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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00650-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2011-00650-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de noviembre de 2017, proferida por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: DECRETAR la nulidad de la Resolución número 62713 del 3 de diciembre de 2009, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de noviembre de 2017, proferida por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P. Ricardo Hoyos Duque. 37 Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01 Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A. QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2011-00650-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

9 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. Frigocasanareña S.A.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho. Código Contencioso Administrativo
Tesis: Es nulo por falta de competencia el acto por medio del cual la SIC revocó el
acto de inscripción de la constitución de una persona jurídica, si observó
irregularidades relacionadas con el acta por medio de la cual se convoca a la junta
directiva a decidir sobre la suscripción de la escritura de protocolización de la
sociedad, sobre la renuncia del gerente nombrado con antelación, sobre el
nombramiento de gerente provisional y sobre el cambio de nombre o denominación
de la persona jurídica.
No es procedente acceder a las pretensiones de restablecimiento y reparación si
las mismas no se hallan probadas dentro del proceso.
Los honorarios del perito deben ser cancelados en su totalidad por la parte actora,
No es cierto que la objeción por error grave se haya circunscrito al objeto de la
prueba y no a sus conclusiones.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia del 16 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “A”, que negó las pretensiones de
la demanda.

I. DEMANDA

1. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante
CCA), la sociedad Empresa Ganadera del Casanare SA. Frigocasanareña SA. (en

2

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

adelante Frigocasanareña), interpuso demanda en contra de la Superintendencia
de Industria y Comercio (en adelante SIC)1.

1.1. Pretensiones

«I. DECLARACIONES

Que se declare la Nulidad de la Resolución 62713 del 3 de diciembre de 2009,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se
resuelve un Recurso de Apelación, resolviendo REVOCAR el acto
administrativo de inscripción No 00011799 de la Empresa Ganadera DEL
Casanare Sociedad Anónima: FRIGOCASANAREÑA S.A. del 12 de
septiembre de 2.008.

II. CONDENAS

1. Que cono consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a las DEMANDADAS: INSCRIBIR
EN EL REGISTRO MERCANTIL, a la Sociedad Actora, desde la fecha en
que presentó la documentación respectiva para el acto registral en la
Cámara de Comercio de CASANARE.
2. Que se condene a las demandadas a pagar los daños y perjuicios
ocasionados por la actuación administrativa cuya nulidad se solicita.
3. Que se condene a la demandada a pagar a título de restablecimiento del
Derecho, todos y cada uno de los gastos en que incurrió el DEMANDANTE,
para procurarse una defensa técnica en el proceso Registral.
4. Que las anteriores sumas sean actualizadas de conformidad con lo previsto
en el Artículo 178 del C.C.A. y se reajuste su valor desde la fecha en que se
hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente fallo.
5. Que a la sentencia favorable se le dé cumplimiento en el término previsto
en el Artículo 176 del CCA.»2.

1.2. El acto administrativo acusado

2. La parte resolutiva del acto cuya legalidad se discute es la que se transcribe a
continuación:

«RESOLUCIÓN NÚMERO 62713 DE 2009
(03 DIC 2009)

Radicación: 09 087880
Cámara de Comercio de Casanare

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

1 Folios 3 a 32 del Cuaderno número 1.
2 Folio 3 ibidem.

3

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROMOCIÓN DE LA
COMPETENCIA

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el
artículo 8 numeral 15 del Decreto 3523 del 15 de septiembre de 2009, y

CONSIDERANDO

(…)

RESUELVE

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR el acto administrativo de inscripción No
00011799 de la “Empresa Ganadera del Casanare FRIGOCASANAREÑA S.A.”
del 12 de septiembre de 2008, registrado en el Libro IX de la Cámara de
Comercio de Casanare, a través del cual se inscribió la escritura pública No.
1727 del 8 de septiembre de 2008, otorgada en la Notaría Primera del Círculo
de Yopal, relativa a la Empresa Ganadera de Casanare S.A. con sigla
FRIGOCASANAREÑA S.A., por lo expuesto en el aparte considerativo de la
presente Resolución.

(…)».

1.3. Supuestos fácticos

2. El 8 de agosto de 2008, se llevó a cabo la asamblea de constitución de la
empresa ganadera del Casanare S.A., con el objeto de constituir Empresa
Ganadera del Casanare S.A., en la cual se pretendía legalizar la empresa, pero por
falta de quórum no fue posible.

3. El 9 de agosto de 2008, se continuó con la asamblea para aprobación de
estatutos, elección de junta directiva y elección de representante legal. Como
gerente fue nombrado Hernán Rodríguez Barón.

4. El 19 de agosto de 2008, mediante Acta número 1 se determinó el registro
de la sociedad para el 20 de agosto del año citado.

5. Se suscribieron las Actas números 003 de 2008, por 6 miembros; 004 de
2008, por 8 miembros; 005 de 2008, por 6 miembros y 006 del 4 de septiembre de
2008, esta última en reunión convocada por el Gerente para aclarar la situación

4

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Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

interna de manejo de la empresa respecto de los «impases»3 que existen y la
necesidad de proceder con la legalización de la sociedad.

6. El 5 de septiembre de 2008 se suscribió el Acta número 007 convocada para
la protocolización de la Empresa Ganadera de Casanare S.A. en la cual constaba
una observación del gerente sobre el cumplimiento de los parámetros legales de la
minuta. También se halla manifestación en el sentido de definir hasta ese momento
su responsabilidad en el cargo.

7. El 6 de septiembre de 2008 la junta directiva designó gerente provisional para
legalizar y protocolizar la empresa pues el señor Hernán Rodríguez decidió no firmar
la escritura ni como gerente general ni como provisional, ni como miembro de la
junta, renunciando a su designación. En consecuencia, la junta directiva designó a
María del Pilar Vanegas como gerente general quien aceptó.

8. Para efectos de la legalización de la sociedad, el 7 de septiembre de 2008 la
gerente solicitó a la Cámara de Comercio de Casanare, el estudio del nombre
Empresa Ganadera de Casanare SA. Frigocasanare SA., ante lo cual esa entidad
respondió negativamente en consideración a que el 5 de septiembre de esa
anualidad el señor Hernán Rodríguez ya había registrado una sociedad con idéntico
nombre.

9. Debido a lo expuesto, se convocó a una reunión el 8 de septiembre de 2008
para cambiar el nombre de la sociedad, a la que acudió el señor Hernán Rodríguez
manifestado que las asambleas del 2 y 9 de agosto de esa anualidad, fueron
convocadas ilegalmente y solicitó la nulidad de la asamblea. Allí, se decidió
modificar el nombre de la sociedad en formación de Frigocasanare S.A., a
Frigocasanareña S.A.

10. El 9 de septiembre de 2008 la gerente solicitó el registro de la Empresa
Ganadera del Casanare SA. Frigocasanareña SA., solicitud que fue resuelta
positivamente con la anotación de que podía utilizar ese nombre bajo su

3 Folio 5 ibidem.

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Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

responsabilidad, al haber encontrado otro similar y en actividad del mismo rango de
negocios (Empresa Ganadera del Casanare SA. Frigocasanare SA.).

11. La Empresa Ganadera del Casanare SA. Frigocasanareña SA. suscribió
escritura número 1727 del 8 de septiembre de 2008, teniendo en cuenta el acta de
constitución número 01 de 2008, luego de lo cual la inscribió en la Cámara de
Comercio, siendo expedido el código registral número 0011799 del Libro IX, del 12
de septiembre de 2008, correspondiéndole la matrícula mercantil número 69.386 y
Nit 90024044-2.

12. Tal registro fue impugnado el 12 de septiembre de 2008 por el señor Hernán
Rodríguez Barón a través de los recursos de reposición y apelación.

13. El primero de ello fue resuelto confirmando el acto de registro mediante
Resolución número 004 del 31 de julio de 2009.

14. El segundo desató la apelación a través de Resolución 62713 del 3 de
diciembre de 2009 (acusada), por la SIC, revocando el acto de registro.

1.4. Concepto de la violación

Frigocasanareña manifestó, en cuanto al concepto de la violación, lo siguiente:

1.4.1. Falta de competencia

15. Aseguró que, so pretexto de invocar una Circular Única de la SIC, esa entidad
pretendía sustituir al Legislador, al ejercer, sin mediar autorización, funciones
propias de la Superintendencia de Sociedades que, al tenor de lo dispuesto en los
artículos 191 y 194 del Código de Comercio, 137 de la Ley 446 de 1998, 82 a 87 de
la Ley 222 de 1995 en consonancia con el numeral 24 del artículo 189 de la
Constitución Política, es la encargada de efectuar labores de inspección y vigilancia
sobre las sociedades comerciales, tales como la revisión de legalidad de las actas
de las juntas directivas, de las decisiones de las asambleas o de las escrituras
públicas de constitución de personas jurídicas.

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16. Tan cierto es lo que se acaba de exponer que la Superintendencia de
Sociedades determinó que la sociedad demandante y la escritura 1727 registrada
eran absolutamente legales.

1.4.2. Violación de la Constitución y la ley

17. Señaló que los artículos 34, 68, 86, 101, 110, 115, 118, 148, 162, 196, 373,
374 y 434 a 444 del Código de Comercio también resultaban infringidos, habida
cuenta de la manifestación de la SIC según la cual no existe evidencia del acta de
constitución de la sociedad, a pesar de que la misma escritura pública señala como
anexos tal acta (número 001 de 2008) y las 007 y 008 de ese mismo año. Tal
circunstancia también fue advertida por la Cámara de Comercio en el hecho 3 de la
resolución número 004 del 31 de julio de 2009.

18. Sostuvo que se restó valor probatorio a los anteriores documentos,
invocando invalidez, ineficacia e inexistencia a las decisiones tomadas por los
asambleístas y los miembros de la junta directiva de la demandante (artículo 34 del
Código de Comercio).

19. Señaló que lo propio ocurrió respecto del libro de registro de accionistas y el
Acta 001 de 2008, toda vez que allí reposa la información sobre los socios que
concurrieron en ánimo societario para constituir la empresa y legalizarla (más de 5
accionistas), no sólo la gerente de la empresa (artículos 68, 101, 110, 373 y 374
ibídem).

20. En ese sentido, indicó que no existe deber expreso contemplado en el orden
jurídico que habilitara a la SIC a ejercer control de legalidad sobre las decisiones
adoptadas por la accionante (artículo 86 ibidem).

21. Indicó que la impugnación de una escritura pública legalmente registrada
procede por vicios de fondo, al tenor del artículo 104 ibidem, por lo que se estarían
trasgrediendo los artículos 115 y 118 ibidem, sin prueba alguna de la que se pueda
predicar su inexistencia e ilegalidad.

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Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

22. Expresó que resultaba desafortunado haber entendido que hubo un cambio
de nombre de la sociedad, dado que ello opera siempre que se registre uno de
manera previa, porque solo así es oponible a terceros; de manera que no habiendo
registrado uno previamente no podría hablarse de un cambio y menos de una
reforma a la sociedad. Destacó que lo acontecido fue un intento de registro de la
Empresa Ganadera del Casanare SA. Frigocasanare S.A., que resultó infructuoso
debido a que la Cámara de Comercio informó que ya existía tal denominación y por
ello lo que efectivamente se inscribió fue Empresa Ganadera del Casanare SA.,
Frigocasanareña S.A. Entender la anterior situación de la manera que lo hizo la SIC
desconoce los artículos 148 y 162 ibidem.

23. Estimó que ese cambio se llevó a cabo en presencia de quien recurrió en vía
administrativa el acto de registro definitivo, sin que haya acudido a los medios de
impugnación de dichas actas, pretendiendo a través de aquella prolongar en el
tiempo los medios de control de los actos societarios.

24. Insistió en que no se trataba de una disolución anticipada o transformación,
ni cambio de la personalidad jurídica como parece comprenderlo la SIC, de manera
que no era requerido una asamblea para proceder como se hizo con la
protocolización y registro del acta de constitución.

25. Aludió a la trasgresión del artículo 196 ibidem, por cuanto la SIC no dio la
connotación de representante legal a la otorgante de la escritura pública quien por
estatutos de la sociedad y por ley, está investida para fungir como tal a fin de dotar
a la sociedad de personalidad jurídica y de capacidad.

1.4.3. Validez y eficacia de las reuniones de la junta directiva de socios y las
actas como valor probatorio

26. Señaló que as actas allegadas en medio magnético tienen todo el valor
probatorio conforme a lo precisado por la Superintendencia de Sociedades en Oficio
220-009255 del 254 de febrero de 2010, toda vez que las mismas se registraron en
el libro de actas, fueron suscritas por el presidente o vicepresidente y por el

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secretario ad hoc, dando fe de lo transcurrido en cada reunión, incluso con la
participación del impugnante ante la Cámara de Comercio de Yopal, razón por la
que no se puede predicar su inexistencia e ineficacia.

1.4.4. Violación la debido proceso y al principio non bis in idem

27. Manifestó que no es coherente ni consulta el orden jurídico que dos entes
controlen una misma actividad y resulten decisiones contradictorias como lo que se
presenta en el asunto de la referencia. Explicó su aserto indicando que la
Superintendencia de Sociedades encontró ajustado al orden jurídico el cúmulo de
actuaciones supervisadas, en torno a la formación de la Empresa Ganadera del
Casanare SA. Frigocasanareña S.A. Sin embargo, la SIC llegó a una conclusión
totalmente diferente infringiendo no solo el principio en cita sino el de confianza
legítima y respeto al acto propio.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. SIC

28. Aludió casi en su integridad a los considerandos del acto que se cuestiona.

29. Adujo que no se había incurrido en violación de norma alguna, dado que los
vicios detectados en la petición de registro se avinieron al orden jurídico y
consistieron en: (i) ausencia del acta de constitución, (ii) ausencia de evidencia de
manifestación de voluntad de los socios por otros medios que dieran cuenta de su
ánimo societario, (iii) ausencia de poderes especiales que demostraran la
manifestación de voluntad libre de vicios de cuando menos 5 socios para que el
otorgamiento de la escritura pública surtiera el efecto perseguido por el accionante,
y (iv) ausencia de otorgamiento de la escritura pública por lo menos por 5 socios,
circunstancias estas últimas que hubieran suplido la ausencia del acta de
constitución.

30. En lo que concierne a la falta de competencia, precisó que el acto que se
demanda no declaró la inexistencia ni tampoco la ineficacia de la escritura pública

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y de las actas, sino que revocó un acto de inscripción por no superar el control formal
consagrado en el numeral 1.4.1. del Título VIII de la Circular Única de la
Superintendencia y con fundamento en la competencia prevista en el artículo 94 del
Código de Comercio, en el numeral 20 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 y en
el numeral 15 del artículo 8 del Decreto 3523 de 2009.

31. Recalcó que en ningún momento ejerció control alguno sobre la formación y
funcionamiento de la sociedad, ni le solicitó información invocando las funciones de
inspección, ni adujo la violación de los estatutos ni menos impuso una medida
administrativa. Es por ello, que resulta impertinente la sindicación de violación de
los artículos 82 a 87 de la Ley 222 de 1995.

32. Estimó que no emitió orden tendiente a reformar los estatutos; cosa distinta
es que se hubiese considerado que el cambio de razón social tuviese la calificación
de reforma estatutaria, manifestación que no derivó en una orden en ese sentido
sino en la revocatoria del acto de inscripción del registro mercantil.

33. Le resultó incoherente que se alegue falta de competencia y al mismo tiempo
se haya agotado la vía gubernativa, lo que pone en evidencia lo sesgado de las
manifestaciones del accionante, pues confundió la impugnación de los actos
societarios con la impugnación de los actos sometidos al registro mercantil.

34. Frente al cargo de violación de la Constitución y la ley y particularmente
de violación del artículo 148 del Código de Comercio, consideró que no se
identificaron las normas superiores que se habían infringido, por lo que debía ser
negado al evidenciar absoluta carencia de motivación.

35. En lo que respecta a la presunta violación de los artículos 34, 110, 373 y 374
del Código de Comercio, expresó que no era de recibo tal sindicación, pues la actora
no arrimó al procedimiento administrativo el acta de constitución de la Empresa
Ganadera de Casanareña S.A., que supuestamente se encontraba contenida en el
Acta número 001 de 2008. Informó que no reposaba en el expediente remitido para
surtir el recurso de apelación en vía gubernativa y que tampoco fue adjuntado
cuando se pidieron pruebas de oficio, de tal suerte que no era viable acceder a la

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petición de registro y por ende estuvo bien expedida la resolución que ahora se
enjuicia.

36. Indicó que aun cuando se arguyó que la mencionada acta fue arrimada de
manera digital, no consta prueba en el plenario de ello y por ende no están
acreditados los requisitos esenciales del contrato de sociedad, a saber: «(i) voluntad
de constituirse en un sujeto de derecho independiente de cada una de las personas
individualmente consideradas, y pluralidad de asociados»4.

37. Sostuvo que no se incurrió en trasgresión del artículo 101 del Código de
Comercio, dado que en la escritura pública número 1727 de 2008 no se observó el
concurso de un número plural de personas que quisieran conformar la empresa
Frigocasanareña S.A., aparte de un listado de nombres que no refleja una
manifestación expresa o implícita de consentimiento; de manera que faltan
requisitos esenciales del contrato de sociedad.

38. Ello no redunda en la declaratoria de inexistencia o ineficacia sino en la
sustentación de la negación o revocatoria de la inscripción, consideraciones que en
forma alguna pueden ser consideradas contrarias al ordenamiento jurídico.

39. Informó que tampoco se anexó a la Cámara de Comercio poder o poderes
otorgados por algunos de los socios en número suficiente como para haber validado
por medio de mandatario la existencia del animus societatis, generando como
consecuencia expresa que se tuviese por cierta la manifestación efectuada por la
misma gerente provisional de cuya declaración no se puede establecer que su
mandato hubiese sido concedido cuando menos por 5 socios.

40. Señaló que era curioso que la accionante hubiese presentado el Acta número
001 en digital mientras que las números 007 y 008 figuraban en físico, como quiera
que la primera constituía el documento que, conforme a lo enunciado en el numeral
9 del artículo 28 del Código de Comercio, abría el libro de actas de una sociedad
mercantil.

4 Folio 559 del Cuaderno número 2.

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Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

41. Aseguró que tampoco fue allegada la escritura pública 1727 del 8 de
septiembre de 2008, otorgada por todos los socios o mediante poder debidamente
conferido para constituir la sociedad Frigocasanareña SA., que podría sustituir el
Acta numero 001 y entonces tampoco era viable el registro pretendido en el asunto
bajo examen.

42. En ese orden, agregó que no constaba prueba que diera cuenta de la
capacidad de la señora María del Pilar Venegas para otorgar escritura pública en
nombre de la Empresa Ganadera del Casanare SA. Frigocasanareña SA., ni para
ordenar el cambio de su razón social, ni menos de la aquiescencia de cuando menos
5 socios para garantizar los efectos jurídicos y económicos perseguidos con la
inscripción de la escritura pública ante el registro mercantil.

43. Aseveró que la modificación del nombre de una sociedad constituye una
reforma estatutaria y que si bien el cambio de razón social no se contempla como
tal, lo cierto es que a la luz del artículo 158 ibidem todos los actos que implican
modificación del contrato social deben ser elevados a escritura pública y deben
registrarse de la misma manera en que se registra el acta de constitución, todo lo
cual no aconteció en el caso bajo examen. En ese contexto, el análisis del citado
cambio debe efectuarse a la luz del artículo 158 y no del 168 ibidem como lo
pretende la accionante.

44. Señaló que la presunta vulneración del artículo 196 ibidem parte de una
premisa falsa, como quiera que sí se tuvo en cuenta que la señora María Esther del
Pilar Vanegas Castro fue quien otorgó la escritura pública número 1727 de 2008.
Sin embargo, hasta tanto no se dé la inscripción del acto de constitución, la
designación de las personas para representarla no es oponible a terceros al tenor
de lo que prevé el artículo 112 ibidem.

45. En lo atinente a la vulneración del artículo 68 del Código de Comercio, afirmó
que no era cierto que la SIC hubiese restado validez a los libros sociales de la
actora, por cuanto fue el mismo revisor fiscal el que indicó que esa empresa no
poseía libros de registro de accionistas, conforme se lee en la certificación expedida
en ese sentido, que no fue tachada en el curso del proceso de la referencia.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

46. Sobre el desconocimiento del artículo 86 del Código de Comercio, recordó
que la labor de las Cámaras de Comercio es la verificación de los requisitos formales
para el registro. En otras palabras, dichas entidades están en la obligación legal de
inscribir libros, actos y documentos sometidos a registro con excepción de aquellos
casos en que la ley las faculta para abstenerse de ello, cuando dichos actos
contengan anomalías que provoquen su inexistencia (artículo 898 del Código de
Comercio) o ineficacia (artículo 897 ibídem). De ello da cuenta la Circular Única
proferida por la SIC en el inciso primero del numeral 1.4.1. del Capítulo I, del Título
VIII. Lo anterior busca que la información consignada guarde correspondencia con
la realidad y genere los efectos jurídicos perseguidos con su expedición y registro y
no solamente atender un capricho del particular interesado y/o afectado.

47. Adujo que no había tampoco violación del artículo 115 ibídem, pues no se
está en la hipótesis que contempla la norma, por cuanto lo efectuado a través del
acto censurado fue revocar un acto de registro que no cumplió con los requisitos
formales exigidos para ese fin y no impugnar el registro social.

48. Sobre la acusación de ilegalidad del acto cuestionado por contravenir los
artículos 148 y 162 del Código de Comercio, se remitió a lo considerado frente a ello
en la Resolución enjuiciada.

49. En lo atinente al desconocimiento del principio non bis in idem, reiteró que el
acto censurado fue el resultado del control formal y no de un procedimiento
sancionatorio como parece entenderlo la demandante.

50. Señaló que la decisión que se trae a colación de la Superintendencia de
Sociedades no tiene el alcance que le da la demandante por cuanto corresponde a
un acto de apertura de actuación administrativa que dada su naturaleza no declara
la legalidad de la escritura pública número 1727 de 2008 y tampoco confluye en el
control de legalidad del acto registral a cargo de la SIC. Así, dada la diferencia en
su contenido no podría ser oponible a esta última.

2.2. Cámara de Comercio de Casanare

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

51. En su escrito solicitó se declare fundada la excepción de ausencia de
legitimación en la causa por pasiva e indebida integración del contradictorio, habida
cuenta de que quien expidió el acto objeto de los reparos de legalidad fue la SIC y
por ende, de la actuación de la Cámara de Comercio no se deriva ningún daño que
deba ser reparado o indemnizado, argumento bajo el cual formuló también la
excepción de inexistencia de nexo causal que le fuera atribuible.

52. Estimó que los perjuicios reclamados con ocasión de la formación de la
sociedad Frigocasanareña S.A., no provienen de la actividad registral de la Cámara
de Comercio ni de las decisiones de vía gubernativa sino de hechos de un tercero,
concretamente, de conflictos societarios y negociales profundos al interior y al
exterior de la sociedad, de noticias en las actas privadas de reuniones llevadas a
cabo con el ánimo de constituir la sociedad por medio de la escritura pública de
constitución.

53. Expresó que la pretensión de reclamar perjuicios de una emisión de acciones
producto de una oferta pública efectuada por la sociedad, resulta infundada,
ilegítima y carente de contenido, al no haber contado con autorización del
competente para ese efecto, toda vez que la suscripción y pago del capital de
emisión de acciones nunca fue autorizado por la Superintendencia Financiera.

III. SENTENCIA APELADA

54. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, resolvió lo que sigue:

«PRIMERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda por los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

SEGUNDO.- DECLÁRASE no próspera la objeción por error grave formulada
por la Cámara de Comercio de Casanare en contra del dictamen pericial rendido
en el proceso por el señor Augusto Rafael Castro Medina.

TERCERO.- DECLÁRASE que los honorarios del perito Augusto Rafael Castro
Medina por el monto de un millón novecientos treinta y tres mil veinte pesos
($1.933.020), deberán ser cancelados en su 50% por la Cámara de Comercio
de Casanare y en el 50% por los socios que conformaron la sociedad Empresa
Ganadera del Casanare SA. – FRIGOCASANAREÑA SA.

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Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

CUARTO.- Sin condena en costas.

QUINTO.- ARCHÍVESE, previa ejecutoria.»5

55. Resolvió la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
sosteniendo que era procedente su vinculación al proceso, por cuanto fue la
autoridad que dio inicio a la actuación administrativa y la que emitió el acto definitivo.

56. Los demás medios exceptivos consideró que eran de fondo y, por ende,
debían ser definidos como un asunto sustancial.

57. Sobre el cargo de falta de competencia precisó que las funciones de la SIC
se hallan dispuestas en el artículo 94 del Código de Comercio, lo mismo que en el
2 del Decreto 2153 de 1992, puntualmente en el numeral 8 y en el numeral 20 del
artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, según los cuales le compete resolver los
recursos de apelación contra los actos que expidan las Cámaras de Comercio, de
manera que cuando expidió el acto que se enjuicia se observaron esas
disposiciones; lo que lo condujo a desestimar la formulación así expuesta.

58. En lo que hace al reparo de violación de la Constitución y la ley, invocó la
aplicación de los artículos 28 y 34 del Código de Comercio y el numeral 1.4.1.1. de
la Circular Única de la SIC, pues en ellos se establecía la atribución de las Cámaras
de Comercio de abstenerse de registrar actos o decisiones ineficaces o inexistentes
en atención al mandato que sobre el particular establece el artículo 897 de la
mencionada codificación.

59. Así, estudió cada uno de los reparos de la SIC como sigue a continuación:
sobre la falta de elementos esenciales para la existencia de la sociedad, como son
la exteriorización de voluntad por parte de los interesados en constituir una persona
jurídica y la concurrencia de pluralidad de socios que para el caso de la sociedad
anónima es de 5 personas, señaló que la Superintendencia había trasgredido la
previsión del artículo 374 ibidem y lo dispuesto en los artículos 3 y 56 del Decreto
960 de 1970, debido a que requirió a la sociedad tales documentos inadvirtiendo
que el Acta de constitución 001 de 2008 se encuentra inserta en la escritura pública

5 Folio 866 del Cuaderno número 3 del Tribunal.

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número 1727 del 8 de septiembre de 2008, lo que indica que ese documento está
bajo la guarda de la Notaría Primera de Yopal, dando fe pública de su existencia.

60. No obstante, indicó que tal falencia no llevaba a declarar la nulidad del acto
que se impugnaba, pues subyacían las siguientes inconsistencias que hacían que
se mantuviera la presunción de validez de la resolución dictada por la demandada.

61. Sobre la ausencia de elementos que brinden constancia del acta de junta
directiva número 007 del 5 de septiembre de 2008, al no quedar constancia de la
forma en que fue convocada, del quórum deliberatorio y decisorio y de quienes
fueron registrados como presidente y secretario, adujo que revisado el material
obrante en el plenario no se hallaban acreditados esos requerimientos y por ello no
era viable que la Cámara de Comercio lo tuviera en cuenta para la inscripción de la
sociedad.

62. Por último, en lo atinente a la decisión de cambio de nombre de la sociedad
manifestó que era un aspecto que requería reforma estatutaria al tenor de lo
dispuesto en el artículo 187 del Código de Comercio, debido a que era un requisito
para la constitución de la sociedad y un atributo de la personalidad jurídica.

63. Consideró que la Junta Directiva no tenía la potestad para reformar el nombre
de la empresa como lo efectuó en el Acta extraordinaria número 9 del 8 de
septiembre de 2008 y, por tanto, ese documento no podía tener valor para la
inscripción respectiva bajo el nombre de Empresa Ganadera del Casanare S.A.
Frigocasanareña SA.

64. Bajo tales premisas, y encontrando que existían las anotadas irregularidades
era procedente que se revocara el acto de inscripción número 00011799 del 8 de
septiembre de 2008 y en consecuencia, la decisión que se reprocha debe ser
declarada como ajustada al orden jurídico.

65. En relación con la presunta violación del principio non bis in idem, el Tribunal
fue del criterio que la atribución de la SIC no invadió la órbita de competencia de
otras autoridades administrativas.

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66. Sobre el dictamen practicado, estimó que no era suficiente el concepto del
perito para enervar las conclusiones sobre la legalidad del acto administrativo que
se discute.

67. También rechazó la objeción por error grave que había presentado la Cámara
de Comercio, aduciendo que se refiere a la conclusión número 5 a la que llegó el
auxiliar de la justicia y no al objeto de la prueba, lo cual va en contravía de lo que
prevé el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y de la interpretación que de
esa disposición efectuó el Consejo de Estado en sentencia del 7 de febrero de 2011
expedida en el proceso número 66001 23 31 000 2004 00587 01 (34387), por la
Subsección «C» de la Sección Tercera de esta Corporación.

68. Los honorarios del perito fueron fijados en $1.933.020 a cargo de la Cámara
de Comercio de Casanare, por haber formulado la objeción grave contra el
dictamen, y del demandante por haber solicitado la prueba, proporcionalmente.

69. No condenó en costas por no haberse configurado los supuestos del artículo
171 del CCA.

IV.RECURSOS DE APELACIÓN

70. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación
manifestando que no discutió la competencia de la SIC en la emisión del acto que
se impugna, sino el exceso en sus atribuciones al pronunciarse sobre la inexistencia
del contrato social, cuando sobre ello ya existía manifestación de la
Superintendencia de Sociedades al resolver una investigación administrativa y
decidir no formular cargos por presuntas irregularidades en la forma en que se
constituyó la sociedad demandante; lo cual, por demás denota que es esta entidad
la que tiene expresas facultades para determinar si una sociedad se halla bien
constituida o no.

71. Sostuvo que a la SIC no se le han reconocido funciones para «inmiscuirse en
las Decisiones de las Asambleas de Accionistas y de la Junta de Socios de las

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Sociedades Comerciales»6, como lo hizo en el caso bajo examen desconociendo lo
dispuesto en los artículos 164 y 442 del Código de Comercio y en el
pronunciamiento de exequibilidad de esas disposiciones previsto en la sentencia C-
865 de 2004.

72. Aseguró que las decisiones sobre la declaratoria de inexistencia del contrato
social y de ilegalidad de las actas de la junta directiva no estuvieron precedidas de
ninguna investigación en ese sentido.

73. En ese orden, indicó que no comprende cómo después de que el Tribunal
indicara que el contrato de sociedad existía y que de ello daba cuenta la escritura
pública, se concluyera en la validez de la Resolución censurada.

74. El apoderado de la Cámara de Comercio, también presentó recurso contra
la sentencia de primera instancia, mostrando inconformidad con los numerales
segundo y tercero y por consiguiente pidió: (i) su revocatoria, (ii) que se declare
probada la objeción por error grave y (iii) que el 100% de los honorarios sean
cancelados por la parte actora al perito.

75. Como fundamento de ello expresó que, contrario a lo indicado por el
Juzgador de Primera Instancia, sí cumplió con los requerimientos señalados por el
Consejo de Estado para la prosperidad de la objeción del dictamen, pues atacó el
objeto de la peritación y no se limitó a controvertir las conclusiones.

76. Adujo que en su escrito explicó debidamente «(…) (i) las razones por las
cuales ese objeto no fue el que el Despacho determinó, (ii) el señalamiento expreso
de que el peritazgo desbordó los límites del encargo efectuado, (iii) la precisión de
que ese objeto fue ilegítimo por carecer de fundamento legal y (iv) la prueba de su
falta de fundamentación por la cual demostró que el mismo fue efectuado sin
sustento probatorio legítimo alguno (…)»7.

V.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

6 Folio 871 ibidem.
7 Folio 877 ibidem.

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77. Mediante auto del 17 de julio de 20198, el Despacho admitió los recursos de
apelación interpuestos y sustentados oportunamente por la demandante y la
Cámara de Comercio de Casanare.

78. A través de proveído del 23 de agosto de 2019, corrió traslado para alegar
de conclusión.

79. En memorial del 23 de octubre de 2019, la sociedad actora presentó alegatos
de conclusión de manera extemporánea.

VI.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

80. La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa se abstuvo
de rendir concepto en el presente asunto.

VII.CONSIDERACIONES

7.1. Competencia de la Sala

81. En atención De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la
Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 129 del Código
Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20199, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la
referencia.

82. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala
a decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

7.2. Del registro del acta de constitución de la sociedad demandante

8 Folio 4 del Cuaderno número 4.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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83. La Sala debe resolver si es nulo, por falta de competencia, el acto por medio
del cual la SIC revocó el acto de inscripción de constitución de una persona jurídica
societaria por encontrar irregularidades relacionadas con el acta por medio del cual
se convocó a la junta directiva para decidir sobre la suscripción de la escritura de
protocolización de la sociedad, sobre la renuncia del gerente nombrado con
antelación, sobre el nombramiento de gerente provisional y sobre el cambio de
nombre o denominación de la persona jurídica.

84. Sobre el particular observa la Sala que en la escritura pública número 1727
del 8 de septiembre de 2008, la Notaría Primera del Círculo de Yopal dejó
constancia de lo que sigue10:

10 Folio 70 del Cuaderno número 1.

20

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85. De lo descrito se advierte que las Actas que dieron lugar al acto de
protocolización son las número 001, 007 y 008 de 2008; siendo la primera la de
constitución de la sociedad Empresa Ganadera de Casanare S.A. Frigocasanare
S.A. visible a folios 126 a 174 del Cuaderno número 1 y respecto de la cual el
Tribunal no encontró reparo alguno de legalidad pues advirtió que la forma de
constitución de la sociedad se ajustaba al orden jurídico y «Por tal motivo, no le
asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio, de considerar la
inexistencia del Acta de constitución No. 01 de 2008, y reprochar el hecho de no
haberse allegado tal documento a la Cámara de Comercio de Casanare junto con
la solicitud de inscripción de la Escritura de constitución, por cuanto en ese mismo
instrumento público, en el que la Notaria Primera de Yopal da fe de a la existencia
de Acta de constitución, guardándola y conservándola en el protocolo»11. Agregó
que, «(…) el Acta No. 001 de 2008 de constitución de la sociedad hasta ese
momento denominada “Empresa Ganadera de Casanare S.A. Frigocasanare S.A.”

11 Folio 861 vuelto del Cuaderno número 3.

21

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se encuentra protegida bajo la modalidad de protocolo en la Notaría Primera de
Yopal, e inserta en la Escritura Pública No. 1727 del 8 de septiembre de 2008 ya
referida, lo que quiere decir, que tal documento está bajo la guarda y conservación
de la Notaria de ese círculo, dando fe pública de su existencia»12.

86. Ahora, se sigue de lo expuesto que junto con el Acta 001, se allegaron a la
Notaría de Yopal las Actas 007 y 008, pues de ello, se reitera, da cuenta la escritura
número 1727, de suerte que no comprende la Sala cuál fue el criterio diferenciador
sobre estas últimas en relación con la de constitución, si también se encuentran
insertas en la modalidad de protocolo en la anotada escritura.

87. En esa medida y muy a pesar de lo expuesto, revisadas las mencionadas
Actas lo que se advierte en la número 00713, es que allí se ventiló una vicisitud
relacionada con las manifestaciones del señor Hernán Rodríguez tendientes a
poner en evidencia que no se cumplían algunos requerimientos en la minuta para la
protocolización y legalización de la sociedad; veamos:

12 Ibidem.
13 Folios 198 a 202 ibidem.

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88. Pues bien, las observaciones efectuadas por la SIC sobre el Acta número
007 de 2008, se orientaron a dejar en evidencia que no aparece la forma en que fue
convocada, ni la existencia de quorum deliberatorio ni decisorio y tampoco de la
designación de presidente y secretario y que al no estar presentes esas
solemnidades, el acto era inexistente y por ende no era viable efectuar el registro,
de conformidad con el artículo 189 del Código de Comercio, pues no se cumplían
los requisitos propios «del control de legalidad»14.

89. No obstante, como quedó expuesto previamente es claro que allí no se
adoptó ninguna decisión y lo que se trae para el efecto es una prueba de que
discurrió una discusión suscitada por el señor Hernán Rodríguez Barón y que se
pidió una convocatoria a una Asamblea Extraordinaria para comunicarle a los socios
la situación, de manera que la objeción presentada sobre este documento no tiene
un alcance determinante en el registro propio que pretendía la sociedad actora.

90. Cuestión distinta a la que acontece con el Acta número 008 de 2008, en la
cual se consignó la designación del gerente provisional en reunión extraordinaria,
que evidencia lo que se exhibe a continuación:

14 Folio 46 del Cuaderno número 1.

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91. Allí, como es palmario, la sociedad a través de su órgano directivo definió la
representación provisional en la señora María del Pilar Vanegas, a quien se le
encargó la protocolización y registro de una persona jurídica. Es esta entonces la
decisión que resulta relevante para efectos de la constitución de la sociedad.

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92. Sobre el reparo expuesto por la SIC al respecto, lo que halla la Sala es que
evidentemente excedió la verificación formal que le es exigida, pues a pesar de que
constató que se relacionó el orden del día, que existía quórum deliberatorio y
decisorio, que hubo designación de presidente y secretario quienes efectivamente
aparecen suscribiendo el documento, resolvió formular los siguientes reparos:

«(…) no era ni es posible efectuar el control de legalidad que debía desplegarse
sobre el(las) acta(s), en la medida en que no se contó con el documento que
permitiera establecer la voluntad de un número plural de personas en constituir
un nuevo sujeto de derecho dotado de personalidad jurídica, así como lo
estatutos que irían a regir el desarrollo del ente societario que se pretendía
constituir: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANARE S.A.

Y es que sin el(las) acta(s) que debía reflejar la voluntad reglamentaria de los
asociados de la sociedad (estatutos), así como la manifestación del
consentimiento de mínimo cinco (5) asociados-accionistas de conformar la
sociedad, la Cámara de Comercio no podía acometer el ejercicio del control de
legalidad, por cuanto no tenía frente a qué confrontar si las decisiones
adoptadas por la naciente sociedad, habían sido ajustadas o no a los estatutos
de la persona jurídica que se pretendía conformar con la inscripción en el
registro mercantil.

Téngase muy claro, que este Despacho decretó oficiosamente dentro de este
trámite de apelación, la prueba de solicitar a la Cámara de Comercio de
Casanare, la remisión de "(...) copia auténtica de los documentos que le fueron
presentados para su registro y que constituyeron el sustento material del acto
administrativo de inscripción registral No. 00011799 del Libro IX, de fecha 12
septiembre de 2008, "FRIGOCASANARENA S.A." la sociedad "Empresa
Ganadera del Casanare S.A." con sigla FRIGOCASANAREÑA S.A.”

En este orden de ideas, la Cámara de Comercio no podía inscribir el acto de
constitución de la sociedad Empresa Ganadera del Casanare S.A.
"FRIGOCASANAREÑA S.A.", puesto que no tenía los elementos objetivos y
materiales para verificar que la pretendida sociedad había sido fruto de la
voluntad de un número plural de personas; tampoco contaba con el acta en la
que se hubiera aprobado el cuerpo normativo adoptado por los asociados y que
regiría designios de la persona jurídica que se pretendía conformar: es decir, no
contaba con el acta de constitución de la naciente sociedad.

Debe tenerse en claro que el hecho de haberse presentado una escritura
pública contentiva de un cuerpo normativo estatutario, junto con otras cláusulas,
no suple ni refleja en ningún momento la voluntad de las personas que en
principio pudieron haberse reunido con el ánimo de conformar la sociedad,
puesto que tal acto solamente podía verse reflejado en el acta de constitución,
o en su defecto, en la comparecencia de todos los asociados-accionistas a la
suscripción de la escritura pública.»15 (Subrayas y negritas de la Sala).

93. Se colige de la transcripción que el control ejercido por la SIC a las decisiones
que la sociedad actora buscaba inscribir, rebasó el marco de competencia definido,

15 Folio 48 del Cuaderno número 1.

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como quiera que insiste en las presuntas falencias del acta de constitución número
001 para soportar la discusión sobre un documento diferente y más aún, cuestiona
la forma en que se configuró el contrato de sociedad, muy a pesar de que, se resalta,
obra una escritura pública que da cuenta de su existencia y, lo que es más
importante, hace constar que con ella se protocólizó el acta de constitucion.

94. En este escenario, es relevante acotar que el control que ejercen las
cámaras de comercio debe ser formal, restringido y subordinado a lo prescrito en la
Ley16, por lo que durante el trámite del registro, las entidades deben limitarse a que
las actas cumplan con las formalidades exigidas por el Legislador y por los estatutos
para su validez y oponibilidad, sin que les sea posible, sin una evidencia clara de
irregularidad formal, cuestionar las afirmaciones que consten en las actas, que se
presumen auténticas, sin perjuicio de las acciones legales que tienen a su
disposición los afectados para que las autoridades respectivas se pronuncien al
respecto. El artículo 189 del Código de Comercio, dispone sobre le punto lo que
sigue:

«Articulo 189. Constancia en actas de decisiones de la junta o asamblea
de socios. Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán
constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen
en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la
misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido
convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante
de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas,
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los
administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer
hechos que no consten en las actas.»

95. Al respecto, es pertinente traer a colación lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 86 ibidem sobre las funciones de las Cámaras de Comercio

«Artículo 86. Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de
comercio ejercerán las siguientes funciones:

(…)

16 Consejo de Estado, auto de 20 de junio de 2015, Expediente 2016 00337 00 consejera Ponente:

Nubia Margoth Peña Garzón.

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3) Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él
inscritos, como se prevé en este Código;»

96. El alcance de esa atribución, en lo pertinente, se circunscribe a lo dispuesto
en los artículos 28 y 34 ibidem, según los cuales

«Artículo 28. Personas, actos y documentos que deben inscribirse en el
registro mercantil. Deberán inscribirse en el registro mercantil:

(…)

9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de
sociedades comerciales, así como la designación de representantes legales y
liquidadores, y su remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia
de Sociedades deberán cumplir, además de la formalidad del registro, los
requisitos previstos en las disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, y

(…)»

«Artículo 34. Trámite de registro de las escrituras de constitución de
sociedades. El registro de las escrituras de constitución de sociedades
mercantiles, de sus adiciones y reformas se hará de la siguiente manera:

1) Copia auténtica de la respectiva escritura se archivará en la cámara de
comercio del domicilio principal;
2) En un libro especial se levantará acta en que constará la entrega de la copia
a que se refiere el ordinal anterior, con especificación del nombre, clase,
domicilio de la sociedad, número de la escritura, la fecha y notaría de su
otorgamiento, y
3) El mismo procedimiento se adoptará para el registro de las actas en que
conste la designación de los representantes legales, liquidadores y sus
suplentes.»

97. Ahora bien, las Cámaras de Comercio deben abstenerse de registrar actos
como a los que se alude, siempre que así los disponga una norma o se trate de
decisiones ineficaces o inexistentes, calificativos que se explican en el artículo 897
y en el inciso segundo del artículo 898 ibidem; así:

«Artículo 897. Ineficacia de pleno derecho. Cuando en este Código se
exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno
derecho, sin necesidad de declaración judicial.»

«Artículo 898. Ratificación expresa e inexistencia. La ratificación expresa de
las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionará el
acto inexistente en la fecha de tal ratificación, sin perjuicio de terceros de buena
fe exenta de culpa.

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Será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación, en razón del acto
o contrato y cuando falte alguno de sus elementos esenciales.»

98. Sobre este punto, el numeral 1.4.1. del capítulo primero del título VIII de la
Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, precisa lo siguiente:

«[…] Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción de
actos, libros y documentos cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto, si se
presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la
inscripción, ésta se efectuará. Así mismo deberán abstenerse de registrar
actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 897 del código de comercio.

Las cámaras de comercio solo podrán abstenerse de efectuar los registros a
que haya lugar, en los casos y por los motivos previstos en las disposiciones
aplicables a la materia y, en ningún caso, podrán solicitar documentos o
informaciones adicionales a los señalados en el numeral 1.2.2 del presente
título, según corresponda a cada trámite. […]»

99. En ese sentido, si bien existe una disposición reglamentaria que ha
interpretado el alcance de las anotadas normativas legales, lo cierto es que so
pretexto de invocar inexistencia o ineficacia de los actos para abstenerse de
registrarlo, no es permitido a esas autoridades administrativas valorar, sopesar
ponderar aspectos sustanciales de los actos o contratos sino determinar si de
acuerdo con las formalidades previstas para ellos, es viable su registro.

100. Admitir otro razonamiento supondría que entes a los que se les ha encargado
la tarea de llevar el registro, es decir, de dirigir mecanismos de publicidad de ciertos
actos o hechos importantes en el tráfico mercantil y que de ellos se genere
oponibilidad, puedan intervenir en aspectos relacionados con su validez, aspecto
cuya definición se encuentra radicada de manera privativa en los jueces ordinarios
o en la Superintendencia de Sociedades, en lo de su cargo. En el presente caso, es
claro que de los documentos presentados a inscripción emana la existencia de un
negocio jurídico de sociedad que, salvo norma expresa, debió ser inscrito en el
registro mercantil.

101. Correlato de lo expuesto, es menester declarar la nulidad de la Resolución
62713 del 3 de diciembre de 2009, proferida por la SIC, lo que habilita a la Sala a
pronunciarse sobre las demás pretensiones fijadas en el libelo introductorio.

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7.3. Sobre las demás pretensiones de la demanda

El accionante formuló las que pasan a enunciarse:

«I. DECLARACIONES

Que se declare la Nulidad de la Resolución 62713 del 3 de diciembre de 2009,
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se
resuelve un Recurso de Apelación, resolviendo REVOCAR el acto
administrativo de inscripción No 00011799 de la Empresa Ganadera DEL
Casanare Sociedad Anónima: FRIGOCASANAREÑA S.A. del 12 de
septiembre de 2.008.

II. CONDENAS

6. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a las DEMANDADAS: INSCRIBIR
EN EL REGISTRO MERCANTIL, a la Sociedad Actora, desde la fecha en
que presentó la documentación respectiva para el acto registral en la
Cámara de Comercio de CASANARE.
7. Que se condene a las demandadas a pagar los daños y perjuicios
ocasionados por la actuación administrativa cuya nulidad se solicita.
8. Que se condene a la demandada a pagar a título de restablecimiento del
Derecho, todos y cada uno de los gastos en que incurrió el DEMANDANTE,
para procurarse una defensa técnica en el proceso Registral.
9. Que las anteriores sumas sean actualizadas de conformidad con lo previsto
en el Artículo 178 del C.C.A. y se reajuste su valor desde la fecha en que se
hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente fallo.
10. Que a la sentencia favorable se le dé cumplimiento en el término previsto
en el Artículo 176 del CCA.»17.

102. La Sala advierte que no se requiere una orden dirigida a la Cámara de
Comercio de Casanare para que inscriba en el registro mercantil a la accionante,
toda vez que la declaración de nulidad de la Resolución 62713 del 3 de diciembre
de 2009 proferida por la SIC, tiene efectos ex tunc, es decir, cobijan la invalidez
desde el momento mismo de la expedición del acto ilegal, de suerte que las
decisiones existentes hasta ese momento tienen vigencia desde su expedición.

103. Con fundamento en lo dicho y habiendo sido expulsado del orden jurídico el
citado acto administrativo, el acto de inscripción del 12 de septiembre de 2008
número 11799 del Libro IX, en el cual se insertó la escritura pública número 1727
del 8 de septiembre de 2008, otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Yopal
y la Resolución número 004 del 31 de julio 2009, cobran vigencia.

17 Folio 3 del Cuaderno número 1.

31

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

104. En lo que concierne a la solicitud de pago de los daños y perjuicios
ocasionados por la expedición del acto acusado y el restablecimiento, que se hizo
consistir en los gastos derivados de la defensa técnica en el proceso registral, la
Sala tampoco halla manera de declarar su prosperidad, dado que no advierte
elemento probatorio alguno que permita acreditar el daño que invoca ni la cuantía
en que pudo haber incurrido en el procedimiento administrativo que dio lugar a la
expedición de la Resolución 62713 de 2009.

105. Para el efecto, basta con evidenciar la petición de pruebas de la demanda 18:

18 Folios 30 y 31 ibidem.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

106. Y el auto que abrió el correspondiente periodo probatorio consta así:

33

Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

107. Vistas así las cosas, no habiendo mediado ni siquiera petición para que se
definiera el daño y se calculara el perjuicio, es imposible atender la pretensión
económica traída a colación, sobre todo porque el objeto de la prueba de inspección
judicial que se decretó sólo como pericial iba dirigido evidenciar los documentos que
allí se enlistan, pero no a precisar una daño económico derivado de la expedición
del acto.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

108. Tampoco se halla documento que acredite los gastos generados por el
agotamiento del procedimiento administrativo que dio lugar a la decisión censurada.

109. En efecto, a folio 221 del Cuaderno número 1 se halla constancia de la
cancelación del impuesto del registro, documento que no atiende al objeto de lo
pedido que fue precisamente el pago de los gastos en que se incurrió en la defensa
técnica del registro, es decir, los derivados de la interposición de los recursos de
reposición y apelación que se radicaron como es obvio, luego de haberse efectuado
el mencionado registro.

7.4. Sobre la condena al pago de gastos periciales

110. Finalmente, la Sala dilucidará si los honorarios del perito deben ser
cancelados en su totalidad por la parte actora, si al objetar por error grave el
dictamen pericial, el demandando cuestionó el objeto del dictamen y no solo sus
conclusiones.

111. Pues bien, contrario a lo que indica la Cámara de Comercio en el recurso de
apelación, lo que se encuentra de la lectura de la objeción contra el dictamen pericial
es que sí controvirtió sus conclusiones y no el objeto de la prueba.

112. A folio 682 del Cuaderno número 2, se observa con claridad que presenta
como sustento de la objeción la conclusión vista en la página 7 de la ampliación del
peritazgo que tiene que ver con la suma que se indica como perjuicio derivado de
la expedición de la Resolución enjuiciada.

113. Lo propio acontece en el folio 687 ibidem, donde califica de general e
indeterminada la conclusión número 5 del perito.

114. En ese orden, no es viable la prosperidad del reparo a la sentencia de primera
instancia pues el fundamento del cargo no se corresponde con la realidad, o lo que
es lo mismo, no es cierto que la Cámara de Comercio haya formulado la objeción
respecto del objeto del dictamen y no de sus conclusiones, circunstancia que
permite confirmar en ese punto la decisión del Tribunal dada la uniforme, reiterada
y pacífica posición de esta Corporación sobre este tipo de objeciones; veamos:

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

«La objeción por error grave es el ejercicio del derecho de contradicción, a
través de la cual las partes tienen la posibilidad de oponerse a un dictamen
pericial cuando este contenga una equivocación grave o una falla con entidad
suficiente para conducir a conclusiones igualmente equivocadas, es decir,
cuando se presenta una inexactitud de identidad entre la realidad del objeto de
la prueba y las conclusiones del dictamen.

Respecto del derecho de contradicción de dictámenes periciales, el artículo 238
del Código de Procedimiento Civil19, aplicable por remisión expresa del artículo
168 del CCA20, establece la posibilidad de presentar objeciones por error grave
y solicitar pruebas que sean pertinentes únicamente para sustentar la
objeción»21.

En tal contexto, es claro para la Sala que no cualquier reparo fundado en juicios o
apreciaciones sobre los fundamentos o conclusiones de la prueba pericial tiene la
entidad de configurar el error grave, puesto que, de acuerdo a los lineamientos
jurisprudenciales traídos a colación, se trata de equivocaciones de tal envergadura
que tornan defectuoso el medio de prueba y descartan su vocación para acreditar
la situación fáctica objeto de probanza; esto es, que sean llevados a cabo en el
proceso de formación de la prueba y sean determinantes en las conclusiones del
perito, pues de no haberse presentado otro sería el sentido de la prueba.

Siendo ello así, lo que advierte la Sala es que los reparos del demandante no buscan
enmarcar algún error del proceso de formación de la prueba pericial, sino que están
dirigidos a cuestionar las conclusiones allí expuestas al no compartir las mismas,
sin que ello sea óbice para restar valor probatorio al análisis técnico.

7.5. Sobre la condena en costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, en consonancia con
el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a condenar en costas a la parte

19 Normativa aplicable en este caso en concreto según el tránsito de legislación dispuesto del artículo

625 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta que el auto que decretó pruebas se expidió
en vigencia del Código de Procedimiento Civil.
20 “Artículo 168. Pruebas admisibles. En los procesos ante la jurisdicción en lo contencioso

administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del
Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de
practicarlas y criterios de valoración.”
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 28 de

noviembre de 2017. Proceso radicado número: 25000 23 24 000 2012 00791 00. Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al
demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada
falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición
de recursos con un interés meramente dilatorio”22.

En el caso concreto, la parte demandada, en cumplimiento de su deber legal, acudió
al proceso sin abusar de su derecho a acceder a la Administración de Justicia. Por
lo tanto, no hay lugar a acceder a su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 16 de noviembre de 2017, proferida por la
Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

SEGUNDO: DECRETAR la nulidad de la Resolución número 62713 del 3 de
diciembre de 2009, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 16 de noviembre de 2017,
proferida por la Subsección “A”, de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

CUARTO: NO CONDENAR en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 1999, exp: 10.775, C. P.

Ricardo Hoyos Duque.

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Número de radicación: 25000 23 24 000 2011 00650 01
Demandante: Empresa Ganadera del Casanare S.A. FRIGOCASANAREÑA S.A.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado,
que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de
origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Salva voto

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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