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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00256-02

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00256-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de septiembre de 2017 proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de 87 “[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia […]”. 115 Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02 Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros Cundinamarca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00256-02

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A., Fiduciaria La Previsora S.A.,
Fiduciaria Cafetera S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Sociedad Fiduciaria
de Desarrollo Agropecuario S.A., Fiduciaria Bogotá S.A., Fiduciaria Popular
S.A. y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.
Demandada: La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social
Tema: Actos Administrativos que imponen multas / debido proceso / eficacia
probatoria de dictamen pericial

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La demanda1

1. Las sociedades Fiduciaria Bancolombia S.A.2, Fiduciaria La Previsora S.A.3,
Fiduciaria Cafetera S.A.4, Fiduciaria de Occidente S.A.5, Sociedad Fiduciaria de
Desarrollo Agropecuario S.A.6, Fiduciaria Bogotá S.A.7, Fiduciaria Popular S.A.8 y
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.9, integrantes del Consorcio
Fidufosyga 200510, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA), acudieron ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para formular las siguientes pretensiones:

“[…] I. PRETENSIONES

Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución 1410, que fue proferida por el
Director General de Financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social el
28 de abril del año en curso.

1
Cfr. Fol. 1-48, C. Ppal. 1.
2
Cfr. Fol. 116-117, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
3
Cfr. Fol. 136-137, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
4
Cfr. Fol. 128-129, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
5
Cfr. Fol. 124-125, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
6
Cfr. Fol. 139-140, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
7
Cfr. Fol. 113-114, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
8
Cfr. Fol. 119-122, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
9
Cfr. Fol. 131-134, C. Ppal. 1. Certificado de existencia y representación legal.
10
Cfr. Fol. 99-111, C. Ppal. 1. “[…] ACUERDO PARA LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 […]” y
“[…] OTROSI No. 1 AL ACUERDO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 […]”.

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Segunda: Que se declare, así mismo, la nulidad de la Resolución 3030, que fue
proferida también por el Director General de Financiamiento del entonces Ministerio
de la Protección Social el 22 de julio del año en curso.

Tercera: Que, a título de restablecimiento del derecho, se declare que la imposición
de la multa de $5.250.175,54 diaria y sucesiva, por cada día de mora en el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la
cláusula séptima del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 fue contraria a derecho.

Cuarta: Que, también a título de restablecimiento del derecho, se declare que mis
mandantes no tienen que pagar la multa de $5.250.175,54 diaria y sucesiva, por cada
día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 7.17,
7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de
2005, que les fue impuesta mediante los actos acusados.

Quinta: Que, también a título de restablecimiento del derecho y para el evento en que
al momento de dictarse la sentencia mis mandantes ya hubieran (sic) sido forzados a
pagar el valor de la multa, se le ordene a la NACIÓN COLOMBIANA que se los
restituya, debidamente actualizados y junto con los intereses de mora
correspondientes liquidados desde la fecha en que se hubiera hecho el pago y hasta
la fecha de la sentencia.

Sexta: Que, también a título de restablecimiento del derecho, se ordene la
cancelación de la inscripción de la multa en el Registro Único de Proponentes de mis
mandantes.

Séptima: Que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA, por intermedio del
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, a pagar las costas el proceso.
[…]” (negrilla del texto)

I.1.1. Los hechos

2. Afirmaron que, el 6 de diciembre de 2005, el Ministerio de la Protección Social
(hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social)11 y el Consorcio Fidufosyga 2005
celebraron el Contrato de Encargo Fiduciario para la Administración de los Recursos
del Fosyga núm. 242 de 2005 (en adelante Contrato núm. 242 de 2005), contrato
que terminó el 30 de septiembre de 2011, por vencimiento del plazo.

3. Mencionaron que durante la ejecución del contrato se presentaron discusiones
frente al alcance de ciertas obligaciones, en particular, respecto de aquellas
relacionadas con i) el desarrollo y mantenimiento de ciertas herramientas
informáticas y ii) la custodia y migración de datos.

4. Aseveraron que, en general, una parte significativa de las discusiones tuvieron su
origen en tres situaciones, a saber: i) la inestabilidad normativa durante el período
de ejecución del contrato; ii) el incremento inusitado de solicitudes de recobro de

11
El artículo 6° de la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011, “[…] Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan
precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública y
la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. […]”, escindió del Ministerio de la
Protección Social, los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes al despacho del viceministro de salud y
bienestar, y los temas relacionados al mismo, así como las funciones asignadas al Viceministerio Técnico.
Mediante el artículo 9° de la citada norma, se creó el Ministerio de Salud y Protección Social, cuyos objetivos y funciones
serían los escindidos del Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con el artículo 6° de la ley.

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servicios excluidos del plan obligatorio de salud (en adelante No POS); y, iii) las
falencias en las bases de datos cuya “[…] conformación y administración […]” nunca
estuvo en manos del Consorcio Fidufosyga 2005.

5. Dentro del contexto general expuesto, se refirieron a los hechos relativos a “[…]
irregularidades del procedimiento administrativo que siguió la Dirección General de
Financiamiento para la imposición de la multa […]”. (Subrayado del texto).

6. Aseguraron que el 11 de octubre de 2010, les fue remitido, por parte de la
Dirección de Financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy
Ministerio de Salud y de la Protección Social), el oficio “[…] 15600-303840 […]”,
acompañado de la comunicación “[…] JAHV-FSG-3085-10 de 23 de septiembre
[…]”, en la cual el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, habría informado,
sustentado y justificado el incumplimiento en el que habría incurrido el Consorcio
Fidufosyga 2005.

7. Anotaron que, los hechos constitutivos de incumplimiento del Contrato núm. 242
de 2005, a juicio del interventor de este, estaban referidos a “[…] la no migración de
datos y, por ende, la no entrada en producción del módulo de Medicamentos No
POS y Fallos de Tutela en el nuevo Sistema de Información Integrado. […]”.

8. Apuntaron que, el 19 de octubre de 2010, el Consorcio Fidufosyga 2005 dio
respuesta a los reparos expuestos por el interventor del Contrato núm. 242 de 2005,
en la comunicación “[…] JAHV-FSG-3085-10 de 23 de septiembre […]”.

9. Manifestaron que, el 22 de octubre de 2010, la Dirección de Financiamiento del
entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social) remitió al Consorcio Fidufosyga 2005, el oficio “[…] 15600-
317020 […]” y con él, la comunicación “[…] JAHV-FSG-1125-10 de 29 de julio […]”,
en la cual el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, “[…] dijo relacionar los
“hechos que constituyen posibles incumplimientos a las obligaciones contractuales”
del Consorcio Fidufosyga 2005 […]”.

10. Resaltaron que, tal y como ocurrió anteriormente, los hechos expuestos por
interventor “[…] se refieren única y exclusivamente a dos hechos: la no migración
de datos y, por ende, la no entrada en producción del módulo de ECAT en el nuevo
Sistema de Información Integrado. […]”.

11. Subrayaron que, el 8 de noviembre de 2010, el Consorcio Fidufosyga 2005 dio
respuesta a los reparos planteados por el interventor del Contrato núm. 242 de 2005
en la comunicación “[…] JAHV-FSG-1125-10 […]”.

12. Aludieron a que el director general de financiamiento del entonces Ministerio de
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), mediante
oficio “[…] 73667 de 16 de marzo de 2011 […]”, le remitió copia de la comunicación
“[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo […]”, en la cual el interventor “[…] le hizo

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llegar a ese despacho los “[i]nformes de Migración de Base de Datos del SIA al SII
…”, así como “el informe ejecutivo solicitado” […]”.

13. Advirtieron que la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011
[…]” contenía hechos “[…] totalmente nuevos y referencias a obligaciones
evidentemente diferentes a los contenidos en las comunicaciones JAHV-1125-10 y
JAHV-3085-10 ya citados. […]”, de tal forma que no se trataba de una actualización
de la información como lo señaló la Dirección General de Financiamiento del
entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social). Al respecto, expusieron que:

“[…] Como puede apreciarse, para el caso del módulo de Medicamentos No POS y
Fallos de Tutela, los hechos que invoca ahora el interventor para sustentar un
pretendido nuevo incumplimiento del Consorcio Fidufosyga 2005 ya no tienen nada
que ver con la migración de datos y su entrada en producción -como que todo eso
ocurrió en el mes de octubre de 2010-, sino con si “la migración responde a las
especificaciones técnicas expuestas en los planes de migración y a las necesidades
particulares de la Base de datos de Medicamentos y Tutelas MYT” (capítulo
correspondiente a este módulo en el informe de migración anexo a la comunicación
JAHV-FSG-3688-11 citada).

16. Y para el módulo de ECAT, tales hechos tampoco se refieren ya a la migración de
datos y a su entrada en producción -lo cual ocurrió en el mes de diciembre de 2010-,
sino a si “la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en los
planes de migración y a las necesidades particulares de ECAT” (capítulo
correspondiente a este módulo en el informe de migración anexo a la comunicación
JAHV-FSG-3688-11 citada) […]”

14. Anotaron que, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionatorio
regulado en el manual de contratación del Ministerio de la Protección Social (hoy
Ministerio de Salud y de la Protección Social), luego de haber recibido la
comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo […]”, el Grupo de Gestión
Contractual de esa entidad ha debido hacerle un requerimiento al contratista y su
garante, dándoles traslado de los nuevos informes del interventor y solicitándoles
sus descargos, que luego debía estudiar; sin embargo, esto no ocurrió.

15. Mencionaron que el director general de financiamiento del entonces Ministerio de
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), cinco (5)
meses después de que el Consorcio Fidufosyga 2005 diera respuesta a los
cuestionamientos iniciales del interventor, les remitió el oficio 73667 de 16 de marzo
de 2011 junto con la copia de la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de
marzo […]”.

16. Apuntaron que el director general de financiamiento del entonces Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) acumuló los
trámites de imposición de multas iniciados en julio y septiembre de 2010 y siguió un
“[…] procedimiento ad hoc […]”, en el cual existieron violaciones a su derecho de
defensa.

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17. Subrayaron que el director general de financiamiento del entonces Ministerio de
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) realizó una
audiencia el día “[…] 31 de marzo […]” en la cual el interventor expuso un “[…]
pretendido -y aún más nuevo- incumplimiento de parte del Consorcio Fidufosyga
2005 […]”, en la cual se les concedió un breve plazo para realizar un
pronunciamiento “[…] respecto de los nuevos hechos y argumentos […]” puestos de
presente.

18. Consideraron que la Dirección General de Financiamiento del entonces
Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social)
pasó por alto que aquella etapa del procedimiento sancionatorio:

“[…] en la cual debía estudiar los nuevos descargos que presentó el Consorcio
Fidufosyga 2005 respecto de los cuestionamientos que el interventor hizo en julio y
septiembre de 2010 y, naturalmente, darle a conocer sus conclusiones o su postura
tanto a éste como a su garante para que, ahí sí y dentro de los plazos previstos en
dicho procedimiento, pudieran ejercer adecuadamente su derecho de defensa […]”

19. Indicaron que la Dirección General de Financiamiento del entonces Ministerio de
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) decidió dar
por cumplidos los pasos previstos en el procedimiento sancionatorio del manual de
contratación, con pretermisión de las instancias y recorte de los plazos allí
establecidos en beneficio de los contratistas y garantes e impuso la multa a que se
refieren los actos acusados.

20. Subrayaron que en el procedimiento sancionatorio seguido en contra del
Consorcio Fidufosyga 2005 llamaron la atención de la Dirección General de
Financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social) sobre el hecho de que los plazos establecidos en
el manual de contratación se venían incumpliendo.

21. Destacaron que la autoridad administrativa, en el primero de los actos acusados,
manifestó que: i) los plazos no eran perentorios; ii) el manual establece que los
términos pueden ser ampliados y ajustados según la complejidad y condiciones del
asunto a tratar; y, iii) el mismo contratista había solicitado la suspensión de la
audiencia o la ampliación de plazos para revisar los documentos que hacían parte
del trámite.

22. Aseveraron que la holgura en los plazos que la Dirección General de
Financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social) decidió manejar el procedimiento contrastaba con
la pretermisión de etapas y recorte de plazos para el contratista y su garante, lo cual
habría llevado a imponer una multa por hechos superados.

23. Subrayaron que los “[…] módulos de MYT y ECAT a los que se referían las
comunicaciones JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 de 29 de julio y de 23 de
septiembre de 2010, respectivamente […]” ya habían sido entregados a la autoridad

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administrativa y respecto de los nuevos motivos de queja manifestados por el
interventor “[…] que se plasmaron en la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de
marzo de 2011 habían sido para ese momento ampliamente superados […]”. Añadió
que el artículo 17 de la Ley 1150 de 16 de julio de 200712 no permitía la imposición
de multas por hechos superados.

24. Señalaron que el contrato de auditoría e interventoría núm. 409 de 2007
celebrado entre el Ministerio de la Protección Social y la sociedad JAHV McGregor
S.A. tenía dentro de sus obligaciones las de definir, presentar e implementar la
metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las
obligaciones pactadas en el contrato de administración fiduciaria de los recursos del
Fondo de Solidaridad y Garantía (en adelante Fosyga).

25. Aseguraron que el manual de contratación del Ministerio de la Protección Social
(hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) establecía que la cuantificación
de la multa debía establecerse con claridad en el contrato, para que su imposición,
si era necesaria, fuera determinable, equitativa y razonable e impuesta en acto
administrativo motivado con las razones que demostraran la procedencia de la
aplicación de la multa.

26. Argumentaron que el interventor, solo hasta el 9 de marzo de 2011, mediante la
comunicación JAHV-FSG-3676-11 -la cual recibieron el 16 de marzo de 2011-, fijó
la metodología señalada supra, y aseveró que distaba de ser una herramienta
técnica suficiente y adecuada para determinar el porcentaje de cumplimiento de
cada una de las obligaciones pactadas en el contrato de administración fiduciaria
de los recursos del Fosyga.

27. Cuestionaron que dicha metodología fuera empleada por la Dirección General de
Financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social) como parámetro para medir el cumplimiento de las
obligaciones del Consorcio Fidufosyga 2005.

28. Advirtieron que en el curso de la audiencia de 11 de abril de 2011:

“[…] el interventor le entregó al Consorcio Fidufosyga durante su respuesta a la
comunicación SIS-0158-11 CD 025324 mediante la cual se había remitido la cinta que
contiene el respaldo de los ajustes de la base de datos SII_ECAT en pruebas,
mediante el documento denominado “Verificación de Informe ECT-1975-11 CD-
025299 – Migración ECAT. […]”

29. Afirmaron que, con fundamento en el documento mencionada supra, el director
general de financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy
Ministerio de Salud y de la Protección Social) profirió el primero de los actos
acusados, sin que se le haya dado la oportunidad al Consorcio Fidufosyga 2005 y

12
“[…] Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. […]”

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a su garante de pronunciarse o controvertir las conclusiones a las que llegó el
interventor y advertir que los hallazgos allí contenidos no se ajustaban a la realidad.

30. Dieron cuenta que el interventor le remitió al Ministerio de la Protección Social
(hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) la comunicación “[…] JAHV-FSG-
3908-11 de fecha 26 de abril de 2011 […]”, en la cual le expuso las razones para
sancionar al Consorcio Fidufosyga 2005, la cual solo fue conocida por el consorcio
“[…] cuando le fue notificada la Resolución 1410, aquí acusada […]” y nunca tuvo
la oportunidad de controvertirla dentro del procedimiento administrativo.

31. Apuntaron que lo mismo habría ocurrido con las comunicaciones del interventor
“[…] JAHV-FSG-3882-11 y JAHV-FSG-3884-11 de 18 de abril de 2011 y el
memorando de los supervisores del Contrato 409 12100-110733 de 19 de abril de
2011 […]”, en las cuales se habría concluido que “[…] Al 18 de abril de 2011 el
Consorcio no había terminado de migrar la totalidad de la información de la base de
datos ECAT” y que “al 15 de abril de 2011 al aplicativo MYT le faltaban elementos
tales como integración y las validaciones automáticas” […]”, esto es, no le fueron
remitidas, por lo que no tuvo oportunidad de controvertirlas; sin embargo, fueron
elemento de juicio para la imposición de la multa.

32. Estimaron, en relación con la violación del principio de “[…] non bis in idem […]”,
que no es posible traer, a un nuevo procedimiento de imposición de multa, hechos
que ya había sido analizados y definidos en la Resolución núm. 1268 de 12 de abril
de 2010, en la cual se determinó no aplicar multas puesto que se había cumplido
con la ejecución de las obligaciones que dieron lugar al procedimiento administrativo
para su imposición.

33. Indicaron, respecto del cumplimiento de las obligaciones que fueron objeto de
discusión al inicio del procedimiento de imposición de multa, que el director general
de financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social) hizo caso omiso al hecho evidente consistente en
que, para el momento de la imposición de la multa, ya se habían ejecutado las
obligaciones por cuyo incumplimiento se había iniciado el procedimiento
administrativo y manifestaron que:

“[…] 57. Con los correctivos que se habían realizado y acordado con el interventor, la
migración respondería a las especificaciones técnicas en los planes de migración y a
las necesidades particulares de los módulos MYT y ECAT, quedando así cumplidas
a cabalidad las obligaciones contempladas en el contrato, especialmente la señalada
en los subnumerales 7.18, 7.23 y 7.24 de la cláusula séptima, que eran, justamente,
aquellas que habían motivado el procedimiento de imposición de multa.

58. Luego, en la audiencia del día 11 de abril de 2011, el Consorcio Fidufosyga 2005
tuvo oportunidad de ilustrar la forma en la que habían quedado cumplidas dichas
obligaciones.

59. Sin embargo, en el primero de los actos acusados no se hizo análisis ni
pronunciamiento alguno respecto de ese hecho, sino que simplemente se pasó a

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declarar el incumplimiento de ciertas obligaciones a su cargo, sin duda distintas de
aquellas que se habían discutido desde el comienzo del procedimiento.

60. Lo cierto es que el proceso de migración se llevó a cabo de acuerdo con la
metodología adoptada por el Consorcio Fidufosyga 2005, cumpliendo con estándares
de calidad y garantizando la consistencia de los datos, y que el Consorcio Fidufosyga
2005 mantuvo actualizada la base de datos SII ECAT con la información requerida
para el control, seguimiento, evaluación y auditoría integral de las reclamaciones
presentadas con cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT del FOSYGA. […]”

34. Resaltaron, asimismo, respecto de hechos de terceros, que la información con la
cual se actualiza la base de datos de medicamentos y tutelas proviene de terceros
“[…] (entidades recobrantes) […]” y, además, que la misma no puede ser modificada
o alterada por el administrador fiduciario, por lo que existe riesgo permanente en
que se presenten inconsistencias.

35. Anotó que el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, mediante la
comunicación “[…] JAHV-3980-11 de 26 de abril de 2011 -citada en la Resolución
1410- […]”, expresó que:

“[…] “migrar los datos de una base de datos origen a una base de destino, bajo la
metodología propuesta no tenía afectación normativa. Recuerda que el dato
específico de una base de datos origen, debe transferir, en la misma condición,
obviamente con las directrices emitidas por el Ministerio, que fueron de aplicación
general, por cuando los cambios en los datos correspondían a reglas y/o comodines”.

83. Tales afirmaciones pasaron por algo (sic) hechos como los siguientes:

a. Los cambios normativos, y más como los anunciados, generan obligatoriamente
cambios en el sistema y en la base de datos:

b. En caso que se pretenda realizar una migración de datos, es necesario tener una
base de datos de destino para realizar la migración.

c. Si la base de datos de destino está sufriendo modificaciones por los cambios
normativos señalados, es evidente que no existía una base de datos de destino a la
cual se pudiera realizar la migración.

84. De ahí que sea impreciso técnicamente lo afirmado por el interventor, en el sentido
de señalar que en nada tenían que ver en la migración las normas que iba expidiendo
el Ministerio de la Protección Social, y que no sea cierto que los aludido (sic)
“comodines” tuvieran algo que ver con este aspecto específico caso. […]”

36. Pusieron de presente que el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, mediante
la comunicación “[…] JAHV-3980-11 de 26 de abril de 2011 -citada también en la
Resolución 1410- […]”, explicó que:

“[…] “el volumen de las reclamaciones que aumentaron no tiene que ver con el
proceso de migración, especialmente porque son dos procesos diferentes, uno de
carácter operativo y otro de carácter técnico”.

86. Tales afirmaciones pasaron por algo hechos como los siguientes:

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a. El promedio de radicación de las cuentas de ECAT al inicio del contrato era de 12
mil reclamaciones mensuales.

b. En el mes de diciembre de 2008 se presentaron más de 147 mil de estas cuentas,
por lo que era indispensable que el Consorcio Fidufosyga 2005 continuará operando
con el anterior sistema.

c. Una situación parecida ocurrió con el caso de los recobros.

d. Si el Consorcio no hubiera utilizado el anterior sistema, no hubiera podido obtener
una base de datos definitiva para migrar, ya que había cuentas pendientes de
culminar el proceso de auditoría respectivos.

e. Si estas cuentas no tenían un estado de auditoría, el Consorcio Fidufosyga 2005
no habría podido migrar la totalidad de las reclamaciones y proceder con la
metodología propuesta.

87. De ahí que no sea cierto que en la migración de datos, nada tenía que ver el
incremento significativo en el volumen de reclamaciones y recobros al Fosyga. […]”

37. Finalmente, destacaron que:

“[…] 90. El 28 de abril (sic) el Director General de Financiamiento expidió finalmente
la Resolución 1410, mediante la cual decidió imponerle al Consorcio Fidufosyga 2005
una multa de $5.250.175,54 diaria y sucesiva, por cada día de mora en el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la
cláusula séptima del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de 2005, y conminarlo
para que de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23
y 7.24 de la misma cláusula séptima.

91. Contra dicha decisión el Consorcio Fidufosyga 2005 interpuso un recurso de
reposición, el cual vino a ser resuelto el 22 de julio, desfavorablemente, mediante la
Resolución 3030. […]”

I.1.2. Las causales de nulidad invocadas

38. La parte demandante consideró que los actos administrativos demandados
vulneraron i) el artículo 17 de la Ley 1150; ii) el artículo 86 de la Ley 1474 de 12 de
julio de 201113; iii) los artículos 35 y 84 del Código Contencioso Administrativo; y, iv)
el artículo 1596 del Código Civil.

39. Indicó, asimismo, sin mencionar las disposiciones constitucionales, legales o
reglamentarias, que se vulneró “[…] el principio non bis in ídem […]” y “[…] el
derecho al debido proceso y de defensa […]”.

40. Estimó, de igual forma, que las resoluciones demandadas fueron falsamente
motivadas.

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“[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. […]”

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I.1.3. El concepto de la violación y el fundamento de la falsa motivación14

41. Afirmaron que algunas de las actuaciones cumplidas por el Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), en el curso de
los procedimientos sancionatorios que dieron origen a los actos administrativos
demandados, vulneraron el derecho al debido proceso.

42. Manifestaron que:

“[…] Según se indica la resolución recurrida, las comunicaciones JAHV-FSG-3673-11
de 8 de marzo de 2011 y JAHV-FSG-3688-11 de 10 de marzo de 2011, guardan
relación con los hechos señalados en las comunicaciones JAHV-1125-10 y JAHV-
3085-10 de fechas 29 de julio de 2010 y 23 de septiembre de 2010 respectivamente.
Para ese Despacho, “era necesario actualizar la información respecto del eventual
incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin que ello de ninguna manera
represente el análisis de hechos nuevos” (subrayados del suscrito).

Según se indica también, las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y
7.24 de la cláusula séptima del contrato no se agotaban con la simple entrega del plan
de migración o con la migración de datos, sino que debían contemplar los principios
de consistencia, integralidad y seguridad de la información.

Me permito entonces expresar, nuevamente, que la comunicación JAHV-FSG-3673-
11 de 8 de marzo de 2011 contiene muchos hechos nuevos y referencias a
obligaciones diferentes a los contenidos en las comunicaciones JAHV-1125-10 y
JAHV-3085-10, de manera que, lo que en realidad ocurrió, es que se generó un
Procedimiento Sancionatorio (sic) adicional que debía agotar todos y cada uno de los
trámites establecidos en el Manual de Contratación del Ministerio.

No se trata en esta caso de dejar de lado el hecho de que la migración de datos no
tenga en cuenta los principios de consistencia, integralidad y seguridad de la
información, como lo pretende argumentar ese Despacho, sino de que las glosas que
había venido formulando el interventor fueron variando -y de manera importante- en
el curso de los procedimientos para la imposición de multas, lo cual hizo imposible el
ejercicio adecuado del derecho de defensa.

Es tan simple como que el interventor movió el rasero con el cual venía midiendo el
cumplimiento de las obligaciones de mi representada, de manera que, como ocurrió
justamente en este caso, resultó imposible establecer con precisión si una
determinada obligación estaba o no cumplida en un momento también determinado
[…]” (subrayado del texto)

43. Aseguraron que la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de
2011 […]”se refiere a hechos nuevos y obligaciones diferentes a los contenidos en
las comunicaciones “[…] JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 […]” y no es una simple
actualización de la información y, en su concepto, se refiere a objetivos diferentes,
hallazgos nuevos, obligaciones distintas y a otras conclusiones. Así:

“[…] Para el caso del módulo de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela, los hechos
que invocó el interventor para sustentar un pretendido nuevo incumplimiento del
Consorcio Fidufosyga 2005 ya no tienen nada que ver con la migración de datos y su

14
Se abordarán conjuntamente en la medida que así lo hizo la parte demandante.

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entrada en producción -como que todo eso ocurrió en el mes de octubre de 2010-,
sino con si “la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en los
planes de migración y a las necesidades particulares de la Base de datos de
Medicamentos y Tutelas MYT” (capítulo correspondiente a este módulo en el informe
de migración anexo a la comunicación JAHV-FSG-3688-11 citada).

Ahora, para el módulo de ECAT, tales hechos tampoco se refieren ya a la migración
de datos y a su entrada en producción -lo cual ocurrió en el mes de diciembre de
2010-, sino a si “la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en
los planes de migración y a las necesidades particulares de ECAT” (capítulo
correspondiente a este módulo en el informe de migración anexo a la comunicación
JAHV-FSG-3688-11 citada).

De ahí que no quede ninguna duda respecto a que nos encontramos frente a dos
procedimientos de multa distintos y no a una simple “actualización” de datos. […]”

44. Mencionaron que, de acuerdo con el procedimiento sancionatorio del manual de
contratación del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social), luego de haber recibido la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-
11 de 8 de marzo […]”, el Grupo de Gestión Contractual de ese ministerio ha debido
hacerle un requerimiento al contratista y a su garante, dándoles traslado de los
nuevos informes del interventor y solicitándoles sus descargos, para luego estudiar
esos descargos.

45. Reiteraron que lo anteriormente expuesto no ocurrió. Así, apuntaron que el
director general de financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social
(hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), cinco meses después de que el
Consorcio Fosyga 2005 diera respuesta a los cuestionamientos iniciales del
interventor “[…] relativos a la migración y a la entrada en producción de los módulos
de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela y de ECAT […]”, se les remitió copia
de la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo, en la cual el interventor
del Contrato 242 de 2005 dijo remitir los “[i]nformes de Migración de Base de Datos
del SIA al SII …”, así como “el informe ejecutivo solicitado” […]”.

46. Apuntaron que, pese a que dichos informes contenían una nueva y extensa
relación de hechos, así como de argumentos por los cuales se consideraba que
esos hechos constituían incumplimiento de las obligaciones contractuales del
Consorcio Fosyga 2005, no se les solicitó la presentación de descargos.

47. Subrayaron que el director general de financiamiento del entonces Ministerio de
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) les remitió
esos informes y luego anunció su decisión de acumular los trámites de imposición
de multas que se iniciaron en julio y en septiembre de 2010 “[…] al parecer para
adoptar decisiones definitivas sobre ellos en una sola audiencia. […]”.

48. Indicaron que fue en esas condiciones “[…] anómalas […]”, apartadas del
procedimiento establecido por la autoridad administrativa y vulneradoras del debido
proceso del Consorcio Fosyga 2005, que se dio la citación a la audiencia que se
inició el 31 de marzo de 2011, diligencia que:

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“[…] se suspendió y se le concedió al Consorcio Fidufosyga 2005 un corto plazo para
que éste y su garante alcanzaran a hacer algún pronunciamiento respecto de los
hechos y argumentos en los que el interventor sustenta un pretendido nuevo
incumplimiento. Sin embargo, esta actuación en modo alguno purga la vulneración
del derecho al debido proceso.

En efecto, el Ministerio de la Protección Social pasó por alto aquella etapa de su
Procedimiento Sancionatorio (sic) -sin duda fundamental- en la cual debía estudiar
los descargos que presentó el Consorcio Fidufosyga 2005 respecto de los
cuestionamientos que el interventor hizo en julio y septiembre de 2010 y,
naturalmente, darle a conocer sus conclusiones o su postura tanto a éste como a su
garante.

(…)

Por otra parte, y como ya se mencionó, el Ministerio de la Protección Social no le dio
al extenso conjunto de nuevos cuestionamientos que el interventor incluyó en los
informes que remitió con su comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo el
trámite previsto en su propio Procedimiento Sancionatorio (sic).

Y el hecho de que haya decidido suspender la audiencia y conceder un plazo para
que el Consorcio Fidufosyga 2005 pudiera hacer algún pronunciamiento respecto de
dichos cuestionamientos, ni se ajusta a lo señalado en el Procedimiento Sancionatorio
(sic), ni permite cumplir los propósitos de garantía del debido proceso que tienen los
trámites y plazos establecidos en dicho documento. […]”

49. Mencionaron que el Consorcio Fidufosyga 2005 había llamado la atención al
entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social) sobre el hecho de que los plazos de los trámites de imposición
de multas contemplados en el manual de contratación de ese ministerio habían sido
incumplidos; sin embargo, los actos administrativos demandados habrían señalado
que i) los plazos no eran perentorios; ii) los términos podían ser ampliados o
ajustados según la complejidad del asunto a tratar; y, iii) el contratista había
solicitado la suspensión de la audiencia o la ampliación de plazos para revisar los
documentos que hacían parte del trámite.

50. Cuestionaron que la última oportunidad que el entonces Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) le concedió
para pronunciarse sobre los informes presentados por el interventor fue “[…] en la
audiencia llevada a cabo el día 11 de abril de 2011, en la cual el Consorcio presentó
sus argumentos respecto de la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo
[…]”.

51. Anotaron que, sin embargo, ese ministerio habría seguido recibiendo
comunicaciones del interventor con posterioridad a la audiencia, sin que estos se le
hayan trasladado para ejercer su derecho de defensa, mencionando las
comunicaciones “[…] “Verificación de Informe ECT-1975-11 CD-025299 – Migración
ECAT […]”, “[…] JAHV-FSG-3908-11 de fecha 26 de abril de 2011 […]” y “[…] JAHV-
FSG-3882-11 y JAHV-FSG-3884-11 de 18 de abril de 2011 y el Memorando 12100-
110733 de 19 de abril de 2011 […]”.

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52. Cuestionaron la metodología para tasar la multa puesto que resultaba contrario
al debido proceso determinar su monto sin que haya pronunciamiento respecto de
los hechos que habrían dado motivo a su imposición y, además, que se aplicara una
metodología definida por el interventor en el mes de marzo para calificar hechos
ocurridos mucho antes de esa fecha.

53. Encontraron desconocido el principio de “[…] non bis in idem […]” puesto que no
podía iniciarse un nuevo trámite de imposición de sanciones que ya fueron
analizados en la Resolución núm. 1268 de 2010, en la cual se indicó que a la fecha
de su expedición se había cumplido con la ejecución de las obligaciones que dieron
origen al “[…] proceso de imposición de multas y que las debilidades registradas por
el interventor no son lo suficientemente trascendentes para aplicar una multa, no
procede ni la imposición de la multa ni la aplicación de la cláusula décimo quinta del
Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de 2005”. […]”. (Subrayado del texto).

54. Estimaron que las causas de incumplimiento invocadas por la entidad
demandada no existían ni los hechos que las fundamentaron ocurrieron en la forma
en que fue planteada por la autoridad administrativa. Afirmaron, en consecuencia,
que “[…] el Consorcio Fidufosyga 2005 sí dio cumplimiento a las obligaciones
contractuales a su cargo y, en los casos en que se dio un atraso de dichas
obligaciones, ello ocurrió por circunstancias no atribuibles a mis representadas.
[…]”.

55. Aseguraron que, en la medida en que el Consorcio Fidufosyga 2005 había
cumplido con sus obligaciones contractuales, las sanciones impuestas habían
perdido su carácter de apremio, conforme el artículo 17 de la Ley 1150, y destacó
que:

“[…] En efecto, el Ministerio de la Protección Social no podía sancionar al Consorcio
Fidufosyga 2005 por no haber hecho la migración de datos y no haber puesto en
producción los módulos de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela y de ECAT,
puesto que, como ha quedado visto y se ha demostrado a lo largo de este proceso,
los módulos fueron entregados los meses de octubre y diciembre de 2010.

Tampoco podía hacerlo porque “la migración [no] responde a las especificaciones
técnicas expuestas en los planes de migración y a las necesidades particulares” de
los módulos de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela y de ECAT (capítulos
correspondientes a estos dos módulos en el informe de migración anexo a la
comunicación JAHV-FSG-3688-11 citada], puesto que, además de omitir el hecho de
que se habían realizado las correcciones y ajustes pertinentes, se interrumpió el
procedimiento que el interventor y el Consorcio Fidufosyga 2005 convinieron y
pusieron en marcha para verificar posibles inconsistencias en la información migrada
y, de ser el caso, para corregirlas.

(…)

Así, las actuaciones del Ministerio infringieron el derecho al debido proceso y de
defensa de mi representada, pasando por alto no sólo el postulado constitucional,

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sino también el procedimiento establecido para estos casos en los artículos 17 y 86
de las leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011 respectivamente.

Así mismo se vulneraron las disposiciones normativas que imponen a las autoridades
la obligación de motivar sus decisiones de forma adecuada, real y de acuerdo con los
hechos del asunto que se trata, tales como los artículos 35 y 84 del Código
Contencioso Administrativo. […]”

56. Evidenciaron la existencia del vicio de falsa motivación en lo atinente a la
alegación de hechos de terceros, ajenas a su voluntad, como causa de varias de
las dificultades que afectaron el cumplimiento de obligaciones contractuales a su
cargo, toda vez que dicho argumento fue descartado por la autoridad administrativa
“[…] con fundamento en la comunicación de la firma interventora JAHV-3980-11 de
26 de abril de 2011, la cual como se dijo con anterioridad, no es conocida por el
Consorcio Fidufosyga 2005 […]”, lo cual, a su juicio, es errado.

57. Manifestaron, bajo la anterior perspectiva, que “[…] los datos contenidos en la
base de datos SIA ECAT […]” corresponden a la digitalización de información
consignada en formularios “[…] FUSOAT y FOSGA, los cuales eran presentados
por las instituciones prestadoras de salud y las personas naturales […]”, con lo cual
la obligación de reportar datos consistentes se encontraba en cabeza de los
reclamantes, pues el administrador fiduciario no tiene la facultad legal o contractual
de modificarlos.

58. Apuntaron, asimismo, que la información con la cual se actualizaba la base de
datos de medicamentos y tutelas provenía de terceros, esto es, las entidades que
realizaban los recobros, sin que el administrador fiduciario, reitera, tuviera la facultad
legal o contractual de modificarlos, con lo cual existía un riesgo permanente en que
se presentaran inconsistencia en dicha base de datos.

59. Aludieron, igualmente, a errores en que habría incurrido la firma interventora, a
cambios normativos que afectaron la migración de datos a un aplicativo en
producción, al incremento significativo en el volumen de reclamaciones y recobros
al “[…] Fosyga […]” que afectó la migración de datos y a la consistencia de la base
de datos que fue cuestionada por la firma interventora pese a haber certificado su
idoneidad con anterioridad.

60. Cuestionaron la proporcionalidad de la sanción, de tal forma que la autoridad
administrativa, en los actos administrativos demandados:

“[…] no tuvo en cuenta que i) el Consorcio Fidufosyga 2005 entregó los módulos de
Medicamentos No POS y Fallos de Tutela y de ECAT, en los meses de octubre y
diciembre de 2010, ii) el interventor y el Consorcio Fidufosyga 2005 convinieron y
pusieron en marcha un procedimiento para verificar posibles inconsistencias en la
información migrada y, de ser el caso, para corregirlas, iii) las inconsistencias en la
información migrada apenas alcanzan el 1.6% del total de datos migrados, y iv)
existen factores externos al Consorcio Fidufosyga 2005 que han dificultado la
migración de la información.

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(…)

Ahora bien, en cuanto a las razones expuestas por el Ministerio en la Resolución
número 1410 de 2011, que sustentan por qué no debe aplicar el principio de
proporcionalidad, se reitera i) que dicha conclusión la fundamenta en comunicaciones
entregadas por la firma interventora al Ministerio con posterioridad a la celebración de
la audiencia y sin que hayan sido conocidas o controvertidas por el Consorcio
Fidufosyga 2005 y, ii) que parte de esas razones están equivocadas tal y como se
puede concluir del Anexo 1 adjunto al presente escrito.

Por lo anterior, sí procede la aplicación del principio de proporcionalidad en el
presente caso. De esta forma la entidad demandada infringió lo dispuesto en el
artículo 1596 del Código Civil, en cuanto a la rebaja de la pena por cumplimiento
parcial del deudor, norma que como se ha explicado es totalmente aplicable al asunto
que nos ocupa […]”

I.2. Trámite de la demanda

61. A través de auto de 19 de abril de 201215, se admitió la demanda y, en
consecuencia, i) se ordenó notificar personalmente al representante legal del
Ministerio de Salud y Protección Social y al agente del Ministerio Público; ii) se fijó
el negocio en lista por el término de diez (10) días para que la demandada pudiera
contestar, proponer excepciones, solicitar pruebas y para que los terceros
intervinientes la impugnen o coadyuven; y, iii) se ordenó oficiar a la parte
demandada para que allegara los antecedentes administrativos que dieron origen a
los actos acusados.

I.3. La contestación de la demanda16

62. El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección
Social) contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda. La parte
demandada, luego de referirse a los hechos expuestos por las demandantes, se
refirió a las causales de nulidad invocadas.

63. Anotó, en relación con la vulneración al debido proceso, que se allegaban las
“[…] comunicaciones JAHV-1125-10 del 29 de julio de 2010 y JAHV 3085-10 del 23
de septiembre de 2010 y la comunicación JAHV-FSG-3673-11 del 8 de marzo de
2011, cuyo simple cotejo, llega a concluir la identidad y relación de los hechos
contenidos en las mismas. […]”, luego de lo cual se refirió a cada una de estas
comunicaciones.

64. Aseveró que la evaluación del cumplimiento de las actividades en los contratos
estatales no culmina con la recepción de los productos pactados o con la ejecución
de las obligaciones a cargo del contratista, puesto que se requiere una verificación
de los requisitos técnicos dispuestos “[…] para la elaboración o ejecución, según
sea el caso, de esos entregables […]”.

15
Cfr. Fol. 143-145, C. Ppal. 1.
16
Cfr. Fol. 151-176, C. Ppal. 1.

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65. Alegó, siguiendo lo expuesto, que:

“[…] los pronunciamientos realizados por la Firma Interventora sobre la calidad,
correspondencia y confiabilidad, entre otros, de los procesos de migración de la
información contenida en los productos entregados, no pueden ser tomados como
hechos nuevos, ni como el cambio de hallazgos por parte de la Interventoría, por
cuanto y como se precisó en la Resolución 1410 de 2011 y se reiteró en la Resolución
3030 del mismo año, “los análisis contenidos en la comunicación de fecha 8 de marzo
de 2011, son la consecuencia directa de los hechos aludidos en los oficios de 29 de
julio y del 23 de septiembre de 2010, que si bien pueden corresponder a un estudio
más detallado de los mismos, procuran actualizar para análisis por parte del Ministerio
de la Protección Social, las circunstancias en las que deviene la situación de
incumplimiento en la que persiste el contratista”.

Es así que las afirmaciones contenidas en el escrito JAHV-ESG-3673-11 del 8 de
marzo de 2011 (sic), no corresponden a hechos nuevos, razón por la cual el trámite
de las mismas no debió desligarse del proceso de imposición de multa que terminó
con la expedición de las resoluciones atacadas. […]” (negrilla y subrayado del texto).

66. Se pronunció respecto de la presunta violación del debido proceso alegado por
la parte demandante y manifestó que, durante la audiencia llevada a cabo el 31 de
marzo de 2011, se le otorgó un plazo al Consorcio Fidufosyga 2005 para que
conociera lo descrito en la “[…] comunicación de fecha 8 de marzo de 2011 […]”,
circunstancia que dio lugar a la suspensión de la diligencia y su continuación el día
11 de abril del mismo año.

67. Destacó que, en las “[…] comunicaciones posteriores, que también sugiere no
fueron conocidas por el demandante […]”, el interventor del contrato informó que la
situación que dio lugar al procedimiento de imposición de multas aún persistía, lo
cual determinó la continuidad del trámite.

68. Resaltó que el manual de contratación del entonces Ministerio de la Protección
Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) determinó “[…] en su
numeral 4.1.1 […]” la posibilidad de que los plazos allí establecidos podían ser
ampliados o ajustados según la complejidad y condiciones del asunto a tratar, lo
cual ocurrió en el presente asunto -ampliación de los plazos-, en atención al alto
grado de complejidad de la ejecución del Contrato núm. 242 de 2005, lo cual no
puede derivar en la violación del debido proceso, máxime si se tenía en cuenta que
el consorcio contratista “[…] también ha hecho uso de la ampliación de los citados
términos […]”.

69. Alegó, en lo que se refería a la tasación de la multa, que esto solo ocurrió con la
expedición de la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011 y no antes, como lo
sugiere la parte demandante. Agregó que, “[…] la metodología de la tasación ya era
conocida por el contratista desde el momento mismo en que se presentó al proceso
de selección que culminó con la celebración del Contrato 242 de 2005 […]”, luego
la documentación expedida por el interventor del contrato correspondía a la
aplicación de las condiciones expuestas en el contrato a la situación de
incumplimiento en su ejecución.

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70. Argumentó que en la tasación de la multa no se tuvieron en cuenta circunstancias
subjetivas tales como “[…] el impacto de la mora, la afectación de la operación el
aumento del riesgos (sic) en la administración de los recursos y la relación con
terceros […]”, puesto que, si bien estas circunstancias fueron puestas de presente
por el interventor, no fueron tomadas en cuenta para calcular el valor final de la
multa, “[…] principalmente porque no fueron determinadas en la forma de tasación
inicial […]”.

71. Alegó, en cuanto a la violación “[…] del principio non bis in idem (sic) […]”, que:

“[…] Tal y como se explicó en su momento en la Resolución 1410 de 2011 la
aplicación del principio non bis ídem (sic) exige identidad de sujetos, acciones,
fundamentos normativos y finalidad del procedimiento entre los diversas (sic)
situaciones investigadas, condiciones de existencia que no se dan entre el trámite
que fue adelantado por la entidad y que culminó con la Resolución 1268 de 2010 y el
que dio origen a la Resolución 1410 de 2011, por cuanto del simple cotejo de los
documentos que fundamentaron uno y otro trámite, se puede establecer que
los hechos acaecieron en períodos de la ejecución del contrato diferentes

El hecho que se buscó multar con la expedición de la Resolución 1410 de 2011,
guarda identidad de sujetos, fundamentos normativos y finalidad con los que fueron
desestimados en la Resolución 1268 de 2010, pero acaecieron en momentos de la
ejecución diferentes, lo que conlleva a que se presento un (sic) nuevo suceso de
incumplimiento que legitimó a la Entidad no solo iniciar el trámite correspondiente sino
a multar al contratista incumplido. Todos estos argumentos ya enunciados en los
actos administrativos atacados.

Ahora bien, es importante señalar que el demandante se limita a afirmar que los
hechos objeto de multa sucedieron en forma previa a la emisión de la Resolución
1268 de 2010, pero no identifica cuales fueron estos, ni en qué época a su juicio
acontecieron los mismos, no hace alusión a la documentación soporte y finalmente
no determina su identidad con los que fueron enunciados en comunicaciones JAHV-
1125-10 y JAHV-3085-10 del 29 de julio y 23 de septiembre de 2010, razón por la
cual, y al no tener más respaldo diferente (sic) para sus afirmaciones que la
ambigüedad de su dicho, no es posible corroborarlo. […]” (negrilla y subrayado del
texto)

72. Se pronunció respecto de la alegada falsa motivación de los actos administrativos
demandados por la inexistencia de causas de incumplimiento que sirvieron de
sustento para la imposición de la multa y anotó que los mismos demandantes, en el
procedimiento administrativo como en su demanda, aceptaron haber incurrido en
imprecisiones y fallas en las especificaciones exigidas para la ejecución del
contrato, por lo que existían razones para adelantar e imponer la multa respectiva.

73. Indicó, en lo atinente a la falsa motivación de los actos acusados por no tener en
consideración el hecho de terceros como origen de las dificultades que impidieron
la culminación de algunas tareas, que si bien “[…] la información de las
reclamaciones a diferentes subcuentas que hacen parte del Fondo sea incluida
directamente por el peticionario […]” puede generar inconsistencias en los datos

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cuya migración debía hacer el Consorcio Fosyga 2005, lo cierto era que ese riesgo
le fue adjudicado al contratista:

“[…] conocedor de la naturaleza de las labores a ejecutar en el momento que firmó el
contrato, por lo tanto la concreción del mismo y los posibles efectos dañinos de su
ocurrencia deben ser asumidos, contrarrestados y superados por el contratista, en
desarrollo del objeto contractual, más aún cuando se han dispuesto procedimientos
de verificación, auditoria y corrección de la información a ser migrada, y se brindaron
no solo las herramientas, sino los ajustes pertinentes a la metodología para que se
superen dichas inconsistencia. (sic)

(…)

Siendo clara las especiales circunstancias que atañen de la obligación de registro y
migración de la información, no puede endilgarse la responsabilidad de un
incumplimiento parcial, a las acciones u omisiones de un tercero ajeno a la relación
contractual que nos ocupa, cuando el contratista es conocedor de la referida
circunstancia con antelación a que la misma se materialice y debe cumplir con actos
orientados a evitarla o equilibrarla, según sea el caso, mediante trámites cuya
ejecución, por hacer parte de sus obligaciones, representan contraprestaciones a su
favor de naturaleza económica. […]”

74. Esgrimió, de igual forma, respecto de los cambios normativos que influyeron en
la migración de información y puesta en funcionamiento de “[…] los diferentes
módulos […]”, que el contratista conocía esta situación desde la “[…] etapa
contractual […]” y se obligó en forma expresa a garantizar el óptimo funcionamiento,
actualización, desarrollo y modificación del “[…] software que permita el control y
seguimiento y evaluación de las solicitudes de recobro y de los recursos pagados
con cargo al Fosyga de conformidad con dichos cambios […]”.

75. Anotó que, si bien se han presentado cambios de normatividad, no pueden ser
tomados como hechos intempestivos, no previstos e insuperables, puesto que “[…]
la observancia y aplicación en los módulos correspondientes de los cambios
acaecidos hace parte de las condiciones de ejecución […]”. Añadió que:

“[…] dada la naturaleza de los procesos de la migración de datos, una vez definidos
los procedimientos de migración de acuerdo con la metodología aprobada, los
mismos se realizan en forma automática, por lo cual el volumen de registro
tanto de ECAT como de recobros que deben ser migrados es independiente. En
otras palabras la variación de la normatividad una vez acordados los parámetros de
migración no ocasiona dilaciones en el proceso.

Finalmente, se recalca que para el componente de ECAT desde el junio de 2008 (sic)
a la fecha finalización (sic) del contrato 242 del 2005, no existieron cambios
normativos que influenciaran los datos a ser migrados. […]” (negrilla y subrayado del
texto)

76. Manifestó que el presunto aumento en el volumen de las reclamaciones, si bien
pudo haber tenido ocurrencia durante la ejecución del contrato y no fueron previstas,
no tenía mayor injerencia en los procesos de migración objeto de sanción.

19

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

77. Expuso, respecto de la proporcionalidad de la sanción, que las partes
contratantes, en la cláusula décima de contrato, establecieron “[…] las
consecuencia económicas pecuniarias de los incumplimientos que podrían llegar a
ser sancionados por multa […]”, por lo que:

“[…] no es procedente entrar a establecer en las condiciones actuales la
proporcionalidad o no de la misma frente a los hechos acaecidos, toda vez que no se
determinaron variaciones que podrían llegar a agravar o aminorar el efecto de un
incumplimiento parcial.

En todo caso, tal y como se estableció en la Resolución 1410 de 2011 el principio de
proporcionalidad exige básicamente que se realice una ponderación o valoración de
la carga o gravedad de la sanción y el fin que se persigue con ella, condición que se
cumple en la metodología adoptada y por ende en la multa impuesta.

En forma adicional a los argumentos esgrimidos, se debe tener en cuenta que la
migración de datos en el sistema es fundamento del buen funcionamiento del mismo,
lo determina como confiable, veraz, eficiente y eficaz, y es con base en dicha
información que el Estado mismo adopta decisiones que rigen las políticas que en
materia de Seguridad Social en Salud se vienen implementando, razón por la cual
inconsistencias de ésta magnitud no pueden ser tomadas como menores, por lo
importante de su impacto, lo que se traduce a que la multa impuesta corresponde
directamente al incumplimiento acaecido.

En conclusión la migración de datos con la metodología propuesta y aceptada por el
Ministerio debe garantizar la migración del 100% de los registros objeto, y su
importancia radica en que es el reflejo del giro de los recursos por concepto de ECAT
y de Recobros, por lo tanto no debe existir un solo registro sin migración o paquetes
con inconsistencias. […]”

78. Formuló las excepciones de i) “[…] legalidad de los actos impugnados. […]”;
ii) “[…] No infracción de Normas Superiores – Observancia Derecho al Debido
Proceso. […]”; iii) “[…] Falsa Motivación de los hechos de la demanda. […]”; iv)
“[…] Inepta Demanda por Indebida Acumulación de Pretensiones […]”; v) “[…]
Caducidad […]”; y, vi) “[…] Genérica […]”. (Negrilla del texto).

79. Argumentó, respecto de las mencionadas excepciones, que: i) los actos
administrativos demandados fueron proferidos con total apego a la normatividad
vigente; ii) la autoridad administrativa actuó con respeto al derecho defensa y el
debido proceso del Consorcio Fidufosyga 2005; iii) la parte demandante no logró
demostrar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; iv) la parte demandante
solicita, simultáneamente, la indexación de las condenas que persigue y los
intereses de mora, lo cual resulta incompatible; v) solicita la declaratoria de
caducidad de la acción, si ello estuviere probado; y, vi) solicita se declare cualquier
excepción que enerve las pretensiones de la parte demandante.

20

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

I.4. Trámite del proceso

80. Mediante auto de 26 de julio de 201217, se decretó la práctica de pruebas en el
proceso, providencia confirmada, en segunda instancia, en auto de 24 de mayo de
201718, por el cual se resolvieron los recursos de apelación interpuestos por las
partes demandante y demandada.

81. Mediante auto de 22 de agosto de 201619, se corrió traslado a las partes, por el
término de diez (10) días, para que presentaran sus alegatos de conclusión.
Asimismo, indicó que, conforme el artículo 210 del CCA, antes del vencimiento del
término señalado, el agente del Ministerio Público podría solicitar el traslado
especial de que trata aquella norma.

82. Las partes demandante20 y demandada21, presentaron sus alegatos de
conclusión. El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.

I.5. La sentencia de primera instancia22

83. LaSubsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 28 de septiembre de 2017, resolvió:

“[…] RESUELVE

PRIMERO.- DECLÁRASE no probadas las excepciones formuladas por la parte
demandada.

SEGUNDO.- DENIÉGASE la declaración de objeción por error grave formulada
contra el dictamen pericial decretado.

TERCERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CUARTO.- Por Secretaría DEVUÉLVASE al actor el remanente de los gastos de
proceso, previa liquidación.

QUINTO.- No se impondrá costas del proceso, por la actuación proba de las partes.

SEXTO.- ARCHÍVESE, previa ejecutoria […]” (negrilla del texto).

84. Laprimera instancia se refirió a las excepciones formuladas por la parte
demandada y señaló que las excepciones de “[…] legalidad de los actos
impugnados. […]”, “[…] No infracción de Normas Superiores – Observancia
Derecho al Debido Proceso. […]” y “[…] Falsa Motivación de los hechos de la
demanda. […]” (negrilla del texto), en realidad son fundamentos en los que basó su
defensa, los cuales serían tenidas en cuenta al decidir el fondo del asunto.

17
Cfr. Fol. 188-190, C. Ppal. 1.
18
Cfr. Fol. 12-19, C. Consejo de Estado.
19
Cfr. Fol. 93-95, C. Ppal. 2.
20
Cfr. Fol. 118-153, C. Ppal. 2.
21
Cfr. Fol. 114-117, C. Ppal. 2.
22
Cfr. Fol. 159-191, C. Ppal. 2.

21

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

85. Declaró que no prosperaba la excepción de “[…] Inepta Demanda por Indebida
Acumulación de Pretensiones […]”, puesto que los perjuicios causados a un
contratista como consecuencia de una multa impuesta por la administración, en
caso de reconocerse que la misma es injusta, son indemnizados con la actualización
del capital debido a título de daño emergente y el reconocimiento de intereses desde
el momento en que se incurre en mora de cumplir la devolución de la suma de dinero
pagada a título de multa, lo cual no resultaba excluyente.

86. Consideró que la demanda fue presentada en tiempo por la parte demandante,
por lo cual no había lugar a declarar la caducidad de la presente acción y que no se
advertía, en relación con la excepción genérica, que se hubiere presentado causal
alguna que impidiera conocer del fondo del asunto.

87. Procedió
a resolver la objeción por error grave propuesta por la parte
demandante y aseveró que:

“[…] Visto el escrito de objeciones presentado por la parte actora, encuentra la Sala
que el mismo pretende atacar en realidad las conclusiones a las que llegó el perito,
más no que el peritaje no corresponda a lo pedido, esto es, por el demandante se
pidió que el perito determine las tareas que ejecutó el Consorcio Fidufosyga 2005 en
desarrollo de los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del Contrato de
Encargo Fiduciario No. 242 de 2005 y la incidencia que sobre la ejecución de dichas
tareas tuvieron terceros ajenos a dicho contrato y, por su parte, el demandado solicitó
que el perito determinara la calidad y oportunidad de las tareas adelantadas por el
consorcio contratista en ejecución del mencionado contrato documentadas para el
momento en que sucedieron los incumplimientos por este señalados.

Por lo anterior, para efectos de la valoración de la prueba corresponde a esta Sala
analizar la misma a partir de las reglas de la sana crítica, además del estudio de las
demás pruebas obrantes en el proceso con el fin de determinar si los demandantes
se hicieron o no acreedores de la multa finalmente impuesta por el Ministerio
demandado, no siendo del caso acceder a la objeción presentada. […]”.

88. Formuló el problema jurídico a resolver en el presente asunto, de la siguiente
forma:

“[…] Consiste en decidir si son nulos los actos administrativos demandados, esto es,
las Resoluciones Nros. 1410 de 28 de abril de 2011 “por la cual se impone una multa”
y No. 3030 de 22 de julio de 2011 “por la cual se resuelven los recurso de reposición
interpuestos contra la Resolución 1410 de 2011 “por la cual se impone una multa”,
ambos proferidos por el Director de Financiamiento del Ministerio de la Protección
Social, por violación al debido proceso, infracción de normas superiores y falsa
motivación […]”.

89. Abordó lo relativo al cargo de vulneración al debido proceso y citó los artículos
17 de la Ley 1150 y 86 de la Ley 1474, así como la sentencia de 7 de octubre de
2009, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación en el expediente núm.
25000 23 26 000 1995 01699 01, y la sentencia C-434 de 2013, proferida por la
Corte Constitucional.

22

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

90. Manifestó que a través del “[…] Oficio JAHV-FSG-3673 de 8 de marzo de 2011
[…]” se remitió por la firma interventora del contrato, un informe:

“[…] con el fin de verificar el que la migración responde a las especificaciones técnicas
expuestas en los planes de migración y a las necesidades particulares de ECAT,
teniendo en cuenta la información suministrada por el Consorcio el 24 de diciembre
de 2010, en donde afirmó el contratista que la migración se realizó con corte en el SIA
al 23/07/2008, y en una segunda etapa el 01/02/2009 con la información registrada
en el periodo del 01/09/2008 – 31/12/200823. […]”.

91. Anotó que dicho informe da cuenta de las conclusiones a las que llegó la
interventoría:

“[…] Frente a los planes de migración y depuración de la información de ECAT de las
base de datos del SIA al SII, concluye la interventoría que el Consorcio no ha cumplido
con los cronogramas, especificaciones técnicas ni con los controles mínimos
requeridos, como tampoco se realizó el trabajo de depuración y complemento de la
información, basado en los documentos físicos, de acuerdo a las condiciones y
características requeridas por el Ministerio, para más adelante agregar que la
migración no responde a las especificaciones técnicas expuestas en los planes de
migración y a las necesidades particulares de ECAT, teniendo en cuenta que no pudo
constatar que la migración se finalizó de manera efectiva y que las características
para el Release I (propuesta para realizar la migración el día 01/04/2009) consistían
en migración base de datos origen basada en proceso, depuración basada en
necesidades de estructuras Nuevo Modelo ECAT y migración total de base de datos
origen.24

Con relación a la migración de datos de medicamentos y tutelas MYT, la cual se
realizó teniendo en cuenta la información suministrada por el Consorcio quien afirmó
que la migración se realizó desde el 22 de octubre hasta el 29 de octubre de 2010,
manifiesta la interventoría dicho aplicativo no se encuentra integrado con los módulos
del ERP de acuerdo con lo dispuesto en el contrato, no hay integridad y calidad de
los datos migrados, se presentan diferencias en la cantidad de recobros, no hay
coincidencia con la información.25 […]”.

92. Apuntó que el informe mencionado se realizó el análisis de la calidad de la
información cuya migración realizó el Consorcio Fosyga 2005, de acuerdo con lo
suministrado por el mismo contratista, lo cual correspondía a la verificación del
cumplimiento de lo establecido en el “[…] numeral 7.17 numeral 7 de la cláusula
séptima del contrato No. 242 de 2005 sobre la migración de datos del módulo ECAT
[…]”.

93. Adujo que aquel informe correspondía a lo descrito en la comunicación “[…]
JAHV-1125 DE 2010 […]”, en el cual la firma “[…] JAHV McGregor […]” reportó
incumplimientos por parte del Consorcio Fosyga 2005 respecto de la citada
obligación y solicitó la adopción de medidas.

23
Carpeta 7, folio 61
24
Folios 604 y 605 carpeta No. 3
25
Folio 733 carpeta No. 3

23

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94. Se refirió al “[…] oficio JAHV-FSG-3085-10 de 23 de septiembre de 2010 […]”,
en el cual la firma interventora puso de presente supuestos incumplimientos por
parte del Consorcio Fosyga 2005 frente a las obligaciones previstas en “[…] los
numerales 7.23 y 7.24 numeral 7° de la cláusula séptima del Contrato No. 242 de
2005 […]” y solicitó la adopción de medidas pertinentes al no haber implementado
y puesto en marcha “[…] el módulo de medicamentos no pos y fallos de tutela y no
haber migrado las bases de datos al módulo MYT […]”.

95. Aseguró que, sobre las diferencias puestas de presente por la parte demandante
respecto de los objetivos, hallazgos y obligaciones incumplidas, la interventoría se
pronunció con ocasión de la “[…] interposición del recurso de reposición interpuesto
por el actor […]”, en la que se indicó que:

“[…] la diferencia entre el informe de 8 de marzo de 2011 y la del 29 de julio de 2010
varía en que mientras que en la primera el Consorcio no había realizado la migración
de la información en su totalidad, verificando en su momento los posibles
incumplimientos, mientras que en la segunda se evaluó la calidad, completitud e
integridad de la información migrada.

Explica la Interventoría que, en los informes que dieron origen a la actuación
administrativa se habla del incumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del numeral
7.17 sobre el plan de migración a la plataforma tecnológica propuesta, mientras que
el numeral 7.18 señala que el Consorcio debía tener el plan de migración,
obligaciones que son concordantes con el tema de migración. […]”.

96. Citó las conclusiones a las que llegó la interventoría y mencionó que a estas se
hizo referencia en la Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 2011.

97. Resaltó que compartía lo expuesto en el acto administrativo acusado en el que
se indicó que del contenido de “[…] las comunicaciones que dieron origen a la
actuación administrativa materia de controversia […]” se podía advertir que la
disputa se relacionaba con la entrega y no entrada en producción, por parte del
contratista, del “[…] sistema integrado de información -SII el 15 de diciembre de
2008, de la depuración y migración del ECAT, del módulo de medicamentos no pos
y fallos de tutela que hace parte del SII y la no puesta en producción del módulo
MYT. […]”.

98. Señaló que, conforme a los actos administrativos demandados, la administración
“[…] remitió mediante comunicaciones 73667 de 16 de marzo de 2011 26 la
comunicación JAHV-FSG-3673-11 […]”, en la que se anotó que el trámite de los
incumplimientos del contratista se adelantaría en una misma audiencia.

99. Expuso que el Consorcio Fidufosyga 2005 solicitó, en escrito “[…] 76272 de 18
de marzo de 201127 […]”, el aplazamiento de la fecha para la realización de la
audiencia de imposición de multa prevista en el artículo 17 de la Ley 1150, a fin de

26
Folio 1013 carpeta No. 4
27
Folio 1017 carpeta No. 4

24

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que evaluara la documentación aportada, siendo programada una nueva fecha, “[…]
tal como consta en oficio 76783 de 18 de marzo de 2011.28 […]”.

100. Apuntó que la audiencia se reanudó el 11 de abril de 2011 y en el desarrollo de
esta, el Consorcio Fidufosyga 2005, presentó un documento que buscaba
controvertir lo dicho por la interventoría y que, en el recurso de reposición, la parte
demandante realizó cuestionamientos frente a contenido del “[…] oficio JAHV-FSG-
3673-11 de 8 de marzo de 2011 […]”. Argumentó, conforme a lo expuesto, que:

“[…] fue de pleno conocimiento del actor el contenido del oficio antes mencionado,
pudiendo controvertir su contenido durante la actuación administrativa,
correspondiendo el oficio JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011 en realidad a
la verificación por parte de la Interventoría del Contrato de si la información allegada
por el contratista con relación a la migración de base de datos correspondían a las
especificaciones técnicas expuestas en los planes de migración y las necesidades del
ECAT, de conformidad con la información suministrada por el contratista,
concluyendo, como se ha expuesto que el contratista continuaba incumpliendo con
los cronogramas, la especificaciones (sic) técnicas, los controles y verificaciones de
calidad mínimos requeridos para la depuración y complemento de dicha información,
por lo que no se observa la vulneración al debido proceso por el mismo alegada. […]”.

101. Subrayó, respecto de los demás oficios mencionados por el actor, esto es, los
oficios “[…] JAHV-FSG-3882-11 de 18 de abril de 2011 […]”,“[…] JAHV-FSG-3884-
11 de 18 de abril de 2011 […]”, “[…] Memorando 12100-110733 […]” y “[…] JAHV-
FSG-3908-11 de 26 de abril de 2011 […]”, que correspondía a “[…] informes
presentados por la firma interventora en ejercicio de su labor, en la que se ratifican
los incumplimientos e inconsistencias en la entrega de la información y productos
por parte del contratista […]” y que el contratista se pronunció con ocasión del
recurso de reposición, por lo cual no se encontraba vulnerado el debido proceso,
máxime si se tenía en cuenta que “[…] en ellos se encuentra reiterado el
incumplimiento del contratista frente a sus obligaciones de migración de ECAT y
base de datos MYT, lo que no ha sido desvirtuado […]”.

102. Indicó, en lo que se refiere a la tasación de la multa, que tal y como se expuso
en los actos administrativos demandados, el oficio “[…] JAHV-FSG-3676-11 de 9 de
marzo de 2011 […]” estableció los parámetros bajo los cuales sugirió la firma
interventora se debía tasar la multa, pero tal firma no estableció la multa definitiva.

103. Mencionó que, contrario a lo afirmado por las demandantes, los actos
administrativos tuvieron en cuenta la cláusula decimoquinta del contrato y, además,
“[…] se encuentra del contenido de la Resolución No. 1410 de 2011 que la
administración no tuvo en cuenta la afectación de la operación, el aumento del
riesgo en la administración de los recurso y la relación con terceros como
circunstancias para estimar como lo hace la Interventoría que el impacto de la mora
equivale al 50% del valor de la multa […]”.

28
Folio 1019 carpeta No. 4

25

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104. Destacó, desde la anterior perspectiva, que el valor de la multa impuesta tuvo
en cuenta “[…] el valor del contrato, el valor de referencia para determinar la multa
(0.05% del contrato), el número de obligaciones objeto del proceso y el valor de la
multa por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones que dieron origen
al trámite. […]”.

105. Anotó, en lo atinente a la vulneración de la prohibición de doble enjuiciamiento
por haberse adelantado un proceso sancionatorio por los mismos hechos y que
concluyó con la expedición de la Resolución núm. 1268 de 2010, luego de realizar
la comparación de la citada resolución con la Resolución núm. 1410 de 28 de abril
de 2011, que:

“[…] Es del caso precisar, que mientras durante el procedimiento de imposición de
multa que concluyó con la expedición de la Resolución 1268 de 2010 se determinó
que el contratista había cumplido con la ejecución de las obligaciones que dieron
origen a dicho proceso, no siendo las debilidades registradas por el Interventor
suficientemente trascendentes para aplicar una multa, disponiendo en la mencionada
Resolución que el contratista subsanara las mismas, en la Resolución 1410 de 2011,
cuyo estudio de legalidad hoy nos ocupa, se determinó por la administración que el
contratista no demostró el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas,
imponiendo así la administración multa.

De igual forma, es del caso mencionar que si bien se denota que en ambos
procedimientos adelantados se evaluó el presunto incumplimiento del contratista en
lo dispuesto en los numerales 7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del contrato, en el
primer procedimiento adelantado se hizo referencia a que no se dispuso información
que permitiera el seguimiento y verificación de manera oportuna de (…) las tablas del
ERP donde se encuentran almacenados los saldos contables y la información de
órdenes de giro y pagos de tesorería y al no existir concordancia entre la
documentación técnica, versión 2 del módulo de ECAT, compensación BDUA,
solidaridad MYT, así como las inconsistencias presentadas en la documentación
técnica para los módulos del SII, SGD y ERP mientras que en Resolución 1410 de
2011, el procedimiento de declaratoria de incumplimiento e imposición de multa se
adelantó frente a dichos numerales del contrato por el presunto incumplimiento en el
módulo de medicamentos no pos y fallos de tutela y la migración de base de datos
MYT.

Visto lo anterior, si bien existe identidad de partes, no se presenta identidad de causa
y objeto en el adelantamiento de los dos procesos de imposición de multas antes
descritos.

Por lo anterior, no prospera el cargo. […]”.

106. Expuso, respecto del vicio de falsa motivación en relación con la inexistencia del
incumplimiento que dio lugar a la imposición de la multa al contratista, que la
interventoría del contrato realizó, en tres (3) oportunidades, revisiones a la
información remitida por el contratista y que correspondían a los oficios “[…] JAHV-
FSG-3499-11 de 31 de enero de 2011, en comunicación ECT-1974-11 CD 025299
de 25 de marzo de 2011 y una tercera revisión realizada el 11 de abril de 2011, en
la que el contratista dio respuesta mediante comunicación ECT-2907-11 de 6 de
mayo de 2011 […]”.

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107. Aseveró que en la verificación del informe “[…] ECT-1975-11 CD-025299 […]”:

“[…] cuyo objetivo fue evidenciar si una vez enviadas las observaciones a la migración
de la información del SIA al SII el Consorcio hubiese realizado la revisión total y los
ajustes al proceso de migración de la base de datos, allí se hace referencia a la
comunicación ECT-1974-11 de 25 de marzo de 2011 en donde la firma contratista
aduce que no hay migración total de las glosas en su totalidad, ya que la base de
datos de origen reportaba inconsistencias en más de 25.000 glosas duplicadas,
concluyendo la interventoría que no se había migrado la información de SIA al SII del
módulo ECAT, tampoco terminó el consorcio de verificar y/o depurar la información
migrada de ECAT, no se realizó un informe específico en lo referente a la migración
de las glosas de las reclamaciones en el cual presente el estado de este proceso al
Ministerio, entre otros aspectos.

Las conclusiones a que se llegó en dicho informe fueron reproducidas por la Firma
Interventora en el oficio JAHV-FSG-3882-11 de 18 de abril de 2011, mencionado en
el cargo anterior, frente al hecho que el contratista no había terminado el proceso de
migración de la base de datos SII-ECAT, así como que tampoco había culminado la
migración de datos de MYT, hechos que también fueron puestos de presente por los
supervisores del contrato en Memorando 12100-110733.

Visto lo anterior, no se desvirtuó por el contratista que no hubo incumplimiento o que
el incumplimiento inicialmente señalado por la entidad demandada hubiese sido
superado en el mes de octubre de 2010 para entenderse, tal como lo ha pretendido
el actor, que los actos administrativos adolezcan de falsa motivación.

Por lo anterior, no prospera el cargo. […]”

108. Adujo, en lo que al vicio de falsa motivación por no tenerse en cuenta el hecho
de terceros como causa de dificultades que impidieron la culminación de tareas
asignadas al Consorcio Fosyga 2005, que las resoluciones demandadas tuvieron
en cuenta lo dispuesto en el numeral 6.6. de la cláusula séptima de contrato, de tal
forma que le correspondía al contratista disponer los trámites pertinentes para
registrar las reclamaciones presentadas por los usuarios.

109. Evidenció que el Consorcio Fosyga 2005 confundió el proceso operativo de
recepción, validación, generación de inconsistencias y actualización de la base de
datos, en el cual se buscaba hacer una depuración y determinar la consistencia de
los datos presentados por terceros al Fosyga, lo que correspondería a la obligación
prevista en el numeral 4.35 del contrato, con “[…] el proceso de migración de datos,
este último consistente en el traslado de datos a un nuevo modelo, no pudiendo así
señalar el contratista que la responsabilidad de las inconsistencias en la información
recae sobre terceros. […]”.

110. Advirtió, frente a los cambios normativos alegados por el Consorcio Fosyga
2005, que no se especificó en qué forma se afectó el cumplimiento de sus
obligaciones, y resaltó que, como lo indicaron las resoluciones demandadas, del
“[…] numeral 4.35 del Contrato No. 242 de 2005 […]” se desprendía que el
contratista se había obligado a garantizar “[…] el óptimo funcionamiento, mantener,
actualizar, desarrollar y modificar con base en los requerimientos dado por el
Ministerio y los cambios normativos, el software que permita realizar el control,

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seguimiento y evaluación de las solicitudes de recobro y de los recursos pagados
con cargo al FOSYGA […]”.

111. Anotó, en lo que se refería al aumento del volumen de reclamaciones, que, si
bien esto pudo haber tenido ocurrencia durante la ejecución del contrato, no se
identificó el volumen de reclamaciones recibidas:

“[…] por fuera de lo que el mismo señala como un hecho imprevisto para así
determinar su ocurrencia ni que su ocurrencia hubiera sido de tal magnitud que le
imposibilitara el cumplimiento de su obligación a cargo. Es más, tal como lo describe
la demandada en la Resolución No. 3030 de 2011, la información a migrar contenía
datos antes de 31 de diciembre de 2008, los que se encontraban fuera de producción,
ya que el Consorcio estaba operando con el módulo SII29 […]”.

112. Apuntóque la prueba pericial practicada en el proceso concluyó que el
Consorcio Fosyga 2005 había incumplido:

“[…] en las migraciones de la base de datos de ECAT y en entrada en operación del
módulo ECAT en el SII con el uso de la base de datos respectiva, migrada e integrada,
por cuanto esto solo pudo acreditarlo el 18 de septiembre de 2011; hubo
incumplimiento del contratista en las migraciones de base de datos de MYT y en la
entrada en operación del módulo MYT en el SII con el uso de la base de datos
respectiva migrada e integrada, por cuanto al término de ejecución del contrato, no lo
logró acreditar; y, los cambios normativos, el aumento de las reclamaciones y
recobros son previsibles y asumidos por el contratista, no pudiendo considerarse los
mismos como eximentes o atenuantes del cumplimiento de las obligaciones del
contrato, máxime si como lo ha expresado el perito en su informe, de la cláusula
décima del contrato se desprende que las obligaciones del consorcio relativas al
desarrollo del software y del sistema de información incluyendo la base de datos del
FOSYGA son de resultado.

La calificación de la dosimetría en la aplicación de las multas deviene de la aplicación
de las reglas aplicables al proceso sancionatario, el cual se ejerce como potestad de
funciones de inspección, vigilancia y control.

Se reitera que en el presente caso, se trata de una actuación eminentemente
contractual y ha sido el incumplimiento del contrato el que determina la aplicación de
la multa.

Por lo anterior, no prospera el cargo. […]”.

113. Explicó, respecto de la proporcionalidad de la sanción impuesta, que los actos
administrativos demandados determinaron con claridad el monto de la multa con
sustento en la estipulación contractual respectiva, de tal manera que no le
correspondía al juez determinar su razonabilidad puesto que deviene del pacto
contractual.

114. Mencionó que la sanción de multa se encontraba prevista en el pliego de
condiciones y fue aceptada por las partes al suscribirse el Contrato núm. 242 de
2005, que en la cláusula decimoquinta previó que, en caso de incumplimiento parcial

29
Folio 91 del expediente

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

del contrato o de mora en el mismo, la parte demandada, previa resolución
motivada, podía imponer al Consorcio Fosyga 2005 “[…] multas iguales hasta el
0.5% del valor del contrato por cada incumplimiento o por cada día de retraso, según
el caso, sin que dicho valor sobrepase el 10% del valor del contrato y sin perjuicio
de cobrar los demás daños […]”.

115. Resaltó que en el caso bajo estudio no se había desvirtuado por el Consorcio
Fosyga 2005 el incumplimiento de las obligaciones por las cuales se le sancionó ni
que los factores externos alegados hubieren sido determinantes para que se
incumpliera el acuerdo de voluntades.

116. Añadió que se debía recordar que la multa tiene una naturaleza correctiva que
busca el cumplimiento del contrato por el contratista, por lo cual, que este aduzca
como atenuantes la realización de acciones correctivas frente a inconsistencias en
su ejecución, solo podía ser entendido como la aceptación de las deficiencias sobre
las cuales no se demostró el cumplimiento previo a la imposición de la multa,
razones por las cuales el cargo no tenía vocación de prosperidad.

I.6. El recurso de apelación30

117. Las demandantes, inconformes con la decisión de primera instancia,
presentaron recurso de apelación con el fin de que se revocara.

118. Consideraron que existió una indebida valoración de las pruebas que obraban
en el proceso.

119. Así, estimaron que del material probatorio que se encontraba en el plenario se
podía advertir que algunas de las actuaciones desarrolladas por la parte demandada
en los procedimientos administrativos sancionatorios que culminaron con la
expedición de las resoluciones demandadas, vulneraron el derecho de defensa y el
debido proceso.

120. Insistieron
en que las pruebas documentales dan cuenta que la parte
demandada debió dar inicio formal a dos procedimientos sancionatorios distintos en
contra del Consorcio Fidufosyga 2005, y que no haberlo hecho, desconoció los
derechos fundamentales mencionados, en la siguiente forma:

120.1. Manifestaron que la primera instancia se limitó a realizar una reconstrucción
de lo que, en su concepto, fue el trámite sancionatorio y dejó de pronunciarse y
valorar las pruebas documentales.

120.2. Expresaron que la “[…] comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de
2011 […]” contenía muchos hechos nuevos y referencias a obligaciones diferente a
los contenidos en las “[…] comunicaciones JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 de

30
Cfr. Fol. 212-234, C. Ppal.

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fechas 29 de julio de 2020 y 23 de septiembre de 2010 respectivamente […]”, de tal
forma que se habría generado un proceso sancionatorio adicional que debió
iniciarse formalmente, comunicárselo y agotar todos los trámites establecidos en el
manual de contratación de la parte demandada.

120.3. Añadieron que el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, en el citado oficio
“[…] comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011 […]”, habría “[…]
movido el rasero […]”, sin su consentimiento, con el cual venía midiendo el
cumplimiento de las obligaciones del Consorcio Fidufosyga 2005, de manera que
resultaba imposible establecer con precisión si una determinada obligación se
cumplió o no en un momento determinado.

120.4. Trajeron a colación la comunicación “[…] JAHV-FSG.3085-10 (sic) de 23 de
septiembre […]”, en la cual el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 habría
informado, sustentado, soportado y justificado el incumplimiento del acuerdo de
voluntades, y manifestó que los hechos origen de tal incumplimiento se refirieron a
la “[…] no migración de datos y, por ende, a la no entrada en producción del módulo
de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela en el nuevo Sistema de Información
Integrado. […]”, informe al cual habría dado respuesta.

120.5. Pusieron de presente, igualmente, la comunicación “[…] JAHV-FSG-1125-10
de 29 de julio […]”, en la cual el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 habría
relacionado hechos que constituían posibles incumplimientos a las obligaciones
contractuales del Consorcio Fidufosyga 2005, informe al cual, igualmente, habría
dado respuesta.

120.6. Manifestaron que cinco (5) meses después de que el Consorcio Fidufosyga
2005 dio contestación a los cuestionamientos realizados por el interventor del
Contrato núm. 242 de 2005, se remitió copia de la comunicación “[…] JAHV-FSG-
3673-11 de 8 de marzo, en la cual el citado interventor habría remitido “[…]
“[i]nformes de Migración de Base de Datos del SIA al SII…”, así como “el informe
ejecutivo solicitado” […]”.

120.7. Aseveraron que el director general de financiamiento del entonces Ministerio
de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) decidió
acumular los trámites de imposición de multas iniciados en julio y en septiembre de
2010 y seguir un “[…] procedimiento ad hoc […]”, que, en su concepto, desconoció
su derecho de defensa y debido proceso.

120.8. Afirmaron que la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de
2011 […]” contenía hechos nuevos y obligaciones diferentes a los señalados en las
comunicaciones “[…] JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 […]”, luego no se trataba de
una simple actualización de la información.

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120.9. Subrayaron que la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de
2011 […]” se refería a objetivos diferentes, hallazgos nuevos, obligaciones distintas
y otras conclusiones.

120.10. Así, pusieron énfasis en que los hechos invocados por el interventor del
Contrato núm. 242 de 2005, para el caso del módulo de “[…] Medicamentos No Pos
[…]” no tenía que ver con la “[…] migración de datos y la entrada en producción de
ciertos aplicativos […]”, sino con que “[…] “la migración responde a las
especificaciones técnicas expuestas en los planes de migración y a las necesidades
particulares de la Base de datos de Medicamentos y Tutelas MYT” […]”.

120.11. De igual forma, remarcaron, para el “[…] módulo de ECAT […]”, que tales
hechos tampoco se referían a la “[…] migración de datos y a su entrada en
producción […]”, sino que se relacionaban con si “[…] “la migración responde a las
especificaciones técnicas expuestas en los planes de migración y a las necesidades
particulares de ECAT” […]”.

120.12. Expresaron que no compartían la decisión de primera instancia en cuanto
encontró no probada la violación de los derechos fundamentales de defensa y
debido proceso, toda vez que la parte demandada debió iniciar un trámite
sancionatorio independiente en el que se analizaran los nuevos hechos y hallazgos
de la firma interventora del Contrato núm. 242 de 2005, contenidos en la
comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011 […]”.

120.13. Insistieronen que, bajo tales condiciones anómalas y apartadas del
procedimiento sancionatorio establecido por la parte demandada, se citó a
audiencia para el día 31 de marzo de 2011 y que, si bien esta diligencia se
suspendió y se le concedió un término corto al Consorcio Fidufosyga 2005 para
realizar un pronunciamiento “[…] respecto de los hechos y argumentos en los que
el interventor sustentó un pretendido nuevo incumplimiento […]”, esto no enervó la
vulneración del debido proceso.

121. Alegaron que las pruebas documentales evidenciaron que la parte demandada
había incumplido los plazos establecidos en su manual de contratación, en su
perjuicio, y al respecto:

121.1. Manifestaron que no hubo un pronunciamiento expreso de la primera instancia
frente a tal situación y que la parte demandada había ampliado los plazos previstos
en su manual de contratación a su favor, pero no en favor del Consorcio Fidufosyga
2005.

121.2. Resaltaron que cinco (5) meses después de que el Consorcio Fidufosyga 2005
diera respuesta a los cuestionamientos iniciales del interventor del Contrato núm.
242 de 2005, se remitió la comunicación “[…] JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo
de 2011 […]”, la cual fue puesta en su conocimiento el 16 de marzo de 2011 y apuntó
que si bien en la audiencia de 31 de marzo de 2011 se les dio un tiempo para

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pronunciarse respecto de los hechos sustento del incumplimiento, para lo cual la
diligencia se suspendió y reanudó el 11 de abril de 2011, estimaron que el plazo
que se les otorgó fue menor a un (1) mes mientras que la autoridad administrativa
se tomó cinco (5) meses.

121.3. Aseguraron que el incumplimiento de los plazos conllevó a que en la
Resolución núm. 1410 de 28 de abril 2011 se sancionara al Consorcio Fidufosyga
2005 por hechos superados, puesto que “[…] los módulos de ECAT y MYT fueron
entregados en su oportunidad al Ministerio y que los hallazgos presentados por la
firma interventora en la comunicación JAHV-FSG-3673 de 8 de marzo, ya había sido
superados. […]”.

122. Argumentaron que las pruebas documentales acreditaron que varios de los
informes elaborados por el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 no fueron
dados a conocer al Consorcio Fidufosyga 2005, lo cual le impidió ejercer su derecho
de defensa, y frente a esto:

122.1. Apuntaron que la primera instancia no se pronunció respecto de esta situación
y anotaron que la última oportunidad que habría tenido de pronunciarse respecto de
los informes presentados por el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 fue la
audiencia llevada a cabo el 11 de abril de 2011; sin embargo, expresaron que la
autoridad administrativa siguió recibiendo comunicaciones de la firma interventora
con posterioridad a esa diligencia sin que de estos se le haya corrido traslado, las
cuales fundamentaron la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011.

122.2. Indicaron que las comunicaciones aludidas son i) “[…] “Verificación de Informe
ECT-1975-11 CD-025299 – Migración ECAT” […]”; ii) “[…] la comunicación JAHV-
FSG-3908-11 de fecha 26 de abril de 2011 […]”; y, iii) las comunicaciones “[…]
JAHV-FSG-3882-11 y JAHV-FSG-3884-11 de 18 de abril de 2011 emitidas por el
interventor del contrato, y el Memorando 12100-110733 de 19 de abril de 2011
emitido por los supervisores del Contrato 409 de 2007 […]”.

123. Enfatizaronque el material probatorio habría puesto de presente que la
metodología para determinar el nivel de incumplimiento del Consorcio Fidufosyga
2005 no fue establecida sino después de iniciado el procedimiento sancionatorio.
En relación con esta inconformidad:

123.1. Señalaron que la primera instancia había concluido que la metodología para
tasar el valor de la multa impuesta por la parte demandada estaba definida en la
cláusula decimoquinta del Contrato núm. 242 de 2005; sin embargo, estimaron que
para llegar a esa conclusión, no se tuvo en cuenta que al momento de dar inicio al
trámite de imposición de la sanción, la autoridad administrativa “[…] no había
establecido la metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada
una de las obligaciones pactadas en el contrato de administración fiduciaria de los
recursos del Fosyga […]”, por lo cual, los parámetros fijados en la mencionada
cláusula no eran suficientes para determinar el monto final de la multa.

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123.2. Adujeron que para que pudiera iniciarse y adelantarse un trámite para la
eventual imposición de multas, según lo pactado en la cláusula decimoquinta del
Contrato núm. 242 de 2005, se requería la definición, presentación e
implementación de la metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento
de cada una de las obligaciones pactadas en el citado acuerdo de voluntades.

123.3. Aseveraron, desde la anterior perspectiva, que resultaba inaceptable que se
iniciara un trámite de imposición de multas sin que estuviera establecida la
metodología que se aplicaría para determinar el grado de incumplimiento de las
obligaciones frente a las cuales se busca el apremio, teniendo en cuenta que, para
el presente asunto, “[…] solo hasta el 9 de marzo de 2011, mediante la
comunicación JAHV-FSG-3676-11, la firma interventora estableció dicha
metodología, la cual fue remitida al consorcio el día 16 de marzo de 2011. […]”, con
lo cual:

“[…] Como quiera (sic) que el entonces Ministerio de la Protección consideró que no
estamos frente a dos trámite de multa sino frente a uno sólo, desde el momento en
que inició el trámite (julio y septiembre de 2010), el interventor debía ya haber definido
la metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones y
consecuentemente para la tasación de la multa, y no hasta el mes de marzo de 2011
como lo reconoció en entonces (sic) Ministerio de la Protección Social en la
Resolución número 1410 de 2011.

Es decir, que para los meses de julio y septiembre de 2010 -cuando el interventor
decidió hacer al CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 los correspondientes
requerimientos-, no existía dicha metodología.

Además, no resultaba para nada claro, por no haberse delimitado objetivamente, a
qué se refería el interventor cuando incluyó entre los criterios para tasar la multa el
impacto por la mora, la afectación de la operación, el aumento del riesgo en la
administración de los recursos y la relación con terceros. Se trata de conceptos por
completo ajenos al contrato, que abrieron un enorme margen de subjetividad en todo
el proceso sancionatorio. […]” (negrilla del texto).

124. Pusieron énfasis en el dictamen pericial practicado en el proceso, aduciendo
que tiene bases equivocadas de gran magnitud, por lo cual deberían desestimarse
sus conclusiones. Para el efecto:

124.1. Manifestaron que la primera instancia denegó la declaración de objeción por
error grave por ellas formulada sin un análisis de fondo que justificara la decisión.

124.2. Explicaron que el perito no verificó todas las fuentes de información con la
diligencia necesaria y muchas de sus conclusiones, en su concepto, están
fundamentadas en síntesis de hechos descritos en los informes elaborados por el
interventor del Contrato núm. 242 de 2005 e incluso apartes de las resoluciones
demandadas.

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124.3. Aseveraron que el perito, ante el requerimiento por ellos formulado respecto
de las pruebas técnicas que realizó para llegar a sus conclusión, expuso que las
consultas fueron realizadas sobre la base de datos cuyos originales estaban bajo
resguardo del “[…] Ministerio de Salud y Protección Social sometidos a los
protocolos internos de almacenamiento y conservación” […]”, sin señalar i) el día en
que se realizaron las consultas y ii) en presencia de quién o quiénes; sin aportar
pruebas de aquellas ni explicar y justificar las etapas de su análisis o del
procesamiento de la información.

124.4. Resaltaron que, conforme a lo anterior, no existió método alguno que
permitiera, a partir de herramientas técnico – científicas, la evaluación objetiva sobre
“[…] las tareas a las que estaba obligada mi representada en virtud de los numerales
7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242
de 2005 y la incidencia que sobre la ejecución de dichas tareas tuvieron terceros
ajenos a dicho contrato […]”.

124.5. Aseguraron que el perito omitió considerar información que resultaba relevante
para probar hechos aducidos en la demanda. Así, frente a los cambios normativos,
destacaron que:

“[…] no se observa que el perito, para llegar a sus conclusiones, haya efectuado
alguna prueba técnica sobre el software de MYT en producción o un cotejo de las
normas, ya que de haberlo hecho habría podido identificar, a modo de ejemplo, el
cambio de la codificación de las glosas y el cambio del resultado de auditoría de esta
codificación contenido en las Resoluciones 3099 y 3754 de 2008.

Tampoco se observa que el perito haya efectuado un análisis de los anexos “técnicos”
de las mencionadas resoluciones ya que, nuevamente, si lo hubiera hecho, habría
podido detectar los cambios normativos que se evidencian en este cuadro:

(…)

Así mismo, de efectuar los análisis antes mencionados, habría identificado que la
información de los recobros registrados en la base de datos son suministrados
directamente por las entidades, lo que quiere decir que es la información que remiten
las EPS-EOC en el proceso de radicación en medio magnético, encriptado y firmado
digitalmente por el Representante Legal de la entidad recobrante ante el Fosyga, la
que alimenta esa base de datos y que no estaba el Consorcio facultado para
modificarla.

Adicionalmente, el perito no tuvo en cuenta que el artículo 18, literal f), de la
Resolución 3099 de 2008, dispone que: “cuando uno o varios de los datos contenidos
en el medio magnético no corresponde a lo diligenciado en el formato físico, se
atenderá a lo contenido en el físico…”, de donde se colige que incluso la norma
permitía que la base de datos fuera alimentada con información inconsistente, lo que
al final impactó la calidad de la información que debía ser migrada y la oportunidad
para hacerlo.

De ahí que, al haberse limitado el perito a transcribir las conclusiones de la firma
interventora del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de 2005, las resoluciones
objeto de las pretensiones de nulidad y algunas de las obligaciones contenidas en el
contrato citado, y al no haber efectuado las pruebas técnicas sobre el software y el

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análisis del impacto de los cambios normativos en la migración de la información y
del aplicativo, se generó un error grave en las conclusiones del dictamen. […]”.

124.6. Trajeron a colación lo relativo al inusitado incremento en las solicitudes de
recobro e indicaron que el perito había mencionado que “[…] “… si las estructuras
de las bases de datos están convenientemente diseñadas ellas responden a un
adecuado estudio de las necesidades del negocio, y si se usa un conocimiento del
mismo para definirlas, no debería ser un obstáculo para realizar la migración […]”,
de lo cual adujeron se emplearon calificativos como “[…] “convenientemente
diseñadas” […]” sin soportar a qué se refiere tal término y sin tener en cuenta que
“[…] la información está uniformemente registrada, para el caso que nos ocupa, en
una base de datos […]”.

124.7. Hicieron referencia a que el Consorcio Fidufosyga 2005 le suministró al perito
las estadísticas del comportamiento de la radicación de recobros y reclamaciones
durante la ejecución del Contrato núm. 242 de 2005, junto con la explicación de que
existieron factores que dificultaban de manera permanente el registro de la
información en la correspondiente base de datos, “[…] como el hecho que las
normas permitieran que las EPS radicaran una y cuantas veces quisieran el mismo
recobro o que las radicaciones se hicieran sin considerar los lineamientos
establecidos sin que existiera mecanismo normativo alguno que permitiera al
Consorcio obstaculizar la presentación del recobro o reclamación al FOSYGA […]”.

124.8. Advirtieron que tales aspectos no fueron analizados por el perito, lo cual lo
llevó, en su concepto, a una errada conclusión consistente en que el incremento no
debe extenderse a todo el tiempo de ejecución “[…] “sino a un breve tiempo en tanto
se logran ajustar las inconsistencias”. […]”.

124.9. Afirmaron que el perito, respecto de los planes de migración, indicó que
apuntaban a la minimización de las consecuencias no deseadas por una “[…] data
contaminada en el origen”. […]”; sin embargo, tal conclusión era errada puesto tales
planes no podían prever los constantes cambios normativos, ni el desmesurado
incremento en la radicación, así como el “[…] reproceso […]” de los recobros por las
constantes discusiones surgidas entre las entidades promotoras de servicios de
salud – en adelante EPS y “[…] el entonces Ministerio de la Protección Social en
relación con lo que estaba o no incluido en el POS […]”.

124.10. Anotaron que lo expuesto generó que:

“[…] la base de datos de MYT del FOSYGA se contaminara con toda la información
inconsistente enviada por las entidades recobrantes.

Finalmente, debemos hacer énfasis en hecho (sic) de que el perito haya emitido
ningún concepto técnico sobre las razones que llevaron al aplicativo de MYT entrara
en producción hasta octubre de 2010, hecho que sin lugar a duda determinó el
momento en el que sería posible realizar la migración de datos. […]”.

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124.11. Cuestionaron que el perito haya omitido considerar, al desarrollar su
dictamen, que “[…] el entonces Ministerio de la Protección Social […]” haya decidido
no hacer obligatoria la radicación de información relativa a reclamaciones y recobros
en medios magnéticos, lo cual los obligó a implementar una operación paralela para
atender la radicación sin medios magnéticos, lo cual implicaba que se debía
digitalizar manualmente la información.

124.12. Insistieron en que el perito se limitó a verificar cierta información y no adelantó
ninguna prueba técnica sobre “[…] el software de MYT en producción o un cotejo
de las normas, que era lo mínimo necesario para llegar a conclusiones sustentadas
y objetivas […]”, lo cual llevó a que el dictamen:

“[…] estuviera colmado de afirmaciones imprecisas, sin sustento, e incluso apartadas
de la realidad. Todas ellas quedaron suficientemente expuestas en la objeción al
dictamen pericial que allegué al expediente dentro del término procesal previsto.

Si la prueba pericial se hubiera efectuado adecuadamente por parte del perito y éste
hubiera analizado la información y pruebas entregadas por mis representadas de
manera integral, la conclusión habría sido que (i) no existieron las causas de
incumplimiento que sirvieron de sustento para la imposición de la multa, (ii) se perdió
el carácter de apremio de la multa y (iii) fueron los hechos de terceros la causa de las
dificultades que retardaron el cumplimiento.

Las falencias descritas no pueden sino conducir a la desestimación de las
conclusiones contenidas en ese dictamen pericial […]”.

125. Argumentaron que la primera instancia vulneró el principio de necesidad de la
prueba, garantía del debido proceso, puesto que:

“[…] omitió revelar el análisis que hizo de las pruebas, así como el juicio que sobre la
base de tales pruebas realizó de los hechos de la demanda.

Fue más bien el criterio del juez – montado en gran parte sobre el criterio de autoridad
administrativa y de la firma interventora – el que prevaleció a la hora de adoptar una
posición sobre los hechos aducidos y de dictar su sentencia.

Así, el Tribunal dio por probados hechos, que supuestamente caracterizaron el trámite
administrativo sancionatorio que culminó con la imposición de una multa a mis
representadas, y omitió, por completo, pronunciarse sobre hechos y omisiones del
entonces Ministerio de la Protección Social que terminaron por vulnerar los derechos
fundamentales de defensa y a un debido proceso de mis representadas. […]”.

I.7. Trámite del recurso de apelación

126. La primera instancia, mediante auto de 3 de mayo de 201831, concedió el
recurso de apelación presentado por los demandantes.

127. En segunda instancia, mediante auto de 19 de diciembre de 201832, se admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se dispuso que, en

31
Cfr. Fol. 236, C. Ppal. 2.
32
Fol. 5, C. Consejo de Estado.

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firme la decisión, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo pertinente,
rindiera su concepto.

128. La parte demandante33 presentó alegatos de conclusión, en los cuales reiteró
los argumentos expuestos en el proceso y concluyó que:

“[…] 1. El entonces Ministerio de la Protección Social debió haber dado inicio a dos
procedimientos sancionatorios distintos en contra del Consorcio Fidufosyga 2005,
y no lo hizo, sino que decidió incluir nuevos hechos al procedimiento administrativo
que se encontraba en curso. Pues, queda claro que no se trató de una simple
“actualización” de la información, como lo señaló la Dirección General de
Financiamiento, toda vez que el objetivo, las obligaciones, los hechos y los hallazgos
son totalmente diferentes, entre las comunicaciones JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10
y la JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011.

2. El entonces Ministerio de la Protección Social incumplió los plazos establecidos en
su propio Manual de Contratación, ampliando los plazos previstos a su favor, pero no
a favor del CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005.

3. Varios de los informes elaborados por la firma interventora y que sirvieron de
fundamento para la Resolución 1410 de 2011 no fueron dados a conocer al
CONSORCIO FIDUFOSYGA.

4. La metodología usada por el Ministerio para determinar el porcentaje de
cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato de encargo fiduciario no fue
establecida sino después de haber iniciado el procedimiento administrativo
sancionatorio.

5. El dictamen pericial presenta, en algunos de sus puntos, errores graves que no
permiten demostrar la realidad de los hechos. Pues, en cuanto a la migración de datos
y entrada en producción del módulo de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela en
el nuevo Sistema de Información Integrado, SII, omitió los cambios normativos, el
incremento de las solicitudes de recobro y la migración de los planes. Y, en cuanto a
la migración de datos y entrada en producción del módulo ECAT en el nuevo Sistema
de Información Integrado, no consideró que el entonces Ministerio de la Protección
Social decidió no hacer obligatoria la radicación de la información relativa a
reclamaciones y recobros en medios magnéticos.

En mérito de las consideraciones que han quedado expuestas y de los argumentos
de hecho y de derecho que las soportan, en forma respetuosa solicito que revoque,
íntegramente, la sentencia de primera instancia y que, se concedan todas y cada una
de las pretensiones de la demanda. […]” (negrilla del texto).

129. La parte demandada y el agente del Ministerio Público no intervinieron en esta
oportunidad procesal.

33
Fol. 8-20, C. Consejo de Estado.

37

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

130. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.

II.1. La competencia

131. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 201934, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

II.2. Los actos administrativos demandados

132. Los actos administrativos demandados son las resoluciones números 1410 de
28 de abril y 3030 de 22 de julio, ambas de 2011, expedidas por el director general
de financiamiento del entonces Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social).

133. Debido a su extensión, en este acápite únicamente se transcribirá su parte
resolutiva, sin perjuicio que, posteriormente, se cite su contenido en la medida en
que sea requerido para resolver los cargos formulados por los apelantes.

134. La Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 201135, resolvió:

“[…] MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000141 DE 2011

(28 ABR 2011)
“Por la cual se impone una multa”

EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente de las conferidas en la Ley 80
de 1993, en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1 de 1984 y de la
Delegación conferida por el Ministro de la Protección Social mediante Resolución No.
024 del 12 de enero de 2011, y

34
“[…] Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”. Modificado por el Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por
medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
35
Cfr. Fol. 49-69, C. Ppal. 1.

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

CONSIDERANDO:

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer multa al Consorcio FIDUFOSYGA 2005, de
conformidad con las consideraciones expuestas en éste acto administrativo, a razón
de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y
CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($5.250.175.54)
diaria y sucesiva, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del contrato de
encargo fiduciario No. 242 de 2005, sin que exceda el 10% del valor total del contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conminar al Consorcio FIDUFOSYGA 2005 al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula
séptima del contrato de encargo fiduciario No. 242 de 2005, de conformidad con las
consideraciones expuestas en este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
Representantes Legales de FIDUFOSYGA 2005 y de Seguros ALFA S.A. y/o sus
apoderados, en los términos y formas establecidos para los actos administrativos en
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, para que dentro de los
quince (15) días siguientes a su notificación sea cancelado el valor correspondiente
a la multa impuesta en el Banco de la República, en la cuenta ´Dirección del Tesoro
Nacional – Otras Tasas, Multas y Contribuciones No Especificadas´ No. 61011110,
con el código de portafolio 354.”

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
reposición, el cual puede interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la decisión de acuerdo con lo establecido en los artículos 50 y 51 del
Código Contencioso Administrativo […]” (negrilla del texto)..

135. La Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 201136, decidió:

“[…] MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 00003030 DE 2011

(28 JUL 2011)
“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución 1410 de 2011 “Por la cual se impone una multa”

EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL

En ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente de las conferidas en la Ley 80
de 1993, en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 96 de la Ley 1474 de 2011,

36
Cfr. Fol. 70-94, C. Ppal. 1.

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

en el Decreto 1 de 1984 y de la Delegación conferida por el Ministro de la Protección
Social mediante Resolución No. 024 del 12 de enero de 2011, y

CONSIDERANDO QUE:

(…)

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución 1410 del 28
de abril de 2011 de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conminar al Consorcio FIDUFOSYGA 2005 al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula
séptima del contrato de encargo fiduciario No. 242 de 2005, de conformidad con las
consideraciones expuestas en este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a los
Representantes Legales de FIDUFOSYGA 2005 y de Seguros ALFA S.A. y/o sus
apoderados, en los términos y formas establecidos para los actos administrativos en
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, para que dentro de los
quince (15) días siguientes a su notificación sea cancelado el valor correspondiente
a la multa impuesta en el Banco de la República, en la cuenta ´Dirección del Tesoro
Nacional- Otras Tasas, Multas y Contribuciones No Especificadas´ No. 61011110, con
el código de portafolio 354.” […]” (negrilla del texto).

II.3. El problema jurídico

136. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 320 y 328 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201237, aplicables por remisión del artículo 306 de la Ley 1437, así
como el recurso de apelación presentado por los demandantes, considera que el
problema jurídico que se debe resolver en el presente asunto es el consistente en
determinar si resulta procedente la revocatoria de la sentencia de 28 de septiembre
de 2017, proferida por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual i) se declararon no probadas las
excepciones formuladas por la parte demandada; ii) se negó la declaración de
objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial decretado; y, iii) se
negaron las pretensiones de la demanda, para que, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, toda vez que:

136.1. Existió una indebida valoración de las pruebas que obraban en el expediente,
en la medida en que estas evidenciaban que:

i) El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social) debió iniciar formalmente dos procedimientos
administrativos sancionatorios distintos en contra del Consorcio Fidufosyga
2005;

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“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

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ii) El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social) incumplió los plazos establecidos en su manual de
contratación y desconoció el debido proceso del Consorcio Fidufosyga 2005;

iii) Varios informes elaborados por el interventor del Contrato de Encargo
Fiduciario para la Administración de los Recursos del Fosyga núm. 242 de
2005 y que fundamentaron la Resolución núm. 1410 de 2011 no fueron dados
a conocer al Consorcio Fidufosyga 2005 y con ello se le impidió ejercer su
defensa;

iv) La metodología para determinar el nivel de incumplimiento del Consorcio
Fidufosyga 2005 no fue establecida sino después de iniciado el procedimiento
sancionatorio.

v) El dictamen pericial tiene bases equivocadas de gran magnitud que impone
la desestimación de sus conclusiones;

136.2. La primera instancia desconoció el principio de necesidad de la prueba al omitir
revelar el análisis que realizó de las pruebas del proceso, así como el juicio que
sobre la base de tales pruebas realizó de los hechos de la demanda.

II.4. El caso concreto

II.4.1. El cargo de indebida valoración de las pruebas que obran en el proceso

II.4.1.1. El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social) debió iniciar formalmente dos procedimientos
administrativos sancionatorios distintos en contra del Consorcio Fidufosyga
2005

137. Expresaron que la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011
contenía muchos hechos nuevos y referencias a obligaciones diferente a los
contenidos en las comunicaciones JAHV-1125-10 de 29 de julio de 2020 y JAHV-
3085-10 de 23 de septiembre de 2010, de tal forma que se habría generado un
proceso sancionatorio adicional que debió iniciarse formalmente, comunicárselo y
agotar todos los trámites establecidos en el manual de contratación de la parte
demandada.

138. Añadieron que el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, en la comunicación
JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011, habría movido, sin su consentimiento,
el rasero con el cual venía midiendo el cumplimiento de las obligaciones del
Consorcio Fidufosyga 2005, de manera que resultaba imposible establecer con
precisión si una determinada obligación se cumplió o no en un momento
determinado.

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139. Trajeron a colación la comunicación JAHV-FSG-3085-10 de 23 de septiembre
de 2010, en la cual el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 habría informado,
sustentado, soportado y justificado el incumplimiento del acuerdo de voluntades, y
manifestó que los hechos origen de tal incumplimiento se refirieron a la “[…] no
migración de datos y, por ende, a la no entrada en producción del módulo de
Medicamentos No POS y Fallos de Tutela en el nuevo Sistema de Información
Integrado. […]”, informe al cual habría dado respuesta.

140. Pusieron de presente, igualmente, la comunicación JAHV-FSG-1125-10 de 29
de julio de 2010, en la cual el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 habría
relacionado hechos que constituían posibles incumplimientos a las obligaciones
contractuales del Consorcio Fidufosyga 2005, informe al cual, igualmente, habría
dado respuesta.

141. Manifestaron que cinco (5) meses después de que el Consorcio Fidufosyga
2005 dio contestación a los cuestionamientos realizados por el interventor del
Contrato núm. 242 de 2005, se remitió copia de la comunicación “[…] JAHV-FSG-
3673-11 de 8 de marzo, en la cual el citado interventor habría remitido “[…]
“[i]nformes de Migración de Base de Datos del SIA al SII…”, así como “el informe
ejecutivo solicitado” […]”.

142. Aseveraron que el director general de financiamiento del entonces Ministerio de
la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) decidió
acumular los trámites de imposición de multas iniciados en julio y en septiembre de
2010 y seguir un procedimiento ad hoc que, en su concepto, desconoció su derecho
de defensa y debido proceso.

143. Afirmaron que la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011
contenía hechos nuevos y obligaciones diferentes a los señalados en las
comunicaciones las comunicaciones JAHV-1125-10 de 29 de julio de 2020 y JAHV-
3085-10 de 23 de septiembre de 2010, luego no se trataba de una simple
actualización de la información.

144. Subrayaron que la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011
se refería a objetivos diferentes, hallazgos nuevos, obligaciones distintas y otras
conclusiones.

145. Así, pusieron énfasis en que los hechos invocados por el interventor del Contrato
núm. 242 de 2005, para el caso del módulo de “[…] Medicamentos No Pos […]” no
tenía que ver con la “[…] migración de datos y la entrada en producción de ciertos
aplicativos […]”, sino con que “[…] “la migración responde a las especificaciones
técnicas expuestas en los planes de migración y a las necesidades particulares de
la Base de datos de Medicamentos y Tutelas MYT” […]”.

146. De igual forma, remarcaron, para el “[…] módulo de ECAT […]”, que tales
hechos tampoco se referían a la “[…] migración de datos y a su entrada en

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producción […]”, sino que se relacionaban con si “[…] “la migración responde a las
especificaciones técnicas expuestas en los planes de migración y a las necesidades
particulares de ECAT” […]”.

147. Expresaron que no compartían la decisión de primera instancia que no encontró
probada la violación de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso,
toda vez que la parte demandada debió iniciar un trámite sancionatorio
independiente en el que se analizaran los nuevos hechos y hallazgos de la firma
interventora del Contrato de Encargo Fiduciario núm. 242 de 2005, contenidos en la
comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011.

148. Insistieron en que, bajo tales condiciones anómalas y apartadas del
procedimiento sancionatorio establecido por la parte demandada, se citó a
audiencia para el día 31 de marzo de 2011 y que, si bien esta diligencia se
suspendió y se le concedió un término corto al Consorcio Fidufosyga 2005 para
realizar un pronunciamiento “[…] respecto de los hechos y argumentos en los que
el interventor sustentó un pretendido nuevo incumplimiento […]”, esto no enervó la
vulneración del debido proceso.

149. Se precisa que este cargo fue objeto de pronunciamiento en las resoluciones
números 1410 de 28 de abril de 2011 y 3030 de 22 de julio de 2011, actos
administrativos demandados.

150. Así, en la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011, la parte demandada,
manifestó lo siguiente:

“[…] b) Violación al debido proceso

Tanto el Consorcio Fidufosyga 2005 como su garante argumentan en su defensa que
se habría vulnerado el debido proceso al no respetar el procedimiento sancionatorio
previsto en el Manual de Contratación del Ministerio de la Protección Social, iniciando
un trámite sancionatorio a partir de la comunicación JAHV-FSG-3673-11 del 8 de
marzo del año en curso, que a su juicio se trata de hechos nuevos por cuanto las
comunicaciones JAHV-FSG-3085-10 y JAHV-FSG-1125-10 se refieren única y
exclusivamente a la no migración de datos y a la no entrada en producción de MYT y
ECAT respectivamente, mientras que en la comunicación JAHV-FSG-3673-11 los
hechos ya no tienen que ver con la migración de datos y su entrada en producción
sino con si la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en los
planes de migración y a las necesidades particulares de la base de datos de MYT y
de ECAT.

Sea lo primero, insistir en que no se trata de hechos nuevos, pues tal como se enuncia
en la comunicación JAHV-FSG-3673-11 del 8 de marzo de 2011 la firma interventora
simplemente remite los informes de migración de Base de Datos del SIA al SII, en los
cuales se informa la situación a esa fecha de la actividad de migración, actualización
que obviamente conlleva la verificación de las condiciones en las que se habría
realizado dicha migración, si es del caso. De igual forma mediante comunicación
JAHV-FSG-3688-11 del 10 de marzo de 2011 la firma interventora remite el
documento que resume el estado a esa fecha de las condiciones y cumplimiento de
las obligaciones que comprenden la migración de la información ECAT y del aplicativo
y migración Medicamentos y Tutelas.

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Es evidente que las comunicaciones mencionadas guardan relación con los hechos
objeto del presente trámite sancionatorio, no solo por la mención en las mismas de
los escritos JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 que dieron origen al presente trámite,
sino por su referencia a las obligaciones de migración de datos en cuestión y teniendo
en cuenta el carácter conminatorio de la imposición de la multa era necesario
actualizar la información respecto del eventual incumplimiento de las obligaciones
contractuales, sin que ello de ninguna manera represente el análisis de hechos
nuevos, sino como ya se dijo la actualización de la situación de cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones contractuales objeto del procedimiento
sancionatorio.

Ahora bien, el argumento de la defensa se centra en el hecho de que las
comunicaciones JAHV-FSG-3085-10 y JAHV-FSG-1125-10 se refieren única y
exclusivamente a la no migración de datos y a la no entrada en producción de MYT y
ECAT respectivamente, mientras que en la comunicación JAHV-FSG-3673-11 los
hechos ya no tienen que ver con la migración de datos y su entrada en producción
sino con si la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en los
planes de migración y a las necesidades particulares de la base de datos de MYT y
de ECAT, lo cual no es cierto, pues en varias oportunidades en las comunicaciones
JAHV-FSG-3085-10 y JAHV-FSG-1125-10 se mencionan las condiciones técnicas y
de calidad en que se debe realizar la migración en cuestión, reprochando al contratista
falencias en ese aspecto, así:

De la comunicación JAHV-1125-10, se anota:

-(páginas 2 y 3) Al resaltar los compromisos adquiridos por el Consorcio en su
propuesta, la firma interventora anota que en tomo XII en el folio 3611, en el numeral
10.4.2.5.1.5, se señala que la base de datos debe mantener los principios de
consistencia, integridad y seguridad de la información, unificando su plataforma de
administración de los datos y los criterios de aceptación, pruebas, proceso de calidad,
condiciones que resalta y echa de menos la firma interventora desde el 29 de julio de
2010, y no como lo argumento la defensa del consorcio y del garante, que solo se
ponen de presente en marzo de 2011, entendiéndolos como hechos nuevos.

-(página 8) “Fue remitido al grupo interventor del contrato 409 de 2007, del Ministerio
de la Protección Social, comunicación mediante la cual se informa el estado de la
migración; Oficios radicados y calendados bajo los números JAHV-FSG-2530-10,
JAHV-FSG.2559-10 (sic) del 30 de marzo, 14 de abril de 2010 (sic) respectivamente,
adicionalmente es preciso indicar, que en los referidos oficios se contiene
explícitamente la no aceptación de la depuración y migración de datos debido
a la detección de innumerables inconsistencias.”

-(página 9) ”Para mayo de 2010, en el capítulo VIII, numeral 8.7 JAHV McGregor S.A.
presentó informe sobre el estado de migración de la base de datos de ECAT, con la
información suministrada por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, la cual no fue de
aceptación dada la cantidad de inconsistencias encontradas y a la falta de
depuración de la información objeto de la evaluación…”

En la comunicación JAHV-3085-10 se encuentran los siguientes apartes:

-(páginas 3 y 4) Al resaltar los compromisos adquiridos por el Consorcio en su
propuesta, la firma interventora anota que en tomo XII en el folio 3611, en el numeral
10.4.2.5.1.5, se señala que la base de datos debe mantener los principios de
consistencia, integridad y seguridad de la información, unificando su plataforma de
administración de los datos y los criterios de aceptación, pruebas, procesos de
calidad, condiciones que resalta y echa de menos la firma interventora desde el 23 de

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septiembre de 2010 y no como lo argumenta la defensa del consorcio y del garante,
que solo se ponen de presente en marzo de 2011, entendiéndolos como hechos
nuevos.

-(página 9) “El resultado del seguimiento nos permite afirmar que los porcentajes de
avance reflejados en los informes de gestión de Consorcio Fidufosyga 2005, no se
ajustan a la realidad y la información como se soportó, es inconsistente, toda vez que
para el mes de octubre de 2008, se reporta un 32% de avance en el cronograma y
para septiembre del mismo año se reportaba el 88% de dicho avance.”

Adicionalmente, resulta simplista e inexacto interpretar las obligaciones contractuales
de manera aislada respecto del contexto del cumplimiento del objeto contractual, es
decir, resulta inútil tener por cumplida una obligación contractual sin que a partir de
ella se dé cumplimiento al objeto del contrato.

La defensa del contratista menciona que el incumplimiento de las obligaciones 7.17,
7.18, 7.23, 7.24 (sic) de la cláusula séptima del contrato en cuestión bien podrían
llevar a la imposición de medidas de apremio, no obstante el contenido de esas
obligaciones no coincide con los supuestos de hecho ni con los argumentos
expuestos por el interventor para la imposición de multas en julio y septiembre de
2010 ni en marzo de 2011, por cuanto en lo que tiene que ver con las comunicaciones
JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 el consorcio cumplió con la entrega en el caso de
ECAT del informe final de migración el 24 de diciembre de 2010 y en el caso de MYT
la migración culminó el 26 de noviembre de 2010.

Así, en el marco de las circunstancias objeto del presente procedimiento, entender
que las obligaciones contenidas en los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula
séptima del contrato 242 de 2005 se agotan con la simple entrega del plan de
migración a la plataforma tecnológica o con la migración de datos, sin tener cuenta
(sic) los principios de consistencia, integridad y seguridad de la información ni las
condiciones técnicas previstas para ello en el contrato y en los demás documentos
que hacen parte del mismo, no es jurídicamente viable al tenor del principio de
responsabilidad que rige la contratación estatal. Las obligaciones contractuales solo
se encuentran cumplidas cuando se logra el objetivo perseguido con ellas, que en
este caso no es sólo migrar los datos de un sistema a otro, sino hacerlo bien y de
manera que se garantice el correcto funcionamiento del sistema.

En este sentido también se pronunció la firma JAHV McGregor en el escrito JAHV-
FSG-3884-11 del 18 de abril de 2011 en el que manifiesta que en ningún momento
se está exigiendo hechos nuevos, que los informes corresponden a las verificaciones
que realizó la firma interventora al cumplimiento de la obligación de realizar la
migración de ECAT por parte del consorcio y que corresponde al estado actual del
proceso de migración del SIA-ECAT al SII-ECAT, que no se ha culminado ya que
existen actividades del mismo proceso que se encuentran pendientes de ejecución.
En cuanto al módulo MYT señala que se está refiriendo al compromiso del consorcio
cuando presentó la propuesta y en el contrato que es el de contar con un módulo MYT
debidamente integrado y el sistema de Gestión Documental y que los informes
corresponden a verificaciones al cumplimiento de la obligación de entregar
funcionando el módulo MYT, integrado con el ERP y el sistema de Gestión
Documental, el cual al 18 de abril de 2011 no se había culminado, ya que existían
actividades del mismo proceso que se encontraban pendientes de ejecución.

De manera que al no tratarse de hechos nuevos, como se acaba de demostrar, mal
podría entenderse como una violación al debido proceso la actualización de la
información respecto del eventual incumplimiento de las obligaciones contractuales,
frente a la cual no había necesidad de dar traslado para las presentación de
descargos, lo cuales (sic) habían sido presentados en octubre y noviembre de 2010,

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no obstante los representantes del contratista y su garante se pronunciaron respecto
de las comunicaciones JAHV-FSG-3673-11 del 8 de marzo de 2011 y JAHV-FSG-
3688 del 10 de marzo de 2011 en el desarrollo de la audiencia de imposición de multas
y en los documentos entregados en la misma, para lo que en ejercicio de su derecho
de defensa solicitaron la suspensión de la audiencia mencionada.

Se insiste, al no tratarse de hechos nuevos carece de fundamento el argumento de
defensa de violación al debido proceso, cuando se ha garantizado el derecho de
defensa y se han surtido todas las etapas del procedimiento sancionatorio previstas
en el manual de contratación del Ministerio, tal como se expuso en el capítulo 1.
Antecedentes y trámite adelantado de esta Resolución. […]” (negrilla del texto).

151. La Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 2011, al respecto, señaló:

“[…] El contratista Consorcio FIDUFOSYGA 2005, endilga a ésta Cartera actuaciones
violatorias al debido proceso en el presente trámite sancionatorio por cuanto afirma
no haber entrado en conocimiento y por ende no haber controvertido el análisis
realizado por la Firma Interventora en comunicación JAHV-FSG-3673-11 del 8 de
marzo de 2011, en la que a su juicio, se hace alusión a hechos nuevos frente a los
reseñados en las comunicaciones JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 del 29 de julio y
del 23 de septiembre de 2010, respectivamente.

A su turno, la Firma Interventora JAHV McGregor S.A., manifiesta que lo afirmado en
la referida comunicación del 8 de marzo de 2011, no es un hecho nuevo, sino de la
prevalencia del incumplimiento de la migración de la información con los estándares
de calidad, completitud e integridad que afectan la disponibilidad de la información.
Dicha condición reiterada en documento JAHV-FSG-4393-11 del 19 de julio de 2011
(sic),

Pues bien, sea lo primero tener en claro qué obligaciones se establecen como
trasgredidas en las comunicaciones del 29 de julio y 23 de septiembre de 2010.

Con oficio JAHV-1125-10 del 29 de julio de 2010, la Firma Interventora, previa relación
de hechos y actuaciones correspondientes, informa el incumplimiento del contratista
frente a la obligación contenida en el subnumeral (sic) 7.17 del 7° de “Obligaciones
relacionadas con el soporte tecnológico y sistemas de información FOSYGA”, la que
se refiere a: “Elaborar y entregar el plan de sistemas de información que informe (sic):
a) plan de operación con los actuales sistemas de información; b) plan de
sistematización propuesto; c) plan de seguridad informática tomando como base la
norma ISO 17799; d) Plan de contingencia y continuidad de los sistemas de
información; e) plan de migración a la plataforma tecnológica propuesta; f) plan te (sic)
integración de las bases de datos y sistemas de información en una sola base de
datos; g) plan de operación y administración de los sistemas de información y
comunicaciones; h) plan y metodologías para el desarrollo, actualización, pruebas,
implementación e implantación de los sistemas de información del FOSYGA y, (sic) i)
plan de entrenamiento y capacitación del personal del administrador fiduciario del
Ministerio y de la Superintendencia Nacional de Salud relacionado con las actividades
del FOSYGA”.

En la comunicación JAHV-3085-10 del 23 de septiembre de 2010, se alude a las
obligaciones 7.23 “Poner a disposición del Ministerio, del interventor, del Auditor y de
la Superintendencia Nacional de Salud, la información, base de datos, software,
procedimientos y documentación que se requieran conforme a sus competencias, así
como toda la información relacionada con la memoria técnica del contrato mediante
la documentación de los hechos críticos que generen cambios en los procesos
operativos, en los aplicativos, en los flujos de información, en la tecnología u otros
aspectos”; y la 7.24 (sic) “Mantener actualizada y entregar al Ministerio los siguientes

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productos informáticos: Software del Fondo (fuentes ejecutables), base de datos,
archivos, documentación técnica y demás relacionada, al finalizar el Contrato de
Encargo Fiduciario y en la periodicidad que defina el Ministerio”.

Tal y como se enunció en la Resolución 1410 del 28 de abril de 2011, los hechos que
según las referidas comunicaciones originaron los incumplimientos de las
obligaciones transcritas, se sintetizan en: La no entrega por parte del contratista y por
ende no entrada en producción del Sistema Integrado de Información (SII) el 15 de
diciembre de 2008, de la depuración y migración del ECAT, del módulo de
medicamentos No POS y Fallos de Tutela que hace parte del SII, la no puesta en
producción del módulo MYT; todos ellos productos que se establecieron en la oferta
presentada por el contratista dentro del proceso licitatorio MPS-07-2005 y en las
obligaciones del contrato No. 242 de 2005, y finalmente la no observancia de los
principios de consistencia, integridad y seguridad de la información, y así mismo los
criterios de aceptación, pruebas, procesos de calidad de las verificaciones
respectivas.

Ahora bien, con comunicación JAHV-FSG-3673-11 del 8 de marzo de 2011 la Firma
Interventora, envió con destino a la Dirección General de Financiamiento los informes
de migración de la Base de Datos, mediante los cuales se comprobó si las mismas
correspondían a las especificaciones técnicas expuestas en los planes de migración
y a las necesidades particulares ECAT con fundamento en la información
suministrada por el Consorcio contratista. Se concluyó en dicho documento que el
Consorcio contratista no cumplió con las cronogramas (sic), las especificaciones
técnicas ni con los controles y verificaciones de calidad mínimos requeridos, para que
la depuración y complemento de la información se realizara de conformidad con las
obligaciones establecidas por el Ministerio en el Contrato 242 de 2005, lo que dio
origen a que la información que se suministrara con fundamento en las bases
referidas no fuera confiable.

Se debe tener en claro por parte del recurrente que las obligaciones estipuladas en
los contratos estatales, más aún cuando las mismas se refieren a la entrega de
productos, en todos los casos tienen directa correspondencia con las especificaciones
técnicas que fueron dispuestas por el ente contratante. De esta manera no es posible
tenerse como cumplida a satisfacción la entrega de determinado producto cuando el
mismo, agotados los trámites de verificación pertinentes, dista de lo que fue
inicialmente requerido. Circunstancia diferente, obligaría a la Entidad a aceptar y
pagar entregas de bienes y/o servicios en los que no se cumple con los parámetros
estipulados que satisfagan a cabalidad las necesidades institucionales que se
buscaron superar con la celebración del contrato.

Se concluye de lo aludido, en forma independiente de la naturaleza o cuantía del
contrato de origen, que la entrega de un producto que se realiza en cumplimiento de
una obligación contractual, no puede ser llevada a cabo sin observancia de las
condiciones que fueron dispuestas para su recibo a satisfacción, por lo cual, la entidad
solo podrá predicar el cumplimiento del contratista cuando concurran la entrega de
los productos dentro de las fechas estipuladas en el cronograma o plan de ejecución
respectivo, con el lleno de los requisitos dispuesto para ello, condición que ya fue
informada en la Resolución cuyo análisis de ajuste a derecho nos ocupa.

Es así, como en el caso en exposición, los pronunciamientos realizados por la Firma
Interventora sobre la calidad, correspondencia y confiabilidad, entre otros, de los
procesos de migración de la información contenida en los productos entregados, no
pueden ser tomados como hechos nuevos, ni como el cambio de hallazgos por parte
de la Interventoría, como se afirma por el contratista en su recurso, por cuanto y como
se precisó en la Resolución atacada, los análisis contenidos en la comunicación de
fecha 8 de marzo de 2011, son la consecuencia directa de los hechos aludidos en los

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oficios de 29 de julio y del 23 de septiembre de 2010, por tanto corresponden a un
estudio más detallado y actualizado de los mismos, es decir la situación de
incumplimiento en la que persiste el contratista.

En concordancia con lo expresado por la Firma Interventora en comunicado del 19 de
julio de 2011, para la fecha de emisión de la primera comunicación el Consorcio no
había cumplido la obligación de realizar la migración en su totalidad, mientras que
para el 8 de marzo, fecha de expedición del segundo comunicado, si bien el
contratista había realizado la migración, los datos migrados no cumplían con la
calidad, la completitud e integridad exigida para la información migrada, en
consecuencia, y tal como lo alude la citada Firma, “aunque son dos momentos
diferentes, se debe tener en cuenta que se trata de la misma obligación, migración de
datos de la base de datos de ECAT”.

De igual manera, es necesario que se recuerde que en las comunicaciones JAHV-
FSG-3085-10 y JAHV-FSG-1125-10 se hizo referencia expresa a la no aceptación de
la depuración y migración de los datos debido a la detección de innumerables
inconsistencias, condición que ya fue enunciada y desarrollada en el acto atacado,
resaltando apartes textuales contenidos en las comunicaciones presentadas por la
Firma Interventora y que según lo que se discierne de lo transcrito en el recurso de
reposición, el contratista pretende desconocer.

Al constituirse los presuntos hechos nuevos en aspectos técnicos que deben ser
evaluados por el personal competente del Ministerio de la Protección Social, con
comunicación interna de No. (sic) 2998 del 30 de mayo del año en curso, la
Coordinación del Grupo de Gestión Contractual solicitó a los funcionarios que ejercen
la supervisión del Contrato de Interventoría 409 de 2007, se pronunciaran de fondo
sobre el contenido de la Resolución 1410 del 28 de abril de 2011, solicitud que fue
atendida mediante memorando No. 181261 del 22 de junio del año en curso, en el
que los citados funcionarios ratificaron en todo los pronunciamientos de fondo
relacionados con aspectos técnicos que realizó la Firma Interventora.

Así las cosas, se concluye que las afirmaciones contenidas en el escrito JAHV-FSG-
3673-11 del 8 de marzo de 2011, no corresponden a hechos nuevos, razón por la cual
el trámite de las mismas no deberá desligarse del presente proceso sancionatorio.
[…]”.

152. Ahora bien, en el expediente se encuentra la comunicación JAHV – 1125 de 29
de julio de 2010, dirigida al Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social)38 por parte del representante legal de la sociedad
interventora del Contrato núm. 242 de 2005, en la cual se resalta:

“[…] El Consorcio FIDUFOSYGA 2005, dentro de propuesta (sic) a la Licitación
Pública MPS -07-2005 del Ministerio de la Protección Social y de acuerdo con las
obligaciones previstas en el contrato 242 de 2005, se comprometió a entregar un
sistema de información integrado a corto plazo (12 meses) mediano (13 a 36 meses)
de acuerdo con el tomo XII en numeral (sic) 10.4.2.5.1.2 Plan estratégico de sistemas,
folios 3576, 3578 y 3578, donde se observa que el Sistema de Información Integrado
(SII), tenía como fecha de entrega y entrada a producción el 15 de diciembre de 2008,
con la migración de sus respectivas bases de datos, donde implantaría un modelo
único de base de datos para las aplicaciones del FOSYGA, como lo indica en el folio
3579.

38
Cfr. Carpeta 2.

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Es de anotar que en el tomo XII en el folio 3611 el Consorcio FIDUFOSYGA 2005,
indica en el numeral 10.4.2.5.1.5 que:

“(…) PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FOSYGA

ALCANCES

El objetivo final del Plan de desarrollo e implementación de la base de datos del
sistema de información de FOSYGA es proveer al ADMINISTRADOR DEL FOSYGA
como mínimo la infraestructura de base de datos requerida para satisfacer el
desarrollo de sus actividades y la disponibilidad de la información requerida y
enunciada en el “CUADERNO N° 4 SOPORTE EN SISTEMAS”, numeral 2
“APLICATIVOS QUE INTEGRAN EL SOFTWARE DEL FOSYGA”, subnumeral
encabezado por “La base de datos del FOSYGA deberá contener, como mínimo, la
siguiente información”.

Esta base de datos debe mantener los principios de consistencia, integridad y
seguridad de la información, unificando su plataforma de administración de los datos.
Este plan contempla básicamente:

(…)

Acorde con las obligaciones relacionadas en la propuesta de servicios ya citadas,
FIDUFOSYGA 2005 se comprometió expresamente a cumplir con los compromisos
establecidos inicialmente en el siguiente CRONOGRAMA:

(…)

Como se observa, en el archivo FID-FOS-PL-Cronograma de migracionECAT-v01,
LA ETAPA DE ENTRADA EN PRODUCTIVO, estaba programada para el 11 de
agosto de 2008, actividad que no se realizó por parte del Consorcio FIDUFOSYGA
2005, en esa fecha.

De acuerdo con los compromisos adquiridos con el Ministerio de la Protección Social,
según se evidencia en el archivo FID-FOS-PL-Cronograma de migracionECAT-V02,
la nueva fecha límite para que saliera a productivo, era el 28 de agosto de 2008,
actividad que tampoco se realizó por parte del Consorcio FIDUFOSYGA 2005, en esa
oportunidad.

(…)

En una nueva oportunidad, el contratista se comprometió a cumplir con la obligación
citada. Es así como en el archivo FID-FOS-PL-Cronograma de migraciónECAT-v03,
se observa que el 17 de febrero de 2009 saldría a productivo, actividad que no se
realizó por parte del Consorcio en esa fecha.

Mediante la comunicación radicada bajo el N° GRC-356-08 CD 055206, calendada
15 de diciembre de 2008, el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, envió con la entrega del
SII un cronograma con la programación de migración de la base de datos de ECAT,
en el referido documento el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, se compromete a: “(…)
Así mismo, se precisa que las migraciones definitivas de los datos, se efectuarán en
el momento previo a la entrada en producción de cada uno de los módulos del SII,
teniendo en cuenta que se trata de un negocio en marcha que debe continuar con los
procesos en los sistemas actuales. (…)” De las misma comunicación a folio tres (3),
numeral 4, el contratista establece que el módulo ECAT del SII, estaría implementado
y en producción a fecha 2 de enero de 2009.

49

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Es así que, el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 se ha comprometido en varias
ocasiones a entregar la depuración y migración de ECAT y a la fecha no ha hecho
entrega a satisfacción el producto en cuestión.

Por lo anterior, y de acuerdo con las obligaciones previstas en el contrato 409 de
2007, en el ejercicio de la interventoría al contrato 242 de 2005, se ha efectuado los
respectivos seguimientos al proceso de migración de las base de datos del SIA al SII,
de conformidad con la obligación del 7.17 que prevé:

(…) e) plan de migración a la plataforma tecnológica propuesta (…)

(…)

Es así como el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, ha propuesto diferentes Cronogramas
al Ministerio de la Protección Social, que no ha cumplido hasta la fecha; situación
frente a la cual esta interventoría se ha pronunciado en forma reiterada, como se
evidencia en las comunicaciones JAHV-FSG-2452-10. Estos acuerdos de entrega de
productos fueron también registrados en actas, siendo compromisos que no ha
cumplido el Consorcio, como fue señalado por nuestra firma en la comunicación
JAHV-FSG-2736-10, documentos que se allegan con esta comunicación.

Para mayo de 2010, en el capítulo VIII, numeral 8.7 JAHV McGregor S.A., presentó
informe sobre el estado de la migración de la base de datos de ECAT, con la
información suministrada por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, la cual no fue de
aceptación dada la cantidad de inconsistencias encontradas y a la falta de depuración
de la información objeto de la evaluación, situación que se evidencia a folios 183 al
199 del referido informe, así como en la concepto (sic) expuesto en el informe de
interventoría del Mes de Mayo de 2010 (sic), para las obligaciones 7.17 y 718 (sic). A
folios 62 y 63.

En el informe presentado para el mes de agosto de 2009, frente al estado de la
migración de las bases de datos, en el cual se da como NO ACEPTADA la información
suministrada por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, ya que no coincide el antes y
después de la migración; es de anotar que para esa fecha el Consorcio FIDUFOSYGA
2005, no suministró la información correspondiente a la subcuenta de ECAT, aspectos
que se indicaron en el Informe de Auditoría para el mes de Agosto de 2009, en la
tabla de contenido. Folio 2 (sic), donde se evidencia que no se realizó el análisis por
falta de información; Así mismo se ratifica lo expuesto en el informe de Interventoría
para el mismo mes, como se aprecia en la argumentación correspondiente a la
obligación 7.17, a folio 66 del referido informe.

Se concluye; como resultado al cumplimiento de las obligaciones contractuales,
precedentemente señaladas y contenidas en el contrato 409 de 2007, que JAHV
McGregor S.A. en el ejercicio de la interventoría ha realizado el seguimiento al
proceso de depuración y migración de esta base de datos, sin que el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, haya demostrado haber logrado los objetivos propuestos,
incumpliendo al parecer con lo establecido en: literal e) del subnumeral 7.17, del
numeral 7 de la CLÁUSULA SÉPTIMA del contrato 242 de 2005, que reza: […]”
(negrilla y subrayado del texto).

153. En el expediente se encuentra la comunicación JAHV-FSG-3085-10 de 23 de
septiembre de 201039, dirigida al Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio
de Salud y de la Protección Social) por parte del representante legal de la sociedad

39
Cfr. Carpeta 1.

50

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interventora del Contrato de Encargo Fiduciario para la Administración de los
Recursos del Fosyga núm. 242 de 2005, en la cual se resalta:

“[…] El Consorcio FIDUFOSYGA 2005 dentro de la propuesta a la Licitación Pública
MPS -07-2005 del Ministerio de la Protección Social y de acuerdo con la obligaciones
previstas en el contrato 242 de 2005, se comprometió a entregar un sistema de
información integrado a corto plazo (12 meses), mediano (13 a 36 meses) de acuerdo
con el tomo XII en numeral 10.4.2.5.1.2 Plan estratégico de sistemas, folios 3578,
3579 y 3581, donde se observa que el módulo de Medicamentos No POS y Fallos
de Tutela debió estar implementado para el mes 36 y hacer parte del Sistema de
Información Integrado (SII), En el (sic) citado plan se comprometió a entregar el
módulo de Medicamentos No POS y Fallos de Tutela, habiéndose previsto como
fecha de entrega y entrada a producción el 15 de diciembre de 2008, con la migración
de sus respectivas bases de datos, donde implementaría un modelo único de base
de datos para las aplicaciones del FOSYGA, como lo indica en el folio 3578, 3579 y
3581, plazos contados de conformidad con la fecha de suscripción del referido
contrato.

Es de anotar que en el tomo XII en el folio 3611, el Consocio (sic) indica en el numeral
10.4.2.5.1.5 que:

“(…) PLAN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE FOSYGA

ALCANCES

El objetivo final del Plan de desarrollo e implementación de la base de datos del
sistema de información de FOSYGA es proveer al ADMINISTRADOR DEL FOSYGA
como mínimo la infraestructura de base de datos requerida para satisfacer el
desarrollo de sus actividades y la disponibilidad de la información requerida y
enunciada en el “CUADERNO N° 4 SOPORTE EN SISTEMAS”, numeral 2
“APLICATIVOS QUE INTEGRAN EL SOFTWARE DEL FOSYGA”, subnumeral
encabezado por “La base de datos del FOSYGA deberá contener, como mínimo, la
siguiente información”.

Esta base de datos debe mantener los principios de consistencia, integridad y
seguridad de la información, unificando su plataforma de administración de los datos.
Este plan contempla básicamente:

(…)

De acuerdo a la propuesta del Consorcio FIDUFOSYGA 2005, NO HA CUMPLIDO
con los compromisos establecidos inicialmente en el Cronograma presentados así:

(…)

El resultado del seguimiento nos permite afirmar que los porcentajes de avance
reflejados en los informes de gestión de Consorcio Fidufosyga 2005, no se ajustan a
la realidad y la información como se soportó, es inconsistente, toda vez que para el
mes de Octubre de 2008, se reporta un 32% de avance en el cronograma y para
septiembre del mismo año se reportaba el 88% de dicho avance.

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005 mediante comunicación GRC-356-08 CD055206
del 15 de diciembre de 2008, hace entrega del SII en trece (13) medios magnéticos
de cada uno de los módulos del sistema integrado pero no se encuentra relacionado
el Modulo de MyT correspondiente al SII.

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En el numeral 4 de esta comunicación que indica las fechas de implementación de la
puesta en producción del Sistema Integrado de Información y su integración con ERP,
SGD y WEB, en el cuadro relacionan a “MyT Actual” que entra en “producción” el 2
de enero de 2009, lo cual no corresponde con lo que se encuentra actualmente en
producción, ya que el módulo de MyT que se esta utilizando en el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005 corresponde al modulo del Sistema de información Antiguo (SIA)
y este no se encuentra integrado con el SGD y el ERP. (ver anexo comunicación
CGR-356-08 CD055206 del 15 de diciembre de 2008.)

Es así que en las observaciones de los informes de gestión de julio y agosto de 2010
y mediante las comunicaciones JAHV-FSG-1734-10 de 18 agosto de 2010 y JAHV-
FSG-1956 de 15 de octubre de 2010 al Consorcio FIDUFOSYGA 2005 se le solicito
(sic) y reitero que debía desarrollar este modulo (sic) de acuerdo con sus
obligaciones, para lo cual debería entregar un cronograma con las actividades a
realizar para la implementación de este modulo (sic).

(…)

Es importante resaltar que en los informes de interventoría presentados al Ministerio
de la Protección Social, durante los años 2009 y 2010, reflejaron la no entrega del
modulo de Medicamentos y tutelas, como se sustenta en el acervo probatorio.

A continuación se presenta un cuadro con las fechas en las que continuamente el
Consorcio FIDUFOSYGA 2005 ha indicado dentro de sus informes de gestión que
pondría en producción el Modulo de MyT y al 8 de septiembre de 2010 aun no ha
salido a producción.

Igualmente el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 dentro de los informes de gestión de
2010 ha indicado que aun no se encuentra en producción y las fechas en las que se
comprometió a entregar el modulo (sic) en producción, como se aprecia en el
siguiente cuadro:

(…)

Por otra parte, nuestra firma, ha indicado en los informes de Interventoría la omisión
en la entrega por parte del Consorcio FIDUFOSYGA 2005 del citado módulo, como
se puede apreciar en el contenido de los informes que se relacionan en el siguiente
cuadro.

(…)

De otra parte, en la respuesta de las segundas observaciones al informe de gestión
de julio de 2010, en la comunicación del Consorcio FIDUFOSYGA 2005 DAF-415-10
en el folio 30 que indica que “La fecha de salida a producción del software SII – MYT
es posterior a la fecha de radicación. Es decir el 16 de septiembre de 2010…”, Donde
se observa que nuevamente el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 aplaza la entrada en
producción del Modulo de MyT, incumpliendo lo indicado dentro de su propuesta.

(…)

Se concluye entonces que el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, presenta al parecer
incumplimiento de las obligaciones que a continuación se describen:

Los literales 7.23 y 7.24, del numeral 7 de la cláusula séptima del contrato 242 de
2005: […]” (negrilla y subrayado del texto).

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154. En el expediente reposa la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de
201140, dirigida al Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social)41 por parte del director de la interventoría del Contrato de
Encargo Fiduciario para la Administración de los Recursos del Fosyga núm. 242 de
2005, en la cual se remitieron “[…] los Informes de Migración de Base de Datos del
SIA […]”, en el que se destaca:

“[…] MIGRACIÓN DE DATOS ECAT

(…)

OBJETIVOS

Verificar el que la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en
los planes de migración y a las necesidades particulares de ECAT, teniendo en cuenta
que la información suministrada por el Consorcio con fecha 24/12/2010 afirma que la
migración se realizó con corte en el SIA al 23/07/2010 “…al modelo de datos diseño
para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Decreto 3990 en el sistema
actual en una primera etapa el 01/09/2008, y en una segunda etapa el 01/02/2009
con la información registrada en el periodo del 01/09/2008 – 31/12/2008, debido a la
continuidad que tendrá dentro de este período el modulo actual de ECAT …” y que
las características para el Release I (propuesta para realizar la migración el día
01/04/2009) consisten en: Migración base de datos Origen basada en proceso.
Depuración basada en necesidades de estructuras Nuevo Modelo ECAT. Migración
Total de Base de Datos origen.

(…)

CONCLUSIONES

Una vez realizado el análisis y verificación de los planes y propuestas hechos por el
Consorcio, a la luz de responder frente a la migración y depuración de los datos de
las bases de datos del SIA al SII bajo las especificaciones técnicas expuestas en los
dichos planes de migración y a las necesidades particulares de la subcuenta ECAT;
se concluye que el Consorcio no ha cumplido con los cronogramas, las
especificaciones técnicas, ni con los controles mínimos requeridos, ejerciendo los
principios de eficacia, eficiencia y celeridad en lo que respecta al tema de los procesos
de migración de datos.

Se concluye además que el trabajo de depuración y complemento de la información,
basado en los documentos físicos, no se ha realizado con las condiciones y
características requeridas por el Ministerio de la Protección Social MPS, en el marco
del contrato 242 de 2005.

Finalmente se concluye que la migración no responde a las especificaciones técnicas
expuestas en los planes de migración y a las necesidades particulares de ECAT,
teniendo en cuenta que el Consorcio ha dado diversidad de fechas, y en ninguna de
ellas se puede constatar que la migración se finalizó efectivamente y que las
características para el Release I (propuesta para realizar la migración) consisten en:
Migración base de datos Origen basada en proceso. Depuración basada en
necesidades de estructuras Nuevo Modelo ECAT. Migración Total de Base de Datos
origen.

40
Cfr. Carpeta 3.
41
Cfr. Carpeta 1.

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(…)

EVALUACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE RECLAMACIONES ECAT DEL SIA AL SII.

OBJETIVO

El objetivo es evidenciar que después de culminado el proceso de migración de la
base de datos SIA ECAT al SII ECAT realizado por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005,
los datos hayan pasado en forma íntegra y completa.

(…)

Conclusiones

La información migrada no es confiable, por las diferencias en las cantidades de
reclamaciones de los paquetes, sus estados cambiados.

No se debe de dar (sic) a terceros generando reportes a través del aplicativo o
consultas a la base de datos SII_ECAT para paquetes que fueron objetos de la
migración.

No hubo un proceso de calidad y verificación de la información migrada por parte del
Consorcio.

Dado que los análisis de la información migrada no fue consistente, los otros análisis
que se deberían realizar van a arrojar diferencias, por lo que el consorcio debe
asegurarse de realizar las verificaciones exhaustivas para garantizar que la
información sea confiable.

Reiteramos que el informe presentado por el consorcio sobre al migración (sic) de la
base de datos ECAT mediante comunicación ECT-5242-10 del 24 de diciembre de
2010 no corresponde con la realidad de la migración, como fue informado por la firma
interventora mediante la comunicación JAHV-FSG-3409-10, por otra parte no se
entiende como la migración termino (sic) el 24 de diciembre de 2010 y el informe se
elabora se radica ese mismo día.

El Consorcio no debió realizar la migración de la información en forma a paulatina,
como lo informo (sic) oportunamente por esta interventora en reuniones de mes de
mayo de 2010.

El Consorcio no utilizo (sic) la metodología propuesta al MPS para migración de las
bases de datos del SIA al SII, si no que la cambio (sic) en forma unilateral.

(…)

1. MIGRACIÓN DE DATOS MEDICAMENTOS Y TUTELAS MYT

OBJETIVOS

Verificar que la migración responde a las especificaciones técnicas expuestas en los
planes de migración y a las necesidades particulares de la Base de datos de
Medicamentos y Tutelas MYT, teniendo en cuenta que la información suministrada
por el Consorcio afirma que la migración se realizó el día 22 de Octubre, finalizando
el 29 de Octubre de 2010 y que las características para realizar la migración
contemplan que “… dentro de las fuentes de datos origen se describen

54

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RECOBROS3615; estas serán migradas con las estructuras actuales depuradas a
nivel de objetos de base de datos…”.

(…)

CONCLUSIONES

Se concluye que la fecha de migración de la base de datos de MYT del servidor
DPSWDB06 al servidor DPSWDB20 no es el día que el Consorcio especifica en el
estado de las migraciones, ni en los planes de Migración ni tampoco la fecha que
afirma en los informes de gestión. Adicionalmente la base de datos origen ha sido
modificada después de haber ejecutado las actividades de entrada a producción.

Se concluye que de acuerdo al número de registros reportados como migrados la
fecha de migración de los datos, posiblemente está comprendida entre el 06 y el 10
de octubre de 2010, y que la base de datos origen aún sigue siendo modificada toda
vez que al 17 de noviembre de 2010 la cantidad de registros ha cambiado.

Igualmente la información migrada a la base de datos destino tiene un alto grado de
inconsistencia en cuanto a la calidad y contenido.

Se concluye que el Consorcio no ha especificado con exactitud la fecha en la que
se llevó a cabo la migración de MYT, toda vez que tanto en los planes, como en la
entrada a producción y en los informes de gestión señala diferentes fechas, situación
que se ha presentado en los demás módulos como ECAT, BDUA, COIMPENSACIÓN
(sic), REGIMEN DE EXCEPCIÓN, RÉGIMEN SUBSIDIADO. Por lo tanto no se dan
por cumplidos los planes de migración de MYT toda vez que el Consorcio no cumple
con los siguientes entregables:

• Fecha exacta de la Migración.
• Backups antes y del después.
• Calidad en los procesos de transformación de datos en los paquetes (ETL,
DTS) que fueron ejecutados para implementar la migración de MYT.
• Entrega del cronograma real de migración.
• Cronograma real de la migración de las demás bases de datos que hacen
parte del proceso de MTY.

Lo anterior con base en a la obligación 7.18 que indica “Garantizar la administración
y operación del FOSYGA … Para tal efecto, el consorcio elevará por escrito
debidamente soportado con un estudio técnico sobre los planes de
migración…”, y 7.17 que indica “Elaborar y entregar el plan de sistemas de
información que informe: … e) plan de migración a la plataforma tecnológica
propuesta; f) plan de integración de las bases de datos y sistemas de
información en una sola base de datos; …”. (sic)

(…)

2. EVALUACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE RECOBROS POR MEDICAMENTOS Y
FALLOS DE TUTELA DEL SIA AL SII.

(…)

CONCLUSIONES

La información migrada no es confiable, debido a las diferencias encontradas.

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No se debe de dar información a terceros generando reportes a través del aplicativo
y/o consultas a la base de datos SII_MyT para recobros que fueron objetos de la
migración.

No hubo un proceso de calidad y verificación de la información migrada por parte del
Consorcio.

Dado que los análisis de la información migrada no fue consistente, los otros análisis
que se deberían realizar van arrojar diferencias, por lo que el consorcio debe
asegurarse de realizar las verificaciones exhaustivas para garantizar que la
información sea confiable. […]” (negrilla del texto).

155. La interventoría del Contrato núm. 242 de 2005, en las comunicaciones números
JAHV – 1125 de 29 de julio de 2010 y JAHV-FSG-3085-10 de 23 de septiembre de
2010, puso en conocimiento del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social) el incumplimiento de las obligaciones contenidas
en los numerales 7.17., 7.18., 7.23. y 7.24 del Contrato de Encargo Fiduciario núm.
242 de 200542, obligaciones del siguiente tenor:

“[…] 7. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SOPORTE TECNOLÓGICO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL FOSYGA (…) 7.17. Elaborar y entregar el plan
de sistemas de información que informe: a) plan de operación con los actuales
sistemas de información; b) plan de sistematización propuesto; c) plan de seguridad
informática tomando como base la norma ISO 17799; d) plan de contingencia y
continuidad de los sistemas de información; e) plan de migración a la plataforma
tecnológica propuesta; f) plan de integración de las bases de datos y sistemas de
información en una sola base de datos; g) plan de operación y administración de los
sistemas de información y comunicaciones; h) plan y metodologías para el desarrollo,
actualización, pruebas, implementación e implantación de los sistemas de
información del FOSYGA; y, i) plan de entrenamiento y capacitación del personal del
administrador fiduciario, del Ministerio y de la Superintendencia Nacional de Salud
relacionado con las actividades del FOSYGA; 7.18. Garantizar la administración y
operación del FOSYGA sin interrupciones durante el plazo de ejecución del contrato,
sobre la misma plataforma, manejador de bases de datos y arquitectura ofrecida en
la propuesta. Cualquier cambio en la plataforma tecnológica propuesta requiere de
autorización previa y expresa del Ministerio. Para tal efecto, el consorcio elevará por
escrito debidamente soportado con un estudio técnico sobre los beneficios del nuevo
producto o versión, el plan de migración si se requiere, el plan de capacitación a los
funcionarios del Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud, el plan de
contingencia y el cronograma de actividades con tiempos, personas y demás recursos
necesarios para llevar a cabo los cambios e implantación. (…) 7.23. Poner a
disposición del Ministerio, del Interventor, del Auditor y de la Superintendencia
Nacional de Salud, la información, base de datos, software, procedimientos y
documentación que requieran conforme a sus competencias, así como toda la
información relacionada con la memoria técnica del contrato mediante la
documentación de los hechos críticos que generen cambios en los procesos
operativos, en los aplicativos, en los flujos de información, en la tecnología u otros
aspectos. 7.24. Mantener actualizada y entregar al Ministerio los siguientes productos
informáticos: Software del Fondo (fuentes y ejecutables), base de datos, archivos,
documentación técnica y demás relacionada, al finalizar el Contrato de Encargo
Fiduciario y en la periodicidad que defina el Ministerio. […]” (negrilla del texto).

42
Cfr. Carpeta 8.

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156. La comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de 2011, alude a que los
análisis realizados respecto del proceso de migración de bases de datos de eventos
catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT) y de medicamentos y tutelas (MYT)
se realizan para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los
numerales 7.17. y 7.18. del Contrato núm. 242 de 2005, obligaciones a las que
alude, igualmente, la comunicación número JAHV – 1125 de 29 de julio de 2010.

157. Como lo indica la comunicación JAHV – 1125 de 29 de julio de 2010, el mismo
Consorcio Fidufosyga 2005 mencionó que el denominado plan de desarrollo e
implementación de la base de datos del sistema de información del Fosyga,
implicaba que tal base de datos debía mantener los principios de consistencia,
integridad y seguridad de la información, plan que contemplaba la migración de
datos actuales a una plataforma única de administración.

158. De igual forma, en esta comunicación de 29 de julio de 2010, se manifestó que
la interventoría del Contrato núm. 242 de 2005 evaluó el estado de la migración de
la base de datos ECAT, con la información suministrada por el Consorcio Fidufosyga
2005, la cual no fue aceptada por aquella interventoría por las inconsistencias
encontradas y la falta de depuración de la información evaluada.

159. Se advierte que en la Comunicación JAHV-FSG-3085-10 de 23 de septiembre
de 2010, si bien no se aludió a las obligaciones contenidas en los numerales 7.17.
y 7.18. del Contrato núm. 242 de 2005, sí se indicó, al igual que en la comunicación
de 29 de julio de 2010, que el Consorcio Fidufosyga 2005 mencionó que el
denominado plan de desarrollo e implementación de la base de datos del sistema
de información del Fosyga, implicaba que tal base de datos debía mantener los
principios de consistencia, integridad y seguridad de la información, plan que
contemplaba la migración de datos actuales a una plataforma única de
administración.

160. Se puede colegir que la comunicación JAHV-FSG-3673-11 de 8 de marzo de
2011 no está a referida a hechos novedosos a los expuestos en las comunicaciones
de 29 de julio y 23 de septiembre de 2010, teniendo en cuenta que estas
comunicaciones se profirieron dentro del contexto del cumplimiento del plan de
desarrollo e implementación de la base de datos del sistema de información del
Fosyga, el cual implicaba i) el desarrollo de los módulos de ECAT y MYT; ii) la
migración de los datos actuales existentes a una plataforma única de
administración; y, iii) la revisión de la consistencia, integridad y seguridad de la
información, lo cual se enmarca dentro de las obligaciones señaladas en los
numerales 7.17. y 7.18. del Contrato núm. 242 de 2005.

161. Nótese que incluso, en la comunicación de 29 de julio de 2010, la interventoría
del Contrato núm. 242 de 2005 dio cuenta que presentó informe sobre el estado de
la migración de la base de datos ECAT, teniendo en cuenta la información
suministrada por el Consorcio Fidufosyga 2005, y advirtió de la existencia de
inconsistencias y falta de depuración de la información migrada evaluada.

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162. La comunicación de 8 de marzo de 2011, como señalaron los actos
administrativos demandados corresponde al reporte, a esa fecha, del estado de la
actividad de migración de la información correspondiente a ECAT y MYT, lo cual
implicaba, conforme a las comunicaciones de 29 de julio y 23 de septiembre de
2010, el análisis de la consistencia, integridad y seguridad de la información objeto
de tal actividad, esto es, de las condiciones en que se llevó a cabo. En suma, la
comunicación de 8 de marzo de 2011 es la consecuencia de los hechos descritos
en las comunicaciones de 29 de julio y 23 de septiembre de 2010.

163. De acuerdo a lo expuesto, la Sala estima que, contrario a la posición de los
apelantes, los hechos descritos en las comunicaciones de 29 de julio y 23 de
septiembre de 2010 están inescindiblemente conectados con los descritos en la
comunicación de 8 de marzo de 2011, de tal forma que no se puede señalar que en
esta última comunicación se estuviera dando cuenta de objetivos diferentes,
hallazgos nuevos y obligaciones distintas que debieran dar lugar a la apertura de un
nuevo procedimiento administrativo, de tal forma que no se encuentra probada la
violación del debido proceso y del derecho de defensa de la parte demandante.

II.4.1.2. El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la
Protección Social) incumplió los plazos establecidos en su manual de
contratación y desconoció el debido proceso del Consorcio Fidufosyga 2005

164. Los apelantes alegaron que las pruebas documentales evidenciaron que la parte
demandada había incumplido los plazos establecidos en su manual de contratación,
en su perjuicio.

165. Manifestaron que no hubo un pronunciamiento expreso de la primera instancia
frente a tal situación y que la parte demandada había ampliado los plazos previstos
en su manual de contratación a su favor, pero no en favor del Consorcio Fidufosyga
2005.

166. Resaltaron que cinco (5) meses después de que el Consorcio Fidufosyga 2005
diera respuesta a los cuestionamientos iniciales del interventor del Contrato núm.
242 de 2005, se remitió la comunicación JAHV-3673-11 de 8 de marzo de 2011, la
cual fue puesta en su conocimiento el 16 de marzo de 2011 y apuntó que si bien en
la audiencia de 31 de marzo de 2011 se les dio un tiempo para pronunciarse
respecto de los hechos sustento del incumplimiento, para lo cual la diligencia se
suspendió y reanudó el 11 de abril de 2011, estimaron que el plazo que se les otorgó
fue menor a un (1) mes mientras que la autoridad administrativa se tomó cinco (5)
meses.

167. Aseguraron que el incumplimiento de los plazos conllevó a que en la Resolución
núm. 1410 de 28 de abril de 2011 se sancionara al Consorcio Fidufosyga 2005 por
hechos superados, puesto que “[…] los módulos de ECAT y MYT fueron entregados
en su oportunidad al Ministerio y que los hallazgos presentados por la firma

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interventora en la comunicación JAHV-FSG-3673 de 8 de marzo, ya había sido
superados. […]”.

168. Este cargo fue objeto de pronunciamiento en las resoluciones números 1410 de
28 de abril de 2011 y 3030 de 22 de julio de 2011, actos administrativos
demandados.

169. Así, en la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011, la parte demandada,
manifestó lo siguiente:

“[…] En lo que se refiere al cumplimiento de los plazos establecidos en dicho
procedimiento, es importante recalcar que se tales (sic) no son perentorios, tanto así
que el mismo Manual advierte respecto del procedimiento sancionatorio que “En todo
caso, estos términos pueden ser ampliados o ajustados según la complejidad y
condiciones del asunto a tratar, excepto los plazos establecidos por la Ley y normas
que regulen la materia.”

Tal como el presente caso, en el cual es evidente la complejidad del tema, tanto así
que en varias oportunidades el contratista, el garante e incluso la firma interventora
han solicitado la suspensión de la audiencia o la ampliación de los plazos inicialmente
establecidos para la presentación de descargos, el análisis de los mismos o
simplemente la revisión de los documentos y soportes que hacen parte del presente
trámite. Solicitudes que en todos los casos han sido aceptadas en aras de garantizar
el derecho de defensa de los intervinientes. De esta forma, la ampliación o ajuste de
los términos indicados en el procedimiento sancionatorio contenido en el manual de
contratación del Ministerio no constituye vulneración del debido proceso y por ende
tampoco conlleva nulidad del presente procedimiento, que por demás, en caso tal
debería haber sido alegada inmediatamente […]”.

170. A su turno, en la Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 2011, se mencionó
que:

“[…] Pues bien, el Manual de Contratación adoptado y vigente para el Ministerio de la
Protección Social, si bien dispone de los aspectos mínimos que deben surtirse frente
a la clase de trámite que nos ocupa, en procura de que en los mismos se salvaguarde
los aspectos de controversia y defensa del debido proceso del contratista, y regulando
en todo caso aspectos inter-orgánicos (sic), también determina en su numeral 4.1.1
la posibilidad que los plazos allí estipulados puedan ser ampliados o ajustados en
virtud de la complejidad y condiciones del asunto a tratar, excepto los propios
establecidos por la ley y normas que regulen la materia.

Es obvio que en la ejecución del Contrato 242 de 2005, las especificaciones de
naturaleza técnica que fueron concebidas para su ejecución revisten no solo un alto
nivel de complejidad sino de experticia por parte de contratista, así como de la Firma
que realiza las labores de auditoría e interventoría, razón por la cual y con el primordial
fin de que el Ministerio conozca en forma pormenorizada los efectos e implicaciones
de los hechos aquí expuestos, en algunos de los casos se han prolongado los
términos dispuestos, condición que bajo ningún supuesto puede derivar en
violaciones al derecho de debido proceso del recurrente, más aún cuando ese término
fue favorable para el Consorcio en especial porque contó con tiempo más que
suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones que el Interventor reportó como
incumplidas, sin embargo, más de diez meses después de dicho reporte, en la
actualidad se persiste en el incumplimiento, condición ésta reiterada en comunicación
del 19 de julio de 2011, remitida por la Firma Interventora. […]”.

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171. Elartículo 17 de la Ley 1150, norma relativa al debido proceso en las
actuaciones sancionatorias en materia contractual, establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso
será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos
que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido
pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.
Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener
un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista
y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo
del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas
directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros
a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro
de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la
jurisdicción coactiva.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este artículo se
entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria
pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y
en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la
competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas. […]”.

172. Se advierte que el Contrato núm. 242 fue celebrado el 6 de diciembre de 2005,
esto es, en vigencia de la Ley 80 de 28 de octubre de 199343; sin embargo, los actos
administrativos demandados fueron expedidos en vigencia de la Ley 1150, lo cual
se encuentra dentro del supuesto previsto en el parágrafo de esta ley, respecto del
cual está Corporación44 ha señalado:

“[…] Como se observa, a partir de la expedición de la Ley 1150 de 2007, no solamente
se consagró la posibilidad de imponer las multas pactadas, de manera unilateral, por
parte de la entidad estatal contratante, sino que se le atribuyó a tal posibilidad, un
efecto retrospectivo, permitiendo que su imposición pueda hacerse, aún en atención
de contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de esta ley, siempre que en
ellos se hubiese consagrado “la competencia de las entidades estatales para
imponerlas y hacerlas efectivas”.

El parágrafo transitorio transcrito, debe entenderse, en el sentido, de que si se celebró
un contrato antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, que contiene en
su clausulado multas, y expresamente hace referencia a la posibilidad de que éstas
puedan ser impuestas unilateralmente por parte de la entidad estatal contratante al

43
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
Sentencia de 30 de julio de 2008. Radicación núm.: 05001-23-25-000-1995-01905-01(21574).
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Consejero
ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sentencia de 5 de agosto de 2020. Radicación núm.: 25000-23-26-000-2006-
02238-01(45183).

60

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contratista, estas se podrán decretar de esta manera, por habilitación retrospectiva,
siempre que su imposición se haga con posterioridad a la vigencia de esta ley. […]”.

173. La cláusula decimoquinta del Contrato núm. 242 de 2005, en consonancia con
lo expuesto por esta Corporación, estableció que:

“[…] CLÁUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento parcial del
presente contrato o de mora en el mismo, el MINISTERIO por resolución motivada,
podrá imponer a EL CONSORCIO multas iguales hasta el medio por ciento (0.5%)
del valor del contrato por cada incumplimiento o por cada día de retraso, según el
caso, sin que dicho valor sobrepase el 10% del valor del contrato y sin perjuicio de
cobrar los demás daños causados. En caso de aplicación de multas, EL CONSORCIO
se obliga a reponer el valor de la Garantía Única; en caso de no hacerlo así, el
MINISTERIO queda autorizado para hacerlo directamente con cargo al valor de la
comisión de EL CONSORCIO […]” (negrilla del texto).

174. En relación con el alcance del debido proceso en las actuaciones administrativas
contractuales, esta Corporación45 indicó que:

“[…] En conclusión, se reitera que el debido proceso rige en las actuaciones
administrativas contractuales por disposición constitucional –art. 29-, de allí que el
art. 17 debe apreciarse como un impulso, exhortación y respaldo que el legislador
le ofrece para que, sin más demora, se introduzca con toda la fuerza en este ámbito
del derecho administrativo, que históricamente ha sido reacio a protegerlo sin
condiciones especiales. Así, las dudas que injustificadamente mantienen algunos,
sobre la necesidad de aplicar este derecho en materia contractual, quedaron
despejadas.

(…)

En este lugar se analizará la manera como rigen los derechos que integran el debido
proceso en los distintos procedimientos que se originan con ocasión de la
contratación estatal, teniendo en cuenta que la historia ha sido problemática46.

(…)

45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
Sentencia de 23 de junio de 2010. Radicación núm.: 25000-23-26-000-1994-00225-01(16367).
46
La dificultad del tema la puso de presente la Sección Tercera -sentencia de noviembre de 2005, exp. 14.157-, al señalar:
“La inquietud más significativa que se ha formulado la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como extranjera, radica en
determinar si todos y cada uno de los derechos que integran el debido proceso rigen en los procedimientos administrativos,
o si algunos de ellos no tienen espacio de aplicación en dicho contexto.

“A esa preocupación se agrega aquélla que indaga por la forma como tales derechos pueden regir, en materia administrativa.

“Para la Sala, el mandato del artículo 29 constituye un avance significativo en la defensa del ciudadano y en la racionalización
de los procedimientos administrativos sancionatorios o no, susceptibles de ser cobijados con la aplicación de este derecho, y
su desconocimiento será cosa del pasado.

“Ahora, y pese a que la determinación del campo de aplicación de cada uno de los derechos que integra el debido proceso
es un asunto que se deberá ir decantando caso a caso, es necesario dejar sentadas, por lo menos, las bases sobre las cuales
esa tarea se debe realizar.

“En principio, todos los derechos que integran el debido proceso deben ser aplicables en materia administrativa, porque el
mandato constitucional quiso extender, sin distinciones, este haz de garantías al campo administrativo. Esta idea no es más
que la aplicación del principio del efecto útil en la interpretación de las normas, a la vez que una forma de realizar el mandato
constitucional de manera efectiva.

“No obstante lo anterior, es forzoso aceptar que i) muchos de esos principios rigen en materia administrativa en forma plena
y absoluta, ii) mientras que otros lo hacen en forma matizada, es decir, que no es posible hacer una trasferencia de ellos de
la materia judicial a la administrativa, sin que sufran cambios y se transforme su estructura original.”

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c) El derecho a que el procedimiento administrativo se adelante con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio también tiene
raigambre en la contratación estatal47.

En general, proscribe las sanciones de plano, es decir, sin fórmula de juicio, porque
esto atenta contra el procedimiento a través del cual el contratista puede participar
en las etapas y momentos oportunos para defender sus intereses y expresar su
criterio sobre el asunto que se debate. La Corte Constitucional expresa al respecto,
en defensa del derecho, que “Sin embargo, bajo la consideración de que la
prestación de servicios públicos domiciliarios involucra derechos de rango
fundamental, esta Corporación precisó que una decisión en tal sentido no puede
adoptarse por la empresa de manera automática, es decir, una vez se den las
circunstancias objetivas que establece la norma, sino que ella debe estar precedida
de un debido proceso que le permita al usuario conocer sobre la eventual adopción
de estas medidas, ejercer su derecho a la defensa y controvertir la decisión.”48

(…)

El artículo 17 de la ley 1.150 exaltó aún más esta garantía, al disponer sobre la
imposición de las sanciones que “Esta decisión deberá estar precedida de audiencia
del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al
debido proceso del contratista.” Sobra insistir en que este derecho no sólo es
predicable de las sanciones de multa o cláusula penal, sino de cualquiera otra, por
aplicación analógica de esta disposición –analogía in bonam partem- y por
aplicación directa del art. 29 CP. En otras palabras, para la Sala no cabe duda que
también cuando se ejercen los poderes exorbitantes, como la terminación,
modificación o interpretación unilateral, caducidad, reversión, así como cuando se
declara un siniestro, y en general cuando se adopta cualquier otra decisión unilateral
de naturaleza contractual, es necesario que la administración observe el debido
proceso a lo largo del procedimiento correspondiente.

(…)

Si se hace una integración de principios constitucionales, en relación con el tema
que se estudia, se tiene que el procedimiento que se echa de menos no tiene que
ser tan complejo como el judicial, porque se sabe que la administración también
debe ajustarse a los principios de eficiencia, economía y eficacia –entre otros del
art. 209 CP.-, que por sí mismos demandan rapidez en las decisiones; pero esto
tampoco puede llevar a desconocer las garantías ciudadanas. En palabras de la
sentencia de 17 de marzo de 2010 de esta Sección –exp. 18.394-: “Por regla
general, todos los derechos que integran el debido proceso deben ser aplicables en
esta actividad administrativa en cumplimiento del mandado perentorio del artículo
29 de la Constitución Política y para lograrlo es necesario precisar la manera, forma
y grado en que ello debe serlo, dado que el mismo debe ser armonizado con la
naturaleza y objetivos de la contratación pública, en tanto los contratos son
celebrados por las entidades públicas para cumplir los fines estatales (art. 2 C.P.)49,
la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los

47
En un caso donde la administración aplicó la caducidad a un contratista, expresó la Corte Constitucional sobre este derecho
-sentencia SU-219 de 2003-: “Por todo lo anterior resulta explicable por qué el Constituyente de 1991 extendió el deber del
debido proceso a las actuaciones administrativas; la forma debida se impone como exigencia general de protección de
los intereses de los administrados. Es preciso que los órganos del Estado observen un procedimiento riguroso, en
la formación y expedición de los actos administrativos, sean ellos de carácter general o de contenido particular y
concreto.” (Negrillas fuera de texto)
48
Corte Constitucional, sentencia SU-1010 de 2009.
49
Constitución Política: “Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general
y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.”

62

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derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecución de dichos fines (artículo 3 de la Ley 80 de 1993), bajo el principio de
legalidad, en desarrollo del interés general y en ejercicio de la función administrativa
(art. 209 de C.P.).”

Además, es una verdad irrefutable que la ejecución de los contratos públicos
tampoco puede convertirse en un sucedáneo de la función judicial, en cuanto a la
resolución de conflictos que surgen en los negocios; pero esto tampoco puede
justificar la inmediatez atropellante del poder público sobre el ciudadano. No es
sencillo precisar lo que se debe lograr, pero está claro que se tiene que alcanzar un
justo medio entre el derecho a las formas propias de cada juicio –art. 29-, con los
principios de economía, celeridad y eficacia –art. 209 CP.-. […]”.

175. En el sentido expuesto, la Corporación50 señaló que:

“[…] En suma, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 -atrás transcrito- dirimió las
discusiones que en vigencia de la Ley 80 de 1993 se suscitaron en relación con la
facultad de las entidades públicas para imponer y cobrar multas y para declarar el
incumplimiento total o parcial del contrato con el exclusivo objetivo de hacer efectiva
la cláusula penal pecuniaria, dentro del contexto del derecho al debido proceso y su
corolario de defensa. En efecto, al segmentar la norma, se observa:

[…]

(ii) Se establece que para adoptar la decisión deberán garantizarse al afectado los
derechos al debido proceso y de defensa, mediante un procedimiento mínimo, que
consiste en un requerimiento previo al contratista para que se pueda pronunciar
sobre el incumplimiento que le endilga la entidad pública contratante51, y defenderse
del mismo incluso pidiendo la práctica de pruebas y contradiciendo las que se
aduzcan en su contra, en caso de que resulte necesario, dado que en algunos
eventos ni siquiera se requeriría dicho emplazamiento, como sucede cuando la
Administración mantiene un control y dirección permanente del objeto de contrato y
durante el lapso de su ejecución le ha manifestado al contratista sus observaciones,
quejas, reclamos, incumplimientos y le ha solicitado mejorar o corregir los servicios,
obras y suministros, bien a través de los informes y correspondencia del interventor
o del supervisor del contrato, ora mediante inspección y visita in situ de la obra, o
en las reuniones efectuadas con el contratista, etc.52; y, además, le ha pedido las
explicaciones del caso y otorgado la oportunidad de justificar. […]”.

176. En el expediente se encuentra el “[…] MANUAL DE CONTRATACIÓN (…)
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL […]”53 (negrilla del texto), el cual
regula, en su capítulo IV, el procedimiento sancionatorio en el que se establecen
términos para:

“[…]

Actividad Término
1. Requerimiento previo: en ejercicio del Una vez el Interventor y/o supervisor
control y vigilancia del contrato se detecte una desviación debe requerir
determinan los eventos de retraso, por escrito al contratista de inmediato,

50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio.
Sentencia de 7 de octubre de 2009. Radicación núm.: 25000-23-26-000-1995-01699-01(17936).
51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Autos de 15 de mayo y 17 de julio de 2003,
Exp. 24.101 y 24.436.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 5 de abril de 2001, Exp. 18.301.
53
Cfr. Carpeta 8.

63

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

mora, cumplimiento parcial o impartiendo instrucciones correctivas y
defectuoso del contratista. Se otorgando un plazo para respuesta.
procede a requerir al contratista por
escrito, para la adopción de
correctivos, de persistir el
incumplimiento se debe continuar con
la actividad.
2. Informa al Ordenador del Gasto – Interventor y/o supervisor.
Grupo de Gestión Contractual. A más tardar dentro de los dos (2) días
Vencido el plazo de respuesta y de calendario siguientes al vencimiento
persistir el incumplimiento, el del plazo de respuesta.
supervisor remite el documento
soporte que explica en forma
detallada y demuestra el
incumplimiento o el retraso; aporta
pruebas, presenta la tasación y la
evidencia plena del incumplimiento.
3. Análisis y verificación de los Dentro de los tres (3) días hábiles
documentos y pruebas del siguientes a la recepción de la
incumplimiento documentación. Grupo de Gestión
Contractual.
4. Requerimiento al contratista y al A más tardar dentro de los dos (2) días
garante. El Grupo de Gestión hábiles siguientes al análisis de la
Contractual traslada los documentos información. Grupo de Gestión
al contratista y le solicita la Contractual.
presentación de descargos,
aclaraciones y pruebas por escrito,
indicándole el término para ello.
5. Estudio de los descargos A más tardar dentro de los cinco (5)
El Grupo de Gestión Contractual, días hábiles siguientes a la recepción
recibe los descargos del contratista y de la respuesta. Grupo de Gestión
del garante, dando traslado a los Contractual, interventores y/o
funcionarios competentes y al supervisores.
interventor/supervisor para el estudio
y pronunciamiento frente a los
mismos. De no recibir respuesta
dentro del término señalado, el
requerimiento debe ser reiterado.
6. Citación al contratista – diligencia de Inmediatamente se realice el estudio
audiencia. El Ordenador del Gasto, el de los descargos, se procede con la
Grupo de Gestión Contractual, el citación, que es programada a los tres
interventor y/o supervisor, proceden a (3) días hábiles siguientes.
citar al garante y al contratista para
exponer el análisis de los descargos
y para presentar las contradicciones
o complementos que estimen
necesarios, dentro del desarrollo de
la audiencia se estima la procedencia
o no sobre la imposición de
sanciones. Se levanta acta firmada
por los intervinientes.
7. Expedición del acto administrativo A más tardar dentro de los tres (3) días
debidamente motivado. hábiles siguientes a la realización de la
audiencia. Grupo de Gestión
Contractual. – Ordenador del Gasto.

(…)

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

En todo caso, estos términos pueden ser ampliados o ajustados según la complejidad
y condiciones del asunto a tratar, excepto los plazos establecidos por la Ley y normas
que regulen la materia. […]” (negrilla del texto).

177. Consta que mediante el oficio núm. 73667 de 16 de marzo de 2011 54, el director
general de financiamiento del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social) le informó al representante legal del Consorcio
Fidufosyga 2005 que:

“[…] por razones de economía procesal el trámite de las solicitudes de imposición de
multa presentadas por la firma interventora JAHV McGregor mediante
comunicaciones JAHV-FSG-1125-10 y JAHV-FSG-3085-10, se adelantará de manera
conjunta. Por lo cual, se requirió a dicha firma interventora informar el estado actual
de las obligaciones presuntamente incumplidas de conformidad con las solicitudes de
imposición de multa mencionadas, a lo que dio respuesta mediante escrito JAHV-
FSG-3688-11 del 10 de marzo de 2011, cuya copia adjunto para su conocimiento.

Igualmente y por su relación con el trámite del asunto, remito copia de la comunicación
JAHV-FSG-3673-11 de fecha 8 de marzo de 2011, en la que la firma interventora
presenta informes de migración de Base de Datos del SIA a SII, entre los cuales se
hace referencia a los correspondientes a ECAT y MEDICAMENTOS Y FALLOS DE
TUTELA.

Así mismo y en aras de garantizar el derecho de defensa se da traslado de la
comunicación JAHV-FSG-3676-11 del 9 de marzo de 2011, a través de la cual la firma
interventora JAHV McGregor se pronuncia respecto de la tasación de la multa.

Finalmente, le informo que la audiencia de imposición de multa prevista en el Artículo
17 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008, se realizará
el próximo 25 de marzo de 2011 a las 3:00 p.m. en las instalaciones del Ministerio de
la Protección Social, Carrera 13 No. 32-76, Piso 19 Dirección General de
Financiamiento. […]”.

178. Se encuentra en el plenario el oficio de 18 de marzo de 201155 dirigido por el
Consorcio Fidufosyga 2005 al Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de
Salud y de la Protección Social), en el cual:

“[…] Asunto: Trámite Imposición Multas JAHV-FSG-1125-10 y JAHV-FSG-3085-
10 Contrato de Encargo Fiduciario 242 de 2005, suscrito entre el MINISTERIO
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y el CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005.

Acusamos recibo del oficio que trata el tema del asunto, junto con los documentos
anexos, señalando el 25 de marzo a las 3:00 p.m. como fecha para la realización de
la audiencia de imposición de multa prevista en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007,
que fue radicado en el CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 y en SEGUROS ALFA S.A.
el día 17 de marzo de 2011.

Ahora bien, teniendo en cuenta el volumen de documentación suministrada con el
oficio citado, respetuosamente solicitamos ampliar el plazo para evaluarla y conforme
con ello fijar una nueva fecha y hora para adelantar la correspondiente diligencia […]”
(negrilla del texto).

54
Cfr. Carpeta 4.
55
Cfr. Carpeta 4.

65

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

179. El Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección
Social) le manifestó al Consorcio Fidufosyga 2005, en oficio núm. 76789 de 18 de
marzo de 2011, que:

“[…] En atención a la solicitud de aplazamiento presentada por la Gerente del
Consorcio FIDUFOSYGA 2005 y la Representante Legal de Seguros Alfa S.A., le
informo que la diligencia del asunto, ha sido reprogramada para el Jueves 31 de
marzo de 2011 a las 3:00 p.m. […]” (negrilla del texto).

180. En el desarrollo de la audiencia de 31 de marzo de 201156 consta que:

“[…] 4. INTERVENCIÓN DEL CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005

El Dr. Felipe Piquero, en representación del Consorcio manifiesta que se habría
afectado el numeral 4 punto 3 del procedimiento de imposición de multas previsto en
el manual de contratación de la entidad, toda vez que sólo en octubre de 2010 se
remitió al consorcio documentos de julio y septiembre del mismo año en los que se
solicita el trámite de imposición de multa. Añade que no coincide lo aducido en los
documentos de julio y septiembre de 2010 con el escrito de marzo de 2011, por lo
que ello indica que estamos fuera de tiempo de acuerdo con el procedimiento del
Ministerio.

Agrega que en cuanto ECAT, en el documento de julio de 2010 la glosa era no haber
cumplido con la migración de datos, hecho que no existe a marzo de 2011, porque la
migración se habría realizado en diciembre de 2010 y aclara que aunque se
presentaron inconsistencias en la información, se convino un procedimiento para
corregirlas, tanto así que el 25 de marzo de 2011 se presentó un informe para revisión
del interventor. Resalta que las inconsistencias encontradas son mínimas frente al
volumen de datos migrados, en el entendido que se trata de menos del 1.6% de la
totalidad de la información, por lo cual considera que la realidad contractual y procesal
es diferente de la que dio origen al trámite de imposición de multas.

El Dr. Piquero añade que en la respuesta presentada por el Consorcio en octubre de
2010, se argumenta en especial el tema de la inestabilidad normativa, es decir poner
en marcha un aplicativo nuevo que por definición tiene que poder manejar el proceso
de ECAT con base en la normatividad vigente y dicha normatividad es volátil y
compleja, la cual necesitó al menos 2 años para poder entrar en vigencia y conllevó
que se continuara utilizando el procedimiento anterior para poder cumplir con las
obligaciones contractuales, lo que explica la dificultad para migrar datos cuando hay
que administrar dos sistemas simultáneamente y cuando no es posible implementar
fácilmente la normatividad nueva.

Señala que el Consorcio nunca ha pretendido desconocer sus compromisos
contractuales ni soslayar el alcance de sus obligaciones, hecho que conoce la firma
interventora, tanto así que después del informe de inconsistencias rendido en febrero
pasado acordaron un mecanismo para corregirlas, mecanismo que se puso en
marcha y a la fecha no se sabe si tales inconsistencias han sido superadas o no,
porque el informe se presentó el 25 y 28 de marzo de 2011 y no se conoce el resultado
de la revisión.

En lo que se refiere a MYT, el representante del Consorcio manifiesta que la situación
no es muy distinta, que el requerimiento de septiembre de 2010 se hizo por la

56
Cfr. Carpeta 4.

66

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

inexistencia del Módulo correspondiente en la base de datos y que en octubre del
mismo año el Consorcio también adujo inestabilidad normativa y el establecimiento
de un nuevo procedimiento para la migración de datos por parte del Ministerio, que
consiste básicamente en requerir una aprobación antes de la migración. Agrega que
la migración de datos se surtió el 29 octubre de 2010 y por ende el módulo se
encuentra en plena operación, resaltando que hay razones que explican la demora
como la caída de la emergencia en abril de 2010 y la Resolución 548 que cambia todo
el procedimiento. Manifiesta que hoy existe el Módulo respectivo y que cuando se
presentó el cargo inicialmente, éste consistía en la inexistencia del Módulo
correspondiente, pero estos planteamiento (sic) relacionados con inconsistencias
apenas se conocen en el mes de marzo de 2011 sin haber tenido tiempo para
analizarlos.

Concluye el Dr. Piquero que si bien en algunos puntos lo expuesto en el documento
de marzo de 2011 es similar a lo mencionado en los documentos que dieron origen al
trámite de imposición de multas, en otros se trata de situaciones diferentes, por lo
cual solicita regresar al punto 3 del procedimiento para examinar en detalle el
documento presentado en marzo de 2011 y darle respuesta planteando los
argumentos de defensa conforme a la situación real y actual. Sostiene que no es
posible continuar con el procedimiento de imposición de multa en su punto No. 5, en
el que se supone que nos hallamos, porque no conocen la preocupación respecto de
las inconsistencias y que tampoco tienen los elementos de juicios para poder referirse
por ejemplo a la tasación de la multa. En ese sentido solicita regresar al punto 3
respecto del documento de marzo de 2011 y adelantar un nuevo procedimiento.

El Dr. Juan Carlos Esguerra agrega que a su juicio existe una irregularidad
complicada por cuanto el interventor no se pronunció sobre la tasación de la multa, lo
que impide que el Consorcio y la Aseguradora conozcan y se pronuncien al respecto.

El Director General de Financiamiento responde que tanto el Consorcio como la firma
aseguradora conocieron previamente el documento por medio del cual la firma
interventora se pronunció respecto de la tasación de la multa, teniendo en cuenta que
dicha documentación fue remitida a ellos oficialmente. Acto seguido, cede la palabra
a la representante de Seguros Alfa S.A.

(…)

El Director General de Financiamiento manifiesta que el tema del manejo de la
información es crítico en el proceso de medicamentos, tutelas, recobros
reclamaciones, etc., tanto así que entidades como la Federación Médica Colombiana,
la Universidad Nacional de Colombia, la Contraloría, la Superintendencia de Salud,
en general por varias vías se ha manifestado al Ministerio la importancia de tomar
acciones concretas y de fondo sobre el tema de la información para la sostenibilidad
del sistema. Añade que siendo una preocupación fundamental el tema de la
información el objetivo del Ministerio no es imponer una multa, sino garantizar, la
oportunidad y la calidad de la información.

Sostiene que después de evaluar los argumentos del Consorcio y de la Compañía
Aseguradora, no se trata de hechos nuevos bajo el entendido que la información en
general debe cumplir ciertas condiciones de calidad, sin embargo y en aras de ser
garantista, se suspenderá la audiencia hasta el 7 de abril de 2011 a las 3:00 p.m.,
teniendo en cuenta que según lo expresado no han tenido tiempo suficiente para
evaluar los documentos presentados en marzo de 2011.

El Dr. Piquero insiste que en el caso ECAT en febrero de 2011 el interventor reportó
inconsistencias en la información y se inició el procedimiento para corregir todas las
inconsistencias, en atención a los cual (sic) el Consorcio presentó un informe el 25 y

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Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

28 de marzo de 2011, por lo que considera importante conocer la respuesta del
interventor a ese informe antes de continuar.

El Director General de Financiamiento precisa que en el informe presentado por el
interventor se exponen los argumentos de las falencias de información y el Dr. Piquero
hace referencia solamente a ECAT y no respecto de MYT, pero la idea es mirar el
tema de manera integral, por lo tanto recomienda que de acuerdo con la solicitud del
Consorcio y de la Aseguradora, revisen el documento de marzo de 2011 y en la
próxima sesión presenten todos los argumentos sobre el tema de manera integral.
Agrega que tiene entendido que la firma interventora dio respuesta al informe
presentado el 25 de marzo de 2011.

(…)

El Director General de Financiamiento manifiesta que de acuerdo a la solicitud
presentada por el Dr. Esguerra, la audiencia continuará el 11 de abril de 2011 a las
3:00 p.m.

Se suspende la audiencia […]” (negrilla del texto).

181. La audiencia se reanudó el día 11 de abril de 2011, y en el curso de está consta
que:

“[…] El Dr. Esguerra dice que se analizó en detalle y de manera juiciosa el documento
de marzo de 2011, a partir de lo cual se produjo un escrito que se radicó en horas de
la mañana en el Ministerio. Que dicho escrito resume lo que se dijo en la sesión
anterior y que la impresión del consorcio es que se ha dejado de lado el procedimiento
sancionatorio inicialmente previsto y estipulado en el contrato, en el que las
actividades que debían adelantarse para adoptar una decisión como la que nos ocupa
han sido desatendidas y plantea con todo respecto (sic) que se ha faltado al debido
proceso y al derecho de defensa, por se retoman planteamientos y supuestos
incumplimientos que ya han sido resueltos y corregidos a efectos de plantear
incumplimientos de obligaciones contractuales. Añade que daría la impresión de que
el interventor resolvió de la noche a la mañana que se debía imponer alguna multa y
que debía imponerla a como diera lugar. Manifiesta que la sensación del Consorcio
respecto de lo que ha venido ocurriendo es que no se ha sido lo juicioso y ponderado
que se debería ser, por parte de la interventoría; que no se han tenido en cuenta las
tareas que se ha venido cumpliendo el consorcio (sic), las circunstancias en medio de
las cuales ha tenido que adelantar sus actividades y que de tales hechos no surge la
imposición de ninguna sanción, sino que por el contrario ha habido un cumplimiento
cabal y juicioso en medio de circunstancias, no siempre las más apropiadas.

(…)

6. CONCLUSIONES DEL INTERVENTOR

El Dr. Norberto Pérez manifiesta que en la sesión pasada el consorcio se refirió a la
entrega de un documento con correcciones en la información, el cual fue verificado
encontrándose que si bien algunas inconsistencias fueron solucionadas otras
permanecen. Aclara que dicho documentos se refiere solo a ECAT y hace entrega en
ese momento del análisis de la evaluación del mismo al Ministerio, al Consorcio y a
la aseguradora.

Añade que en cuanto a MYT no se presentaron mejorías entonces el informe que se
habría presentado con anterioridad sigue vigente, es decir que subsisten las
inconformidades. […]” (negrilla del texto).

68

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

182. De las pruebas que obran en el expediente y que se mencionaron anteriormente,
se puede advertir que si bien los términos señalados en el manual de contratación
de la parte demandada no se siguieron de manera estricta esto obedeció a la
complejidad de la ejecución del Contrato núm. 242 de 2005, como lo advirtieron los
actos administrativos demandados, situación que se encuentra prevista en el
mencionado manual, al subrayar que los términos allí podían ser ampliados y
ajustados según la complejidad y condiciones del asunto a tratar.

183. La parte demandada, como se evidenció anteriormente, dispuso en varias
oportunidades del aplazamiento de la audiencia prevista en el trámite para la
imposición de multas del Contrato núm. 242 de 2005, por solicitud del Consorcio
Fidufosyga 2005 y de su garante, para efectos de que estas dispusieran de tiempo
para el análisis de los distintos informes relativos al incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte del citado consorcio y pudieran pronunciarse
al respecto.

184. Ahora bien, si el Consorcio Fidufosyga 2005 consideraba que los tiempos
otorgados por la parte demandada era insuficientes, así ha debido expresarlo antes
de iniciar la audiencia prevista en el trámite para la imposición de multas del
Contrato núm. 242 de 2005 o en el curso de la misma, pero esto no ocurrió, de tal
forma que no se vislumbra que, el hecho de que no se hayan seguido estrictamente
los términos previstos en el manual de contratación de la demandada, haya
originado una violación del debido proceso y del derecho de defensa, el cual fue
respetado por la parte demandada.

185. En todo caso, se reitera, el Consorcio Fidufosyga 2005 contó con la oportunidad
de pronunciarse sobre el incumplimiento que le endilgó la demandada incluso
contradiciendo los medios de prueba que se adujeron en su contra, con anterioridad
a la expedición de los actos administrativos acusados.

186. La Sala pone de presente que esta Corporación57, al estudiar la legalidad, entre
otras normas, del artículo 87 del Decreto núm. 2474 de 7 de julio de 2008 58,
disposición relativa al procedimiento de imposición de multas, resaltó que:

“[…] En cuanto al aparte demandado del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008, el
análisis debe realizarse de manera separada, dado que, el procedimiento cuya
especificación se confía a los manuales de contratación de las entidades estatales no
es concerniente a la determinación de los de selección sino de aquel procedimiento
mínimo necesario para que el contratista ejerza su derecho de defensa de manera
previa a la imposición de una multa.

Es necesario advertir, que con la expedición del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007,
no hay lugar a dudas respecto de la capacidad de la Administración de imponer

57
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero ponente: Enrique Gil Botero.
Sentencia de 14 de abril de 2010. Radicación núm.: 11001-03-26-000-2008-00101-00(36054)B.
58
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección,
publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones […]”.

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Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

unilateralmente las multas pactadas en el contrato, como una forma de conminar al
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones. En virtud, del mismo precepto
legal, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política,
al tratarse de la imposición de una sanción, la autoridad administrativa deberá
asegurar en su actuación las garantías propias del debido proceso, razón por la cual,
la decisión que se asuma deberá estar precedida de “audiencia del afectado, que
deberá contar con un procedimiento mínimo.”

(…)

Por consiguiente, no es admisible que mediante reglamento se asigne la competencia
a cada entidad estatal de establecer aspectos procedimentales que comprometan o
condicionen las garantías propias del derecho fundamental del debido proceso
reconocido a toda persona en el ordenamiento jurídico. Cuando se trata de la relación
que se establece entre administración y ciudadano (relación extra-orgánica), y se
constata que la ley no ha definido los mínimos procedimentales, es indispensable
acudir al procedimiento administrativo general consignado en el Código Contencioso
Administrativo, norma supletoria para estos casos.

Sin embargo, la Sala debe precisar que los aspectos inter-orgánicos del
procedimiento si pueden ser confiados a la potestad de auto-organización de cada
entidad administrativa, tal como se señaló cuando se estudiaban los cargos
formulados contra el artículo 89 del decreto 2474 del 2008 –fls. 58 y ss.-. La
determinación, por ejemplo, del trámite interno que deben seguir los funcionarios en
las dependencias de la entidad cuando se adelanta un procedimiento administrativo
de carácter sancionador no condiciona ninguna de las garantías del debido proceso,
la eficacia de esta clase de normas se agota en el interior del aparato administrativo
y por ende pueden regularse en los denominados manuales de contratación o de
funciones.

En la presente sentencia se condicionará el precepto acusado, como quiera que, se
trata de uno de aquellos eventos en los cuales, al existir más de una posibilidad de
interpretación, no es posible hacer un pronunciamiento puro y simple y decantarse
por la nulidad o validez de la decisión administrativa; la primera medida es
desproporcionada, la segunda, conservaría una norma que no se ajusta totalmente al
ordenamiento jurídico. Frente a la anterior disyuntiva, la Sala ha considerado:

(…)

Para la Sala, si bien no es nulo todo el aparte acusado, por las razones expuestas,
en todo caso se condiciona su alcance en cuanto a que “…el procedimiento mínimo
a seguir para la imposición de multas y que las entidades pueden señalar en sus
manuales de contratación” se refiera a aspectos inter-orgánicos, es decir, a los
trámites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del
correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio. Por oposición, debe
entenderse que la posibilidad de crear procedimiento administrativo sancionador, con
base en la norma analizada, vulnera el ordenamiento jurídico constitucional. […]”.

187. La alusión a la anterior decisión judicial para señalar que el manual de
contratación que sustenta el cargo formulado por la parte demandante no puede
considerarse como un procedimiento administrativo sancionador sino la
determinación de los trámites internos que deben adelantar los funcionarios
encargados del trámite de ese procedimiento.

70

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

II.4.1.3. Varios de los informes elaborados por el interventor del Contrato núm.
242 de 2005 y que fundamentaron la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de
2011 no fueron dados a conocer al Consorcio Fidufosyga 2005 y con ello se le
impidió ejercer su defensa.

188. Los apelantes argumentaron que las pruebas documentales acreditaron que
varios de los informes elaborados por el interventor del Contrato de Encargo
Fiduciario para la Administración de los Recursos del Fosyga núm. 242 de 2005 no
fueron dados a conocer al Consorcio Fidufosyga 2005, lo cual le impidió ejercer su
derecho de defensa.

189. Apuntaron que la primera instancia no se pronunció respecto de esta situación
y anotaron que la última oportunidad que habría tenido de pronunciarse respecto de
los informes presentados por el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 fue la
audiencia llevada a cabo el 11 de abril de 2011; sin embargo, expresaron que la
autoridad administrativa siguió recibiendo comunicaciones de la firma interventora
con posterioridad a esa diligencia sin que de estos se le haya corrido traslado, las
cuales fundamentaron la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011.

190. Indicaron que las comunicaciones aludidas son i) “[…] “Verificación de Informe
ECT-1975-11 CD-025299 – Migración ECAT” […]”; ii) “[…] la comunicación JAHV-
FSG-3908-11 de fecha 26 de abril de 2011 […]”; y, iii) las comunicaciones “[…]
JAHV-FSG-3882-11 y JAHV-FSG-3884-11 de 18 de abril de 2011 emitidas por el
interventor del contrato, y el Memorando 12100-110733 de 19 de abril de 2011
emitido por los supervisores del Contrato 409 de 2007 […]”.

191. El cargo formulado fue abordado en la Resolución 3030 de 22 de julio de 2011,
de la siguiente manera:

“[…] Alude el recurrente que se ha vulnerado de igual manera el debido proceso en
el presente trámite sancionatorio al transgredir su derecho de defensa, por cuanto no
fue puesto en su conocimiento, y por ende no pudo llegar a controvertir, el contenido
de las comunicaciones JAHV-FSG-3908-11 de fecha 26 de abril de 2011, JAHV-FSG-
3882-11 y JAHV-FSG-3884-11 del 18 de abril de 2011 y el memorando No. 12100-
110733 del 19 de abril del mismo año, que sirvieron de fundamento para la expedición
de la Resolución 1410 del 28 de abril de 2011.

Como se señaló en el acto atacado, en las comunicaciones en cita, que fueron
presentadas por la firma interventora en ejecución de las labores de supervisión que
le son propias, en cumplimiento del contrato No. 409 de 2007, en las que se hace
referencia a la ratificación por parte de JAHV McGregor S.A de los incumplimientos e
inconsistencias en la entrega de la información y productos por parte del contratista,
en los siguientes términos “el Consorcio no había terminado de migrar la totalidad de
la información de la base de datos ECAT, aclarando que la información existe en la
base de datos SIA, que en lo referente a la depuración y migración de datos se
observa que la información no es integra (sic), completa y disponible, y, respecto del
módulo de medicamentos y fallos de tutela concluye que éste fue entregado por el
Consorcio, sin embargo el 15 de abril de 2011 al aplicativo MYT le faltaban elementos
tales como integración y las validaciones automáticas, que el proceso de migración
de los datos SIA – MYT al SII MYT no había culminado, se requiere revisar y ajustar

71

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

las inconsistencias presentadas en la actividad de traslado de datos y entregar el
informe final del proceso de migración de datos SIA – MYT a SII – MYT.”

Por su parte, los supervisores del Contrato 409 de 2007, en memorando 12100-
110733 del 19 de abril de 2011, informan con fundamento en el oficio JAHV-FSG-
3882-11 del 18 de abril de 2011, que a esa fecha el procesos (sic) de migración y
verificación del aplicativo de recobros por MYT y migración de ECAT no había sido
culminado por parte del Consorcio FIDUFOSYGA 2005.

Teniendo en cuenta que el trámite de imposición de multas, está orientado a
constreñir, coaccionar, presionar o apremiar al contratista al cumplimiento de sus
prestaciones, es claro que durante su ejecución se le debe informar a la
administración por quien tiene el deber de supervisar las actividades del contratista,
en este caso la Firma Interventora, si la situación que determinó su origen persiste,
toda vez que de ser superada el proceso pierde su objeto y debe ser culminado.

Bajo tal contexto se tiene que las comunicaciones JAHV-FSG-3908-11 de fecha 26
de abril de 2011, JAHV-FSG-3882-11 y JAHV-FSG-3884-11 del 18 de abril de 2011
a que alude el recurrente se circunscriben a confirmar a ésta Cartera que no se ha
superado el hecho de incumplimiento y por lo tanto está llamada a proseguir el curso
normal del trámite, como en igual sentido lo establece el memorando 12100-110733
del 19 de abril de 2011 emanado de los supervisores del contrato 409 de 2007.

Como se observa, el contenido de las comunicaciones en manera alguna obedece a
afirmaciones o circunstancias no conocidas por el contratista, o que no hayan sido
objeto de controversia en el proceso sancionatorio llevado a cabo, razón por la cual
no es posible endilgar a su referencia en la Resolución en estudio, violación al
derecho de defensa y por ende del debido proceso del contratista recurrente. […]”.

192. En el expediente se encuentra la comunicación JAHV-FSG-3882-11 de 18 de
abril de 201159, dirigida al director general de financiamiento del Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) por el
interventor del Contrato núm. 242 de 2005, en el cual se indica lo siguiente:

“[…] Atendiendo la solicitud formulada por el Ministerio de la Protección Social, sobre
el pronunciamiento del Consorcio FIDUFOSYGA 2005, por intermedio del dr. JUAN
CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO, en su calidad de apoderado y de la dra.
LUCIA VICTORIA LOPEZ GOMEZ, actuando en su calidad de representante legal,
de la Aseguradora Alfa S.A., procedimos a evaluar nuevamente los procesos que
fueron observados y que fueron objeto del trámite de imposición de multa, sobre los
resultados de la citada evaluación informamos, así:

SOBRE LA MIGRACIÓN ECAT

(…)

CONCLUSIONES

Conforme a las evaluaciones realizadas por JAHV McGregor S.A., (sic)

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005, aún no ha terminado el proceso de migración de
la base de datos SII-ECAT, a pesar de haber adelantado algunas de las actividades
ya informadas.

59
Cfr. Carpeta 4.

72

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005, aún no ha terminado de revisar, verificar y/o
depurar las inconsistencias presentadas en la actividad realizada de pasar los datos
de la base de datos SIA-ECAT al SII-ECAT.

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005 no ha entregado al Ministerio de la Protección
Social el informe, en lo referente a la migración de las glosas de las reclamaciones,
en el cual le presente (sic) el estado de este proceso.

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005 debe realizar los ajustes a la información migrada
correspondiente a los eventos, de tal forma que estos conceptos correspondan a las
reclamaciones.

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005 no ha informado en detalle al Ministerio de la
Protección Social sobre la motivación y justificación para cambiar el estado en el SII
de algunas reclamaciones.

Informamos que el Consorcio debe revisar en forma detallada y minuciosa los datos
migrados en el ambiente de prueba y continuar con el proceso de migración de la
base de datos SIA-ECAT al SII-ECAT, hasta culminar con el proceso de la migración
solicitado por el MPS.

El Consorcio FIDUFOSYGA 2005, una vez termine las etapas del proceso de
migración de la base de datos SIA-ECAT al SII-ECAT, debe entregar el informe
definitivo donde se encuentre todo el proceso llevado a cabo en la migración de
ECAT, mapeo destino origen, estadísticos de los registros antes y después de
migrados los datos.

Confirmamos que los análisis realizados por la Firma JAHV McGregor S.A.,
corresponden a la información que se encuentra en ambiente de pruebas. Una vez el
Consorcio FIDUFOSYGA 2005 culmine la migración de la base de datos del SIA-
ECAT al SII-ECAT, en el ambiente productivo, entregaremos el informe sobre la
culminación del proceso.

MODULO DE MEDICAMENTOS Y FALLOS DE TUTELAS

(…)

CONCLUSIONES

El módulo de medicamentos y tutelas fue entregado por el Consorcio FIDUFOSYGA
2005, sin embargo a la fecha de evaluación, 15 de abril de 2011, al aplicativo de MYT
aún le faltan elementos, tales como integración y las validaciones automáticas.

El proceso de la migración de los datos de SIA-MYT al SII-MYT, de acuerdo a las
verificaciones realizadas por la firma, aún no ha culminado, se requiere revisar y
ajustar las inconsistencias presentadas en la actividad de traslado de datos y entregar
el informe final del proceso de Migración de datos SIA-MYT a SIA-MYT.

De esta forma, informamos al Ministerio de la Protección Social, sobre los procesos
que adelanta el Consorcio FIDUFOSYGA y que son objeto de análisis para la
imposición de multa. […]”.

193. Reposa igualmente, la comunicación JAHV-FSG-3884-11 de 18 de abril de
201160, dirigida al director general de financiamiento del Ministerio de la Protección

60
Cfr. Carpeta 4.

73

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) por el interventor del
Contrato núm. 242 de 2005, que menciona:

“[…] MIGRACIÓN ECAT

Los informes que fueron emitidos por la firma interventora, a los que se aluden en el
desarrollo de la audiencia, corresponden a las verificaciones que realizó la firma JAHV
McGregor S.A., al cumplimiento de la obligación, por parte del Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, de realizar la migración de ECAT.

El informe inicial, con el cual se inicia el proceso, como es obvio no podía ni puede
referirse a situaciones futuras sobre el mismo proceso.

El informe específico presentado por la firma, en la vigencia 2011, corresponde
entonces al estado actual del proceso objeto de análisis, el proceso de LA
MIGRACIÓN DE SIA-ECAT a SII-ECAT, el cual a la fecha, como ya se ha descrito,
no se ha culminado, ya que existen actividades del mismo proceso que se encuentran
pendientes de ejecución.

MODULO MYT

En lo referente al modulo (sic) de MYT, se está refiriendo al compromiso del Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, cuando presento (sic) en la propuesta del contrato 242 de 2005,
y en el contrato 242 de 2005, que es el de contar con un módulo de MYT debidamente
integrado y el sistema de Gestión Documental.

Los informes que fueron emitidos por la firma interventora, a los que se aluden en el
desarrollo de la audiencia, corresponden a las verificaciones que realizó la firma JAHV
McGregor S.A., al cumplimiento de la obligación, por parte del Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, de entregar funcionando el módulo de MYT, integrado con el
ERP y el sistema de Gestión Documental.

El informe inicial, con el cual se inicia el proceso, como es obvio no podía ni puede
referirse a situaciones futuras sobre el mismo proceso.

El informe específico presentado por la firma, en la vigencia 2011, corresponde
entonces al estado actual del proceso objeto de análisis, el proceso de entrega del
MODULO MYT integrado con el ERP y el SGD, el cual a la fecha, como ya se ha
descrito, no se ha culminado, ya que existen actividades del mismo proceso que se
encuentran pendientes de ejecución. […]” (negrilla del texto).

194. Se allegó la comunicación JAHV-FSG-3908-11 de 26 de abril de 201161, dirigida
al director general de financiamiento del Ministerio de la Protección Social (hoy
Ministerio de Salud y de la Protección Social) por el interventor del Contrato núm.
242 de 2005, la cual destacó:

“[…] ASUNTO: Informe adicional proceso imposición de Multas
ECAT y MYT

Atendiendo su solicitud, sobre el tema de la referencia, y sobre aspectos a los que se
refiere el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, la firma JAHV McGregor S.A., informa:

61
Cfr. Carpeta 4.

74

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

El Consorcio se manifiesta, sobre la metodología propuesta, que el ítem
impacto, es un elemento subjetivo y que no se encuentra dentro del contrato.

JAHV McGregor S.A., informa que en la metodología propuesta por la firma para
determinar el valor de la multa, se incluyó el ítem de impacto, el cual se puso a
consideración del Ministerio de la Protección Social; sin embargo verificado el contrato
242 de 2005, suscrito entre el Ministerio de la Protección Social y el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, se constato (sic) que tal evento, impacto, no se encuentra allí
consagrado.

Añade el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 que el interventor no ha tenido en
cuenta el principio de proporcionalidad para estimar el valor de la multa.

La firma interventora informa que el proceso de migración de la base de datos SIA-
ECAT, objeto de la audiencia, a la fecha de inicio de la solicitud de la adopción de las
medidas pertinentes y a la fecha de la evaluación para la audiencia del proceso de
imposición de la multa, no ha sido culminado por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005.

(…)

Por lo anterior, no solamente se dejó de migrar un posible 1.6% como lo indica el
Consorcio, si no que aún no se encuentra toda la información en la nueva base de
datos, y por lo tanto el proceso de migración de datos no ha culminado, a pesar de la
fecha de evaluación, abril de 2011.

Situaciones atribuibles a terceros que eximen de responsabilidad. En cuanto a
la metodología para realización de las migraciones de SIA a SII se presentó al
Ministerio el 16 de junio de 2008 y de acuerdo con las etapas propuestas en el
mes de septiembre de 2008 se inicio (sic) la etapa Definición de Reglas y
Proyectos de Recolección y Depuración de Datos, sin embargo por las razones
antes expuestas fue necesario seguir trabajando con la base de datos SIA ECAT
y el Consorcio debió apartarse de la metodología de migración y planteó la
posibilidad de desarrollar un software con el objeto de realizar la migración de
datos de forma automática, obviando validar el gran volumen de registros a
través de la malla validadora por lo que las fechas de entrega de los productos
y el cronograma tuvieron que ser modificados.

La firma JAHV McGregor S.A., desde la vigencia 2008, hasta la vigencia 2010, cuando
se presentó la solicitud de adopción de medidas pertinentes, estuvo pendiente de que
el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 realizará (sic) el proceso completo de la migración
de la base de datos, constatando que el producto no fue presentado al MPS, a pesar
del tiempo transcurrido, cerca de dos años.

En las verificaciones de la operación del Consorcio FIDUFOSYGA 2005, el desarrollo
del software lo realiza en coordinación de la firma exigida en los pliegos de
condiciones, presentada por el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, en la propuesta y tal
como lo establece el contrato 242 de 2005.

De otra parte, el trámite de auditoria (sic) de las pretensiones de los beneficiarios de
los recursos del FOSYGA, lo realiza en coordinación de una empresa diferente a la
expuesta para el desarrollo del sistema. Es decir se disponen de dos empresas,
solicitadas por el MPS en los pliegos de condiciones, presentadas por el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005 en la propuesta e incluida en el contrato 242 de 2005.

Estos temas se han evidenciado de su existencia en las diferentes visitas que realiza
la firma JAHV McGregor S.A., en conclusión existen dos empresas para atender los
dos puntos expuestos, obviamente serían tres con el Consorcio FIDUFOSYGA 2005,

75

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

que conforme a los mismos términos debe disponer del recurso humano y técnico,
dentro del marco del contrato, para cumplir con todas las obligaciones contractuales.

En lo que se refiere a las condiciones técnicas que a juicio del consorcio
impiden la imposición de multa, se menciona que los datos de la base de datos
SIA ECAT proviene de la digitación de los campos que se realizaba con base en
la información consignada en formularios FUSOAT y FOSGA, por ende la
obligación de reportar los datos de manera consisten (sic) correspondía a los
reclamantes porque el administrado (sic) fiduciario no se encuentra facultado
para modificar esos datos; algo parecido sucede con los recobros durante la
vigencia de la Resolución 3615 de 2005 y normas posteriores, por lo que existe
un riesgo permanente de que se presenten inconsistencias en la base de datos.

(…)

Como ya se ha informado, el proceso de migración de datos, incluye transferir los
datos tal como se encuentran en su origen, con las instrucciones emitidas por el MPS,
a una base de datos destino.

De otra parte, recuerda la firma JAHV McGregor S.A., que la información incluida en
la base de datos en forma inconsistente por digitación de las reclamaciones de
beneficiarios, era del resorte del contrato 242 de 2005, tal como lo establece la
cláusula séptima, numeral 6.6. (sic), de tal forma que no se puede imputar la
responsabilidad a terceros el registro de las reclamaciones de los beneficiarios de los
recursos del FOSYGA.

(…)

Como ya lo indico (sic) la firma, en aquellos casos que a pesar de los esfuerzos del
Consorcio FIDUFOSYGA 2005 la información inconsistente, ahora si ajeno al
Consorcio FIDUFOSYGA 2005, mantenía el dato errado, el MPS emitió las
instrucciones, comodines, generales de aplicación necesario.

Se argumenta, la incidencia del cambio normativo para efectuar la migración de
datos a un aplicativo en producción

La firma JAHV McGregor S.A., ha manifestado que migrar los datos de una base de
datos origen a una base destino, bajo la metodología propuesto no tenía afectación
normativa. Recuerda que el dato específico de una base de datos origen, debe
transferir, en la misma condición, obviamente con las directrices emitidas por el MPS,
que en todo caso fueron de aplicación general, por cuanto los cambios en los datos
correspondían a reglas y/o comodines.

De acuerdo con las obligaciones del consorcio, conforme a los pliegos de condiciones,
el contrato 242 de 2005 y al tomo XII de la propuesta presentada por el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, el Consorcio con los elementos, instrumentos y normatividad
aplicable y existente debió entregar el modulo (sic) de Medicamentos y Fallos de
Tutela debidamente integrados con el ERP.

Por otra parte la obligación, numeral 4.35 del contrato 242 de 2005 indica:

(…)

Por lo cual, de acuerdo con la información disponible el Consorcio, en el desarrollo
del contrato disponía de elementos para realizar el desarrollo del software o modulo
de MyT (sic), y por otra parte es valido (sic) mencionar que la data hace parte del
aplicativo porque sin la información la aplicación no tendrá razón de ser, razón por la

76

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

cual (sic) el proceso de migración de datos corresponde a toda la información y su
respectiva consistencia con las indicaciones del MPS, si procede.

Manifiesta el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 que debido al aumento en el
volumen de radicación de reclamaciones en el año 2008 fue imperiosa la
utilización de la aplicación SIA ECAT hasta septiembre de 2009 y hasta tanto no
se tuviera procesada la totalidad de las reclamaciones radicadas en esa fecha
no era factible iniciar el proceso de migración, y que se presentó incremento en
el número de recobros radicados en los formatos MYT-01 y MYT-02 y se
debieron realizar ajustes en el aplicativo durante el periodo de pruebas que
obligaron a aplazar la fecha propuesta del 16 de julio de 2010.

El incremento de reclamaciones no hace que los procesos de migración no se hayan
realizado así como el atraso en la auditoria a que se refiere el Consorcio ya que de
acuerdo a la metodología propuesta una vez que saliera a producción se migrara la
Base de Datos (sic).

Igualmente, el volumen de reclamaciones que aumentaron no tiene que ver con el
proceso de migración, especialmente que son dos procesos diferentes, uno de
carácter operativo y otro de carácter técnico. Así, se encuentra ejecutando, tal como
ya se menciono (sic) y de acuerdo con las verificaciones que periódicamente realiza
la firma.

Existe, la firma encargada del tema de sistemas y la firma encargada del tema de
auditoría, que todos deben tener el recurso humano y técnico necesario, tal como se
encuentra establecido en los pliegos de condiciones, el contrato 242 de 2005 y la
propuesta del Consorcio FIDUFOSYGA 2005, para soportar las operaciones del
FOSYGA como lo expresa en el tomo XII de la propuesta del Consorcio
FIDUFOSYGA 2005 que dice “PRCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (sic)

(…)

Manifiesta el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 que la base de datos actual de la
Subcuenta ECAT ha mantenido los principios de consistencia, integridad y
seguridad de la información, lo cual ha sido evidenciado por la firma JAHV
McGregor que ha certificado más de 26 paquetes para la correspondiente
autorización de giro y ordenación del gasto

(…)

La firma JAHV McGregor S.A., ha solicitado la adopción de medidas, en su
oportunidad, teniendo en cuenta que el producto, resultado del proceso de migración
de datos, que debió ser entregado al MPS, no se entrego (sic)

Aclara, igualmente, que la revisión a la auditoria de las reclamaciones es un proceso
que hace parte de la ejecución del contrato 242 de 2005, que ejecuta el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005, pero no es el producto al que se refiere la solicitud de la
adopción de medidas, ya que son dos procesos diferentes, que son atendidos en su
mayor cantidad de trabajo, por empresas diferentes, obviamente dentro del norte
establecido en el contrato 242 de 2005, los pliegos de licitación y la propuesta del
Consorcio FIDUFOSYGA 2005. […]” (negrilla del texto).

195. Se ubica en el expediente el memorando 12100 – 11073362 dirigido al director
general de financiamiento del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de

62
Cfr. Carpeta 4.

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Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Salud y de la Protección Social) por los supervisores del Contrato núm. 242 de 2005,
en la cual manifestaron que:

“[…] ASUNTO: Imposición multa por ECAT y Recobros.

En atención a su solicitud en la reunión efectuada en el día de hoy, 19 de abril de
2011, entre el Grupo de Gestión Contractual y los supervisores del contrato 409 de
2007, nos permitimos informar con fundamento en el oficio JAHV – FSG – 3882 – 11,
suscrito por la firma Jahv McGregor y radicado en el Ministerio con el número 109885
de 18 de abril de 2011, que a la fecha el proceso de migración y verificación del
aplicativo de Recobros por MyT y migración de ECAT, no ha sido culminado por parte
del Consorcio Fidufosyga 2005. […]” (negrilla del texto).

196. Se allegó al expediente la comunicación “[…] VERIFICACIÓN INFORME ECT-
1975-11 CD-025299 – MIGRACIÓN ECAT (…) BASE DE DATOS AMBIENTE DE
PRUEBAS […]”63, en la cual se puso de presente que:

“[…] OBJETIVO

El objetivo es evidenciar que una vez enviadas las observaciones a la migración de
la información de SIA al SII, el Consorcio haya realizado la revisión total y los ajustes
al proceso de migración de la base de datos, donde el Consorcio debió realizar un
análisis minucioso a la información migrada de tal forma que garantice la integridad
de los datos en el nuevo sistema.

(…)

CONCLUSIONES

Esta Interventoría no da un concepto de aceptación de la migración de la información
de SIA al SII del modulo ECAT (sic).

Los análisis realizados por la Firma obedecen a la información que se encuentra en
ambiente de pruebas.

El Consorcio aún no ha terminado de verificar y/o depurar la información migrada de
ECAT.

El Consorcio no ha realizado un informe específico en lo referente a la migración de
las glosas de las reclamaciones, en la cual le presente el estado de este proceso al
MPS.

El Consorcio debe realizar los ajustes a la información migrada correspondiente a los
eventos, de tal forma que estos conceptos correspondan a los hechos reales de las
reclamaciones.

El Consorcio debe verificar, explicar y justificar por que (sic) motivos ha cambiado el
estado en el SII de algunas reclamaciones.

El Consorcio debe verificar, explicar y justificar por los motivos por los (sic) cuales no
incluyo (sic) en el SII algunas reclamaciones.

63
Cfr. Carpeta 4.

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Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Nuevamente informamos al Consorcio que debe revisar en forma detallada y
minuciosa los datos migrados en el ambiente de prueba de tal manera que una vez el
MPS le de el aval de pasar la información al ambiente productivo, esta sea integra y
confiable. […]” (negrilla del texto).

197. La Sala evidencia, del contenido de los documentos citados anteriormente, que
los mismos fueron elaborados por el interventor del Contrato núm. 242 de 2005, en
desarrollo de su labor y con el fin de analizar la situación de posible incumplimiento
del Contrato de Encargo Fiduciario núm. 242 de 2005 y los argumentos expuestos
por el Consorcio Fidufosyga 2005 a lo largo del procedimiento administrativo
sancionatorio, para efectos de que la autoridad administrativa contara con los
elementos técnicos necesarios para adoptar su decisión.

198. De tal forma que no considera que haya existido violación del debido proceso si
tales documentos no eran trasladados al Consorcio Fidufosyga 2005, en la medida
en que tales informes se limitan, se reitera, a verificar si, al momento de adoptarse
la decisión relativa a la imposición o no de la sanción correspondiente, existía o no
la situación de incumplimiento que dio origen a la actuación administrativa, lo cual
serviría precisamente de insumo para la expedición de los respectivos actos
administrativos demandados.

199. En todo caso, se reitera, el Consorcio Fidufosyga 2005 contó con la oportunidad
de pronunciarse sobre el incumplimiento que le endilgó la demandada incluso
contradiciendo los medios de prueba que se adujeron en su contra, con anterioridad
a la expedición de los actos administrativos acusados.

II.4.1.4. El material probatorio habría puesto de presente que la metodología
para determinar el nivel de incumplimiento del Consorcio Fidufosyga 2005 no
fue establecida sino después de iniciado el procedimiento sancionatorio.

200. Señalaron que la primera instancia había concluido que la metodología para
tasar el valor de la multa impuesta por la parte demandada estaba definida en la
cláusula decimoquinta del Contrato núm. 242 de 2005; sin embargo, estimaron que
para llegar a esa conclusión, no se tuvo en cuenta que al momento de dar inicio al
trámite de imposición de la sanción, la autoridad administrativa “[…] no había
establecido la metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento de cada
una de las obligaciones pactadas en el contrato de administración fiduciaria de los
recursos del Fosyga […]”, por lo cual, los parámetros fijados en la mencionada
cláusula no era suficientes para determinar el monto final de la multa.

201. Adujeronque para que pudiera iniciarse y adelantarse un trámite para la
eventual imposición de multas según lo pactado en la cláusula decimoquinta del
Contrato núm. 242 de 2005, se requería la definición, presentación e
implementación de la metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento
de cada una de las obligaciones pactadas en el citado acuerdo de voluntades.

79

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

202. Aseveraron, desde la anterior perspectiva, que resultaba inaceptable que se
iniciara un trámite de imposición de multas sin que estuviera establecida la
metodología que se aplicaría para determinar el grado de incumplimiento de las
obligaciones frente a las cuales se busca el apremio, teniendo en cuenta que, para
el presente asunto, “[…] solo hasta el 9 de marzo de 2011, mediante la
comunicación JAHV-FSG-3676-11, la firma interventora estableció dicha
metodología, la cual fue remitida al consorcio el día 16 de marzo de 2011. […]”, con
lo cual:

“[…] Como quiera (sic) que el entonces Ministerio de la Protección consideró que no
estamos frente a dos trámite de multa sino frente a uno sólo, desde el momento en
que inició el trámite (julio y septiembre de 2010), el interventor debía ya haber definido
la metodología para determinar el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones y
consecuentemente para la tasación de la multa, y no hasta el mes de marzo de 2011
como lo reconoció en entonces (sic) Ministerio de la Protección Social en la
Resolución número 1410 de 2011.

Es decir, que para los meses de julio y septiembre de 2010 -cuando el interventor
decidió hacer al CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005 los correspondientes
requerimientos-, no existía dicha metodología.

Además, no resultaba para nada claro, por no haberse delimitado objetivamente, a
qué se refería el interventor cuando incluyó entre los criterios para tasar la multa el
impacto por la mora, la afectación de la operación, el aumento del riesgo en la
administración de los recursos y la relación con terceros. Se trata de conceptos por
completo ajenos al contrato, que abrieron un enorme margen de subjetividad en todo
el proceso sancionatorio. […]” (negrilla del texto).

203. El cargo formulado fue abordado en la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de
2011, de la siguiente manera:

“[…] c) Irregularidad en cuanto a la tasación de la multa

El representante del Consorcio considera que existe una irregularidad por cuanto, por
una parte el interventor no se pronunció en la audiencia sobre la tasación de la multa,
lo que impide que el Consorcio y la Aseguradora conozcan y se pronuncien al
respecto y por otra parte, porque resulta contrario al debido proceso el tasar una multa
sin que exista pronunciamiento de parte del Ministerio de la Protección Social acerca
de los hechos motivo de su imposición o acerca de los descargos presentados en
octubre o noviembre de 2010.

En cuanto al pronunciamiento del interventor respecto de la tasación de la multa en
la audiencia de imposición de multas, cabe anotar que según consta en el acta
correspondiente, el Dr. Norberto Pérez Combariza, Director de Interventoría de JAHV
McGregor dio lectura a la comunicación JAHV-FSG-3676-11 del 9 de marzo del año
en curso, por medio de la cual se explica la metodología y los parámetros a tener en
cuenta para determinar el valor de la multa. Documento cuya copia había sido remitida
con anterioridad al Consorcio y a la compañía aseguradora mediante Memorandos
73667 y 73673 del 16 de marzo de 2011, respectivamente.

Es de resaltar que la comunicación JAHV-FSG-3676-11 del 9 de marzo de 2011 no
impone ni contiene la tasación de la multa, sino que expone la metodología y los
parámetros a tener en cuenta para determinar el valor de la multa, en caso de que

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

ésta sea procedente, previo análisis de los argumentos de defensa y de la situación
actual de los hechos en cuestión por parte del Ministerio de la Protección Social.

Por ende, no es de recibo el argumento de la defensa por cuanto el interventor se
pronunció respecto de la metodología de tasación de la multa, no solo en la audiencia
sino mediante escrito que se dio a conocer previamente al Consorcio y a la
Aseguradora. […]” (negrilla del texto).

204. La Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 2011, a su turno, señaló que:

“[…] La metodología para tasar la multa

En criterio de los recurrentes es contrario a derecho, tasar una multa sin que exista
aún pronunciamiento por parte del Ministerio acerca de los hechos que son motivo de
su imposición, como igualmente inaceptable que se inicie un trámite de imposición de
multas sin que se encuentren establecida con anterioridad la metodología para su
imposición y que esta sea conocida por el contratista y su garante.

Se limita en esta oportunidad, el apoderado del contratista, respaldado en el recurso
presentado por su garante, a desestimar la posibilidad de tasar una multa cuando no
media un pronunciamiento en dicho sentido por parte de la Institución, situación que
como le fue explicado ampliamente en la Resolución 1410 de 2011, no corresponde
al caso que nos ocupa, debido a que el documento JAHV-FSG-3676-11 del 9 de
marzo de 2011, no impone ni contiene la tasación de la sanción, sino que expone la
metodología y los parámetros a tener en cuenta para determinar el valor de la multa,
en caso de que ésta sea procedente, previo análisis de los argumentos de defensa y
de la situación actual de los hechos en cuestión por parte del Ministerio de Protección
Social.

Al hacerse por ésta Cartera análisis de lo enunciado por el recurrente en lo referente
a la tasación de la multa, se tiene que tal posición dista de lo constatado en la
documentación objeto de estudio, debido a que como es visible en la Cláusula Decimo
Quinta del Contrato 242 de 2005, las partes de común acuerdo previeron en caso de
incumplimiento parcial del contrato o de mora en el mismo, la imposición de multas
iguales hasta el medio por ciento (0.5%) del valor del contrato por cada
incumplimiento o por cada día de retraso, según el caso, sin que dicho valor
sobrepase el 10% del valor del contrato, esto sin perjuicio de que el Ministerio obtenga
el resarcimiento de demás daños causados.

De tal condición se concluye que es para las partes contratantes claro no sólo el
derecho del Ministerio de aplicar sanciones en caso de incumplimientos parciales,
sino la forma en que dichas sanciones deberían ser calculadas e impuestas, por lo
que la comunicación en la que se base el recurrente su aseveración en cuanto a que
se estaba tasando anticipadamente la multa sin que para ese momento estuviera
determinado si había lugar o no a su imposición, se limitaba a calcular bajo los
parámetros expuestos en el contrato y aceptados tanto por el Consorcio Contratista
como por el Ministerio de la Protección Social, los valores que se aplicarían en caso
de que hubiese lugar a la sanción, pues se enfatiza, el porcentaje aplicable se
encuentra previamente determinado en el contrato.

Por las razones expuestas no es procedente el argumento relativo a que el Contratista
Consorcio FIDUFOSYGA 2005, no tenía conocimiento de los elementos que tendría
en cuenta el Ministerio para la imposición de la respectiva sanción. […]”.

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205. En el expediente se encuentra la comunicación JAHV-FSG-3676-11 de 9 de
marzo de 201164, dirigida al director general de financiamiento del Ministerio de la
Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social) por parte del
interventor del Contrato núm. 242 de 2005, en cual se indica que:

“[…] ASUNTO: Remisión de Información Tasación de Multa.

Respetado Dr. Muñoz:

En atención a su solicitud sobre el valor de la multa para los trámites que actualmente
cursa el Ministerio de la Protección Social, sobre la ejecución del contrato 242 de
2005, se procede a presentar a su consideración la tasación sugerida por nuestra
firma:

Para la propuesta de tasación de la multa se tuvo en cuenta que el contrato 242 de
2005, cláusula décima quinta, establece:

(…)

De otra parte la cláusula segunda, establece:

(…)

Para determinar el valor se utilizó la siguiente metodología:

Parámetros:

Valor del contrato 91.353.054.492
Valor de referencia para determinar multa (0,0,5% del 456.765.272
contrato) (sic)
Número de obligaciones del contrato 174
Número de obligaciones objeto del proceso 2
Impacto por la mora en el cumplimiento (50%) (1) 50,00%
Valor propuesto de multa por las dos cláusulas 7.875.263

(1) Se sugiere una graduación adicional del cincuenta por ciento por obligación,
teniendo en cuenta que el no cumplimiento de la obligación afecta la operación del
FOSYGA, aumenta el riesgo en la administración de los recursos y en la relación con
terceros beneficiarios de los recursos la información tiene inconsistencias, afectando
la credibilidad y transparencia del proceso.

El número de obligaciones, corresponde al listado consagrado en el contrato 242 de
2005.

Conforme a lo anterior, el valor sugerido para la multa es de $7.875.263.

Por cada de día de mora (sic) en el cumplimiento de la obligación, el valor propuesto
es de $7.875.263. […]” (negrilla del texto).

206. El artículo 17 de la Ley 1150 estableció la facultad, a las entidades sometidas al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de imponer multas
que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones.

64
Cfr. Carpeta 4.

82

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207. Se precisa que el Contrato núm. 242 fue celebrado el 6 de diciembre de 2005,
esto es, en vigencia de la Ley 80; sin embargo, los actos administrativos
demandados fueron expedidos en vigencia de la Ley 1150, lo cual se encuentra
dentro del supuesto previsto en el parágrafo de esta ley, esto es, que existe la
posibilidad de imponer unilateralmente las multas por parte de la entidad estatal
contratante al contratista, siempre que esté expresamente prevista en el contrato.

208. Las partes contratantes del Contrato núm. 242 de 2005 pactaron en la cláusula
decimoquinta, la posibilidad de imponer multas, en la siguiente forma:

“[…] CLÁUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento parcial del
presente contrato o de mora en el mismo, el MINISTERIO por resolución motivada,
podrá imponer a EL CONSORCIO multas iguales hasta el medio por ciento (0.5%)
del valor del contrato por cada incumplimiento o por cada día de retraso, según el
caso, sin que dicho valor sobrepase el 10% del valor del contrato y sin perjuicio de
cobrar los demás daños causados. En caso de aplicación de multas, EL CONSORCIO
se obliga a reponer el valor de la Garantía Única; en caso de no hacerlo así, el
MINISTERIO queda autorizado para hacerlo directamente con cargo al valor de la
comisión de EL CONSORCIO […]” (negrilla del texto).

209. La Sala advierte que la exigencia que establece la ley, en particular el artículo
17 de la Ley 1150, así como la jurisprudencia de la Corporación, es que las multas
y la posibilidad imponerse unilateralmente por parte de la entidad contratante al
contratista, se encuentren previstas en el contrato, lo cual puede corroborarse en el
presente asunto, del contenido de la cláusula decimoquinta del Contrato núm. 242
de 2005.

210. La comunicación JAHV-FSG-3676-11 de 9 de marzo de 2011 se limita a la
aplicación de la citada cláusula del contrato citado y le propone a la parte
demandada una tasación de la misma, pues la competencia para imponerla no
estaba en cabeza del interventor del contrato sino del Ministerio de la Protección
Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección Social), de tal forma que el hecho
de que esta propuesta de tasación de la multa no estuviera disponible al iniciar el
procedimiento administrativo para su imposición no desconoció o vulneró derecho
alguna de la parte demandante.

211. Se aclara que, en todo caso, la propuesta de tasación de la multa formulada por
el interventor del Contrato núm. 242 de 2005 fue puesta en conocimiento del
Consorcio Fidufosyga 2005 con anterioridad a la realización de la audiencia prevista
en el trámite de imposición de multas, como lo acepta esa misma parte al señalar
que le fue remitida el 16 de marzo de 2011, de tal forma que contó con tiempo para
su análisis y la posibilidad de pronunciarse respecto de ella.

212. Asimismo, en el acta de lo ocurrido en la mencionada audiencia65 consta que:

65
Cfr. Carpeta 4.

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“[…] El Director General de Financiamiento responde que tanto el Consorcio como la
firma aseguradora conocieron previamente el documento por medio del cual la firma
interventora se pronunció respecto de la tasación de la multa, teniendo en cuenta que
dicha documentación fue remitida a ellos oficialmente […]”.

213. Igualmente se aclara que, como lo indicó la Resolución 1410 de 28 de abril de
2011, lo cual fue advertido por la primera instancia, la parte demandada no empleó,
para la tasación de la multa impuesta, criterios distintos a los expuestos en la
cláusula decimoquinta del Contrato núm. 242 de 2005. La citada resolución señaló
que:

“[…] 6. Tasación de la multa

De conformidad con las consideraciones anteriores, a partir de las cuales se concluye
que a la fecha persiste el incumplimiento de las obligaciones contractuales por los
hechos descritos en las comunicaciones JAHV-1125-10 y JAHV-3085-10 que dieron
origen al presente procedimiento y teniendo en cuenta la metodología expuesta en la
comunicación JAHV-FSG-3676-11 del 9 de marzo de 2011, el valor de la multa a
imponer se determina de acuerdo con los siguientes parámetros:

Sea lo primero señalar que en cuanto al impacto de la mora como criterio de la
metodología de la tasación de la multa, se advierte que si bien el interventor hace
referencia a la afectación de la operación, el aumento del riesgo en la administración
de los recursos y la relación con terceros como circunstancias para estimar que el
impacto de la mora equivale al 50% del valor de la multa, la cláusula décima quinta
del contrato en cuestión estipula que (…)

De manera que el Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de 2005 no prevé la
posibilidad de establecer criterios adicionales a los pactados en la cláusula décima
quinta a efectos de determinar el valor de la multa a imponer, por ende el impacto de
la mora propuesto por el interventor no se tendrá en cuenta en la estimación de la
multa […]”.

II.4.1.5. El dictamen pericial tiene bases equivocadas de gran magnitud que
impone la desestimación de sus conclusiones

214. Los apelantes pusieron énfasis en el dictamen pericial practicado en el proceso,
aduciendo que tenía bases equivocadas de gran magnitud, por lo cual deberían
desestimarse sus conclusiones.

215. Manifestaron que la primera instancia denegó la declaración de objeción por
error grave por ellas formulada sin un análisis de fondo que justificara la decisión.

216. Explicaron que el perito no verificó todas las fuentes de información con la
diligencia necesaria y muchas de sus conclusiones, en su concepto, están
fundamentadas en síntesis de hechos descritos en los informes elaborados por el
interventor del Contrato núm. 242 de 2005 e incluso apartes de las resoluciones
demandadas.

217. Aseveraron que el perito, ante el requerimiento por ellos formulado respecto de
las pruebas técnicas que realizó para llegar a sus conclusión, expuso que las

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consultas fueron realizadas sobre la base de datos cuyos originales estaban bajo
resguardo del “[…] Ministerio de Salud y Protección Social sometidos a los
protocolos internos de almacenamiento y conservación” […]”, sin señalar i) el día en
que se realizaron las consultas y ii) en presencia de quién o quiénes; sin aportar
pruebas de aquellas ni explicar y justificar las etapas de su análisis o del
procesamiento de la información.

218. Resaltaron que, conforme a lo anterior, no existió método alguno que permitiera,
a partir de herramientas técnico – científicas, la evaluación objetiva sobre “[…] las
tareas a las que estaba obligada mi representada en virtud de los numerales 7.17,
7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de
2005 y la incidencia que sobre la ejecución de dichas tareas tuvieron terceros ajenos
a dicho contrato […]”.

219. Aseguraron que el perito omitió considerar información que resultaba relevante
para probar hechos aducidos en la demanda. Así, frente a los cambios normativos,
destacaron que:

“[…] no se observa que el perito, para llegar a sus conclusiones, haya efectuado
alguna prueba técnica sobre el software de MYT en producción o un cotejo de las
normas, ya que de haberlo hecho habría podido identificar, a modo de ejemplo, el
cambio de la codificación de las glosas y el cambio del resultado de auditoría de esta
codificación contenido en las Resoluciones 3099 y 3754 de 2008.

Tampoco se observa que el perito haya efectuado un análisis de los anexos “técnicos”
de las mencionadas resoluciones ya que, nuevamente, si lo hubiera hecho, habría
podido detectar los cambios normativos que se evidencian en este cuadro:

(…)

Así mismo, de efectuar los análisis antes mencionados, habría identificado que la
información de los recobros registrados en la base de datos son suministrados
directamente por las entidades, lo que quiere decir que es la información que remiten
las EPS-EOC en el proceso de radicación en medio magnético, encriptado y firmado
digitalmente por el Representante Legal de la entidad recobrante ante el Fosyga, la
que alimenta esa base de datos y que no estaba el Consorcio facultado para
modificarla.

Adicionalmente, el perito no tuvo en cuenta que el artículo 18, literal f), de la
Resolución 3099 de 2008, dispone que: “cuando uno o varios de los datos contenidos
en el medio magnético no corresponde a lo diligenciado en el formato físico, se
atenderá a lo contenido en el físico…”, de donde se colige que incluso la norma
permitía que la base de datos fuera alimentada con información inconsistente, lo que
al final impactó la calidad de la información que debía ser migrada y la oportunidad
para hacerlo.

De ahí que, al haberse limitado el perito a transcribir las conclusiones de la firma
interventora del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de 2005, las resoluciones
objeto de las pretensiones de nulidad y algunas de las obligaciones contenidas en el
contrato citado, y al no haber efectuado las pruebas técnicas sobre el software y el
análisis del impacto de los cambios normativos en la migración de la información y
del aplicativo, se generó un error grave en las conclusiones del dictamen. […]”.

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220. Trajeron a colación lo relativo al inusitado incremento en las solicitudes de
recobro e indicaron que el perito había mencionado que “[…] “… si las estructuras
de las bases de datos están convenientemente diseñadas ellas responden a un
adecuado estudio de las necesidades del negocio, y si se usa un conocimiento del
mismo para definirlas, no debería ser un obstáculo para realizar la migración […]”,
de lo cual adujeron se emplearon calificativos como “[…] “convenientemente
diseñadas” […]” sin soportar a qué se refiere tal término y sin tener en cuenta que
“[…] la información está uniformemente registrada, para el caso que nos ocupa, en
una base de datos […]”.

221. Hicieron referencia a que el Consorcio Fidufosyga 2005 le suministró al perito
las estadísticas del comportamiento de la radicación de recobros y reclamaciones
durante la ejecución del Contrato de Encargo Fiduciario núm. 242 de 2005, junto
con la explicación de que existieron factores que dificultaban de manera permanente
el registro de la información en la correspondiente base de datos, “[…] como el
hecho que las normas permitieran que las EPS radicaran una y cuantas veces
quisieran el mismo recobro o que las radicaciones se hicieran sin considerar los
lineamientos establecidos sin que existiera mecanismo normativo alguno que
permitiera al Consorcio obstaculizar la presentación del recobro o reclamación al
FOSYGA […]”.

222. Advirtieron que tales aspectos no fueron analizados por el perito, lo cual lo llevó,
en su concepto, a una errada conclusión consistente en que el incremento no debe
extenderse a todo el tiempo de ejecución “[…] “sino a un breve tiempo en tanto se
logran ajustar las inconsistencias”. […]”.

223. Afirmaron que el perito, respecto de los planes de migración, indicó que
apuntaban a la minimización de las consecuencias no deseadas por una “[…] data
contaminada en el origen”. […]”; sin embargo, tal conclusión era errada puesto que
tales planes no podían prever los constantes cambios normativos, ni el
desmesurado incremento en la radicación, así como el “[…] reproceso […]” de los
recobros por las constantes discusiones surgidas entre las entidades promotoras de
servicios de salud y “[…] el entonces Ministerio de la Protección Social en relación
con lo que estaba o no incluido en el POS […]”.

224. Anotaron que lo expuesto generó que:

“[…] la base de datos de MYT del FOSYGA se contaminara con toda la información
inconsistente enviada por las entidades recobrantes.

Finalmente, debemos hacer énfasis en hecho (sic) de que el perito haya emitido
ningún concepto técnico sobre las razones que llevaron al aplicativo de MYT entrara
en producción hasta octubre de 2010, hecho que sin lugar a duda determinó el
momento en el que sería posible realizar la migración de datos. […]”.

225. Cuestionaron que el perito haya omitido considerar, al desarrollar su dictamen,
que “[…] el entonces Ministerio de la Protección Social […]” haya decidido no hacer

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obligatoria la radicación de información relativa a reclamaciones y recobros en
medios magnéticos, lo cual los obligó a implementar una operación paralela para
atender la radicación sin medios magnéticos, lo cual implicaba que se debía
digitalizar manualmente la información.

226. Insistieron en que el perito se limitó a verificar cierta información y no adelantó
prueba técnica alguna respecto del “[…] software de MYT en producción o un cotejo
de las normas, que era lo mínimo necesario para llegar a conclusiones sustentadas
y objetivas […]”, lo cual llevó a que el dictamen:

“[…] estuviera colmado de afirmaciones imprecisas, sin sustento, e incluso apartadas
de la realidad. Todas ellas quedaron suficientemente expuestas en la objeción al
dictamen pericial que allegué al expediente dentro del término procesal previsto.

Si la prueba pericial se hubiera efectuado adecuadamente por parte del perito y éste
hubiera analizado la información y pruebas entregadas por mis representadas de
manera integral, la conclusión habría sido que (i) no existieron las causas de
incumplimiento que sirvieron de sustento para la imposición de la multa, (ii) se perdió
el carácter de apremio de la multa y (iii) fueron los hechos de terceros la causa de las
dificultades que retardaron el cumplimiento.

Las falencias descritas no pueden sino conducir a la desestimación de las
conclusiones contenidas en ese dictamen pericial […]”.

227. Se debe precisar, conforme a la interventoría del Contrato núm. 242 de 2005 66
y en relación con el cumplimiento de las obligaciones que dieron origen a la
imposición de las multas al contratista, que, a la fecha de las audiencias realizadas
para ese fin, “[…] En lo referente a la migración de base de datos de ECAT del SIA
al SII (…) no había logrado la depuración y migración de la información […]” y “[…]
aún tenía información que no estaba integra (sic), disponible y completa […]”.

228. Asimismo, “[…] En lo referente al aplicativo de MYT y a la migración de sus
datos del SIA al SII […]”, a la fecha de las audiencias realizadas en el trámite de
imposición de multas que dieron origen a este proceso, la interventoría del Contrato
núm. 242 de 200567 informó que “[…] el consorcio no cuenta con el módulo de MYT
debidamente integrado con los módulos del ERP y el SGD, los cuales hacen parte
del SII (Sistema de Información Integrado) de acuerdo con las obligaciones del
contrato 242 de 2005, y la propuesta del consorcio. […]” y “[…] la información
migrada de MYT del SIA al SII, no cuenta con la debida depuración e integridad de
los datos, situación que aún se refleja en la base de datos de producción de este
módulo. Igualmente el consorcio no observó la metodología de migración propuesta
al MPS […]”.

229. La Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011 se refirió a los argumentos del
Consorcio Fidufosyga 2005 en los cuales pretendía excusarse de responsabilidad
respecto de los hechos que dieron origen al trámite de imposición de multas, así:

66
Cfr. Carpeta 5. Comunicación JAHV-FSG-4097-11 de 26 de mayo de 2011.
67
Cfr. Carpeta 5. Comunicación JAHV-FSG-4097-11 de 26 de mayo de 2011.

87

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“[…] d) Situaciones atribuibles a terceros

Tanto el Consorcio Fidufosyga 2005 como su garante Seguros Alfa S.A. argumentan
en su defensa que se han presentado situaciones atribuibles a terceros que eximirían
al contratista de responsabilidad respecto de los hechos que dieron origen al presente
trámite de imposición de multas, tales como que el Consorcio debió apartarse de la
metodología de migración y planteó la posibilidad de desarrollar un software con el
objeto de realizar la migración de datos de forma automática, obviando validar el gran
volumen de registros a través de la malla validadora por lo que las fechas de entrega
de los productos y el cronograma tuvieron que ser modificados.

Al respecto el interventor en comunicación JAHV-3908-11 del 26 de abril de 2011
explica que desde la vigencia 2008 hasta la vigencia 2010, estuvo pendiente de que
el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 realizara el proceso completo de la migración de la
base de datos, constatando que el producto no fue presentado a pesar del transcurso
de cerca de dos años; que el desarrollo del software lo realiza el Consorcio
FIDUFOSYGA 2005 en coordinación de la firma exigida en los pliegos de condiciones
y en la propuesta y tal como lo establece el contrato 242 de 2005 y que el trámite de
auditoría de las pretensiones de los beneficiarios de los recursos del FOSYGA, lo
realiza en coordinación de una empresa diferente a la expuesta para el desarrollo del
sistema.

Agrega la firma interventora que existen dos empresas para atender los dos puntos
expuestos, y que serían tres con el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, que conforme a
los mismos términos debe disponer del recurso humano y técnico, dentro del marco
del contrato, para cumplir con todas las obligaciones contractuales.

De donde se concluye que se ha contado con el recurso previsto en el pliego de
condiciones, en el contrato y en la propuesta presentada por el Consorcio para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales acordadas por las partes, de manera
que el hecho de haber planteado la posibilidad de desarrollar un software con el objeto
de realizar la migración de datos de forma automática no exime al contratista de la
responsabilidad de cumplir con las obligaciones contractuales, tal como fueron
pactadas.

En lo que se refiere a las condiciones técnicas que a juicio del Consorcio impiden la
imposición de multa, se menciona que los datos de la base de datos SIA ECAT
proviene (sic) de la digitación de los campos que se realizaba con base en la
información consignada en formularios FUSOAT y FOSGA, por ende la obligación de
reportar los datos de manera consistente correspondía a los reclamantes porque el
administrado fiduciario no se encuentra facultado para modificar esos datos;
argumenta que algo parecido sucede con los recobros durante la vigencia de la
Resolución 3615 de 2005 y normas posteriores, por lo que existe un riesgo
permanente de que se presenten inconsistencias en la base de datos.

En comunicación JAHV-3908-11 del 26 de abril de 2011 JAHV McGregor S.A.
responde que no ha solicitado que los campos de la base de datos que se
encontraban en producción sean cambiados y que el Ministerio, conforme a la
metodología, definió el uso de “comodines” para casos específicos en los cuales la
información era inconsistente y debía ser ajustada, de tal forma que el proceso de
migración considera una fase en la cual el Ministerio de la Protección define las
acciones frente a información inconsistente. El proceso de migración de datos incluye
transferir los datos tal como se encuentran en su origen, siguiendo las instrucciones
emitidas por el Ministerio, a una base de datos destino.

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Además, la información incluida en la base de datos en forma inconsistente por
digitación de las reclamaciones de beneficiarios es del resorte del Contrato de
Encargo Fiduciario No. 242 de 2005, tal como lo establece la cláusula séptima,
numeral 6.6., de tal forma que no se pude (sic) imputar la responsabilidad a terceros
el registro de las reclamaciones de los beneficiarios de los recursos del FOSYGA, que
reza: “Recibir, radicar, registrar, validar, auditar, aprobar o rechazar, liquidar y pagar
con cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT previa ordenación del pago por el
Ministerio, las reclamaciones presentadas por concepto de atención a las víctimas de
accidentes de tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas y otros eventos
expresamente aprobados por el CNSSS, así como las reclamaciones por otros
beneficios de la subcuenta ECAT establecidos en las normas vigentes, conforme a lo
establecido en las normas y reglamentos vigentes y las instrucciones del Ministerio;
para efectos de la ordenación del pago por el Ministerio, el consorcio deberá certificar
que las solicitudes de recobro han cumplido con todos los procedimientos de auditoría
del FOSYGA.” (Resaltado fuera de texto)

En la comunicación mencionada el interventor indica que en aquellos casos en los
que a pesar de los esfuerzos del Consorcio FIDUFOSYGA 2005 la información
inconsistente mantenía el dato errado, por hechos ajenos al Consorcio, el Ministerio
emitió las instrucciones, comodines y generales de aplicación necesarios.

Por lo cual, esta situación tampoco constituye un eximente de responsabilidad
respecto del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

e) Cambios Normativos

El contratista y su garante argumentan que se debe tener en cuenta la incidencia del
cambio normativo para efectuar la migración de datos a un aplicativo en producción
como fue la ampliación de los plazos legales para la vigencia del Decreto 3990 de
2007, toda vez que la Resolución 1915 de 2008 modificó la entrada en vigencia de
los formularios al postergar hasta el 1° de septiembre de 2008 la presentación
obligatoria de los mismos, lo que condujo a que la base de datos del SIA ECAT
siguiera siendo utilizada y sus tablas afectadas. Así como la expedición de la Circular
Externa 179761 del 27 de junio de 2008 trajo como consecuencia la depuración de
los datos solo hasta el 27 de junio de 2008; y la Resolución 3251 de 2008 que extiende
el plazo para la presentación de los anexos técnicos, lo cual generó que fuera
necesario continuar utilizando el software SIA ECAT para los procesos inherentes a
la operación de la subcuenta. Observa que el retraso en la ejecución de las
actividades de migración no es atribuible a la falta de seguimiento sino a hechos que
escapan del dominio del administrador fiduciario. Considera que existen eximentes
de responsabilidad porque el Consorcio adelantó el proceso de depuración y la
programación de la migración de datos, empero los cronogramas resultaron afectados
en el tiempo de entrega por situaciones ajenas al administrador fiduciario como la
inestabilidad jurídica en la legislación que regula el tema.

Y en lo que se refiere al MYT de igual forma manifiestan que en atención a los cambios
en la normatividad que regula el trámite de los recobros (Resoluciones 3797 de 2004,
3615 de 2005, 2933 de 2006, 3754 y 3099 de 2008, Sentencias C-463 y T-760 de
2008, T-760 de 2008 (sic) y el Acuerdo 008 de la CRES) implementó las
modificaciones de software con el fin de actualizar el aplicativo para la radicación y
auditoria de los recobros con arreglo a las normas vigentes, cambios que implicaron
modificaciones en la base de datos única de Medicamentos y Tutelas; y, que los
pronunciamientos C-463 y T-760 de 2008 introdujeron nuevos elementos al trámite
que venía ejecutando el Consorcio, así como lo hace a su vez la Resolución 3099 de
2008 en el interregno de estas dos providencias y lo propio lo hace la Resolución 3754
de 2008, concurriendo estas dos últimas normas sin que hubiera claridad en las
entidades recobrantes sobre la norma a aplicar.

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Frente a lo anterior, la firma interventora ha manifestado que migrar los datos de una
base de datos origen a una base destino, bajo la metodología propuesta no tenía
afectación normativa. Recuerda que al dato específico de una base de datos origen,
debe transferir, en la misma condición, obviamente con las directrices emitidas por el
Ministerio, que fueron de aplicación general, por cuanto los cambios en los datos
correspondían a reglas y/o comodines.

Cabe resaltar que de conformidad con los pliegos de condiciones, el Contrato de
Encargo Fiduciario No. 242 de 2005 y el tomo XII de la propuesta presentada por el
Consorcio FIDUFOSYGA 2005, el Consorcio con los elementos, instrucciones y
normatividad aplicable y existente debió entregar el modulo de Medicamentos y Fallos
de Tutela debidamente integrados con el ERP y que la obligación, numeral 4.35 del
contrato 242 de 2005 indica: “Garantizar el óptimo funcionamiento, mantener,
actualizar, desarrollar y modificar, con base en los requerimientos del Ministerio de
conformidad con sus necesidades y cambios normativos, el software que permita
realizar el control, seguimiento y evaluación de las solicitudes de recobro y de los
recursos pagados con cargo al FOSYGA – Subcuenta de Compensación por
medicamentos No POS y por fallos de tutela y procesar la información
correspondiente; esta información además deberá estar disponible en una consulta
en línea a través del sistema de información.” Y 5.6. “Garantizar el óptimo
funcionamiento, mantener, actualizar, desarrollar y modificar, con base en los
requerimientos del Ministerio de conformidad con sus necesidades y cambios
normativos, el software que permita realizar el control, seguimiento y evaluación de
las solicitudes de recobro y de los recursos pagados con cargo al FOSYGA –
Subcuenta de Solidaridad por medicamentos No POS-S y por fallos de tutela y
procesar la información correspondiente.”

Por lo tanto, desde la etapa precontractual se conocía la posibilidad de que se
presentaran cambios normativos y el Consorcio al suscribir el Contrato de Encargo
Fiduciario se comprometió expresamente a garantizar el óptimo funcionamiento,
mantener, actualizar, desarrollar y modificar el software que permita realizar el
control, seguimiento y evaluación de las solicitudes de recobro y de los recursos
pagados con cargo al FOSYGA, de conformidad con los cambios normativos que se
presentaran. De modo que en el desarrollo del contrato el Consorcio disponía de
elementos para realizar el desarrollo del software o modulo de MyT y no es de recibo
este argumento de defensa.

f) Aumento del volumen de radicación de reclamaciones y recobros

Manifiesta el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 que debido al aumento en el volumen de
radicación de reclamaciones en el año 2008 fue imperiosa la utilización de la
aplicación SIA ECAT hasta septiembre del 2009 y hasta tanto no se tuviera procesada
la totalidad de las reclamaciones radicadas en esa fecha no era factible iniciar el
proceso de migración, y que se presentó incremento en el número de recobros
radicados en los formatos MYT-01 y MYT-02 y se debieron realizar ajustes en el
aplicativo durante el periodo de pruebas que obligaron a aplazar la fecha propuesta
del 16 de julio de 2010.

El interventor en comunicación JAHV-3908-11 del 26 de abril de 2011 expone que el
incremento de reclamaciones no hace que los procesos de migración no se hayan
realizado así como el atraso en la auditoria a que se refiere el Consorcio ya que de
acuerdo a la metodología propuesta una vez que saliera a producción se migrará la
Base de Datos. Añade que el volumen de reclamaciones que aumentaron no tiene
que ver con el proceso de migración, especialmente porque son dos procesos
diferentes, uno de carácter operativo y otro de carácter técnico.

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Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Menciona que existe la firma encargada del tema de sistemas y la firma encargada
del tema de auditoría, que todos deben tener el recurso humano y técnico necesario,
tal como se encuentra establecido en los pliegos de condiciones, en el contrato No.
242 de 2005 y en la propuesta del Consorcio FIDUFOSYYA 2005, para soportar las
operaciones del FOSYGA como lo expresa en el tomo XII de la propuesta del
Consorcio FIDUFOSYGA 2005 que dice “PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES

“TIEMPO El tiempo de permanencia del esquema de procesamiento estará dado por
la vigencia del contrato de encargo Fiduciario 5 años y dos meses (62 meses), este
esquema de procesamiento estará disponible 7x24x365 (7 días a la semana X 24
horas al día X 365 días al año).”

Estos tiempos, para el procesamiento de la información, se ajustan de manera integral
a aquellos establecidos en las normas vigentes así como a los definidos en el pliego
de condiciones.” FOLIO 3573

“Para el procesamiento de la información, el consorcio dispondrá del recurso humano
propuesto cumpliendo con los perfiles y experiencia solicitados; así mismo dispondrá
del recurso humano, de apoyo, necesario para garantizar el procesamiento ´de los
datos en los tiempos definidos en las normas y el pliego´ de condiciones así como
con los procedimientos para garantizar la calidad” FOLIO 3575

Por lo anterior no es de recibo este argumento de defensa. […]” (negrilla del texto).

230. La Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 2011, respecto de los eximentes de
responsabilidad expuestos por los apelantes, subrayó que:

“[…] c) Consideraciones de la Entidad

Afirma el interventor que la obligación del contratista se circunscribe a la migración de
datos preexistentes en una base de datos a otra base de datos, proceso en el que no
tienen que ver terceros.

En su comunicación del 19 de julio del año en curso, la Firma Interventora, enunció:
“El consorcio cuenta con un área operativa en la cual contaban con un grupo de
digitadores que capturaban la información y que adicionalmente tenía una mesa de
control de calidad que verificaba la calidad de la información digitada. Teniendo la
obligación de tomar los documentos finales ajustar la información”.

Es claro para la firma interventora que la información no tiene que ver con la
actualización de la normatividad, toda vez que migración se hace sobre una
información que se encuentra en una base de datos y se requiere pasar a otra. El
consorcio no debe desconocer la diferencia que existe entre un dato el cual debe ser
migrado de un sistema a otra y dentro de los sistemas de información existe algo que
se llama estructura de datos, modelo de entidad relación, que son los que usa el
consorcio para los casos MYT y ECAT. Por lo tanto los datos que se pasan de un
módulo a otro deben ser especificados en un mapeo de tablas y objetos y se
encuentran dentro de la metodología propuesta por el contratista al Ministerio, y que
finalmente no implemento. Finalmente en su comunicación del 19 de julio de 2011,
expresó: “Es claro que la migración de la información no tiene nada que ver con la
actualización de la normatividad, toda vez que la migración se hace sobre una
información que se encuentra en una base de datos y se requiere pasar a otra”

Afirma la Interventoria que la migración en nada tiene que ver con el aumento de
reclamaciones dado que era una información que contenía los datos a antes del 31
de diciembre de 2008, que se encontraban fuera de producción, toda vez que el
consorcio se encontraba en operación con el módulo SII. Para el caso de ECAT la

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

solicitud de incumplimiento para la migración la evaluación del módulo operativo se
hace en otro escenario. Finalmente alude a que la firma para el cierre de cada paquete
utiliza una metodología para el análisis de las variables objeto de evaluación y
mediante este análisis la firma ha presentado y escrito en diferentes informes las
inconsistencias de la información, devolviendo por las mismas paquetes (sic) por baja
calidad de los datos.

En pronunciamiento JAHV-FSG-4393-11 de julio de 2011, rectifica lo mencionado en
el párrafo anterior enunciando: “En cuanto la migración en nada tiene que ver con el
aumento de reclamaciones dado que era una integración con las reclamaciones a 31
de Diciembre de 2008 que se encontraban fuera de producción; y toda vez que el
consorcio estaba operando con el módulo del SII. Para el caso de ECAT solamente
incumple para lo relacionado a la migración la cual se evalúa el módulo existente”.

Sujetos responsables de la información.

El numeral 6.6 de la cláusula séptima del contrato establece: “Recibir, radicar,
registrar, validar, auditar, aprobar o rechazar, liquidar y pagar con cargo a los
recursos de la Subcuenta ECAT previa ordenación del pago por el Ministerio, las
reclamaciones presentadas por concepto de atención a las víctimas de accidentes de
tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas y otros eventos expresamente
aprobados por el CNSSS, así como las reclamaciones por otros beneficios de la
subcuenta ECAT establecidos en las normas vigentes, conforme a lo establecido en
las normas y reglamentos vigentes y las instrucciones del Ministerio; para efectos de
la ordenación del pago por el Ministerio, el consorcio deberá certificar que las
solicitudes de recobro han cumplido con todos los procedimientos de auditoría del
FOSYGA.”. (Resaltado fuera de texto)

Es claro en el numeral transcrito que para el caso de los recursos de la Subcuenta
ECAT, es obligación del contratista, disponer de los trámites pertinentes para
registrar, entre otras actividades, las reclamaciones que sean presentadas por los
usuarios.

En dicho entendido, y en forma independiente de la metodología adoptada y aprobada
para el logro de tal cometido, es responsable el Consorcio Contratista de que la
obligación descrita se lleve a cabo en los términos y condiciones que fueron
expuestos en los pliegos de condiciones, en su oferta, y finalmente en el contenido
del contrato.

El Contratista no puede confundir el proceso operativo de recepción, validación,
generación de inconsistencias y actualización de la base de datos con el proceso de
migración de datos.

Estos dos procesos son independientes en el tiempo; el proceso operativo se realiza
periódicamente, acorde con la normatividad vigente y en el cual se aplican reglas de
validación y de control que garantizan la consistencia de los datos presentados por el
tercero al FOSYGA; el proceso de migración de datos consiste en el traslado de los
datos que se encuentran a una fecha de corte y con una determinada estructura de
datos a un nuevo modelo de datos, el cual implica la utilización de una metodología
que garantice la consistencia de los datos en el nuevo modelo; para esta situación, el
Contratista presentó una metodología de migración de datos al Ministerio, la cual fue
aceptada en reuniones con la condición que su aplicación, especialmente el
diagnóstico de los datos, fuera presentado al Ministerio para su análisis y
determinación en la migración de los datos.

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Radicación núm.: 25000 23 24 000 2012 00256 02
Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Por lo expuesto anteriormente, el Contratista no puede aducir responsabilidad por los
datos suministrados por terceros en el proceso de migración de los datos, ya sea de
ECAT o de MyT.

Ahora bien, para el caso particular de la clase de información que presenta
inconsistencias, se debe tener en cuenta lo estipulado por la Firma Interventora en la
comunicación del 26 de mayo de 2011 por medio de la cual da respuesta al recurso
impetrado por el contratista, en el entendido que la información que debe ser migrada
corresponde a datos ya existentes en las bases, los cuales no deben ser introducidos
por terceros, y que deben ser considerados como inmutables, previa verificación de
su consistencia, hasta que se realice la migración.

Por las razones expuestas y todas vez que no se logró demostrar que los retrasos e
inconsistencias en la migración de la información, devinieran de hechos eximentes de
responsabilidad, se tiene no aceptado el argumento planteado y se confirma la
Resolución atacada en lo pertinente.

Cambios normativos y aumento en el volumen de reclamaciones

El contratista sostiene que los procesos de migración se han visto afectados por las
modificaciones en la normatividad aplicable, condición de las que se derivan
dificultades para el traslado de información de una base a otra.

Dicho argumento fue ventilado en los descargos presentados dentro del proceso
sancionatorio, sin que en el recurso se haya hecho alusión a circunstancias o análisis
que no se hayan ya tenido en cuenta en la Resolución 1410 de 2011, por cuanto en
la misma se adujo que el contratista conocía los posibles cambios normativos desde
la etapa contractual y se obligó en forma expresa a garantizar el óptimo
funcionamiento, mantener, actualizar, desarrollar y modificar el software que permita
realizar el control y seguimiento y evaluación (sic) de las solicitudes de recobro y de
los recursos pagados con cargo al Fosyga de conformidad con dichos cambios, razón
por la cual no puede ser alegado por el contratista el cumplimiento de una obligación
a su cargo, como fuente de posibles inconsistencias y dilaciones en los trámites de
entrega, más aún, cuando si bien se han presentado cambios de normatividad los
mismos no pueden ser tomados como hechos intempestivos, no previstos e
insuperables, por cuanto la observancia y aplicación en los módulos correspondientes
de los cambios acaecidos hace parte de las condiciones de ejecución.

Igual tratamiento tiene el presunto aumento en el volumen de las reclamaciones, que
si bien pudieron tener ocurrencia durante la ejecución del contrato, y en un momento
dado no pudieron ser previstas, tal y como fue estipulado en el acto recurrido así como
en la comunicación JAHV-FSG- 4097-11 del 26 de mayo de 2011, para los procesos
de migración que nos ocupa, dado que la misma se debía realizar con información
que contenía los datos a antes (sic) del 31 de diciembre de 2008, y que se
encontraban fuera de producción toda vez que el consorcio se encontraba en
operación con el módulo SII, no tienen mayor injerencia.

Finalmente, es bueno precisar que el Contratista no puede confundir un proceso
operativo con un proceso de migración de datos.

El proceso operativo en MyT pudo verse afectado por cambios normativos y por el
incremento en el número de recobros durante la ejecución del contrato; pero, el
proceso de migración consiste, como se dijo anteriormente, en el traslado de los datos
que se encuentran a una fecha de corte y con una determinada estructura de datos a
un nuevo modelo de datos, el cual implica la utilización de una metodología que
garantice la consistencia de los datos en el nuevo modelo; para esta situación, el
Contratista presentó una metodología de migración de datos al Ministerio, la cual fue

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aceptada en reuniones con la condición que su aplicación, especialmente el
diagnóstico de los datos, fuera presentado al Ministerio para su análisis y
determinación en la migración de los datos.

Así las cosas, se tiene como no probados los argumentos relativos a que las
inconsistencias en los traslados de datos obedecieron a los cambios normativos y al
aumento de las reclamaciones, por lo cual se confirma el acto administrativo atacado
en lo pertinente. […]” (negrilla y subrayado del texto).

231. El magistrado ponente del proceso en primera instancia, en auto de 26 de julio
de 2012, conforme a las solicitudes de decreto y práctica de pruebas formuladas
por las partes demandante y demandada, resolvió:

“[…] SEGUNDO.- El Despacho encuentra que tanto el demandante como el
demandado solicitaron la designación de un perito Ingeniero de sistemas (sic) con
conocimiento y experiencia en base de datos, para que determine las tareas que
realizó el Consorcio Fidufosyga 2005 en la ejecución del Contrato No. 242 de 2005
tal como se señaló en el acápite de pruebas de la demanda y su contestación, por
esta razón, se le comunica a las partes que en virtud del numeral segundo del artículo
38968 del Código de Procedimiento Civil los gastos del perito se fijarán por partes
iguales entre el accionante y el accionado. Por lo anterior, DESÍGNESE al Perito
Ingeniero de Sistemas, JHON FREDY ROJAS FERNÁNDEZ (…) para que emita
concepto de conformidad con lo establecido en el acápite “IV PRUEBAS, B. Dictamen
Pericial, 1”, del libelo de la demanda visible a folio 47 […]” (negrilla del texto).

232. En la demanda se solicitó:

“[…] 1. Solicito que se designe un perito ingeniero de sistemas, con conocimientos y
experiencia en el manejo de bases de datos, para que determine las tareas que
ejecutó el Consorcio Fidufosyga 2005 en desarrollo de los numerales 7.17, 7.23 y
7.24 de la cláusula séptima del Contrato de Encargo Fiduciario No. 242 de 2005, y la
incidencia que sobre la ejecución de dichas tareas tuvieron terceros ajenos a dicho
contrato. […]”.

233. En la contestación de la demanda se solicitó igualmente que:

“[…] Solicito que se designe un perito ingeniero de sistemas, con conocimientos y
experiencia en el manejo de bases de datos y migración de datos en sistemas, para
que determine la calidad y oportunidad de las tareas adelantadas por el Consorcio
Contratista en ejecución del Contrato 242 del 2005, documentadas para el momento
en que sucedieron los incumplimientos […]”.

234. En el expediente consta el dictamen pericial 69 rendido por el señor Salvador
Gómez Velasco, experto de la lista general de auxiliares de la justicia como
ingeniero de sistemas70, cuya designación consta en los autos de 4 de abril71, 16 de

68
Art. 389.- Pago de expensas y honorarios. El pago de expensas y honorarios se sujetará a las reglas siguientes:
(…)
2. Los honorarios de los peritos serán de cargo de la parte que solicitó la prueba, pero si la otra adhirió a la solicitud o pidió
que aquellos conceptuaran sobre puntos distintos, el juez señalará la proporción en que cada cual debe concurrir a su pago.
(…)
69
Cfr. Fol. 286-336, C. Ppal. 1.
70
Cfr. Fol. 221, C. Ppal. 1.
71
Cfr. Fol. 219-220, C. Ppal. 1.

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mayo72 y 13 de junio73, todos de 2013, así como las aclaraciones y
complementaciones realizadas al mismo74.

235. El perito expuso las conclusiones de su dictamen, así:

“[…] 1. Hubo incumplimiento por parte del Contratista en las migraciones de las bases
de datos de ECAT y en la entrada en operación del módulo ECAT en el SII con el uso
de la base de datos respectiva migrada e integrada, por cuanto esto solo pudo
acreditarlo el 18 de septiembre de 2011.

2. Hubo incumplimiento por parte del Contratista en las migraciones de las bases de
datos de MYT y en la entrada en operación del módulo MYT en el SII con el uso de la
base de respectiva migrada e integrada, por cuanto al término de la ejecución del
contrato, esto es, el 30 de septiembre de 2011 no lo logró acreditar.

3. Es cierto que los cambios normativos son un factor que puede convertirse en
eximente del cumplimiento de las obligaciones contractuales referidas a la migración
de las bases de datos y a la entrada en operación de los módulos de ECAT y MYT en
el SII, pero en el caso presente no aplica plenamente.

4. Es cierto que para ciertas características de negocio, el aumento en el número de
reclamaciones y recobros puede convertirse en un factor eximente del cumplimiento
de las obligaciones contractuales referidas a la migración de las bases de datos y a
la entrada en operación de los módulos de ECAT y MYT en el SII, pero en el caso
presente no aplica plenamente.

5. Es cierto que los cambios normativos y los aumentos en el número de
reclamaciones y recobros pertenecen al escenario previsible y asumido por el
contratista. Máxime cuando miembros del Consorcio ya habían participado de la
administración de los recursos del Fosyga, como que hicieron parte del Consorcio
Fisalud, administrador de estos recursos hasta diciembre de 2005, de manera que
podían aportar su experiencia para que la curva de aprendizaje se suavizara y se
redujera su impacto en la ejecución eficiente del contrato. […]”.

236. Para llegar a las conclusiones mencionadas, el perito manifestó que:

“[…] IV. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

(…)

1. La migración de datos y entrada en producción del módulo de Medicamentos
No Pos y Fallos de Tutela, MYT, en el nuevo Sistema de Información Integrado,
SII.

(…)

Según lo planteado en la propuesta por el Consorcio tal migración debió haberse
realizado el 15 de diciembre de 2006 o el 15 de diciembre de 2008.

Ante las objeciones del Ministerio para no dar por aprobada la migración, el Consorcio
ha entregado informes en los que se da cuenta de las correcciones, ajustes,

72
Cfr. Fol. 225-226, C. Ppal. 1.
73
Cfr. Fol. 233-234, C. Ppal. 1.
74
Cfr. Fol. 368-377, C. Ppal. 1.

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modificaciones, de esa migración, y al tiempo ha planteado que el retraso se debió a
tres razones fundamentales:

a. La muy considerable inestabilidad normativa que se vivió durante el período de
ejecución del contrato.

b. El inusitado incremento de las solicitudes de recobro de servicios No Pos.

c. Las muchas falencias de las bases de datos cuya conformación y administración
jamás estuvo en las manos del Consorcio Fidufosyga 2005

En cuanto a la inestabilidad jurídica, el Consorcio, en el recurso de reposición y en
los descargos a la Resolución 1410 de 2011, cita las siguientes normas, que entre sí
llegan entrelazarse y a posiblemente generar incertidumbre sobre su aplicación:
Resoluciones 3797 de 2004, 3615 de 2005, 2933 de 2006, 3754 de 2008, Sentencias
C-463 y T-760 de 2008, y el Acuerdo 008 de la CRES. De las normas citadas se
pueden considerar dentro de las aportantes de inestabilidad aquellas que hayan sido
expedidas en el período en el que se debió cumplir con la obligación; esto es, las
Resoluciones 3797 de 2004 y 3615 de 2005 ya eran conocidas al inicio del contrato y
formaban parte del ambiente en el que debía desarrollarse. Sin embargo se
relacionan con su objeto:

(…)

Con el mismo criterio se extraen del documento enviado por el consorcio con las
normas candidatas a ser generadoras de inestabilidad jurídica para MYT, aquellas
que fueron expedidas dentro del tiempo de ejecución del contrato, previas a la
migración de octubre de 201075:

(…)

Como puede verse es una norma en 2006, cuatro normas en 2008, dos en 2009 y
una en 2010.

Parecería poco, pero en beneficio de la justicia, solo en la vivencia diaria del desarrollo
de un contrato tan complejo y sensible, con tantas repercusiones sociales, jurídicas,
económicas, políticas y hasta filosóficas, es en donde se aprecia la magnitud
perturbadora de los cambios intempestivos en un sentido y luego en otro, la
derogación de disposiciones que luego vuelven a cobrar vigencia, y por otro lado la
presión propia de atender un negocio en marcha que tiene todo que ver con la vida
de las personas.

Por lo anterior, se concede que para las primeras fechas del compromiso de entrega
de la migración y del aplicativo de MYT en el SII, esto es 15 de diciembre de 2006 y
15 de diciembre de 2008, sean atenuantes del incumplimiento los cambios normativos
aducidos por el Consorcio. Pero no para que adquieran la categoría de eximentes y
durante toda la vigencia de ejecución del contrato.

En cuanto al inusitado incremento de las solicitudes de recobro de servicios No
Pos, en teoría, si las estructuras de base de datos están convenientemente
diseñadas, ellas responden a un adecuado estudio de las necesidades del negocio y
se usa el conocimiento del mismo para definirlas, no debería ser un obstáculo para
realizar la migración el hecho de que aumente el número de registros. Sin embargo,
aquí se concede también una evaluación similar al del inciso anterior para señalar

75
Listó las resoluciones números 2933 de 15 de agosto de 2006, 3099 de 19 de agosto de 2008, 3754 de 2 de octubre de
2008, 3977 de 20 de octubre de 2008, 5033 de 11 de diciembre de 2008, 1099 de 14 de abril de 2009, 3876 de 15 de octubre
de 2009 y 548 de 12 de febrero de 2010.

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que el impacto, si lo tiene, no debe extenderse a todo el tiempo de ejecución del
contrato; debe tenerlo por un breve tiempo en tanto se logran ajustar las
inconsistencias que afloren.

En cuanto a las muchas falencias de las bases de datos cuya conformación y
administración jamás estuvo en las manos del Consorcio Fidufosyga 2005, es
preciso decir que según los planes de migración de datos definidos por el Consorcio
figuran:

• Identificación necesidades de información
• Identificación de fuentes de datos
• Diagnóstico de calidad de datos
• Mapeo de fuentes de datos
• Definición de reglas de validación de calidad de datos

Tareas estas que apuntan a la minimización de las consecuencias no deseadas por
una data contaminada en el origen.

Además, no se encuentra desvirtuada en ninguna parte del proceso la afirmación del
Ministerio sobre que el Consorcio realizó la migración de los datos de MYT sin
consultarle acerca de las reglas a seguir ante inconsistencias, como si lo concertaron
para la base de datos de ECAT.

2. La migración de datos y entrada en producción del módulo de ECAT en el
nuevo Sistema de Información Integrado, SII.

(…)

Igualmente, según lo planteado en la propuesta por el Consorcio tal migración debió
haberse realizado el 15 de diciembre de 2006 o el 15 de diciembre de 2008.

Por tanto, al igual que la entrada en producción del módulo y base de datos MYT
integrados en el SII, la entrada en producción del módulo de ECAT en el SII y la
migración de datos de ECAT integrados a aquel, debe cumplir con criterios de
integridad, funcionalidad y oportunidad, de conformidad con lo expresado en la
propuesta en los apartes ya señalados en este documento.

Al igual que lo analizado para el caso de MYT, ante las objeciones del Ministerio para
no dar por aprobada la migración de ECAT, el Consorcio ha entregado informes en
los que se da cuenta de las correcciones, ajustes, modificaciones, de esa migración,
y al tiempo ha planteado que el retraso se debió a tres razones fundamentales:

a. La muy considerable inestabilidad normativa que se vivió durante el período de
ejecución del contrato.

b. El inusitado incremento de las reclamaciones de ECAT.

c. Las muchas falencias de las bases de datos cuya conformación y administración
jamás estuvo en las manos del Consorcio Fidufosyga 2005.

En cuanto a la inestabilidad normativa se recogen las normas que se expidieron en
el período de ejecución del contrato y antes de diciembre de 2010. Y se aplica
igualmente lo dicho para MYT76.

76
Listó los decretos números 3990 de 17 de octubre de 2007, 1011 de 3 de abril de 2006 y 2973 de 6 de agosto de 2010; las
resoluciones números 1915 de 28 de mayo de 2008, 3251 de 29 de agosto de 2008 y 1043 de 3 de abril de 2006; y, las
circulares externas números 036 de 3 de julio de 2008 y 179761 de 27 de junio de 2008.

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(…)

Como puede verse son dos normas en 2006, una norma de 2007, cuatro normas de
2008 y una en 2010.

Igualmente que para MYT, parecería poco, pero en beneficio de la justicia, solo en la
vivencia diaria del desarrollo de un contrato tan complejo y sensible, como tantas
repercusiones sociales, jurídicas, económicas, políticas y hasta filosóficas, es en
donde se aprecia la magnitud perturbadora de los cambios intempestivos en un
sentido y luego en otro, la derogación de disposiciones que luego vuelven a cobrar
vigencia, y por otro lado la presión propia de atender un negocio en marcha que tiene
todo que ver con la vida de las personas.

Por lo anterior, se concede que para las primeras fechas del compromiso de entrega
de la migración y del aplicativo de ECAT en el SII, esto es 15 de diciembre de 2006 y
15 de diciembre de 2008, sean atenuantes del incumplimiento los cambios normativos
aducidos por el Consorcio. Pero no para que adquieran la categoría de eximentes y
durante toda la vigencia de ejecución del contrato.

En cuanto a las muchas falencias de las bases de datos cuya conformación y
administración jamás estuvo en las manos del Consorcio Fidufosyga 2005, es
preciso decir que según los planes de migración de datos definidos por el Consorcio
figuran:

• Identificación necesidades de información
• Identificación de fuentes de datos
• Diagnóstico de calidad de datos
• Mapeo de fuentes de datos
• Definición de reglas de validación de calidad de datos

Tareas estas que apuntan a la minimización de las consecuencias no deseadas por
una data contaminada en el origen.

Además, en el contrato firmado por las partes en el numeral 6.6 se establece una
obligación clave para aclarar la responsabilidad del Consorcio en este punto: “6.6.
Recibir, radicar, registrar, validar, auditar, aprobar o rechazar, liquidar y pagar con
cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT previa ordenación del pago por el
Ministerio, las reclamaciones presentadas por concepto de atención a las víctimas de
accidentes de tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas y otros eventos
expresamente aprobados por el CNSSS, así como las reclamaciones por otros
beneficios de la subcuenta ECAT establecidos en las normas vigentes, conforme a lo
establecido en las normas y reglamentos vigentes y las instrucciones del Ministerio;
para efectos de la ordenación del pago por el Ministerio, el consorcio deberá certificar
que las solicitudes de recobro han cumplido con todos los procedimientos de auditoría
del FOSYGA.”

En cuanto al literal h) Plan de metodologías para el desarrollo, actualización, pruebas,
implementación e implantación de los sistemas de información del FOSYGA, del
subnumeral 7.17 del contrato dice el Ministerio, y no tuvimos a disposición los
elementos para probar lo contrario, que a la fecha de terminación del plazo de
ejecución del contrato, esto es a 30 de septiembre de 2011, no fue entregado.

En relación con el literal e) Plan de migración a la plataforma tecnológica propuesta,
es claro que el Consorcio presentó varios planes de migración. Al no darles
cumplimiento de manera oportuna se convirtieron en motivo de imposición de multa.

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En relación con el subnumeral 7.23 Poner a disposición del Ministerio, del Interventor,
del Auditor y de la Superintendencia Nacional de Salud, la información, base de datos,
software, procedimientos y documentación que requieran conforme a sus
competencias, así como toda la información relacionada con la memoria técnica del
contrato mediante la documentación de los hechos críticos que generen cambios en
los procesos operativos, en los aplicativos, en los flujos de información, en la
tecnología u ostros aspectos, el Consorcio lo hizo pero con problemas de calidad,
oportunidad y funcionalidad.

A la fecha del 21 de octubre de 2013 no encontramos información que permita
establecer que el Consorcio haya entregado la memoria técnica del contrato, que
incluya la documentación de los hechos críticos que generaron cambios en los
procesos operativos, en los aplicativos, en los flujos de información, en la tecnología
u otros aspectos.

Acerca del subnumeral 7.24. Mantener actualizada y entrega al Ministerio los
siguientes productos informáticos: Software del Fondo (fuentes y ejecutables), base
de datos, archivos, documentación técnica y demás relacionada, al finalizar el
Contrato de Encargo Fiduciario y en la periodicidad que defina el Ministerio, el
Consorcio Fidufosyga 2005 no aportó pruebas que condujeran a concluir que cumplió
de conformidad con los criterios técnicos ofrecidos y por tanto obligantes. […]”

237. En la aclaración y complementación de su dictamen, el perito indicó:

“[…] solicita se ACLARE:

i. ¿Cuáles fueron las pruebas técnicas realizadas?
ii. ¿En qué consistieron?
iii. ¿Sobre qué base de datos las hizo?
iv. ¿Cuál fue la metodología utilizada?

Igualmente solicita se COMPLEMENTE el dictamen en cuanto a los resultados que
arrojaron las pruebas técnicas practicadas y cómo dichos resultados incidieron en las
conclusiones.

Respuesta:

En cuanto a lo que se solicita se ACLARE, las pruebas técnicas realizadas se refieren
a consultas sobre las bases de datos,

✓ RECOBROS3615, y
✓ SII_MYT

La base de datos RECOBROS3615 contiene la información destino sobre Recobros
de Medicamentos y Tutelas, luego de la migración de octubre de 2010.

La base de datos SII_MYT contiene la información destino sobre Recobros de
Medicamentos y Tutelas, luego de la migración de octubre de 2010.

Se usaron copias de las referidas bases de datos cuyos originales están bajo
resguardo en el Ministerio de Salud y Protección Social, sometidas a los protocolos
internos de almacenamiento y conservación.

Las consultas sobre las citadas bases de datos se orientaron a confirmar o desvirtuar
el contenido del documento del Consorcio Fidufosyga 2005 titulado “FID-FOS-BDI-
Informe Migración MYT-v03”, remitido por correo electrónico por el Consorcio el 19
de Julio de 2013, en el cual describe las características y resultados de la migración

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realizada en octubre de 2010. Efectivamente en el numeral 3.7. Validación y
Diagnóstico de Calidad de Datos en las fuentes, se desarrollan los siguientes literales:

(…)

La metodología acogida para las pruebas técnicas consistió en:

a. Formulación de preguntas guías para orientar el acopio de la información relevante.
b. Entendimiento de los aspectos principales en controversia.
c. Concertación de tiempo, lugar y recursos para realizar las pruebas.
d. Verificación de recursos físicos y lógicos en el momento de las pruebas.
e. Consulta a las bases de datos.
f. Registro de resultados.
g. Conclusiones.

Tras la ejecución de la metodología, las consultas realizadas a las bases de datos
confirmaron lo descrito en el documento aludido, esto es, que en la migración de que
da cuenta el Consorcio en su escrito existen inconsistencias, sobre todo relativas
a la integridad de la información migrada en octubre de 2010.

De manera que basado en los resultados y atendiendo la solicitud en desarrollo me
permito COMPLEMENTAR:

1. La información de la base de datos RECOBROS3615 del sistema anterior SIA no
fue migrada íntegramente por el Consorcio Fidufosyga 2005 hacia la base de datos
SII_MYT de forma que pudiera servir confiable y totalmente para la entrada en
producción del Sistema de Información Integrado-SII, en octubre de 2010.

2. Esta es una muestra de los resultados confirmados:

HISTORICO_CTC, registros en origen 907788, registros en destino 557191, no
pasaron 350597 registros. Explicación del Consorcio: “[Por..] restricción de llave
única en la tabla destino [,,]”. (sic) Implica ajustes al diseño.

HISTORICO_TUTELA, registros en origen 5775598, registros en destino 709725, no
pasaron 5065873 registros. Explicación del Consorcio: “[Por..] restricción de llave
única en la tabla destino [,,]”. Implica ajustes al diseño.

RECOBROS_GLOSAS, registros en origen 3637857, registros en destino 3135200,
no pasaron 502657 registros. Explicación del Consorcio: “[Por..] no cruzan 22
porque tiene un código de glosa que cruce con la tabla glosas. los otros (sic) 502683
registros faltantes para no infringir la restricción de llave única [,,]”. Implica ajustes al
diseño.

MYT03, registros en origen 60016, registros en destino 56977, no pasaron 3039
registros. Explicación del Consorcio: “[Por..] algunos valores de radicación recobro,
no están en la tabla de recobros. Adicionalmente se encuentra que algunos recobros
fueron radicados varias veces [,,]”. Implica ajustes al diseño y depuración y validación
de datos.

El archivo completo “FID-FOS-BDI-Informe Migración MYT-v03” puede verse en
CD adjunto.

3. Los resultados permitieron las primeras comprobaciones para la estructuración de
las conclusiones. Como el Consorcio no tomó acción en la corrección inmediata de
los yerros, terminó el plazo ordinario del contrato sin el cumplimiento de sus
obligaciones y luego prolongó hasta el final de la prórroga del contrato su

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incumplimiento, de esta manera aportó las confirmaciones necesarias para las
conclusiones expuestas.

(…)

En relación con esta afirmación se pide que el perito ACLARE si verificó:

i. En las bases de datos del Fosyga todos y cada uno de los hallazgos que el
Interventor ilustró en su oficio y que el perito transcribió en sus conclusiones.

ii. Las respuestas a estos hallazgos formulados por el Consorcio Fidufosyga 2005.

Si la respuesta es afirmativa solicita se ACLARE si el resultado del ejercicio que
realizo coincide íntegramente con los hallazgos plasmados por el interventor en dicho
documento.

Respuesta:

Los hallazgos señalados por el Interventor en su oficio JAHV-FSG-4611-11 del 2 de
septiembre de 2011 son citados por el perito en la sección de análisis; no son
transcritos en las conclusiones. Igualmente se toman en consideración las respuestas
del Consorcio Fidufosyga 2005, que las dio en el documento “MYT-1622-11 060911”,
señalando que el Consorcio da explicación sobre algunos paquetes en particular sin
dar respuesta sistemática e integral a los hallazgos.

El Consorcio tuvo oportunidad de controvertir las afirmaciones del Interventor.
También de entregar al perito sus argumentos contundentes acerca de la forma y
circunstancias según las cuales dio cumplimiento al contrato en el amplio tiempo y
oportunidades en las que estuve disponible para ello, así como al someter a examen
este dictamen. No lo hizo.

ACLARO que el análisis de los documentos citados no da como consecuencia la
coincidencia integral con los hallazgos plasmados por el Interventor, pero lo que
queda sin refutar es suficiente para afianzar el incumplimiento.

(…)

Solicita que el perito ACLARE si tuvo o no en cuenta que el Consorcio Fidufosyga
2005, en el informe de migración, sustentó la mencionada diferencia por registros
duplicados.

Si no fue así, solicito que el perito COMPLEMENTE su dictamen con el análisis
técnico de los registros duplicados que se presentaron en las bases de datos.

Respuesta:

El Consorcio Fidufosyga 2005 no sustentó la mencionada diferencia por registros
duplicados.

Este es el extracto correspondiente de la página 27 del archivo:

HISTORICO_CTC, registros en origen 999283, registros en destino 622586, no
pasaron 376697 registros. Explicación del Consorcio: “[Por..] restricción de llave
única en la tabla destino [,,]”. Implica ajustes al diseño.

Ver archivo completo “FID-FOS-BDI-Informe Migración MYT-v06” en CD Anexo.

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(…)

Por tal razón solicita que el perito ACLARE si las modificaciones a las normas
aplicables en materia de recobros, que se dieron con posterioridad a las fechas
relacionadas, pueden también haber incidido en la migración de datos y entrada en
producción del módulo de Medicamentos No Pos y Fallos de Tutela, MYT, en el nuevo
Sistema de Información Integrado, SII.

Respuesta:

Se confirma que los cambios normativos pudieron incidir en el incumplimiento del
contrato por parte del Consorcio en cuanto a la migración de la base de datos y puesta
en producción del aplicativo SII, pero no basta elevarlos a la categoría de eximentes.
Pudieron ser un obstáculo, superable por una organización poseedora de las
competencias necesarias para cumplir lo pactado en el contrato.

(…)

Solicita entonces que el perito ACLARE el dictamen, indicando las razones técnicas
por las cuales considera que los cambios normativos observados no incidieron en la
migración de las base de datos (sic) y la entrada en operación de los módulos de
ECAT y MYT en el SII.

Así mismo solicita que el perito COMPLEMENTE el dictamen en el sentido de indicar:

i. ¿Cuáles cambios fue necesario hacer en el aplicativo para que en su funcionamiento
cumpliera con las nuevas disposiciones normativas?

ii. ¿Cuánto tiempo podría requerir el desarrollo, la prueba y la puesta en
funcionamiento de dichas modificaciones y la estabilización del sistema?

iii. ¿Cómo ello incide en un negocio en marcha que no puede suspender la operación
de radicación, auditoría y resultados de los recobros y reclamaciones?

Respuesta:

Se reconoce que los cambios normativos si incidieron en la migración; lo que no se
acepta es que se llegue al punto de concluir que son eximentes de responsabilidad.

Resolver lo cuestionado para la COMPLEMENTACIÓN implica la aplicación al
proyecto de los recursos, coordinación y competencias necesarias para cumplir en el
tiempo y con la calidad exigida por el contrato y las circunstancias. Ante los eventos
extraordinarios que aduce el Consorcio se encontró con los cambios normativos, su
reacción también debió ser extraordinaria puesto que esto se le imponía su carácter
de aventajado conocedor de la industria.

¿Cuáles plazos se comprometió a cumplir el Consorcio?

¿Conocía o no el negocio cuando se comprometió a cumplir en los términos
contratados?

(…)

Solicita entonces que se ACLARE el dictamen en el sentido de indicar los razones
(sic) técnicas por las cuales considera que el aumento en el volumen de
reclamaciones y recobros no tuvo efecto alguno en la migración de la base de datos
y la entrada en operación de los módulos de ECAT y MYT en el SII.

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Así mismo, que indique:

i. ¿En qué sustenta técnicamente su afirmación de que el impacto del incremento de
las solicitudes de recobro no debe extenderse a todo el tiempo de ejecución del
contrato?

ii. ¿Qué considera el perito como “breve tiempo” para poder ajustar la operación al
incremento, dado el volumen real de recobros radicados que aumentó en el Fosyga?

Respuesta:

Se concede que el volumen de reclamaciones y recobros si tuvo efecto en la
migración de la base de datos y en la entrada en operación. Si el equipo está
conformado con las competencias apropiadas -en habilidades, conocimientos y
actitud- y existe la voluntad gerencial de darle cumplimiento al contrato, definidos los
parámetros apropiados desprendidos del conocimiento del negocio y los ajustes que
se deban realizar ante hechos inesperados como el incremento de reclamaciones, los
volúmenes no representan un obstáculo insalvable. Los recursos provenientes de la
contraprestación económica tenían la suficiente holgura como para reaccionar sin
comprometer el margen comercial corrientemente reconocible.

Una vez presentados los incrementos en los volúmenes, si no se hicieron las
previsiones en el diseño inicial de las bases de datos, en los procedimientos y en la
capacidad de almacenamiento y de cómputo, es de esperar una reacción experta
para hacerle frente y solucionar los inconvenientes derivados.

El “breve tiempo” tiene valoración relativa al plazo total de ejecución del contrato; si
este era de cinco (5) años, el “breve tiempo” es menos de seis (6) meses.

(…)

7. Señala el perito en la quinta conclusión del dictamen que “es cierto que los cambios
normativos y los aumentos en el número de reclamaciones pertenecen al escenario
previsible y asumido por el contratista […]”

Por tanto solicita que el perito ACLARE el dictamen en el sentido de indicar:

i. ¿En qué razones técnicas sustenta su conclusión?
ii. ¿Cuál es el alcance del concepto de previsibilidad que está aplicando en sus
conclusiones?
iii. ¿Cuáles son los elementos que tenía el Consorcio Fidufosyga 2005 para prever
que el Ministerio de la Protección Social iba a dictar una nueva norma reformulando
el trámite de las reclamaciones y de los recobros?
iv. ¿Cómo podía anticipar posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional que
implicaran un aumento en las reclamaciones por los eventos no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud?

Respuesta:

Este tipo de contratos no se adjudican a advenedizos; tienen éxito en la ejecución, en
el servicio y en la obtención de los beneficios quienes conocen de la industria y están
preparados para conformar equipos competentes, diligentes, flexibles.

Razones estadísticas, antecedentes históricos, la dinámica de la evolución social, la
tendencia en las coberturas, lo sucedido en otros sectores de la sociedad, la
intervención de consorciados en la administración de recursos en el pasado, todo ello

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

conforman, junto con otras similares, los ingredientes para sustentar la previsibilidad,
que corresponde ejercer a quien conoce de esta actividad; ha ocurrido en el pasado
y también con posterioridad a 2011 que se siguen presentando cambios normativos,
que de tiempo en tiempo se redefinen aspectos fundamentales de la atención y de los
trámites, y que se presentan variaciones importantes en los volúmenes de usuarios.

8. En cuanto a las valoraciones efectuadas por el perito en relación con la calidad de
la información a migrar, solicita que se ACLARE el dictamen, en el sentido de indicar
si, para llegar a sus conclusiones, tuvo o no en cuenta los ajustes concertados entre
el Consorcio Fidufosyga 2005 y el entonces Ministerio de la Protección Social
respecto a la forma como se debía migrar la información.

Respuesta:

Sí. En el dictamen está evidenciada esa consideración.

9. Frente a las reclamaciones a las Subcuenta ECAT, solicita que el perito
COMPLEMENTE el dictamen en el sentido de valorar cómo la aplicación del Decreto
3990 de 2007 incidió en la operación del Fosyga, específicamente indicando cómo
tuvo el Consorcio Fidufosyga 2005 que operar por un tiempo frente a dos líneas:
respecto de las reclamaciones radicadas con los formatos previamente establecidos,
como las radicadas en medios magnéticos en vigencia de la Circular Externa 17976.

Respuesta:

Sí, evidentemente la aplicación del Decreto 3990 de 2007 incidió en la operación del
Fosyga, pero debe considerarse que desde su entrada en vigencia, el 18 de octubre
de 2007, ha permanecido estable, lo cual dio campo a su implementación y
oportunidad a realizar las adaptaciones antes del vencimiento del plazo inicial de
ejecución del contrato, el 15 de diciembre de 2010.

10. El perito cita varias afirmaciones del entonces Ministerio de la Protección Social,
sobre las cuales basa parte de sus conclusiones. Una de ellas, “señala el Ministerio
que los efectos del incumplimiento, los errores de la migración traducidos en
deficiencia en integridad, completitud y calidad de los datos migrados, pueden
ocasionarle al sistema de pagos dobles o múltiples por concepto de giro de recursos
indebidos a las entidades reclamantes o recobrantes”.

Por tanto solicita ACLARE:

i. ¿Validó técnicamente dicha afirmación?
ii. ¿Tuvo en cuenta que el origen y calidad de la información es responsabilidad de
las entidades recobrantes?
iii. ¿Valoró que las normas aplicables prevén que en caso de existir una diferencia
entre el medio magnético y físico del recobro la auditoría y pago debe realizarse sobre
el soporte físico?

Respuesta:

En el fundamento teórico de las bases de datos se señalan las características
necesarias de integridad, confidencialidad, disponibilidad de la información contenida.
Su incumplimiento ofrece riesgos. Para el caso objeto del análisis, si existen registros
replicados, o con información incompleta o no veraz, se abre la posibilidad de que se
terminen pagando recursos del sistema a personas no debidas, por sumas no
correspondientes, negando pagos a quienes si pueden tener derecho, autorizando
pagos a quienes no lo tengan o pagos múltiples por conceptos singulares.

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

Sí se tuvo en cuenta que el origen y calidad de la información es responsabilidad de
las entidades recobrantes y también que le corresponde al administrador fiduciario
validar la información que recibe. Ver cláusula séptima, numeral 6.6 del Contrato 242
del 2005, transcrito en el dictamen.

También se tomó en cuenta que ante diferencias entre el medio físico y el magnético
prima la información del medio físico.

(…)

12. Solicita que el perito ACLARE si para formular las conclusiones se tuvo en cuenta
que la obligación de reportar los datos de manera consistente se encuentra radicada
en cabeza de los reclamantes o entidades recobrantes, toda vez que el Consorcio
Fidufosyga 2005 no se encontraba facultado, legal y contractualmente, para modificar
los aludidos datos.

Respuesta:

Sí se tuvo en cuenta lo advertido por el Señor Apoderado del demandante. […]”.

238. En relación con el cuestionamiento expuesto por la parte apelante consistente
en que se negó la objeción por error grave sin un análisis de fondo que justificara la
decisión, esta Sala77, ha destacado frente a la procedencia del error grave en contra
de un dictamen pericial que:

“[…] 250. En efecto, para que prospere la objeción del dictamen pericial por error
grave se requiere la existencia de una equivocación de tal gravedad o una falla que
tenga entidad de conducir a conclusiones igualmente equivocadas. Así mismo, se ha
dicho que éste se contrapone a la verdad, es decir, cuando se presenta una
inexactitud de identidad entre la realidad del objeto sobre el que se rinda el dictamen
y la representación mental que de él haga el perito. Sin embargo, se aclara que no
constituirán error grave en estos términos, las conclusiones o inferencias a que
lleguen los peritos, que bien pueden adolecer de otros defectos.

(…)

253. Con base en los antecedentes jurisprudenciales expuestos, la Sala precisa que
el error grave procede, entonces, en aquellos eventos en los cuales el dictamen
incurra en ostensibles yerros entre lo que era su objeto y lo realmente estudiado, de
lo que se sigue que el perito ha ido en contra de la naturaleza o la esencia del objeto
de prueba, contraponiéndolo con la realidad. […]”.

239. Frente al dictamen pericial practicado, se advierte que la sentencia de primera
instancia no accedió a la objeción por error grave presentada por la parte
demandante toda vez que:

“[…] el mismo pretende atacar en realidad las conclusiones a las que llegó el perito,
más no que el peritaje no corresponda a lo pedido, esto es, por el demandante se
pidió que el perito determine las tareas que ejecutó el Consorcio Fidufosyga 2005 en
desarrollo de los numerales 7.17, 7.23 y 7.24 de la cláusula séptima del Contrato de
Encargo Fiduciario No. 242 de 2005 y la incidencia que sobre la ejecución de dichas

77
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 22 de octubre de 2021. Radicación número: 73001-23-31-000-2012-00342-01.

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

tareas tuvieron terceros ajenos a dicho contrato y, por su parte, el demandado, solicitó
que el perito determinara la calidad y oportunidad de las tareas adelantadas por el
consorcio contratista en ejecución del mencionado contrato documentadas para el
momento en que sucedieron los incumplimientos por este señalados.

Por lo anterior, para efectos de la valoración de dicha prueba corresponde a esta Sala
analizar la misma a partir de las reglas de la sana crítica, además del estudio de las
demás pruebas obrantes en el proceso con el fin de determinar si los demandantes
se hicieron o no acreedores de la multa finalmente impuesta por el Ministerio
demandado, no siendo del caso acceder a la objeción presentada […]”.

240. La Sala evidencia que, en efecto, como lo señaló el fallo de primera instancia,
las objeciones formuladas en contra del dictamen pericial y su aclaración y
complementación no están dirigidas a atacar su objeto sino las conclusiones a las
que llegó el perito, al señalar que:

“[…] Ocurre que en este caso, el dictamen pericial, así como su aclaración y
complementación generaron errores graves que, sin duda, fueron determinantes de
las conclusiones que el señor perito plasmó en el mismo y que se pasa a exponer a
continuación:

(…)

Como no tuvo en cuenta ninguna de estos factores, el perito incurrió en un error grave
al llegar a las conclusiones del dictamen. […]”.

241. Ahora bien, para el análisis de los demás cuestionamientos formulados por la
apelante frente al dictamen pericial, se tendrán en cuenta los lineamientos de la
Corporación78 relativos a la eficacia probatoria de este medio de prueba, expuestos
de la siguiente manera:

“[…] Pues bien, en lo que respecta al dictamen pericial, se tiene que el numeral 6º del
artículo 237 del Código de Procedimiento Civil prescribe que este “debe ser claro,
preciso y detallado; en él se explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones”. (Se resalta).

Por otra parte, el artículo 241 ibídem establece lo siguiente:

“Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus
fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que
obren en el proceso.

“Si se hubiere practicado un segundo dictamen, este no sustituirá al primero pero se
estimará conjuntamente con él, excepto cuando prospere objeción por error grave”
(se subraya).

Ahora, el Consejo de Estado, en relación con las normas recién mencionadas, ha
dicho que:

“(...) para su eficacia probatoria, el dictamen pericial debe reunir ciertas condiciones
de contenido como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el

78
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
Sentencia de 16 de agosto de 2021. Radicación núm.: 25000-23-24-000-2005-01545-02.

106

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del
cargo; que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; que no se haya
probado una objeción por error grave; que el dictamen esté debidamente
fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de
las razones expuestas; que haya surtido contradicción; que no exista retracto del
mismo por parte del perito y en fin que otras pruebas no lo desvirtúe. El dictamen del
perito debe ser claro, preciso y detallado; en él se deben explicar los exámenes,
experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de las conclusiones y durante el traslado del dictamen pericial
las partes pueden solicitar que este se complemente o aclare u objetarlo por
error grave. A su turno, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez
el dictamen de los peritos, el juez tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de
sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios
que obren en el proceso. Con esto se quiere significar que el juez es autónomo
para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados,
toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la
administra. En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el
dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra
ajustado y lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al
momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de
la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad
que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el
conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al
juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con
los hechos objeto de la misma” 79(se resalta).

De la anterior providencia, se advierte que el fallador, a la luz de la sana crítica y de
las reglas de la experiencia, debe valorar el dictamen pericial con el fin de acogerlo,
total o parcialmente, o desechar sus resultados, siempre que no sea claro, preciso y
detallado y no reúna las condiciones para adquirir eficacia probatoria. […]” (negrilla y
subrayado del texto).

242. Del dictamen pericial y de su aclaración y complementación, se advierte que el
perito expuso la metodología para realización de la experticia y los resultados que
obtuvo de la consulta a las bases de datos; sin embargo, como lo indica la parte
apelante, no señaló cuando realizó las consultas ni la manera en que adelantaría
el análisis de estas.

243. Asimismo, la experticia no fue clara, precisa y detallada en el análisis de las
razones expuestas por las cuales el Consorcio Fidufosyga 2005 para justificar su
incumplimiento, a saber: i) la inestabilidad normativa durante la ejecución del
contrato; ii) el inusitado incremento de las solicitudes de recobro de servicios
excluidos del plan obligatorio de salud; y, iii) las situaciones atribuidas a terceros.

244. La experticia, en lo que se refiere a la inestabilidad normativa a la que alude la
parte apelante, recogió las normas expedidas en el período de ejecución del
contrato y señaló, que podían tenerse como atenuantes del incumplimiento para las
fechas en que se pactó la entrega de la migración las bases de datos y de los
aplicativos ECAT y MYT, esto es, 15 de diciembre de 2006 y 15 de diciembre de

79
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de mayo de 2017, proceso Nº 73001-23-31-000-
2005-00776-01, exp.: 37098

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2008, pero que no adquirían la categoría de eximente para toda la vigencia del
contrato.

245. En la adición y complementación al dictamen pericial, el perito insistió en que
los cambios normativos si incidieron en la migración pero que no aceptaba que se
llegara al punto de considerar este alegato como eximente de responsabilidad. Las
apreciaciones en relación con este argumento no son precisas ni claras, se ubican
en el plano de la posibilidad y no tienen fundamento.

246. El dictamen pericial, en lo atinente al inusitado incremento de las solicitudes de
recobro de servicios excluidos del plan obligatorio de salud, igualmente, indicó que
el impacto de esta situación, si la tenía, no debía extenderse a todo el tiempo de
ejecución del contrato.

247. En la adición y complementación señala que el volumen de reclamaciones y
recobros si tuvo efecto en la migración de la base de datos y la entrada en operación
de los módulos ECAT y MYT y adujo, a manera de hipótesis, que si el equipo estaba
conformado con las competencias apropiadas, los volúmenes no representaban un
obstáculo insalvable y que si no se hicieron las previsiones en el diseño inicial de
las bases de datos, en los procedimientos y en la capacidad de almacenamiento y
de cómputo, era de esperar una reacción experta para hacerle frente y solucionar
los inconvenientes derivados, lo cual resulta ser una opinión sin fundamento del
perito.

248. En lo que se refiere a los que denominó el perito “[…] las muchas falencias de
las bases de datos cuya conformación y administración jamás estuvo en las
manos del Consorcio Fidufosyga 2005 […]”, se refirió a los planes de migración
definidos por dicho consorcio y señaló i) para el caso de MYT, que no se encontraba
desvirtuada en ninguna parte del proceso, la afirmación de la parte demandada
consistente en que se realizó la migración de los datos sin consultarle acerca de las
reglas a seguir ante inconsistencias y ii) para el caso de ECAT, que existía el
numeral 6.6. del Contrato de Encargo Fiduciario para la Administración de los
Recursos del Fosyga núm. 242 de 2005, razonamientos que, se reitera, no son
claros, precisos ni detallados. (Negrilla del texto).

249. Como consecuencia de lo anterior, la Sala considera que el dictamen pericial
practicado por el señor Salvador Gómez Velasco, experto de la lista general de
auxiliares de la justicia como ingeniero de sistemas, así como las aclaraciones y
complementaciones realizadas al mismo, carecen de eficacia probatoria.

250. Ahora bien, se debe precisar que conforme el artículo 167 de la Ley 1564,
incumbe a las partes el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen, de tal forma que le correspondía a los demandantes
desvirtuar los argumentos expuestos en las resoluciones números 1410 de 28 de
abril de 2011 y 3030 de 22 de julio de 2011, en los cuales se consideró que las
situaciones atribuidas a terceros, los cambios normativos y el aumento del volumen

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de radicación y recobros no podían ser tenidos como eximentes de responsabilidad
respecto del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

251. Así,la parte apelante allegó una presentación denominada “[…]
ESTADISTICAS RECOBROS Y RECLAMACIONES […]”80, en la cual se
encuentran dos diapositivas relacionadas con “[…] CAMBIOS NORMATIVOS
MEDICAMENTOS Y TUTELAS […]”.

252. En tales diapositivas se describen las normas, el objeto de esta, su impacto y el
impacto operativo, así: (i) “[…] Resolución 2933/2006 (…) Se establece el
procedimiento de recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, por
concepto de suministro de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud, POS y de fallos de tutela. (…) Implementación medio magnético. (…) Nuevo
desarrollo, malla validadora medio digital. […]”; (ii) “[…] Sentencia C-463/2008 (…)
Pago de tutelas al 50% cuando no existe un CTC previo – Recobros Régimen
Subsidiado reconocidos por los entes territoriales (…) Incremento Glosa 4-01
Reliquidación (…) Nuevo desarrollo en el aplicativo MYT (Validación de fechas de
recobro contra fecha de Sentencia) […]”; (iii) “[…] Resolución 3099/2008 (…) Regula
proceso de recobros – Definió la integración de los Comités Técnicos Científicos
(…) N/A (Norma procesal) (…) Nuevo desarrollo (Implementación nuevos campos
anexo técnico) […]”; (iv) “[…] Sentencia T-760/2008 (…) Reconocimiento
medicamentos POS comerciales – Eliminación requisitos recobros de tutela (…)
Incremento recobros por fallos de tutela (…) Aumento radicación, incremento en la
operación de la auditoría de recobros. […]”; (v) “[…] Resolución 3754/2008 (…)
Modifica parcialmente la Resolución 3099 de 2008 y regula lo ordenado en las
sentencias C-463 y T-760 (…) Reconocimiento de medicamentos POS en
presentación comercial (…) Nuevo desarrollo (Adopción nuevos códigos de glosa)
[…]”; (vi) “[…] Acuerdo 08/2008 CRES (…) Define la cobertura del POS Contributivo
y Subsidiado – Medicamentos dentro del POS son reconocidos por la UPC (…) No
reconocimiento de medicamentos POS comerciales (…) N/A […]”; (vii) “[…]
Resolución 548/2010 (…) Regula proceso de recobros – Definió CTC – Pago del
anticipo del 50% - Extemporaneidad de 6 meses a 2 meses (…) Incremento Glosa
6-01 Extemporaneidad (…) Nuevo desarrollo (Cambio en el aplicativo de los códigos
de glosa ajustados a la norma) Proceso del pago del anticipo 50% y recuperación
de recursos […]”; (viii) “[…] Circular 004/2010 (…) Regula el precio de algunos
medicamentos objeto de recobro (…) Incremento Glosa 4-01 Reliquidación (…)
Nuevo desarrollo (Elaboración de herramientas de auditoría) […]”; (ix) “[…]
Resolución 4377/2010 (…) Crea nuevas causales de glosa (…) Incremento Glosas
de devolución (2-19, 2-20, 2-21, 2-22) (…) Nuevo desarrollo (Validación códigos
CUMS en la malla, consulta en la página del INVIMA y consulta del reporte SISMED)
Nueva validación por parte de los auditores en cuanto a la verificación de la
justificación del médico tratante […]”; (x) “[…] Resolución 5229/2010 (…) Regula
algunos precios de medicamentos objeto de recobro (…) Incremento Glosa 4-01
Reliquidación (…) Nuevo desarrollo (Elaboración de herramientas de auditoría)

80
Cfr. CD “[…] INFORMACIÓN ENTREGA A PERITO […]”, C. Ppal. 1.

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[…]”; (xi) “[…] Resolución 005/2011 (…) Adiciona algunos medicamentos a los
definidos en la Resolución 5229 de 2010 (…) Incremento Glosa 4-01 Reliquidación
(…) Nuevo desarrollo (Elaboración de herramientas de auditoría) […]”; (xii) “[…] Ley
1438/2011 (…) Reforma a la Salud – Reconoce el 100% de los recobros
presentados por tutela (…) Incremento recobros fallos de tutela (…) Aumento
radicación, incremento en la operación de la auditoría de recobros […]”; (xiii) “[…]
Resolución 1020/2011 (…) Modifica Resolución 5229 de 2010 y Resolución 005 de
2011 (…) Incremento Glosa 4-01 Reliquidación (…) Nuevo desarrollo (Elaboración
de herramientas de auditoría) […]”; (xiv) “[…] Resolución 1089/2011 (…) Modifica
el anexo técnico definido en la Resolución 3099 de 2008 – Exige nuevos requisitos
en la presentación de recobros (…) N/A (…) Nuevo desarrollo (Implementación
nuevos campos anexo técnico) […]”; (xv) “[…] Resolución 1383/2011 (…) Define
aplicación de nuevas causales de glosa adoptadas en Resolución 1089 de 2011
será a partir de febrero de 2012 (…) N/A (…) N/A […]”; (xvi) “[…] Resolución
1275/2011 (…) Ordena pagar el anticipo del 30% del valor total recobrado por la
entidades (sic) (…) Depende la finalización de la radicación del 07/11 (…) Nuevo
desarrollo (Elaboración de herramientas contables para el pago del anticipo) […]”;
(xvii) “[…] Resolución 1697/2011 (…) Regula los precios de algunos medicamentos
(…) Incremento Glosa 4-01 Reliquidación (…) Nuevo desarrollo (Elaboración de
herramientas de auditoría) […]”; y, (xviii) “[…] Resolución 2064/2011 (…) Define
glosas por inconsistencia a los recobros presentados mediante MYT01 y MYT02
(…) Depende de la auditoría integral (…) Nuevo desarrollo (Adicional nuevas
causales de glosa al aplicativo) […]”; y, (xix) “[…] Circular 025/2011 (…) Incluye en
el POS los medicamentos Alendronato y Clopidrogel para determinadas patologías.
(…) inclusión de medicamentos en el POS (…) N/A […]”.

253. Los apelantes, asimismo, han insistido en el efecto de la aplicación del Decreto
núm. 3990 de 17 de octubre de 200781, la Resolución núm. 1915 de 28 de mayo de
200882 y la Circular Externa núm. 179761 de 27 de junio 200883 y la Resolución
núm. 3251 de 29 de agosto de 200884 en relación con el proceso de migración de
datos ECAT85.

254. La parte apelante hace referencia a una serie de normas relativas a los recobros
que tuvieron, muchas de ellas, un impacto operativo. Se resalta que los impactos
operativos que se describen no están probados; y, en todo caso, si se tuvieran por
ciertos, no se acreditó en qué forma, tales impactos operativos afectaron el
cumplimiento de las obligaciones prevista en el Contrato núm. 242 de 2005.

81
“[…] por el cual se reglamenta la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes del Tránsito del Fondo de
Solidaridad y Garantía, Fosyga, se establecen las condiciones de operación del aseguramiento de los riesgos derivados de
daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, las condiciones
generales del seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, Soat, y se dictan otras
disposiciones. […]”.
82
“[…] Por la cual se adoptan los formularios para reclamar las indemnizaciones derivadas de los amparos de que trata el
Decreto 3990 de 2007 y se dictan otras disposiciones. […]”.
83
“[…] REFERENCIA: ANEXOS TECNICOS DE LOS FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE LAS
RECLAMACIONES CON CARGO A LA SUBCUENTA ECAT DEL FOSYGA. […]”.
84
“[…] Por la cual se modifican los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución 01915 de 2008. […]”.
85
Cfr. Resolución núm. 1410 de 28 de abril de 2011 y objeción por error grave formulada por los demandantes.

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255. De igual forma, en lo que se refiere a la aplicación del Decreto núm. 3990 de
2007, en la objeción al dictamen pericial practicado en el proceso 86, el apelante
afirma que para acreditar el efecto de dicha norma en el funcionamiento del Fosyga,
el perito debió:

“[…] efectuar diferentes validaciones sobre la aplicación entregada por el Ministerio la
cual, para el ingreso de datos, operaba manualmente digitando unos campos mínimos
sobre la información radicada por las IPS. Así mismo, debió revisar el aplicativo
desarrollado y puesto en producción por el Consorcio, el cual capturaba información
de los medios radicados por las entidades reclamantes.

Al efectuar las validaciones anteriores se podría fácilmente determinar que la base de
origen era alimentada desde dos procesos y que la misma se alimentaba sobre una
base que traía inconsistencias -como que sus datos no estaban escritos en forma
unificada-. Además que no habían sido capturados campos necesarios para hacer
una migración exitosa a la base destino.

La anterior problemática era conocida del Ministerio y fue informada al perito en
reunión efectuada en la sede del Consorcio. Sin embargo, el perito no tuvo en
consideración este factor para emitir el dictamen. […]”.

256. De tal forma que, en la medida en que no se llevaron a cabo las validaciones
requeridas para demostrar el efecto en el funcionamiento del Fosyga del Decreto
núm. 3990 de 2007, tampoco estarían acreditadas las consecuencias de la
aplicación de la norma en el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Contrato núm. 242 de 2005. Frente a las demás disposiciones mencionadas por los
apelantes, se reitera, no se acreditó en qué forma la aplicación de estas afectaron
el cumplimiento de las obligaciones prevista en el Contrato núm. 242 de 2005 a tal
punto que llevaron a su incumplimiento.

257. En todo caso, se advierte que el Contrato de Encargo Fiduciario para la
Administración de los Recursos del Fosyga núm. 242 de 2005 estableció como
obligaciones del Consorcio Fidufosyga 2005, las siguientes:

“[…] CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONSORCIO: En desarrollo del
objeto del presente contrato EL CONSORCIO deberá recibir, recaudar y administrar
los recursos y efectuar los pagos, giros o transferencias que correspondan a la
naturaleza y objeto del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, aplicando para
el efecto los procedimientos establecidos para cada subcuenta, sin perjuicio de su
revisión y actualización con base en nuevos desarrollos normativos, reglamentarios y
tecnológicos, desde el inicio del contrato y asumirá las siguientes obligaciones de
acuerdo con las normas legales vigentes, el pliego de condiciones, anexos 1, 2, 3, y
4 (sic), la propuesta presentada en fecha 5 de octubre de 2005. 1- OBLIGACIONES
GENERALES: 1.1. Disponer de la infraestructura necesaria administrativa, financiera,
técnica, tecnológica, operativa y de recurso humano, que garantice la continuidad en
la administración y coordinación del encargo fiduciario para cada una de las
subcuentas del FOSYGA y para el cumplimiento integral de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato fiduciario, desde el inicio del contrato (…) 1.3.
Desarrollar e implementar los cambios que se contemplen en las normas que regulen

86
Cfr. Fol. 384-398, C. Ppal. 1.

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la operación del FOSYGA (…) 4.35. Garantizar el óptimo funcionamiento, mantener,
actualizar, desarrollar y modificar, con base en los requerimientos del Ministerio de
conformidad con sus necesidades y cambios normativos, el software que permita
realizar el control, seguimiento y evaluación de las solicitudes de recobro y de los
recursos pagados con cargo al FOSYGA – Subcuenta de Compensación por
medicamentos No POS y por fallos de tutela y procesar la información
correspondiente; esta información además deberá estar disponible en una consulta
en línea a través del sistema de información. (…) 5.5. Garantizar el óptimo
funcionamiento, mantener, actualizar, desarrollar y modificar, con base en los
requerimientos del Ministerio de conformidad con sus necesidades y cambios
normativos, el software que permita realizar el control, seguimiento y evaluación de
las solicitudes de recobro y de los recursos pagados con cargo al FOSYGA –
Subcuenta de Solidaridad por medicamentos No POS-S- y por fallos de Tutela y
procesar la información correspondiente. (…) 6.2. Garantizar el óptimo
funcionamiento, mantener, actualizar, desarrollar y modificar, con base en los
requerimientos del Ministerio de conformidad con sus necesidades y cambios
normativos, el software para registrar, controlar, auditar y procesar las reclamaciones
que se presenten ante el FOSYGA – Subcuenta ECAT […]” (negrilla del texto).

258. El Contrato núm. 242 de 2005 previó la posibilidad de que existieran cambios
normativos, de tal forma que atribuyó al Consorcio Fidufosyga 2005, la obligación
general de desarrollar e implementar los cambios que se contemplaran en las
normas que regularan la operación del Fosyga y las específicas de garantizar que
los programas informáticos relacionados con las subcuentas de compensación por
medicamentos excluidos del plan obligatorio de salud y ECAT estuvieran
actualizados de acuerdo con los requerimientos de la parte demandada y de los
cambios normativos que acaecieran, de tal forma que no puede hablarse de que
esta circunstancia era imprevisible.

259. Los apelantes no demuestran, además, que conforme a lo dispuesto el numeral
1.1. de la cláusula séptima del Contrato núm. 242 de 2005, dispusieron de la
infraestructura y recurso humano necesario para el cumplimiento integral de sus
obligaciones y que, pese a ello, esto no fue posible.

260. En lo que tiene que ver con el aumento en el volumen de radicación de
reclamaciones y recobros, la parte demandada acepta que ese aumento pudo haber
tenido ocurrencia durante la ejecución del contrato y en un momento dado no pudo
ser previsto; sin embargo, para los procesos de migración que nos ocupa, anotó, en
la Resolución núm. 3030 de 22 de julio de 2011, que:

“[…] dado que la misma se debía realizar con información que contenía los datos a
antes del 31 de diciembre de 2008, y que se encontraban fuera de producción toda
vez que el consorcio se encontraba en operación con el módulo SII, no tienen mayor
injerencia […]”.

261. Laparte demandada, igualmente, precisó que el Consorcio Fosyga 2005
confundió un proceso operativo con uno de migración de datos y explicó que:

“[…] El proceso operativo en MyT pudo verse afectado por cambios normativos y por
el incremento en el número de recobros durante la ejecución del contrato; pero, el
proceso de migración consiste, como se dijo anteriormente, en el traslado de los datos

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Demandantes: Fiduciaria Bancolombia S.A. y otros

que se encuentran a una fecha de corte y con una determinada estructura de datos a
un nuevo modelo de datos, el cual implica la utilización de una metodología que
garantice la consistencia de los datos en el nuevo modelo; para esta situación, el
Contratista presentó una metodología de migración de datos al Ministerio, la cual fue
aceptada en reuniones con la condición que su aplicación, especialmente el
diagnóstico de los datos, fuera presentado al Ministerio para su análisis y
determinación en la migración de los datos. […]” .

262. Ahora bien, como se indicó supra, la parte apelante allegó una presentación
denominada “[…] ESTADISTICAS RECOBROS Y RECLAMACIONES […]”. En esta
presentación se encuentra la diapositiva “[…] RADICACIÓN POR CONCEPTO DE
RECOBROS CTC-TUTELAS 2006-SEPTIEMBRE 2011 […]”, en la cual se indica
que, para el año 2006, se radicaron 545.641 recobros; para el año 2007, 854.571
recobros; para el año 2008, 1.677.452; para el año 2009, 2.648.440; para el año
2010, 3.937.141; y, para el año 2011, 3.084.495.

263. De igual forma, se encuentra la diapositiva “[…] RECOBRO PRESENTACIÓN
AL FOSYGA (…) Periodo diciembre 2005 al tercer Trimestre 2011 […]”, en el cual
se detallan los recobros presentados al “[…] FOSYGA […]”, en la siguiente forma:
(i) periodo octubre-diciembre 2005: 45.102 recobros; (ii) periodo enero-marzo 2006:
95.646 recobros; (iii) periodo abril-junio 2006: 116.473 recobros; (iv) periodo julio-
septiembre 2006: 149.846 recobros; (v) periodo octubre-diciembre 2006: 203.504
recobros; (vi) periodo enero-marzo 2007: 149.017 recobros; (vii) periodo abril-junio
2007: 152.776 recobros; (viii) periodo julio-septiembre 2007: 221.193 recobros; (ix)
periodo octubre-diciembre 2007: 331.585; (x) periodo enero-marzo 2008: 295.481
recobros; (xi) periodo abril-junio 2008: 313.464 recobros; (xii) periodo julio-
septiembre 2008: 512.892 recobros; (xiii) periodo octubre-diciembre 2008: 555.615
recobros; periodo enero-marzo 2009: 525.614 recobros; (xiv) periodo abril-junio
2009: 592.843 recobros; (xv) periodo julio-septiembre 2009: 721.478 recobros; (xvi)
periodo octubre-diciembre 2009: 808.505 recobros; (xvii) periodo enero-marzo
2010: 741.276 recobros; (xviii) periodo abril-junio 2010: 986.206 recobros; (xix)
periodo julio-septiembre 2010: 1.065.923 recobros; (xx) periodo octubre-diciembre
2010: 1.143.736 recobros; (xxi) periodo enero-marzo 2011: 1.082.189 recobros;
(xxii) periodo abril-junio 2011: 1.062.605 recobros; y, (xxiii) periodo julio-septiembre
2011: 943.419 recobros.

264. Si bien en las diapositivas aludidas se muestra un aumento en la radicación por
“[…] CONCEPTO DE RECOBROS CTC-TUTELAS […]” y de recobros presentados
al “[…] FOSYGA […]”, lo que no está acreditado es la manera en que este aumento
afectó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Consorcio Fosyga 2005 a tal
punto que llevó a su incumplimiento, carga que le correspondía a la parte
demandante en virtud del artículo 167 de la Ley 1564.

265. Los apelantes tampoco demuestran que, conforme a lo dispuesto el numeral
1.1. de la cláusula séptima del Contrato núm. 242 de 2005, dispusieron de la
infraestructura y recurso humano necesario para superar la contingencia derivada
del aumento en el volumen de radicación de reclamaciones y recobros y dar

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cumplimiento integral de sus obligaciones y que, pese a ello, esto no fue posible
debido a la magnitud del fenómeno.

266. Respecto de las situaciones que los apelantes atribuyen a terceros y que le
impidieron cumplir con el proceso de migración de las bases de datos, se tiene que
conforme a los numerales 4.34 y 6.6. de la cláusula séptima del Contrato de Encargo
Fiduciario para la Administración de los Recursos del Fosyga núm. 242 de 2005, el
Consorcio Fidufosyga 2005 se obligó a:

“[…] 4.34. Recibir, radicar, registrar, validar, auditar, aprobar o rechazar, liquidar y
pagar con cargo a los recursos de la Subcuenta de Compensación previa ordenación
del pago por el Ministerio, la solicitudes de recobro por medicamentos No POS y fallos
de tutela que le presenten las EPS, EOC y demás reclamantes que correspondan,
conforme a lo establecido en la Resolución 3797 de 2004 o las normas que la
adicionen, modifiquen o sustituyan, y las instrucciones del Ministerio; para efectos de
la ordenación del pago por el Ministerio, el consorcio deberá certificar que las
solicitudes de recobro han cumplido con todos los procedimientos de auditoría del
FOSYGA. (…) 6.6. Recibir, radicar, registrar, validar, auditar, aprobar o rechazar,
liquidar y pagar con cargo a los recursos de la Subcuenta ECAT previa ordenación
del pago por el Ministerio, las reclamaciones presentadas por concepto de atención a
las víctimas de accidentes de tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas y
otros eventos expresamente aprobados por el CNSSS, así como las reclamaciones
por otros beneficios de la subcuenta ECAT establecidos en las normas vigentes,
conforme a lo establecido en las normas y reglamentos vigentes y las instrucciones
del Ministerio; para efectos de la ordenación del pago por el Ministerio, el consorcio
deberá certificar que las solicitudes de recobro han cumplido con todos los
procedimientos de auditoría del FOSYGA […]”

267. De esta manera, como se señaló en la Resolución núm. 1410 de 28 de abril de
2011, la información incluida en las bases de datos de forma inconsistente por
digitación de las reclamaciones de los beneficiarios era del resorte del Consorcio
Fidufosyga 2005, pues este tenía la obligación de registrar y validar las solicitudes.

268. A lo expuesto, se agrega, siguiendo la Resolución núm. 3030 de 22 de julio de
2011, que el proceso de recepción, validación, generación de inconsistencias y
actualización de la base de datos no puede confundirse con el proceso de migración
de datos y se trata de procesos independientes en el tiempo, de tal forma que no
puede aducirse responsabilidad por datos suministrados por terceros en el proceso
de migración. La información que debe ser migrada corresponde a datos existentes
que, conforme lo indica el acto administrativo demandado, no son introducidos por
terceros.

269. Adicionalmente, como ocurre con los demás motivos alegados por los apelantes
como eximentes de responsabilidad, no se acreditó, con precisión, cuál fue el efecto
que tuvieron las situaciones descritas en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, ni se acreditó que, conforme el numeral 1.1. de la cláusula séptima
de Contrato núm. 242 de 2005, haya dispuesto de la infraestructura y recurso
humano necesario para superar la contingencia expuesta y que, pese a ello, no fue
posible el cumplimiento de sus obligaciones.

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II.4.2. La primera instancia vulneró el principio de necesidad de la prueba

270. El principio de necesidad de la prueba se encuentra previsto en el artículo 164
de la Ley 1437, norma que establece que toda decisión judicial debe fundarse en
las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

271. La Sala encuentra que la decisión de primera instancia estuvo soportada en las
pruebas decretadas y practicadas en el proceso y, contrario a la alegación de la
parte apelante, expuso sumariamente el valor que les correspondía, atendiendo la
complejidad del asunto objeto de decisión.

272. La inconformidad de la parte apelante se ubica, no en que la decisión estuviera
fundada en pruebas, pues es claro que no resulta admisible que esta se sustente
en el conocimiento privado del juez, sino en la valoración que de ellas realizó la
instancia.

II.5. Conclusiones

273. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que las apelantes
no lograron desvirtuar los argumentos por los cuales la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la declaración de
objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial decretado y las
pretensiones de la demanda, razón por la cual confirmará la sentencia de primera
instancia.

II.6. Condena en costas

274. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199887, no condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, esto es, a la parte demandante, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de septiembre de 2017 proferida por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de

87
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.

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Cundinamarca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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