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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00177-01

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00177-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 21 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 21 de julio de 2015, el cual quedará de la siguiente manera: “[…] TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a pagar con cargo del FOSYGA y a favor de la EPS SANITAS, las sumas que no eran objeto de reintegro durante el período comprendido entre diciembre del año 2005 a marzo del año 2011, bajo los criterios fijados en la parte motiva de esta providencia, cuya liquidación incidental se surtirá ante el a quo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 del CCA. […]” 47 Hoy artículos 365 y 366 del Código General del Proceso – CGP. 34 Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01 Demandante: EPS Sanitas S.A. Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio Fidufosyga 2005 TERCERO: Sin condena en costas, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00177-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: No. 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. (E.P.S. Sanitas S.A.)
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y Consorcio Fidufosyga
2005
Tema: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / Consorcio Fidufosyga 2005
/ autoridad administrativa / función administrativa / recursos
públicos / recobros ante el Fosyga / reintegro de recursos de la
salud / procedimiento administrativo / debido proceso / derecho de
audiencia y defensa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados del Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio Fidufosyga
20051, en contra de la sentencia de 21 de julio de 20152, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en
Descongestión, que declaró la nulidad del acto administrativo AUD-0460-11 CD de
1° de julio de 2011.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda3

1. La Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A., en adelante EPS Sanitas S.A., por
intermedio de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo, presentó demanda en contra del Ministerio de Salud y Protección
Social y el Consorcio Fidufosyga 2005 con miras a obtener las siguientes
declaraciones:

“[…] PRIMERA. - Que con fundamento en los argumentos de hecho y de
derecho que se exponen en la presente demanda, el honorable Juez(a) se
sirva declarar la nulidad del siguiente acto administrativo:

1 i) Fiduciaria Bancolombia S.A. (Sociedad Fiduciaria); ii) Fiduciaria la Previsora S.A., - (Fiduprevisora); iii)
Fiduciaria Cafetera S.A. (hoy Fiduciaria Davivienda S.A.); iv) Fiduciaria de Occidente S.A. (Fiduoccidente); v)
Fiduciaria Bogotá S.A.; vi) Fiduciaria Popular S.A. (Fiduciar); vii) Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
S.A. (Fiducoldex); viii) Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.
2 Folios 608 a 660 C pp.
3 Folios 1 a 67 C pp.

2

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

Acto Administrativo AUD-0460-11 CD del 1 de julio de 2.011 expedido por
el CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005, por intermedio del Director de Auditoria
Medica Dr. Omar Mauricio Martínez Mendoza, el cual fue recibido en EPS
SANITAS S.A. el día 6 de julio de 2.011, y finalmente fue ejecutado el 4 de
agosto de 2.011, a través de la cual ordenó reintegrar la suma de DOS MIL
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($2.033´724.792.62) más intereses.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
decisiones administrativa reseñadas, se declare que la parte demandada
está obligada a reintegrar la sanción económica impuesta en aquel acto
administrativo, pagada juntos con los intereses moratorios
oportunamente pagados, por un total de TRES MIL QUINIENTOS
VEINTIUNO DIECISEIS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
($3.521.316.556) menos los valores que se hayan restituido al momento del
fallo.

TERCERA. - Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la
Nación – Ministerio de la Protección Social, y sociedades fiduciarias que
conforman el Consorcio Fidufosyga 2005, cancelar y terminar cualquier
registro, anotación o proceso que hubiere realizado, iniciado o adelantado
con fundamento en la sanción impuesta mediante los actos
administrativos demandados.

CUARTA. - Que se ordene, que la condena a que se refiere las anteriores
pretensiones se les aplique la indexación y/o corrección monetaria,
conforme a los criterios señalados por la jurisdicción contenciosa
administrativa, desde el momento en que se obligaron a pagarlas y así se hizo,
y hasta que se efectúe el pago total de la obligación.

QUINTA. Que como consecuencia de la nulidad de que trata las declaraciones
anteriores, se condene a la Nación – Ministerio de la Protección Social, y
sociedades fiduciarias que conforman el Consorcio Fidufosyga 2005 a
pagar todos los perjuicios que se le haya causado a mi representada,
como consecuencia de la expedición del acto administrativo demandado –
AUD-0460-11 CD del 1 de julio de 2.011-, de conformidad con lo que se
demuestre en el presente proceso.

SEXTA. - Que se condene en costas y al pago de agencias en derecho que
se ocasionares con ocasión a la presentación de esta demanda, a la Nación –
Ministerio de la Protección Social, y sociedades fiduciarias que conforman el
Consorcio Fidufosyga 2005.

SÉPTIMA. - Las condenas impuestas deberán cumplirse en las condiciones y
término a que se refiere el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y los artículos
176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, so pena que vencidos
los términos de ley se paguen intereses moratorios, de conformidad con la
certificación que para el efecto expide la Superintendencia Bancaria […]”4.
(negrillas fuera del texto).

4 Folio 4 a 5 C pp.

3

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

I.1.1. Los hechos relevantes de la demanda5

2. La apoderada de la parte demandante señaló que, bajo los parámetros y reglas
de la Ley 100 de 1993, la EPS Sanitas S.A. fue constituida en 1994 para asumir la
cobertura de los servicios de salud de sus afiliados, cotizantes y beneficiarios que
se encontraban en el plan obligatorio de salud (POS), dentro del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

3. Mencionó que, durante el período de diciembre del año 2005 a marzo del año
2011, la EPS Sanitas S.A., a través de Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (IPS), cubrió el suministro de medicamentos y servicios médicos que no
estaban incluidos en el POS o cuyo valor no se encontraba costeado por las
Unidades de Pago por Captación (UPC). Lo anterior, en cumplimiento de órdenes
de sentencias de tutela y autorizaciones del Comité Técnico Científico (CTC).
Aseguró que la EPS Sanitas pagó las facturas y soportes de venta radicadas por
las IPS.

4. Indicó que, durante dicho período, la entidad promotora de salud radicó
solicitudes de recobro ante el Consorcio Fidufosyga 2005 por el suministro de
medicamentos y servicios médicos no incluidos en el POS o cuyo valor no se
encontraba costeado por las UPC, las cuales fueron aprobadas y pagadas por ese
consorcio.

5. Reseñó que, mediante acto administrativo AUD-0460-11 CD de 1° de julio de
2011, el director de Auditoría Médica del Consorcio Fidufosyga 2005 ordenó a la
EPS Sanitas S.A. para que, dentro de los 20 días siguientes del recibo de esa
comunicación, reintegrara el valor de $2.033.724.792,62 pesos, más los intereses
moratorios, por concepto de 1.901 ítems que fueron objeto de recobros, que si bien
fueron aprobados y pagados en el período comprendido entre diciembre del año
2005 a marzo del año 2011, lo cierto era que fueron apropiados sin justa causa.
Dicho acto advirtió que de no realizar la devolución del dinero serían descontados
con el siguiente pago de recobros.

6. Indicó que, a través del oficio PR.048-2011 de 4 de agosto de 2011, la parte
demandante informó al Consorcio Fidufosyga 2005 que cumplió con el pago de
$2.033.724.792,62 pesos, más $1.487.591.763 de intereses, para un total de
$3.521.316.566. Sin perjuicio de lo anterior, resaltó que no aceptaba la
responsabilidad impuesta en el oficio AUD-0460-11 CD de 1° de julio de 2011.

7. Mediante comunicado PR.063-2011 de 5 de septiembre de 2011, EPS Sanitas
S.A informó al Consorcio Fidufosyga 2005 su inconformidad con la solicitud de
reintegro de recobros reconocidos entre diciembre de 2005 a marzo de 2011.

5 Folios 6 a 8 C pp.

4

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

8. Advirtió que, el 18 y el 26 de enero de 2012 se llevó a cabo audiencia de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial II para Asuntos Administrativos,
la cual fue declara fallida por falta de ánimo conciliatorio, levantándose acta de no
conciliación el día 30 de ese mismo año y mes.

I.1.2. Fundamentos de derecho y concepto de la violación6

I.1.2. Fundamentos de derecho

9. La demandante señaló como cargos de violación en contra del acto
administrativo AUD-0460-11 CD de 1° de julio de 2011, los atinentes (i) al
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa; (ii) falsa motivación y; (iii)
desviación de poder.

I.1.2.1.- Del desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

10. La apoderada de la parte demandante aseguró que el acto administrativo AUD-
0460-11 CD de 1° de julio de 2011 fue expedido por el Consorcio Fidufosyga 2005
con desconocimiento de los artículos 2°, 6°, 29, 83 y 84 de la Constitución Política,
los principios de buena fe y confianza legítima, los artículos 3°, 34, 35, 59 y 73 del
Código Contencioso Administrativo y, el artículo 3° de la Decreto Ley 1281 de 2002.

11. Aseguró que, a través del acto acusado, el Consorcio Fidufosyga 2005 ordenó
a la EPS Sanitas S.A. el reintegro de $2.033.721.794 pesos, por los recobros
reconocidos entre diciembre de 2005 a marzo de 2011, más los intereses, esto es,
$1.487.591.763 pesos, para un total de $3.521.316.556 pesos, sin que esa entidad
promotora de salud tuviera la oportunidad de rendir explicaciones, presentar
pruebas y verificar documentos, lo que le ocasionó un daño en su patrimonio y el
Estado se enriqueció sin causa.

12. Indicó que la actuación administrativa de recobro que agotó la EPS Sanitas
estuvo enmarcada dentro de los principios de buena fe y confianza legítima, por
cuanto tenía la certeza que «no entrarían posteriormente a un debate o revisión,
pero que aun en caso tal nunca entrarían a darse órdenes de devolución de lo ya
pagado y menos luego de haber transcurrido tantos años en algunos casos».

13. De acuerdo con el artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002, afirmó que la orden
de reintegrar en un plazo perentorio los recursos reconocidos por recobros entre
diciembre de 2005 a marzo de 2011, «no solo da por apropiados sin justa causa los
mismos, sino que presupone que EPS Sanitas contaba con herramientas,
información o instrumentos para evitarlo», lo que «resulta absolutamente ilegal su
imposición a la tasa de interés moratorio».

6 Folios 8 a 21 CPP Nro. 1.

5

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

14. Precisó que, en una interpretación constitucional del referido artículo 3°, el
Consorcio Fidufosyga 2005 debió solicitar, de manera previa a proferir el acto
acusado, las aclaraciones o explicaciones respectivas con el objeto de respetar el
derecho fundamental de defensa de la EPS Sanitas S.A., y, de encontrar no
subsanadas o aclaradas los recobros, el consorcio debía informar y adjuntar las
pruebas correspondientes para ordenar el reintegro inmediato de esos recursos.

15. Puso de presente que, a través de la comunicación PR.063-2011 de 5 de
septiembre de 2011, la demandante explicó al Consorcio Fidufosyga 2005 las
razones por las cuales la orden de reintegro era improcedente.

16. Finalmente, indicó que, el consorcio debía devolverle a la EPS Sanitas el valor
de $2.784.312.278 pesos. Lo anterior, tomando en cuenta que el Consorcio SAYP
2011 le devolvió la suma de $698.537.380 pesos y que reintegró $27.466.898
pesos.

I.1.2.2.- De la falsa de motivación

17. Aseguró que la fundamentación de la decisión del Consorcio Fidufosyga 2005
no fue real ni adecuada, en tanto no se corrió traslado de la actuación administrativa
de reintegro, cercenando la posibilidad de aportar pruebas, rendir explicaciones y
verificar documentos. De manera que, el reintegro de los recobros autorizados a la
demandante entre diciembre del año 2005 a marzo del año 2011 no estaba
justificado.

I.1.2.3.- De la desviación de poder

18. Explicó que «en la medida en que existe falsa motivación de los actos
administrativos, también confluye una insuficiente motivación que hace anulables
los actos administrativos aquí demandados por desviación de poder».

II.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

II.1 Intervención del Consorcio Fidufosyga 20057

19. El apoderado del Consorcio Fidufosyga 2005 se opuso a las pretensiones de la
demanda para lo cual señaló que no desconoció el derecho del debido proceso de
la parte demandante, y propuso como excepciones las siguientes:

• «Inepta demanda. El oficio del CONSORCIO no es un acto
administrativo»;
• «Caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho»;

7 Folios 151 C pp y C 2.

6

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

• «El CONSORCIO, al solicitar la restitución de los recobros, cumplió
con la normatividad aplicable»;
• «Falta de legitimidad en la causa por pasiva. Imposibilidad de decretar
obligación alguna en cabeza de las sociedades integrantes del
CONSORCIO, con cargo a su patrimonio»;
• «No cabe aplicar la figura de enriquecimiento sin causa»;
• «No cabe predicar la violación de la confianza legítima por parte del
CONSORCIO»;
• «Cobro de lo no debido»;
• «Si se considera que las prestaciones son NO POS, SANITAS debe
asumir la mitad de los recobros, si forzó la presentación de una tutela».

20. Respecto de las excepciones de “inepta demanda” y “no cabe la violación de la
confianza legítima”, indicó que el oficio AUD-0460 CD de 1° de julio de 2011 no
puede ser considerado como un acto administrativo, en vista de que fue expedido
por el Consorcio Fidufosyga 2005 quien no tiene calidad de autoridad pública,
tampoco es titular de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) ni
su representante. Afirmó que el Ministerio de Salud y Protección Social nunca perdió
la titularidad de los recursos del Fosyga.

21. Además, aseguró que existe falta de legitimación en la causa por pasiva en la
medida que no tiene la calidad de autoridad pública y, además, no era el titular de
los recursos del Fosyga.

22. En lo atinente a la excepción de caducidad de la acción, aseguró que la EPS
Sanitas S.A.S. presentó la demanda de manera extemporánea, esto es, el 30 de
enero de 2012, en la medida que los cuatro meses se deben contabilizar desde el
día en que conoció de la existencia de la decisión, lo cual ocurrió el día 6 de julio de
2011 y no a partir de la fecha de ejecución de la misma.

23. En lo concerniente a las excepciones de cumplimiento de la normatividad
aplicable, afirmó que, según las Resoluciones 2933 de 2006, 3099 de 2008 y 548
de 2010, el Consorcio Fidufosyga 2005 reconoció el pago de medicamentos y
servicios a la EPS Sanitas S.A., cuando en realidad estaban incluidos en el POS.

24. Del desconocimiento del debido proceso y los principios de buena fe y confianza
legítima, recordó que el Decreto Ley 1281 de 2002 confirió a las fiduciarias la
facultad especial de adoptar todos los mecanismos para proteger los recursos del
sector de la salud. De ahí que podía realizar verificaciones de los recobros que
estaban incluidos en el POS.

25. Subrayó que, conforme lo establece el artículo 3° del Decreto Ley en mención,
la EPS Sanitas S.A. sabía que podía ejercer su derecho de defensa dentro de los
20 días siguientes a la comunicación del reintegro, sin embargo, no lo hizo.

7

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

26. De la excepción de cobro de lo no debido, explicó que existe una incongruencia
entre la cuantía de las pretensiones y el acápite de la cuantía.

27. Y sobre la excepción referente a que la demandante debía asumir la mitad de
los recobros, explicó que las EPS que no estudien de forma oportuna las solicitudes
de prestación del servicio y, se obligue su prestación por tutela, deben asumir la
mitad de los recobros.

28. Sobre el cargo de falsa motivación del acto y desviación de poder reiteró que el
mencionado consorcio cumplió con lo previsto en el artículo 3° del Decreto Ley 1281
de 2002, así que el acto acusado fue debidamente motivado y no fue expedido con
extralimitación.

II.2. Intervención del Ministerio de Salud y Protección social8

29. El apoderado del Ministerio de Salud y Protección social contestó la demanda
de manera oportuna y propuso como excepciones las que denominó «falta de
jurisdicción y competencia», «cobro de lo no debido o exceso en la pretensión de
restablecimiento», «indebida escogencia de la acción», «cobro de lo no debido -los
servicios cuyo pago se pretende, se encuentran incluidos en el plan obligatorio de
salud -POS y por tanto ya fueron pagados a la EPS por vía de la unidad de pago
por captación -UPC» y «el restablecimiento del derecho se contraería a retrotraer la
actuación».

30. Respecto de la falta de jurisdicción y competencia, advirtió que las sociedades
que conforman el Consorcio Fidufosyga 2005 son privadas y no cumplen con
funciones públicas, según el contrato de encargo fiduciario 242 de 2005.

31. De la indebida escogencia de la acción, señaló que el oficio acusado no tiene
alcance o naturaleza de acto administrativo, porque se trata de una comunicación
entre entidades privadas, no indicó los recursos que contra el procedían y, la
demandante no impugnó este documento, a pesar que tuvo conocimiento del mismo
desde el 6 de julio de 2011.

32. De la excepción de lo no debido o exceso en la pretensión de restablecimiento
del derecho, explicó que si bien el oficio demandado ordenó el reintegro de
$2.033.724.792,62 pesos, lo cierto era que, con posterioridad, la parte demandada
estableció que el monto a reintegrar era de 1.729.035.072,12, devolviéndole a la
EPS Sanitas S.A. el monto de $304.789.720,50. De igual forma, advirtió que los
intereses quedaron en $934.702.983,20, por lo que devolvió a la demandante la
suma de $552.888.776,80 pesos.

8 Folios 152 a 161 C pp.

8

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

III.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

33. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
en descongestión, a través de la sentencia de 21 de julio de 20159, resolvió

“[…] PRIMERO. - NEGAR los medios exceptivos de inepta demanda,
caducidad de la acción, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de
jurisdicción y competencia e indebida escogencia de la acción. Y no resolver
como excepciones los argumentos referidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social en los literales b), d) y e); como tampoco los aducidos
por el Consorcio Fidufosyga 2005 en los literales c), e), f), g) y h), conforme
las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR la nulidad del Oficio No. AUD-460-11 CD del 1°
de julio de 2011, expedido por el Director de Auditoría Médica del
CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005.

TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la
NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a pagar con
cargo al FOSYGA y a favor de la EPS SANITAS la suma de TRES MIL
QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.521.316.556), menos los
valores que se hubieren restituido por el FOSYGA al momento del pago,
debidamente indexados.

CUARTO: Niéguense las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia en los términos de los
artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo,

SEXTO: Sin condena en costas. […]” (negrillas fuera de texto).

34. Previo a resolver el asunto, el Tribunal de la primera instancia se refirió a las
excepciones propuestas por el Consorcio Fidufosyga 2005 y el Ministerio de Salud
y Protección Social, de la siguiente manera:

III.1. De las excepciones expuestas por el Consorcio Fidufosyga 2005

35. Respecto de las excepciones que el apoderado del Consorcio Fidufosyga
denominó «El CONSORCIO, al solicitar la restitución de los recobros, cumplió con
la normatividad aplicable», «No cabe aplicar la figura de enriquecimiento sin causa»,
«No cabe predicar la violación de la confianza legítima por parte del CONSORCIO»,
«Cobro de lo no debido» y «Si se considera que las prestaciones son NO POS,
SANITAS debe asumir la mitad de los recobros, si forzó la presentación de una
tutela»10, el a quo consideró que se trataban de aseveraciones encaminadas a

9 Folios 608 a 660 CPP.
10 Las cuales nombró como c), e), f), g) y h).

9

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

enervar las pretensiones de la demanda, así que las tendría en cuenta en el
momento de abordar el fondo del asunto.

36. En lo concerniente a la excepción de inepta demanda, donde la parte
demandada alegó que el acto acusado no podía considerarse como un acto
administrativo, porque quién lo expidió no tenía la calidad de autoridad pública, el
juez de la primera instancia explicó que, de acuerdo con el artículo 210 de la
Constitución Política, los particulares podían desempeñar funciones administrativas.

37. Además, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo,
la jurisdicción contenciosa administrativa estaba facultada para juzgar controversias
originadas en actividades de las personas privadas que desempeñaran funciones
propias de los diferentes órganos del Estado.

38. Recordó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C – 510 de 2004, al
estudiar la legalidad del artículo 13 del Decreto 1283 de 1996, sobre el término para
reclamar los pagos con cargo al Fosyga, concluyó que, si bien la administración de
esos recursos fue asignada por encargo fiduciario, conforme con los requisitos de
la Ley 80 de 1993, sus actuaciones se sujetan a normas de derecho público.

39. El juez de la primera instancia también puso de presente que, en reiterada
jurisprudencia, los actos que se profieran durante el trámite previsto en el artículo
3º del Decreto Ley 1281 de 2002 eran demandables ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.

40. De acuerdo con lo anterior, concluyó que el acto acusado podía ser objeto de
control ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por cuanto se trataba de un
acto administrativo unilateral, expedido por el Consorcio Fosyga 2005 en ejercicio
de sus funciones administrativas, el cual produjo efectos jurídicos contra la EPS
Sanitas S.A., toda vez que, con fundamento en el artículo 3º del Decreto Ley 1281
de 2002, ordenó que reintegrara la suma de $2.033.724.792,62, más intereses, por
concepto de los recobros aprobados durante el mes de diciembre del año 2005 a
marzo del año 2011.

41.Respecto de la excepción de caducidad, el juez de la primera instancia constató
que la demanda fue presentada a tiempo por la EPS Sanitas S.A., esto es, el 30 de
enero de 2012.

42. Explicó que si bien, el 6 de julio de 2011, la demandante tuvo conocimiento del
acto acusado, lo cierto era que, el 8 de noviembre de ese año, suspendió el término
previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, porque radicó la
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría.

43. También verificó que, el término para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento siguió suspendido hasta el 30 de enero de 2012, porque hasta el

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Demandante: EPS Sanitas S.A.
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Fidufosyga 2005

18 de enero de 2012, la Procuradora Cuarta Judicial II Administrativa llevó a cabo
la audiencia de conciliación prejudicial, la cual fue aplazada y se retomó hasta el 26
de enero de ese año. Y finalmente, la Procuraduría expidió la constancia de no
conciliación hasta el 30 de enero de 2012, habiéndose presentado en tiempo la
demanda.

44. Finalmente, sobre la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
en donde la parte demandada reiteró que el Consorcio Fidufosyga 2005 no tenía la
calidad de autoridad pública y, además, no era el titular de los recursos del Fosyga,
el a quo manifestó que «la legitimidad en la causa se determina por la autoría de los
actos administrativos, con base en lo dispuesto en el artículo 150 del Código
Contencioso Administrativo».

III.2. De las excepciones expuestas por Ministerio de Salud y Protección Social

45. Respecto de las excepciones que el Ministerio de Salud y Protección Social
denominó «cobro de lo no debido o exceso en la pretensión de restablecimiento del
derecho», «cobro de lo no debido -los servicios cuyo pago se pretende, se
encuentran incluidos en el plan obligatorio de salud -P.O.S. y por tanto ya fueron
pagados a la EPS por vía de la unidad de pago por captación -UPC» y «el
restablecimiento del derecho se contraería a retrotraer la actuación», el Tribunal de
la primera instancia consideró que no son verdaderos medios exceptivos, sino
argumentos dirigidos contra las pretensiones de la demanda.

46. De la excepción de falta de jurisdicción y competencia, el a quo señaló que
tampoco prosperaba, en atención a que, de acuerdo con los artículos 82 y 132 del
Código Contencioso Administrativo, le corresponde a la jurisdicción contenciosa
administrativa juzgar controversias y litigios originados en la actividad de
particulares que desempeñen funciones administrativas.

47. Finalmente, de la excepción de indebida escogencia de la acción, en el que la
parte demandada aseguró que el oficio acusado no era un acto administrativo
porque no informó los recursos que procedían contra él, el a quo indicó que no
prosperaba porque, según el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se
trata de simples constancias de notificación o publicación.

III.3. De los cargos de fondo expuestos por la parte demandante

48. Sobre los cargos expuesto en la demanda, el a quo consideró que los cargos
de falsa motivación y desviación de poder propuestos en el escrito demandatorio se
referían al desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, por lo que
abordaría este último únicamente.

49.En este sentido, el Tribunal de la primera instancia consideró que, el oficio AUD-
0460-11 CD de 1° de julio de 2011 fue proferido con desconocimiento del derecho

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Demandante: EPS Sanitas S.A.
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Fidufosyga 2005

de audiencia y defensa de la EPS Sanitas S.A. previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política y los artículos 3º, 35, 38 y 59 del Código Contencioso
Administrativo.

50. Mencionó que la jurisprudencia constitucional ha precisado que, el derecho de
contradicción y defensa no se agota solo con la posibilidad de controvertir
decisiones que se tomen a través de los recursos de la vía gubernativa, sino
también, con una garantía mínima durante el desarrollo del procedimiento previo,
donde el particular tiene la oportunidad para aportar pruebas y controvertir las que
le resultaren adversas, es decir, ejercer su defensa.

51. Recordó que, de acuerdo con las sentencias C-510 de 2004 y C-607 de 2012
de la Corte Constitucional, el artículo 3º del Decreto Ley 1281 de 2002, que regula
el reintegro de los recursos de la salud apropiados sin justa causa, debía
interpretarse de manera conjunta con las normas del Código Contencioso
Administrativo.

52. De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, el Tribunal d echó de
menos las actuaciones previas a la expedición del oficio demandado, el cual
consideró que el Consorcio Fidufosyga 2005 debió agotar en garantía del derecho
del debido proceso.

53. En ese sentido, evidenció que la parte demandante no tuvo la oportunidad para
solicitar pruebas o controvertir las que justificaron el acto acusado. Por el contrario,
constató que el oficio demandado se limitó a ordenar a la EPS Sanitas S.A. a que
reintegrara el dinero reconocido por los recobros realizados entre el año 2005 a
2011, y no dejó otra opción, sino la de realizar el pago dentro de los 20 días de su
comunicación, so pena de descontarlos en los valores del siguiente pago por
concepto de medicamentos no POS y fallos de tutela.

54. De acuerdo con lo anterior, concluyó que existían «motivos suficientes para
considerar que el acto acusado es nulo por el desconocimiento del debido proceso
de la EPS Sanitas, toda vez que con las actuaciones de la administración se
transgredió el artículo 29 de la Constitución Política, específicamente el derecho de
contradicción y defensa, en razón a que a la investigada no se le concedió la
oportunidad de ser escuchada, allegar explicación, solicitar o controvertir pruebas ».

55. Como restablecimiento del derecho de la EPS Sanitas, el Tribunal de la primera
instancia no encontró dentro del expediente un elemento probatorio que determinara
con certeza el valor exacto que debía reintegrar el Consorcio FiduFosyga 2005 a la
EPS Sanitas S.A., así que, condenó al Ministerio de Salud y Protección Social a
pagar, con cargo al Fosyga y a favor de la EPS Sanitas, el pago de la suma de
$3.521.316.556, menos los valores que se le hubieran devuelto a la parte
demandante, debidamente indexados.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
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Fidufosyga 2005

56. Sobre la cancelación de cualquier registro adelantado con ocasión a la sanción
impuesta por el Consorcio Fidufosyga 2005, advirtió que el acto acusado no ordenó
ningún tipo de anotación.

57. Y del reconocimiento de los perjuicios causados a la demandante, señaló que
del acervo probatorio no se colegía que, aparte de los valores cuyo reintegro se
ordenaron con ocasión de los recobros del Fosyga, existieran otros que debieran
repararse.

IV.- RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1. Ministerio de Salud y Protección11

58. Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, el apoderado del Ministerio de Salud y Protección Social
presentó recurso de apelación con el fin de obtener su revocatoria.

59. Como argumento de la apelación, sostuvo que el Consorcio Fidufosyga 2005
no vulneró el derecho del debido proceso de la EPS Sanitas porque cumplió con los
lineamientos del artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002.

60. Señaló que si bien es cierto que, a través del acto demandado el administrador
fiduciario ordenó a la EPS Sanitas S.A. para que, dentro de los 20 días a la
comunicación del oficio demandado, reintegrara los recobros aprobados durante el
año 2005 a 2011, en vista que encontró su apropiación sin justa causa, también lo
era que la parte demandante se defendió mediante los oficios PR 048-2011 de 4 de
agosto de 2011 y PR 063-2011 de 5 de septiembre de ese mismo año.

61.Precisó que, mediante la comunicación GRC-AUD1548-12 de 1° de junio de
2012, el Consorcio Fidufosyga 2005 explicó a la parte demandante los conceptos
que se tuvieron en cuenta para evaluar los recobros objeto de recuperación.

62. En ese contexto, aseguró que la EPS Sanitas S.A. presentó objeciones y
pruebas pertinentes, las cuales fueron atendidas y controvertidas por el consorcio
administrador fiduciario de los recursos del Fosyga, a través del oficio GRC-
AUD1548-12 de 1° de junio de 2012, garantizando el derecho de audiencia y
defensa de la parte demandante.

63. Finalmente, recordó que, según el artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002,
dentro del procedimiento de reintegro de recursos apropiados sin justa causa, se
agota la etapa de verificación de los pagos efectuados a las entidades recobrantes,
para lo cual, podrá solicitar las aclaraciones o el reintegro de los recursos y, si no
subsana o aclara la situación, se solicita el reintegro inmediato.

11 Folios 677 a 685 C pp.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
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Fidufosyga 2005

IV.2. Consorcio Fidufosyga 200512

64. Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, el apoderado del Consorcio Fidufosyga 2005 presentó
recurso de apelación con el fin de obtener su revocatoria.

65. En primer lugar, sostuvo, de una parte, que el Tribunal de la primera instancia
no se pronunció sobre las excepciones (i) «El CONSORCIO, al solicitar la restitución
de los recobros, cumplió con la normatividad aplicable», (ii) «No cabe aplicar la
figura de enriquecimiento sin causa», (iii) «No cabe predicar la violación de la
confianza legítima por parte del CONSORCIO», (iv) «Cobro de lo no debido» y (v)
«Si se considera que las prestaciones son NO POS, SANITAS» y, de otra, que
contrario a lo señalado por el a quo en el plenario se encuentran demostradas las
excepciones de «inepta demanda», «falta de legitimación en la causa por pasiva» y
«caducidad».

66. En segundo lugar, sostuvo que el Consorcio Fidufosyga 2005 no desconoció el
debido proceso de la EPS Sanitas S.A. porque agotó el procedimiento establecido
en el artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002. Advirtió que esa entidad promotora
de salud se limitó a realizar el pago sin discutir los fundamentos de la solicitud de
reintegro, lo cual era viable ante el consorcio como administrador fiduciario del
FOSYGA, así como también, ante la Superintendencia Nacional de Salud.

67.Finalmente, respecto del restablecimiento del derecho, añadió que la
demandante no cumplió con la carga probatoria de estimar los valores precisos a
devolver.

V-. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

68. Mediante providencia del 24 de septiembre de 201513, el magistrado
sustanciador de la primera instancia concedió el recurso de apelación presentado
por el apoderado del Ministerio de Salud y Protección Social y el apoderado del
Consorcio Fidufosyga 2005, luego que declaró fallida la audiencia de conciliación.

69. Una vez remitido y repartido el proceso entre los diferentes Despachos que
integran la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto de 25 de mayo
de 201614, el Despacho sustanciador admitió el recurso interpuesto y corrió traslado
a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto.

12 Folios 697 a 750 C pp.
13 Folio 761 a 765 C pp.
14 Folio 4 del cuaderno apelación.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
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Fidufosyga 2005

70. Vencido el plazo, el apoderado de la demandante reiteró los argumentos de la
demanda, y los apoderados de las partes apelantes insistieron en los argumentos
plasmados en los recursos de apelación. Finalmente, el Ministerio Público guardó
silencio.
VI-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Competencia

71. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo - CCA15, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para decidir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada
en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, en Descongestión; norma que resulta armónica con el
artículo 1° del Acuerdo Nro. 55 de 5 de agosto de 200316 y el Acuerdo 80 de 201917,
que contiene las reglas de reparto entre las distintas secciones de la Corporación.

VI.2. Cuestión previa

72. Previo a abordar el problema jurídico en el sub judice, esta Sala entrará a
pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación del
apoderado del Consorcio Fidufosyga S.A., en el que aseguró que el a quo no
resolvió algunas de las excepciones propuestas en la contestación de la demanda
y que en el caso sub examine otras deben prosperar al encontrarse plenamente
demostradas.

73. Sobre las excepciones que el consorcio denominó (i) «El CONSORCIO, al
solicitar la restitución de los recobros, cumplió con la normatividad aplicable», (ii)
«No cabe aplicar la figura de enriquecimiento sin causa», (iii) «No cabe predicar la
violación de la confianza legítima por parte del CONSORCIO», (iv) «Cobro de lo no
debido» y (v) «Si se considera que las prestaciones son NO POS, SANITAS debe
asumir la mitad de los recobros, si forzó la presentación de una tutela», esta Sala
pone de presente que, en efecto, el a quo se pronunció sobre las mismas al
considerar que ellas constituyen medios exceptivos de fondo, entendidos como
aquellas que tienen por objeto controvertir las pretensiones en que se funda el libelo
introductorio18, las cuales fueron abordadas por en la sentencia al resolver que las
mismas no estaban llamadas a prosperar, en tanto que en el plenario quedó

15 «[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]»
16 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad

de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
17 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado tiene a su cargo conocer los procesos de nulidad

de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de julio de

2021. Rad: 11001-03-24-000-2016-00386-00. Magistrado Ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López.

15

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Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

demostrado que con la expedición del oficio demandado se desconoció el derecho
de audiencia y defensa.

74. En lo atinente a las excepciones de «inepta demanda», «falta de legitimación en la
causa por pasiva» y «caducidad» el apoderado del administrador fiduciario reiteró los
argumentos expuestos en la demanda, por lo que esta Sala procederá a referirse a las
mismas.

VI.2.1. De la excepción de inepta demanda y falta de legitimación en la causa
por pasiva

75. Indicó que el oficio AUD-0460 CD de 1° de julio de 2011 no puede ser
considerado como un acto administrativo porque fue expedido por el Consorcio
Fidufosyga S.A. quien no tiene calidad de autoridad pública y tampoco era titular
de los recursos del Fosyga. Precisó que dicho consorcio era un administrador
fiduciario, según el contrato de encargo fiduciario Nro. 242 de 15 de diciembre de
2005.

76. Para resolver, la Sala recuerda que, según el artículo 210 de la Constitución
Política, «los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las
condiciones que señale la ley». Y el numeral 2° del artículo 155, el literal b) del
artículo 156 y los artículos 202, 211 y 218 de la Ley 100 de 1993 establecen que los
recursos del Fosyga, dentro SGSSS, los cuales provienen de las cotizaciones del
régimen contributivo y subsidios financiados con recursos fiscales o de solidaridad,
se manejan por encargo fiduciario.

77. Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 20 de abril de
2023,19 reiteró la posición tomada por la Corte Constitucional en la sentencia C-510
de 2004, en la que consideró que, si bien la administración del Fosyga fue asignada
a un encargo fiduciario de naturaleza privada, las actuaciones del administrador
fiduciario se regían por el derecho público, ya que este cumplía con «funciones
administrativas en relación con recursos públicos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud con los que se atienden obligaciones inherentes al mismo».

78. La Sala recuerda que el ejercicio de la función administrativa se materializa con
la expedición de actos administrativos. En otras palabras, un acto administrativo es
una decisión o resolución tomada por una autoridad administrativa en el ejercicio de
la función administrativa.

79.En ese contexto, si bien es cierto que el artículo 4° y el numeral 5° del artículo
32 de la Ley 80 de 1993 establecen que las subcuentas del Fosyga deben ser
administradas mediante encargo fiduciario, también lo es que el administrador

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sala Plena. Sentencia de fecha

20 de abril de 2023. Rad: 25000-23-26-000-2012-00291-01(55085). Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Sánchez
Luque.

16

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Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

fiduciario se rige por el derecho público porque maneja recursos públicos, realiza
actuaciones con fundamento en las funciones administrativas establecidas para el
efecto. De manera que, profiere actos administrativos que pueden decidir directa o
indirectamente el fondo de un asunto y poner fin a una actuación administrativa.

80. Ahora, respecto del procedimiento administrativo de reintegro de los recursos
de la salud apropiados sin justa causa, es preciso señalar que el artículo 3°20 del
Decreto Ley 1281 de 200221 estableció que, «el administrador fiduciario del
Fosyga o cualquier entidad o autoridad pública, (…) solicitará en forma
inmediata las aclaraciones respectivas o su reintegro».

81. Por su parte, el artículo 15 del decreto ley ibidem prevé que para la protección
de los recursos del Fosyga, le corresponde «al administrador fiduciario del Fosyga
adoptar los mecanismos a su alcance (…) para proteger debidamente los recursos
del Fosyga».

82. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-607 de 2012, estudió la
constitucionalidad del artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 2002, en la que consideró
que los actos proferidos por el administrador fiduciario del Fosyga podrían ser objeto
de los recursos de vía gubernativa y eran susceptibles de ser atacados ante la
jurisdicción contenciosa administrativa.

83. La anterior por cuanto, los recursos que ingresan al SGSSS, con independencia
de la denominación que de estos se haga (cotizaciones, aportes, cuotas
moderadoras, copagos, tarifas, deducibles, bonificaciones, etc.) tienen naturaleza
parafiscal22, es decir, son dineros públicos que tienen una destinación específica,
que cobija tanto los rubros dirigidos a la prestación de los servicios del POS (hoy
Plan de Beneficios en Salud -PBS-), como los gastos de administración del
sistema.23

84. De acuerdo con los anteriores preceptos normativos y jurisprudenciales, la Sala
considera que el oficio AUD-0460-11 CD de 1° de julio de 2011 es un acto
administrativo susceptible de ser atacado ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, por cuanto fue proferido por el Consorcio Fidufosyga 2005 en su
calidad de administrador fiduciario de los recursos públicos de la salud y se sometió
al procedimiento administrativo especial de reintegro de los mismos previsto en el

20 Artículo modificado por el artículo 7° de la Ley 1949 de 2019. (norma vigente en el momento de la presentación

de la demanda)
21 “Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los

recursos del sector salud y su utilización en la prestación”.
22 La Corte Constitucional en la Sentencia C-155 de 2004. Entre otras, C-308 de 1994, SU-480 de 1997, C-577 de

1997, T-569 de 1999, C-821 de 2001, C-867 de 2001, C-791 de 2002, C-1040 de 2003, C-655 de 2003, C-155 de
2004, C-721 de 2004, C-824 de 2004 y C-1002 de 2004, C-895 de 2009, entre otras. v. et. Consejo de Estado, Sala
de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 923 de 27 de noviembre de 1996, Concepto No. 1480 de 8 de mayo de
2003 y el Concepto No. 1901 de 17 de julio de 2008.
23 Corte Constitucional. Sentencias SU-480 de 1997, C-1489 de 2000, C-828 de 2001, C-1040 de 2003, C-549

de 2004, entre otras.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
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Fidufosyga 2005

Decreto Ley 1281, decidiendo el fondo de un asunto y colocando fin a la actuación
administrativa, como se demuestra a continuación:

“[…] dando aplicación al artículo 15 del Decreto Ley 1281 de 2002, ha
venido adelantando actividades tendientes a la verificación de los
recobros aprobados en el trámite de auditoria general por concepto de
insumos y medicamentos que se encuentran dentro del Plan Obligatorio de
Salud –POS y se estableció que la entidad que representa presentó 1.901
ítems en recobros que fueron aprobados en recobros que fueron aprobados y
pagados en el período comprendido entre diciembre de 2005 a marzo de 2011,
por la suma de DOS MIL TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($2,033,724,792.62) (…)

(…) Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del
Decreto Ley 1281 de 2002, (…) dispone de 20 días hábiles contados a partir
del día siguiente del recibo de la presente comunicación para realizar el
reintegro del valor señalado anteriormente, incluyendo los intereses moratorios
generados durante el período de tenencia de dichos recursos.

(…) En el evento en que la entidad no reintegre al FOSYGA los valores
correspondientes dentro del plazo señalado, estos serán descontados del
siguiente pago que se realice por concepto de Medicamentos No POS y
Fallos de Tutela, en aplicación de la figura jurídica de la compensación
establecida en el artículo 1715 del Código Civil y debidamente aceptada por el
Ministerio de la Protección Social mediante oficio 12100-0703 de fecha 13 de
febrero de 2009. […]” (negrillas fuera del texto).

85. Ahora, la Sala señala que el artículo 138 del CCA24 prevé que el acto enjuiciable
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe corresponder al acto
definitivo de la administración.

86. Por su parte, el inciso final del artículo 50 del CCA establece que «Son actos
definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa
o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite podrán fin a una actuación
cuando hagan imposible continuarla».

87. Esta Corporación, en sentencia de 1° de febrero de 2021,25 consideró que los
actos definitivos son los que ponen fin a una actuación administrativa y los que
deciden de manera directa o indirecta el fondo de un asunto, dado que producen
efectos jurídicos definitivos que crean, modifican o extinguen una relación jurídica
particular y concreta. Mientras que los actos preparatorios, accesorios o de trámite
son instrumentales que se expiden para darle curso al procedimiento administrativo,

24 “Artículo 138 Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando

se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse
clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa,
también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo
procede demandar la última decisión.
Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.”
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 1° de febrero de

2021. Rad: 27001-23-33-000-2013-90297-01. Magistrado Ponente: Dr. Oswaldo Giraldo López.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
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de manera que estos no son objeto de control judicial.

88. Conforme con todo lo anterior, la comunicación del Consorcio Fidufosyga 2005,
en materia de reintegro de los recobros del sector salud, constituye un acto
administrativo que comporta una manifestación unilateral de voluntad de la
administración con efectos jurídicos determinados y que puso fin a la actuación
administrativa, además el Consorcio es quien maneja el encargo fiduciario, razón
por la cual los medios exceptivos de inepta demanda y falta de legitimación en la
causa por pasiva no están llamados a prosperar, tal y como lo consideró el Tribunal
de Instancia.

VI.2.2. De la excepción de caducidad

89. El apoderado del Consorcio Fidufosyga 2005 aseguró que la parte demandante
presentó la demanda de manera extemporánea, esto es, el 30 de enero de 2012,
en la medida que los cuatro meses se deben contabilizar desde el día en que
conoció de la existencia de la decisión, lo cual ocurrió el día 6 de julio de 2011 y no
a partir de la fecha de ejecución de la misma.

90. Sobre la caducidad de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho,
el inciso 2° del artículo 136 del CCA establece que caducarán «al cabo de cuatro
(4) meses contados a partir del día siguientes al de la publicación, notificación,
comunicación o ejecución del acto, según el caso».

91. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establecía que, con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante un
conciliador se suspendía el término de caducidad hasta cuando i) «se logre el
acuerdo conciliatorio» o; ii) «el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley» o; iii) «hasta que se expidan las
constancias que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de
la presente ley» o; iv) «hasta que se venza el término de tres (3) meses».

92. De acuerdo con el artículo 2° de la ley ibidem, el conciliador expedirá constancia
al interesado, en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha
en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y expresará el asunto objeto de
conciliación, entre otros, cuando «efectúe la audiencia de conciliación sin que se
logre acuerdo».

93. En ese sentido y contrario a lo dicho por el Consorcio Fidufosyga 2005, esta
Sala no encuentra que la demanda de acción de nulidad y restablecimiento
presentada por la EPS Sanitas S.A., el 30 de enero de 2012, se encontrara por fuera
del término previsto en el artículo 136 del CCA, en vista de que, si bien la
demandante tuvo conocimiento del acto acusado el 6 de julio de 2011, el término
fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación ante la
Procuraduría General de la Nación el 8 de noviembre de ese año.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

94. Cabe precisar que, la solicitud de conciliación fue radicada el 8 de noviembre
de 2011,26 es decir, el último día previo al vencimiento de los 4 meses para que se
venciera el término de caducidad de la demanda impetrada, tomando en cuenta que
el 7 de noviembre de 2011 fue un día festivo. De igual manera, que la Procuradora
Cuarta Judicial II Administrativa llevó a cabo la audiencia de conciliación el 18 de
enero de 201227, la cual se aplazó para el 26 de enero de ese año28 y finalmente,
expidió la constancia hasta el 30 de enero de 201229, día que se presentó el escrito
de demanda, razón por la cual no está llamada a prosperar la excepción, tal y como
lo consideró el a quo.

VI.3.- Formulación del problema jurídico

95. En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandadas, la Sala debe determinar la legalidad del acto administrativo AUD-
0460-11 CD de 1° de julio de 2011, emitido por el director de Auditoría Médica del
Consorcio Fidufosyga 2005, por medio del cual solicitó a la EPS Sanitas S.A. el
reintegro de recobros aprobados y pagados sin justa causa, durante el período
comprendido entre diciembre del año 2005 a marzo del año 2011, que corresponde
a la suma de $2,033,724,792.62, más los intereses, de lo contrario, serían
descontados en el siguiente pago por concepto de medicamentos no POS y fallos
de tutela.

96.La Sala debe analizar si el Consorcio Fidufosyga 2005 garantizó el derecho de
audiencia y defensa de la EPS Sanitas S.A. al expedir el acto administrativo AUD-
0460-11 CD de 1° de julio de 2011.

97. Para lo anterior, la Sala abordará: (i) identificación del acto administrativo
acusado; (ii) de los recobros ante el Fosyga, reintegro de recursos y procedimiento
administrativo y; (iii) el análisis del caso concreto.

VI.3.1. Acto demandado

98. La EPS Sanitas S.A., por conducto de apoderada judicial, demandó el acto
administrativo AUD – 0460-11 CD de 1° de julio de 2011, expedido por el director
de Auditoria Médica del Consorcio Fidufosyga 200530.

“[…] AUD-0460-11 CD

Bogotá, D.C., 01 de julio de 2011

Doctor

26 Folios 185 a 186 cuaderno de anexos.
27 Folios 179 a 181 cuaderno de anexos.
28 Folios 182 a 184 cuaderno de anexos.
29 Folios 179 a 181 cuaderno de anexos.
30 Folios 73 a 74 C pp.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

MILCIADES CASTILLO ESCOBAR
Representante Legal
SANITAS E.P.S
CALLE 100 # 11 B 67
Bogotá D.C., Cundinamarca

Asunto: Reintegro de Recursos, insumos y medicamentos POS

Respetado Doctor:

En relación con el tema del asunto, de manera atenta me permito informar que
el Consorcio Fidufosyga 2005, en aras de salvaguardar los recursos del
FOSYGA y dando aplicación al artículo 15 del Decreto Ley 1281 de 2002,
ha venido adelantando actividades tendientes a la verificación de los recobros
aprobados en el trámite de auditoria general por concepto de insumos y
medicamentos que se encuentran dentro del Plan Obligatorio de Salud –POS
y se estableció que la entidad que representa presentó 1.901 items en
recobros que fueron aprobados y pagados en el período comprendido
entre diciembre de 2005 a marzo de 2011, por la suma de DOS MIL
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y DOS
CENTAVOS ($2,033,724,792.62), cuyo detalle se incluye en medio mágnético
que se envía con la presente comunicación.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 del Decreto
Ley 1281 de 2002, se tiene que:

“El administrador fiduciario del Fosyga o cualquier entidad o
autoridad pública, en el ejercicio de sus competencias o
actividades como participante o actor en el flujo de caja, detecte
que se presentó apropiación sin justa causa de recursos del sector
salud, en los eventos que señale el reglamento, solicitará en forma
inmediata a mas tardar dentro de los veinte días hábiles siguientes
a la comunicación del hecho (…)

En el evento en que la aprobación o reconocimiento sin justa
causa se haya producido a pesar de contarse con herramientas,
información o instrumentos para evitarlo, los recursos deberán
reintegrarse junto con los respectivos intereses liquidados a la
tasa de interés moratorio establecido para los impuestos
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN (…)”

En consecuencia, de conformidad con la disposición transcita, dispone de 20
días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la presente
comunicación para realizar el reintegro del valor señalado anteriormente,
incluyendo los intereses moratorios generados durante el período de
tenencia de dichos recursos.

El reintegro del capital mas los intereses deberá efectuarse mediante
consignación en la cuenta corriente de Bancolombia denominada
CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 COMPENSACIÓN PAGOS, bajo el número
031-24641-87 y remitir copia de la misma a las oficinas del Consorcio ubicadas
en la Carrera 7 No. 32 – 39 de la ciudad de Bogotá.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

En el evento en que la entidad no reintegre al FOSYGA los valores
correspondientes dentro del plazo señalado, estos serán descontados del
siguiente pago que se realice por concepto de Medicamentos No POS y
Fallos de Tutela, en aplicación de la figura jurídica de la compensación
establecida en el artículo 1715 del Código Civil y debidamente aceptada por el
Ministerio de la Protección Social mediante oficio 12100-0703 de fecha 13 de
febrero de 2009. […]” (negrillas fuera de texto).

VI.3.2.- De los recobros ante el Fosyga, reintegro de recursos y procedimiento
administrativo

99. Sea lo primero señalar que, los artículos 48 y 49 de la Constitución Política y la
Ley 100 de 199331 prevén que, dentro de la organización del SGSSS, el servicio
público de la salud es obligatorio y se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado. Así mismo, que puede ser prestado por entidades privadas, como las
Entidades Promotoras de Salud (EPS), de manera directa o a través de instituciones
prestadoras de salud (IPS) y profesionales.

100. Sobre los campos de acción de las EPS, el artículo 177 de la Ley 100 señala
que son responsables, entre otros, de organizar y garantizar, directa o
indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados, (hoy Plan
de Beneficios en Salud -PBS-).

101. De acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1938 de 199432, los servicios
de salud estaban limitados a lo previsto en el POS, en razón a la ecuación de
equilibrio financiero. No obstante, en garantía al derecho a la salud, a través de
órdenes impartidas en fallos de tutela, se empezó a disponer del suministro de
servicios y medicamentos no incluidos en dichos planes cuando así se requería.33

102. En la medida en que los servicios y medicamentos no incluidos en el POS
conllevaban gastos adicionales a las EPS, la Corte Constitucional, mediante la
sentencia SU-480 de 1997, indicó que estas entidades estaban autorizadas para
recobrar ante el Fosyga, bajo los principios constitucionales de solidaridad y
celeridad, este último en atención a que «la información debe estar computarizada,
luego, si hay cruce de cuentas, éste no constituye razón para la demora, sino que,
por el contrario, la acreencia debe cancelarse lo más rápido».

103.El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud expidió el «Manual de
Medicamentos del Sistema General de Seguridad Social en Salud»,34 en cuyo

31 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. literal a), numeral

2° del artículo 15 y el artículo 179.
32 “Por el cual se reglamenta el plan de beneficios en el Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud de

acuerdo con las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, contenidas en el
Acuerdo número 008 de 1994”.
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de marzo de

2022. Rad: 110010324000 2011 00338 00. Magistrado Ponente: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.
34 Acuerdo 83 de 1997.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
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Fidufosyga 2005

artículo 8° autorizó el suministro de medicamentos no incluidos en el POS y se
establecieron algunas reglas para su financiación a cargo del mencionado fondo.

104. Vale la pena anotar que en sentencia del 3 de abril de 2020, el Consejo de
Estado35 destacó que el procedimiento de recobro persigue un fin legítimo
amparado en la Constitución Política en defensa del patrimonio público, para
proteger los recursos destinados a la seguridad social y la financiación de la salud,
constituyéndose una verdadera deuda de la administración.

105. Así mismo, destacó que se tratan de recursos públicos a cargo del Estado que
deben manejarse razonablemente para beneficiar a la colectividad, asi que pueden
estar sometidos a su verificación desde el punto de vista jurídico, médico,
administrativo y financiero y, si se detecta alguna irregularidad deben reintegrarse
a la administración.

106. En ese contexto, del reintegro de los recursos reconocidos por el administrador
fiduciario, el presidente de la República expidió el Decreto Ley 1281 de 2002, a
través del cual implementó, no solo un procedimiento para garantizar
financieramente la viabilidad del sistema de seguridad social en salud y, por ende,
la prestación efectiva de los servicios correspondientes, sino que también reguló la
apropiación o retención indebidas de los recursos destinados a este fin36.

107. Particularmente, sobre el reintegro de los recursos de la salud reconocidos sin
justa causa, el artículo 3° del Decreto Ley 1281 de 200237, vigente en el momento
en que se expidió el acto acusado, estableció lo siguiente:

“[…] Artículo 3º. Reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa
causa. Cuando el administrador fiduciario del Fosyga o cualquier entidad o
autoridad pública, en el ejercicio de sus competencias o actividades como
participante o actor en el flujo de caja, detecte que se presentó apropiación
sin justa causa de recursos del sector salud, en los eventos que señale el
reglamento, solicitará en forma inmediata las aclaraciones respectivas o
su reintegro, el cual procederá a más tardar dentro de los veinte días hábiles
siguientes a la comunicación del hecho. Cuando la situación no sea
subsanada o aclarada en el plazo señalado se informará de manera
inmediata y con las pruebas correspondientes a la Superintendencia
Nacional de Salud quien ordenará el reintegro inmediato de los recursos
y adelantará las acciones que considere pertinentes.

Cuando la apropiación o reconocimiento a que alude este artículo sea
evidenciada por el actor que maneja los recursos, éste deberá
reintegrarlos en el momento en que detecte el hecho.

35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección b. Sentencia de 3

de abril de 2020. Rad: 250002326000201000281 (45650). Magistrado Ponente: Dr. Alberto Montaña Plata.
36 Sentencia C-1028/02. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 111.4 del artículo 111 de la Ley

715 de 2001 "
37 Artículo modificado por el artículo 7 de la Ley 1949 de 2019.

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En el evento en que la apropiación o reconocimiento sin justa causa se
haya producido a pesar de contarse con las herramientas, información o
instrumentos para evitarlo, los recursos deberán reintegrarse junto con
los respectivos intereses liquidados a la tasa de interés moratorio establecida
para los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN. Cuando la apropiación se presentes pese a la diligencia del
respectivo actor o por circunstancias que escaparon a su control, los recursos
deberán reintegrarse debidamente actualizados por el Índice de Precios al
Consumidor, IPC. […]” (negrillas fuera de texto).

108. La norma transcrita prevé un procedimiento administrativo especial de
reintegro de los recursos de la salud, en el que establece que el administrador
fiduciario del Fosyga, cuando detecte una apropiación sin justa causa, debe requerir
las aclaraciones respectivas para que sea subsanado o aclarado, de lo contrario,
solicitará su reintegro según las pruebas obrantes. El mencionado precepto también
prevé que, si el actor que maneja los recursos evidencia la apropiación sin justa
causa, debe reintegrarlos inmediatamente y, si contaba con las herramientas,
información o instrumentos para evitarlo, esos recursos deben reintegrarlos junto
con intereses.

109. La anterior función de verificación se da en cumplimiento del artículo 15 del
Decreto Ley 1281 de 2002, el cual dispuso que el administrador fiduciario del
Fosyga podía adoptar todos los mecanismos a su alcance para proteger
debidamente los recursos del sector salud, con el fin de evitar fraudes y pagos
indebidos.

110. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
mediante concepto de 7 de diciembre de 201538, explicó que, para lograr el reintegro
de los recursos de salud del Fosyga, apropiados o reconocidos sin justa causa a las
EPS, debía agotarse dos etapas. La primera etapa denominada «requerimiento», la
cual está a cargo del administrador fiduciario o cualquier entidad o autoridad pública
que en ejercicio de sus competencias o actividades participe como actor en el flujo
de caja. Y una segunda etapa, en la que, si no es subsanada o no se aclara dicho
requerimiento, se ordena el reintegro, de acuerdo con las pruebas obrantes en el
proceso.

111. La Corte Constitucional en la sentencia C-607 del 2012, al analizar la
constitucionalidad del artículo 3º del Decreto Ley 1281 de 2002, precisó que, los
procedimientos que adelante la Superintendencia de Salud y Protección Social, así
como el administrador fiduciario del Fosyga deben sujetarse a las normas
contenidas en el Código Contencioso Administrativo, en garantía de los
derechos del debido proceso, defensa o contradicción y doble instancia. Al
respecto precisó:

38 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 7 de diciembre 2015. Rad: 11001-03-06-

000-2014-00258-00(2235 y 2235 ad). Magistrado Ponente: Álvaro Namén Vargas.

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“[…] En efecto, en el contexto de un ordenamiento jurídico sistemático, el
alcance de una disposición legal no se define de manera exclusiva a partir
del texto específico de la misma sino, adicionalmente, debe ser
interpretada en su contexto normativo.

(…) Cabe también señalar que dicho procedimiento no sólo es aplicable en
relación con la actuación que se surte ante la Superintendencia Nacional
de Salud, sino que se aplica desde el requerimiento mismo adelantado
por el administrador fiduciario del FOSYGA. Sobre el particular, en la
Sentencia C-510 de 2004, se dijo expresamente que las actividades del
encargo fiduciario administrador del FOSYGA han de entenderse sujetas
al derecho público al desarrollar funciones administrativas.

(…) Al respecto la Corte señala que, como se recordó en los apartes
preliminares de esta sentencia, de acuerdo con el artículo 1° del Código
Contencioso administrativo en lo no previsto en los procedimientos
administrativos especiales, y en tanto no sean incompatibles con ellos se
aplicarán las normas previstas en el libro I del Código Contencioso
Administrativo. […]” (negrillas fuera de texto).

112. Cabe destacar que, en providencia de 5 de diciembre de 201639, esta Sección,
al analizar solicitud de suspensión provisional de los efectos de los artículos 1º, 5º,
7º, 9º y 15 de la Resolución 3361 de 2013,40 a través de la cual el Ministerio de
Salud y Protección Social reglamentó las pautas generales del Decreto Ley 1281 de
2002, consideró que en tales actuaciones se debía aplicar las disposiciones del
Código Contencioso Administrativo.

113. En ese sentido, el trámite de reintegro de recursos de que trata el artículo 3°
del Decreto Ley 1281 de 2002 debe adelantarse de conformidad con los principios
y reglas de la primera parte del Código Contencioso Administrativo y en garantía de
los derechos al debido proceso, defensa y doble instancia.

114. Es así que el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo consagró que
las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de
economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en
general, conforme a las normas de esta parte primera. En cuanto al principio de
publicidad, estableció:

“En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus
decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que
ordenan este código y la ley”.

115. Por su parte, el artículo 28 ibidem consagró el deber de la administración de
comunicar la existencia de la actuación a los particulares que pudieren resultar
afectados, tal y como se observa a continuación:

39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 5 de diciembre de 2016.

expediente: 2015-00098-00. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
40 “por la cual se fija el procedimiento para el reintegro de los recursos del fondo de solidaridad y garantía -

fosyga apropiados o reconocidos sin justa causa”

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
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Fidufosyga 2005

“[…] Artículo 28. Deber de Comunicar. Cuando de la actuación administrativa
iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar
afectados en forma directa, a estos se les comunicará la existencia de la
actuación y el objeto de la misma.

En estas actuaciones se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos
14, 34 y 35 […]” (negrillas fuera de texto).

116. Tal disposición se remite, entre otros, a lo dispuesto en el artículo 35 ibidem,
norma que es del siguiente tenor:

“Artículo 35. Adopción de decisiones. Habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria
si afecta a particulares.

En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto
inicialmente como durante el trámite.

Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo
solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión
a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan
hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay.

Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este
título. […] (negrillas fuera de texto).

117. Significa lo anterior que el administrador fiduciario, en el trámite de reintegro
de los recursos de la salud reconocidos sin justa causa, estaba en la obligación
de acatar, entre otros, los siguientes deberes: i) comunicar sobre la existencia
de la actuación administrativa (artículo 28), ii) brindar respeto a las garantías
relacionadas con los derechos de defensa y contradicción (artículo 35), iv)
motivar debidamente la decisión (artículo 35, inc.1), v) notificar el acto definitivo
(artículos 43 al 45), e vi) indicar expresamente los recursos procedentes contra
el mismo (artículo 47).

VI.3.4.- Análisis del caso concreto

118. En el caso sub examine, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, en Descongestión, mediante sentencia de 21 de julio de
2015, declaró la nulidad del oficio AUD-460-11 CD de 1° de julio de 2011, al
considerar que fue expidió por el Consorcio Fidufosyga 2005 con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa de la EPS Sanitas S.A. A título de
restablecimiento, condenó al Ministerio de Salud y Protección Social a pagar, con
cargo al Fosyga y a favor de la EPS Sanitas, la suma de $3.521.316.556 pesos,
menos los valores que se hubieren restituido a esa EPS.

119. Inconforme con la anterior decisión, los apoderados del Ministerio de Salud y
Protección Social y del Consorcio Fidufosyga 2005 indicaron que no se vulneró el

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Fidufosyga 2005

derecho de audiencia y defensa de la EPS Sanitas S.A. porque la demandante tuvo
la oportunidad de presentar pruebas, las cuales fueron evaluadas y resueltas, en el
sentido de confirmar la procedencia del reintegro de recobros injustificados entre el
período comprendido entre diciembre del año 2005 a marzo del año 2011.

120. Finalmente, respecto del restablecimiento del derecho, añadió el apoderado
del Consorcio que la demandante no cumplió con la carga probatoria de estimar los
valores precisos a devolver.

121. Para resolver, se observa que el Consorcio Fidufosyga 2005, mediante el acto
administrativo AUD – 0460-11 CD de 1° de julio de 2011, expedido por el director
de Auditoria Médica del Consorcio Fidufosyga 200541, solicitó a la EPS Sanitas S.A.
el reintegro de $2.033.724.792,62, más intereses, porque según «en el trámite de
auditoria general por concepto de insumos y medicamentos que se encuentran
dentro del Plan Obligatorio de Salud –POS (…) se estableció que la entidad (…)
presentó 1.901 ítems en recobros (…) aprobados y pagados en el período
comprendido entre diciembre de 2005 a marzo de 2011».

122. De igual manera, se constató que, a través del acto administrativo demandado,
el Consorcio Fidufosyga 2005 exigió a la EPS Sanitas S.A. que, dentro de los 20
días hábiles contados a partir del día siguiente de su recibo, debía «realizar el
reintegro del valor señalado anteriormente, incluyendo los intereses moratorios
generados durante el período de tenencia de dichos recursos». De lo contrario,
serían «descontados del siguiente pago que se realice por concepto de
Medicamentos No POS y Fallos de Tutela».

123. Frente a lo anterior, mediante oficio PR.048-211 de 4 de agosto de 201142, la
EPS Sanitas S.A. informó al Consorcio Fidufosyga 2005 que había realizado el
pago de $2.033.724.793 pesos, más $1.487.591.763 de intereses, para un total de
$3.521.316.556 pesos. Así mismo, señaló que el anterior pago «no significaba que
la Entidad que represento acepte la orden impartida, ni mucho menos que el
reintegro se pueda entender como aceptación de responsabilidad».

124. Mediante el oficio PR.063-2011 de 5 de septiembre de 2011,43 la EPS Sanitas
S.A. se pronunció sobre la orden de reintegro contenida en el acto administrativo
AUD-0460-11 CD de 1° de julio de 2011, en el que manifestó que el Consorcio
Fidufosyga 2005 desconoció su derecho de audiencia y defensa en los siguientes
términos:

“[…] La orden de reintegro de recursos impartida por el Fosyga, junto con
los correspondientes intereses moratorios, comporta (i) actuación
administrativa sin el cumplimiento de los requisitos de ley; (ii) es violatoria
de la norma superior en que se soporta; (iii) conculcó los derechos

41 Folios 73 a 74 C pp.
42 Folio 59 del cuaderno de anexos.
43 Folios 63 a 95 del cuaderno de anexos.

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Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

fundamentales de contradicción, defensa y debido proceso de EPS
Sanitas, amparados por el artículo 29 de la Constitución Política; (iv)
desconoció la presunción de buena fe establecida por el artículo 83 de la
Carta, y (v) transgredió la confianza legítima que asistía a la EPS, una vez
cancelados los recobros por orden del Ministerio de la Protección Social.

(…) El Consorcio Administrador del Fosyga ha procedido sin
pronunciamiento previo del Ministerio de la Protección Social, y sin
consentimiento expreso y escrito de EPS Sanitas, a desconocer las
“órdenes de pago” de esta Entidad y a ordenar el reintegro de sumas de dinero
canceladas a esta empresa, con fundamento en ellas, actuación que
desconoce también la disposición transcrita del CCA, y de reiterada
jurisprudencia sobre la aplicación de los principios de buena fe y
confianza legítima.

(…) En cuanto corresponde a los intereses, como ya se señaló, en la medida
en que ni se dio ni se demostró el supuesto que los autoriza, es decir, la
apropiación de recursos sin justa causa “a pesar de contarse con las
herramientas, información o instrumentos para evitarlo”, imposible
tratándose de recobros autorizados por el Fosyga y reembolsados por orden
del Ministerio de la Protección Social, resulta absolutamente ilegal su
imposición a la tasa de interés moratorio exigidos por la DIAN. […] (negrillas
fuera de texto).

125. En el mismo oficio, la demandante también recordó que los recobros de los que
se exige su reintegro, ya habían sido autorizados por el Consorcio Fidufosyga 2005,
conforme a los soportes requeridos entre el año 2005 y 2011. También aclaró que,
durante ese período, incurrió en errores en las solicitudes de recobro, por la suma
de $27.466.889 y, no como lo aseguró en el acto demandado por $3.510.316.556.
Así que, la administradora fiduciaria demandada debía devolverle $3.482.849.658
Así lo explicó:

[…] EPS Sanitas solicita respetuosamente la devolución de la suma de tres
mil cuatrocientos ochenta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte. ($3.482.849.658,oo) que como se
puede observar en el siguiente cuadro, corresponde al valor que EPS
Sanitas consignó a favor del Consorcio Fidufosyga 2005 el 4 de agosto
del presente año, según instrucción del Señor Director de Auditoria Médica,
menos el monto de los recobros efectuados por error y que por ende debe
reintegrar EPS Sanitas (…)

Valor reintegrado Valor Valor
al Fosyga el 4 de recobros Devolución
agosto de 2011 efectuados del Fosyga a
por error EPS Sanitas
Recobro 2.033.724.793 (26.416.763) 1.996.308.030
Intereses 1.487.591.673 (1.150.135) 1.486.541.628
Total 3.510.316.556 (27.466.889) 3.482.849.658
(negrillas fuera de texto).

126. En respuesta al pronunciamiento de la demandante, a través del oficio AUD-
0612-11 CD de 20 de septiembre de 2011,44 el Consorcio Fidufosyga 2005 aseguró

44 Folios 227 a 232 cuaderno de la contestación de la demanda.

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Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

que no desconoció el derecho al debido proceso a la mencionada entidad
promotora de salud, porque, como administrador fiduciario, su naturaleza era
privada y, por lo tanto, no debía que agotar el procedimiento previsto el Código
Contencioso Administrativo y no emitía actos administrativos, así lo explicó:

“[…] si se tiene en cuenta que la naturaleza jurídica del Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, es privada y, por lo tanto, las normas que lo regulan,
además de las disposiciones del encargo fiduciario, son las de derecho
privado, especialmente el Código de Comercio y el Código Civil en lo no
regulado expresamente.

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005, administra recursos públicos, más no
ejerce funciones públicas; sus empleados no son servidores públicos y por
ende no emite actos administrativos. Tampoco se encuentra dentro de la
clasificación y definición que tratan los artículos 1° a 82 del Código
Contencioso Administrativo, razón por la cual, las comunicaciones y
trámites que realiza el Consorcio no son resoluciones ni pueden ser
objeto de recursos procesales. […]” (negrillas fuera del texto).

127. Aunado a lo anterior, informó que el consorcio hizo cruces de información «con
diferentes bases de datos y evidenció que existe una apropiación injustificada de
recursos de la salud, (…) pues, obedecen a pagos dobles; insumos, medicamentos
y factores antihemofilicos que hacen parte del Plan Obligatorio de salud POS».

128. A pesar de la anterior, través del oficio GRC-AUD1548-12 de 1° de junio de
2012,45 el administrador fiduciario demandado señaló que, ante una revisión a la
orden de reintegro contenida en el acto administrativo AUD-0460-11 CD de 1° de
julio de 2011, había procedió a devolverle a la demandante el valor de
$304.689.720,50 pesos. La anterior información fue reiterada por el Consorcio
Fidufosyga 2005, a través del oficio GRC-AUD-1591-12 de 8 de junio de 2012, en
la que agregó que devolvió la suma de $552.888.776,89 pesos, por concepto de
intereses.

129. Del anterior recuento, la Sala observa que para emitir el acto administrativo
AUD-0460-11 CD de 1° de julio de 2011, el Consorcio Fidufosyga 2005 no agotó la
etapa de requerimiento dentro del procedimiento administrativo de reintegro de los
recursos de salud apropiados sin justa causa, previsto en el artículo 3° del Decreto
Ley 1281 de 2002.

130. La Sala recuerda, como se precisó en el acápite anterior, bajo el marco
normativo y jurisprudencial del artículo 3° en comento, se tiene que, cuando el
administrador fiduciario de los recursos del Fosyga detecte que se presentó
apropiación sin justa causa de los recursos del sector salud, debe requerir la
aclaración del hallazgo, para lo cual remitirá la información pertinente, luego debe

45 Folios 688 a 692 CPP

29

Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

analizar la respuesta dada y, en caso de establecer que se configuró la apropiación
o reconocimiento sin justa causa de recursos, ordenará su reintegro.

131. Ciertamente, para lograr el reintegro de los recursos de salud del Fosyga,
apropiados o reconocidos sin justa causa a las EPS, debía agotarse dos etapas. La
primera etapa denominada «requerimiento», la cual está a cargo del administrador
fiduciario. Y una segunda etapa, en la que, si no es subsanada o no se aclara dicho
requerimiento, se ordena el reintegro, de acuerdo con las pruebas obrantes en el
proceso.

132. Siguiendo las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia C-
607 del 2012, al analizar la constitucionalidad del artículo 3º del Decreto Ley 1281
de 2002, los procedimientos que adelante administrador fiduciario del Fosyga deben
sujetarse a las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo, en
garantía de los derechos del debido proceso, defensa o contradicción y doble
instancia.

133. Así pues, los artículos 3º, 28 y 35 del Código Contencioso Administrativo,
disponen que las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo al
principio de publicidad, a través del cual las autoridades darán a conocer sus
decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que
ordenan este código y la ley y para ello se deberá dar la oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones.

134. Llama la atención de la Sala que el propio Consorcio, ante el posterior
requerimiento de la parte demandante para que le garantizara el debido proceso,
señaló que no ejerce funciones públicas, que sus empleados no son servidores
públicos, que no debe seguir las disposiciones del Código Contencioso
Administrativo, razón por la cual no emite actos administrativos.

135. Ahora bien y contrario a lo afirmado por los recurrentes, no puede considerarse
que por el hecho de que EPS Sanitas S.A. haya remitido los oficios PR.048-211 de
4 de agosto de 2011 y PR.063-2011 de 5 de septiembre de 2011 se entiende que
se garantizó el debido proceso, toda vez que los mismos hacen referencia a la
notificación de la consignación de lo requerido y a la petición de que, precisamente,
se observara y garantizara el derecho de audiencia y defensa.

136. Aunado a lo anterior, no se le dio la oportunidad de revisar las órdenes de pago
y controvertir los valores que se estaban requiriendo y así, determinar con certeza,
si hubiere lugar a ello, la devolución de recursos.

137. Ciertamente, a pesar que, el acto demandado señaló que la orden de reintegro
se basó en «actividades tendientes a la verificación de recobros», lo cierto es que
en el expediente no obra prueba en la que se le diera a conocer a la demandante
dichas actividades.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

138. Lo anterior cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que en el acto
administrativo demandado, el Consorcio Fidufosyga 2005 informó que si no
reintegraba el dinero en el plazo señalado «estos serán descontados del
siguiente pago que se realice por concepto de Medicamentos No POS y Fallos
de Tutela, en aplicación de la figura jurídica de la compensación establecida en el
artículo 1715 del Código Civil y debidamente aceptada por el Ministerio de la
Protección Social mediante oficio 12100-0703 de fecha 13 de febrero de 2009».

139. Como se aprecia, fue conminado al pago inmediato de las sumas allí
plasmadas, so pena de ser descontadas con posterioridad, sin que permitir el
ejercicio del derecho de defensa y contradicción.

140. En ese sentido, para la Sala el procedimiento administrativo garantiza no solo
la impugnación de las decisiones definitivas que resuelven de fondo un asunto, sino
también, que previo a su expedición, permita la participación de todos los
interesados, ser oído durante toda la actuación, ser notificado de las decisiones que
se adopten de manera oportuna, solicitar, aportar y controvertir pruebas que se
consideren pertinentes y útiles.

141. Lo expuesto es suficiente para sostener que el trámite administrativo que
devino en el reintegro de los recobros reconocidos a la demandante, estuvo viciado
por las irregularidades de la actuación - se insiste que no se demostró la
participación de la EPS Sanitas S.A. durante el procedimiento de reintegro
acorde con lo señalado en el artículo 3° del Decreto Ley 1281 y el Código
Contencioso Administrativo.

142. Así pues, la Sala considera que con la expedición del acto administrativo de
reintegro de recursos que fueron reconocidos a la EPS Sanitas S.A. se desconoció
el derecho de audiencia y defensa como lo consideró el a quo, razón por la cual se
confirmará la sentencia de instancia, tal y como se dispondrá en la parte motiva de
esta decisión.

VI.3.5.- Restablecimiento del derecho

143. Expuesto el vicio en que incurrió el administrador fiduciario con la expedición
del acto demandado, en lo relacionado con la orden de reintegro de los dineros
reconocidos a la EPS Sanitas S.A. como recobros durante el período comprendido
entre diciembre del año 2005 a marzo del año 2011, la Sala pone de presente que
el Consorcio Fidufosyga 2005, en su escrito de apelación, señaló que la
demandante no cumplió con la carga probatoria de estimar los valores precisos a
devolver.

144.Al respecto, la Sala observa que la parte demandante solicitó en su escrito de
demanda, lo siguiente: “[…] SEGUNDA. - Que como consecuencia de la

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

declaratoria de nulidad de las decisiones administrativa reseñadas, se declare que
la parte demandada está obligada a reintegrar la sanción económica impuesta
en aquel acto administrativo, pagada juntos con los intereses moratorios
oportunamente pagados, por un total de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO
DIECISEIS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (SIC) ($3.521.316.556)
menos los valores que se hayan restituido al momento del fallo”.

145.El Tribunal a quo resolvió a título de restablecimiento del derecho condenar a
pagar “a favor de la EPS SANITAS la suma de TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN
MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS ($3.521.316.556), menos los valores que se hubieren restituido por el
FOSYGA al momento del pago, debidamente indexados”.

146. Al respecto, la Sala considera que si bien es cierto que en principio se debe
ordenar la devolución de las sumas de dinero que pagó con ocasión a la solicitud
de reintegro de los recursos reconocidos durante el período comprendido entre
diciembre del año 2005 a marzo del año 2011, también lo es que dentro del
expediente no se encuentra determinada con claridad la suma que debe ser objeto
de devolución.

147. En efecto, tanto la parte demandante como la demandada en sus
intervenciones han señalado que ya se han reconocido y reintegrado unos recursos.
Particularmente, la EPS Sanitas S.A. señaló que “si bien el oficio demandado
ordenó el reintegro de $2.033.724.792,62 pesos, lo cierto era que, con posterioridad,
la parte demandada estableció que el monto a reintegrar era de 1.729.035.072,12,
devolviéndole a la EPS Sanitas S.A. el monto de $304.789.720,50. De igual forma,
advirtió que los intereses quedaron en $934.702.983,20, por lo que devolvió a la
demandante la suma de $552.888.776,80 pesos”.

148. Aunado a ello, a la fecha no se tiene claridad si otros rubros han corrido la
misma suerte, por lo que no se puede establecer de manera indiscutible el monto
preciso de la condena.

149. Por lo anterior, la condena al pago de la misma se hará en abstracto y su
liquidación se adelantará mediante el trámite incidental, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 172 del CCA. Para tal efecto, se tendrá en cuenta lo que se
pruebe en dicho trámite incidental, para ello se debe revisar las órdenes de pago de
los 1.901 ítems, los valores efectivamente devueltos por el administrador fiduciario
a la EPS Sanitas S.A. Lo anterior, conforme con el ajuste del precio correspondiente
con base en el índice de precios al consumidor que certifica el DANE.

150. Así pues, para los efectos de dicha liquidación incidental, se tendrán en cuenta
los siguientes criterios, además de los constitucional y legalmente preestablecidos:

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

i) El incidente de liquidación de la condena deberá promoverse por el
interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y
especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
ejecutoria de la condena o al de la fecha de la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según fuere el caso, de conformidad con el artículo
172 del CCA.

ii) El incidente se restringirá a concretar el valor de las sumas de dinero que
fueron objeto de reintegro. Es por ello por lo que el incidente supone,
únicamente, una discusión probatoria en torno a la determinación de la cuantía
indexada, en los términos antes expuestos.

iii) El escrito mediante el cual el interesado promueva el incidente, podrá
emplear todos los medios de prueba que sean necesarios sin restricción alguna,
en aras de liquidar de forma motivada, suficiente e idónea la cuantía. La
demandada, para desvirtuarlo, tampoco tendrá restricción probatoria en el
establecimiento de dichos valores46.

iv) El monto de la liquidación de la condena en abstracto NO podrá superar la
estimación razonada de la cuantía realizada en el libelo de la demanda,
actualizada a la fecha en que se dicte el auto liquidatario.

151. Finalmente, y en cuanto a la aplicación de los artículos 177 y 178 del CCA, la
Sala considera lo siguiente:

152. El artículo 177 dispone que, cuando se condene a la Nación, al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de
la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público
frente a la entidad condenada, por su parte, el artículo 178 señala que la liquidación
de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo
contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas
líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas
condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al
consumidor, o al por mayor.

153. De conformidad con lo dispuesto en las normas en mención, la Sala dispondrá
que el cumplimiento de la presente providencia se realice en los términos de dicha
normativa, y teniendo en consideración que cualquier actualización de la condena
se realizará con arreglo a lo establecido en el artículo 178 del CCA, que ordena que
tal ajuste se efectuará tomando como base el índice de precios al consumidor, como
se explicó líneas atrás.

46 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de fecha 9 de julio de

2021. Rad.: 08001233100020080032101. Magistrada Ponente: Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

154. Por último, es preciso advertir que no se condenará en costas a la parte
demandada, como quiera que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación
procesal; dicha condena solo procede cuando la parte vencida ha actuado de
manera temeraria o abusiva, de acuerdo con la “conducta asumida por las partes”,
en virtud de lo establecido en el artículo 171 del CCA, en concordancia con los
artículos 392 y 393 del CPC47, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del
CCA.

VI.3.6. Conclusión

155. Comoquiera que se logró demostrar que, con la expedición del oficio AUD-0460-

11 CD de 1° de julio de 2011, el Consorcio Fidufosyga 2005 desconoció el derecho
de audiencia y defensa de la EPS Sanitas S.A., le corresponde a esta Sala confirmar
la decisión de primera instancia. Del restablecimiento solicitado por la parte
demandante, se modificará el numeral tercero, en el sentido de condenar en
abstracto a pagar con cargo al FOSYGA, y a favor de la EPS SANITAS, las sumas
que no eran objeto de reintegro durante el período comprendido entre diciembre del
año 2005 a marzo del año 2011, bajo los criterios fijados en la parte motiva de esta
providencia, cuya liquidación incidental se surtirá ante el a quo con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 172 del CCA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 21 de julio de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C”, en Descongestión, conforme con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 21 de julio de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:

“[…] TERCERO. - A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a
la NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a pagar
con cargo del FOSYGA y a favor de la EPS SANITAS, las sumas que no
eran objeto de reintegro durante el período comprendido entre diciembre
del año 2005 a marzo del año 2011, bajo los criterios fijados en la parte
motiva de esta providencia, cuya liquidación incidental se surtirá ante el a
quo con fundamento en lo dispuesto en el artículo 172 del CCA. […]”

47 Hoy artículos 365 y 366 del Código General del Proceso – CGP.

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Radicación: 25-000-23-24-000-2012-00177-01
Demandante: EPS Sanitas S.A.
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y el Consorcio
Fidufosyga 2005

TERCERO: Sin condena en costas, conforme con las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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