticalmente
el contexto de la providencia es distinto al de la
primera y que su decisión es la contraria: el auto que
admite una demanda y el que revoca ese, son, en su
contenido, antitéticos, opuestos. Pero no puede en
rigor jurídico decirse que el último contiene puntos no
decididos en el anterior, pues en verdad que lo
estudiado y decidido en ambas providencias es el
mismo punto: si la demanda es o no admisible. (Negrilla
original del texto).

Esta misma ha sido la posición de la doctrina cuando indica
lo siguiente:

“[…] Por punto nuevo se entiende el contenido en las
decisiones del auto, es decir, en las resoluciones adicionales
que adopte, y no los argumentos o fundamentos
complementarios o sustitutos que se tengan en cuenta para
confirmar o modificar las conclusiones del primer auto.
Cuando el auto que falla la reposición se limita a
revocar total o parcialmente, la parte contraria a quien
obtuvo la reposición, puede apelar si el auto tiene este
recurso30 […]” (Resaltado del Despacho) […]” (Destacado
fuera de texto).

29
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de junio 9 de 1980. M.P. Humberto Murcia
Ballén.
30
Hernando Devis Echandía, “Compendio de Derecho Procesal Teoría General del Proceso”,
Decimocuarta Edición, Editorial ABC, 1996, Pág. 566-567.

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En el caso bajo examen, en la Resolución núm. 46791 de 2009 se

hicieron modificaciones y aclaraciones a la resolución recurrida

(Resolución núm. 029497 de 2008), que se circunscribieron a un

mismo y único asunto jurídico, esto es, al incumplimiento de los

compromisos aceptados en la Resolución núm. 06817,

modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006, los cuales

se refieren a que CREDIBANCO debía fijar, de manera

independiente, las tarifas interbancarias de intercambio; y que para

la determinación de dichas tarifas debía considerarse únicamente los

costos asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, de

acuerdo con un estudio contentivo de los criterios objetivos de

costos, la cuantificación de los mismos y la metodología empleada

para la estimación de las TIIs, que debía ser allegado a la SIC para

su aprobación.

En efecto, en la Resolución núm. 46791 de 2009 se observa que en

la misma se reiteró y se señaló lo referente a esos compromisos

adquiridos por CREDIBANCO y su representante legal, que fueron

aceptados mediante la Resolución núm. 06817 de 2005 y,

posteriormente, fueron modificados en la Resolución núm. 33813 de

2006, de la siguiente manera:

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“[…] este Despacho reitera que conforme con lo
dispuesto en la Resolución 06817 de 2005, modificada
por la 33813 de 2006, el mecanismo propuesto para la
fijación de las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio asignaba a Credibanco
“La Red” la función de establecer la Tarifa
Interbancaria de Intercambio (TII), que sirve de base
para la fijación de las mencionadas comisiones,
determinación que debía realizarse de acuerdo con los
parámetros establecidos en las garantías.

Particularmente, en los numerales iii) y v) de los escritos en
los que se efectuó el ofrecimiento de garantías, los cuales
quedaron incorporados en el considerando segundo de la
Resolución 06817 de 2005, se observa que Credibanco
se comprometió a fijar de manera independiente las
tarifas interbancarias de intercambio, de las cuales son
responsables los bancos adquirentes frente a los
bancos emisores. Para la determinación de dichas
tarifas debía considerar únicamente los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjetas de
pago prestados a los comercios siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable para este negocio.

Igualmente, Credibanco se comprometió a entregar a esta
Superintendencia, dentro de los diez días hábiles siguientes
a la ejecutoria de la resolución en la cual se aceptaron las
garantías, el estudio con la cuantificación de los costos,
la ponderación de los factores objetivos y la
metodología empleada para la estimación de las TII.
[…]

“ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR, los parágrafos
primero y segundo del artículo tercero de la Resolución
029497 de 2008.
[…]

“Parágrafo Segundo: De acuerdo con los compromisos
ofrecidos las tarifas de intercambio serán
determinadas por Credibanco teniendo en cuenta los
costos asociados al negocio de tarjetas de pago
prestados a los comercios, siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente y otro tercero. Por
tanto, no se podrán incluir aquellos costos que correspondan
o estén relacionados con la emisión del instrumento de pago
y la intermediación financiera.

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Credibanco en la determinación de las tarifas de intercambio,
deberá corregir las inconsistencias señaladas en la parte
motiva de la presente resolución y solo podrá incluir los
costos determinados y cuantificados de manera objetiva,
aplicando metodologías consistentes en información
recolectada observando procedimientos de valor técnico”.

ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR, el artículo cuarto de
la Resolución 29497 de 2008, el cual quedará así:

“ARTÍCULO CUARTO: Redeban y CREDIBANCO dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente resolución deberán informar a esta
Superintendencia las tarifas interbancarias de
intercambio para cada una de sus tarjetas,
discriminadas a nivel actividad o categoría de comercio
y entregar los estudios técnicos con base en los cuales
se determinan las tarifas. Dichos estudios deberán cumplir
con las indicaciones señaladas en los parágrafos primero y
segundo de este artículo, respectivamente y ser
suministrados en medio impreso y la información de carácter
cuantitativo, adicionalmente, en archivos magnéticos con
extensión xls.
[…]

“Parágrafo Segundo: Credibanco en el estudio técnico para
la determinación de las tarifas deberá acreditar ante esta
Superintendencia, lo siguiente:

1. La metodología aplicada para el cálculo de las tarifas
interbancarias de intercambio y la cuantificación de los costos
utilizados, incluyendo los anexos y soportes correspondientes
con la indicación de las fuentes de la información y los
códigos contables respectivos.
2. Que los costos para la determinación de las Tarifas
Interbancarias de Intercambio son los asociados al
negocio de tarjetas bancarias de pago que
“exclusivamente corresponden a los servicios de
tarjetas de pago prestados a los comercios, siempre
que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente u
otro tercero”.
3. La exclusión de los criterios y costos que no
corresponden a la prestación de este servicio, de
acuerdo con los compromisos aceptados en la
Resolución 06817 de 2005, modificada por la
Resolución 33813 de 2006, como quedó establecido en la
parte considerativa de la presente resolución.

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[…]

7. Que la distribución de la tarifa interbancaria de
intercambio es realizada con base en los factores y
criterios objetivos señalados en las resoluciones
citadas y aplicando metodologías e información
consistentes. […]” (Destacado fuera de texto).

Ciertamente, en la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de

2005, por medio de la cual la SIC aceptó el ofrecimiento de garantías

presentado por CREDIBANCO y su representante legal, y ordenó la

clausura de la referida investigación, se indicó acerca de esos

compromisos, lo siguiente:

“[…] CONSIDERANDO
[…]
SEGUNDO: Que mediante escrito radicado bajo número
03110924-10037, el apoderado de CREDIBANCO y de su
representante legal, formuló ofrecimiento de garantías y
solicitó, en consecuencia, la clausura definitiva de la
investigación, adquiriendo los siguientes compromisos en
cabeza de la Red, de su representante legal y de los bancos
asociados a la misma Red.

2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.

[…]

(v). Las tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red, considerando los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta

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de pago prestados a los comercios, siempre que no hayan
sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable por este negocio.

Por tanto, no se incluirán dentro de los mismos aquellos que
correspondan o estén relacionados con la emisión del
instrumento de pago y la intermediación financiera, evitándose
así la causación doble de un mismo costo o gasto.
[…]

Los criterios objetivos establecidos por la red para la
determinación de las tarifas interbancarias de
intercambio, junto con su justificación, serán
determinados y allegados dentro de los diez días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la resolución mediante la
cual ustedes acepten las garantías, los cuales tendrán el
carácter de públicos.

Dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, se
allegará el estudio que contiene la cuantificación de los
costos, junto con la ponderación de los factores
objetivos y la metodología empleada para su estimación,
el cual dada la naturaleza confidencial de la información que
contiene, le solicitamos a la Superintendencia de Industria y
Comercio mantener bajo reserva, en los términos previstos en
la ley. […]” (Destacado fuera de texto).

Y en la Resolución núm. 33813 de 11 de diciembre de 2006,

por la cual se aceptó la solicitud de modificación de los compromisos

consignados en la Resolución núm. 06817 de 31 de marzo de 2005,

se hizo alusión a los citados compromisos, en los siguientes

términos:

“[…] CUARTO: Que según el escrito reseñado en el
considerando segundo, los compromisos ofrecidos en cabeza
de la Red, de su representante legal y de los bancos asociados
a la misma Red, quedarían de la siguiente manera:

“2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)

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“El nuevo mecanismo para la fijación de las comisiones a cargo
de los establecimientos de comercio consistirá en:

“(i) A partir de la fecha aquí referida (1 Abril 2005), la Red se
abstendrá de fijar la comisión a cargo de los establecimientos
de comercio.

(ii) Cada Banco adquirente acordará las comisiones a cargo de
los establecimientos de comercio.

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.
[…]

iv) […]

a) Las TII serán determinadas por la Red para todos los
productos y medios de acceso, de acuerdo con los
criterios objetivos de costos y la metodología para la
cuantificación de los mismos aprobados por la SIC.
Adicionalmente, la red definirá una utilidad razonable.
[…]

c) Dentro de un término máximo de 8 meses, contados a partir
de la aceptación de la presente solicitud de modificación de
garantías, CREDIBANCO presentará a la SIC los criterios
objetivos y la metodología para la cuantificación de
costos.

d) Adicionalmente, CREDIBANCO se compromete a
presentar a la SIC el estudio ajustado a los criterios y
metodología aprobados por la SIC, en un plazo máximo de
6 meses, contados a partir de la fecha en que esta apruebe los
criterios y la metodología.

e) Si CREDIBANCO no presenta los estudios respectivos
dentro de los plazos previstos en los literales c) y d)
anteriores o la Superintendencia no aprueba los mismos,
la red se compromete a dar cumplimiento a los
compromisos aceptados en la resolución 6817 de 2005.
[…]” (Destacado fuera de texto).

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De manera que no cabe de duda de que en la Resolución núm. 46791

de 2009 se hizo referencia a los mismos compromisos que fueron

adquiridos de manera voluntaria, y aceptados mediante la Resolución

núm. 06817 de 2005, luego modificados en la Resolución núm.

33813 de 2006.

Por tal razón, se debe advertir que el cumplimiento por la parte

actora de los compromisos e instrucciones, que fue objeto de sanción

en la Resolución núm. 12201 de 2011 acusada, no dependía de

que dichos compromisos o instrucciones fueran aclarados mediante

el recurso de reposición que se interpuso contra la Resolución núm.

46791 de 2009 y que fue declarado improcedente, como lo sostuvo

la parte actora, habida cuenta que las instrucciones impartidas en

esa Resolución núm. 46791 de 2009, así como en la Resolución núm.

029497 de 2008, no correspondían a nuevos compromisos u

obligaciones, sino a los mismos, cuya obligatoriedad surgió desde su

aceptación por la SIC, a través de la Resolución núm. 06817 de 2005,

modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006, y los cuales se

caracterizaron por haber sido ofrecidos de manera voluntaria,

adquiridos con plena capacidad por la parte demandante.

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Por ello, no le asiste razón a la parte actora al sostener que el

incumplimiento de los compromisos e instrucciones dependía de que

los mismos fueran aclarados, cuando se resolviera el recurso de

reposición interpuesto contra la Resolución núm. 46791 de 2009.

Por consiguiente, no tiene vocación de prosperidad esta censura.

La segunda censura es la referente a que es clara la violación del

debido proceso y del derecho de defensa de la parte demandante,

por la SIC, al no haber resuelto el referido recurso de reposición

interpuesto por CREDIBANCO contra la Resolución núm. 46791 de

2009, y no aclarar los aspectos que estimaban necesarias, sobre la

nueva orden de elaborar y presentar un estudio para determinar las

TIIs, así como al fijar un plazo de solo 10 días para presentar ese

estudio.

Al respecto, la Sala debe advertir que no se vislumbra la violación

que predica la parte actora, pues, conforme quedó claramente

evidenciado al resolver la anterior censura, no era procedente el

recurso de reposición contra la Resolución núm. 46791 de 2009 y

esta decisión no contenía puntos o aspectos nuevos que necesitaran

ser aclarados.

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En efecto, no era necesario aclarar la orden de elaborar y presentar

un Estudio para determinar las TIIs, pues la misma no era nueva, en

tanto el envío de ese estudio correspondía a un compromiso que fue

aceptado por la SIC desde la Resolución núm. 06817 de 2005,

modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006.

En la Resolución núm. 06817 de 2005, por medio de la cual la

SIC aceptó el ofrecimiento de garantías presentado por la parte

actora y ordenó la clausura de la referida investigación, se observa

que la mencionada parte demandante, -CREDIBANCO y su

representante legal-, adquirió el compromiso de fijar las TIIs con

base en unos estudios técnicos que ella elaboraría, con los criterios

objetivos de los costos, la cuantificación de los mismos y la

metodología empleada para su estimación, considerando únicamente

los costos asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que

exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta de pago

prestados a los comercios, siempre que no hayan sido asumidos por

el tarjetahabiente u otro tercero, más una utilidad razonable para

este negocio, y obligándose a no incluir aquellos costos que

correspondan o estén relacionados con la emisión del instrumento de

pago y la intermediación financiera.

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Asimismo, se obligó a allegar ese estudio dentro de un plazo de

diez días hábiles siguientes a la ejecutoria de la citada resolución

mediante la cual se aceptaron las garantías.

Al efecto, es del caso traer a colación los siguientes apartes de la

Resolución núm. 06817 de 2015, en los cuales se ponen de presente

los referidos compromisos:

“[…] CONSIDERANDO
[…]

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado bajo número
03110924-10037, el apoderado de CREDIBANCO y de su
representante legal, formuló ofrecimiento de garantías y
solicitó, en consecuencia, la clausura definitiva de la
investigación, adquiriendo los siguientes compromisos
en cabeza de la Red, de su representante legal y de los
bancos asociados a la misma Red.

2.1 Los compromisos que se adquieren

2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]

(iii) La Red fijará independientemente las tarifas
interbancarias de intercambio, de las cuales serán
responsables los bancos adquirentes frente a los bancos
emisores.

[…]

(v). Las tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red, considerando los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta
de pago prestados a los comercios, siempre que no hayan
sido asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable por este negocio.

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Por tanto, no se incluirán dentro de los mismos aquellos que
correspondan o estén relacionados con la emisión del
instrumento de pago y la intermediación financiera, evitándose
así la causación doble de un mismo costo o gasto.
[…]

Los criterios objetivos establecidos por la red para la
determinación de las tarifas interbancarias de
intercambio, junto con su justificación, serán
determinados y allegados dentro de los diez días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la resolución mediante la
cual ustedes acepten las garantías, los cuales tendrán el
carácter de públicos.

Dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior,
se allegará el estudio que contiene la cuantificación de
los costos, junto con la ponderación de los factores
objetivos y la metodología empleada para su estimación,
el cual dada la naturaleza confidencial de la información que
contiene, le solicitamos a la Superintendencia de Industria y
Comercio mantener bajo reserva, en los términos previstos en
la ley. […]” (Destacado fuera de texto).

Adicionalmente, con el objeto de demostrar que el compromiso de

allegar a la SIC el estudio de costos, en el plazo de 10 días hábiles,

surgió desde la aceptación efectuada por la mencionada entidad, a

través de la Resolución núm. 06817 de 2005, modificada por la

Resolución núm. 33813 de 2006, resulta pertinente traer a colación

los siguientes apartes de la Resolución núm. 46791 de 2009:

“[…] este Despacho reitera que conforme con lo
dispuesto en la Resolución 06817 de 2005, modificada
por la 33813 de 2006, el mecanismo propuesto para la
fijación de las comisiones a cargo de los
establecimientos de comercio asignaba a Credibanco
“La Red” la función de establecer la Tarifa
Interbancaria de Intercambio (TII), que sirve de base
para la fijación de las mencionadas comisiones,

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determinación que debía realizarse de acuerdo con los
parámetros establecidos en las garantías.

Particularmente, en los numerales iii) y v) de los escritos en
los que se efectuó el ofrecimiento de garantías, los cuales
quedaron incorporados en el considerando segundo de la
Resolución 06817 de 2005, se observa que Credibanco
se comprometió a fijar de manera independiente las
tarifas interbancarias de intercambio, de las cuales son
responsables los bancos adquirentes frente a los
bancos emisores. Para la determinación de dichas
tarifas debía considerar únicamente los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjetas de
pago prestados a los comercios siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable para este negocio.

Igualmente, Credibanco se comprometió a entregar a
esta Superintendencia, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la resolución en la cual se
aceptaron las garantías, el estudio con la
cuantificación de los costos, la ponderación de los
factores objetivos y la metodología empleada para la
estimación de las TII.
[…]

“ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR, los parágrafos
primero y segundo del artículo tercero de la Resolución
029497 de 2008.
[…]

“Parágrafo Segundo: De acuerdo con los compromisos
ofrecidos las tarifas de intercambio serán
determinadas por Credibanco teniendo en cuenta los
costos asociados al negocio de tarjetas de pago
prestados a los comercios, siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente y otro tercero. Por
tanto, no se podrán incluir aquellos costos que correspondan
o estén relacionados con la emisión del instrumento de pago
y la intermediación financiera.

Credibanco en la determinación de las tarifas de intercambio,
deberá corregir las inconsistencias señaladas en la parte
motiva de la presente resolución y solo podrá incluir los
costos determinados y cuantificados de manera objetiva,
aplicando metodologías consistentes en información
recolectada observando procedimientos de valor técnico”.

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ARTÍCULO TERCERO: MODIFICAR, el artículo cuarto de
la Resolución 29497 de 2008, el cual quedará así:

“ARTÍCULO CUARTO: Redeban y CREDIBANCO dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
de la presente resolución deberán informar a esta
Superintendencia las tarifas interbancarias de
intercambio para cada una de sus tarjetas,
discriminadas a nivel actividad o categoría de comercio
y entregar los estudios técnicos con base en los cuales
se determinan las tarifas. Dichos estudios deberán
cumplir con las indicaciones señaladas en los
parágrafos primero y segundo de este artículo,
respectivamente y ser suministrados en medio impreso y la
información de carácter cuantitativo, adicionalmente, en
archivos magnéticos con extensión xls.
[…]

“Parágrafo Segundo: Credibanco en el estudio técnico
para la determinación de las tarifas deberá acreditar
ante esta Superintendencia, lo siguiente:

1. La metodología aplicada para el cálculo de las tarifas
interbancarias de intercambio y la cuantificación de los costos
utilizados, incluyendo los anexos y soportes correspondientes
con la indicación de las fuentes de la información y los
códigos contables respectivos.
2. Que los costos para la determinación de las Tarifas
Interbancarias de Intercambio son los asociados al
negocio de tarjetas bancarias de pago que
“exclusivamente corresponden a los servicios de
tarjetas de pago prestados a los comercios, siempre
que no hayan sido asumidos por el tarjetahabiente u
otro tercero”.
3. La exclusión de los criterios y costos que no
corresponden a la prestación de este servicio, de
acuerdo con los compromisos aceptados en la
Resolución 06817 de 2005, modificada por la
Resolución 33813 de 2006, como quedó establecido en la
parte considerativa de la presente resolución.
[…]

7. Que la distribución de la tarifa interbancaria de
intercambio es realizada con base en los factores y
criterios objetivos señalados en las resoluciones
citadas y aplicando metodologías e información
consistentes. […]” (Destacado fuera de texto).

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Así las cosas, la Sala considera que no le asistió razón a la parte

demandante al alegar que no pudo presentar el estudio de costos en

la forma aceptada por la SIC, en un plazo de solo 10 días, por cuanto

no le fueron aclarados los puntos que, a su juicio, eran nuevos; y

que, por ende, ante la duda se le debió aplicar el principio in dubio

pro reo, habida cuenta que quedó plenamente demostrado que para

dar cumplimiento al compromiso de enviar el estudio, en el plazo

indicado, no se requería que se aclararan los puntos solicitados por

CREDIBANCO para poder presentarlo en la forma señalada por la

SIC, ya que la obligatoriedad de darle cumplimiento a dicho

compromiso no surgió de la Resolución núm. 46791 de 2009

recurrida, sino desde que fueron aceptadas las garantías y

ofrecimientos, mediante la Resolución núm. 06817 de 2005,

modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006.

En consecuencia, la SIC acertó al señalar en la Resolución núm.

12201 de 2011 demandada, lo siguiente:

“[…] En este sentido, se reitera que el plazo otorgado
no debe considerarse de manera aislada, ni entenderse
como la imposición de nuevas obligaciones, toda vez
que el mismo tenía como finalidad el cumplimiento de
obligaciones cuya obligatoriedad no surge a partir de
la firmeza de la Resolución No. 46791 de 2009.

Como se observa, la obligación de presentar los estudios
de costos a esta Superintendencia, surgió de la

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Resolución No. 6817 del 31 de marzo de 2005,
modificada por la Resolución No. 33813 del 11 de
diciembre de 2006, y no de la Resolución No. 46791 de
2009, como indica Credibanco.

Si bien en la Resolución No. 33813 de 2006, se introdujeron
modificaciones a los compromisos inicialmente aceptados, los
cuales contemplaban nuevos plazos para la elaboración de
los estudios de costos, en la misma se estableció que: “e) Si
Credibanco no presenta los estudios respectivos dentro de
los plazos previstos en los literales c) y d) anteriores ó la
Superintendencia no aprueba los mismos, la red se
compromete a dar cumplimiento a los compromisos
aceptados en la resolución 6817 de 2005”. Así, no es
aceptable el argumento presentado por la Red según el cual
el término de 10 días era de imposible cumplimiento.
[…]

Por lo anterior, los testimonios y comunicaciones de
representantes de firmas consultoras y auditoras en las que
se afirma que el tiempo promedio requerido para remitir la
información indicada en la Resolución No. 46791 de 2009, es
aproximadamente de 3 o 4 meses, no constituye evidencia
de la insuficiencia del plazo establecido por la
Superintendencia, ni justifica la remisión extemporánea de la
información por parte de Credibanco, toda vez que, se
reitera, el plazo de 10 días siguientes a la ejecutoria de
esta última resolución es para dar total cumplimiento
a una obligación que surgió desde el año 2005 y que
debió haber sido cabalmente observada por la Red, con
anterioridad a la expedición de la Resolución No.
46791 de 2009 y, lo cual implicaba corregir las
inconsistencias identificadas en el estudio de costos
presentado en el año 2005.
[…]

En efecto, la obligatoriedad de los compromisos, surgió desde
la aceptación de las garantías efectuada por esta Entidad en
la Resolución No. 4671 de 2009. Adicionalmente, el plazo
fijado por esta Superintendencia correspondió al
mismo plazo de diez días que de manera voluntaria fue
fijado por Credibanco en el ofrecimiento de garantías
efectuado en el año 2005 para entregar a esta Entidad
el estudio de costos, junto con la ponderación de los
factores objetivos y la metodología empleada para su
estimación.

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En este sentido, se reitera que el plazo otorgado no debe
considerarse de manera aislada, ni entenderse como la
imposición de nuevas obligaciones, toda vez que el
mismo tenía como finalidad el cumplimiento de
obligaciones cuya obligatoriedad no surge a partir de
la firmeza de la Resolución núm. 46791 de 2009, sino
en virtud de la Resolución No. 6817 de 2005,
modificada por la Resolución No. 33813 de 2006 y se
refiere a decisiones en firme, en las que se habían
identificado las inconsistencias cuya corrección se
exigía.
[…]

Adicionalmente, tal plazo está justificado en la necesidad de
reducir los efectos en el mercado del incumplimiento de los
compromisos evidenciado, por cuanto las TIIs que se venían
aplicando no correspondían a lo ofrecido en los compromisos.
Es importante recordar que la tarifa interbancaria de
intercambio es la base para establecer la comisión que los
bancos cobran a los establecimientos de comercio por el
servicio de pagos con tarjetas. […]” (Destacado fuera de
texto).

Aunado a lo anterior, se observa que en el recurso de apelación la

parte actora señaló, en cuanto al segundo cargo, que no se ajusta

a la realidad la afirmación de la sentencia apelada relativa a que la

demanda no se refiere, en particular, a ninguno de los costos, ni

indica la razón por la que los mismos deberían ser incluidos en el

cálculo de las TIIs, toda vez que en la declaración que rindió el señor

JAVIER FERNÁNDEZ RIVA, transcrita parcialmente en la demanda, se

refirió expresamente a estos costos.

Sobre el particular, cabe mencionar que en la sentencia apelada el a

quo señaló:

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“[…] Este cargo se refirió a aspectos como la “inclusión de
costos que no corresponden a los compromisos aceptados y
que habían sido objetados por la Superintendencia en actos
administrativos en firme”, como son los relacionados con
“Otros Mercadeo”, “Personal Asignado” y “Promoción y
Retención”, los que a juicio de la demandada no satisfacen
las condiciones previstas en los compromisos aceptados en
las resoluciones 06817 de 2005 y 33813 de 2006, por cuanto
no corresponden a costos asociados a los servicios de tarjetas
de pago prestados a los comercios.

La demanda no se refiere en particular a ninguno de
estos costos, ni indica la razón por la que los mismos
deberían ser incluidos en el cálculo de las TIIs.
[…]

Establecido lo anterior, observa la Sala que la parte
actora pretende trasladar a esta Corporación la carga
argumentativa que le corresponde, acerca de cada uno
de los incumplimientos que le fueron atribuidos,
ejercicio que solo a ella le correspondía acometer,
razón por la cual el cargo no prospera. […]” (Destacado
fuera de texto).

Para la Sala, le asistió razón al fallador de primera instancia al

sostener que la demanda no se refirió, de manera particular, a

ninguno de los costos, pues al revisarla se observa que en la misma,

en su primer cargo formulado, la parte actora no hizo referencia, de

manera puntual, a ninguno de ellos, sino que solamente indicó, de

manera general, que los costos sí tenían una relación directa con los

servicios prestados al comercio, de la siguiente manera:

“[…] contrario a lo afirmado en la Resolución acusada, los
criterios objetivos utilizados por Credibanco para determinar
los costos de la TII, que el Superintendente objetó, tienen
una relación directa con los servicios prestados al comercio,
es decir, son “costos asociados al negocio de tarjetas
bancarias de pago, que exclusivamente corresponden a los

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servicios de las tarjetas de pago prestados a los comercios
[…]”.

Al efecto, es del caso recordar que para dar cumplimiento a los

compromisos ofrecidos por la actora y aceptados por la SIC, las TIIs

debían conformarse por costos, los cuales debían estar asociados al

negocio de tarjetas bancarias de pago, que exclusivamente

correspondan a los servicios de tarjetas de pago prestados a los

comercios, siempre que no hayan sido asumidos por el

tarjetahabiente u otro tercero, más una utilidad razonable por este

negocio, tal y como se señaló en la Resolución núm. 06817 de 2005:

“[…]
2.1.1 Por parte de CREDIBANCO (La Red)
[…]

[…]

(v). Las tarifas interbancarias de intercambio serán
determinadas por la Red, considerando los costos
asociados al negocio de tarjetas bancarias de pago, que
exclusivamente correspondan a los servicios de tarjeta
de pago prestados a los comercios, siempre que no
hayan sido asumidos por el tarjetahabiente u otro
tercero, más una utilidad razonable por este negocio.

Por tanto, no se incluirán dentro de los mismos aquellos
que correspondan o estén relacionados con la emisión
del instrumento de pago y la intermediación financiera,
evitándose así la causación doble de un mismo costo o
gasto. […]” (Destacado fuera de texto).

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De tal manera que ningún costo que no cumpliera con dichos

requisitos, debidamente acreditados, podía ser incluido para

determinar la TIIs.

Ahora, al revisar los apartes del testimonio del señor JAVIER

FERNÁNDEZ RIVA, transcrito parcialmente en la demanda, se

evidencia que el mencionado testigo se refirió a los costos, de manera

general, esto es, a dar su opinión con respecto a lo que sucedería si

los bancos emisores de tarjetas de pago bancarias de la marca VISA

pretendieran recuperar los costos en que incurre, asumieran por su

cuenta los costos en que incurren; a lo que sucedería si los bancos

emisores de las tarjetas de crédito de la marca VISA se abstienen de

cobrarle a los tarjetahabientes el costo financiero correspondiente a

las compras de bienes o servicios que hacen en el comercio; a si el

costo del apoyo comercial de la marca VISA a nivel internacional se

traduce, o no, en un beneficio o servicio para los comerciantes

colombianos; a si el costo de red, es decir el uso de la plataforma de

pago del sector financiero a través de las redes de CREDIBANCO y

REDEBAN se traduce, o no, en un beneficio o servicio prestado al

comercio; a si los costos internos de los bancos emisores, asociados

con el procesamiento de la transacción y administración del sistema

y por el estímulo al uso de la tarjeta de pago de la marca VISA en el

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punto de venta se traducen, o no, en un beneficio o servicio prestado

al comercio.

Empero, en su declaración no se refirió de manera particular a los

costos, objeto de cuestionamiento, esto es, a los relacionados con

“Otros Mercadeo”, “Personal Asignado” y “Promoción y Retención”,

ni a las razones por las cuales dichos costos sí cumplían con la

condición para ser incluidos en el cálculo de las TIIs, lo cual era

necesario a fin de dar cabal cumplimiento a los compromisos

ofrecidos por la parte actora y aceptados en la Resolución núm. 6817

de 2005, modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006, y que

habían sido objetados por la mencionada entidad, a través de las

resoluciones núms. 12040 de 2006, 029497 de 2008 y 46791 de

2009, en las cuales la SIC había declarado el incumplimiento de esos

compromisos o garantías, con anterioridad al acto acusado.

En tal sentido, con dicha prueba testimonial no se desvirtúa el hecho

de que los referidos costos no podían ser incluidos como cálculo de

las TIIs y, por consiguiente, que la parte demandante incumplió con

los compromisos ofrecidos y aceptados en la Resolución núm. 06817

de 2005, modificada por la Resolución núm. 33813 de 2006.

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Y, por el contrario, se demuestra que la parte actora omitió exponer

de manera puntual sobre cada uno de los costos cuestionados por la

SIC y que incumplió con la carga argumentativa, que le correspondía,

razón por la cual le asistió razón al a quo al señalar que la

mencionada parte no puede trasladar al juez la carga argumentativa

que le corresponde31, habida cuenta que éste no puede suplir la

argumentación que omitió exponer de manera puntual la parte

actora, tanto en su demanda como en el recurso de apelación, sobre

cada uno de los incumplimientos que le fueron atribuidos, con el fin

de desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado.

Así lo precisó esta Sección en la sentencia de 23 de agosto de 201232,

al estudiar la legalidad de la Resolución núm. 12040 de 15 de mayo

de 200633, que antecedió al acto demandado:

“[…] No puede pretender el recurrente que sin realizar
ejercicio alguno en su demanda, tendiente a desvirtuar la
serie de incumplimientos que se le imputaron en los actos
acusados respecto de los compromisos –garantías- ofrecidos
y aceptados por la S.I.C. para determinar los costos de la TII
sobre la base de criterios objetivos, entre otros a que ya se
hizo alusión, no le correspondía al a quo, como tampoco
le corresponde a la Sala, suplir la ausencia de
argumentos respecto de la demostración, como era su
31
“[…] Establecido lo anterior, observa la Sala que la parte actora pretende trasladar a esta
Corporación la carga argumentativa que le corresponde, acerca de cada uno de los
incumplimientos que le fueron atribuidos, ejercicio que solo a ella le correspondía acometer,
razón por la cual el cargo no prospera. […]” (Destacado fuera de texto).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de agosto
de 2012, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2007-00202-
01.
33
Mediante este acto administrativo, la SIC declaró el incumplimiento de los compromisos contraídos por
CREDIBANCO.

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deber, de que dichos costos sí debían formar parte de
la TII por ser ajenos a la prestación de los servicios a
los establecimientos de comercio ni estar relacionados
con la emisión del instrumento de pago, la
intermediación financiera o los asumidos por los
tarjetahabientes o por terceros.

Es decir, que si el apelante fundamenta exclusivamente el
cargo en que el Tribunal previo el estudio de los compromisos
–garantías- que adquirió Credibanco para con la S.I.C. y de
la serie de razones que tuvo la entidad para deducir su
incumpliendo, debía determinar si dichas obligaciones fueron
efectivamente incumplidas o no, estaría pretendiendo que
el juez administrativo trastoque su rol de
administrador de justicia y supla la argumentación que
omitió exponer de manera puntual tanto en su
demanda como en el recurso de apelación sobre cada
uno de los incumplimientos que le fueron atribuidos,
con el fin de desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos acusados, labor y ejercicio estos que solo a él
le correspondía acometer.

En las anotadas circunstancias, el cargo no prospera. […]”
(Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, tampoco tiene vocación de prosperidad esta censura.

La tercera censura es la concerniente a que existió carencia de

análisis en la sentencia apelada de la conducta del doctor GUSTAVO

LEAÑO CONCHA frente al cumplimiento de sus obligaciones como

representante legal de CREDIBANCO.

Explicó que a pesar de estar acreditado dentro del expediente que él

tuvo la diligencia de un buen hombre de negocios requerida por el

artículo 23 de la Ley 222, respecto a los asuntos a su cargo, el fallo

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recurrido no se pronunció sobre dicha conducta, como se puede

observar en las páginas 31 y siguientes de la sentencia apelada.

En cuanto a esta censura, se debe precisar que, sobre este asunto,

la demanda, en el segundo cargo, señaló lo siguiente:

“[…] El detalle del cumplimiento tanto de Credibanco
como de su Presidente y Representante Legal, Gustavo
Leaño Concha a TODOS los compromisos derivados de
los ofrecimientos de garantías aceptados por la
Superintendencia de Industria y Comercio en la
Resolución número 06817 de 31 de marzo de 2005,
modificada por la Resolución 33813 de 11 de diciembre
de 2006, durante el período 23 de octubre a 18 de diciembre
de 2009 y de las instrucciones impartidas por la SIC en las
Resoluciones No. 29497 de 2008 y 46791 de 2009, se
desprende claramente de las respuestas de 9 de julio
de 2010 y de 9 de noviembre de 2010 a las solicitudes
de explicaciones formuladas por la SIC a cada uno de
mis representados, respuestas estas que en copia se
adjuntan y que hago parte de esta demanda. En dichas
respuestas se acredita plenamente que mi
representado Doctor Gustavo Leaño Concha, tuvo la
diligencia de un buen hombre de negocios requerida
por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Los hechos que
se mencionan en dichas respuestas NO fueron desvirtuados
válidamente por la SIC en la Resolución acusada y se
encuentran probados dentro de los antecedentes
administrativos de la resolución demandada que se solicitan
como prueba adelante, todo ello tal como quedará acreditado
dentro del proceso.

2.1.3. De la Resolución número 06817 de 31 de marzo de
2005, modificada por la Resolución 33813 de 11 de diciembre
de 2006, de las instrucciones impartidas por la SIC en las
Resoluciones No. 29497 de 2008 y 46791 de 2009 y de las
respuestas a las solicitudes de explicaciones formuladas por
la SIC a mis poderdantes, se desprende claramente que las
instrucciones dichas NO SON CLARAS. Fue por ello y para que
tanto CREDIBANCO como el señor Gustavo Leaño Concha
pudieran dar cumplimiento a dichas instrucciones, que

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Credibanco interpuso recurso de reposición con fines de
aclaración, contra la Resolución 46791 de 2009 de la SIC en
memorial de fecha 13 de octubre de 2009 […]. Sin embargo,
la SIC en un acto del todo irregular se abstuvo de dar las
aclaraciones solicitadas y declaró el recurso como
improcedente, a pesar de que la resolución recurrida
contenía puntos nuevos respecto de la 29497 de 2008 que
había en parte modificado y en parte confirmado. A pesar de
lo anterior, al presentar el estudio ordenado por la SIC en la
Resolución 46791 de 2009, Credibanco por intermedio de su
Presiente, Gustavo Leaño Concha, y con EL MISMO
PROPOSITO de poder cumplir a cabalidad, dentro del corto
lapso permitido al efecto por la SIC (10 días), con la
presentación del estudio ordenado, al inicio del mismo
estudio hizo unas CONSIDERACIONES, manifestó unos
hechos e hizo unas solicitudes, sobre todo lo cual la SIC
nunca se pronunció, insistiendo en dificultar el cumplimiento
de mis representados a las instrucciones impartidas en la
Resolución 46791 de 2009.
[…]

2.1.4 Si bien es cierto que Credibanco se comprometió con
la SIC a presentarle un estudio contentivo de modelo de
costos para determinar las TIIS en los términos que se
hicieron constar en la Resolución 06817 de 2005 de la SIC,
también lo es que ni Credibanco ni la ley le han otorgado a
la SIC la facultad de “ajustar”, “interpretar”, “modificar” u
“ordenarle” a Credibanco la aplicación parcial del modelo
para determinar las TIIs y menos aún la facultad para
determinar unilateralmente el nivel de las mismas o de las
utilidades razonables del negocio, determinación que la SIC
ha venido tomando en varias ocasiones desde la expedición
de la Resolución 12040 de 15 de mayo de 2006, ratificada
por la Resolución 02485 […]. Lo que se persiguió con el
establecimiento del modelo de costos de que trata la
mentada Resolución 06817 fue asegurarse de que el nivel de
la tarifa se determinaría por Credibanco con base en unos
criterios objetivos- fueren ellos los que fueren y con las
modalidades y características que el mismo Credibanco
determinare en su modelo, para lo cual gozó y como
empresario, goza de entera autonomía y no, a través de un
acto administrativo como la mentada resolución 06817,
someter al sector financiero a un control de precios en cuanto
a las TIIs, cosa que requiere de una ley y que de no existir
ella, e imponer dicho control mediante un acto administrativo
unilateral, se vulneraría, como en efecto se vulnera con la
resolución acusada, la libertad económica establecida en el
artículo 333 de nuestra Constitución Política.

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[…]

En el fondo toda determinación de precios seria, es decir,
elaborada técnicamente, debe necesariamente considerar los
costos y el mercado, pero sostener que por el hecho de
elaborar un estudio de precios que tenga en cuenta los
costos, se considera que la SIC tiene facultad para intervenir
los precios en cualquier forma, no se ajusta ni al artículo 333
Superior, ni tiene lógica legal ni comercial alguna. […]”.

Conforme a lo antes transcrito, la Sala considera que el fallador de

primera instancia, en la sentencia apelada, sí respondió a este cargo,

cuando al efecto expresó:

“[…] Nuevamente se observa que la parte actora pretende
desnaturalizar los compromisos por ella asumidos en las
resoluciones 06817 de 2005 y 33813 de 2006.

No debe perderse de vista que fue la propia demandante
la que ofreció las garantías cuyo incumplimiento hoy es
materia de debate.

De esta manera, en la Resolución 06817 de 2005 la SIC
aceptó las garantías ofrecidas por CREDIBANCO, siendo del
caso destacar los compromisos asumidos por esta sociedad:
[…]

Por medio de Resolución 33813 de 2006 la SIC aceptó la
modificación de las garantías inicialmente ofrecidas por
CREDIBANCO y, en consecuencia, esta adquirió los
siguientes: […]

Con fundamento en lo anterior, para la Sala no resulta
aceptable que la parte actora asevere que a través de la
Resolución 06817 de 2005 se someta al sector financiero a
un control de precios en cuanto a las TIIs, pues dicho acto
administrativo fue proferido en virtud de las garantías en su
momento ofrecidas por CREDIBANCO y aceptadas por la SIC.

La Sala tampoco comparte la afirmación de la parte actora
según la cual la SIC ha venido determinando unilateralmente
el nivel de las TIIs y las utilidades razonables del negocio

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desde la Resolución 12040 de 2006, confirmada por la
Resolución 02485 de 2007, comoquiera que estos actos
están ajustados a derecho tal como lo afirmó el Consejo de
Estado al pronunciarse en segunda instancia acerca de la
legalidad de los mismos34:

“En ese orden, cabe concluir que si bien en el esquema de
seguimiento que se consigna en la Resolución 06817
de 2005 se determinaron los documentos o
informaciones que los obligados debían presentar y
suministrar a la S.I.C. para acreditar el cumplimiento de
los compromisos, ello en manera alguna puede significar
que dicho cumplimiento quedaba satisfecho con la
simple y mera remisión de los referidos documentos e
informaciones, por cuanto dentro de las características del
mecanismo presentado por la actora, la Red se
comprometió a establecer la TII, considerando
exclusivamente los costos relacionados con la
prestación de los servicios de tarjetas de pago a los
comercios más una utilidad razonable, no pudiendo
incluir los relacionados con la emisión del instrumento
de pago ni la intermediación financiera, como tampoco
los asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero.

(…)

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que en
momento alguno los reparos u objeciones que formuló
la S.I.C. a los factores objetivos de los costos para la
determinación de la TII que le presentó Credibanco, se
encaminaron ni tuvieron como finalidad establecer
aquellos que debían incluirse en ella, sino
sencillamente a verificar el debido cumplimiento de los
compromisos puntualmente ofrecidos por la actora y
aceptados por dicha entidad, en cuanto se refiere a que
dicha Tarifa debía conformarse por los costos asociados al
negocio de tarjetas de pago bancario, que exclusivamente
correspondan a los servicios, siempre que no hayan sido
asumidos por el tarjetahabiente u otro tercero, más una
utilidad razonable por este negocio, de tal manera que
ningún costo que no cumpliera con dichos requisitos
debidamente acreditados, podía ser incluido para determinar
la TII.

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de veintitrés
(23) de agosto de dos mil doce (2012). Radicación No. 25000-23-24-0000-2007-00202-01. Consejero
Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

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Lo anterior lo confirma el hecho de que entes (sic) de que se
resolviera el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 12040 de 2006, que declaró el incumplimiento de
las garantías ofrecidas por Credibanco, la actora presentó
ante la S.I.C. solicitud de modificación de los compromisos
ofrecidos inicialmente, argumentando que en su
cumplimiento se presentaron inconvenientes relacionados
con diferencias en la aplicación de los criterios objetivos y
con la dificultad de contar con información uniforme sobre los
costos por parte de los bancos, en razón de lo cual dichas
modificaciones preveían que las Tarifas Interbancarias de
Intercambio se continuarían determinando por Credibanco,
pero con base en nuevos estudios de costos que se
elaborarían de acuerdo con los criterios y metodología
aprobados por la S.I.C.

En efecto, la modificación de los compromisos contenidos en
la Resolución 06817 de 2005, fue aceptada por la S.I.C. en
Resolución 33813 de 200635, y dentro de los nuevos
compromisos asumidos por Credibanco, su representante
legal y los bancos asociados a la Red, se encuentran los
siguientes:

(…)” (Negrillas fuera de texto).

Lo anterior permite a la Sala concluir que el control del
cumplimiento de los compromisos asumidos por
CREDIBANCO, efectuado por la SIC, trajo consigo la facultad
de verificar si los términos asumidos se ajustaban a las
previsiones pactadas entre las partes, esto es, si se cumplía
realmente con los factores objetivos de costos, sin que dicho
control implique, como erróneamente lo afirma la parte
actora, una intervención o regulación de precios.

Por lo anterior, resulta claro que la definición de las
características de los mecanismos de fijación de las TIIs no
corresponde exclusivamente a CREDIBANCO y a sus
entidades financieras asociadas, como quiera que la SIC debe
entrar a verificar si dichos mecanismos se ajustan a los
parámetros de las garantías ofrecidas por la parte actora
aceptadas por el ente de control demandado.

Ahora bien, en lo que concierne a la claridad en las
instrucciones impartidas por la SIC en las resoluciones 29497
de 2008 y 46791 de 2009, la Sala se abstendrá de evaluar
tal circunstancia en atención a que ello corresponde a la

35
Folios 264 a 270 cuad. ppal.

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órbita de lo decidido en dichos actos, lo cual no constituye
materia del acto cuya legalidad se estudia en el presente
asunto.

En lo atinente al cumplimiento de los compromisos derivados
de los ofrecimientos de las garantías, aceptados por la SIC
en las resoluciones 06817 de 2005, y 33813 de 2006, así
como de las instrucciones impartidas en las resoluciones
29497 de 2008 y 46791 de 2009, lo que según el apoderado
de la parte actora se desprende de las respuestas de 9 de
julio de 2010 y de 9 de noviembre de 2010, es preciso
aclarar, en los términos expuestos por el Consejo de Estado
en el pronunciamiento traído a colación, que la mera remisión
de los documentos e informaciones requeridos no satisface
el cumplimiento de los parámetros de fijación de las TIIs
previamente acordados.

Se agrega a lo dicho, y reiterando lo expresado en párrafos
anteriores, salvo la mención del cumplimiento que aduce la
parte demandante, nada se dijo sobre los señalamientos
que la SIC hizo a la actora en el acto acusado y que esta
debió desvirtuar ante esta Jurisdicción.

En efecto, en la Resolución 12201 de 2011 se endilga a la
parte actora la extemporaneidad en la presentación del
“Estudio Técnico para el Cálculo de las TIIs”, sin embargo en
la demanda no se controvierte este aspecto.

Otro de los señalamientos del acto acusado versa sobre las
“Inconsistencias en la determinación de los costos y utilidad
que afectan las TIIs calculadas, informadas y aplicadas por
CREDIBANCO”.
[…]

Otro aspecto del señalamiento que hace la SIC, en cuanto a
las inconsistencias en la determinación de los costos y
utilidad que afectan las TIIs, es el relacionado con la
“Ausencia de relación de causalidad entre las cuentas de las
cuales se tomaron los costos y el concepto de costo aplicado".
[…]

La falta de pronunciamiento de la parte demandante a la
que se viene haciendo referencia se extiende a otros cargos
analizados en el acto acusado, como son “Duplicaciones del
Banco Colpatria” e “inclusión de costos de capital como parte
de los costos para determinar los valores de las TIIs.

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Establecido lo anterior, observa la Sala que la parte actora
pretende trasladar a esta Corporación la carga
argumentativa que le corresponde, acerca de cada uno de los
incumplimientos que le fueron atribuidos, ejercicio que solo
a ella le correspondía acometer, razón por la cual el cargo no
prospera. […]” (Destacado fuera de texto).

Los anteriores apartes del fallo apelado, visibles a folios 31 a 39 del

C. 1., demuestran que sí existió pronunciamiento frente al

cumplimiento de las obligaciones del señor GUSTAVO LEAÑO

CONCHA y sobre cada uno de los puntos cuestionados en la

demanda, como se puso de presente anteriormente.

Al respecto, la Sala advierte que si bien es cierto que la sentencia

apelada no expresó de manera específica su nombre, -GUSTAVO

LEAÑO CONCHA-, también lo es que sí se refirió a él y a su

conducta, cuando señaló: “la parte demandante” o la “parte

actora”.

Y no puede perderse de vista que los cuestionamientos realizados a

él son los mismos efectuados a CREDIBANCO, toda vez que él era

el Presidente y representante legal de esa sociedad.

Cabe precisar, además, que la demanda cuando sostuvo que él tuvo

la diligencia de un buen hombre de negocios, requerida por el artículo

23 de la Ley 222, respecto del cumplimiento de los asuntos a su

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cargo, se refirió, en particular, a las respuestas de 9 de julio y 9 de

noviembre de 2010, a las solicitudes de explicaciones formuladas por

la SIC, como se muestra a continuación:

“[…] El detalle del cumplimiento tanto de Credibanco
como de su Presidente y Representante Legal, Gustavo
Leaño Concha a TODOS los compromisos derivados de
los ofrecimientos de garantías aceptados por la
Superintendencia de Industria y Comercio en la
Resolución número 06817 de 31 de marzo de 2005,
modificada por la Resolución 33813 de 11 de diciembre
de 2006, durante el período 23 de octubre a 18 de diciembre
de 2009 y de las instrucciones impartidas por la SIC en las
Resoluciones No. 29497 de 2008 y 46791 de 2009, se
desprende claramente de las respuestas de 9 de julio
de 2010 y de 9 de noviembre de 2010 a las solicitudes
de explicaciones formuladas por la SIC a cada uno de
mis representados, respuestas estas que en copia se
adjuntan y que hago parte de esta demanda. En dichas
respuestas se acredita plenamente que mi
representado Doctor Gustavo Leaño Concha, tuvo la
diligencia de un buen hombre de negocios requerida
por el artículo 23 de la Ley 222 de 1995. […]”.

Y al observar la sentencia apelada, se tiene que el Tribunal dio

respuesta a ese cargo de manera particular, así:

“[…] En lo atinente al cumplimiento de los compromisos
derivados de los ofrecimientos de las garantías, aceptados
por la SIC en las resoluciones 06817 de 2005, y 33813 de
2006, así como de las instrucciones impartidas en las
resoluciones 29497 de 2008 y 46791 de 2009, lo que según
el apoderado de la parte actora se desprende de las
respuestas de 9 de julio de 2010 y de 9 de noviembre
de 2010, es preciso aclarar, en los términos expuestos por
el Consejo de Estado en el pronunciamiento traído a colación,
que la mera remisión de los documentos e informaciones
requeridos no satisface el cumplimiento de los parámetros de
fijación de las TIIs previamente acordados.

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Se agrega a lo dicho, y reiterando lo expresado en párrafos
anteriores, salvo la mención del cumplimiento que aduce la
parte demandante, nada se dijo sobre los señalamientos
que la SIC hizo a la actora en el acto acusado y que esta
debió desvirtuar ante esta Jurisdicción.

En efecto, en la Resolución 12201 de 2011 se endilga a la
parte actora la extemporaneidad en la presentación del
“Estudio Técnico para el Cálculo de las TIIs”, sin embargo en
la demanda no se controvierte este aspecto.

[…]

La falta de pronunciamiento de la parte demandante a la
que se viene haciendo referencia se extiende a otros cargos
analizados en el acto acusado, como son “Duplicaciones del
Banco Colpatria” e “inclusión de costos de capital como parte
de los cotos para determinar los valores de las TIIs.

Establecido lo anterior, observa la Sala que la parte actora
pretende trasladar a esta Corporación la carga
argumentativa que le corresponde, acerca de cada uno de los
incumplimientos que le fueron atribuidos, ejercicio que solo
a ella le correspondía acometer, razón por la cual el cargo no
prospera. […]” (Destacado fuera de texto).

Por ello, para la Sala no cabe duda de que el Tribunal de primera

instancia sí se pronunció frente a la conducta del señor GUSTAVO

LEAÑO CONCHA, específicamente a lo referido sobre el particular,

en el segundo cargo formulado en la demanda.

No obstante lo anterior, la Sala debe poner de presente que conforme

lo señaló el a quo, la mencionada parte no satisfizo el cumplimiento

de los parámetros de fijación de las TIIs, previamente acordados, en

la Resolución núm. 06817 de 2005, modificada por la Resolución

núm. 33813 de 2006, y en la Resolución núm. 029497 de 2008,

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modificada por la Resolución núm. 46791 de 2009, por lo que no

acreditó dentro del expediente que tuvo la diligencia de un buen

hombre de negocios requerida por el artículo 23 de la Ley 222.

Ello, habida cuenta que no fueron desvirtuadas las siguientes

inconsistencias en la determinación de los costos y utilidad que

afectan las TIIs, que le fueron cuestionadas:

1. No se evidenciaron las razones por las cuales los costos,

relacionados con “Otros Mercadeo”, “Personal Asignado” y

“Promoción y Retención”, sí cumplían con la condición para ser

incluidos en el cálculo de las TIIs, en el sentido de que sí

correspondían a costos asociados a los servicios de tarjetas bancarias

de pago prestados a los comercios.

2. No se demostró la existencia de relación de causalidad que

justifique la inclusión de ciertos costos para determinar los valores

de las TIIs.

-En el caso del Banco de Colombia no se probó que los costos del

área “GCIA SEGURIDAD BANCARIA” estén asociados ni directa ni

indirectamente a los costos de fraude por transacciones realizadas

con tarjetas de crédito, débito o Electrón.

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-En el caso del Banco Colpatria no se acreditó la relación de

causalidad que justifique la inclusión de costos administrativos

directos para determinar los valores de las TIIs, y se aplicaron, a los

valores de las cuentas contables, criterios de asociación de costos y

porcentajes sin que fueran descritos esos criterios y sin presentar la

base cuantitativa, con la cual se determinaron esos porcentajes

asignados.

-En el caso del Banco de Bogotá adjuntó información que se refiere

al costo denominado “mercadeo”, el cual no podía ser incluido para

el cálculo de la TIIs.

De ahí, que al no haberse desvirtuado los cuestionamientos realizados

al señor GUSTAVO ADOLFO LEAÑO CONCHA, frente al cumplimiento

de los parámetros de fijación de las TIIs, previamente acordados, le

asistió razón al fallador de primera instancia al señalar que el

segundo cargo no prosperaba, en tanto no se probó que el

mencionado representante legal de CREDIBANCO tuvo la diligencia

de un buen hombre de negocios, requerida por el artículo 23 de la

Ley 222, respecto del cumplimiento de los asuntos a su cargo,

conforme se adujo en la demanda.

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En consecuencia, esta censura tampoco tiene vocación de

prosperidad.

Con fundamento en lo expuesto, debe mantenerse incólume la

presunción de legalidad, que ampara al acto acusado y confirmarse

la sentencia apelada.

Ahora, en cuanto a la condena en costas la Sala considera que de

conformidad con el artículo 171 del CCA y atendiendo la conducta

asumida por las partes no se evidenció temeridad ni mala fe en la

actuación procesal, razón por la cual no hay lugar a ello.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: No condenar en costas, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente

al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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