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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00621-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00621-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “C”, en Descongestión. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00621-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000232400020120062101
ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTOR: FAMISANAR EPS

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA BAJO LA
CONSIDERACIÓN DE QUE LA SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO EJERCIÓ OPORTUNAMENTE SU
FACULTAD SANCIONATORIA, DENTRO DEL TÉRMINO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 38 DEL CCA, RESPECTO DE UNAS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD, ENTRE ELLAS
FAMISANAR, QUE INFRINGIERON EL REGIMEN DE LIBRE
COMPETENCIA, SIN QUE DICHA ACTUACIÓN HAYA
CONSTITUIDO EN ESTE CASO VIOLACIÓN DEL DEBIDO
PROCESO EN ALGUNA DE SUS DISTINTAS FACETAS O
MODALIDADES NI DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN, ENTRE
OTROS, ASÍ COMO TAMPOCO SE INCURRIÓ EN FALSA
MOTIVACIÓN. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto,

mediante apoderado, por la Entidad Promotora de Salud

Famisanar Ltda. Cafam Colsubsidio, en adelante FAMISANAR

EPS, contra la sentencia de 10 de julio de 2014, proferida por

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

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Actora: FAMISANAR EPS

Subsección “C”, en Descongestión, por la cual se denegaron las

pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

La sociedad Famisanar EPS, actuando a través de apoderado

y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, previsto en el artículo 85 del Código Contencioso

Administrativo (en adelante CCA), presentó demanda ante el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se

declarara la nulidad parcial de la Resolución 46111 de 30 de

agosto de 2011 y de la Resolución 65116 de 21 de noviembre

de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio (en adelante SIC) y, como consecuencia de lo

anterior, se restablezcan sus derechos.

I.1- Pretensiones

Solicita la actora que previo el adelantamiento del trámite a que

haya lugar, esta jurisdicción proceda a:

“[…] 1. Declarar la nulidad del artículo primero de la parte

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Actora: FAMISANAR EPS

resolutiva de la Resolución núm. 46111 de 30 de agosto de
2011, proferida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, en cuanto declaró que Famisanar EPS infringió lo
dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1663 de 1994.

2.Declarar la nulidad del artículo segundo de la parte resolutiva
de la Resolución núm. 46111 de 30 de agosto de 2011,
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en
cuanto declaró que Famisanar infringió lo dispuesto en el
artículo 5°, numerales 1, 8 y 10, del Decreto 1663 de 1994.

3.Declarar la nulidad del artículo décimo tercero de la
Resolución núm. 46111 de 30 de agosto de 2011, proferida por
la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto impuso
a Famisanar una sanción pecuniaria por la suma de DOS MIL
SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (2.000
S.M.L.M.V.), cuyo valor para la época de los hechos era de MIL
SETENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/Cte.
($1.071.200.000.oo).

4.Declarar la nulidad del artículo décimo sexto de la Resolución
núm. 46111 de 30 de agosto de 2011, proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto impuso a
Famisanar la obligación de publicar en un diario de amplia
circulación regional un anuncio informando sobre la decisión de
la SIC adoptada en la resolución 46111 de 2011.

5. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo segundo de la
Resolución núm. 46111 de 30 de agosto de 2011, proferida por
la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto le
ordenó a la demandante poner término a una infracción que
nunca cometió y abstenerse de realizar cualquier práctica
tendiente a generar similares efectos anticompetitivos a dicha
conducta inexistente.

6. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo cuarto de la
Resolución núm. 46111 de 30 de agosto de 2011, proferida por
la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto ordenó
dar traslado a la delegada de la Protección de la Competencia
con el fin de que iniciara averiguaciones tendientes a
determinar la posible infracción al deber de cumplir con las
instrucciones que expidió la SIC en el acto administrativo
demandado.

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7. Declarar la nulidad del artículo tercero de la Resolución núm.
65116 de 21 de noviembre de 2011, proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto en el
mismo se confirma, en todas sus partes, la Resolución núm.
46111 de 30 de agosto de 2011.

8.Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de
Famisanar en el sentido de ordenar la restitución de la suma de
$1.071.200.000., indexada desde la fecha de pago de la
misma, hasta el momento en que sea efectivamente restituida.

9.Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de
Famisanar en el sentido de exonerarla de cualquier
responsabilidad por la supuesta infracción a las normas de
competencia consagradas en el Decreto 1663 de 1994.

10. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, ordenar a la Superintendencia de industria y
Comercio, a título de restablecimiento del derecho de
Famisanar, que divulgue la sentencia de nulidad de las
disposiciones demandadas, de la siguiente forma:

-.Publicar a su costa, dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la providencia que declare la nulidad de las
disposiciones demandadas, un aviso en un diario de circulación
nacional, informando sobre la declaratoria de nulidad de los
artículos mencionados, e indicando que en dichos artículos se
había declarado la participación de Famisanar EPS en acuerdos
contrarios a la libre competencia y se le había impuesto una
sanción.

-.Publicar, dentro de los cinco días siguientes a la notificación
de la providencia que declare la nulidad de las disposiciones
demandadas, un aviso destacado en la página de inicio del
portal web de la Superintendencia de Industria y Comercio, el
cual deberá permanecer publicado en la misma página de inicio,
durante un período mínimo de quince días calendario.

-.Convocar a los principales medios de comunicación, dentro de
los cuales deben incluirse, como mínimo, Caracol radio y
televisión, RCN radio y televisión, CM& la noticia y el Canal
Capital, a una rueda de prensa en la cual se informe sobre la
declaratoria de nulidad de las disposiciones demandadas.

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Actora: FAMISANAR EPS

El alcance de la anterior petición se fundamenta en que ese fue
el manejo mediático que dio la SIC a la noticia sobre la
expedición de las resoluciones demandadas.

11. Declarada la nulidad de la parte motiva pertinente y de los
artículos indicados de los actos demandados y restablecido el
derecho de Famisanar EPS, se le ordene a la SIC, a título de
reparación del daño que sufrió Famisanar, que realice el
reconocimiento y pago de las siguientes condenas:

11.1 La indemnización de los perjuicios no patrimoniales en su
modalidad de DAÑO MORAL ocasionado a la persona jurídica de
Famisanar en cuantía de CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES
LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V.), en virtud de los perjuicios
morales que se le ocasionaron con la publicación ordenada en un
diario de amplia circulación nacional y el amplio despliegue en los
distintos medios de comunicación que fue realizada por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

11.2 Condenar a la SIC a pagar los intereses moratorios a la
máxima tasa legal, sobre las sumas de dinero que resulten de la
liquidación de la reparación de daños solicitada, a partir de la
ejecutoria de la providencia que resuelva el presente trámite.

12. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, restablecido el derecho en la forma indicada, y
reparado el daño, condenar en costas y agencias en derecho
a la entidad demandada […]”.

I.2. HECHOS

Como supuestos fácticos de las pretensiones, la parte actora

expuso, en síntesis, los siguientes:

1. Señaló que mediante Resolución núm. 10958 de 6 de marzo

de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió

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abrir investigación en contra de diferentes Entidades

Promotoras de Salud y la Asociación Colombiana de Empresas

de Medicina Integral - ACEMI, dentro de las cuales se

encontraba FAMISANAR, como también contra el doctor

Fernando Robledo Quijano, representante legal de dicha EPS.

Precisó que el objeto de la mencionada investigación consistió

en determinar si dichas empresas actuaron en contravención de

lo dispuesto en los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10,

del Decreto 1663 de 1994.

2. Explicó que el Superintendente Delegado para la Protección

de la Competencia, después de haber finalizado la etapa

probatoria, el 31 de marzo de 2011, le presentó al

Superintendente de Industria y Comercio un informe motivado

de la actuación adelantada; y de acuerdo con el artículo 52 del

Decreto 2153 de 1992, en la misma fecha, se dio traslado de

éste a los investigados, quienes presentaron sus observaciones.

3. Indicó que el Superintendente de Industria y Comercio

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expidió la Resolución núm. 46111 de 30 de marzo de 2011, en

la que le impuso sanción, entre otras EPS, por considerar que

se habían infringido los artículos 3° y 5°, numerales 1, 8 y 10,

del Decreto núm. 1663 de 1994.

4. Anotó que FAMISANAR, el día 16 de septiembre de 2011,

interpuso recurso de reposición, argumentando, principalmente:

i) Que la Resolución 46111 de 2011 es contraria al principio

constitucional del debido proceso porque la SIC no probó la

existencia de un acuerdo que tuviera por objeto restringir la

competencia y, por lo tanto, se produjo una vulneración del

principio de presunción de inocencia; ii) que la Resolución 46111

de 2011 violó el debido proceso al sancionar por una conducta

que no es, per se, anticompetitiva, sin hacer una valoración

adecuada del entorno económico; iii) que la facultad

sancionatoria se encontraba caducada; y iv) que la posición de

la SIC desconoce totalmente el derecho constitucional de

asociación.

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5. Comentó que mediante Resolución núm. 65116 de 21 de

noviembre de 2011, la cual fue notificada mediante edicto

desfijado el 2 de diciembre de 2011, la SIC confirmó, en todas

sus partes, la Resolución 46111 de 30 de agosto de 2011.

6. Aseveró que en virtud de las sanciones que fueron impuestas,

no solo fue conminada a pagar una sanción pecuniaria injusta,

sino que, además, se vio compelida a publicar en un diario de

amplia circulación nacional una leyenda en la cual la SIC adujo

que FAMISANAR realizó acuerdos contrarios a la libre

competencia, evidenciándose así el menoscabo a su honor y

buen nombre.

7. Agregó que mediante escrito radicado en la SIC y en la

Procuraduría General de la Nación, el 29 de febrero de 2012, en

cumplimiento del Decreto 1716 de 2009, presentó solicitud de

conciliación extrajudicial con la SIC.

8. Finalmente, manifestó que el 10 de abril de 2012 se celebró

audiencia de conciliación en la que se levantó Acta de

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Imposibilidad de Acuerdo, con lo cual se dio por cumplido dicho

requisito de procedibilidad.

I.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante consideró que la SIC con la expedición de los

actos acusados infringió normas de orden constitucional y legal,

sustentando el concepto de violación, en síntesis, así:

I.3.1. Las resoluciones 46111 y 65116 de 2011, son violatorias

del artículo 38 de CCA y del artículo 29 de la Constitución, por

cuanto respecto de los hechos investigados se encontraba

caducada la facultad sancionatoria de la SIC.

Señaló que la Resolución núm. 46111, de 30 de agosto de 2011,

le fue notificada el 12 de septiembre de 2011; y que de

conformidad con el artículo 38 del CCA, la facultad sancionatoria

de las entidades públicas caduca transcurridos tres años desde

la ocurrencia de los hechos investigados, de manera tal que la

SIC solo tenía facultad sancionatoria respecto de hechos

ocurridos entre el 12 de septiembre de 2008 y el 6 de marzo de

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2009, fecha de la Resolución de la apertura de la investigación.

Afirmó que, no obstante lo anterior, la SIC fundamentó las

resoluciones acusadas, alegando que “En el expediente obran

pruebas que dan cuenta de las conductas cuestionadas desde

marzo de 2007 y hasta por lo menos el 5 de diciembre de 2008”.

Sostuvo que analizados los elementos probatorios en que se

apoyó la SIC para denegar el fenómeno de la caducidad, como

el correo electrónico de 8 de octubre de 2008 y el envío de

información para el cálculo de la UPC por parte de la EPS, se

concluye que sus actos no resultaron contrarios a la libre

competencia.

Agregó que el correo electrónico mediante el cual se convocó a

una jornada de trabajo de homologación de los códigos CUPS

con los códigos MAPIPOS y de revisión de los artículos

regulatorios de ACEMI, constituía una expresión legítima del

derecho constitucional de asociación y de expresión.

Resaltó que la prolongación de la facultad sancionadora bajo el

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argumento de que se trató de comportamientos que

supuestamente perduraron hasta finales del año 2008, es

contrario a la modalidad en que se investigaron las conductas

reprochadas por la SIC, pues, a su juicio, resulta contradictorio

afirmar que la investigación de la SIC recayó sobre la realización

de acuerdos que presuntamente tuvieron por “objeto” restringir

la libre competencia y al tiempo mencionar que dichos acuerdos

se mantuvieron hasta finales del año 2008.

Destacó que lo que la ley prohíbe y lo que la SIC sanciona es la

presunta realización de un acuerdo en la modalidad “por objeto”,

y no la ejecución del mismo, es decir, “por efecto”, así como

tampoco la realización de reuniones para conversar sobre

determinados temas.

Concluyó en que lo expuesto permite inferir que es incompatible

afirmar que no se investigaron los efectos de los presuntos

acuerdos y simultáneamente indicar que éstos se mantuvieron

en el tiempo, por lo que no había caducado la facultad

sancionatoria.

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I.3.2. Las resoluciones 46111 y 65116 de 2011 son violatorias

de los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del Decreto

1663 de 1994, así como del principio de legalidad consagrado

en el artículo 29 de la Constitución Política, pues la

interpretación realizada por la SIC respecto del Decreto 1663 de

1994 es contraria al sentido de dichas normas.

Al respecto, la actora consideró que en las resoluciones

demandadas la SIC realizó una interpretación normativa

contraevidente, pues adujo, injustificadamente, que en la

aplicación de los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del

Decreto 1663 de 1994, no debía probar ni la intención de las

partes al realizar un acuerdo contrario a la libre competencia, ni

la potencialidad anticompetitiva de la conducta, como tampoco

sus efectos en el mercado.

Explicó que la SIC investigó a las EPS del régimen contributivo

agremiadas en ACEMI, a la agremiación y a sus representantes

legales, por la presunta comisión de las conductas descritas en

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la modalidad “por objeto”, alternativa esta que se implantó en

el derecho de la competencia “para establecer una secuencia

lógica en el análisis de los comportamientos desde el punto de

vista de la alteración de la competencia; lo cual supone que,

primero, hay que establecer el objeto del acuerdo y solo si este

reúne condiciones suficientemente perjudiciales, se debe

proceder al análisis de sus efectos”, lo que no significa que el

acuerdo mismo no tenga que estar probado.

Afirmó que la situación mencionada es aún más grave para el

caso de la conducta prevista en el numeral 1 del artículo 5° del

Decreto 1663 de 1994, en la cual la SIC ni siquiera examinó los

presupuestos de la modalidad “por objeto” y dedujo la

realización del acuerdo mencionado, simplemente por haber

concluido que las entidades habían incurrido en las conductas

descritas en los numerales 8 y 10 del mismo artículo.

I.3.3. Las resoluciones 46111 y 65116 de 2011 son violatorias

del principio de presunción de inocencia consagrado en el

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artículo 291 de la Constitución Política, así como de los artículos

6°, 832 y 2093 de la Constitución Política, 354 del Código

1
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
2
ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas.
3
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.
4
ARTICULO 35. ADOPCION DE DECISIONES. <Código derogado por el artículo 309 de la
Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta
fecha es el siguiente:> <Aparte subrayado condicionalmente EXEQUIBLE> Habiéndose dado
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a
particulares.
En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante
el trámite.
Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido,
las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como
titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la
hay.
Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título.

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Contencioso Administrativo y 1745, 1756, 1877, 2488 y 2509 del

Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, precisó que la SIC debía demostrar que

FAMISANAR, en el marco de ACEMI, realizó acuerdos con el

propósito de restringir servicios de salud para afectar la

transparencia de la información y con el fin de fijar precios; y

que ACEMI adoptó medidas para permitir que se realizaran los

presuntos acuerdos. Además, en cada uno de esos casos, la SIC

debía demostrar exactamente sobre qué asuntos recayeron los

5
ARTÍCULO 174. NECESIDAD DE LA PRUEBA. <Artículo derogado por el literal c) del
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma
gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.
6
ARTÍCULO 175. MEDIOS DE PRUEBA. <Artículo derogado por el literal c) del
artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma
gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Sirven como pruebas, la
declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección
judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la
formación del convencimiento del juez.
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que
regulen medios semejantes o según su prudente juicio.
7
ARTÍCULO 187. APRECIACION DE LAS PRUEBAS. <Artículo derogado por el literal c)
del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en
forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Las pruebas deberán
ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
8
ARTÍCULO 248. REQUISITOS DE LOS INDICIOS. <Artículo derogado por el literal c)
del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en
forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> Para que un hecho
pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso.
9
ARTÍCULO 250. APRECIACION DE LOS INDICIOS. <Artículo derogado por el literal
c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en
forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo 627> El juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su
relación con las demás pruebas que obren en el proceso.

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Actora: FAMISANAR EPS

supuestos acuerdos, y no limitarse a manifestar genéricamente

que las EPS acordaron algo, pero que no se sabe exactamente

qué fue.

Insistió en que la SIC omitió demostrar la existencia de una

unión de voluntades encaminadas a restringir la competencia y

desconoció las pruebas que demuestran precisamente cuál era

el propósito de las entidades investigadas.

Concluyó en que además de haber valorado inadecuadamente

las pruebas indiciarias, por cuanto omitió estudiar los

contraindicios que obran en el expediente, la SIC nunca hizo un

estudio de otros elementos que habrían permitido percatarse del

error en sus conclusiones.

I.3.4. Las resoluciones 46111 y 65116 de 2011 se encuentran

falsamente motivadas respecto del supuesto acuerdo para

restringir servicios de salud.

Señaló que el análisis de la SIC respecto de las pruebas en que

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se fundamentó su decisión sancionatoria es descontextualizado

y amañado pues dedujo conclusiones que no se derivan de las

mismas, debido a que en las que principalmente se basa para

concluir que hubo un acuerdo para restringir los contenidos del

POS, son: un cuadro que utiliza la palabra “consenso” en el que

se reflejan las posturas de las distintas EPS, un flujograma para

la interpretación del POS y un listado de definiciones en materia

de salud, con lo cual, en realidad, se pretendía era la

presentación de una propuesta regulatoria al Gobierno con el

propósito de aclarar el contenido del POS.

I.3.5. Las resoluciones demandadas se encuentran falsamente

motivadas respecto del supuesto acuerdo para afectar la

transparencia de la información.

Sostuvo que de haber valorado conjuntamente todas las

pruebas obrantes en el expediente, la SIC habría comprendido

que la gestión gremial se dirigió a detectar errores formales en

los datos que serían reportados y poder elaborar una nota

técnica propia, por lo que la labor gremial no se encaminó a

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alterar la información que enviaban las EPS al Ministerio y, por

lo tanto, no se produjo un acuerdo con el objeto de alterar la

transparencia de la información.

I.3.6. Las resoluciones demandadas se encuentran falsamente

motivadas en lo relativo al supuesto acuerdo de fijación de

precios.

Afirmó que la única prueba en la que se apoya la SIC para

concluir que se produjo un acuerdo de precios entre las

investigadas, es un aparte del Acta núm. 10 del Comité Médico

de ACEMI, de 7 de diciembre de 2007, que no se refiere a la

suficiencia de la UPC, que es a lo que alude dicha entidad, sino

a la suficiencia de la provisión para las incapacidades que están

obligadas a realizar las EPS, en virtud del inciso 5°, del artículo

40, del Decreto 1406 de 1999, que simplemente es un

porcentaje del ingreso base de cotización que debe reservar

cada EPS y, por lo tanto, no se trataba del precio del

aseguramiento en salud como erróneamente lo plantea la SIC.

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I.3.7. Las resoluciones 46111 y 65116 de 2011 son violatorias

del derecho fundamental al debido proceso al sancionar por una

conducta que no es, per se, anticompetitiva, sin hacer una

valoración debida del entorno económico.

Indicó que, contra lo que considera la SIC en las resoluciones

demandadas, el intercambio de información no es considerado,

ni en Colombia ni en otros países, una conducta, per se,

anticompetitiva, de manera que no basta que el ente

investigador afirmara que se produjo un intercambio de

información, sino que tiene la carga de la prueba que demuestre

que efectivamente la información supuestamente

intercambiada, tenía el propósito o generaba el efecto de

restringir la competencia, lo cual no ocurrió.

I.3.8. Las resoluciones demandadas violan el debido proceso al

imponer una sanción con base en pruebas de las cuales los

investigados no se pudieron defender.

Aseveró que las resoluciones demandadas son producto de un

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trámite en el que la SIC decretó y practicó pruebas respecto de

hechos ocurridos con posterioridad a la resolución de apertura

de la investigación, frente a los cuales no se pudo defender, al

no poder solicitar pruebas, por ser la única oportunidad con la

que el investigado cuenta para hacerlo, -el traslado de la

resolución de apertura de investigación-, de conformidad con el

artículo 52 del Decreto 2153 de 1992,

I.3.9. Las resoluciones demandadas violan el debido proceso al

imponer una sanción sin haber practicado las pruebas

legalmente solicitadas y decretadas.

Anotó que en el trámite sancionatorio la SIC, inicialmente,

decretó el testimonio de la señora Mónica Uribe Botero, pero,

posteriormente, fue desechado con el argumento de que el

objeto de la prueba se encontraba cumplido, además, que la

testigo no había comparecido en las oportunidades en las que

fue citada.

I.3.10. Las resoluciones 46111 y 65116 de 2011 son violatorias

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del derecho constitucional de asociación.

Según la demandante, a juicio de la SIC, ACEMI no podía

formular ninguna propuesta al Gobierno sobre inclusión de

elementos en el POS señalando criterios para la aclaración del

mismo, sino que las EPS debían limitarse a enviar la información

para el cálculo de la UPC, lo que hace nugatorio el derecho de

asociación, el cual es esencial en el desarrollo empresarial.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de

apoderado, en la contestación de la demanda10 se opuso a la

prosperidad de las pretensiones.

Para tal efecto, adujo que durante el trámite de la investigación

se pudo constatar que la conducta sancionada se encontraba

compuesta por un conjunto de estrategias, todas éstas

encaminadas a afectar la competencia del sector salud; y que

el desarrollo de las mismas coincide con aquellas

10
Folios 289 a 378 del cuaderno núm. 1.

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manifestaciones de la voluntad cuya ejecución se prolonga en

el tiempo, configurándose una conducta de naturaleza

continuada, conforme a la cual, el término de caducidad inicia

desde que ocurre el último acto que la conforma.

Explicó que la norma aplicable a casos como el examinado

determina que algunas conductas, por su objeto, son en su

esencia anticompetitivas sin que exista siquiera la necesidad de

analizar su potencialidad anticompetitiva, y, mucho menos,

demostrar sus efectos en el mercado, tanto es así, que el

Decreto 2153 de 1992, define como anticompetitivos, por su

objeto, los acuerdos que taxativamente están señalados en los

numerales 1 a 10 del artículo 47, ibidem.

Precisó que la decisión adoptada por la Entidad no constituye

transgresión al principio de presunción de inocencia, buena fe e

imparcialidad, pues, por el contrario, surgió del estudio juicioso

de las pruebas recaudadas en toda la investigación

administrativa, las cuales permitieron desvirtuar la mencionada

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presunción, encontrando responsabilidad en las conductas de

quienes fueron sancionados.

Negó la supuesta violación del artículo 35 del CCA y los artículos

del CPC, que hacen referencia a las pruebas, su necesidad,

medios de prueba, la forma en que estas deben apreciarse, así

como de los indicios como prueba, por cuanto tanto del informe

motivado previamente elaborado, como de las resoluciones

acusadas, se desprenden las conductas violatorias del régimen

de la competencia, todas estas con la descripción de las pruebas

y el valor que a cada una de estas le otorgó la administración,

siendo falsa una ausencia de motivación de los actos acusados,

así como un indebido análisis del material probatorio.

Reiteró que el intercambio de información a través de la

asociación sancionada, demuestra que las EPS involucradas

tuvieron como objeto determinar los contenidos del POS; y que,

además, se debe recordar que la estructura de la infracción está

compuesta por elementos que no pueden observarse de manera

independiente, pues interactúan y demuestran, en su conjunto,

su realización; y que no puede confundir la demandante la

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interpretación realizada sobre pruebas con una

descontextualización de las mismas, por el hecho de que la SIC

no haya acogido su posición.

Seguidamente, la demandada presentó un análisis de los

elementos probatorios con los cuales se sustentó la conducta

relacionada con el acuerdo para afectar la transparencia de la

información y el acuerdo de fijación de precios, así como sobre

los argumentos que frente a cada uno de ellos expuso la

accionante.

Indicó que no es cierto que los supuestos fácticos del informe

motivado y los de la resolución recurrida correspondan a hechos

posteriores a la resolución de apertura del proceso que no

fueron objeto de investigación, pues si bien las pruebas de la

etapa investigativa están limitadas por los cargos contenidos en

la resolución de apertura, el hecho de hallar evidencia adicional

que confirme o desvirtúe dichos cargos no vulnera el derecho

de defensa, pues tanto la información recogida por SIC durante

la averiguación preliminar, como las pruebas decretadas una

vez dictada la resolución de apertura de la investigación,

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estuvieron a disposición de las investigadas y contra ellas

pudieron ejercer su derecho de defensa presentando las

pruebas y explicaciones que controvirtieran la evidencia

recaudada, defensa que podían ejercer incluso a medida que las

pruebas se incorporaban al expediente.

Reiteró que, como se señaló en las decisiones demandadas, la

entidad citó en 4 oportunidades a la doctora Uribe y en ninguna

de ellas pudo asistir a la diligencia programada. Por esta razón

y en tanto se consideró que las pruebas que obraban en el

proceso eran suficientes para comprender las características y

funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud, el

alcance y contenidos del POS y el valor y suficiencia de la UPC,

se hizo uso de la facultad establecida en el artículo 219 del CPC,

limitando la práctica del testimonio mencionado.

Concluyó en que, como se señaló en las decisiones

demandadas, la entidad reconoce la importancia del derecho de

asociación entre los agentes; no obstante, lo que no se puede

admitir, bajo ninguna circunstancia, es que exista una

extralimitación en las funciones de la agremiación y esta

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asociación se convierta en una plataforma de intercambio de

información sensible que limite la competencia en el sector,

generando distorsión en la información necesaria para la

determinación de variables fundamentales dentro del mismo.

I.5. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

Subsección “C”, en Descongestión, mediante sentencia de 10 de

julio de 201411, denegó las pretensiones de la demanda, con

fundamento en las consideraciones que a continuación se

sintetizan, así:

Señaló que, respecto al desconocimiento de la figura de la

facultad sancionatoria prevista en el artículo 38 del CCA., la

jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la

interpretación que se le debe dar a esta norma, ha planteado

tres tesis, a saber: “Una primera posición, se refiere a que se

entiende ejercida la potestad sancionatoria cuando se expide el

acto administrativo primigenio, es decir, el acto que resuelve el

11
Folio 521 a 579 del cuaderno núm. 1.

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fondo del asunto (resolución que impone la sanción). Una

posición intermedia, es aquella según la cual, además de

expedirse el acto administrativo definitivo (primigenio), éste

debe haberse notificado dentro del término de caducidad. Una

última posición, es aquella que predica que además de haberse

proferido y notificado el acto primigenio, se deben haber

resuelto los recursos interpuestos, y notificado las decisiones

sobre estos”.12

Refirió que, en relación con la determinación de la

contabilización de tal fenómeno, el Consejo de Estado ha

precisado que, tratándose de una conducta de carácter

continuado, el período de tres años empezará a partir de la

fecha en que la misma cesó13.

El Tribunal consideró que en el marco de la indagación

preliminar, a través del informe motivado núm. 0921413, se

logró determinar que el suministro de información objeto de

12
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 2 de agosto de 2012. Consejera ponente,
doctora Martha Teresa Briceño de Valencia.
13
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 21 de febrero de 2008. Consejero ponente,
doctor Camilo Arciniegas Andrade.

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análisis integró una serie de actuaciones articuladas cuyo

desarrollo no era de ejecución única en el tiempo, por cuanto

dentro del plenario obran diferentes comunicaciones que recibió

la demandante, incluso desde el año 2007, las cuales se

prolongaron por lo menos hasta el 5 de diciembre de 2008,

fecha que no desvirtuó el censor, pues solo manifestó su

discrepancia con la afirmación según la cual la conducta no fue

continuada.

Concluyó en que bajo ninguna de las tesis planteadas por la

jurisprudencia del Consejo de Estado operó el vencimiento de la

potestad sancionatoria, por lo que no le asiste la razón a la

demandante al considerar que la SIC era incompetente

temporalmente para sancionar, debido a que, como se

demostró con el material probatorio, la misma actuó dentro del

plazo legal para ejercer sus atribuciones de supervisión y

vigilancia.

• Respecto al cargo que plantea una errónea interpretación de

los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto 1663 de 1994, el Tribunal

sostuvo que, de conformidad con el acervo probatorio

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analizado, quedó claro que el ente de control accionado no solo

logró comprobar la conducta objeto de sanción, es decir, el

consenso directo o indirecto de las EPS agremiadas en la

Asociación Médica – ACEMI, entre las que se encontraba la

actora, sino también las actividades sistemáticas dirigidas a

crear una propuesta unificada sobre la oferta de los servicios

prestados, infracción prevista en el artículo 3° del Decreto 1663

de 1994.

Consideró que fue precisamente por desentrañar el sustento de

las reuniones efectuadas, que la actuación administrativa

desplegada demostró la configuración de comportamientos

destinados a la fijación de precios en el sector salud; la

circulación privada de costos entre las EPS agremiadas, incluida

la demandante, que eran consolidados a través de los miembros

de la Asociación ACEMI; las tareas asignadas tendientes a

reajustar el monto de la unidad por capitación, aspectos que

enmarcan la existencia ineludible de un acuerdo concertado en

el que participó la actora. De ahí que denegó el cargo descrito.

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• En relación con el desconocimiento de la presunción de

inocencia y del principio de la buena fe, el a quo expresó que

disentía de lo argumentado por la actora, por cuanto se observó

que a lo largo del proceso administrativo seguido contra

FAMISANAR-E.P.S, la SIC se ciñó a los principios

constitucionales vigentes, en razón a que le otorgó la

oportunidad de rendir sus descargos, de solicitar las pruebas

que pretendía hacer valer a su favor, la posibilidad de

controvertir las existentes y allegadas al expediente, así como

presentar reparos al Informe Motivado núm.09-21413 sin que

de las explicaciones vertidas se hubiese logrado desvirtuar, de

manera determinante, la comisión de las conductas restrictivas

prohibidas por la regulación imperante en el sector salud; por

consiguiente, carecía de sustento el argumento relacionado con

el desconocimiento de las garantías descritas y, en

consecuencia, declaró que el cargo no tenía vocación de

prosperidad.

• En cuanto a los cargos cuarto, quinto y sexto, que planteaban

la falta y falsa motivación en lo que toca con el convenio

tendiente a limitar los contenidos del Plan Obligatorio de Salud,

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transparencia de la información y fijación de precios, el Tribunal

consideró que los mismos guardan estrecha relación, motivo por

el cual, por razones de índole metodológica, se examinaron de

manera conjunta.

En ese sentido consideró que los medios probatorios aportados

no fueron descontextualizados, sino que, por el contrario, se

analizaron y valoraron en su conjunto, conforme con las reglas

de la sana crítica, por parte de la SIC, por tratarse de una

cadena de acciones que componen las conductas sancionables,

dirigidas a la unificación de criterios con el objeto de restringir

la oferta de servicios dentro del Plan Obligatorio de Salud – POS,

a fin de generar un cambio estructural en la forma como serían

identificados los factores de cálculo de los ingresos que

posteriormente recibiría cada entidad dentro del régimen de

salud.

A juicio del Tribunal, el contenido de las resoluciones acusadas

guarda una clara correspondencia entre las razones fácticas y

jurídicas que sustentaron el correctivo impuesto, por lo que no

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resultaba admisible considerar que los mismos adolecían de

falsa motivación.

• Respecto al cargo de omisión de la valoración del entorno

económico, anotó el Tribunal que teniendo en cuenta lo

regulado en los artículos 3° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del

Decreto 1663 de 1994, se colige que el solo cruce de

información entre empresas agremiadas no constituye, per se,

una infracción; empero, circunstancia diversa es que la

autoridad competente, al revisar su contenido, identifique

elementos que se encuentren inmersos dentro de las conductas

tipificadas como restrictivas del régimen de libre competencia,

tal y como ocurrió en el presente asunto.

Advirtió que a lo largo del plenario se puede apreciar que la SIC

logró probar con la totalidad de los elementos probatorios

allegados al trámite administrativo, la existencia de un acuerdo

anticompetitivo, entre las Entidades Promotoras de Salud, en

las que se cuenta la parte demandante, consistente en generar

un consenso dirigido a afectar la oferta de servicios de salud

contenidos en el Plan Obligatorio de Salud – POS, la

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transparencia en la información requerida por el regulador para

la fijación de la Unidad por capitación – UPC y haber forjado un

mecanismo que terminó por establecer, indirectamente, el

precio del aseguramiento en salud.

Concluyó el a quo en que la parte actora no logró desvirtuar las

pruebas recaudadas por el ente de vigilancia y control

accionado, respecto de la falta cometida, y que no se demostró

en el sub examine que se hubiese concretado la aludida

omisión, debido a que la SIC efectuó una interpretación

sustentada de los fundamentos de su decisión conforme a las

disposiciones legales aplicables vigentes sobre la materia. De

ahí que esos cargos fueron denegados.

• Con relación al cargo de vulneración del debido proceso por

decretar pruebas sobre hechos acaecidos con posterioridad a la

apertura de la investigación administrativa, el Tribunal indicó

que la demandada, dentro de la resolución de apertura de

investigación, delimitó, de manera clara, los hechos que

procedería a analizar, es decir, el contenido de las

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comunicaciones que las EPS se cruzaron aproximadamente a

partir del 1o. de agosto de 2007, por considerar que existían

serios indicios sobre la realización de un acuerdo tendiente a

falsear el juego de la libre competencia en el sector salud.

El a quo disintió del argumento de la accionante en el sentido

de manifestar que después del 6 de marzo de 2009, fecha de la

apertura mencionada, se hubiesen investigado situaciones

fácticas acaecidas con posterioridad sobre las cuales no se

concedió oportunidad de rebatirlos, toda vez que, incluso, de

acuerdo con las declaraciones testimoniales de los involucrados

en la etapa preliminar, las situaciones fácticas investigadas se

dieron con anterioridad al año en cita. De allí que el cargo quedó

sin asidero.

• Ahora, en cuanto al cargo de omisión de la práctica del

testimonio de la señora Mónica Uribe Botero, -decretado dentro

del expediente y en el que se insistió en 4 oportunidades para

llevarlo a cabo, sin que se haya logrado su práctica, ni su

consecuente valoración por causas ajenas que no pueden ser

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atribuidas al ente de control-, destacó que la SIC estaba sujeta

a términos perentorios, luego resultaba pertinente que se

continuara con el período probatorio desplegado, como se

dispuso mediante el acto administrativo núm. 68661 de 13 de

diciembre de 2010, en el que se decidió limitar la recepción de

éste por contar con la suficiente ilustración al respecto, en los

términos previstos en el artículo 209 del CPC, habida cuenta que

no resultaba admisible dilatar el trámite administrativo por la

inasistencia de la citada declarante, máxime cuando el tema que

se pretendía probar a través de su versión no se circunscribía a

una comprobación testimonial y cuya fundamentación fue

ampliamente debatida a lo largo del expediente.

Finalmente, el Tribunal, con relación a la vulneración del

derecho de asociación, concluyó en que la motivación de la

sanción establecida, a través de la Resolución núm. 46111 de

30 de agosto de 2011, no estuvo orientada a cuestionar el

derecho de agremiación de FAMISANAR E.P.S., dentro de la

Asociación de Medicina Integral – ACEMI, sino su participación

en la comisión de la conducta dispuesta en el artículo 3° del

Decreto 1663 de 1994, relacionada con la concertación de

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prácticas anticompetitivas, de manera que, contrario a lo

afirmado por la actora, dicho acto no desconoció el derecho de

gestionar proyectos ante el Gobierno Nacional, pues lo que

puntualizó fue que ese derecho de asociación no constituía un

aval para justificar la realización de consenso alguno, tendiente

a acondicionar la información suministrada a la autoridad

reguladora competente en la definición de los procedimientos

del servicio de salud, por lo que desestimó los argumentos

planteados en relación con este aspecto.

I.6. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante, mediante escrito de 11 de agosto de

201414, impugnó la sentencia de 10 de julio de 2014, proferida

por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

Primera, Subsección “C”, en Descongestión, por la cual se

denegaron las pretensiones de la demanda.

14
Folio 581 a 600 del cuaderno principal.

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En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera

instancia, la parte actora alegó, en síntesis, lo siguiente:

Inició sus réplicas en contra de la sentencia apelada indicando

que en ésta se determinó que no se configuró la caducidad de

la facultad sancionatoria de la administración, bajo argumentos

carentes de fundamento legal y en contra de las pruebas

obrantes en el expediente.

Agregó que la conclusión del Tribunal carece por completo de

validez, pues no existe ninguna prueba en el expediente que

demuestre que la supuesta conducta que motivó la imposición

de la sanción de multa por parte de la SIC se extendió hasta el

5 de diciembre de 2008, que es lo que permite descartar al a

quo la ocurrencia de la caducidad.

Afirmó que el envío de la información que ocurrió el 5 de

diciembre de 2008 constituye el cumplimiento de una exigencia

legal por parte del Ministerio de Protección Social para el estudio

de la suficiencia de la UPC del POS, lo que no puede servir como

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argumento para afirmar que es una conducta contraria a la libre

competencia.

Señaló que en el expediente obran pruebas que permiten

demostrar lo contrario de lo que afirma la sentencia de primera

instancia, como el “Informe al Consejo Nacional de Seguridad

Social en Salud”, documento en el cual se explica cuál fue el

propósito de la información remitida el 5 de diciembre de 2008

por parte de las EPS, entre ellas Famisanar, al Ministerio de

Protección Social, de modo que no es válido sostener que éstas

pretendieron determinar el monto de la UPC ni las condiciones

del POS, pues, esa función es de competencia del referido

Consejo; y que dicha información, lejos de establecer las

condiciones del POS o de determinar el monto de la UPC, era

sometida a validaciones y verificación por parte del Ministerio.

Respecto al tema de la caducidad, concluyó que el 5 de

diciembre de 2008, contrario a lo que afirmó el a quo, no se

cometió un acto anticompetitivo, por lo tanto debe declararse la

nulidad de los actos administrativos demandados por haber

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Actora: FAMISANAR EPS

caducado la facultad sancionatoria de la SIC, para la fecha en

que fueron notificados.

Aseguró que el Tribunal valoró indebidamente los argumentos

esgrimidos en torno a la violación de los artículos 3°, 4° y 5°,

numerales 1, 8 y 10, del Decreto 1663 de 1994, así como del

principio de legalidad previsto en el artículo 29 de la

Constitución Política.

A su juicio, el Tribunal se limitó a resumir y negar los

presupuestos de la fundamentación de la violación de los

artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del Decreto 1663 de

1994, sin aducir ninguna razón que sirviera de fundamento para

concluir que la SIC probó la existencia de unos supuestos

acuerdos “[…] destinados a la fijación de precios en el sector de

la salud; la circulación privada de costos entre las EPS

agremiadas […]; las tareas asignadas tendientes a reajustar el

monto de la Unidad por Capitación – UPC, […]”.

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Actora: FAMISANAR EPS

Insistió en que el a quo descartó estudiar de manera precisa el

cargo imputado, alejándose del deber de examinar si las

conductas fueron contrarias a la libre competencia, en especial,

las siguientes: i) no se analizó que el intercambio de

información reprochado por la SIC no es considerado, ni en

Colombia ni en otros países, como una conducta, per se,

anticompetitiva; ii) el Tribunal no tuvo en cuenta que el

intercambio de información en mercados como el de salud, es

necesario para el buen funcionamiento de la industria y puede

ser favorable a la competencia; iii) que, contra lo que afirma la

SIC, tema que fue ajeno a la argumentación del Tribunal, ACEMI

nunca entregó información desagregada respecto de los precios

o costos unitarios en que incurren las EPS para la prestación de

los servicios, pues simplemente replicó los mismos esquemas

que publica el Ministerio; iv) desconoció el Tribunal que no se

demostró nunca que ACEMI hubiese circulado, entre sus

agremiadas, la información particular entregada por cada una

de las EPS, en adición, que la información enviada a través de

dicha asociación tiene un carácter público y es divulgada por los

propios órganos del Estado; y v) no se estudió que la afirmación

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de la SIC con relación a que las EPS se diferencian entre sí,

ofreciendo servicios no POS con cargo a la UPC o a los recursos

de la entidad, constituye una hipótesis contraria a la ley.

Aseguró que el Tribunal en la sentencia apelada, no valoró las

pruebas aducidas por la demandante en la investigación

administrativa, a la luz de las decretadas y las invocadas por la

SIC para sancionar.

Adujo que en la sentencia apelada, el a quo se abstuvo de

analizar materialmente los argumentos expuestos en la

demanda y en los alegatos de conclusión respecto de la

vulneración del principio de presunción de inocencia, previsto

en el artículo 29 Constitucional, así como la alegada infracción

de lo previsto en los artículos 6°, 83 y 209 de la Carta Política;

35 del CCA; y 174, 175, 187, 248 y 250 del CPC., e igualmente,

resolvió las pretensiones bajo consideraciones carentes de

sustento probatorio.

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Actora: FAMISANAR EPS

Agregó que el Tribunal se limitó a afirmar que de todas las

pruebas allegadas al trámite administrativo se logró determinar

la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre las EPS, sin

probar la participación de la demandante en el supuesto

acuerdo, omitiendo explicar, además, a qué pruebas se estaba

refiriendo, y sin hacer una valoración de cada una de ellas, lo

que vulnera el artículo 304 del CPC, e igualmente constituye

una violación al derecho fundamental al debido proceso, como

lo ha reconocido la Corte Constitucional, en sentencia T-504 de

1998.

Manifestó que en la sentencia apelada no se analizaron, en

debida forma, los argumentos aducidos respecto de la falsa

motivación, ya que, como se percibe, las únicas pruebas que

tomó en cuenta el Tribunal fueron aquellas invocadas por la SIC

para sancionar a Famisanar, y nunca se analizaron los

elementos probatorios que, sobre el tema, se mencionaron

tanto en la demanda como en los alegatos de conclusión.

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Actora: FAMISANAR EPS

Sostuvo que el a quo se limitó a reiterar la interpretación de las

pruebas que utilizó la SIC para fundamentar la sanción

impuesta a Famisanar y, en concreto, omitió el análisis de:

• El resumen de coberturas listas MPS 03082007

• El flujograma para la interpretación de la cobertura de

elementos POS en el correo electrónico con asunto “acta

y documentos posición Acemi interpretación POS del 3 de

agosto de 2007”.

• Las definiciones para la interpretación de la cobertura de

los elementos POS y fragmento del Acta 006 del Comité

Médico de Acemi de agosto de 2007.

Al respecto, la apelante trajo a colación apartes del acta referida

y destacó: “el aparte cuestionado por la SIC, y traído de nuevo

a colación por el Tribunal, ni siquiera se refiere a la suficiencia

de la UPC, sino a la suficiencia de la provisión para

incapacidades que están obligadas a realizar las EPS en virtud

de la ley, que simplemente es un porcentaje del ingreso base

de cotización que debe reservar cada EPS y por lo tanto, no se

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
Actora: FAMISANAR EPS

trata del precio del aseguramiento en salud como

erróneamente lo plantea la SIC”.

Indicó, respecto de los correos electrónicos, que el a quo derivó

conclusiones con base en la interpretación descontextualizada

de la SIC, no obstante que estos solo hacen referencia a las

solicitudes de aclaración de Acemi frente a la información

enviada por las EPS al Ministerio, así como a la posibilidad de

enviar previamente la información para que fuera verificada a

través de una malla de validación similar a la que desarrolló el

Ministerio para el efecto.

Observó que el Tribunal omitió considerar el testimonio de la

señora Mery Bolívar, Directora General de Gestión de la

Demanda en Salud, quien indicó en la declaración que rindió

dentro de la investigación administrativa, que la información

para el cálculo de la UPC es pública. Además, que tampoco tuvo

en cuenta que la SIC no demostró que ACEMI circulara

información particular y desagregada de las EPS, toda vez que

las cifras que obran en el expediente y que son calificadas por

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dicha entidad como información reservada, son datos

agregados que buscan hacer propuestas al Gobierno para incluir

insumos y procedimientos en el POS.

Expresó que las pruebas de las que se valió la SIC, reiteradas

en la sentencia de primera instancia, no hacen referencia a

ninguna EPS en particular, salvo en el caso de Salud Total, en

consecuencia, no existen elementos para determinar que fue la

voluntad de todas las EPS sancionadas afectar la transparencia

de la información.

Aseveró que el Tribunal tampoco analizó los argumentos

específicos expuestos sobre la violación del derecho

fundamental al debido proceso y del acceso a la justicia.

Insistió en que el Tribunal se abstuvo de analizar los

argumentos presentados como sustento para este cargo, pues

nada dijo sobre la conducta desplegada por la SIC respecto del

decreto y práctica de pruebas en relación con hechos ocurridos

con posterioridad a la resolución de apertura de la investigación,

y sobre elementos probatorios que no fueron legalmente

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Actora: FAMISANAR EPS

decretados, como lo es el informe denominado “La Tutela y El

Derecho a la Salud”, que contiene información del período 2006

a 2009.

Destacó que son varios los hechos que se lograrían explicar

mediante el testimonio de la señora Mónica Uribe, Directora de

Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de

Hacienda, empero, que el Tribunal, adujo, sin justificación

alguna, que la práctica del testimonio no era necesaria.

Concluyó en que la sentencia de primera instancia no valoró

cabalmente la alegada violación al derecho de asociación, pues,

sin fundamento jurídico y en contravención de un derecho de

rango constitucional, se consideró anticompetitivo que tanto la

organización gremial, así como sus propios miembros, unifiquen

sus propuestas en una sola, con el objeto de presentar ante el

Estado opciones de regulación o simplemente comentarios

frente a temas que son de suma importancia para las

actividades que dichos profesionales realizan.

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Actora: FAMISANAR EPS

II.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante en su escrito de alegados reiteró, en

síntesis, los mismos argumentos esgrimidos en la sustentación

del recurso de apelación.

La parte demandada y el Ministerio Público en esta oportunidad

guardaron silencio.

III.- CONSIDERACIONES

Los actos administrativos de los cuales se pretende su nulidad

parcial, mediante el medio de control, son las resoluciones

4611115 de 30 de agosto de 2011, “Por la cual se imponen

unas sanciones” y 6511616 de 21 de noviembre de 2011, “Por

la cual se resuelven unos recursos de reposición”,

expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que

por lo extenso de las mismas no se transcriben.

Previo al análisis de fondo del presente asunto es preciso

advertir que esta Corporación ha tenido la oportunidad de

15
Folio 47 a 182, cuaderno No. 1.
16
Folio 183 a 276, cuaderno No.1.

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pronunciarse sobre situaciones fácticas idénticas a la que en

esta oportunidad nuevamente se le presenta. Tal es el caso de

las sentencias proferidas por la Sección Quinta de 12 de abril de

201817, de 19 de julio de 201818 y de 19 de julio 201819,

providencias dictadas en los procesos de nulidad y

restablecimiento del derecho instaurados por diferentes

Empresas Promotoras de Salud, entre las cuales se encuentra

precisamente Famisanar-EPS, que fueron sancionadas por la

Superintendencia de Industria y Comercio mediante el mismo

acto administrativo, con ocasión de la comisión de infracciones

consideradas violatorias de la libre competencia, como acontece

en el presente caso.

La Sala también advierte que las conductas previstas en los

artículos 3° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del Decreto 1663 de

1994, por las que las Empresas Promotoras de Salud, entre ellas

Famisanar – EPS, mediante la Resolución 46111 de 2011 fueron

17
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de abril de 2018, Rad. Número 25000-
23-24-000-2012-00788-01, Consejero ponente, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.
18
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de julio de 2018, Radicación número:
25000-23-24-000-2012-00690-01, Consejero ponente, doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.
19
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de julio de 2018, Radicación número:
25000-23-24-000-2012-00576-01 Consejero ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro.

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Actora: FAMISANAR EPS

sancionadas, tuvieron sustento en los mismos hechos y acervo

probatorio y, como se dijo en líneas anteriores, esta Corporación

ya se pronunció sobre el mismo acto administrativo, en cuanto

sancionó a las demandantes por la comisión de infracciones

consideradas violatorias de la libre competencia, como acontece

en el presente caso.

Problema Jurídico

La controversia planteada gira en torno a la ilegalidad que, a

juicio de la demandante, está presente en las resoluciones

46111 de 30 de agosto de 2011 y 65116 de 21 de noviembre

de 2011, expedidas por la Superintendencia de Industria y

Comercio, la cual, de conformidad con los cargos planteados por

la demandante, exige abordar diversos interrogantes que la

Sala sintetiza, así: (i) se encontraba caducada la facultad

sancionatoria de la SIC; (ii) la violación del principio de legalidad

previsto en el artículo 29 Constitucional, pues la interpretación

realizada por la demandada respecto al Decreto 1663 de 1994,

es contraria al sentido de dicha norma; (iii) que en la sentencia

apelada el a quo no valoró materialmente las pruebas aducidas

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en la investigación, lo que es violatorio, entre otros, del principio

de presunción de inocencia, y no analizó los argumentos

expuestos en la demanda y alegatos referentes a la vulneración

del debido proceso; (iv) la indebida práctica y valoración

probatoria; (v) la falsa motivación respecto de los supuestos

acuerdos para restringir los servicios de salud, afectar la

transparencia de la información y de fijación de precios de la

UPC; y (vi) la violación del derecho de asociación.

Caso concreto

Para efectos de dirimir la cuestión litigiosa resulta indispensable

tener en cuenta que es deber del Estado, en cumplimiento del

artículo 333 de la Constitución Política, garantizar la libre y leal

competencia dentro del mercado de servicios de salud, el cual

comprende el de los insumos y equipos utilizados para la

prestación de dichos servicios20.

En este contexto se expidió el Decreto 1663 de 199421, el cual,

20
Decreto 1663 de 1994 “por el cual se reglamenta el parágrafo 2º del artículo 67 y el artículo
74 del Decreto ley 1298 de 1994”.

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entre otros fines, propugna por mejorar la eficiencia en la

prestación de los servicios de salud y evitar las prácticas

anticompetitivas en dicho sector.

Ahora bien, conforme con las atribuciones conferidas por la ley,

la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones

pecuniarias y de otra índole, a distintas EPS entre las cuales se

encontraba FAMISANAR.

Tal decisión se adoptó con sujeción a lo dispuesto en los

artículos 3° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del decreto en referencia.

Decreto 1663 de 1994:

“Artículo 3º. Prohibición general a las prácticas restrictivas
de la competencia. De conformidad con lo previsto en la
Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto ley
1298 de 1994 y con lo establecido en el presente decreto,
están prohibidos todos los acuerdos, actos o convenios,
así como las prácticas y las decisiones concertadas que,
directa o indirectamente tengan por objeto o como efecto
impedir, restringir o falsear el juego de la libre
competencia dentro del mercado de los servicios de salud;
abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o
impedir, restringir o interrumpir la prestación de los
servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito.

[…]

Artículo 5º. Acuerdos contrarios a la libre competencia. Se

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consideran contrarios a la libre competencia en el
mercado de servicios de salud, entre otros, los siguientes
acuerdos, convenios, prácticas o decisiones concertadas:

1. Los acuerdos que tengan por objeto o tengan como
efecto la fijación directa o indirecta de precios o tarifas.

8. Los acuerdos entre competidores que tengan por objeto
o tengan como efecto abstenerse de distribuir o vender un
bien o de ofrecer o prestar un determinado servicio de
salud, interrumpirlo, o afectar los niveles de prestación del
mismo.

10. Los que tengan por objeto o como efecto abstenerse
de proveer a los usuarios o al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de información no reservada
sobre la prestación de los servicios de salud, así como
cualquier intento de ocultar o falsear la información y en
general de impedir la debida transparencia en el mercado
de los servicios de salud. (la Sala subraya).

i) Ahora bien, en un primer cargo, afirmó la demandante que la

conclusión del Tribunal, que denegó las pretensiones de la

demanda, carece por completo de validez, pues no existe

ninguna prueba en el expediente que demuestre que la

supuesta conducta que motivó la imposición de la sanción de

multa por parte de la SIC se extendió hasta el 5 de diciembre

de 2008, que fue lo que permitió a aquel descartar la ocurrencia

de la caducidad.

La caducidad ha sido definida por la jurisprudencia

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
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como: "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el

ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones

que no sean el sólo transcurso del tiempo; su verificación es

simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la

ley que al señalar el término y el momento de su iniciación,

precisa el término final invariable22."

En el mismo sentido, la Corte Constitucional al pronunciarse

sobre la constitucionalidad de las normas sobre prescripción en

materia disciplinaria, doctrina perfectamente aplicable al

artículo 38 del CCA, determinó su contenido imperativo,

vinculado con el debido proceso y el derecho de defensa, en

cuanto generador de seguridad para todos los implicados en una

investigación disciplinaria, o sancionadoras administrativas,

impidiendo que el poder punitivo del Estado se extienda

temporalmente sin control o límites configurando situaciones de

arbitrariedad, siempre proscritas por nuestro ordenamiento.

22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de
Abril 2 de 1998. Número de Radicación 4438-98. Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez
Rodríguez

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Según la jurisprudencia del Consejo de Estado la caducidad

"[...]es la consecuencia del vencimiento del plazo legal fijado a

la Administración para investigar cuando se presente un hecho

que pueda ocasionarla. [...] La caducidad administrativa, se

produce en sede administrativa y se traduce, en lo que respecta

a la misma Administración, en la pérdida de la competencia

temporal […]23."

Esta Corporación al referirse al citado artículo 38 ha señalado

que "[e]sta norma consagra de manera general la caducidad de

la facultad que otorga la ley a las entidades administrativas para

sancionar a los particulares, entre ellos, las entidades bancarias,

financieras de crédito, etc., cuando incurren en infracción del

ordenamiento jurídico positivo. Para el efecto establece un

término de tres (3) años, contados a partir del momento en que

se produce el acto infractor para que la administración imponga

la sanción, salvo que exista norma especial que regule en forma

diferente24."

23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera. Sentencia 3328
de 2001. Magistrado Ponente: Dra. María Elena Giraldo.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 18
de noviembre de 1994. Expediente No. 5460. Consejero Ponente, doctor Delio Gómez Leyva.

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
Actora: FAMISANAR EPS

Ahora bien, como ya lo advirtió esta Corporación, en las

sentencias citadas, como más adelante se precisará, las

conductas mencionadas en la Resolución sancionatoria, además

de infringir varias normas previstas en el Decreto 1663 de 1994,

deben ser consideradas como diferentes manifestaciones de

una estrategia diseñada e implementada de manera conjunta

por las EPS, incluida FAMISANAR, con el fin de afectar la

competencia en el sector salud.

Además, tales sentencias precisaron, como se verá, que las

conductas mencionadas no son de aquellas que se realicen una

sola vez en el tiempo, sino que, por el contrario, implican la

realización de una pluralidad de acciones u omisiones unidas o

ligadas por una unidad de intención, por lo anterior, deben ser

consideradas como de naturaleza continuada y, en esa medida,

el término de caducidad debe contarse a partir de la ocurrencia

del último acto que hace parte de la conducta investigada.

En tal sentido, esta Corporación, en sentencia de enero de 2003

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(Expediente núm. 7909), se pronunció, así:

“[…]La caducidad de la facultad sancionatoria alegada por
la actora no tuvo lugar en el presente caso por cuanto se
trató de una conducta permanente o continuada, de
suerte que los tres (3) años previstos en el artículo
38 del C.C.A. para que ocurra ese fenómeno
extintivo de la competencia del Estado para imponer
sanciones administrativas debía contarse a partir
del último acto del comportamiento investigado[…]”.
(la Sala destaca).

En igual sentido se pronunció la Sección Primera, en sentencia

de 12 de marzo de 2009 (Expediente núm. 2002-00317-02), en

la cual señaló:

“[…]En tales circunstancias, es sabido que tratándose
de conductas permanentes o continuadas, la
caducidad o prescripción de la facultad sancionatoria solo
empieza a correr a partir del momento en que cese
la conducta […]” (la Sala destaca).

Ahora bien, respecto de la caducidad de la facultad

sancionatoria alegada en el caso sub lite, esta Corporación,

como se dijo en líneas anteriores, tuvo la oportunidad de

pronunciarse sobre el mismo acto administrativo aquí acusado,

evaluando incluso situaciones fácticas idénticas a las que ahora

nuevamente se le presentan. Es así como, la Sección Quinta, en

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
Actora: FAMISANAR EPS

sentencia de 19 de julio de 2018, se pronunció, así:

“[L]e asiste la razón al Tribunal al determinar conforme a
la evidencia presentada por la SIC, que las actuaciones
adelantadas por Acemi y las EPS, que contrariaron el
régimen de competencia en el mercado de salud,
transcurrieron entre marzo de 2007, y el 5 de diciembre
de 2008 día en el que se efectuó el ultimo envió de
información por parte de las entidades prestadoras de
salud, con el fin de realizar el estudio de suficiencia de la
UPC. Sobre el particular, la demandante aseguró que
dicho informe, lejos de ser un acto anticompetitivo, se
realizó en cumplimiento de una exigencia legal, además
que, en el Informe del Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud se explicó el propósito de la información
remitida el 5 de diciembre. Con relación a esta censura es
pertinente resaltar que las actuaciones anticompetitivas
fueron adelantadas de manera continua con el fin de
establecer el UPC y la determinación de los servicios POS.
Por tanto, no son de recibo los planteamientos del
recurrente ya que del estudio completo de las pruebas que
obran tanto en el trámite administrativo como en el
expediente se observa que la información remitida se
encontraba afectada por las actuaciones previas que se
adelantaron entre las EPS y Acemi, motivo por el cual, se
tiene como fecha para el computo de la caducidad el 5 de
diciembre de 2008. Sobre este punto la Sala advierte que
de conformidad con el artículo 38 del C.C.A la facultad que
tienen las autoridades administrativas para imponer
sanciones caduca a partir de los 3 años de la producción
del acto que pueda ocasionarlas, empero que, en el
evento de investigarse una conducta permanente o
continuada, el término comienza a contarse a partir de la
fecha en la cual cesa la actuación. En este orden, se tiene
que la facultad sancionatoria de la administración
caducaba el 06 de diciembre del 2011, no obstante la
Resolución 46111 fue notificada al actor el 12 de
septiembre del mismo año razón por la cual el cargo
propuesto no tiene vocación de prosperidad […]”25.

25
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 19 de julio de 2018. Número único de
radicación, 25000232400020120057601. Consejero ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro.

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
Actora: FAMISANAR EPS

Igualmente, la misma Sección, respecto a la caducidad de la

potestad sancionatoria, en esa ocasión alegada por otra de las

EPS sancionadas, mediante la Resolución 46111 de 30 de

agosto de 2011, en sentencia de 12 de abril de 2018, expresó

lo siguiente:

“[E]s relevante señalar que las actuaciones objeto de
investigación tienen el carácter de continuado por el hecho
de que se derivan de un comportamiento con una unidad
de propósito, si se tiene en cuenta el constante
intercambio de información entre las EPS y ACEMI
relacionada con temas específicos para la determinación
de la UPC y la definición de los servicios que deberían estar
o no incluidos en el POS. En aplicación de la regla antes
explicada, la Sala encuentra que el período investigado
por la SIC respecto de las conductas constitutivas de actos
contrarios a la libre competencia en el mercado de
prestación de servicios de salud, estuvo comprendido
entre el 5 de marzo de 2007 y el 5 de diciembre de 2008,
lo que presupone que es desde esta última fecha que inicia
el término de tres años con que cuenta la administración
para investigar los hechos constitutivos de infracción al
ordenamiento legal y la consecuente imposición de
sanciones. […] La aseveración de la parte actora sobre el
envío de la información a ACEMI por medios electrónicos
el 5 de diciembre de 2008 corrobora el hecho de que la
investigación adelantada por la SIC sí se llevó a cabo en
el período señalado en la resolución número 46111 de
2011, por manera que es claro que las conductas materia
de investigación tenían relación estrecha y directa con la
supuesta comisión de la infracción de la normatividad que
prohíbe conductas que restrinjan o afecten la libre
competencia, que como se señaló, se prolongaron en el
tiempo. En ese orden, se tiene que el 30 de agosto fue
expedida la resolución número 46111, por la cual se

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59

Número único de radicación: 25000232400020120062101
Actora: FAMISANAR EPS

impuso una sanción de multa a la parte actora en cuantía
de $1.071.200.000, acto administrativo frente al cual fue
interpuesto el recurso de reposición, medio de
impugnación que fue desatado a través de la resolución
número 65116 del 21 de noviembre de 2011, con fecha
de ejecutoria el 2 de diciembre de 2011. La relación de las
fechas en que fueron expedidos los actos administrativos
acusados permite establecer que la SIC ejerció la potestad
sancionatoria dentro del término consagrado en el artículo
38 del C. C. A., en la medida en que el acto administrativo
que agotó la vía gubernativa fue notificado a la parte
actora con antelación al vencimiento de dicho plazo, razón
por la cual el cargo propuesto no tiene vocación de
prosperidad26 […]”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones que en esta

oportunidad se reiteran en virtud de la coincidencia fáctica y

jurídica del asunto a dilucidar, no subsiste duda alguna en

cuanto a que la censura relacionada con la caducidad de la

potestad sancionatoria, en la que la apelante insiste, sin

demostrar que, de algún modo, su situación haya sido diferente,

no tiene vocación de prosperidad27, pues, como también lo

26
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 12 de abril de 2018. Número único de
radicación 25000232400020120078801. Consejero ponente, doctor Carlos Enrique Moreno
Rubio.
27
Se entiende que la sanción se impone al expedirse y notificarse el acto principal, decisión que
resuelve de fondo el proceso sancionatorio, esto conforme a la jurisprudencia de unificación de
esta corporación : “Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente
proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se explicarán las
razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la
que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa
al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el
proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de
falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración.” Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de septiembre de 2009,
C.P. Susana Buitrago Valencia. Radicación Número: 11001031500020030044201

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Actora: FAMISANAR EPS

consideró acertadamente el a quo, la demandada ejerció su

potestad sancionatoria dentro del término de tres años previsto

en el artículo 38 de CCA, teniendo en cuenta que la conducta

sancionada fue continua o permanente en el tiempo y que la

última manifestación de la misma ocurrió el 5 de diciembre de

2008 y que contado desde dicha fecha el término de caducidad,

como corresponde, tratándose de dichas conductas, el plazo

oportuno para imponer la sanción vencía el 6 de diciembre de

2011, en tanto que los actos acusados se expidieron el 30 de

agosto de 2011 y 21 de noviembre de ese año, el segundo

confirmatorio del primero, con fecha de ejecutoria el 2 de

diciembre de 2011.

ii) Respecto al cargo según el cual el Tribunal valoró

indebidamente los argumentos esgrimidos en torno de la

violación de los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10 del

Decreto 1663 de 1994, así frente al principio de legalidad ya

que, al estudiar el cargo imputado, no tuvo en cuenta que el

intercambio de información no es considerado como una

conducta, per se, anticompetitiva; que ACEMI nunca entregó

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información desagregada respecto de los costos unitarios en

que incurren las EPS, en la medida en que se limitó a replicar

los esquemas que publica el Ministerio; en suma, que no se

demostró que la asociación hubiese circulado dicha información

entre las EPS, y, en todo caso, que ésta no tenía carácter de

reservada, es preciso señalar lo siguiente:

Abordando inicialmente el tema de intercambios de información,

de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio28,

podría considerarse que los intercambios de información entre

competidores son riesgosos para la competencia cuando se

utilizan como instrumentos para materializar un acuerdo o

una conducta anticompetitiva o cuando por sí mismos son

idóneos para generar efectos coordinados ilícitos, esto es,

cuando pueden disminuir la incertidumbre de los participantes

en el mercado respecto del comportamiento de sus

competidores, pueden promover un ambiente propicio para que

los competidores alineen su conducta sobre unas determinadas

28
Superintendencia de Industria y Comercio, CARTILLA SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
DE COMPETENCIA FRENTE A LAS ASOCIACIONES DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES O COLEGIOS
DE PROFESIONALES
.https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/CARTILLA_GREMIOS.pdf

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variables de competencia o pueden permitir la alteración

artificial de las condiciones del mercado, entre otros eventos.

(negrillas originales).

Respecto de los intercambios de información entre

competidores que son utilizados como soporte de una conducta

anticompetitiva o como mecanismos para monitorear el

cumplimiento de una práctica restrictiva, la Superintendencia

de Industria y Comercio se ha pronunciado en diversas

ocasiones29. En la mayoría de los casos, la conducta analizada

y sancionada ha tenido lugar en el marco de entes gremiales

cuyas funciones, según la Superintendencia, se han

desnaturalizado al punto de convertirse en espacios para

compartir información relacionada con precios, cantidades y

estrategias de negocio que pueden llevar a acuerdos o

entendimientos informales que infringen las normas de libre

competencia económica.

29
Resoluciones No. 29302 del 2 de noviembre de 2000 (caso ANDEVIP), No. 25420 del 6 de
agosto de 2002 (caso ADICONAR), No. 23890 de 29 de abril de 2011 (caso UCEP – IBOPE), No.
33141 del 21 de junio de 2011 (caso PROCAÑA y otros), No. 41687 de 5 de agosto de 2011
(caso ASHORALDA), No. 46111 de 30 de agosto de 2011 (caso ACEMI), No. 71794 del 12 de
diciembre de 2011 (caso FENDIPETRÓLEO NACIONAL y otros), No. 4191 de 10 de febrero de
2017 (caso ASOSUBASTAS), No. 71692 del 8 de noviembre de 2017 (caso ANPRA–ACEPRAC),
entre otros.

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
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La Sala es enfática en indicar que la actividad gremial es

totalmente legítima en Colombia y que incluso la misma tiene

respaldo constitucional, pero que, como cualquier otra actividad

en nuestro país, encuentra su límite en el ordenamiento jurídico,

esto es, que esta actividad debe adelantarse con sujeción a las

disposiciones legales vigentes, dentro de las que se encuentran

las normas sobre protección de la libre competencia económica.

Así, cuando una asociación o ente gremial propicia, planea,

estructura o ejecuta una conducta anticompetitiva se le ha

considerado como responsable por la infracción del régimen de

competencia y, en consecuencia, puede ser acreedor de una

sanción por parte de la Superintendencia de Industria y

Comercio.

Respecto al cargo en estudio, el cual también fue objeto de

análisis por esta Corporación, en sentencia de 19 de julio de

2018, la Sección Quinta, se manifestó, así:

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
Actora: FAMISANAR EPS

“[…]Por otro lado, el recurrente afirmó que el Tribunal no
tuvo en cuenta que el intercambio de información no es
considerado como una conducta per se anticompetitiva,
que Acemi nunca entregó información desagregada
respecto a los costos unitarios en que incurren las EPS, en
la medida que se limitó a replicar los esquemas que
publica el Ministerio, en suma, que no se demostró que la
asociación hubiese circulado dicha información entre las
EPS, y en todo caso esta no tenía carácter de reservada.

Ahora bien, de lo visto en el expediente, se observa que
el objetivo de las actuaciones no era enviar información
depurada y verificada al Ministerio, en tanto se evidencia
que la información no era desagregada, como afirma el
recurrente, lo cual es notorio en una serie de archivos
adjuntos a los correos circulados, que exponen datos
clasificados por EPS respecto a montos, procedimientos,
frecuencias y usuarios.

Del mismo modo, en cuanto a la afirmación del apelante
que la información aludida no es de carácter reservado,
toda vez, que es publicada por el Ministerio, se advierte
que la misma no se divulgada al público bajo las
condiciones anotadas, en tanto, esto daría a conocer
asuntos del giro ordinario de los negocios de las entidades
prestadoras de salud.

Así mismo, de una lectura de los archivos adjuntos a los
correos, es notorio que la información efectivamente era
circulada por Acemi a sus asociados, clasificada por EPS,
lo que permitía una comparación en las actividades y
unificación de criterios para los fines anticompetitivos que
fueron expuestos tanto por el Tribunal como por el ente
de control.

Sobre lo anterior, es pertinente resaltar que la
importancia de la información circulada; se explica cómo
lo afirmó la SIC, dado que el precio del aseguramiento en
salud en distinción de otros mercados de seguros presenta
características especiales, en particular respecto a la
prima de servicios UPC30, que es definida por el Estado

30
Análisis de la Metodología de Cálculo de la UPC, Proyecto CRES– CID UN Dic. 2009, citado en
REFLEXIONES EN EL CÁLCULO DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN (UPC) Esperanza
Giraldo Muñoz Comisionada Experta Vocera CRES Noviembre 2011. “UPC: Es un valor que

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Actora: FAMISANAR EPS

con base, entre otros, a la información que reportan las
EPS para el estudio de suficiencia.

Motivo por el cual una alteración en la información
reportada por las prestadoras del servicio al Ministerio,
genera consecuencias para el regulador del proceso de
determinación de la UPC tal como se señaló en el informe
presentado por el Superintendente Delegado para la
Protección de la Competencia: “de esta manera cualquier
afectación de la información solicitada por el regulador se
traducen en elementos capaces de inducir a una
distorsión en la forma mediante la cual se fija la UPC, lo
que conlleva a (sic) la creación de un mecanismo artificial
y reprochable de fijación indirecta de un precio en el
sector de la salud en Colombia”.

Ahora, en lo concerniente a la censura que en el sistema
de salud las EPS no pueden competir respecto a la
cobertura del Plan Obligatorio de Salud, la Sala encuentra
coherente la posición desarrollada por el ente de control,
en la medida que las EPS pueden presentar un incentivo
para contender, incluyendo en sus prestaciones servicios
no incluidos en el POS, o por el contrario al negar la
prestación de servicios incluidos o no en este, con el fin
de solicitar mayores reembolsos ante el FOSYGA.

Finalmente sobre este asunto, y como se expone en los
actos acusados, en el mercado de libre competencia por
obtención de afiliados, puede convertirse en un atractivo
para las EPS, ofrecer mayor cobertura respecto de
aquellos servicios de los cuales se presentan
ambigüedades acerca de su inclusión en el POS, dado que
de un análisis costo - beneficio, las prestadoras de salud
podrían lograr otro tipo de rendimientos financieros31[…]”.

permite a las entidades aseguradoras pagar los gastos de atención de sus afiliados y tener un
margen de recursos para cumplir con la administración del riesgo y de la operación. Esta unidad
no es el valor de POS, es una prima que además de garantizar el pago de los gastos, genera un
margen razonable para cumplir la función de administración”.
31
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 19 de julio de 2018. Número único de
radicación, 25000232400020120057601. Consejero ponente, doctor Alberto Yepes Barreiro

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, que en esta

oportunidad se reiteran y prohíjan, en virtud de que también

existe una coincidencia fáctica y jurídica con el asunto a

dilucidar, la censura en la que la apelante insiste, tampoco

prospera.

iii) En relación con la censura según la cual en la sentencia

apelada el a quo no valoró materialmente las pruebas aducidas

en la investigación, lo que es violatorio, entre otros, del principio

de presunción de inocencia y no analizó los argumentos

expuestos en la demanda y en los alegatos, referente a la

vulneración del debido proceso, cabe observar lo siguiente.

La jurisprudencia ha definido el derecho al debido proceso:

“[c]omo el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial
o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la
justicia”. Del mismo modo, ha señalado que el respeto a
este derecho fundamental supone que todas las
autoridades judiciales y administrativas, dentro del
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones
con sujeción a los procedimientos previamente definidos
en la ley, respetando las formas propias de cada juicio, a

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fin de que los derechos e intereses de los ciudadanos
incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias
o abusivas, en el marco de la creación, modificación o
extinción de un derecho o la imposición de una sanción.
Bajo esa premisa, el derecho al debido proceso se
manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y
como un límite al ejercicio del poder público, en la medida
en que toda competencia asignada a las autoridades
públicas, no puede desarrollarse sino conforme a lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico, en procura de la
garantía de los derechos de los administrados32”.

Respecto al debido proceso administrativo, la misma sentencia,

expresó:

“[…]Esta Corporación ha definido el debido proceso
administrativo como “(i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de
actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que
guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin
está previamente determinado de manera constitucional
y legal”. Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el
ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la
validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el
derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los
administrados33[…]”.

Dicha garantía está, de manera manifiesta, en conexidad con la

presunción de inocencia lo que constituye una limitante de la

administración pública al extender la actividad probatoria que

32
Corte Constitucional. Sentencia T- 957 de 16 de diciembre de 2011. Magistrado ponente,
doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
33
Ibídem

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Número único de radicación: 25000232400020120062101
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permita establecer la responsabilidad del infractor bajo las

reglas de la sana crítica.

La Corte Constitucional con relación a la presunción de inocencia

ha manifestado lo siguiente:

“[…]La presunción de inocencia es una garantía integrante
del derecho fundamental al debido proceso reconocida en
el artículo 29 de la Constitución, al tenor del cual “toda
persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable”. Los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia –que hacen parte del bloque de
constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la
Constitución- contienen dicha garantía en términos
similares. Así, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece en su artículo 8 que “toda persona
inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad”. Y, a su turno, el artículo 14.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que
“toda persona acusada de un delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley”. Como se deriva de las
normas transcritas, la presunción de inocencia acompaña
a la persona investigada por un delito “hasta el fallo o
veredicto definitivo y firme de culpabilidad.

“[…]El derecho fundamental a la presunción de inocencia,
recogido en el artículo 29 constitucional, significa que
cualquier persona es inicial y esencialmente inocente,
partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar
responsable al acusado al término de un proceso en el que
deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y
se le haya demostrado su culpabilidad.

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“[…]Regla básica sobre la carga de la prueba: La
presunción de inocencia “se constituye en regla básica
sobre la carga de la prueba” de acuerdo con la cual
“corresponde siempre a la organización estatal la
carga de probar que una persona es responsable de
un delito (…) lo que se conoce como principio onus
probandi incumbit actori. La actividad probatoria que
despliegue el organismo investigador debe
entonces encaminarse a destruir la presunción de
inocencia de que goza el acusado, a producir una
prueba que respete las exigencias legales para su
producción, de manera suficiente y racional, en el sentido
de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues,
no le incumbe al acusado desplegar ninguna actividad a
fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle
la demostración de un hecho negativo, pues por el
contrario es el acusador el que debe demostrarle su
culpabilidad34[…]”. (la Sala Destaca).

El artículo 29 Constitucional estableció la presunción de

inocencia que opera tanto en los procesos judiciales como en

los procedimientos administrativos, de acuerdo con el inciso

primero del mismo artículo. Se trata de una garantía

fundamental que, a la vez, hace parte del derecho fundamental

al debido proceso y que entraña las siguientes consecuencias:

(i) corresponde al Estado la carga de desvirtuar la inocencia, a

través de la prueba de los elementos de la responsabilidad,

incluida la culpabilidad; (ii) a pesar de existir libertad de medios

34
Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 18 de abril de 12012. Magistrado ponente, doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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probatorios para desvirtuar la presunción de inocencia, solo son

admisibles medios de prueba respetuosos del debido proceso y

acordes con la dignidad humana; (iii) nadie puede ser obligado

a contribuir para que la presunción de inocencia que lo ampara,

sea desvirtuada; (iv) la prueba necesaria para evidenciar la

culpabilidad debe tener suficiente fuerza demostrativa, más allá

de toda duda razonable, la que en caso de persistir, debe

resolverse mediante la confirmación de la presunción y (v)

durante el desarrollo del proceso o del procedimiento, la

persona tiene derecho a ser tratada como inocente. Para la

jurisprudencia, la presunción de inocencia es, a la vez,

fundamento de la proscripción del principio de la

responsabilidad objetiva.

Igualmente, a juicio de la Corte, a pesar de tratarse de una

garantía esencial del derecho fundamental al debido proceso, la

presunción de inocencia, como los otros derechos y garantías

constitucionales, no constituyen potestades absolutas

reconocidas a un individuo.

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Y, Según lo previsto en los artículos 1° y 2° del Decreto 2153

de 1992, la SIC es un organismo de carácter técnico adscrito al

Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía

administrativa, financiera y presupuestal. Es decir, es una

entidad de naturaleza administrativa que en virtud de la

delegación de las facultades presidenciales de vigilancia y

control tiene entre sus funciones velar por la observancia de las

disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas

comerciales restrictivas, en los mercados nacionales.

De acuerdo con lo anterior, en el artículo 54 del Decreto 2153

de 1992 se prevé, de manera expresa, el procedimiento

aplicable a esta entidad en el desarrollo de sus funciones,

incluyendo su labor de vigilancia del mercado colombiano, en

los siguientes términos:

“Art.54. Procedimientos. Sin perjuicio de las
disposiciones especiales en materia de propiedad
industrial y lo previsto en el presente Decreto, las
actuaciones que adelanta la Superintendencia de
Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con
los principios y el procedimiento establecido en el
Código Contencioso Administrativo.”

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72

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Ahora bien, tratándose de investigaciones de la SIC por

contravención de las normas sobre promoción de la

competencia y prácticas comerciales restrictivas, el

procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 52 del

Decreto 2153 de 1992. En efecto, según se dispuesto en dicho

artículo, para determinar si existe una infracción a las normas

sobre promoción a la competencia y prácticas comerciales

restrictivas, la SIC debe seguir el procedimiento allí previsto y,

en lo no regulado en este artículo, se aplicará el Código

Contencioso Administrativo. Al respecto, el artículo 52 del

Decreto 2153 de 1992 dispone:

"Art. 52. Procedimiento. Para determinar si existe una
infracción a las normas de promoción a la competencia y
prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este
decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio
deberá iniciar actuación de oficio o por solicitud de un
tercero y adelantar una averiguación preliminar, cuyo
resultado determinará la necesidad de realizar una
investigación.

"Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará
personalmente al investigado para que solicite o aporte
las pruebas que pretenda hacer valer. Durante la
investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las
que el funcionario competente considere procedentes.

'Instruida la investigación se presentara al
Superintendente un informe motivado respecto de si ha
habido una infracción. De dicho informe se correrá
traslado al investigado.

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'Durante el curso de la investigación, el Superintendente
de Industria y Comercio podrá ordenar la clausura de la
investigación cuando a su juicio el presunto infractor
brinde garantías suficientes de que suspenderá o
modificará la conducta por la cual se le investiga.

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código
Contencioso Administrativo.”

Para la Sala, la censura planteada relacionada con la

vulneración de las garantías alegadas como violadas, carece de

sustento, como también ocurre con lo expresado en la

demanda, ya que como se observa al revisar la actuación

administrativa bajo el radicado núm. 09-21413, en el curso del

proceso administrativo seguido contra FAMISANAR-EPS, la

Superintendencia de Industria y Comercio fue respetuosa de las

garantías y principios constitucionales vigentes, en razón a que

le otorgó la oportunidad de conocer los hechos objeto de

investigación en su contra, de rendir sus descargos, solicitar las

pruebas que pretendía hacer valer a su favor, la posibilidad de

controvertir las existentes y las allegadas al expediente,

presentar objeciones al informe motivado núm. 09-21413,

recurrir la Resolución sancionatoria y acudir ante esta

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por

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74

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consiguiente, dicho cargo, de acuerdo con lo que acertadamente

sostuvo el a quo al respecto, debe desestimarse.

iv) Con relación a la censura según la cual no se realizó una

valoración integral de las pruebas aducidas por la demandante,

en la sentencia de 19 de julio de 2018, la Sección Quinta

respecto a la misma censura, se pronunció, así:

“[…]Frente a este primer argumento, la Sala advierte que el
actor llama la atención sobre el estudio de determinadas
pruebas con el fin de señalar que las conductas adelantadas
en el gremio obedecían a una actuación legal en el marco de
los fines que persigue la asociación, sin embargo, al analizar
en conjunto las pruebas, se advierte que estas demuestran
lo contrario a lo que afirma el apelante, y confirman una vez
más, la existencia de conductas anticompetitivas por parte
de las EPS.

• En el correo electrónico con asunto “Acta y
documentos posición Acemi, interpretación POS” del 3
de agosto de 2007, en el fragmento de acta del comité
se presenta un flujograma para la interpretación del
POS, del cual se puede inferir por su contexto un
mecanismo de concertación indirecta que permite a las
EPS obtener resultados similares, máxime que su
radicación ante autoridades administrativas, no
legitima de ninguna manera un actuar anticompetitivo.

• Se observa que el resumen de coberturas MPS
03082007, el cual presenta una serie de definiciones y
convenciones, es el resultado de los acuerdos gestados

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Actora: FAMISANAR EPS

al interior de Acemi, de los que como acierta la SIC no
se evidencian planteamientos que obedezcan a
criterios médicos y/o técnicos para definir si
determinados servicios se encuentran incluidos en el
POS conforme a pronunciamientos judiciales, lo cual
sería lo pertinente si se buscaba plantear una
propuesta regulatoria al gobierno, como afirma el
recurrente.

A fin de evidenciar este contexto, es pertinente citar el
siguiente aparte del acta del Comité Médico de Acemi:

“Se presenta la lista de insumos ante el grupo
de trabajo, el cual la examina procedimiento
por procedimiento, revisando la clasificación de
los elementos relacionados con los de la lista
del consenso del MPS y la SNS. Así mismo, se
analiza a la luz de los criterios y definiciones si
están cubiertos o núm. Se realizan algunos
cambios para agregar consistencia los cuales
quedaron involucrados en el archivo que
adjunta. Anexo 2
Para algunas correcciones en cuanto a la
cobertura de los insumos se tuvieron en
cuenta:
• Las definiciones antes aprobadas
• El flujograma POS
(…)
Una vez terminada la revisión del listado este
fue aprobado de forma unánime por el grupo de
trabajo”.

• El actor hace mención de que el aparte del Acta
Número 10 del Comité Médico de Acemi, cuestionado
por la SIC y el a quo, no hace referencia a la suficiencia
de la UPC sino a la suficiencia de la provisión para
incapacidades que están obligadas a realizar las EPS
en virtud de la ley, lo que denota simplemente un
porcentaje de ingreso base de cotización que debe
reservar cada EPS, por tanto no se trata del precio del
aseguramiento en salud como erróneamente lo plante
la SIC.

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Actora: FAMISANAR EPS

No obstante, de la lectura del acto acusado con
relación al aparte en referencia, es posible inferir que
el planteamiento propuesto por el apelante no obedece
al que efectuó la SIC. En suma que no cuenta con la
carga suficiente para controvertir la legalidad de los
actos.

Acta Número 10 del Comité Médico de Acemi:

“ (…)

2. Temas de UPC
a. Informe de incapacidades
ACEMI presenta informe obtenido, indicando la
metodología utilizada y los resultados.
En conclusión:

1. Se deben verificar y confirmar los datos de todas las
EPS cuya suficiencia este por debajo de 70% o por
encima de 110% para los datos del 2006: EPS 001,
003, 005, 008, 013, 016 y 018 enviar la provisión
para incapacidades.
2. […]
3. Con los datos actuales de 2006, que es para lo que
tenemos periodo completo, la provisión del 0,25%
es suficiente incluso bajo el escenario de la sentencia
de la corte, por lo tanto, no recomendaríamos
presentar esta información al CNSSS
4. Los escenarios 2007 son incompletos

Las EPS que se encuentran señaladas se
comprometieron aclarar las cifras de incapacidades
y entregarlas a más tardar el día 12/12/2007”
(Subrayado fuera de texto).

• Existe censura del apelante en cuanto a la valoración
de la declaración de Juan Pablo Rueda funcionario de
la EPS Salud Total, sin embargo, en lo que corresponde
a esta declaración no se observan elementos que
desvirtúen las pruebas bajo las cuales se expidieron
las resoluciones acusadas, y que permitan inferir que
las actuaciones en comento se adelantaron con el

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objetivo de una propuesta regulatoria al Ministerio.

En esta línea, es importante advertir que si bien en el
testimonio de Mery Bolívar, Directora de la Gestión de
la Demanda del Ministerio de la Protección Social, se
afirma que la información para el cálculo de la UPC es
pública, los datos frente a los cuales tiene acceso al
público, de ninguna manera presentan las condiciones
de la información circulada por Acemi como se expuso
en líneas anteriores.

De lo anterior, se reitera que los planteamientos expuestos
no tienen la carga suficiente para modificar el sentido del
fallo, más aún cuando se evidencia que el a quo constató con
base a un extenso material probatorio que la SIC acreditó al
acuerdo restrictivo del régimen de competencia.

Verbigracia, el correo electrónico remitido el 30 de mayo por
parte de Acemi a las EPS asociadas, bajo el asunto
“Compromiso costeo insumos y dispositivos médicos
procedimientos POS” en el cual se adjuntan los siguientes:
“Consolidado lista insumos 04042006; Glosarios y articulo 12
V5032006; inventario de insumos”, y frente al cual no es
necesario un mayor análisis para advertir lo que tanto la SIC
en su estudio y el a quo, concluyeron:

“Apreciados señores,

Por medio de la presente, les estoy enviando la lista
de los procedimientos POS que más frecuentemente
requieren insumos, dispositivos médicos o prótesis
que las EPS consideran que no están en el POS
(existen otras que el consenso de EPS considera que
está en el POS).

Adjunto igualmente la propuesta de definiciones para
aclarar el artículo 12, fruto del trabajo de las EPS y al
cual se llegó por consenso.

Los objetivos son:

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1. Costear para cada procedimiento cuánto pueden
costar los elementos no POS (para proponer topes
de cobertura).

2. Determinar la frecuencia con la cual se realizan los
procedimientos POS de la lista.

3. Determinar la frecuencia con la cual la EPS está
suministrando un dispositivo no POS para cada uno
de esos procedimientos.

4. Calcular el impacto en la UPC, que tiene la inclusión
de los elementos y diferentes escenarios de topes
económicos para la cobertura económica y ajuste de
UPC.

Les pedimos que ustedes revisen la frecuencia de los
procedimientos, y diligencien el formato para el año
2006 del valor promedio de mercado de los elementos
en las casillas correspondientes. Adicionalmente se
pretende hacer en el formato “inventario” uno de estos
elementos. (Se debe copiar un renglón por cada uno
de los diferentes tipos de elementos de cada
procedimiento como se muestra en el ejemplo.

Para aquellos que no puedan enviar la información en
este formato les pedimos que no (sic) expliquen qué
información disponible (recobros-tutelas u otros)
tienen en medio magnético, para apoyar el proyecto
de costeo de estos insumos y por lo tanto de impacto
que tiene el concepto de integralidad en el costo del
plan de beneficios y calcular el ajuste de UPC necesario
para asumir este costo”. (Subrayado fuera de texto).

En este punto la Sala reitera lo dicho en sentencia de 12 de
abril de 2018, mediante la cual, se pronunció frente al
recurso de apelación interpuesto por Aliansalud S.A contra el
fallo que negó las pretensiones dirigidas a que se declarara
la nulidad parcial de los actos acusados Resolución 46111 y
Resolución 65116 de 2011.

“Así como está demostrado que se solicitó información
por parte de ACEMI a las EPS a través de correos
electrónicos para llegar a un consenso respecto de los
servicios considerados como cubiertos o no dentro del
POS, en los actos administrativos demandados y en los

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antecedentes que dieron lugar a estos también se hace
referencia, entre otros medios de prueba, a los
testimonios practicados a los representantes legales
de las EPS, cronogramas elaborados por las mismas y
el contenido de las actas de distintas reuniones
llevadas a cabo para intercambiar información con esa
específica finalidad.

El análisis del material probatorio recaudado llevó a la
SIC a determinar la existencia de un acuerdo que tenía
por objeto restringir o afectar la libre competencia en
el mercado de prestación de servicios de salud, en la
medida en que lo pretendido por las EPS era establecer
de consuno los datos que serían reportados al
Ministerio de Protección Social para la definición de los
procedimientos que en lo sucesivo debían considerarse
para ser incluidos o no dentro del POS.

(…)

La definición de los procedimientos médicos que se
encuentran incluidos o excluidos del POS es de
competencia del Ministerio de Salud, en coordinación
con los demás entes que forman parte del SGSSS,
para cuyo efecto se estudia la información
suministrada por cada EPS, en forma individual, acerca
de la frecuencia de suministro de medicamentos,
servicios, dispositivos, los costos de estos, etc.

De esta manera, el intercambio de datos sobre lo que
cada EPS considera debe estar incluido en el POS y la
información respecto del cálculo de la UPC dirigidos a
lograr un consenso y presentarlo al Ministerio de Salud
y Protección Social para que defina el listado de
servicios, constituye una conducta contraria a la libre
competencia en el mercado de salud, basada en la
cobertura de los servicios prestados.

El criterio unificado que se gestó en las EPS bajo la
coordinación de ACEMI contiene información sensible
para la definición de los procedimientos y servicios que
deben estar contemplados en el POS, lo que
evidentemente impide la libre competencia entre las
EPS si se tiene en cuenta que cada una de las
entidades tiene conocimiento preciso y detallado de los
servicios que son prestados por las demás y bajo qué
parámetros.

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La existencia de un consenso o criterio unificado
acerca de la cobertura de los servicios per se repercute
de manera contundente en la escogencia por parte del
usuario de la entidad prestadora, en consideración a la
falta de mecanismos diferenciadores referente a los
servicios ofrecidos.

(…)

Ahora bien, la afirmación atinente a que las reuniones
solo tenían como propósito elevar peticiones al
gobierno nacional como producto de los estudios
estadísticos, técnicos, financieros y jurídicos acerca de
la problemática que se genera en torno a las distintas
interpretaciones del POS, es carente por completo de
fundamento.

Así pues, se tiene que no es necesario hacer grandes
esfuerzos intelectivos para concluir que las EPS
buscaban presentar una propuesta al Ministerio de
Salud y Protección Social para la definición del POS
basada en una información previamente concertada de
manera consciente, la cual tenía por objeto afectar la
libre competencia en el mercado de prestación de
servicios de salud, la transparencia en la información
y la fijación indirecta de precios de la UPC.

Merece resaltarse que el Estado como regulador del
Sistema General de Salud debe velar porque la
prestación de ese servicio esencial se haga bajo
estrictos parámetros de calidad, seguridad, idoneidad
y transparencia, ya que lo que está en juego es la
cobertura de los servicios de salud de los habitantes
del territorio nacional, de manera que el intercambio
de información sensible entre competidores, como lo
son las EPS, para presentarla posteriormente al
gobierno nacional, sin duda es una conducta que
genera una afectación a la libre competencia”.35
(Subrayado fuera de Texto).

Sobre este punto, es necesario agregar que Compensar se
encontraba en la lista de contactos a los cuales se les remitía

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12
de abril de 2018, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación Numero: 2500023-24-000-
2012-00788-01.

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los correos en referencia, además, que el actor no desarrolló
un argumento que permita inferir a la Sala, que este no era
parte del acuerdo anticompetitivo.

En virtud de lo expuesto, se encuentra que las
comunicaciones y reuniones entre los entes que hacen parte
del gremio lograron un conceso contrario a la libre
competencia, frente al cual los indicios que alude el actor no
son suficientes para controvertir las pruebas recolectadas
durante la actuación administrativa, y el análisis efectuado
por el Tribunal.

Finalmente sobre el particular, se advierte que al tratarse de
una sanción que se deriva de una conducta por objeto, no es
necesario que se demuestren sus efectos en el mercado.
Motivo, por el que no son de mayor análisis las afirmaciones
encaminadas a que no se demostraron las negaciones
conjuntas respecto al POS al igual, que las EPS tuvieron
comportamientos autónomos e independientes, respecto a
los servicios incluidos o no en este.

(ii) De los argumentos planteados referentes a la vulneración
del debido proceso.

En cuanto a la inconformidad que el a quo no se pronunció
acerca de los argumentos planteados respecto de la
vulneración al debido proceso, al imponer el ente de control
una sanción con base a pruebas de las cuales los investigados
no se pudieron defender, se encuentra que la sentencia hace
referencia sobre el asunto, conforme a las normas que
regulan el debido proceso en materia de competencia.

En este punto es necesario resaltar que el recurrente tuvo la
oportunidad de controvertir las pruebas, como se observa en
las resoluciones acusadas, por ende, es de recibo la posición
de la SIC sobre el reproche en cuestión.

Al respecto el ente de control señala que si bien las pruebas

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en la etapa de investigación están limitadas por los cargos
contenidos en la resolución de apertura, el hecho de hallar
evidencia adicional que permita confirmar o desvirtuar los
cargos, no vulnera el derecho de defensa, en la medida que
la información recolectada durante la averiguación
preliminar, como las pruebas decretadas en la resolución de
apertura de investigación estuvieron a disposición de los
investigados, a fin que pudieran controvertir las pruebas,
situación que permaneció durante el transcurso en el que
fueron incorporadas al expediente.

En suma, que, de la lectura de los actos administrativos
acusados, se hace evidente que existió traslado a las EPS del
informe motivado, a fin de que fuera controvertido.

En este mismo punto, el actor hizo referencia a un grupo de
pruebas en consideración a las cuales afirmó errores en su
decretó o práctica por parte de la SIC:

• El recurrente planteó que el informe denominado “La
Tutela y El Derecho a la Salud”, no se decretó de
manera valida en vía administrativa, motivo por el cual,
debe considerarse violatorio del debido proceso, no
obstante la Sala encuentra que el informe no hace parte
del considerando de los actos acusados, y en todo caso
la decisión del ente de control se apoya en un completo
acervo probatorio, con relación al cual, el actor no
desarrolla la incidencia que tendría el documento en la
legalidad de los actos administrativos acusados.

• Manifestó con relación al testimonio de Mónica Uribe,
Directora de la Dirección de Seguridad Social del
Ministerio de Hacienda, que este fue decretado, pero no
se practicó en sede administrativa por parte de la SIC,
lo que a su juicio vulneró el derecho de defensa.

Acerca de este motivo, se encuentra ajustado a derecho
que la SIC omitiera la práctica de la prueba, en la
medida que la directora no acudió a las múltiples
citaciones que realizó para efectos del testimonio el ente

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de control, al igual, que las pruebas que obraban en el
expediente administrativo eran suficientes para
comprender los asuntos que se pretendían probar con
el testimonio.

No obstante, que el a quo en aras de buscar la verdad
procesal recepcionó el testimonio en instancia judicial,
sin embargo, el mismo, no tiene la contundencia
necesaria para desvirtuar la legalidad de los actos
administrativos, en la medida que es abstracto y no
logra, ni busca contradecir los aspectos centrales del
debate que se planteó en primera instancia 36[…]”.

Por las razones expuestas, que se reiteran en esta oportunidad,

debido a la coincidencia fáctica y jurídica existente con el asunto

examinado, no es válido reprochar la vulneración del derecho al

debido proceso y al principio de presunción de inocencia, en la

medida, en que la SIC demostró, con observancia de las normas

que rigen el debate probatorio, que FAMISANAR, incurrió en

conductas que distan de estar acordes con mantener las

condiciones de competencia dentro del mercado de servicios de

salud. Es por ello por lo que dicho cargo no tiene vocación de

prosperar, como también lo concluyó el a quo con base en

acertadas razones que esta Sala no puede menos que prohijar.

36
Ibídem

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v) También reprochó el recurrente que en la sentencia apelada

no se analizaron, en debida forma, los argumentos respecto a

la falsa motivación.

Para la Sala dicha censura carece de fundamento, en razón de

que el a quo, al abordar el estudio sobre la falsa motivación

respecto al convenio tendiente a limitar los contenidos del plan

obligatorio de salud, la transparencia de la información y fijación

de precios alegada, consideró que guardaban estrecha relación,

y que por razones de índole metodológico debían examinarse

en conjunto, para luego realizar un estudio de los elementos

probatorios que demuestran que la estructura de la infracción

está compuesta por elementos que no pueden observarse de

manera independiente sino que, por el contrario, interactúan y

demuestran la realización de cada una de las conductas

contrarias a la libre competencia, concluyendo en que:

“[…] a lo largo del plenario quedó demostrado que la SIC
logró probar con la totalidad de los elementos probatorios
allegados al trámite administrativo37, la existencia de un

37
“[…] (correo electrónico de fecha 5 de marzo de 2007, enviado por LUCIA TORRES funcionaria
de ACEMI, correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2007, remitido por SANDRA MARCELA
CAMACHO funcionaria de ACEMI y archivo adjunto del mismo nombre “Consolidado lista de
insumos 04042006”, fragmento del archivo electrónico denominado “Costeo No Pos” adjunto al

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acuerdo anticompetitivo, entre las Entidades Promotoras
de Salud, en las que se incluía la parte demandante,
consistente en generar un consenso dirigido a afectar la
oferta de servicios de salud contenidos en el Plan
Obligatorio de Salud – POS, la transparencia en la
información requerida por el regulador para la fijación de
la Unidad por capitación – UPC y haber forjado un
mecanismo que terminó por establecer indirectamente el
precio del aseguramiento en salud […]”.

Ahora bien, como lo ha expresado la Sala en líneas anteriores,

el acto administrativo acusado en el caso sub lite, ya fue objeto

de análisis en varias oportunidades por esta Corporación, por lo

que respecto a la cesura analizada en esta ocasión, la Sección

Quinta, en sentencia de 19 de julio de 2018, precisó:

“[…]De acuerdo con lo anterior, no le asiste razón a la
parte recurrente en el sentido de afirmar que la
Superintendencia de Industria y Comercio invirtió la carga
probatoria, puesto que de la lectura de los actos
demandados se encuentra claramente que el análisis
probatorio efectuado por esa entidad se centró en todos
los medios que fueron decretados y practicados en la
investigación administrativa, de modo que se acreditó con
las pruebas documentales, interrogatorios, cuadros
explicativos, flujogramas, entre otros, la existencia de una

correo electrónico enviado por SANDRA MARCELA CAMACHO ROJAS, Acta No. 006 del Comité
Médico 27/08/2007, Acta No. 006 del Comité Médico de fecha 1 de agosto de 2007, remitida
mediante correo enviado el 3 de agosto del mismo año, Flujograma para la interpretación de la
cobertura de elementos POS en el correo electrónico con asunto “Acta y documentos posición
Acemi interpretación POS del 3 de agosto de 2007”, resumen coberturas lista MPS 03082007
remitida por Acemi a sus agremiadas en el archivo de Exel denominado “Resumen de coberturas
lista MPS 03082007”, Acta No. 4 del Comité Médico de ACEMI del 31 de mayo de 2007,
fragmento del correo electrónico marcado con el asunto “AGENDA JORNADA DE TRABAJO
COMISIÓN PARA HOMOLOGACIÓN MAPIPOS Y PRECISIÓN DE LAS DEFINICIONES DEL MANUAL”
de fecha 8 de octubre de 2008, enviado por LEIDY DAYANA PUENTES SANCHEZ analista de
sistemas de información de ACEMI). (…)” (CD. Medios Magnéticos 09.21413 – Correos
seleccionados sic)

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estrategia mancomunada para incidir en la fijación del
listado de servicios del POS, y consecuencialmente, de la
UPC, dentro de la cual actuó las empresas demandantes.

Frente a la valoración de las pruebas que se encuentran
en un proceso como el aquí adelantado, la
Superintendencia en la Resolución 46111 de 2011 afirmó:
“las pruebas arriba citadas deben ser interpretadas como
la muestra de una cadena de acciones que en su conjunto
componen la infracción acusada.”, de manera que las
pruebas deben valorarse en su conjunto, para encontrar
la prueba de la conducta investigada.

Lo anterior ya que como lo ha dicho esta Sección en
oportunidades anteriores: “la autoridad administrativa se
ve forzada a demostrar la existencia de los acuerdos
anticompetitivos por medio de indicios y pruebas, que
sumadas permiten determinar que varias compañías son
partícipes de un acuerdo restrictivo de la competencia” .

Así las cosas, de la valoración de todos los medios
probatorios en su conjunto se encontró que las
demandantes le entregaron información desagregada y
confidencial a ACEMI, la cual posteriormente fue
recirculada entre las EPS agremiadas, razón por la cual
fueron objeto de las sanciones impuestas en los actos
demandados.

Por lo anterior, no se encuentra vicio alguno de falsa
motivación o desviación de poder por parte de la
Superintendencia, puesto que dentro de la actuación
administrativa se encontró que las aquí demandantes
incurrieron en la conducta sancionada […]38”. (la Sala
subraya).

La misma Sección, en sentencia de 12 de abril de 2018,

refiriéndose a la misma cesura, manifestó:

38
Ibídem.

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“[…]Acerca de este otro motivo de disenso, la Sala reitera
que las conductas desplegadas por la parte actora junto
con las otras EPS agremiadas en ACEMI se enmarca
dentro de las prohibiciones enlistadas en los artículos 3 y
5 numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994, bajo la
premisa de haberse hallado una simetría en el contenido
de las conversaciones enviadas por correo electrónico, en
las actas de reuniones y en los testimonios practicados,
de los que se extrajo que el objetivo central fue influenciar
de manera indirecta la definición del POS.

Debe recordarse que si bien esa facultad, según la
normatividad vigente que regula la materia, es propia del
Ministerio de Salud y Protección Social, es claro que la
información suministrada por las EPS reviste relevancia en
el resultado final de la cobertura de servicios.

Ahora bien, la afirmación atinente a que las reuniones solo
tenían como propósito elevar peticiones al gobierno
nacional como producto de los estudios estadísticos,
técnicos, financieros y jurídicos acerca de la problemática
que se genera en torno a las distintas interpretaciones del
POS, es carente por completo de fundamento.

Así pues, se tiene que no es necesario hacer grandes
esfuerzos intelectivos para concluir que las EPS buscaban
presentar una propuesta al Ministerio de Salud y
Protección Social para la definición del POS basada en una
información previamente concertada de manera
consciente, la cual tenía por objeto afectar la libre
competencia en el mercado de prestación de servicios de
salud, la transparencia en la información y la fijación
indirecta de precios de la UPC.

Merece resaltarse que el Estado como regulador del
Sistema General de Salud debe velar porque la prestación
de ese servicio esencial se haga bajo estrictos parámetros
de calidad, seguridad, idoneidad y transparencia, ya que
lo que está en juego es la cobertura de los servicios de
salud de los habitantes del territorio nacional, de manera
que el intercambio de información sensible entre
competidores, como lo son las EPS, para presentarla

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posteriormente al gobierno nacional, sin duda es una
conducta que genera una afectación a la libre
competencia.

Así las cosas, los argumentos planteados sobre esta
censura serán despachados en forma desfavorable, pues
la motivación expuesta en las decisiones administrativas
cuestionadas son acordes a la realidad de las conductas
comprobadas como anticompetitivas39[…]”.

De conformidad con las anteriores consideraciones, que en esta

oportunidad deben reiterarse por la coincidencia fáctica y

jurídica existente con el caso examinado, y en consonancia con

la argumentación que adujo el a quo al respecto, que también

se acoge, dicho cargo no está llamado a prosperar.

vi) Finalmente, otro de los argumentos del recurso de apelación

se contrae a señalar que se hizo un indebido análisis acerca de

la violación del derecho de asociación.

Si bien la libre asociación ha sido catalogada como un derecho

fundamental en nuestro país, ni su ejercicio ni su connotación

39
Ibídem

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podrán tener carácter absoluto, puesto que deberán

desarrollarse de manera armónica y muchas veces conjunta con

otros derechos de igual o menor categoría y con los principios y

fines constitucionales. Es así como, en un primer escenario,

encontramos la legalidad, desde un punto de vista amplio, en el

establecimiento de los objetivos, finalidades y de las actividades

de las asociaciones como una primera talanquera en el ejercicio

libre de este derecho, de manera consiguiente encontramos los

derechos ajenos o de los demás, así como el interés general,

dentro de lo cual se incluye la libre competencia económica.

Así las cosas, fue el legislador el que, precisamente, expidió la

normativa que establece el régimen de protección de la

competencia en Colombia, el cual se alza como uno de los

límites al derecho de asociación, de manera tal que, en

principio, todos los nacionales deberán atender a estas

limitantes para poder ejercer legítimamente sus derechos.

Por lo tanto, las Asociaciones Gremiales, como ejercicio del

derecho de libre asociación o del ejercicio de libertad de

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empresa, deben respetar el régimen de libre competencia,

especialmente, cuando en su desarrollo puedan identificarse

ciertos riesgos anticompetitivos puesto que es de la naturaleza

de estas personas jurídicas la agrupación de agentes

económicos que compiten entre sí, bien sean personas

naturales o jurídicas, en razón a sus actividades. En este

contexto, si bien el Estado colombiano ha reconocido la libertad

de asociación que tienen las EPS como sujetos de derecho, ésta

debe desarrollarse dentro de las condiciones propias de la libre

competencia, por lo que no es admisible que se permitan

prácticas restrictivas de la competencia, que en últimas afectan

al usuario del servicio.

La Sala advierte que, como lo reseñó el a quo, la motivación de

la sanción impuesta a las Empresas Promotoras de Salud, entre

ellas FAMISANAR – EPS, mediante la Resolución 46111 de 2011,

no cuestionó el derecho de asociación de la demandante dentro

de la Asociación de Medicina Integral-ACEMI, sino su

participación en la comisión de la conducta dispuesta en el

artículo 3° del Decreto 1663 de 1994, relacionada con la

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concertación de prácticas anticompetitivas, tal como quedó

demostrado dentro de la actuación surtida, por lo que dicho

cargo tampoco tiene vocación de prosperar.

Cabe señalar que en el mismo sentido la Sala se ha

pronunciado, entre otras, en sentencias de 25 de noviembre de

201940, 30 de julio de 202041 y 24 de septiembre de 202042,

que ahora se prohíjan, procesos dentro de los cuales también

se demandaron los mismos actos aquí cuestionados por

diferentes Empresas Promotoras de Salud, pues a través de

éstos fueron sancionadas, al igual que la actora, por la

Superintendencia de Industria y Comercio, por situaciones

fácticas idénticas.

En este orden de ideas, ninguno de los cargos planteados por la

parte demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la

presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos

40
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de noviembre de 2019, número único
de radicación 11001032400020120067900, CP. Nubia Margoth Peña Garzón.
41
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de julio de 2020, número único de
radicación 25000232400020120066200, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.
42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de septiembre de 2020, número único
de radicación 25000232400020120052700, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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acusados, razón por la cual la Sala confirmará la decisión de

primera instancia, como en efecto lo hará en la parte resolutiva

de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2014,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Subsección “C”, en Descongestión.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2022.

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ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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