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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00500-01

Fecha
8 de julio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00500-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 63 Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00500-01 Actor: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE SALUD. PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 18 de septiembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera - Subsección “C”, en Descongestión. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00500-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

8 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00500-01
Referencia: Acción de Nulidad
Actor: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE
SALUD

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LOS APELANTES NO
TENÍAN DERECHO ADQUIRIDO A EJERCER LA MEDICINA POR EL
SISTEMA HOMEOPÁTICO PUES NO ADQUIRIERON SU TÍTULO DE
HOMEÓPATAS CON ANTERIORIDAD A LA LEY 14 DE 1962, NI
TAMPOCO CON POSTERIORIDAD A ÉSTA ACREDITARON EL TÍTULO
DE MÉDICO EXPEDIDO POR ALGUNA DE LAS FACULTADES O
ESCUELAS DE MEDICINA AUTORIZADAS POR EL ESTADO, COMO LO
EXIGE DICHA LEY. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL FRENTE A
ESTE TEMA Y EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN PROCEDENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto

por los terceros interesados, contra la sentencia de 18 de septiembre

de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-

Sección Primera- Subsección “C”, en Descongestión, por la cual se

declararon no probadas las excepciones propuestas y se accedió a

las súplicas de la demanda.

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Actor: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE SALUD.

I.-ANTECEDENTES

I.1 El Distrito Capital de Bogotá- Secretaría de Salud, por medio de

apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en

el artículo 84 del CCA., presentó demanda ante el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, tendiente a obtener las siguientes

declaraciones y condenas:

1º. Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

a) Resolución núm. 030 de 24 de septiembre de 1981, expedida

por la Inspectora Legal de la Secretaría de Salud Pública de Bogotá

D.E.

b) Resolución núm. 025 de 26 de febrero de 1982, expedida por

la Inspectora Legal de la Secretaría de Salud Pública de Bogotá D.E.

c) Resolución núm. 059 de 18 de agosto de 1982, expedida por

la Inspectora Legal de Salud Pública Distrital, Regional I San Ignacio.

I.2. La actora fundamentó su demanda, en síntesis, en los siguientes

hechos:

1°. Indicó que los señores María Teresa Ladino de Luna, Cesar

Armando Luna Vargas y María Magdalena Castro Gutiérrez,

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obtuvieron el título de Homeópata del Instituto Homeopático de

Colombia, el 8 de marzo de 1979, el 10 de octubre de 1978 y el 29

de diciembre de 1979, respectivamente.

2°. Sostuvo que mediante las resoluciones núms. 030 de 24 de

septiembre de 1981, 025 de 26 de febrero de 1982 y 059 de 18 de

agosto de 1982, expedidas por la Inspectora Legal de la Secretaría

de Salud Pública Distrital, se autorizó, respectivamente, a María

Teresa Ladino de Luna, Cesar Armando Luna Vargas y a María

Magdalena Castro Gutiérrez, para ejercer la medicina por el sistema

homeopático de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 14 de 1962.

3°. Refirió que debido a las quejas presentadas por diferentes

ciudadanos, según las cuales las mencionadas personas ejercían la

medicina en consultorios abiertos al público mediante la formulación

de medicamentos homeopáticos, sin contar con los respectivos

registros, la Secretaría Distrital de Salud inició las correspondientes

investigaciones administrativas.

4°. Que, en desarrollo de la investigación administrativa núm.

1010/2008, la Dirección de Desarrollo de los Servicios de Salud de la

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C., expidió la Resolución

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núm. 971 de 21 de julio de 2010, en la que se determinó que, los

señores Cesar Armando Luna Vargas y María Teresa Ladino de Luna

no se encontraban inscritos en el Registro Especial de Prestadores de

Salud para poder ofertar el servicio de consulta externa de medicina

alternativa en la modalidad de homeopatía, razón por la cual se les

sancionó con el pago de una multa de 2 salarios mínimos mensuales

legales vigentes, por infringir el artículo 2°, parágrafo 2°, de la Ley

14 de 1962; disponiendo, además, “(…) el cierre definitivo del

servicio de salud de consulta externa, medicina alternativa y terapia

alternativa ofertado (…)”.

5°. Añadió que, respecto de la investigación adelantada en contra de

la señora María Magdalena Castro Gutiérrez, la Dirección de

Desarrollo de los Servicios de Salud Vigilancia y Control de la Oferta

de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. constató que ésta

no contaba con título profesional en medicina otorgado por una

institución legalmente reconocida; y, adicionalmente, que formulaba

medicamentos homeopáticos en contravía de la normatividad

vigente.

6°. Que, en virtud de lo anterior, la Dirección de Desarrollo de los

Servicios de Salud Vigilancia y Control de la Oferta de la Secretaría

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Distrital de Salud de Bogotá D.C. “(…) procedió a tomar medida de

seguridad consistente en la suspensión temporal y preventiva de los

servicios de consulta externa Intramural Ambulatoria, Medicina

General y Medicina alternativa, terapias alternativas y se realizó

decomiso de todos los medicamentos homeopáticos encontrados en

el área de farmacia”.

I.3. En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo la violación de los

artículos 2º y 58 de la Constitución Política; 2°, parágrafo 2°, de la

Ley 14 de 1962 y 1° de los Decretos 1875 de 1994 y 1352 de 2000.

En síntesis, formuló los siguientes cargos de violación:

PRIMER CARGO: “VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 2° DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA- DESCONOCIMIENTO DE LOS

FINES ESENCIALES DEL ESTADO Y LOS DEBERES DE LAS

AUTORIDADES PÚBLICAS.”.

Expresó que el artículo 2º Superior señala como uno de los principios

y fines esenciales del Estado, garantizar la efectividad de los mismos,

así como de los derechos y deberes.

Que los artículos 11 y 49 ibídem, que establecen los derechos

fundamentales a la vida y a la prestación del servicio público de salud

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a todos los habitantes del territorio nacional, se encuentran ligados

al otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para ejercer

la medicina por parte de los entes públicos.

Que, de acuerdo con lo anterior, la expedición de actos

administrativos mediante los cuales se les permita a las personas que

no ostentan la calidad de médicos, ejercer como profesionales de la

homeopatía sin cumplir con los requisitos impuestos por la Ley,

ponen en riesgo la salud pública y la vida de las personas,

desconociendo los fines del Estado.

SEGUNDO CARGO: “EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN

PRESENTA VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 58 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA- INEXISTENCIA DE DERECHOS

ADQUIRIDOS”

Manifestó que, en el presente caso, por una parte, no se puede hablar

de un derecho adquirido debido a que las resoluciones núms. 030/81,

025/82 y 059/82 autorizan, de manera irregular, el ejercicio de la

medicina por el sistema homeopático a personas que no reúnen los

requisitos señalados en la Ley 14 de 1962; y, por la otra, que la

jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar

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que un acto administrativo de carácter particular que reconoce a un

particular el derecho para ejercer una profesión, no es equivalente a

un título profesional.

Que, en consecuencia, los actos administrativos demandados

desconocen abiertamente el artículo 58 de la Constitución Política

que establece la protección únicamente para los derechos adquiridos

con justo título.

TERCER CARGO: “VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 2°,

PARÁGRAFO 2°, DE LA LEY 14 DE 1962- AUTORIZACIÓN

IRREGULAR A HOMEÓPATAS PARA EL EJERCICIO DE LA

MEDICINA”

Sostuvo que a partir de la expedición de la Ley 14 de 1962,

solamente aquellos homeópatas que hubieren obtenido legalmente

la autorización para ejercer la medicina con anterioridad a su entrada

en vigencia, es decir, antes de junio de 1962, podían continuar

ejerciéndola en las mismas condiciones señaladas en los respectivos

permisos o licencias.

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Adujo que la Dirección de Vigilancia y Control de la Oferta de la

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, respecto de María Teresa

Ladino de Luna, Cesar Armando Luna Vargas y María Magdalena

Castro Gutiérrez determinó que no se encuentran inscritos como

médicos, ni en ninguna de las áreas de la salud en el Registro de

Profesionales de Salud de la SDS para ofertar el servicio de consulta

externa de medicina alternativa, en la modalidad de homeopatía,

como quiera que no han obtenido el título de médico expedido por

alguna institución de educación superior reconocida por el Estado, o

por alguna institución internacional con la cual Colombia tenga

convenios de reciprocidad de títulos universitarios o haya sido de

reconocida competencia por la Asociación Colombiana de Facultades

de Medicina.

CUARTO CARGO: “VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 1° DE

LOS DECRETOS 1875 DE 1994 Y 1352 DE 2000-

INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO PARA PROFERIR EL

ACTO DEMANDADO”

Señaló que para la fecha en que fueron expedidos los actos

administrativos demandados, ninguna autoridad de salud del Distrito

Capital tenía competencia para autorizar el ejercicio profesional de la

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medicina, debido a que el artículo 1° del Decreto 1875 de 1994,

estableció que “los títulos expedidos por las instituciones de

educación superior en el área de salud se registrarán en la Secretaría

de Salud del Departamento en donde esté ubicada la institución

formadora”, situación que solo se modificó hasta el año 2000, con la

expedición del Decreto 1352 de 2000, por lo que la Inspectora Legal

de la Secretaría de Salud Pública Distrital al expedir los actos

acusados obró sin competencia para tal efecto.

I.4. CONTESTACION DE LA DEMANDA.

I.4.1. María Magdalena Castro Gutiérrez:

Por conducto de apoderado, en forma oportuna, contestó la demanda

y se opuso a las pretensiones de la misma. En síntesis, señaló:

Que la homeopatía la ejercen aquellos que han obtenido la

autorización legal para ello; es decir, aquellas personas que se han

especializado en la aplicación del sistema homeopático, como es su

caso; y que no es necesario que la Secretaría Distrital de Salud

expida una autorización para su ejercicio, pues la misma le fue

otorgada por una entidad reconocida por el Estado Colombiano, como

lo es el Instituto Homeopático de Colombia.

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Añadió que en el presente asunto se está en presencia de un derecho

adquirido por el hecho que viene ejerciendo la profesión de

homeópata desde mucho antes de haberse expedido la Resolución

núm. 059 de 18 de agosto de 1982, toda vez que fue legalmente

reconocido por la Secretaría de Salud Pública Distrital, frente al

desarrollo práctico de la Ley 14 de 1962 que no tuvo la suficiente

claridad sobre las prácticas de la homeopatía en Colombia, siendo

entonces este ente territorial el que con su experiencia y facultades

legales, aclaró lo dispuesto en la Ley 14 de 1962, en relación con la

profesión y práctica de la Homeopatía.

Adujo que para el 30 de mayo de 1962, le estaba permitido ejercer

la homeopatía en Colombia, permiso otorgado por el Instituto

Homeopático de Colombia, por lo que no puede ahora la Secretaría

Distrital de Salud pedir la nulidad de un derecho otorgado por la Ley

14 de 1962.

Asimismo, sostuvo que la Resolución núm. 059 de 18 de agosto de

1982, fue expedida por la Secretaría de Salud Pública Distrital,

porque es el órgano al que la Ley atribuyó dichas funciones para ese

tiempo, por lo tanto, es válido.

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Finalmente, propuso las excepciones de “falsa motivación”, en

atención a que no ejecuta actos propios de los médicos, es decir, no

ha invadido competencia alópata; “pretender indebida notificación

para violar el debido proceso”, “ineptitud sustancial de la demanda”

e “ineficacia de la demanda por no señalar las causales

presuntamente vulneradas”, por cuanto la Secretaría Distrital de

Salud aportó para notificación, “intencionalmente” una dirección

diferente; “ineptitud sustancial de la demanda”, porque el acto

enjuiciado fue expedido por entidad y funcionario competente; e

“ineficacia de la demanda por no señalar las causales presuntamente

vulneradas”, debido a que en la demanda no se señalaron, con

precisión, las causales de anulación del acto acusado.

I.4.2. María Teresa Ladino de Luna y Cesar Armando Luna

Vargas:

Por conducto de apoderado judicial contestaron la demanda y se

opusieron a las pretensiones de la misma. Igualmente, propusieron

como excepciones, las siguientes:

I.4.2.1 “FALTA DE PRESUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE ACTO

ADMINISTRATIVO, PARA DEPRECAR SU NULIDAD”

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Señalaron que en la demanda, si se analiza detenidamente, tanto la

Resolución núm. 030 de 24 de septiembre de 1981, como la

Resolución núm. 25 de 26 de febrero de 1982, ambas expedidas por

el Servicio de Salud de Bogotá D.E., Inspección Legal Regional San

José, las mismas no constituyen sino meros actos de la

administración sin que puedan calificarse de verdaderos actos

administrativos y, por ende, no son enjuiciables ante la Jurisdicción

de lo Contencioso Administrativo.

Que las resoluciones referidas solamente establecen el hecho de que

los señores Luna Vargas y Ladino de Luna son homeópatas conforme

a los títulos otorgados a ellos por el Instituto Homeopático de

Colombia, es decir, no crean, ni modifican, ni extinguen ninguna

relación jurídica, pues se pueden equiparar a un simple certificado

de la profesión que éstos ostentan, de donde se colige que al no

existir una declaración de voluntad o deseo de producir un efecto en

derecho no se puede predicar que se trate de actos administrativos.

Añadieron que el Servicio de Salud de Bogotá D.E. no les otorgó

ningún título ni aval para adquirir el grado de homeópatas, pues

haciendo una interpretación gramatical de lo resuelto en las

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mencionadas resoluciones solo se hace una elemental declaración de

que son homeópatas.

I.4.2.2. “DEMANDA INEPTA”

Indicaron que dado que el Alcalde Mayor de Bogotá no confirió poder

especial al profesional que incoó la presente acción, la demanda

presentada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de su Secretaría

de Salud no puede prosperar, por cuanto el Alcalde no está facultado

para delegar su atribución de representante legal y, además, que la

Secretaría de Salud no es un ente autónomo.

I.4.2.3. “INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”

Consideraron que en el caso sub lite existe una indebida acumulación

de pretensiones, por cuanto los supuestos actos administrativos

contienen una situación compleja respecto de cada uno de los

demandados, por lo que ha debido presentarse una demanda para

cada uno de ellos, por separado.

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I.4.2.4. “INCONGRUENCIA FRENTE A LAS PRETENSIONES DE

LA DEMANDA Y LAS PRESUNTAS NORMAS VIOLADAS

CITADAS EN EL CUARTO CARGO DE LA DEMANDA”

Manifestaron que los “presuntos” actos demandados fueron

expedidos en los años 1981 y 1982; es decir, previo a la expedición

de los Decretos 1875 de 1994 y 1352 del 2000 que establecían la

competencia para autorizar el ejercicio profesional de la medicina, en

cabeza de la Secretaría de Salud.

I.4.2.5. “CADUCIDAD”

Señalaron que no deben aplicarse las normas del Decreto Ley 01 de

1984, dado que los actos demandados fueron expedidos con

anterioridad a dicha disposición. Por lo tanto, la norma aplicable es

el artículo 83 de la Ley 167 de 1941.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en lo que respecta a la señora

María Teresa Ladino de Luna, la Resolución acusada fue expedida el

24 de septiembre de 1981, luego los dos años para incoar la

demanda fenecieron el 24 de septiembre de 1983; y, en relación con

el señor Cesar Armando Luna Vargas, la Resolución núm. 25,

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acusada, fue expedida el 26 de febrero de 1982, por lo que la

administración disponía hasta el 26 de febrero de 1984 para

impugnarla. De tal manera que como la demanda en el caso sub lite

se presentó en el año 2011, lo fue extemporáneamente.

Propusieron también las excepciones de “BUENA FE”, “PRIMACÍA DEL

PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA”, “ERROR COMUNIS FACIT

IUS”, “PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ATACADOS”,

“DERECHOS ADQUIRIDOS DE FORMA TÁCITA UNA VEZ

PROMULGADAS LAS NORMAS QUE REGULAN LO RELACIONADO A

LOS PRESUPUESTOS EXIGIDOS PARA EL EJERCICIO DE LA

MEDICINA HOMEÓPATICA;, “INDEBIDA ACUMULACIÓN DE

PRETENSIONES”, “FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO

NECESARIO DIRECTO” e “INAPLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2° DE LA

LEY 14 DE 1962 PAGRÁGRAFO 2° POR SER NOTORIAMENTE

INCONSTITUCIONAL”.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca- Sección Primera- Subsección “C”, en

Descongestión, declaró no probadas las excepciones propuestas y

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accedió a las súplicas de la demanda, con base en los razonamientos

que pueden sintetizarse así:

De las excepciones propuestas por la señora María Magdalena Castro

Gutiérrez, esto es “Falsa motivacion” e “Ineptitud sustancial de la

demanda”, consideró que no son verdaderos medios exceptivos sino

aseveraciones tendientes a enevar las pretensiones de la demanda,

razón por la cual deben ser denegadas.

En cuanto a la excepción denominada “Pretender Indebida

notificación para violar el debido proceso”, sostuvo que es una

afirmación con la que eventualmente pudiera perseguirse la nulidad

de lo actuado por una indebida notificación del auto admisorio de la

demanda; sin embargo, no se vislumbra vulneración alguna al debido

proceso, pues, la señora Castro Gutierrez oportunamente contestó la

demanda.

Por último, frente a la excepción de “ Ineficacia de la demanda por

no señalar las causales presuntamente vulneradas”, consideró que la

misma se refiere es a una inepta demanda por no proponerse en ella,

de manera adecuada el concepto de violación. Empero, revisado el

libelo demandatorio se corrobora que este cumplió a cabalidad con

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el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 137 del CCA, por lo

que esta excepción no estaba llamada a prosperar.

Acerca de las excepciones propuestas por María Teresa Ladino de

Luna y Cesar Armando Luna Vargas, esto es, la “FALTA DE

PRESUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA

DEPRECAR SU NULIDAD”, consideró que no tenía vocación de

prosperidad porque los actos administrativos demandados sí

originaron un efecto jurídico sobre sus destinatarios, pues sin ellos,

según la legislación, éstos no podrían ejercer su profesión al estar

supeditada a la autorización de la autoridad de salud

correspondiente. Por consiguiente, dichos actos sí son objeto de

control por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

De la misma manera, frente a la excepción de “DEMANDA INEPTA ”,

adujo que tampoco estaba llamada a prosperar dado que, por una

parte, conforme al artículo 40 de la Ley 1421 de 1993, el Alcalde

puede delegar las funciones que le asignen la Ley y los Acuerdos

entre otros, en los Secretarios de Despacho. Por lo tanto, éstos

cuentan con atribuciones de representación judicial y extrajudicial,

de ahí que puedan otorgar poder a los abogados para que actúen

como apoderados en los respectivos procesos judiciales; y, por la

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otra, si bien a juicio de los demandados no se acreditó la existencia

de las normas presuntamente vulneradas, el artículo 141 del CCA

sólo prevé indispensable que se acompañe con la demanda el texto

legal de los preceptos cuando el demandante invoque la vulneración

de disposiciones que no tengan alcance nacional, por lo que revisados

los cargos de la demanda todas las normas que se indican como

vulneradas son de origen constitucional, legal y del orden nacional

que no requieren de prueba.

De igual forma, frente a la excepción de “INDEBIDA ACUMULACIÓN

DE PRETENSIONES”, sostuvo que dicho Tribunal es el competente

para conocer, en primera instancia, de todas las pretensiones

encaminadas a la simple nulidad de actos administrativos de orden

Departamental, Distrital y Municipal, conforme lo prevé el artículo

132 del CCA. y pueden tramitarse bajo la misma cuerda procesal

prevista para los procesos ordinarios en el Título XXIV del Decreto 01

de 1984, por lo que la petición de nulidad de dichas resoluciones no

es excluyente, ya que la anulación de alguna de ellas no impediría la

nulidad de las otras.

Acerca de la excepción de “FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS

CONSORCIO NECESARIO”, señaló que, en primer lugar, no se

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observa que existan otras personas interesadas en las resultas del

proceso; en segundo lugar, en la presente acción el Distrito Capital

de Bogotá cuestionó sus propios actos administrativos en acción de

simple nulidad, de manera que obra a la vez como ente demandado

al ser la entidad que dictó tales decisiones; y que, además, el hecho

de que fueran vinculados como terceros no implica desconocimiento

alguno del debido proceso, toda vez que al igual que cualquier

demandado tuvieron la oportunidad para contestar la demanda,

aportar y solicitar pruebas, presentar excepciones, alegatos e

interponer recursos, consideraciones estas que condujeron a la

improsperidad de dicha excepción.

Frente a la excepción de “CADUCIDAD”, señaló que bajo la teoría

de los móviles y finalidades, un acto particular puede ser demandado

en acción de simple nulidad siempre y cuando: a) su contenido

trascienda la esfera individual y comporte un interés para la

comunidad; y b) su anulación no implique un restablecimiento

automático de un derecho.

Así las cosas, sostuvo que las resoluciones demandadas son

creadoras de situaciones jurídicas individuales, pues a través de ellas

se autorizó a los señores Ladino de Luna, Luna Vargas y Castro

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Gutiérrez, para desempeñar su profesión de médicos homeópatas.

Pese a ello, tales decisiones comportan un interés para la comunidad

al referirse a una actividad relacionada con la salud pública. Además,

refirió que la nulidad de los actos acusados no produciría ningún

restablecimiento automático más que la preservación del orden

jurídico.

Y respecto de las excepciones denominadas: “incongruencia frente a

las pretensiones de la demanda y las presuntas normas violadas

citadas en el cuarto cargo de la demanda, buena fe, primacía de la

confianza legítima, error cómunis facit ius, presunción de legalidad

de los actos acusados, derechos adquiridos en forma tácita una vez

promulgadas las normas que regulan lo relacionado a los

presupuestos exigidos para el ejercicio de la homeopatía, e

inaplicación del artículo 2° de la Ley 14 de 1962, parágrafo por ser

notoriamente inconstitucional”, consideró que debían ser denegadas

pues tienden a contradecir los argumentos expuestos en la demanda.

Ahora, frente a los cargos propuestos en la demanda, el a quo trajo

a colación lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 14 de 1962, según

el cual a partir de la vigencia de dicha norma solo podían ejercer la

medicina quienes hubieran obtenido título médico y cirujano,

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expedido por alguna de las escuelas o facultades legalmente

reconocidas; y que los homeópatas podrían seguir ejerciendo su

profesión conforme al permiso legalmente conferido y que las

solicitudes pendientes deberían resolverse con observancia de la

normatividad vigente para la época de su presentación.

Afirmó que a partir de la expedición de la Ley 14 de 1962, se

consideró a la Homeopatía como una especialidad de la medicina y

no como una profesión independiente, por lo que para ejercerla es

indispensable acreditar el título de médico y cirujano.

Trajo a colación varios pronunciamientos jurisprudenciales de la

Sección Primera de esta Corporación y agregó que no es de recibo

afirmar que con la nulidad de los actos controvertidos se conculcarían

los derechos adquiridos, en razón a que éstos se habrían obtenido,

siempre y cuando se hubiera recibido el respectivo título antes de la

entrada en vigencia de la Ley 14 de 1962.

Concluyó que los terceros interesados recibieron su título de manera

posterior a la promulgación de la Ley 14 de 28 de abril de 1962,

razón por la que no era posible concederles autorización para ejercer

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la medicina por el sistema homeopático. En consecuencia, declaró la

nulidad de las resoluciones acusadas.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

.- La señora María Magdalena Castro Gutiérrez, no interpuso recurso

de apelación.

.- Los señores María Teresa Ladino de Luna y Cesar Armando Luna

Vargas, terceros interesados, a través de apoderada, fincaron su

inconformidad, con la sentencia recurrida, en síntesis, en lo

siguiente:

Reiteraron la excepción de caducidad de la acción, pues, a su juicio,

es obvio que la petición de nulidad y restablecimiento a que alude la

demanda caducó a los dos años contados a partir del día siguiente al

de su expedición pues, resulta claro que la Resolución núm. 030 se

expidió el 24 de septiembre de 1981, razón por la cual los dos años

fenecieron el 24 de septiembre de 1983; lo propio se puede predicar

de la Resolución núm. 25 que se expidió el 26 de febrero de 1982 y,

por ende, los dos años se cumplieron el 26 de febrero de 1984; y la

demanda en el caso sub lite se incoó en el año 2011.

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Afirmaron que no es viable aplicar las reglas del Decreto 01 de 1984,

toda vez que las resoluciones se expidieron en los años 1981 y 1982

cuando regía la Ley 167 de 1941; es decir, que la Ley no se puede

aplicar de manera retroactiva máxime que no se previó dicha facultad

en la misma normatividad.

Sostuvieron que el fallo del Tribunal de instancia desconoce la

sentencia de 4 de marzo de 2003 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, en la que se señaló que en manera alguna se puede acudir

indistintamente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

o a la acción de nulidad simple, al antojo del promotor de la acción

pues ello constituye un atentado contra la seguridad jurídica.

Afirmaron que en gracia de discusión si se admite que tales actos de

la administración violan la Ley, tal aserto es cierto por cuanto si bien

el artículo 3° de la Ley 14 de 1962 habla de la refrendación tal

actuación per se no implica el desconocimiento de la calidad que

ostentan los apelantes en cuanto al título que les otorgara el Colegio

de Homeopatía donde estudiaron, pues refrendar significa legalizar

un documento, sin que ello implique la autorización que se le atribuye

a la actividad material de la administración en las resoluciones

cuestionadas.

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Reiteraron que se presenta una indebida acumulación de

pretensiones, ya que son actos totalmente independientes, es decir

fueron emitidos respecto de cada una de las personas demandadas,

por lo que han debido formularse sendas demandas separadas pues

no concurren en este caso los presupuestos del segundo inciso del

numeral 3 del artículo 82 del CPC.

Recalcaron que no se trata de un solo acto de la administración que

cobije a todos los terceros interesados, a pesar de que la parte

demandada es una sola, pues los perjudicados con la actuación

procesal son tres personas naturales independientes y, por ende, la

acción incoada no tiene la misma causa, ni versa sobre el mismo

objeto, ni se encuentra en una relación de dependencia.

Señalaron que el a quo desestimó las demás excepciones

denominadas “incongruencia frente a las pretensiones de la demanda

y las presuntas normas violadas citadas en el cuarto cargo de la

demanda, buena fe, primacía de la confianza legítima, error cómunis

facit ius, presunción de legalidad de los actos acusados, derechos

adquiridos en forma tácita una vez promulgadas las normas que

regulan lo relacionado a los presupuestos exigidos para el ejercicio

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de la homeopatía, e inaplicación del artículo 2° de la Ley 14 de 1962,

parágrafo por ser notoriamente inconstitucional”, al considerar que

no eran verdaderas excepciones sino argumentos esbozados como

sustento de tales medios de defensa, por lo que hay una flagrante

violación al derecho fundamental del debido proceso y a la legítima

defensa, ya que no se hizo un verdadero análisis.

Sostuvieron que los Decretos aducidos como vulnerados se

expidieron mucho tiempo después de proferidos los actos de la

administración aquí cuestionados; y, adicionalmente, no se demostró

la existencia de los Decretos 1875 de 1994 y 1352 de 2000; y que,

asi mismo,los terceros interesados actuaron de buena fe y han

venido ejerciendo su profesión conforme al título expedido por el

Instituto Homeopático de Colombia, por lo que ha debido declararse

probada la excepción de inaplicabilidad de la Ley 14 de 1962, dado

que todos los títulos expedidos por dicha entidad se presumen válidos

y legalmente adquiridos.

Concluyeron que las actuaciones demandadas no son verdaderos

actos administrativos; y que, aun si se tuvieran por tales, la entidad

demandante no logró demostrar la antijuridicidad de los mismos, los

cuales gozan de la presunción de legalidad.

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IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1.- Vencido el plazo la parte actora presentó, en forma oportuna,

alegatos de conclusión en los cuales, en síntesis, se reafirma en los

cargos de la demanda y solicita que se confirme la sentencia apelada.

IV.2.- Los señores María Teresa Ladino de Luna y Cesar Armando

Luna Vargas, por conducto de su apoderado, descorrieron el traslado

de alegatos de conclusión, en los cuales, en síntesis, se reafirman en

lo expuesto en la contestación de la demanda.

Por su parte, la señora María Magdalena Castro Gutiérrez, no

presentó alegatos de conclusión.

IV.3. El Ministerio Público1, en la oportunidad concedida para

presentar sus alegatos, señaló lo siguiente:

Frente a la excepción de caducidad de la acción, sostuvo que la

jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, en aplicación

de la teoría de los móviles y finalidades, ha reconocido la posibilidad

1
El doctor Roberto Augusto Serrato Valdés se declaró impedido para conocer del presente proceso,
por haber actuado como Ministerio Público, el cual se declaró fundado mediante auto de 12 de abril
de 2018.

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excepcional de acudir a la acción de simple nulidad para cuestionar

actos administrativos de contenido particular. Esta teoría que ha

tenido una larga evolución jurisprudencial y doctrinal, presupone

conferir una importancia esencial de los motivos y finalidades que el

actor asigna a la acción incoada, más allá de la naturaleza del acto

enjuiciado.

Indicó que las resoluciones demandadas autorizaron el ejercicio de

la homeopatía a los terceros interesados; sin embargo, en atención

a la necesidad de preservar bienes jurídicos de orden superior,

asociados a la garantía de prestación eficiente del servicio de salud

por profesionales idóneos que ejerzan la labor de medicina habiendo

cumplido los requisitos previstos en la Ley a partir de la expedición

de la Ley 14 de 1962, la homeopatía pasó a ser una forma de aplicar

la medicina, por lo que le son aplicables los mismos requisitos

exigidos para el ejercicio de dicha disciplina.

Que, por lo anterior, en el caso objeto de estudio, se predica el

criterio de interés preponderante que justifica la procedencia de la

acción de simple nulidad para debatir las resoluciones controvertidas,

medio de control que no está sujeto a las reglas de caducidad.

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Refirió que en el asunto bajo examen, se evidencia que las normas

que resultan aplicables son las previstas en el Decreto 01 de 1984 y

no las de la Ley 167 de 1941, ya que la aplicación de la Ley se

produce hacía el futuro. En ese sentido, el Decreto 01 de 1984

empezó a regir desde el 1º de marzo de 1984, y a partir de ese

mismo momento sus disposiciones eran aplicables, sumado a que la

demanda fue presentada el 18 de agosto de 2011, cuando ya se

encontraban vigentes dichas disposiciones.

Respecto de la excepción de indebida acumulación de pretensiones,

manifestó que en este proceso se cumplen los presupuestos

establecidos en el artículo 82 del CPC, toda vez que el mismo juez es

el competente para conocer las demandas; las pretensiones van

encaminadas a obtener la declaratoria de nulidad de los actos

acusados que no son excluyentes entre si y todas ellas se pueden

tramitar por un mismo procedimiento. Además, su objeto es el

mismo, pues con ellas se pretende desvirtuar la presunción de la

legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se

autorizó el ejercicio de la profesión de medicina a los ahora

apelantes.

Señaló que las demás excepciones propuestas no constituyen

verdaderos medios exceptivos, por cuanto encierran argumentos de

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defensa de legalidad de los actos acusados, los cuales deben ser

resueltos cuando se estudien los cargos formulados en la demanda.

Asimismo, sostuvo que los actos acusados son verdaderos actos

administrativos susceptibles de ser controvertidos por vía judicial, ya

que cada resolución contiene una declaración de voluntad de la

administración, encaminada a producir efectos frente a los

particulares afectados con esa decisión.

Consideró que no es posible aducir una violación al principio de la

buena fe, toda vez que la homeopatía con la expedición de la Ley 14

de 1962 pasó a ser considerada como una especialidad en la

medicina y no una profesión independiente de ésta porque el

legislador entendió que era una profesión que entrañaba graves

riesgos para la vida y la integridad de las personas; y, por tal razón,

en aras de garantizar la prestación eficiente del servicio de salud por

profesionales idóneos, los homeópatas debían contar con el título de

médico y cirujano expedido por una institución universitaria

reconocida por el Estado Colombiano.

Indicó que la misma norma respetó los derechos adquiridos de

quienes a la entrada en vigencia de la Ley 14 de 1962 hubieran

adquirido el título, licencia o permiso para ejercer la homeopatía de

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acuerdo con la normatividad vigente, exigencia que no se cumplió en

el presente proceso, como quiera que los particulares apelantes

adquirieron su título en fecha posterior a la entrada en vigencia de la

mencionada norma.

Por lo expuesto, consideró el Ministerio Público que se debe confirmar

la sentencia apelada.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de las

resoluciones núms. 030 de 24 de septiembre de 1981, 025 de

26 de febrero de 1982 y 059 de 18 de agosto de 1982, expedidas

por la Inspectora Legal de la Secretaría de Salud de Bogotá D.E., por

medio de las cuales, respectivamente, se autorizó a los señores María

Teresa Ladino de Luna, César Armando Luna Vargas y a María

Magdalena Castro Gutiérrez, para ejercer la medicina por el sistema

homeopático.

Los mencionados actos, son del siguiente tenor:

“[…]RESOLUCION 030
Bogotá D.E., septiembre 24 de 1981

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LA SUSCRITA INSPECTORA LEGAL DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DE BOGOTÁ D.C., en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO:

[…]
Que De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 35 de 1929 y
el Decreto 2069 de 1939, el mencionado Instituto
Homeopático de Colombia, puede mediante el lleno de
determinados requisitos previstos en ellos, expedir Títulos
en Homeopatía.

[…]

Que tanto el título expedido por el referido Instituto
HOMEOPÁTICO DE Colombia como los demás documentos
probatorios especificados antes, están acreditando al tenor
de las Normas Legales y reglamentarias citadas, que la
señora MARIA TERESA LADINO DE LUNA tiene un título
válido que le confiere idoneidad para ejercer la medicina
por el sistema Homeopático.
[…]
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Que MARÍA TERESA LADINO DE
LUNA con cédula de ciudadanía No. 39.610.627 de
Fusagasugá, tiene de acuerdo con la Ley un derecho
adquirido y está autorizada por ella para ejercer la medicina
por el sistema Homeopático en el D.E. de Bogotá
[…]”.

“[…]Bogotá D.E. 26 de febrero de 1982,
RESOLUCION No. 025
LA SUSCRITA INSPECTORA LEGAL DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DE BOGOTÁ, en uso de sus facultades
legales, y

CONSIDERANDO:

[…]
G. Que tanto el título expedido por dicha entidad como los
certificados descritos anteriormente, están acreditando que
el Sr. CESAR ARMANDO LUNA VARGAS, tiene un título
válido conforme a la ley para ejercer la medicina por el
sistema homeopático.

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H. Que con todos los anteriores documentos probatorios se
establece que el mencionado señor LUNA VARGAS tiene un
derecho definido que la ley reconoce y garantiza, ésta
inspección legal, competente como es, para pronunciarse
sobre el asunto sometido a su consideración según lo
preceptuado por la Ley 112/19.

[…]
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Que CESAR ARMANDO LUNA
VARGAS, tiene de acuerdo con la Ley un derecho adquirido
y está autorizado para ejercer la medicina por el sistema
Homeopático en el D.E. de Bogotá.

[…]”

“[…]RESOLUCION No. 059
Bogotá D.E., 18 de agosto de 1982
LA SUSCRITA INSPECTORA LEGAL DE LA SECRETARÍA
DE SALUD PÚBLICA DISTRITAL, REGIONAL I SAN
IGNACIO en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

[…]
e) Que tanto el título expedido por dicha entidad, como el
acto mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional
conceptúa sobre la validez de los títulos expedidos por el
Instituto Homeopático de Colombia, calendado el 30 de
septiembre de 1977, y el concepto citado de agosto 24
sobre inscripción y registro de los profesionales de la
Homeopatía establecen una situación clara para el ejercicio
profesional a favor de la señora MARÍA MAGDALENA
CASTRO GUTIÉRREZ;

f) Que la Ley 14 de 1962, reglamentaria del ejercicio de la
medicina de Colombia, en el Parágrafo 2° de su Art. 2°
preceptúa que “LOS HOMEÓPATAS TITULADOS,
LICENCIADOS O PERMITIDOS QUE HAYAN ADQUIRIDO
LEGALMENTE EL TÍTULO, LICENCIA O PERMISO PARA
EJERCER LA MEDICINA POR EL SISTEMA HOMEOPÁTICO
PODRÁN SEGUIR PRACTICÁNDOLA en las mismas
condiciones establecidas en el respectivo título, licencia o
permiso…”

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Todo lo anterior amerita que la señora MARIA MAGDALENA
CASTRO GUTIÉRREZ, tiene un derecho adquirido que la Ley
reconoce y garantiza;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Que MARIA MAGDALENA CASTRO
GUTIÉRREZ con cédula de ciudadanía No. 26.135.783 de
San Bernardo del Viento (Córdoba), tiene de acuerdo con
la Ley, un derecho adquirido y está autorizada por ella, para
ejercer la medicina por el sistema Homeopático[…]”.

Según lo establecido en el artículo 357 del CPC, aplicable por expresa

remisión del artículo 267 del CCA, el recurso de apelación se

entiende interpuesto en lo desfavorable a la apelante, por lo cual el

superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no

fueron objeto del mismo.

Comoquiera que la señora María Magdalena Castro Gutiérrez no

interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, la

Sala efectuará el estudio de la impugnación de los señores María

Teresa Ladino de Luna y Cesar Armando Luna Vargas, terceros

interesados, la cual se resume en que: (i) los actos administrativos

demandados no pueden ser objeto de control por parte de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que solo se limitaron a

certificar que las personas involucradas ostentaban la profesión de

homeópatas; (ii) que se configuró la excepción de indebida

acumulación de pretensiones, pues se demandaron 3 actos

administrativos que comportan una situación distinta para cada uno

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de los particulares afectados; (iii) que existe una “falta de integración

del Litis consorcio necesario”, ya que no debieron ser vinculados

como terceros interesados sino como litisconsortes necesarios; (iv)

que se presentó la caducidad de la acción, ya que conforme a lo

dispuesto por la Ley 167 de 1941 la acción de lesividad debió haberse

incoado a partir de los 4 meses siguientes a la notificación del acto

administrativo, por lo que no era viable aplicar las reglas contenidas

en el Decreto 01 de 1984, y (v) porque se desestimaron las

exceciones denominadas “incongruencia frente a las pretensiones de

la demanda y las presuntas normas violadas citadas en el cuarto

cargo de la demanda, buena fe, primacía de la confianza legítima,

error cómunis facit ius, presunción de legalidad de los actos

acusados, derechos adquiridos en forma tácita una vez promulgadas

las normas que regulan lo relacionado a los presupuestos exigidos

para el ejercicio de la homeopatía, e inaplicación del artículo 2° de la

Ley 14 de 1962, parágrafo por ser notoriamente inconstitucional”,

con lo cual se les vulneró el debido proceso y el derecho de defensa.

En este orden de ideas, la Sala analizará la procedencia o no de cada

una de las excepciones propuestas, reiteradas por los apelantes y

declaradas no probadas por el Tribunal en la sentencia recurrida; y,

en caso de considerar que no tienen vocación de prosperidad,

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efectuará el control de legalidad de los actos acusados mediante el

análisis de la normatividad aplicable al caso, la postura

jurisprudencial sobre el particular y las pruebas obrantes en el

proceso, así:

-“FALTA DE PRESUPUESTO DE LA EXISTENCIA DE ACTO

ADMINISTRATIVO, PARA DEPRECAR SU NULIDAD”

Señalan los recurrentes que las resoluciones acusadas no son

verdaderos actos administrativos y que gozan de la presunción de

legalidad.

Sea lo primero recalcar que los actos administrativos pueden ser de

trámite y definitivos; los primeros son los expedidos con el propósito

de surtir las etapas previas a la decisión definitiva y, por ende, no

tienen incidencia en el fondo del asunto, lo que le impide a la

jurisdicción contencioso-administrativa someterlos a control de

legalidad, salvo que pongan fin al procedimiento o produzcan efectos

sustanciales.

Por su parte, los actos administrativos definitivos son aquellos que

expresan la voluntad de la administración, puesto que crean,

modifican o extinguen situaciones jurídicas, es decir, deciden sobre

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el fondo del asunto, bien sea de manera directa o indirecta, lo que

los hace susceptibles de control por parte de los jueces contencioso-

administrativos.

Sobre el control de legalidad de los actos administrativos, esta

Corporación2 sostuvo:

“Por acto administrativo se entiende toda manifestación de la
administración con capacidad para crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas, esto es, una decisión encaminada a producir
efectos jurídicos en los derechos u obligaciones de los
administrados, sean subjetivos, personales, reales o de crédito.

La jurisdicción ejerce su control, para verificar que se ajusten a la
legalidad, pero debe tenerse en cuenta que la impugnabilidad
recae sobre los actos definitivos, es decir, sobre aquellos que
exteriorizan la voluntad de la Administración para producir efectos
en derecho, pues no se justifica un pronunciamiento sobre actos
que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica, como
son los de trámite, que se limitan a dar impulso a la actuación.
Los actos de trámite no son susceptibles de control judicial, salvo
que impidan al administrado continuar con la actuación”.

Así las cosas, revisado el contenido de las resoluciones núms. 030 de

24 de septiembre de 1981 y 025 de 26 de febrero de 1982, la Sala

observa que, contra lo afirmado por los apelantes, sí son verdaderos

actos administrativos, ya que contienen una manifestación de la

voluntad de la administración, que crea una situación jurídica

particular, consistente en autorizar el ejercicio de la Medicina

2
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 14 de febrero de 2012,
C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, expediente: 11001-03-26-000-2010-00036-01.

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Homeopática a los señores María Teresa Ladino de Luna y a Cesar

Armando Luna Vargas, por lo tanto son enjuiciables ante esta

Jurisdicción, razón por la que dicha excepción no está llamada a

prosperar.

-“FALTA DE INTEGRACIÓN DEL LITIS CONSORCIO

NECESARIO”

Sobre este particular observa la Sala que, como bien lo anotó el

Tribunal de instancia, del texto de los actos acusados no se infiere la

existencia de otras personas que pudieran tener interés directo en

las resultas del proceso, pues claramente los mismos hacen relación

a los señores María Teresa Ladino de Luna y a Cesar Armando Luna

Vargas que, por no tener la condición de demandados -pues no

podían tenerla ya que no expidieron los actos acusados-, fueron

vinculados como terceros interesados los cuales tienen los mismos

derechos y prerrogativas que la parte demandada, además de que

en este proceso ejercieron su derecho de defensa y contradicción. En

consecuencia, dicha excepción no está llamada a prosperar.

-“CADUCIDAD”

En el recurso de alzada se argumentó que debe aplicarse lo dispuesto

en el artículo 83 de la Ley 167 de 1941, que prevé un término de

caducidad de 4 meses para incoar la acción de lesividad, por ser la

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norma vigente al momento de la expedición de los actos

administrativos y no el Decreto 01 de 1984.

Al respecto, la Sala advierte lo siguiente:

El artículo 40 de la Ley 153 de 18873, establece que “Las leyes

concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen

sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a

regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las

actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por

la ley vigente al tiempo de su iniciación”.

Del texto transcrito, se observa que las normas procesales o de trámite

contenidas en la nueva Ley son de aplicación inmediata, pero de ello

se excluyen los siguientes eventos, a los que se les aplicará la Ley

vigente al momento de su ocurrencia:

(i) Términos y plazos procesales que hayan empezado a correr

bajo la Ley anterior derogada.

3
Antes de ser modificada por el Código General del Proceso.

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(ii) Actuaciones procesales iniciadas bajo la Ley anterior

derogada.

(iii) Diligencias procesales iniciadas bajo la Ley anterior.

Los actos acusados no están comprendidos en los eventos señalados.

Ahora, se encuentra que el Decreto 01 de 1984 entró en vigencia el

1o. de marzo de 1984, y en su artículo 268 derogó, de manera

expresa, la Ley 167 de 1941.

Así las cosas, para el 19 de agosto de 20114, fecha en la cual se

presentó la demanda ante esta Jurisdicción, ya se encontraba vigente

el Decreto 01 de 1984; por lo tanto, éste es el precepto aplicable al

caso concreto, en razón de que la norma procesal es de aplicación

inmediata.

A juicio de los recurrentes la acción caducó a los dos años contados

a partir del día siguiente a la expedición de los actos acusados, por

cuanto respecto a la Resolución núm. 030, el plazo feneció el 24 de

septiembre de 1983; y de la Resolución núm. 25, el 26 de febrero

4 Folio 35.

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de 1984, por lo que la demanda presentada en el año 2011 lo fue

extemporánea.

A través de los actos administrativos demandados, la entidad

demandante autorizó a los terceros interesados para ejercer la

medicina por el sistema Homeopático, por lo que se trata de actos

administrativos de carácter particular.

Esta Sección5 ha reiterado en varias oportunidades que conforme a

la teoría de los móviles y finalidades el carácter de acto de contenido

particular y concreto no impide que en su contra se formule acción

de simple nulidad, pues ésta procede contra todo tipo de actos,

cuando tales situaciones impliquen un interés para la comunidad y

siempre que con la sola declaración de invalidez no se produzca el

restablecimiento del derecho vulnerado. Al efecto, se dijo:

“[…]
Al respecto, es de destacar que la jurisprudencia de la Sección
Primera del Consejo de Estado ha precisado que la acción de
nulidad procede también frente a actos creadores de
situaciones jurídicas individuales y concretas, cuando tales
situaciones “[…] implican un interés para la comunidad en
general de tal naturaleza e importancia que desborde el simple

5 Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-consejera
ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, providencia del cinco (5) de abril de dos mil
diecinueve (2019), radicación número: 11001-03-24-000-2012-00248-00.

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interés de legalidad en abstracto, por afectar de manera grave
y evidente el orden público social y económico […]”6.

Dicha postura fue acogida por esta Sección, en Sala Unitaria y
mediante proveído de 1o. de marzo de 2007 (Expediente núm.
2005-00178, Actora: Hospital de la Samaritana E.S.E.,
Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
señaló que conforme a la teoría de los móviles y
finalidades el carácter de acto de contenido particular y
concreto no impide que en su contra se formule acción de
simple nulidad, pues esta procede contra todo tipo de actos,
“[…]siempre que con la sola declaración de invalidez no
se produzca el restablecimiento del derecho vulnerado
[…]”.

En efecto, en la citada providencia se dijo:

“[…] Sea lo primero advertir que la Sección Primera frente
a la teoría de los motivos y finalidades, ha señalado, entre
otros, en auto de 2 de agosto de 1990, reiterado en la
sentencia de la misma Sala del 28 de agosto de 1992, que
los actos de contenido particular no son, en principio,
susceptibles de ser atacados en ejercicio de la acción de
nulidad simple, salvo en aquellos eventos expresamente
determinados por la ley, entre los cuales se mencionaron
los regulados en los artículos 221 y 223 del C.C.A. y 585 y
siguientes del Código de Comercio, concluyendo que sólo
excepcionalmente podría ser utilizada para acusar actos
diferentes de los de contenido particular.

También la Sección Primera, en sentencia del 26 de
octubre de 1995, consideró que la teoría de los
móviles y finalidades podía “ampliarse”, entendiendo
que la acción de simple nulidad procedería,
adicionalmente, frente a actos creadores de
situaciones jurídicas individuales y concretas,
cuando tales situaciones implican “un interés para la
comunidad en general de tal naturaleza e
importancia que desborde el simple interés de
legalidad en abstracto, por afectar de manera grave
y evidente el orden público social y económico”, y ello
aún cuando la posibilidad de atacar dichos actos
mediante la acción mencionada no hubiera sido
expresamente prevista por el legislador.

Esta posición fue adoptada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, en sentencia del 29 de octubre de 1996, en la que

6 Sentencia de 26 de octubre de 1995. Expediente núm. 3332. Consejero ponente doctor:

Libardo Rodríguez Rodríguez.

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se precisó que, además de los casos previstos en la ley,
habría lugar al ejercicio de la acción de nulidad simple en
aquéllos eventos en que se tratara de actos creadores de
situaciones particulares y concretas que comportaran “un
interés de la comunidad de tal naturaleza e importancia que
fuera aparejado con el afán de legalidad”, en especial
cuando se encontrara “de por medio un interés colectivo o
comunitario, de alcance y contenido nacional, con
incidencia trascendental en la economía nacional y de
innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y
bienestar social y económico de gran número de
colombianos”. Se agregó, por otra parte, que este criterio
habría de servir para justificar el control jurisdiccional
frente a aquellos actos que, no obstante afectar intereses
particulares, implicaran, por su contenido y trascendencia,
“el resquebrajamiento del orden jurídico y el
desmejoramiento del patrimonio económico, social y
cultural de la Nación”.

La verdadera teoría de los móviles y finalidades no fue
estudiada por el fallo de la Corte Constitucional a que alude
el auto del Tribunal, ni mucho menos en dicho fallo se
demostró que tal teoría pudiera ser considerada restrictiva
del derecho de acceso a la administración de justicia y del
debido proceso, o por qué serían sus planteamientos
irrazonables, es decir, que no se hizo un juicio de
constitucionalidad respecto de dicha teoría.

Conforme a tal teoría el carácter de acto de contenido
particular y concreto no impide que en su contra se formule
acción de simple nulidad, pues ésta procede contra todo
tipo de actos, siempre que con la sola declaración de
invalidez no se produzca el restablecimiento del
derecho vulnerado.

En este caso, de prosperar la declaratoria de nulidad del
acto acusado se produciría un restablecimiento del derecho,
cual es que se le reconozca la suma de $83.259.730.oo,
que no le fue tenida en cuenta en la reclamación por ella
presentada.

De otra parte, independientemente de que para garantizar
el derecho de acceso a la administración de justicia se
permita que contra un acto particular, individual y concreto
se pueda promover acción de simple nulidad, no por ello ha
de desconocerse que el asunto tiene una cuantía, y es en
razón de ésta que el conocimiento del proceso no
corresponde a esta Corporación en única instancia.

En otras palabras, un asunto tendrá cuantía, bien sea
porque del contenido del acto así se infiere, o porque las
pretensiones de la demanda busquen un beneficio

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económico y resulta irrelevante si la decisión definitiva
accede o no a restablecimiento de derecho alguno.

Así las cosas, el proceso es del conocimiento de los
Juzgados Administrativos de Bogotá, D.C., teniendo en
cuenta que la cuantía no excede de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales y que el acto
administrativo acusado fue expedido en el territorio de su
jurisdicción […]”7. [Negrillas fuera del texto original]”.

Asimismo, la Sala8 en otro pronunciamiento que ahora se prohíja,

frente a un tema de similares características, sostuvo que si bien se

trataba de actos administrativos de carácter particular, eran

susceptibles de ser demandados en acción de simple nulidad, pues

lo que se pretende es la prevalencia del interés general, ya que

dichos actos involucran una situación de orden público, como lo es la

salud de las personas que acuden a los servicios de homeopatía por

ellos prestados. Al efecto, se precisó:

“[…] De otra parte, los recurrentes insisten en que debe
declararse probada la excepción de caducidad al tenor del
artículo 136, numeral 7 del C.C.A., declaración que no es
procedente, dado que como lo sostuvo el Tribunal

7 Lo anterior, conforme se indicó en la sentencia de 4 de diciembre de 2014 (Expediente

núm. 2011-00213-01, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), “no es
más que la reiteración de lo expuesto en proveído de 12 de febrero de 2004 (Expediente
núm. 2003-00486-01, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
prohijada en auto de 10 de diciembre de 2008 (Expediente 2006-00523-01, Consejero
ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), en los que se precisó que la Corte
Constitucional en la sentencia C-426 de 29 de mayo de 2002 (Magistrado ponente doctor
Rodrigo Escobar Gil) no realizó un juicio de constitucionalidad respecto de la teoría de los
móviles y finalidades, por cuanto solo se refirió al artículo 84 del C.C.A., y “no hizo análisis
alguno del artículo 85 del C.C.A, en armonía con el artículo 136, ibídem, de tal manera que
con dicho pronunciamiento la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no
desapareció del mundo jurídico”, por lo que las demandas en casos como en el sub lite
deben estudiarse a la luz de sus prescripciones”.
8 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera-consejera
ponente: Martha Sofía Sanz Tobón, sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil nueve
(2009)- radicación número: 25000-23-24-000-2003-00803-02.

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Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la
jurisprudencia de esta Corporación sobre la Teoría de los
motivos y finalidades, en este caso se trata de actos de
carácter particular y concreto susceptibles de demanda en
ejercicio de la acción de simple nulidad, si se tiene en cuenta
que lo único que se pretende con la misma es el
mantenimiento del orden legal abstracto y la prevalencia del
interés general, en cuanto el ejercicio de la homeopatía por
parte de los señores JOSE ARNULFO VASQUEZ TOVAR, JAIRO
DUARTE y GUILLERMO ESCOVAR ESCÁRRAGA involucra una
situación de orden público, ya que se encuentra de por medio
la salud de las personas que acuden a los servicios por ellos
prestados […]”.

Así las cosas, en el presente caso se observa que los actos

administrativos acusados a pesar de ser de carácter particular, son

susceptibles de ser demandados en ejercicio de la acción de simple

nulidad, pues los mismos confieren el derecho a los apelantes de

ejercer la medicina por el sistema Homeopático, lo cual repercute

directamente en la salud pública de las personas que acuden a dichos

servicios, por lo que se encuentra demostrado el interés general. En

consecuencia, al ser procedente la acción de simple nulidad en contra

de las resoluciones demandadas, no opera el fenómeno de la

caducidad de la acción, ya que ella puede ser interpuesta en cualquier

tiempo.

-“INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES”

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Sobre esta excepción, se tiene que el artículo 82 del CPC., aplicable

por expresa remisión del artículo 267 del C.C.A., prevé:

“ARTÍCULO 82. ACUMULACION DE
PRETENSIONES. <Artículo derogado por el literal c) del
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del
1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos
del numeral 6) del artículo 627> <Artículo modificado por
el artículo 1, numeral 34 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo
texto es el siguiente:> El demandante podrá acumular en una
misma demanda varias pretensiones contra el demandado,
aunque no sean conexas, siempre que concurran los
siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin
embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía
a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse
que se condene al demandado a las que se llegaren a causar
entre la presentación de aquélla y la sentencia de cada una
de las instancias.

También podrán formularse en una demanda
pretensiones de varios demandantes o contra varios
demandados, siempre que aquéllas provengan de la
misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se
hallen entre sí en relación de dependencia, o deban
servirse específicamente de unas mismas pruebas,
aunque sea diferente el interés de unos y otros. (…)”
(Subrayado por la Sala)

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Sobre este tema es menester traer a colación, lo analizado por esta

Sección9 así:

“No se puede perder de vista que la acumulación de
pretensiones es un instrumento en beneficio de la garantía del
acceso a la administración de justicia, lo cual se traduce en que
la decisión se adopte de una forma ágil y eficiente, la cual
responde a los principios de economía y celeridad que rigen
toda clase de procesos, finalidad que se cumple en el caso de
autos.

Esta Corporación ha señalado que “la acumulación de
pretensiones es una permisión que desarrolla el principio de
economía procesal, “consiste, principalmente, en conseguir el
mayor resultado con el mínimo de actividad de la
administración de justicia. Con la aplicación de este principio,
se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que
se imparta pronta y cumplida justicia”

En el presente caso, las resoluciones acusadas, esto es, las

resoluciones núms. 030 de 24 de septiembre de 1981, 059 de 18 de

agosto de 1982 y 025 de 26 de febrero de 1982, si bien es cierto que

se refieren a diferentes personas naturales, también lo es que dichos

actos tienen identidad de causa, relativa a conceder autorización

para ejercer la medicina por el sistema Homeopático; el mismo

objeto, pues las pretensiones del actor están encaminados a

establecer que los permisos concedidos por la entidad para ejercer la

medicina homeopática no cumplían los requisitos dispuestos en el

9 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera-consejero
ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil
catorce (2014)- radicación número: 15001-23-31-000-2006-02847-01.

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parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 14 de 1962; luego las

pretensiones podían ser acumuladas, ya que las resoluciones

acusadas fueron expedidas por la misma autoridad, amén de que el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca tenía competencia para

conocer de la legalidad de las mismas; que los procesos se debían

adelantar por el mismo procedimiento; y que las pretensiones no son

excluyentes entre sí.

En consecuencia, la Sala estima que en el libelo demandatorio se

cumplieron a cabalidad los requisitos exigidos en el artículo 82 del

CPC, aplicable a los procesos contencioso administrativos por

remisión expresa del artículo 267 del CCA.

-“VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y DEFENSA”

Sostienen los apelantes que el Tribunal de Instancia no se pronunció

de fondo respecto de las excepciones de “incongruencia frente a las

pretensiones de la demanda y las presuntas normas violadas citadas

en el cuarto cargo de la demanda, buena fe, primacía de la confianza

legítima, error cómunis facit ius, presunción de legalidad de los actos

acusados, derechos adquiridos en forma tácita una vez promulgadas

las normas que regulan lo relacionado a los presupuestos exigidos

para el ejercicio de la homeopatía, e inaplicación del artículo 2° de la

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Ley 14 de 1962, parágrafo por ser notoriamente inconstitucional”, ya

que consideró que no eran verdaderas excepciones, por lo que

vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la legítima

defensa.

Frente a los aspectos generales de las excepciones, esta Corporación10

ha señalado lo siguiente:

“En primer lugar, de acuerdo con el profesor Devis Echandía
se tiene que “la excepción es una especial manera de ejercitar
el derecho de contradicción o defensa en general que le
corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse
a la demanda para atacar las razones de la pretensión del
demandante, mediante razones propias de hecho, que
persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos”11.

Al respecto, es necesario recordar que las excepciones son
medios de defensa dispuestos por el ordenamiento a favor de
los demandados, ya que tienden, o bien a enderezar el
procedimiento para evitar nulidades en el mismo, caso en el
cual corresponden a impedimentos procesales que no atacan
directamente a las pretensiones, o bien a desvirtuar las
pretensiones elevadas en su contra por el demandante, en
forma definitiva o temporal, por lo cual constituyen un
verdadero ataque a la cuestión de fondo.

Existen también las denominadas excepciones mixtas,
consistentes en hechos encaminados directamente a
desvirtuar las pretensiones, es decir excepciones de fondo o
perentorias, que se pueden alegar y decidir de manera
previa12.

10
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Tercera-Subsección
A- consejero ponente: Hernán Andrade Rincón- providencia del doce (12) de julio de dos
mil dieciséis (2016)- radicación: 250002336000201500513 01 (56.806).
11 DEVIS ECHANDIA, Hernando, Compendio de derecho procesal, Teoría general del proceso,

Tomo I, 13ª edición, Diké, Medellín, 1994. Pág. 245.

12 Al respecto consultar, Sentencia de 12 de febrero de 2014, Exp. 26886.

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La excepción, en palabras de la doctrina, “se presenta cuando
el demandado alega hechos diferentes de los propuestos o
invocados por el demandante y que se dirigen a desconocer
la existencia del derecho reclamado por éste, o bien, sin
rechazarlo, oponerle circunstancias que tiendan a evitar su
efectividad en determinado proceso. (…) es la propia razón
del demandado que la opone a la invocada por el demandante.
Es una especie de contraprestación, por constituir argumentos
propios, basados en hechos diferentes, que tienden a dejar
sin fundamento la pretensión del demandante”13.

Las excepciones perentorias, llamadas también de fondo y
que pueden ser definitivas o temporales, están constituidas
por hechos que i) desvirtúan las pretensiones, al ser
demostrativos de la inexistencia del derecho alegado por el
demandante, bien sea porque el mismo nunca surgió a su
favor o porque habiendo existido, se extinguió; o ii) son
demostrativos de que la reclamación del derecho resulta
inoportuna, por estar sujeta a un plazo o condición que no se
haya cumplido14. Sobre esta clase de excepciones se ha
pronunciado la Jurisprudencia de Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia de casación de
junio 11 de 2001, expediente 6343:

“(...) la excepción de mérito es una herramienta
defensiva con que cuenta el demandado para
desmerecer el derecho que en principio le cabe al
demandante; su función es cercenarle los efectos.
Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe
ejercitándose (...) A la verdad, la naturaleza de la
excepción indica que no tiene más diana que la

13 AZULA CAMACHO, Jaime; Manual de Derecho Procesal, T. I, Teoría General del Proceso.

Editorial Temis, 8ª ed., 2002, pgs. 316 y 317.

14 Para el tratadista Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias pueden
agruparse en tres, así: “Pueden agruparse las excepciones perentorias en tres grandes
grupos: 1. Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el
nacimiento del derecho base de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia
se afirma su extinción, en fin cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las
obligaciones. 2. Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido
existe, no se ha presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad
antes de la oportunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de
una obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición
estipulada. 3. Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe
legitimación en la causa respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si
quien demanda no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándolo la dirige contra
quien no es el obligado, hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras
parten de la base de que la relación jurídico material se dio entre las partes, mientras que
en la última jamás ha existido”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de derecho
procesal civil colombiano. Parte General. Tomo I. Bogotá. Dupré editores. 2005, p. 555.

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pretensión misma; su protagonismo supone, por
regla general, un derecho en el adversario, acabado
en su formación, para así poder lanzarse contra él a
fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de
hacerlo cesar en sus efectos”15

Así las cosas, se tiene que las excepciones en el proceso contencioso

le están dadas a la parte demandada como medio de defensa ante

las pretensiones de la demanda, pues la finalidad de éstas es probar

la existencia de un hecho extintivo, modificativo o impeditivo de las

pretensiones, que impide al fallador entrar a conocer de fondo el

asunto, circunstancia que no se presenta en el asunto examinado, ya

que las excepciones mencionadas realmente envuelven la defensa de

los actos acusados, lo cual significa que éstas no constituyen una

verdadera excepción sino argumentos de defensa, tal como

acertadamente lo señalaron tanto el Tribunal a quo como el

Ministerio Público en esta instancia, por lo que dicha censura no está

llamada a prosperar.

Por último, respecto del “Desconocimiento de la buena fe”, se

tiene que los recurrentes señalaron que se vulneró el principio de

buena fe, debido a que han venido ejerciendo legítimamente su

15
G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830.

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profesión conforme al título expedido por el Instituto Homeopático de

Colombia, ya que todos los títulos expedidos por dicha entidad se

presumen legalmente válidos y legalmente adquiridos.

Al respecto, se observa que el artículo 83 de la Constitución Política

sobre el principio de la buena fe, señala que “las actuaciones de los

particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones

que aquellos adelanten ante éstas”.

Cabe resaltar que la Corte Constitucional16 consideró que la

confianza legítima es una extensión del citado derecho en el que el

particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados

efectuados por las autoridades públicas, en los siguientes términos:

“[…] La jurisprudencia17 ha señalado que dicho principio
constituye un verdadero postulado constitucional18, y que debe
entenderse como una exigencia de honestidad y rectitud en las
relaciones entre los ciudadanos y la Administración. Además ha
definido el principio de buena fe “como aquel que exige a los
particulares y a las autoridades públicas ajustar sus
comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona
correcta (vir bonus)”19. En este contexto, la buena fe presupone

16 C-745/12 magistrado ponente: Mauricio Gómez Cuervo.

17 C-822 de 2011, C-1256-2001, C-1287-2001, C-007-2002, C-009-2002, C-012-2002, C-

040-2002, C-127-2002, C-176-2002, C-179-2002, C-182-2002, C-184-2002, C-199-2002,
C-251-2002, C-262-2002
18 C-071 de 2004
19 T-475 de 1992

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la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia
jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad
que otorga la palabra dada” 20”21

Sobre la buena fe se erige la confianza legítima entendida como
la garantía de la estabilidad, la seguridad jurídica y el respeto
al acto propio22. La confianza legítima como proyección del
principio de buena fe busca la protección de los administrados
frente a los cambios “bruscos e intempestivos efectuados por
las autoridades”23, garantizándoles mecanismos que faciliten
su adaptación a la nueva situación. En efecto, la jurisprudencia
ha reconocido que la confianza legítima sirve para conciliar
eventuales tensiones entre los intereses particulares y públicos
cuando se han creado expectativas para los administrados que
luego desaparecen. Evidentemente no existe una obligación de
mantener las condiciones que ha generado una situación
favorable puesto que no se configuran derechos adquiridos, sin
embargo los cambios no deben ser abruptos24”
(…)
Cabe reiterar que, el principio de buena fe no es un
derecho absoluto ya que admite ser ponderado con otros
principios25 como la seguridad jurídica o el interés
general, y tampoco constituye un límite infranqueable al
recto y razonable ejercicio de configuración legislativa26.
Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que la garantía
de la confianza legítima no se opone a que el Congreso
modifique leyes existentes ya que lo anterior
desconocería el principio democrático y petrificaría el
ordenamiento jurídico”. (Resaltado por la Sala)

Así las cosas, comoquiera que ninguna de las excepciones reiteradas

por los apelantes prosperó, es del caso efectuar el control de

legalidad de los actos acusados, mediante el análisis de la

20 Ibídem.
21 C-131 de 2004.
22 T-173 de 2008, T-1040 de 2005.
23 C-478 de 1998.
24
T-020 de 2000.

25
C-963 de 1999.
26
T-460 de 1992.

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normatividad aplicable al caso, la postura jurisprudencial sobre el

particular y las pruebas obrantes en el proceso, como se precisó ab

initio de estas consideraciones:

El artículo 2º de la Ley 14 de 196227, preceptúa:

“Artículo 2º. A partir de la vigencia de la presente ley solo
podrán ejercer la medicina y cirugía:

“a- Quienes hayan adquirido título de médico y cirujano
expedido por alguna de las facultades o escuelas universitarias
reconocidas por el Estado y que funcionen o haya funcionado
legalmente en el país.

“b- Los colombianos y los extranjeros que adquieren o hayan
adquirido título de médico-cirujano en facultades o escuelas
universitarias de países con los cuales Colombia tenga
celebrados tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos
universitarios, en los términos de los respectivos tratados o
convenios;

“c- Los colombianos graduados en el exterior con títulos de una
facultad o escuela universitaria de reconocida competencia, en
concepto de la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina. Cuando esta entidad conceptúe desfavorablemente
respecto de la competencia de la facultad o escuela
universitaria otorgante del título, el interesado deberá aprobar
un examen de idoneidad reglamentado por el gobierno;

“d- Los extranjeros graduados en países con los cuales
Colombia no tenga celebrados tratados sobre equivalencia de
títulos universitarios que posean título de médico y cirujano
adquirido en universidades de reconocida competencia en
concepto de la Asociación Colombiana de Facultades de
Medicina y que hayan obtenido licencia del gobierno mediante
la superación de un examen de idoneidad en una de las
facultades de medicina del país, de acuerdo con reglamentación
que dicta el mismo gobierno.

27 “por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la medicina y cirugía”.

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“Si el gobierno estima que el número de médicos que ejercen
en el país es suficiente para sus necesidades, deberá
abstenerse de considerar nuevas solicitudes de los
profesionales extranjeros contemplados en éste literal.

“Parágrafo 1- Los médicos que hayan adquirido legalmente
licencia o permiso, podrán continuar ejerciendo la medicina en
las mismas condiciones establecidas en la respectiva licencia o
permiso.

“Parágrafo 2- Los homeópatas titulados, licenciados o
permitidos que hayan adquirido legalmente el título,
licencia o permiso para ejercer la medicina en el sistema
homeopático, podrán seguir practicándola en las mismas
condiciones establecidas en el respectivo título, licencia o
permiso. Las solicitudes de licencia o permiso para ejercer la
homeopatía presentadas con anterioridad a la vigencia de la
presente ley y que se encuentran pendientes, se resolverán de
acuerdo con las disposiciones vigentes en la fecha de
presentación de tales solicitudes”.

A su turno, la Ley 23 de 1981, “por la cual se dictan normas en

materia de ética médica, regula claramente condiciones y

requisitos para el ejercicio de la profesión de la medicina en

Colombia”, establece los derechos y obligaciones de los médicos en

sus relaciones con los pacientes, los colegas, las instituciones

médicas y el Estado y determina los órganos de control del ejercicio

profesional y las sanciones y procedimientos que se deben adelantar

para imponerlas.

Dicha normativa fue reglamentada, entre muchas otras, por el

Decreto 3380 de 1981 que, en especial, regula situaciones para el

ejercicio de la profesión de la medicina.

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Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º, parágrafo 2º, de la Ley 14

de 1962, la práctica de la homeopatía está ligada al ejercicio de la

profesión de la medicina, y su ejercicio solamente puede ser válido

si se aplica por médicos titulados o por homeópatas que a la fecha

en la que empezó a producir efectos jurídicos esa norma,

hubieren obtenido el título, licencia o permiso para ejercer la

medicina por el sistema homeopático.

Sumado a lo anterior, se tiene que el ejercicio de la homeopatía es

una especialidad de la medicina, por lo que el mismo está sometido

a la inspección y vigilancia del Estado, puesto que, de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 26 Superior, el derecho a ejercer una

profesión no es absoluto; y, por el contrario, se encuentra limitado

por la necesidad de establecer control estatal sobre las actividades

que pueden implicar un riesgo para la sociedad28.

Al respecto, esta Corporación29 ha reiterado que:

28 Consejo De Estado-Sala De Lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta-Consejero
ponente: Darío Quiñones Pinilla- sentencia del doce (12) de febrero de dos mil cuatro
(2004)- radicación número: 25000-23-24-000-2003-2248-01(AC)
29Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Primera-Consejera
ponente: Martha Sofía Sanz Tobón, sentencia del cinco (5) de febrero de dos mil nueve
(2009)- radicación número: 25000-23-24-000-2003-00803-02.

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“[…] A propósito del tema, la Sala trascribe los siguientes
apartes de la sentencia proferida por esta Sección, en la cual
fue demandante el instituto que otorgó a cada uno de los aquí
recurrentes el título de homeópata30:

“Pues bien, en reiteradas sentencias esta Sección ha
sostenido y ratificado que a partir de la Ley 14 de 1962 la
Homeopatía dejó de ser una profesión autónoma para
convertirse en una especialidad de la medicina ( v.gr.
sentencias de 8 de noviembre de 1989, Consejero
Ponente, Dr. Samuel Buitrago Hurtado, expediente núm.
635, actor: Edgar Brecci Martín; y de 24 de septiembre
de 1998, expediente núm. 3938, Actor, Fundación Colegio
Nacional de Medicina Homeopática y Naturismo), posición
que reitera en esta oportunidad, razón por la cual no
puede afirmarse que al establecer la norma demandada
que las terapias alternativas sólo podrán ser ejercidas por
médicos titulados contraviene el parágrafo 2º de la Ley
14 de 1962, pues este sólo reconoce a los
homeópatas titulados, licenciados o permitidos
hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley 14
de 1962, seguir ejerciendo la homeopatía en las
condiciones establecidas en los respectivos títulos,
permisos o licencias.

“Por ser pertinente, la Sala transcribe apartes de la
sentencia de 13 de febrero de 1990, exp. 255, actor,
Fundación Colegio Nacional de Medicina Homeopática y
Naturismo, Consejero Ponente, Dr. Guillermo Benavides
Melo, en la que esta Sección sostuvo:
‘... la norma expresa que se ocupa del asunto y que
terminantemente señala la homeopatía como una
especialidad que sólo pueden cursar quienes posean título
profesional en medicina y cirugía, está contenida en el
Acuerdo 50/80 expedido por la junta directiva del Icfes,
acuerdo que resulta de obligatorio cumplimiento para el
instituto y que interpretado en toda su extensión y
profundidad está diciendo que a esta repartición
administrativa del sector educativo colombiano le está
prohibido autorizar programas de homeopatía destinados
a aspirantes que carezcan del título de médico y cirugía.
‘... Por último, el Consejo ratifica lo dicho por la
Corporación en sentencia de abril 30 de 1981 en relación

30 Sentencia del 24 de octubre del 2002, exp. núm. 7638, actor, Instituto Homeopático de

Colombia, Consejera Ponente dra. Olga Inés Navarrete Barrero.

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con este tema, ya resuelto desde antes del Acuerdo 50 de
marras:
‘La homeopatía no se puede ejercer en Colombia, a partir
de la vigencia de la Ley 14 de 1962, sino por profesionales
médicos; por consiguiente, quien desee ejercer esta
especialidad de la medicina, deberá acreditar su calidad
de tal con la certificación idónea, previo cumplimiento de
los requisitos legales y académicos.

‘Tal actividad no constituye propiamente una actividad
independiente sino una modalidad, sistema o especialidad
de la medicina, la cual hoy en día es requisito sine qua
non para poder ejercer la homeopatía; sólo en los casos
de excepción previstos en el Parágrafo 2 del artículo
2º de la Ley 14 de 1962 puede ejercerse ésta por
profesionales que carezcan de título en medicina
(expediente 3278, Actor: Miguel Rodríguez
Castañeda...’)”.
De igual manera, al resolver sendas demandas contra los actos
proferidos por el Ministerio de Salud que negaron la solicitud
de inscripción como médicos homeópatas de dos de los aquí
terceros directos interesados en las resultas del proceso, esta
Sección se pronunció sobre la imposibilidad de que los mismos
puedan ejercer la homeopatía después de haber entrado en
vigencia la Ley 14 de 1962:
“En el punto particular de la llamada Medicina
Homeopática, el legislador tuvo el cuidado de preservar las
situaciones jurídicas particulares, anteriores o en curso, en
el momento de promulgación de la predicha ley, para
protegerlas. De allí que el parágrafo 2º del artículo 2º de la
Ley 14 de 1962 distinga , como excepción, los homeópatas
titulados, licenciados o permitidos que hayan adquirido
legalmente el título o permiso para ejercer la medicina de
quienes han adquirido título de médico y cirujano, expedido
por alguna de las Facultades o Escuelas Universitarias
reconocidas por el Estado, con el fin de autorizar a los
primeros para que sigan practicando la medicina por el
sistema homeopático en las mismas condiciones
establecidas en el respectivo título, licencia o permiso. En
igual sentido, la ley respeta las solicitudes presentadas con
anterioridad a la vigencia de le ley comentada. No puede,
en consecuencia, pretenderse, después de la vigencia de la
Ley 14 de 1962, el ejercicio de la medicina, a través del
sistema homeopático, sin haber obtenido previamente un
título de médico y cirujano, pues dicho ejercicio, sin ese
título, sólo es permitido a quienes en el momento de la

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promulgación de la Ley 14 se encontraban tramitando su
licencia y, naturalmente, a quienes, antes de ello, venían
ejerciendo la homeopatía con título, licencia o permiso.
Dado que en el asunto sub examine, el actor obtuvo su
título después de la vigencia de la Ley 14 de 1962, pues se
graduó de Homeópata el 8 de septiembre de 1978, muchos
años después de haber entrado en vigencia la Ley 14, debe
concluirse que se ajustó a derecho el Ministerio de Salud
cuando no inscribió el título que le permitiría el ejercicio de
la medicina mediante el sistema de homeopatía31”.

Asimismo, esta Sección sostuvo:

“A partir de la ley 14 de 1962, según su artículo 2°, sólo
podrá ejercerse la medicina y cirugía en virtud de título de
médico expedido por alguna de las Facultades o Escuelas
universitarias reconocidas por el Estado, que funcionen o
hayan funcionado legalmente en el país; los graduados en
el extranjero, en las mismas condiciones; así como los
homeópatas titulados, licenciados o permitidos que con
anterioridad hayan adquirido legalmente el título, licencia o
permiso para ejercer la medicina homeopática, pero en las
mismas condiciones establecidas en el respectivo título,
licencia o permiso. En otras palabras, salvo la excepción
de éstos últimos, la medicina paso a ser una sola disciplina
científica, impartida por las Facultades o Escuelas de
Medicina legalmente autorizadas por el Estado,
independientemente del método que empleen, aunque es
sabido que el predominante o básico en ellas alopático,
pero nada obsta para que eventualmente lo complementen
con el homeopático, ora a nivel de pregrado, ora de
especialización. Lo fundamental es que el título de médico,
en adelante, sea conferido por una de tales instituciones
universitarias. Cabe interpretar, entonces, que el título,
licencia o permiso para ejercer la medicina por el sistema
homeopático, no son suficientes o idóneos para poder
ejercer la medicina y cirugía en Colombia, cuando el título
no provenga de una Facultad o Escuela universitaria
reconocida por el Estado, que funciones legalmente en el
país, y si funciona en el exterior, que se cumpla con los
requisitos especiales previstos en el precitado artículo 2°de
la ley 14 de 1962. En estas circunstancias, si se llegare a
dar el mencionado título ha de esperarse que, a lo sumo,
sea como una especialidad de la medicina, si así lo
autorizan las autoridades competentes, y cabe interpretar

31 Sentencia del 6 de septiembre de 1999, exp. 5358, actor, Guillermo Escovar Escárraga,

Consejero Ponente, dr. Manuel S. Urueta Ayola.

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que, por lo pronto, la medicina homeopática dejó de ser
una profesión autónoma, como venía siendo regulada antes
de la comentada ley 14. El actor obtuvo su título de doctor
en Medicina Homeopática el 15 de enero de 1978, otorgado
por el Instituto Homeopático de Colombia, según lo
advierte el a quo, en el plenario no obra prueba, y menos
idónea, de que el Instituto Homeopático de Colombia tenga
la condición de ente universitario, ni que haya conferido el
aludido título a través de una Facultad o Escuela de
medicina de nivel universitario reconocida legalmente por
el Estado. Incluso, el actor tampoco lo ha aducido en su
favor. En estas circunstancias, independientemente de que
el Instituto pudiera o no otorgar el mencionado título, no le
era posible al Ministerio de Salud admitirlo como idóneo
para, mediante su inscripción, autorizar a su titular ejercer
la medicina, así fuera con el rótulo de homeopática”32.

Por su parte, la Corte Constitucional33 respecto del ejercicio de la

medicina Homeopática y la aplicación de la Ley 14 de 1962, consideró

lo siguiente:

“En el parágrafo 2° de este artículo, el legislador se refirió
a los homeópatas, a quienes hasta ese entonces no se les
había exigido ser médicos-cirujanos, sino tan sólo tomar
unas materias específicas de la carrera de medicina y
cursar sus estudios de homeopatía en una institución
autorizada por el Estado.

El citado parágrafo, reconoce los "derechos adquiridos" de
quienes para tal fecha hubieren sido reconocidos como
homeópatas, siguiendo los parámetros legales. De igual
manera reconoce los "derechos adquiridos" de quienes para
la fecha de expedición de la Ley 14 de 1962 hubieren
iniciado los trámites para obtener el respectivo diploma,
permiso o licencia para el ejercicio de la homeopatía.

32 Sentencia del 20 de mayo de 1999, exp. núm. 5380, actor, José Arnulfo Vásquez Tovar,

Consejero Ponente, dr. Juan Alberto Polo Figueroa.
33 T-206/04 magistrado ponente: dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Estas son las dos únicas excepciones que estableció la Ley
14 de 1962 frente a la homeopatía. Por tal razón, quienes
no fueron contemplados en el citado parágrafo, es decir,
los que para tal fecha fueren estudiantes de homeopatía y
los que con posterioridad a la entrada en vigencia de esta
ley, iniciaran los estudios en esta disciplina, les será
aplicable el artículo 2 de la citada ley.

La aplicación del artículo 2 de la ley 14 de 1962 a los nuevos
homeópatas implica exigirles una formación inicial como
médicos cirujanos y por tanto, darle a la homeopatía el
carácter de una especialización dentro de la medicina y no
de una profesión independiente de ésta.

[…]

En todo caso, la Ley 14 de 1962 respetó los derechos
adquiridos de los homeópatas, que para tal fecha,
hubieren cumplido con los requisitos legales vigentes
en ese momento. Tal excepción se consagró
exclusivamente para quienes a la fecha en la que
entró en vigencia la Ley 14 de 1962 tuvieren un
derecho adquirido (parágrafo, Art. 2 de la Ley 14 de
1962), no para quienes tuvieren meras expectativas
de adquirirlo34.

[…]

Esta conclusión se basa en los siguientes argumentos
(i) según el artículo 26 de la Constitución, el
legislador puede establecer títulos de idoneidad para
el ejercicio de las profesiones, (ii) a partir de 1962,
la homeopatía es entendida como una especialidad
de la medicina, y por tanto, le es exigible el mismo
título de idoneidad que el legislador, en aras de
inspeccionar y vigilar el ejercicio de la medicina, ha
establecido para estos profesionales, (iii) los
requisitos exigidos para la inscripción en el registro
corresponden exactamente a los establecidos por el
legislador para el ejercicio de la medicina,
cumpliendo así con el mandato constitucional
consagrado en el artículo 84 y (iv) esta exigencia no

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Rad 3278,

abril 30 de 1980, CP: Roberto Suárez Franco; Sección Primera, Radicación 5380, mayo 20
de 1999, CP: Juan Alberto Polo Figueroa; Sección Primera, Radicación 5358, septiembre 6
de 1999, CP: Manuel Santiago Urueta; Sección Primera, Rad 7638, octubre 24 de 2002,
CP: Olga Inés Navarrete.

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será aplicable a quienes, para junio de 1962,
ostentaran título, licencia o permiso para ejercer la
homeopatía, expedido de acuerdo con la
normatividad vigente”. (Resaltado por la Sala)

Ahora bien, revisado el expediente se encuentra que los terceros

interesados adquirieron sus títulos de homeópatas, así: la señora

María Magdalena Castro Gutiérrez el 29 de diciembre de 197935; la

señora María Teresa Ladino Luna adquirió su título el 16 de diciembre

de 198236; y el señor Cesar Armando Luna Vargas lo adquirió el 16

de diciembre de 198237.

Conforme a lo anterior, se advierte que cuando los apelantes

adquirieron su título de Homeópatas ya se encontraba vigente la

Ley 14 de 1962, (5 de junio de 1962), que exigía que el ejercicio

de la homeopatía requería ostentar el título de médico y cirujano

expedido por alguna de las facultades o escuelas universitarias

reconocidas por el Estado. Y dicha Ley dejó a salvo a los homeópatas

que antes de su vigencia hubieran adquirido su título legalmente,

supuesto fáctico éste que no se cumple en el caso de los recurrentes.

35 Folio 49.

36 Folio. 154.

37 Folio 171.

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De ahí que no puedan invocar la protección de derecho adquirido

alguno ni el amparo del principio de la buena fe.

Por último, no es viable la inaplicación de la Ley 14 de 1962, como

lo solicitan los recurrentes, pues, como quedó visto, la misma respeta

los derechos adquiridos de quienes cumplan los supuestos fácticos

que en ella se regulan; y, por el contrario, se aviene a los postulados

de la Carta, concretamente del artículo 26 que autoriza al Legislador

para exigir títulos de idoneidad, razón por la cual la Corte

Constitucional en sentencia C-377 del 25 de agosto de 1994,

Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía, declaró su exequibilidad,

decisión esta que constituye cosa juzgada.

Consecuente con lo anterior, debe la Sala confirmar la sentencia

apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de 18 de septiembre de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección

Primera - Subsección “C”, en Descongestión.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de julio de 2022.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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