Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00631-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Competencia de la junta directiva del banco de la república: para regular el régimen de cambios internacionales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00631-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2012-00631-01
Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro
31 de mayo de 2018
COMPETENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA – Para regular el régimen de cambios internacionales / RÉGIMEN DE CAMBIOS INTERNACIONALES – Marco normativo / COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN – Para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios / DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN – Funciones en materia cambiaria
Por mandato de los artículos 371 y 372 de la Constitución Política y de la Ley 31 de 1992, a la Junta Directiva del Banco de la República le corresponde regular los cambios internacionales. Para el cumplimiento de esa función se expidió la Resolución 21 de 1993. Posteriormente, la Junta Directiva del Banco de la República profirió la Resolución 8 de 2000, que compiló el régimen de cambios internacionales y derogó la Resolución 21 de 1993. La Resolución Externa 8 de 2000 ha sido modificada parcialmente, entre otras, por las resoluciones externas 3 de 2002 y 1 y 5 de 2003. La Resolución Externa 8 y todas las normas que la han modificado conforman el régimen de cambios internacionales, que contiene el conjunto de obligaciones, prohibiciones y deberes exigibles a las personas sometidas a dicho régimen. Precisamente, el desconocimiento de esos deberes y obligaciones constituye la infracción cambiaria. […] A la DIAN, el artículo 3º del Decreto 2116 mencionado, le asignó competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las operaciones de comercio y financiación de importaciones. Por su parte, el artículo 3 del Decreto Reglamentario 1271 de 1993 precisó las funciones de la DIAN en materia cambiaria, funciones que estaban relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y financiación de importaciones y exportaciones. En esa misma norma, se otorgó, además, competencia a la DIAN para continuar hasta su terminación definitiva con las actuaciones que, por mandato legal, no eran de competencia de la Superintendencia de Cambios y que no fueron asignadas a otras entidades. Adicionalmente, el Decreto 1071 de 1999 , en concreto, estableció que en materia cambiaria correspondía a la DIAN ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos relacionados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobre facturación de tales operaciones (artículos 5, 12, 18,19 y 23).
INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO – Concepto / INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO – Por introducir mercancía al territorio nacional sin declararla ante las autoridades aduaneras
El artículo 2 del Decreto 1092 de 1996, por su parte, define la infracción cambiaria como una “contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del Régimen de Cambios vigentes al momento de la transgresión, a la cual corresponde una sanción cuyas finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección del orden público económico”. […]
DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - Aplicación / DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS – Alcance / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO – No toda irregularidad constituye causal de invalidez / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR EXPEDICIÓN IRREGULAR – Configuración / CAUSAL DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO POR INFRACCIÓN AL DEBIDO PROCESO – Configuración
[E]n el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional y derecho fundamental al debido proceso (art. 29), garantía necesaria para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos: i) El derecho al juez natural o funcionario competente. ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa. iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem. Conviene precisar que no toda irregularidad constituye casual de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad sea grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al derecho fundamental al debido proceso también es menester que se haya afectado de manera relevante alguna de las garantías que componen ese derecho, esto es, el núcleo esencial de ese derecho, esto es: juez natural, defensa o forma.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 16 de octubre de 2014, Radicación 25000-23-27-000-2011-00089-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO – No se vulnera por la parte haber tenido la oportunidad de oponerse a todos las actuaciones contrarias a sus intereses / DERECHO AL DEBIDO PROCESO – No se vulnera al haberse negado una solicitud de prueba en sede administrativa
[L]a violación al debido proceso del actor no se configuró, pues este tuvo la oportunidad de oponerse a todas las actuaciones que consideró contrarias a sus intereses y de controvertir todos los argumentos expuestos por la DIAN desde que se realizó la visita en las instalaciones ubicadas en la Carrera 6 No. 14-48 de Bogotá, dirección en la que se encontraba la oficina del demandante, hasta que se expidió la resolución sanción materia de demanda. Prueba de ello son los escritos de petición, recursos y memoriales presentados a la Administración en el transcurso de la actuación. Ahora bien, pese a que en sede administrativa la DIAN denegó la práctica de los interrogatorios, testimonios y dictámenes grafológicos pedidos por el demandante, lo cierto es que dicha negativa se justificó válidamente, en la medida en que las pruebas pedidas no conducían a desvirtuar que el demandante ejercía la actividad de cambio de divisas, sin contar con la autorización de la DIAN. Adicionalmente, el actor no demostró la pertinencia y conducencia de las pruebas para respaldar los argumentos expuestos.
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN – Facultad investigativa y de fiscalización
En ejercicio de la facultad investigativa y de fiscalización, la DIAN está habilitada para adelantar inspecciones –tributarias y contables– y puede pedir la exhibición y examen parcial o general de libros de contabilidad y demás documentos privados, con el objeto de establecer la existencia de hechos sancionables, facultad que está prevista en el artículo 779 del Estatuto Tributario, y que se deriva de la Constitución Política, cuyo Artículo 15 consagra: “Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados, “en los términos que señale la ley”. A juicio de la Sala, la actuación de la DIAN no constituye una extralimitación en el ejercicio de las funciones de la entidad ni resulta violatoria de los derechos fundamentales del demandante. En cuanto al argumento encaminado a que la DIAN no está facultada para para practicar pruebas y luego esconderlas para cumplir sus metas de recaudo, con violación de las garantías fundamentales, la Sala considera que esa apreciación del demandante no encuentra respaldo, en la medida en que el actor no dijo qué pruebas fueron practicadas y luego ocultadas y qué hechos pretendía desvirtuar con las mismas. Se trata, a juicio de la Sala, de una afirmación ligera y sin ninguna clase de sustento jurídico.
SANCIÓN POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO – Tasación de la multa / SANCIÓN POR INFRACCIÓN AL RÉGIMEN CAMBIARIO – Graduación / RESPONSABILIDAD EN RÉGIMEN CAMBIARIO – Es objetiva
[C]uando el legislador establece tarifas fijas para tasar las multas, no es pertinente que la entidad competente para imponerlas las gradúe si el legislador no estableció parámetros para el efecto. De la norma citada se aprecia que el legislador tasó la multa en el 100% del monto de la operación y, por tanto, la entidad demandada no estaba facultada para graduar la sanción. Por otra parte, conforme lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-010 de 2003, que reiteró lo que se expuso en la sentencia C-599 de 1992, la responsabilidad en materia cambiaria es objetiva y, no obstante que en precedente reciente se ha reconocido que es posible graduar las multas o exonerar de las mismas en caso de que no se configure daño, en el caso del régimen sancionatorio cambiario, admitió que se exonere de la multa, solo en casos de fuerza mayor.
NOTA DE RELATORÍA: Ver Corte Constitucional, sentencia C-599 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz; y C-010 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 371 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 372 / DECRETO 1092 DE 1996 – ARTÍCULO 2 / DECRETO 1092 DE 1996 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 1074 DE 1999 – ARTÍCULO 779 / DECRETO REGLAMENTARIO 1271 DE 1993 – ARTÍCULO 3 / DECRETO 2116 – ARTÍULO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-24-000-2012-00631-01
Actor: LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ RUEDA
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho – Fallo de Segunda Instancia
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el demandante, Luis Eduardo Hernández Rueda, contra la sentencia del 28 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, que (i) declaró no probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la DIAN y (ii) denegó las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra la DIAN.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
Luis Eduardo Hernández Rueda, por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante C.C.A., presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución No. 1125 del 8 de agosto de 2011, expedida por División de Liquidación de Aduanas de Bogotá, por medio de la que se le impuso una sanción de COP$485.746.162 por el ejercicio irregular de la actividad cambiaria.
Al respecto formuló las siguientes pretensiones:
“Primero. Declarar la nulidad de la Resolución 1125 de fecha 8 de agosto de 2011 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, mediante la cual se impuso una sanción al señor LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ RUEDA por la suma de $485.746.162.00, por violación al artículo 75 de la Resolución 8 de fecha 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás normas concordantes.
Segundo. A título de restablecimiento se ordene la devolución de las divisas y dineros incautados al señor LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ RUEDA, junto con la indexación correspondiente, en virtud de que el citado señor no ha cometido infracción cambiaria alguna.
Tercero. Condenar en costas y perjuicios a la parte demandada.”
1.2. En apoyo de sus pretensiones, el actor señaló, en síntesis, los siguientes hechos:
Expuso que el 20 de octubre de 2010, de forma desprevenida, dos jóvenes ingresaron a su oficina y preguntaron por dólares para la venta. Que, en respuesta, advirtió que no los tenía pero que los podía ayudar a conseguir. A continuación, entregó una tarjeta.
Dijo que, posteriormente se hicieron presentes en el mismo lugar dos personas que también preguntaron por la suma de US$2.000 para la venta, solicitud a la que el demandante respondió lo mismo que en el caso anterior.
Adujo que, a través de un amigo que labora en el mercado de la compra y venta de divisas, consiguió los U$2.000 dólares requeridos y los entregó a los peticionarios, quienes al recibir el dinero se presentaron como funcionarios de la DIAN, suscribieron un auto comisorio, allanaron la oficina del demandante y decomisaron los U$2.000, que supuestamente necesitaban, más U$290 que el actor tenía en su poder en billetes de bajas denominaciones, junto con algunos euros.
Manifestó que, sin permitirle hablar o sin interrogarle, fue despojado de la suma de COP$68.000.000, que tenía guardados en un cajón de su escritorio, de los que solo se relacionaron COP$49.548.000.
Dijo que, el 21 de febrero de 2011, la DIAN formuló el Pliego de Cargos No. 1-03-248-429-301-40, por la presunta violación del artículo 75 de la Resolución 8 del 5 de mayo de 2000, proferida por la Junta Directiva del Banco de la República, por la compra y venta de divisas dentro del país, de manera profesional y le propuso una sanción de COP$485.746.126 de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1092 de 1996.
Que, en el término otorgado, el demandante descorrió el traslado de los cargos propuestos por la DIAN y manifestó que nunca ha sido profesional de cambios ni ha ejercido dicha actividad, como lo sostiene la DIAN en los actos acusados. Que también pidió la devolución del dinero decomisado por los funcionarios y del que fue efectivamente relacionado en el acta, dinero que advirtió era producto de su trabajo como prestamista y cambista de cheques, así como las divisas en dólares y euros que no le pertenecían.
Sostuvo que, mediante Resolución No.868 del 8 de junio de 2011, la DIAN negó la práctica de unas pruebas solicitadas en la respuesta al pliego de cargos, las que consideró innecesarias, inconvenientes e impertinentes. Que, inconforme, presentó recurso de reposición, que fue negado mediante Resolución No. 1000 del 5 de julio de 2011.
Dijo que la Resolución No. 1125 del 8 de agosto de 2011, la DIAN sancionó al actor por la suma de COP$485.746.162, por violación al artículo 75 de la Resolución 8 del 5 de mayo de 2000.
1.3. La parte actora adujo que los actos demandados violaron los artículos 13, 25, 26, 29 y 121 de la CP; el artículo 3 del Decreto 1092 de 1996 y el artículo 7 de la Ley 9 de 1991.
Como concepto de la violación, presentó dos cargos por transgresión a las normas superiores, por falta de competencia y cuestionó la proporcionalidad de la sanción, los que sustentó de la siguiente manera:
Hizo unas breves consideraciones sobre los derechos a la libertad y a la libre escogencia de profesión u oficio. Luego, adujo que la DIAN vulneró esos derechos, en la medida en que el dinero que le fue decomisado tiene como origen el negocio de cambio de cheques y préstamos, a los que se dedica, y las sumas decomisadas no son producto de actividades ilícitas, sino del ejercicio de su libre profesión, que goza de protección del Estado.
Dijo que la actividad que desarrolla no tiene control ni vigilancia del Estado y advirtió que tampoco están prohibidas la compra y tenencia de divisas del mercado libre de valores para consumo. Que, por lo anterior, compra pequeñas cantidades de monedas, o compra por inversión, las que, dependiendo del precio del mercado, vende también de manera muy esporádica a personas de confianza. Al respecto, sostuvo que la DIAN no tiene argumentos válidos ni pruebas que indiquen que es profesional de cambios y que, por el contrario, ha actuado de buena fe.
Citó las normas que rigen la canalización en el mercado cambiario para concluir que aparece registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá y en la DIAN con la actividad 0090, correspondiente a rentas de capital, por los intereses que gana por el cambio de cheques y préstamos que realiza a personas vecinas del sector, sin que medie siquiera un título valor de respaldo.
A continuación, narró que el pequeño inmueble en el que funciona la oficina allanada es compartido con el señor Armando Díaz, propietario, que, por demás, tiene una empresa de turismo. Dijo que el lugar está abierto al público permanentemente, sin rejas de seguridad, sin cajas fuertes ni personal de seguridad con armas, sin avisos que indiquen que se dedica a la actividad de cambios o divisas, y menos profesionalmente, como mal lo indica la DIAN.
Adujo que, por el contrario, utilizar funcionarios disfrazados para inducir al actor a conseguir moneda extranjera constituye lo que en derecho penal se denomina delito provocado.
Expuso que la lista relacionada en el Cuaderno No. 1, de la que no dejaron constancia en el acta de decomiso los funcionarios de la DIAN, no es de su propiedad, ni fue elaborada por su “acompañante” Juan Martín Quijano. Que esta pertenece a otra persona llamada Jesús Alberto Gélvez Resal, quien de manera ocasional va a su oficina y a quien le suministra dinero, a título de préstamo.
Indicó que la DIAN violó el debido proceso, en la medida en que todas las personas tienen derecho a que se les dé un trato justo y equitativo dentro de un procedimiento, a ser oído y a hacer valer sus pretensiones. Al respecto, dijo que pese a que en el pliego de cargos la DIAN le dijo que podía presentar y solicitar pruebas, lo cierto es que cuando las pidió, la autoridad administrativa las negó.
En relación con la falta de competencia, advirtió que los funcionarios de la DIAN no tienen facultad para allanar el domicilio de cualquier ciudadano, ni para despojarlo de todo su dinero y de unas pequeñas divisas “solo porque accedió a conseguir dólares a unos empleados disfrazados”.
Por lo anterior, indicó que la incautación de divisas y la sanción que le fue impuesta fueron actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, vicios que originan la nulidad de los actos acusados.
2. Admisión de la demanda
Mediante auto del 21 de junio de 2012 (fls. 111-113), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, ordenó la notificación de la parte demandada y del representante del Ministerio Público. A continuación, solicitó a la parte demandada aportar los antecedentes administrativos que dieron origen a los actos sometidos a debate.
3. Contestación
La DIAN se opuso a la prosperidad de las pretensiones y condenas solicitadas por la parte demandante, por las siguientes razones:
En primer lugar presentó la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, en la medida en que el actor no presentó el único recurso procedente contra la resolución No. 1-03-241-433-604-39-0861 del 25 de mayo de 2012, que adicionó lo dispuesto en la resolución sanción, cual era el de reposición.
Hizo un recuento de las normas que rigen la materia cambiaria para concluir que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Resolución No. 03416 del 10 de abril de 2006, en cumplimiento de lo ordenado por el numeral 2 del artículo 75 de la Resolución Externa No. 8 de 2000, para ejercer como profesional en el comercio de divisas, el interesado debe inscribirse previamente en el registro mercantil y en el registro de profesionales que lleva la DIAN.
A continuación, relató la siguiente actuación administrativa, que pretende comprobar que el actor ejerce la actividad de cambista, pues compra y vende monedas de manera habitual, busca obtener lucro de su actividad y lleva control de las operaciones realizadas:
Acta de hecho del 20 de octubre de 2010, en la que se deja constancia que preguntado al señor Hernández Rueda qué actividad desarrolla en el lugar visitado, manifestó “realiza cambio de cheques, compra y venta de piedras preciosas y compra y venta de divisas…”. Acta de hechos que fue suscrita por el propio investigado.
Hecho que es confirmado con lo consignado en el escrito de la demanda, en el que manifiesta (hoja 5) “… pues mi mandante tiene como negocio el cambio de cheques y préstamo de mutuo con interés…” que continuó en la hoja 9, señalando: “…mi mandante en ocasiones esporádicas compra para ahorrar pequeñísimas cantidades de divisas, o compra por inversión… inversiones que dependiendo del precio del mercado vende también de manera muy esporádica a amigos y personas de confianza…”
Se halló tarjeta de presentación (fl. 36) que permite evidenciar que el actor ejerce la actividad de cambios de manera habitual y reiterada, lo cual va en contravía de sus afirmaciones relacionadas con que esporádicamente vende divisas a sus amigos y personas de confianza, pues dentro del giro ordinario de sus negocios se encuentra el cambio de divisas, entre otras, tal como consignó en el acta de hechos suscrita el 20 de octubre de 2010.
Obra dentro del expediente a Fls. 32 a 34, relación de transacciones realizadas, de manera organizada y clara.
Expuso que, con el fin de determinar si el actor era comerciante, consultó la información empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se evidenció que, en efecto, Luis Eduardo Hernández Rueda está matriculado con la actividad económica “servicios de tramitación y compensación de transacciones financieras”. Que también consultó la base de datos GIT de Control a Profesionales de Compra y Venta de Divisas, por nombre y por cédula, consulta de la que se evidenció que no está autorizado como experto o profesional de compra y venta de divisas.
Que, en consecuencia, se configuraron los presupuestos de comisión de la infracción de que trata el literal u) del artículo 1º del Decreto Ley 1074 de 1991, concerniente a la enajenación y adquisición no autorizada de divisas dentro del país de manera profesional, razón por la que la Administración inició la actuación administrativa que culminó con el acto demandado.
Adujo que la entidad no excedió las facultades de fiscalización que le fueron conferidas, en tanto, como se consignó en el acta suscrita el 20 de octubre de 2010, los funcionarios fueron debidamente comisionados para realizar la diligencia de inspección en el inmueble en el que el demandante ejercía su actividad.
Dijo que en dicha visita se preguntó al actor si tenía dólares para la venta, pregunta a la que respondió que sí, que a COP$1.880, por lo que, a continuación procedieron a identificarse como comisionados de la DIAN e iniciaron la diligencia. Agregó que el acta de visita fue suscrita por el demandante, quien no decidió aclararla ni complementarla, de lo que se infiere que lo allí consignado corresponde a la realidad.
Finalmente, dijo que cada una de las monedas nacionales y extranjeras halladas en el lugar fueron retenidas por considerarse producto de la actividad ilegal desarrollada por el demandante y cada una fue relacionada en el acta de retención de divisas con los siguientes datos: número de orden, nombre de la divisa, valor de billete y serie, por lo que mal hace el actor en querer imputar un presunto faltante de dinero, cuando él mismo suscribió la mencionada acta.
Por todo lo anterior, pidió que se denegaran las pretensiones de la demanda.
4. Fundamentos de la sentencia recurrida
Mediante sentencia de 28 de junio de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en Descongestión, declaró no probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por la DIAN y, a continuación, denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en razonamientos que pueden resumirse de la siguiente manera:
En primer lugar, declaró impróspera la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa, previa consideración de que la Resolución No. 1-03-241-433-604-39-0861 del 25 de mayo de 2012 adicionó la resolución sanción acusada, en el sentido de oficiar al Banco de la República para que cancelara los comprobantes de depósito en custodia Nos. 1-10-000290, 1-10-000291 y 1-10-0000292 constituidos el 10 de noviembre de 2010 en favor de la DIAN, se monetizaran las divisas retenidas y se consignara el valor de la multa impuesta en la cuenta del tesoro nacional No. 610-1111-0.
Que, por ende, dicha resolución no obedeció a la presentación de recursos en vía gubernativa, ni modificó el acto acusado en su aspecto sustancial, simplemente adicionó una actuación a lo ya dispuesto, razón por la que no encontraba sustento la excepción presentada por la demandada.
Del caso concreto adujo que no se configuró la violación del debido proceso alegada por el demandante, por cuanto, los funcionarios de la DIAN, previa suscripción del acta de aprehensión de divisas, dieron la oportunidad al demandante de aclarar o complementar lo contenido en ella, a lo que el demandante respondió que no tenía nada que agregar. Que, adicionalmente, al contrastar el dicho del demandante con lo consignado en el acta y lo narrado por los funcionarios de la DIAN, era evidente que el actor hacía transacciones en el mercado cambiario de divisas, para las que no tenía autorización legal, pues se trata de una actividad estrictamente regulada.
De la violación al debido proceso por la denegatoria de unas pruebas pedidas en la respuesta al pliego de cargos, el Tribunal señaló que las solicitadas (un examen grafológico para determinar que la letra manuscrita a que hace referencia el cuadro 1. no correspondía al actor, el testimonio de los señores Juan Martín Quijano Díaz, Carol Mireya González Campos y Julio Ernesto Cristancho Pinzón para que explicaran las circunstancias en que fueron retenidas las divisas, y dieran claridad sobre los hechos que originaron la actuación de la DIAN) fueron negadas por la DIAN, previa justificación de su inconducencia, impertinencia e innecesaridad.
A continuación, el Tribunal sostuvo que el demandante presentó recurso de reposición contra la decisión que negó la práctica de las pruebas, el que fue negado, pero no volvió a solicitarlas ante el contencioso, con lo que hizo imposible que el juez determinara si las fuentes pedidas podían exculpar al actor de la conducta infractora.
Al revisar las normas que regulan el mercado cambiario y confrontarlas con los hechos narrados y las pruebas aportadas al expediente, el Tribunal consideró que era evidente que el demandante ejercía la actividad de cambiar divisas sin estar autorizado para ello.
Por lo anterior, dijo que no le asistía razón al demandante, en la medida en que el acto administrativo demandado estuvo sustentado en hechos reales y en pruebas que dieron cuenta de la comisión de la infracción al régimen cambiario por parte del demandante.
5. Recurso de apelación
El demandante insistió en los argumentos propuestos con la demanda. Dijo en que la resolución que lo sancionó por la comisión de una infracción al régimen cambiario se dictó con violación a los derechos a la libertad, a la libertad para escoger profesión u oficio y al debido proceso, en la medida en que en el expediente no existe prueba de que ejerce como profesional de cambios, como mal lo advierte la DIAN.
Reiteró que si bien algunos funcionarios de la DIAN tienen función de policía judicial, esta debe estar autorizada por la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo reglado por los artículos 312 y 313 del CPP, en armonía con lo dispuesto en el Decreto 1071 de 1999, autorización que no aparece en el expediente. Que tampoco existe argumento constitucional que faculte a la DIAN para practicar pruebas y luego esconderlas para cumplir sus metas, especialmente de recaudo, con violación de las garantías fundamentales.
Repitió que disfrazar a los funcionarios de la DIAN para inducir en error al actor configura lo que se conoce en derecho penal como delito provocado.
Adujo que durante la diligencia de incautación y expropiación del patrimonio del actor no se hizo indagación legal alguna, no le tomaron declaración al demandante ni le recibieron el testimonio, ni le indicaron la garantía constitucional de no auto incriminarse o de guardar silencio.
Manifestó que la relación en fotocopia, que aparece en el cuadro 1. de billetes de diferentes denominaciones y monedas del mundo no le pertenecen (pues son propiedad de Jesús Alberto Gélvez Real) y que fue por esa razón que no fue decomisada por la DIAN.
Dijo que si en gracia de discusión se aceptara que el actor efectuó esa serie de transacciones, estas no están prohibidas por el mercado cambiario, razón por la que la sanción es expropiatoria y confiscatoria.
Adujo que el Tribunal acogió erradamente el concepto del Ministerio Público, que confundió la inscripción de la persona natural comerciante en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, con un establecimiento de comercio de propiedad del demandante, que, por demás, no existe, pues no está registrado. Agregó que el demandante se inscribió en la mencionada Cámara de Comercio para una sola actividad, la de préstamo de dinero y cambio de cheques, que corresponde al Código General o por Sectores de la Cámara, denominado “Servicios de tramitación y compensación de transacciones financieras”, de los que no es posible concluir que corresponden a compra y venta de divisas.
Que a lo anterior se suma que el código de actividad con el que aparece registrado en la DIAN es el 0090, rentista de capital, y es rentista de capital el que hace préstamos de mutuo con interés, que es la que ejerce el demandante.
Indicó que el monto de la sanción impuesta al demandante (COP$485.746.162) es demasiado alto para un ciudadano que ni siquiera tiene vivienda propia, y que el mismo fue tasado o cuantificado sobre unas supuestas transacciones relacionadas en unas fotocopias, a las que le dieron calidad de pruebas. Que, en consecuencia, la sanción impuesta al demandante vulnera los principios de razonabilidad, proporcionalidad y justicia.
Manifestó que “mal puede el tribunal exigir que se debió en el proceso administrativo solicitar las mismas pruebas solicitadas en vía gubernativa, pues como se indicó los actos se profirieron con violación a los derechos fundamentales y como tal ni siquiera se debe intentar apreciarlas, porque tanto el acto administrativo como el proceso mismo son nulos de pleno derecho.”
Finalmente, dijo que si bien la responsabilidad derivada de la infracción al régimen cambiario es objetiva, su determinación no debe efectuarse con violación a los derechos fundamentales, además, porque con su actuación, el demandante no ha causado daño alguno al Estado.
Por todo lo anterior, pidió que se revocara la decisión de primera instancia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso propuesto por la sociedad demandante fue admitido por la Sección Primera de esta Corporación, mediante auto del 23 de septiembre de 2013 (fl. 4 cdno apel).
7. Alegatos de segunda instancia
7.1. De la parte demandada, DIAN
En escrito del 26 de noviembre de 2013 (fls. 8 a 11 cdno apel), la DIAN pidió que se confirmara la decisión de la primera instancia, por estar plenamente ajustada a derecho.
7.2. De la parte demandante
Mediante escrito del 26 de noviembre de 2013 (fls. 26 a 32 cdno apel), el apoderado del demandante reiteró, en su totalidad, los argumentos expuestos en el escrito de apelación.
8. Concepto del agente del Ministerio Público en segunda instancia
En esta etapa procesal la Agencia del Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, en los términos del artículo 129 del C.C.A., en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión No. 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.
2. Acto demandado
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución No. 1125 del 8 de agosto de 2011, expedida por División de Liquidación de Aduanas de Bogotá, por medio de la que se le impuso una sanción de COP$ 485.746.162 al señor Luis Eduardo Hernández Rueda por el ejercicio irregular de la actividad cambiaria.
3. Delimitación de la litis
Corresponde a la Sala determinar si debe modificar, confirmar o revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda interpuesta por Luis Eduardo Hernández Rueda.
Concretamente, la Sala establecerá si los actos acusados vulneraron las normas en que deberían fundarse, en particular, el debido proceso del demandante y fueron dictados sin competencia.
4. Del régimen cambiario y la competencia de la DIAN en la materia.
Por mandato de los artículos 371 y 372 de la Constitución Política y de la Ley 31 de 1992, a la Junta Directiva del Banco de la República le corresponde regular los cambios internacionales.
Para el cumplimiento de esa función se expidió la Resolución 21 de 1993. Posteriormente, la Junta Directiva del Banco de la República profirió la Resolución 8 de 2000, que compiló el régimen de cambios internacionales y derogó la Resolución 21 de 1993. La Resolución Externa 8 de 2000 ha sido modificada parcialmente, entre otras, por las resoluciones externas 3 de 2002 y 1 y 5 de 2003.
La Resolución Externa 8 y todas las normas que la han modificado conforman el régimen de cambios internacionales, que contiene el conjunto de obligaciones, prohibiciones y deberes exigibles a las personas sometidas a dicho régimen. Precisamente, el desconocimiento de esos deberes y obligaciones constituye la infracción cambiaria. (Subraya la Sala)
De otra parte, el artículo 32 de la Ley 9 de 1991 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de un año, para que, entre otras cosas, reestructurara la Superintendencia de Control de Cambios y definiera el régimen sancionatorio de las infracciones al régimen cambiario.
En ejercicio de esas facultades se expidió el Decreto Ley 1746 de 1991, que definió el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la Superintendencia de Cambios, que era la autoridad encargada de establecer la comisión de infracciones cambiarias e imponer las sanciones correspondientes.
El artículo 3º del Decreto 2116 de 1992 suprimió la Superintendencia de Cambios y distribuyó las funciones que cumplía entre la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Bancaria y la DIAN.
A la DIAN, el artículo 3º del Decreto 2116 mencionado, le asignó competencia para ejercer el control y vigilancia del cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las operaciones de comercio y financiación de importaciones.
Por su parte, el artículo 3 del Decreto Reglamentario 1271 de 1993 precisó las funciones de la DIAN en materia cambiaria, funciones que estaban relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las operaciones de comercio exterior y financiación de importaciones y exportaciones. En esa misma norma, se otorgó, además, competencia a la DIAN para continuar hasta su terminación definitiva con las actuaciones que, por mandato legal, no eran de competencia de la Superintendencia de Cambios y que no fueron asignadas a otras entidades.
Adicionalmente, el Decreto 1071 de 1999, en concreto, estableció que en materia cambiaria correspondía a la DIAN ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos relacionados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobre facturación de tales operaciones (artículos 5, 12, 18,19 y 23).
Las operaciones a que se refieren los Decretos 2116 de 1992 y 1271 de 1993 están establecidas en el Decreto 1092 de 1996, modificado por el Decreto 1074 de 1999, éste último expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República en el artículo 93 de la Ley 488 de 1998.
El artículo 2 del Decreto 1092 de 1996, por su parte, define la infracción cambiaria como una “contravención administrativa de las disposiciones constitutivas del Régimen de Cambios vigentes al momento de la transgresión, a la cual corresponde una sanción cuyas finalidades son el cumplimiento de tales disposiciones y la protección del orden público económico”.
A su turno, el numeral 2 del artículo 75 de la resolución Externa No. 8 del 5 de mayo de 2000 dispone:
“ARTÍCULO 75. Prohibición.
(…)
Profesionales de compra y venta de divisas: Los residentes en el país podrán comprar y vender de manera profesional divisas y cheques de viajero, previa inscripción en el registro mercantil y en el registro de profesionales de compra y venta de divisas que establezca la DIAN conforme a los requisitos que señale la entidad.
Dicha autorización no incluye ofrecer personalmente, ni directa ni indirectamente, servicios tales como negociación de cheques o títulos en divisas, pagos, giros, remesas internacionales ni ningún servicio de canalización a través del mercado cambiario a favor de terceros. Los residentes en el país no podrán anunciarse ni utilizar denominación alguna que dé a entender que tienen la calidad de casas de cambio.”
En consonancia con la norma anterior, el artículo 1 de la Resolución 03416 del 10 de abril de 2006 de la DIAN, establece:
“Artículo Primero: Los residentes en el país, en forma previa al ejercicio de la actividad profesional de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, deberán obtener de la Administración de Impuestos y Aduanas competente para ejercer el control cambiario en el territorio correspondiente al domicilio principal del solicitante, la autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se señalan en la presente resolución.”
Finalmente, el literal u) del artículo 1º del Decreto 1074 de 1999 establece el procedimiento administrativo sancionatorio en el ámbito de operaciones cuyo control y vigilancia ha sido encomendado a la DIAN. Dicho artículo dispone:
“ARTÍCULO 1o. El artículo 3º del Decreto-ley 1092 de 1996 quedará así:
"Artículo 3o. Sanción. Las personas naturales o jurídicas y entidades que infrinjan el Régimen Cambiario en operaciones cuya vigilancia y control sea de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, serán sancionadas con la imposición de multa que se liquidará de la siguiente forma:
(…)
u) Por la compra, venta o transferencia no autorizada de divisas o de títulos representativos de las mismas dentro del país de manera profesional o con la utilización de medios de publicidad, se impondrá una multa del ciento por ciento del monto de la operación.” (Se destaca).
5. Caso concreto
5.1. Hechos probados
Mediante Autos Comisorios Nos. 03-248-429-200 y 03-248-429-202 del 20 de octubre de 2010, la Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control a Profesionales de Compra y Venta de Divisas de la División de Gestión de Control Cambiario comisionó a unos funcionarios para realizar visita administrativa al señor Luis Eduardo Hernández Rueda, con el objeto de ejercer inspección, vigilancia y control sobre las personas naturales o jurídicas que pudieran estar ejerciendo sin autorización legal la actividad de compra y venta de divisas y cheques de viajero (fls. 2 y 3 cdno pruebas).
En la misma fecha, los funcionarios suscribieron la correspondiente acta de hechos, en la que relataron los hechos acontecidos durante la visita y los documentos encontrados (fls. 4 a 34)
Mediante oficio No. 1-03-248-249-2521 del 21 de octubre de 2010 solicitó al Departamento de Tesorería del Banco de la República que constituyera el comprobante de depósito en custodia correspondiente al dinero encontrado al investigado (fls. 37 y 38), los que fueron constituidos el 10 de noviembre de 2010 (fls. 45 a 48).
Mediante Pliego de Cargos No. 1-03-248-429-301-40-0625 del 21 de febrero de 2011, la administración le formuló cargos al actor, por la presunta infracción al régimen de cambios (fls. 58 a 65), respondido por el señor Hernández Rueda el 20 de abril de 2011. En dicho escrito, el demandante solicitó las siguientes pruebas:
“Dictamen grafológico.
Solicito la práctica de un dictamen grafológico, con el fin de determinar que la letra o manuscrito a que hace referencia el cuaderno No. 1, no corresponde ni a mí ni al señor Juan Martín Quijano Díaz, que es la única persona que trabaja en mi oficina y que estuvo presente en la diligencia.
Testimonios:
Ruego se sirva fijar fecha y hora para que (sic) recepcionar el testimonio del señor Juan Martín Quijano Díaz, varón casado, mayor de edad, (…), para que deponga sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar cómo se desarrolló el acta con la cual se me despojó de mi dinero.
Sírvase fijar fecha y hora para recepcionar el testimonio del señor Jesús Alberto Gelves Real, varón casado, mayor de edad, a quien se le puede citar a través de mi oficina y llamar al celular 3118861873. El objeto de esta prueba es demostrar que la relación a que alude el Cuaderno No. 1 no es de mi propiedad ni corresponde a transacciones efectuadas por el suscrito ni en mi oficina, ni el contenido escrito en ellas es de mi puño y letra.
Interrogatorio.
Sírvase ordenar la práctica de un interrogatorio o declaración de parte a los señores Carol Mireya González Campos y Julio Ernesto Cristancho Pinzón, para que con la presencia de apoderado que oportunamente nombraré los interrogue sobre los hechos afirmados en este escrito así como sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos a que hace referencia el acta de fecha 20 de octubre del año 2010.”
El 8 de junio de 2011, la DIAN expidió el Auto No. 0868, por el cual se deniega la práctica de unas pruebas, en el que se manifestó:
“Con relación a la práctica de las pruebas solicitadas por el investigado, este despacho las considera innecesarias, si se tiene en cuenta que las mismas no desvirtúan los cargos propuestos, toda vez, que todo el material probatorio fue recaudado en debida forma, de conformidad con las facultades señaladas en el literal b) del artículo 8 del Decreto 1902 de 1992, el cual prevé:
(…)
Se tiene que a la luz del literal b) del artículo 8 del Decreto 1902 de 1996, los funcionarios comisionados mediante auto comisorio para practicar la visita, detectaron elementos que indican el monto de las transacciones realizadas consistentes en compra y venta de divisas, las cuales se encuentran detalladas en un libro hallado en su establecimiento, el cual examinaron de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley, del cual se obtuvo copia, motivo por el cual este despacho no considera necesario practicar la prueba grafológica solicitada por el investigado, pues el elemento probatorio esencial, como ya se dijo, se encontraba dentro del establecimiento.
Con relación a los testimonios solicitados se consideran igualmente innecesarios toda vez que estos no aportarían nada adicional a lo consignado en el Acta que obra a folio 4 del expediente, la cual se realizó en presencia del investigado y los funcionarios comisionados por la División de Gestión Control Cambiario consignaron lo sucedido durante el desarrollo en la visita, informándole que le asistía el derecho de aclarar o complementar cualquier acápite de los incluidos en el acta, a lo cual manifestó que no tenía nada que agregar.
(…)”
Contra la anterior decisión, el demandante presentó recurso de reposición (fls. 89 y 90), resuelto mediante Resolución No. 1000 del 5 de julio de 2011.
El 8 de agosto de 2011, la DIAN impuso una sanción cambiaria al actor, en la suma de COP$485.746.162, por violación al artículo 75 de la Resolución No. 8 del 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, por la venta no autorizada de divisas dentro del país de manera profesional, de acuerdo con los cuadros Nos. 1 y 2 del Pliego de Cargos. Contra dicha resolución procedía el recurso de reposición, que no fue ejercido por el actor.
A continuación la Sala estudiará los cargos por violación a las normas superiores, en particular al debido proceso, y por falta de competencia, atribuidos al acto administrativo acusado.
5.2. Motivos de inconformidad del demandante
5.2.1. De la violación las normas superiores.
En el caso concreto, el demandante consideró que la violación a la norma superior se encuentra configurada por la transgresión del artículo 29 de la CP –debido proceso- así como de los artículos 13 y 25 de la misma norma superior, en la medida en que la DIAN no le dio la oportunidad de oponerse a lo consignado en el acta de visita del 20 de octubre de 2010, por no permitirle la práctica de la inspección grafológica que probaría que los valores relacionados en el Cuaderno No. 1 no le pertenecían y los testimonios que darían cuenta de los reales hechos acaecidos el día de la visita.
Más que una violación a la norma superior en que debió fundarse el acto administrativo, la Sala advierte que el vicio atribuido al acto demandado es el de la expedición irregular, originado en la violación del debido proceso en la modalidad de defensa y contradicción del demandante.
Sobre el particular, la Sala considera que, en efecto, en el ámbito de la actuación administrativa, resulta aplicable el principio constitucional y derecho fundamental al debido proceso (art. 29), garantía necesaria para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.
Según el artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
El derecho al juez natural o funcionario competente.
El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa.
Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.
Conviene precisar que no toda irregularidad constituye casual de invalidez de los actos administrativos. Para que prospere la causal de nulidad por expedición irregular es necesario que la irregularidad sea grave pues, en principio, en virtud del principio de eficacia, hay irregularidades que pueden sanearse por la propia administración, o entenderse saneadas, si no fueron alegadas. Esto, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
Adicional a todo lo dicho, para que se configure la violación al derecho fundamental al debido proceso también es menester que se haya afectado de manera relevante alguna de las garantías que componen ese derecho, esto es, el núcleo esencial de ese derecho, esto es: juez natural, defensa o forma.
Descendiendo al caso concreto, la Sala considera que la violación al debido proceso del actor no se configuró, pues este tuvo la oportunidad de oponerse a todas las actuaciones que consideró contrarias a sus intereses y de controvertir todos los argumentos expuestos por la DIAN desde que se realizó la visita en las instalaciones ubicadas en la Carrera 6 No. 14-48 de Bogotá, dirección en la que se encontraba la oficina del demandante, hasta que se expidió la resolución sanción materia de demanda. Prueba de ello son los escritos de petición, recursos y memoriales presentados a la Administración en el transcurso de la actuación.
Ahora bien, pese a que en sede administrativa la DIAN denegó la práctica de los interrogatorios, testimonios y dictámenes grafológicos pedidos por el demandante, lo cierto es que dicha negativa se justificó válidamente, en la medida en que las pruebas pedidas no conducían a desvirtuar que el demandante ejercía la actividad de cambio de divisas, sin contar con la autorización de la DIAN. Adicionalmente, el actor no demostró la pertinencia y conducencia de las pruebas para respaldar los argumentos expuestos.
No obstante lo anterior, la Sala advierte que si el demandante consideraba que los montos registrados en los anexos al acta de visita –tantas veces mencionada- no le pertenecían, debió solicitar las pruebas en sede judicial, con el objeto de que el juez evaluara la necesidad, la conducencia y la pertinencia que resultaron extrañas a la DIAN en el procedimiento administrativo.
En todo caso, la Sala considera que los argumentos del demandante no han logrado desvirtuar que, en efecto, no ejerce la actividad profesional de compra y venta de dividas, pues las pruebas que aparecen en el expediente dicen lo contrario.
Por ejemplo, en la mencionada visita la DIAN dejó constancia de los siguientes hechos:
“Una vez ubicada la dirección antes mencionada, se pregunta al señor Luis Eduardo si tiene divisas dólares para la venta a lo cual respondió que sí y nos dijo que los tenía a $1.880, que cuántos dólares necesitaba, se le informó que éramos funcionarios de la DIAN y procedimos a notificar el Auto Comisorio y a solicitar pusiera a disposición las divisas y la moneda colombiana que tuviera en el lugar, el procedió a disponer las divisas y pesos colombianos relacionados en las actas anexas. Se le preguntó qué actividad desarrollaba en el lugar visitado a lo que el señor Luis Eduardo nos informó que realizaba cambio de cheques, compra y venta de piedras preciosas y compra y venta de divisas, a continuación se relacionan con seriales y denominaciones en las actas de retención de divisas adjuntas: (…). Se notificó el auto comisorio 200 del 20/10/2010, durante la tarde el señor Luis Eduardo recibió llamadas telefónicas en las que se le escuchó decir que hoy no estaba negociando porque tenía visita de la DIAN, se encontró una carpeta con documentos de las cuales se anexa fotocopia y se le preguntó a qué correspondían: son listas de monedas del mundo. Se anexa tarjeta de presentación, se deja constancia de que no se vulneró ningún derecho. A continuación se indica al Luis Eduardo Hernández que le asiste el derecho de aclarar o complementar cualquier acápite de los incluidos en la presente acta, a lo cual contestó: nada que agregar.” (Subraya la Sala).
A lo anterior se suma que en el folio 36, aparece una tarjeta de presentación del actor, con los siguientes datos consignados:
Adicionalmente, el propio demandante, en los hechos narrados y en los argumentos expuestos tanto en la demanda, como en el recurso de apelación y los alegatos de conclusión, admite que “compra pequeñas cantidades de divisas, o compra por inversión, las que, dependiendo del precio del mercado, vende también de manera muy esporádica a personas de confianza” sin tener autorización legal para hacerlo, circunstancias que, a juicio de la Sala, son constitutivas de la infracción al régimen cambiario contemplada en el artículo 75 de la Resolución 8 del 5 de mayo de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República. Cantidades que, como se advirtió en las pruebas que aparecen en el expediente, ascendían a la suma de COP$485.746.162, de acuerdo con las divisas, el dinero en efectivo y los documentos hallados en la oficina allanada (Ver folios 59 a 63 del cdno antec).
Por todo lo anterior, la Sala considera que no se configuró el cargo por expedición irregular, por violación al debido proceso del demandante.
5.2.2. De la falta de competencia de la DIAN
El actor alegó que la DIAN no tenía competencia para proferir las sanciones en cuestión, habida cuenta de que si bien algunos funcionarios de la DIAN pueden ejercer como policía judicial, esta debe estar autorizada por la Fiscalía General de la Nación, conforme lo reglado por los artículos 312 y 313 del CPP, en armonía con lo dispuesto en el Decreto 1071 de 1999, autorización que no aparece en el expediente.
A juicio de la Sala, las facultades de la DIAN para ejercer la vigilancia y control de las actividades pertenecientes al régimen cambiario no necesitan autorización de la Fiscalía General de la Nación, pues estas encuentran respaldo en el Decreto 1071 de 1999, que le confiere potestades a dicha entidad para adelantar las investigaciones tendientes a determinar si el actor ejercía, sin autorización, el oficio de compra y venta de divisas y para investigar porqué se encontró cierta cantidad de divisas y de dinero en efectivo en la oficina del demandante, así como una relación extensa de montos en moneda de diversas nacionalidades, que fue anexada al expediente (fls. 32 a 34), sin un control por parte de la autoridad cambiaria.
En ejercicio de la facultad investigativa y de fiscalización, la DIAN está habilitada para adelantar inspecciones –tributarias y contables– y puede pedir la exhibición y examen parcial o general de libros de contabilidad y demás documentos privados, con el objeto de establecer la existencia de hechos sancionables, facultad que está prevista en el artículo 779 del Estatuto Tributario, y que se deriva de la Constitución Política, cuyo Artículo 15 consagra:
“Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados, “en los términos que señale la ley”.
A juicio de la Sala, la actuación de la DIAN no constituye una extralimitación en el ejercicio de las funciones de la entidad ni resulta violatoria de los derechos fundamentales del demandante.
En cuanto al argumento encaminado a que la DIAN no está facultada para para practicar pruebas y luego esconderlas para cumplir sus metas de recaudo, con violación de las garantías fundamentales, la Sala considera que esa apreciación del demandante no encuentra respaldo, en la medida en que el actor no dijo qué pruebas fueron practicadas y luego ocultadas y qué hechos pretendía desvirtuar con las mismas. Se trata, a juicio de la Sala, de una afirmación ligera y sin ninguna clase de sustento jurídico.
En consonancia con lo expuesto, la conducta que mereció la sanción al demandante está consagrada en el numeral 2 del artículo 75 de la Resolución 8 de 2000, que prohíbe el ejercicio de la actividad profesional de compra y venta de divisas sin la respectiva inscripción en el registro de profesionales que lleva la DIAN.
Según esa norma, los residentes del país que se dediquen profesionalmente a la compra venta de divisas deberán inscribirse en el registro mercantil y en el registro de profesionales de compra y venta de divisas que establezca la DIAN, conforme a los requisitos y condiciones que señale la entidad, hecho que no logró probar el demandante a lo largo del procedimiento administrativo y del proceso judicial y que justifica la sanción que le fue impuesta.
A continuación la Sala estudiará el cargo tendiente a controvertir la proporcionalidad de la sanción impuesta.
5.2.3. De la proporcionalidad de la sanción.
El demandante sostuvo que el monto de la sanción impuesta es demasiado alto para un ciudadano que ni siquiera tiene vivienda propia. Agregó que el mismo fue tasado o cuantificado sobre unas supuestas transacciones relacionadas en unas fotocopias, a las que le dieron calidad de pruebas y que, en consecuencia, la sanción impuesta vulnera los principios de razonabilidad, proporcionalidad y justicia.
Como se advirtió en el acápite anterior, del acervo probatorio que obra en el expediente no fue posible determinar que, en efecto, el actor no ejercía de forma profesional la actividad de cambio de divisas. Es más, la parte actora justificó tal omisión con el argumento de que las operaciones que dieron lugar a la sanción se ejecutaban de forma esporádica y en pequeños montos y que, al no ejercerse de forma profesional, no requería permiso de la DIAN.
Ahora bien, conforme con el acto administrativo demandado, al demandante se le impuso la sanción prevista en el literal u) del artículo 3 del Decreto 1092 de 1996, por la compra y venta de divisas de manera profesional sin autorización de la DIAN que dispone:
“u) Por la compra, venta o transferencia no autorizada de divisas o de títulos representativos de las mismas dentro del país de manera profesional o con la utilización de medios de publicidad, se impondrá una multa del ciento por ciento del monto de la operación.”
En cuanto a que la sanción es desproporcionada, precisa la Sala que cuando el legislador establece tarifas fijas para tasar las multas, no es pertinente que la entidad competente para imponerlas las gradúe si el legislador no estableció parámetros para el efecto.
De la norma citada se aprecia que el legislador tasó la multa en el 100% del monto de la operación y, por tanto, la entidad demandada no estaba facultada para graduar la sanción.
Por otra parte, conforme lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-010 de 2003, que reiteró lo que se expuso en la sentencia C-599 de 1992, la responsabilidad en materia cambiaria es objetiva y, no obstante que en precedente reciente se ha reconocido que es posible graduar las multas o exonerar de las mismas en caso de que no se configure daño, en el caso del régimen sancionatorio cambiario, admitió que se exonere de la multa, solo en casos de fuerza mayor.
Al respecto, dijo la Corte:
“(…) se explicó ampliamente que el régimen de cambios si bien implica la imposición de sanciones económicas de contenido fiscal no puede ser confundido con el régimen penal ordinario, pues está claro que las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico no son todas de naturaleza punitiva o penal de modo que de llegar ellas a fundarse sobre los mismos hechos no suponen vulneración al principio del non bis in idem. Además precisó la Corte que el régimen penal ordinario busca la protección de bienes jurídicos de interés social mediante la tipificación de conducta punibles que merecen sanción sobre la libertad de los individuos que las cometen, advirtiendo que la diferencia entre uno y otro ámbito de responsabilidad por la conducta sancionable también se fundamenta en altos cometidos de orden constitucional contenidos en principios, fines y valores como son la justicia, el bienestar colectivo, y particularmente el desarrollo y el orden económico y fiscal. Así mismo según lo expuesto en la referida Sentencia C-599 de 1992, la garantía consagrada en el artículo 29 de la Carta no significa que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las actuaciones administrativas o judiciales de naturaleza sancionatoria, sino que en las mismas exista un proceso debido que impida la arbitrariedad haciendo prevalecer los principios y los derechos que reconoce la Constitución. De otra parte, en relación con la posible vulneración de la presunción de inocencia en el citado pronunciamiento se dijo que la misma es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, de modo que ocurrido el hecho constitutivo de la infracción al régimen cambiario no opera ipso iure la imposición de la respectiva sanción, sino que es necesario que la administración formule previamente cargos a los infractores por los hechos investigados si se considera que efectivamente se ha presentado tal violación, para lo cual de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1092 de 1996 debe expedir un acto administrativo motivado en el cual se haga una relación de los hechos constitutivos de las posibles infracciones cambiarias, las pruebas allegadas, las normas que se estiman trasgredidas, el análisis de las operaciones investigadas frente a disposiciones aplicables y una liquidación en moneda legal colombiana de las operaciones objeto de los cargos, a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha de ocurrencia de los hechos. Del pliego de cargos se le dará traslado al infractor para que presente los descargos que considere pertinentes, pudiendo solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetarlas según el caso, para lo cual se pondrá el expediente a su disposición. Surtida esta actuación la administración expide la resolución sancionatoria imponiendo la multa o, en dado caso, dictará resolución de terminación si no existe mérito para formular cargos o imponer sanciones. Otro de los motivos invocados por el Procurador para solicitar el cambio de la jurisprudencia plasmada en la Sentencia C-599 de 1992 consiste en que esta providencia resulta contraria a la jurisprudencia constitucional posterior, a la doctrina nacional en materia de aplicación del debido proceso en procedimientos sancionatorios, y además a la larga tradición garantista doctrinal, jurisprudencial y normativa sobre la materia. No comparte la Corte la anterior apreciación del Procurador, pues esta Corporación ha aceptado la responsabilidad objetiva de manera excepcional para el régimen cambiario y así lo ha venido reiterando, tal como se verá a continuación. A partir de la Sentencia C-690 de 1996, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, si bien se aceptó la aplicación del principio de culpabilidad en materia tributaria cuando se ha incumplido con el deber de presentar personalmente la declaración de impuestos, también se reconoció la excepcionalidad de la responsabilidad objetiva en ciertos campos del derecho administrativo como el régimen de cambios, reiterándose la doctrina contenida en la Sentencia C-599 de 1992 y advirtiendo que los principios del derecho penal se aplican con ciertos matices a todas las formas de actividad sancionadora del Estado. En Sentencia C-506 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte si bien toleró la disminución de la actividad probatoria de la administración encaminada a probar la culpa del sancionado que en materia de aplicación de sanciones tributarias y sin llegar a aceptar la responsabilidad objetiva, nuevamente reiteró la aceptación excepcional de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria cambiaria. Posteriormente en Sentencia C-616 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se reiteró que “la Corte Constitucional en materia de sanciones administrativas ha aceptado solo de manera excepcional, atendiendo a las especificidades de cada caso, la constitucionalidad de la responsabilidad objetiva”. En dicho pronunciamiento la Corte consideró que la exequibilidad de la responsabilidad objetiva en algunos campos del derecho sancionador debe ser objeto de estudio por parte de esta Corporación en cada caso de acuerdo con las características propias de la norma que se juzga, señalando que como la imposición de sanciones por responsabilidad objetiva es de carácter excepcional en el régimen constitucional colombiano por ello se encuentra sujeta a estos requisitos: (i) que carezcan de la naturaleza de sanciones que la doctrina[2] llama 'rescisorias', es decir, de sanciones que comprometen de manera específica el ejercicio de derechos y afectan de manera directa o indirecta a terceros; (ii) que tengan un carácter meramente monetario; y (iii) que sean de menor entidad en términos absolutos (tal como sucede en el caso de las sanciones de tránsito) o en términos relativos (tal como sucede en el régimen cambiario donde la sanción corresponde a un porcentaje del monto de la infracción o en el caso del decomiso en el que la afectación se limita exclusivamente a la propiedad sobre el bien cuya permanencia en el territorio es contraria a las normas aduaneras). Fue así como bajo estos supuestos en la citada providencia la Corte consideró que la sanción de cierre de establecimiento consignada en la norma acusada no llenaba los requisitos anteriormente mencionados pues comprometía de manera específica el ejercicio del derecho al trabajo y de la libertad de empresa no sólo por parte del sancionado sino eventualmente de quienes laboran en el establecimiento o tienen relaciones comerciales legítimas con éste; igualmente no tenía un carácter meramente monetario, como sucede con las multas y la duración del cierre podía llegar a ser suficientemente prolongada como para que la sanción no fuera considerada de menor entidad. El anterior recorrido jurisprudencial pone de manifiesto que respecto de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria cambiaria la Corte ha conservado intacta su línea jurisprudencial en sentido de admitir la responsabilidad objetiva excepcionalmente para ese caso, por lo cual no encuentra un motivo razonable alguno que justifique la modificación de la doctrina vertida en las mencionadas providencias, pues en las normas ahora en estudio se imponen sanciones solo de tipo económico que son de menor entidad y no afectan, por tanto, derechos fundamentales.
Además, las normas declaradas exequibles en la Sentencia C-599 de 1992 se encuentran vigentes para la aplicación del régimen sancionatorio de competencia de la Superintendencia de Sociedades[3], por lo que si se retiraran del ordenamiento los artículos bajo revisión que reproducen el contenido material de aquellas disposiciones y que forman parte del régimen sancionatorio cambiario que aplicar la DIAN, se generaría una situación de desigualdad en materia de sanciones para el régimen de cambios, pues mientras que la Superintendencia de Sociedades aplicaría un régimen de responsabilidad objetiva por virtud de lo dispuesto en la mencionada providencia, a la DIAN le correspondería tener en cuenta un régimen de responsabilidad subjetiva. Finalmente, debe precisarse que en el ámbito del régimen cambiario se pretende alcanzar una finalidad de carácter político que consiste, básicamente, en la protección del orden público económico. Es en desarrollo de este objetivo que el Estado impone deberes a quienes ejecuten actos, contratos y operaciones en el mercado cambiario, cuyo control, para que sea oportuno y eficaz, demanda total objetividad por parte de la administración, lo cual no se lograría si la efectividad del régimen sancionatorio en esta materia dependiera de la demostración de factores subjetivos como el dolo y la culpa, sin descontar, claro está, que ciertas actividades solamente son ejercidas por personas jurídicas como es el caso de los intermediarios del mercado cambiario, que según las voces del artículo 8° de la Ley 9ª de 1991 son las instituciones financieras o entidades que tienen por objeto exclusivo realizar operaciones de cambio, respecto de quienes obviamente no sería posible adelantar un juicio de culpabilidad. La circunstancia de que las sanciones impuestas a los infractores del régimen cambiario excluyan la prueba de factores subjetivos propios de las conductas delictivas, como son el dolo y la culpa, no significa el desconocimiento del debido proceso, pues la imposición de las condignas sanciones no se hace de plano y sin procedimiento alguno sino previo el agotamiento de un debido proceso en el que la administración le debe demostrar al investigado la comisión de una infracción al estatuto de cambios, que de ser cierta conlleva la formulación de cargos al posible infractor con el fin de que una vez notificado de ella exponga las razones de su defensa. Además, en la aplicación de tales sanciones se deben respetar otros principios generales propios del derecho penal, como por ejemplo el principio de la legalidad nullum crimen sine lege, nulla poena sino lege; o el principio de la favorabilidad, según el cual la ley posterior se aplica de preferencia a la ley anterior cuando es favorable al inculpado. Igualmente, el hecho de que la administración al adelantar el procedimiento sancionatorio en materia cambiaria no tenga que entrar a demostrar elementos de orden subjetivo relacionados con la conducta del infractor no quiere significar que a éste se le esté desconociendo su presunción de inocencia, pues ha quedado establecido que aquella no puede proceder a la imposición de sanciones económicas sin que previamente haya adelantado un trámite en el cual, quien ha violado el régimen de cambios tenga la oportunidad de expresar las razones por las cuales considera que no es responsable de la infracción que se le endilga. No sobra recordar que sobre el particular la jurisprudencia ha expresado que “la presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa”.[4]
Sin embargo, cree la Corte que aun cuando en materia de faltas administrativas al régimen de cambios la jurisprudencia ha considerado que no es procedente analizar el grado de culpa del responsable, siendo factible desde luego sancionar a las personas jurídicas que actúan como intermediarios en el mercado de divisas, de todas formas debe aplicarse el principio general de que la fuerza mayor o caso fortuito operan como factores eximentes de responsabilidad pues nadie está obligado a lo imposible[5]. En efecto, al margen de que en materia sancionatoria cambiaria no se pueda efectuar un juicio de culpabilidad sobre la conducta del infractor, no sería justo ni equitativo que la administración pretendiera aplicar sanciones sin tomar en cuenta la presencia de situaciones extremas de carácter objetivo que en dado caso eximirían de responsabilidad a quien haya infringido el estatuto de cambios[6]. Al respecto, no puede olvidarse que en materia tributaria esta Corporación ha considerado que el principio de presunción de inocencia quedaría anulado con grave afectación del debido proceso si no se le permite al contribuyente presentar elementos de descargo que “no son simples negativas de la evidencia, sino pruebas certeras que demuestran el advenimiento de hechos ajenos a la culpa de la persona obligada a declarar, las cuales deben ser tomadas en consideración por la Administración, puesto que como se indicó en esta sentencia, resulta contrario al debido proceso, a la dignidad humana y a al equidad y justicia (CP art.1°, 29 y 363) sancionar a la persona por el solo hecho de incumplir el deber de presentar declaración fiscal, cuando la propia persona ha demostrado que el incumplimiento no le es imputable sino que es consecuencia de un caso fortuito o una fuerza mayor”.[7]
Por lo anterior, la Corte considera que respecto de los artículos 24, en lo acusado, y 30 del Decreto 1092 de 1996 ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, razón por la cual decidirá estarse a lo resuelto en la Sentencia C-599 de 1992 que declaró exequibles, en lo acusado, los artículos 19 y 21 del Decreto 1746 de 1991.” (negrilla fuera de texto)
Conforme con lo expuesto, considera la Sala que la actuación de la entidad demandada se ajustó a la ley y al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional y, en consecuencia, tampoco prospera el cargo por desproporcionalidad de la sanción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: RECONÓCESE como apoderados de la U.A.E. DIAN a los abogados Jorge Enrique Guzmán Guzmán y Carlos Orlando Saavedra T., en los términos del poder que les fue otorgado (fl. 41 cdno apel).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Que realmente configura una expedición irregular, como adelante se explicará.
Aproximadamente 27 resoluciones.
“Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias.”
Expedido en desarrollo del artículo transitorio 20 de la Constitución Política.
En ese decreto se determinaron las funciones de la dirección de intermediarios del mercado cambiario, de la Superintendencia Bancaria y se dictaron otras disposiciones reglamentarias. El artículo 3º es del siguiente tenor:
“Artículo 3º. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ejercerá las siguientes funciones:
1. Adelantar hasta su culminación, los procedimientos correspondientes para el agotamiento de la vía gubernativa de las providencias expedidas, por la Superintendencia de Cambios hasta el 1º de julio de 1993, inclusive, que no estén comprendidas dentro de las competencias transferidas a las Superintendencias Bancaria y de Sociedades, y asumir su defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. Continuar hasta su terminación definitiva, las actuaciones que por mandato legal son de competencia de la Superintendencia de Cambios y que no fueron asignadas a las entidades y organismos receptores de las demás funciones de la entidad que se suprime.”
3. Ejercer las competencias establecidas por el Decreto 2272 de 1991 para la Superintendencia de Cambios, cumplir los trámites para el agotamiento de la vía gubernativa y su defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”
“Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones.”. Conforme con el texto vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos.
El artículo 180 de la Ley 223 de 1995 otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el régimen sancionatorio aplicable a las infracciones cambiarias en las operaciones que sean de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En ese sentido, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sentencia del 16 octubre de 2014. Radicación: 25000-23-27-000-2011-00089-01 (19611). Demandante: Alianza Fiduciaria S.A. Como Vocera Del Fideicomiso Lote Montoya. Demandado: Distrito Capital De Bogotá.
Ib. Nota 5.
CAMBIOS
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