Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00822-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00822-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2012-00822-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
7 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Radicación número: 2500023240002012-00822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA
INTEGRAL - ACEMI
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
TESIS: INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA FACULTAD
SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA, HABIDA CUENTA QUE EL
ACTO SE NOTIFICÓ ANTES DE QUE FENECIERA EL TÉRMINO DE
TRES AÑOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 38 DEL CCA. PRÁCTICAS
RESTRICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA EN EL SECTOR SALUD.
VALORACIÓN PROBATORIA. LAS PRUEBAS DEBEN APRECIARSE EN
CONJUNTO. EL TESTIMONIO RENDIDO EN SEDE JUDICIAL NO
TIENE LA PROBABILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LEGALIDAD. INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO
Y FALSA MOTIVACIÓN. NO SE DESCONOCIÓ EL DERECHO DE
ASOCIACIÓN DE LA DEMANDANTE. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría el proyecto de fallo presentado a
consideración de la Sala, por el señor Consejero doctor OSWALDO
GIRALDO LÓPEZ, se procede a decidir el recurso de apelación
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 21 de octubre
de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, denegó las
pretensiones de la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
MEDICINA INTEGRAL - ACEMI, en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó
demanda1 parcial contra las resoluciones núm. 46111 de 2011, a
través de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio le
impuso una sanción consistente en multa, por valor de
$1.071.200.000, por incurrir en prácticas restrictivas de la
competencia, y la 65116 de 2011, que la confirmó.
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Declarar la nulidad del artículo primero de la parte
resolutiva de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de
agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, en cuanto se declaró que ACEMI
infringió lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1663 de
1994.
2. Declarar la nulidad del artículo tercero de la parte
resolutiva de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de
agosto de 2011, proferida por la Superintendencia de
1
El escrito se encuentra visible a los folios 1 a 48 del C. 1 del expediente.
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Industria y Comercio, en cuanto se declaró que ACEMI
infringió lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 1663 de
1994.
3. Declarar la nulidad del artículo quincuagésimo octavo
de la Resolución N° 46111 de 2011 del 30 de agosto de 2011,
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, en
cuanto impuso a ACEMI una sanción pecuniaria por la suma
de $ 1.071.200.000.
4. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo primero de
la Resolución N° 46111 del 30 de agosto de 2011, proferida
por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto
impuso a ACEMI la obligación de publicar en un diario de
amplia circulación regional un anuncio informando sobre la
decisión de la SIC consagrada en la Resolución 46111 de
2011.
5. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo segundo de
la Resolución N° 46111 del 30 de agosto de 2011, proferida
por la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto
ordenó a mi representada poner término a una infracción que
nunca cometió y abstenerse de realizar cualquier práctica
tendiente a generar similares efectos anticompetitivos dicha
conducta inexistente.
6. Declarar la nulidad del artículo sexagésimo cuarto de la
Resolución N° 46111 del 30 de agosto de 2011, proferida por
la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto
ordenó dar traslado a la Delegada de la Protección y de la
Competencia con el fin de que iniciara averiguaciones
correspondientes a determinar la posible infracción al deber
de cumplir con las instrucciones que expidió la SIC en el acto
administrativo demandado.
7. Declarar la nulidad del artículo tercero de la Resolución
N° 65116 del 21 de noviembre de 2011, proferida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto en el
mismo se confirma en todas sus partes la Resolución 46111
del 30 de agosto de 2011.
8. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de
ACEMI en el sentido de exonerarla de cualquier
responsabilidad por la supuesta infracción a las normas de
competencia consagradas en el Decreto 1663 de 1994.
9. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, ordenar el restablecimiento del derecho de
ACEMI en el sentido de ordenar el restablecimiento de la
suma de $1.071.200.000 indexada desde la fecha de pago de
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
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la misma, hasta el momento en que sea efectivamente
restituida.
10. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, ordenar a la Superintendencia de Industria y
Comercio, a título de reparación del daño que se le causó a
ACEMI, que divulgue la declaratoria de nulidad de las
disposiciones demandadas, de la siguiente forma:
• Publicar a su costa, dentro de los cinco días siguientes a
la notificación de la providencia que declare la nulidad de las
disposiciones demandadas, un aviso en un diario de
circulación nacional, informando sobre la declaratoria de
nulidad de los artículos mencionados, e indicando que en
dichos artículos mencionados se había declarado la
participación de mi representada en acuerdos contrarios a la
libre competencia y se le había impuesto una sanción.
• Publicar, dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la providencia que declare la nulidad de las
disposiciones demandadas, un aviso destacado en la página
de inicio del portal web de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el cual deberá permanecer publicado en la misma
página de inicio, durante un periodo mínimo de quince días
calendario.
• Convocar a los principales medios de comunicación,
dentro de los cuales deben incluirse como mínimo, caracol
radio y televisión, RCN radio y televisión, CM& la noticia y el
Canal Capital, a una rueda de prensa en la cual se informe
sobre la declaratoria de nulidad de las disposiciones
demandadas.
• El alcance de la anterior petición se fundamenta en que
ese fue el manejo mediático que dio la Superintendencia de
Industria y Comercio a la noticia sobre la expedición de las
resoluciones demandadas.
11. Declarada la nulidad de la parte motiva pertinente y de
los artículos indicados de los actos demandados, y
restablecido el derecho a mí representada, solicito al
Despacho se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria
y Comercio, a título de reparación del daño que sufrió ACEMI,
que realice el reconocimiento y pago de las siguientes
condenas:
10.1 (sic) Se condene a la entidad demandada al pago de la
indemnización de los perjuicios no patrimoniales en su
modalidad de DAÑO MORAL ocasionado a la persona jurídica
de ACEMI en cuantía de CIEN SALARIOS MINIMOS
MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 S.M.M.L.V), en virtud
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
de los perjuicios morales que se le ocasionaron con ocasión
de la publicación ordenada en un diario de amplia circulación
nacional y de amplio despliegue en los distintos medios de
comunicación que fue realizada por la Superintendencia de
Industria y Comercio.
10.2 (sic) Condenar a la Superintendencia de Industria y
Comercio a pagar los intereses moratorios a la máxima tasa
legal, sobre las sumas de dinero que resulten de la liquidación
de la reparación de daños solicitada, a partir de la ejecutoria
de la providencia que resuelva el presente trámite […].
12. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos
demandados, restablecido el derecho en la forma indicada, y
reparado el daño, condenar en costas […]”.
I.2. La Asociación actora fundó la demanda, en síntesis, en los
siguientes hechos:
Señaló que la SIC abrió investigación en su contra y en el de unas
entidades promotoras de salud mediante la Resolución núm. 10958
de 6 de marzo de 2009, por la presunta violación de los artículos 3°,
4° y 5°, numerales 1, 8 y 10 del Decreto 1663 de 1994.
Indicó que el Superintendente Delegado para la Protección de la
Competencia presentó informe motivado, el 31 de marzo de 2011,
ante el Superintendente de Industria y Comercio, en observancia del
artículo 52 del Decreto 2153 de 19922, el cual le fue notificado en
condición de investigada.
2
Decreto 2153 de 1.992, “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y
se dictan otras disposiciones”
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
El 30 de agosto de 2011 el Superintendente de Industria y Comercio
expidió la Resolución núm. 46111, mediante la cual le impuso
sanción extensiva a las EPS investigadas, por considerar que
infringieron los artículos 3º3 y 5º del Decreto 1663 de 1994.
Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición,
sustentado en los siguiente reproches: i) el acto administrativo es
contrario al debido proceso, porque la SIC no probó la existencia de
un acuerdo que tuviera por objeto restringir la competencia, con lo
cual se vulneró el principio de presunción de inocencia; ii) se le
transgredió el derecho al debido proceso al sancionar sin hacer una
debida valoración del entorno económico; iii) la facultad
sancionatoria se encontraba caducada; y iv) la posición de la SIC
desconoció el derecho constitucional de asociación.
Mediante la Resolución núm. 65116 de 21 de noviembre de 2011, la
SIC confirmó en todas sus partes la Resolución 46111 de 30 de
3
“[…] Artículo 3º. Prohibición general a las prácticas restrictivas de la competencia. De
conformidad con lo previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el Decreto-ley 1298 de
1994 y con lo establecido en el presente decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o
convenios, así como las prácticas y las decisiones concertadas que, directa o indirectamente tengan
por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del
mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o impedir,
restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito.
Serán aplicables a las actividades de las Entidades Promotoras de Salud, los promotores de éstas, las
instituciones prestadoras de Servicios de Salud, los profesionales del sector de la salud, las
asociaciones científicas o de profesionales o auxiliares de dicho sector y a las de todas las personas
naturales o jurídicas que en él participen, las normas sobre promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas, contenidas en la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas
que las reglamenten, así como aquellas que las modifiquen, sustituyan o complementen.
Artículo 4º. Prohibición a las asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o
auxiliares. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, se prohíbe a las asociaciones o sociedades
científicas y de profesionales o auxiliares del sector salud al desarrollar su actividad, el adoptar
decisiones o políticas internas que tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la libre competencia dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de
dominio sobre el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud.
Dichas conductas tendrán objeto ilícito […]”
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agosto de 2011, decisión que fue notificada por edicto desfijado el 2
de diciembre de ese año.
Adujo que una vez en firme la sanción impuesta se vio conminada a
pagar una sanción pecuniaria injusta y a publicar en un diario de
amplia circulación nacional que participó en acuerdos contrarios a la
libre competencia, viéndose de esa forma menoscabado el honor y
el buen nombre de la asociación.
Indicó que tramitó ante la Procuraduría General de la Nación, el 29
de febrero de 2012, la solicitud de conciliación extrajudicial,
diligencia que se llevó a cabo el 9 de mayo de 2012, la que se declaró
fallida, cumpliendo con ello el requisito de procedibilidad.
I.3. La asociación demandante adujo que los actos cuestionados
infringieron las normas superiores en que debían fundarse y con tal
propósito formuló los siguientes cargos de violación, que se
identifican, en síntesis, así:
1.3.1. Violación del artículo 38 del CCA y del artículo 29 de la
Constitución Política, al haber operado la caducidad de la
facultad sancionatoria de la SIC.
Para explicarlo, señaló que la Resolución 46111 de 30 de agosto de
2011 se le notificó el 12 de septiembre de 2011, fecha para la
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cual habían transcurrido más de tres años desde la ocurrencia de los
hechos investigados.
Aclaró que los “elementos probatorios en que se apoyó la SIC para negar
la operancia de la caducidad de la facultad sancionatoria, a saber el correo
electrónico del 8 de octubre y el envío de la información para el cálculo de
la UPC por parte de las EPS a finales del mismo año4, se observa con
claridad que ninguno de ellos, aun cuando son posteriores al 12 de
septiembre de 2008, constituye elemento contrario a la libre
competencia”5.
Afirmó que contrario a este entendimiento, la SIC para rechazar la
pérdida de competencia señaló que la conducta de la actora se
extendió en el tiempo y se mantuvo por lo menos hasta el 5 de
diciembre de 2008.
Sobre el particular, indicó que las circunstancias que se relacionan
con dicha fecha de ninguna manera evidencian la existencia de una
conducta contraria a la libre competencia, por cuanto: i) si bien
existió un correo electrónico de fecha 8 de octubre de 2008 que
remitió a las EPS, su propósito era el de convocar a unas jornadas
de trabajo de homologación de los códigos CUPS con los MAPIPOS y
la revisión de los artículos que presentaría al Gobierno para
4
Se refirió al 5 de diciembre de 2008.
5
Folio 8, escrito de demanda, cuaderno principal.
9
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
aclaración del POS y, ii) la información de la cual se estructura la
conducta sancionada es el envío de “información para el cálculo de
la UPC por parte de las EPS” y no como lo califica la SIC producto de
un acuerdo anticompetitivo.
Manifestó que la ley lo que prohíbe es el “acuerdo” y en ese sentido
lo que la SIC presuntamente sancionó fue un acuerdo bajo la
modalidad del “objeto” no así su ejecución, es de decir por “efecto”,
de lo cual se evidencia que en tales fechas no hubo una reunión para
un acuerdo, pues, además, éste nunca existió.
1.3.2. Violación de los artículos 3°, 4° y 5° (numerales 1, 8 y
10) del Decreto 1663 de 1994 y del principio de legalidad -
artículo 29 de la Constitución Política.
Afirmó que la SIC realizó una “interpretación normativa
contraevidente” de los artículos 3º, 4º y 5º del Decreto 1663 de
1994, cuando manifestó “que no debía probar, ni la intención de las
partes al realizar un acuerdo contrario a la libre competencia, ni la
potencialidad anticompetitiva de la conducta, y tampoco sus efectos
en el mercado”6.
6
Folio 11, escrito de demanda C.1 del expediente.
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Destacó que, bajo este esquema de análisis, se liberó de la carga
probatoria requerida para imponer una sanción administrativa, lo
que es contrario al debido proceso.
Indicó que al otorgar este entendimiento se invalida el sentido obvio
de las normas y se desconoce que las reuniones celebradas entre
ACEMI, como gremio, y las EPS fueron únicamente con el fin de
formular una propuesta regulatoria al Gobierno respecto de los
medicamentos cubiertos en el POS, en ningún caso para la fijación
de precios, como lo dedujo la SIC.
Señaló que la SIC sancionó a ACEMI por la presunta comisión de las
conductas descritas en la modalidad por objeto; y que si bien la ley
prohíbe la realización de acuerdos bajo este criterio, es preciso
establecer el objeto del acuerdo e identificar los supuestos perjuicios
y sus efectos.
Agregó que no era posible que la SIC se quedara en suposición,
aunque de manera insistente la SIC manifestó que no era necesario
probar cuál era la voluntad o el objeto de las actuaciones
investigadas, y mucho menos el objetivo de ACEMI, lo que
demuestra la violación al debido proceso y del principio de
presunción de la buena fe.
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
1.3.3. Violación a los artículos 6°, 29, 83 y 209 de la
Constitución Política; 35 del Decreto 01 de 1984; y 174, 175,
187, 248 y 250 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el particular, la actora indicó que la SIC debió demostrar que
restringió la libre competencia al adoptar políticas internas con el
propósito de restringir los servicios de salud, la afectación de la
transparencia de la información y la fijación de precios, lo que no
ocurrió.
Lo anterior, porque la sanción impuesta no acreditó que mediara la
existencia de un acuerdo de voluntades para restringir la
competencia. No hubo valoración probatoria, lo que evidencia la falta
de imparcialidad.
Destacó que existieron pruebas testimoniales que demuestran y
desvirtúan las conclusiones de la SIC, en especial los siguientes:
.- Declaración de la señora Mery Bolívar, Directora de Gestión del
Ministerio de la Protección Social:
“[…] Dr. Montealegre: En relación con los derechos de petición
que se formulan al Ministerio de la Protección Social, de los
cuales tiene usted conocimiento por supuesto, mencionó usted
en una respuesta anterior que no todas las EPS tienen las
mismas inquietudes sobre las coberturas. Quisiera pedirle una
ampliación de esa respuesta por favor.
Sra Bolívar: Si, por ejemplo, cuando uno hace procesamientos
entonces uno mira que en los recobros al Fosyga hay EPS, por
ponerle un ejemplo que recobran audífonos y otras no. O sea,
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
para algunos el audífono está en el POS, de hecho no lo
recobran y lo pasan en el estudio de suficiencia y otras sí lo
hacen entonces a eso es a lo que me refiero. Entonces es
distinto el comportamiento de las EPS frente al tema de los
dispositivos. Hay unas que lo hacen, hay otras que no. Hay
unas que los pasan en el estudio de suficiencia, esos requisitos
como tal y hay otras que los pasan a través de lo que nosotros
solicitamos de lo que rechaza el Fosyga. Entonces es evidente
que algunas consideran que es el POS porque así nos lo
mandan y hay otras que no […]”.
.- Declaración del señor Juan Manuel Díaz Granados, Presidente
Ejecutivo de ACEMI, quien en su declaración señaló:
“[…] Despacho: ¿Ha existido en alguna oportunidad alguna
posición por parte de ACEMI y sus agremiados respecto de
políticas de autorizaciones de servicios de salud?
Dr. Díaz Granados: No, las autorizaciones y la política la define
cada entidad y nosotros no tenemos injerencia alguna ni
sugerencia alguna en relación con esos temas porque son
autónomas. Cada entidad afiliada es independiente, tiene sus
órganos propios de decisión y ACEMI ni asiste ni tiene
injerencia alguna en esa materia.
Despacho: Le hago la misma pregunta con respecto al tema de
recobros.
Dr. Díaz Granados: Igual, porque cada entidad toma sus
propias decisiones sobre que recobra, que no recobra. Hay
entidades que deciden recobrar unas cosas, unas recobrar
otras, dependiendo del valor. Cuando hay conflictos jurídicos
cada entidad decide si demanda o no demanda, eso es
problema de cada quien yo no tengo poder de las EPS para
decidir nada ni para presentar demanda alguna. En
consecuencia, son decisiones ya que son de la esfera individual
de cada una de las afiliadas […]”.
.- Testimonio de la señora Sandra Marcela Camacho, Directora
Médica de ACEMI, quien manifestó:
“Dr. Montealegre: Hablo usted y está en el expediente y se ha
hecho referencia en preguntas anteriores a ese cuadro, un
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
cuadro que incluye una expresión que para términos de esta
investigación es muy importante que se llama consenso,
específicamente sobre ese punto de consenso yo quiero que
usted explique si ese consenso tuvo como efecto, así no fuese
el propósito que usted en respuesta anterior dijo que ese no
era el propósito sino presentar una propuesta fue lo que usted
dijo, y ese consenso tuvo el propósito de hacer común la
postura de las EPS en las materias a que se refiere la
información que consta en ese cuadro.
Sra. Camacho: El propósito no era hacer común esa materia
sino presentar una propuesta al Ministerio.
Dr Montealegre: Y el efecto que tuvo, estoy preguntándole por
el efecto no por el propósito.
Sra Camacho: El efecto se refiere a…
Dr Montealegre: La consecuencia que tuvo el haber formulado
esa propuesta de consenso, en el interior de cada EPS, es mi
pregunta.
Sra Camacho: Al interior de cada EPS, no lo conozco, pero lo
que sí es que en el Ministerio si lo proceso y digamos de hecho
algunas de las cosas que tenían en esa propuesta, pues las he
venido incorporando ya sea metodológicamente o incluso
digamos como en términos generales de utilizar la metodología
[…]”.
Destacó, de lo registrado en estas declaraciones, que no existió
acuerdo sobre las coberturas del POS. Además, insistió en que el
propósito de las reuniones entre los miembros del gremio, en los que
se trataron temas atinentes a los contenidos del POS, radicó en el
desarrollo de una propuesta regulatoria para subsanar los defectos
en esa materia y en ningún caso, como lo afirmó la SIC, actuó con
el ánimo de afectar la transparencia de la información y acordar la
fijación de los precios de la UPC.
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Indicó que tampoco se valoró la declaración del señor Humberto
Navarro, actuario de Nueva EPS, entidad no afiliada a ACEMI, que
en relación con el tema objeto de estudio, manifestó:
“[…] Despacho: Quisiera aprovechar su experiencia, como
matemático y como una persona que ha trabajado en el tema
de actuario, ya a nivel de ilustración en términos generales, de
los estudios actuariales para los estudios actuariales de la
salud en Colombia, usted podría precisar qué problemas ha
precisado en el trabajo actuarial para el cálculo de la UPC en
general del sistema.
Sr. Navarro: no solamente en seguridad social, sino en todos
los ámbitos que ustedes pueden ver, en Colombia el tema de
la información es muy descuidado en todos los sectores, […]
entonces es prácticamente una falta de cultura de información
en todas las entidades. […] eso se refleja en la seguridad
social, el tema del sistema de información para la gestión es
un tema que se tiene que trabajar fuertemente. Entonces, todo
eso influye en que no existen los registros suficientes y pues
toca hacer de pronto modelos de análisis, para suplir de pronto
lo que no se alcanza a cubrir uno sea que una entidad no puede
tener una frecuencia de uso de medicina general de 0.3,
porque uno sabe que está entre 1.6 y 2.1 y si le presentan a
uno un 0.3 pues hay un subregistro de información. O
cualquier cosa de esas […]
Obviamente cualquier subregistro de la información afecta los
estudios y los resultados finales y de hecho cuando uno mira
los informes del cálculo de UPS anteriores, 2007 2006, muchos
de ellos se dice que no se sabe si esta desviada o no pues la
información no da para sacar una conclusión al respecto.
Obviamente que cuando no se presenta información,
aparentemente la UPC es suficiente porque si, aguanta […] El
subregistro hace que la prima sea más bajita, o la UPC en estos
casis sea más bajita, eso afecta obviamente a las EPS. Uno de
los problemas también es de pronto el tema de la Capita en
servicios, pues no se registra la información individualizada, no
se registra de pronto la […] individualizada de servicios. Porque
se calcula sobre un porcentaje. Entonces mientras no haya
algo que obligue a que las IPS registren la información y la
mandan a las EPS pues simplemente ellas lo darán de alguna
manera, pues adicional a lo que tienen que hacer y no algo
como o obligatorio.
Es importante que de alguna manera sea obligatorio […] de lo
contrario seguirá habiendo subregistro de información. […]
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
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Dr Montealegre: ¿De acuerdo con la experiencia profesional en
las entidades donde usted ha laborado y su conocimiento del
sistema, cuáles son los problemas que puede tener el esquema
de la elaboración de la UPC frente a la suficiencia?
Sr. Navarro: El primer problema es el que acabo de decir, que
es la unificación de los criterios, de captura de la información
y de definición de unidades de medida. […] y es el principio
fundamental de los seguros, y por eso existen los ramos, y
dentro de los ramos, existen coberturas. […] y yo tengo que
medir esas situaciones por celdas homogéneas de riesgo,
manejar la homogeneidad y obviamente si yo no me pongo de
acuerdo en un tema como la salud, definir las unidades de
medida, puedo estar cometiendo errores técnicos de estar
sumando lo que decía ahora, peras con manzanas, y creando
distorsiones en la nota técnica.
El reporte de la información, dos, las unidades de medida, es
el segundo problema y el subregistro que básicamente está
dentro del reporte de la información. […] uno nunca podrá
esperar que llegue al cero, porque la forma de facturar las IPS
pues es de acuerdo con una forma de atender los siniestros y
del tiempo que ellos se gastan en la facturación y el tiempo
que se gasta la EPS en hacer auditoria a la cuenta, […] esa
diferencia en el momento en que se presenta la factura y el
momento en que se presentó el evento, pues presenta
distorsiones, porque a veces confunden periodos diferentes
[…]”. 7
Estimó que la declaración que antecede desvirtúa los razonamientos
de la SIC, y es determinante para controvertir el argumento relativo
a que “las EPS enviaban información con errores al Ministerio de la
Protección Social y de ello deriva la existencia de un acuerdo para
falsear la información enviada al MPS”.
Aseguró que esa información se remitía de manera individual por
cada una de las EPS al Ministerio, sin ningún tipo de sugerencia que
le fuera atribuible, que se prueba con la calificada “heterogeneidad”
7
Folios 20-24 demanda, cuaderno principal del expediente.
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de la información que no aceptó la SIC para probar la independencia
de sus agremiadas.
1.3.4 Falsa motivación de los actos acusados, por cuanto se
desconoció el objetivo de ACEMI frente a las actuaciones
desarrolladas.
Alegó que se incurre en este vicio de nulidad, en razón a que, a su
juicio, la SIC realizó una interpretación descontextualizada y
amañada de las pruebas; e insistió en que tales eventos comunes
con sus agremiadas tenían como finalidad presentar una propuesta
regulatoria al Gobierno Nacional con el fin de aclarar los contenidos
del POS.
Indicó que, precisamente, sus actuaciones se justificaron en una
finalidad pública, conocida por el Gobierno, las cuales fueron objeto
de debate en talleres de planeación estratégica que datan de 2005
para “contribuir a mejorar la salud de los colombianos y su calidad
de vida con un sistema de salud consolidado”, y elaborar una
propuesta para que el Consejo Nacional de Seguridad en Salud
expidiera el acuerdo correspondiente y aclarara en forma definitiva
e integral el POS8.
8
En especificó relató lo siguiente: “[…] Vale la pena aclarar en el trámite que culminó con las
resoluciones demandadas se demostró que las actuaciones de ACEMI tuvieron una finalidad publica,
fueron y conocidas por el Gobierno. En efecto, el contexto en el que se desarrollaron todas las
actuaciones que la SIC tilda de anticompetitivas, inició en el año 2005, cuando las EPS afiliadas a
ACEMI realizaron un taller de planeación estratégica, durante los días 27 y 28 de octubre en Villa de
Leyva. Los resultados de dicho taller fueron presentados y aprobados en la Junta Directiva de ACEMI
realizada el 3 de noviembre de 2005 (acta No. 175 Libro VI de Actas de Junta Directiva, páginas 52 y
siguientes). La finalidad general de este plan fue “Contribuir a mejorar la salud de los colombianos y
su calidad de vida con un sistema de salud consolidado”. (folio 27 del C. 1 del expediente)
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Precisó que la gestión de ACEMI y sus actividades estuvieron
dirigidas a elaborar una propuesta para que el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud expidiera el Acuerdo integral sobre el POS,
lo cual reconoció la doctora Mery Bolívar9, en los siguientes
términos:
“[…] Despacho: Nos puede indicar qué mecanismo, de acuerdo
a su conocimiento, ha implementado el MPS para aclarar dichas
controversias frente a las coberturas del POS?
[…] Y con relación al tema de insumos, el año anterior se
evidenció los dispositivos que teníamos que eran críticos que
se originan de un derecho de petición de Acemi, donde le
solicitaban al Consejo que se pronunciara sobre esas
coberturas, entonces lo que hicimos fue poner en evidencia sus
costos, es decir, dado que no hay una codificación hoy en día
sobre esos insumos, lo que hicimos fue poner en evidencia que
el lente intraocular, al audífono, al auto estimulador, bueno en
fin, un listado que había y que siempre recobraban al Fosyga
algunas EPS, pues eso tampoco es generalizado, no todas
tienen las mismas inquietudes sobre las coberturas, unas si y
otras no […]
Despacho: ¿Con relación a las controversias referentes a las
coberturas del POS a las que nos hemos venido refiriendo,
conoce usted si ACEMI ha cumplido algún papel con relación a
esta discusión?
Dra. Bolívar: Pues el derecho de petición. Ellos casi siempre se
pronuncian ante el Ministerio en relación a la UPC con derechos
de petición. Pues que yo conozca pues el derecho de petición
que nos enviaron sobre, pues realmente se lo envían al Consejo
Nacional de Seguridad Social pero como nosotros ejercemos la
secretaría técnica lo tomamos para respuesta. Y como igual los
estudios se hacían para el Consejo, entonces pues hacemos su
cuantificación para el estudio, pero adicionalmente a los
pronunciamientos oficiales que hacemos, pues con los que
contaba el Ministerio y que pues estaban dentro del estudio,
pues no tengo ningún otro conocimiento distinto frente a eso.
9
El testimonio se rindió en el trámite administrativo ante la SIC y citada en condición de Directora de
Gestión de la Demanda del Ministerio de la Protección Social.
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Despacho: ¿Nos puede manifestar por favor si es de su
conocimiento que Acemi haya adoptado algún tipo de posición
sobre esta controversia?
No, frente al estudio de suficiencia tengo conocimiento que
ACEMI lidera, coordina de alguna formas a las EPS, porque de
hecho participan, nosotros anualmente hacemos un estudio
para revisar eso y anualmente convocamos a todas las EPS
para decirles, bueno mire, acá está la solicitud de información,
esto es lo que vamos a hacer, esta es la metodología de cálculo,
vamos a revisarlo así ,y recibimos retroalimentaciones de las
EPS con las cuales, podemos o no, de acuerdo con el criterio
técnico, se puede ajustar o no. O sea, hemos recibido
recomendaciones que han sido acudidas y otras
definitivamente no. Entonces durante ese proceso siempre ha
participado ACEMI. La solicitud nuestra es a las EPS, pero ellos
como gremio, al igual que los otros dos gremios del régimen
subsidiado, han participado, nos mandan oficialmente
solicitudes frente al estudio de suficiencia, las cuales nosotros
respondemos. Todos los años nos mandan un derecho de
petición al final del estudio para que les mandemos los cálculos,
el Excel, las bases de datos, mejor dicho, todo. Todo con lo
cual hacemos el estudio, las mismas bases que ellos mismos
nos proveen sobre información, el cálculo, bueno eso tenemos
todos los años ha sido algo. Entonces siempre nos mandan una
sugerencia de la solicitud, nos mandan sugerencias a la
metodología de cálculo, y al final del año cuando ya hacemos
el estudio nos manda el derecho de petición para que les
mandemos todo sobre eso y cuando hacemos
retroalimentación ellos siempre están. Retroalimentación de
gremio.
El Ministerio presenta el resultado como tal, ahorita nos
hicieron le hicieron solicitud a la CRE, obviamente como parte
de estudios que apoya la suficiencia es el nuestro, estuvimos
diciendo cómo hicimos metodología, un mes o más. Diciéndoles
cómo fue que calculamos, cuáles fueron las bases de datos
porque nos piden absolutamente todo. Desde los primeros
procesos de calidad hasta el último. Eso pues igual es
información pública, transparente para nosotros porque igual
es un estudio para el país con el cual se fija la UPC y en ese
sentido, ACEMI siempre ha participado de esa forma. Sé que
hacen análisis de forma concomitante, hacen estudios
paralelos también a nosotros, también no los envían
oficialmente, entonces miren el estudio de nosotros nos dio
tanto, con la información de nosotros nos da tanto. Entonces
ellos siempre han estado en paralelo diría yo, por la evidencia
que hacen otro estudio al igual que le hacemos nosotros. No
igual me refiero de forma concomitante hacen otro estudio
también de suficiencia pues, eso. Ese es el conocimiento que
tengo sobre el papel de ACEMI en los estudios de suficiencia en
estos cinco años […]”.
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Aludió que el trabajo conjunto que realizó con el Ministerio de la
Protección Social en comunicaciones cruzadas, entre enero y julio de
2006, permitió desarrollar una plataforma más ágil y eficiente con
base en idénticos criterios frente al POS, lo que, en ese sentido
demostró es que esas actividades con las EPS no afectaron la
transparencia de la información.
1.3.5 Falsa motivación de los actos acusados, por cuanto se
desconoció que la información cuyo flujo reprochó la SIC es
pública y viola el derecho al debido proceso.
Planteó que la SIC en las resoluciones demandadas desconoció que
la información frente a la que reprochó los acuerdos es pública y es,
precisamente, por ese carácter que se ha divulgado sin restricción
en los estudios de suficiencia del POS-UPC para definir la UPC 2008,
lo que, a su juicio, no puede considerarse reservada.
Reiteró la condición de la disponibilidad pública de la información y
destacó que el medio magnético con registros superiores a los 3
millones desvirtúa su carácter reservado y debilita el argumento de
la vulneración de la libre competencia.
Finalmente, indicó que no se realizó ningún análisis respecto del
propósito y el efecto del supuesto intercambio, toda vez que la SIC
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se limitó a sostener que, en ciertos casos, el intercambio de
información era útil para monitorear las dinámicas del mercado, y
que, en otros, se erigía como una conducta anticompetitiva.
1.3.6. Violación del debido proceso al imponer una sanción
con base en pruebas de las cuales los investigados no se
pudieron defender.
Alegó que las resoluciones demandadas fueron producto de un
trámite en el que la SIC decretó y practicó pruebas respecto de
hechos ocurridos con posterioridad a la resolución de apertura de la
investigación y, por lo tanto, no pudo ejercer cabalmente su derecho
de defensa y contradicción, sin que haya identificado cuáles eran
esas pruebas.
1.3.7 Violación del debido proceso al imponer una sanción sin
haber practicado las pruebas legalmente solicitadas y
decretadas.
Afirmó que la SIC decretó el testimonio de la señora Mónica Uribe
Botero, pero posteriormente decidió no practicar la prueba
argumentando que el objeto de ésta se encontraba cumplido y que
la testigo no había comparecido en las oportunidades en las que fue
citada.
Insistió en que se vulneró el derecho de defensa al no practicarse un
testimonio relevante para determinar que ACEMI no incurrió en
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conductas anticompetitivas, pues independientemente de que la
testigo no asistiera, lo cierto es que la entidad contaba con las
medidas de sanción para la declarante.
1.3.8. Violación al derecho constitucional de asociación.
Aclaró que la finalidad de una asociación gremial es representar a
sus miembros ante las instancias de participación y deliberación
frente al Estado, como una forma de participación democrática de
los distintos sectores de la economía; por lo tanto, es contrario a la
ley impedir que se unifiquen propuestas en una sola con el objetivo
de presentar ante el Estado opciones de regulación o simplemente
comentarios frente a temas que son de suma importancia para las
actividades que dichos profesionales realizan.
Concluyó que la entidad demandada vulneró el derecho fundamental
de asociación, contenido en el artículo 38 de la Constitución Política.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a
través de apoderado, contestó10 la demanda para lo cual aludió a la
competencia que le otorgó la ley en cumplimiento del régimen de
10
Folios 73 a 130 del Cuaderno 1 del expediente.
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competencia en salud11. Se opuso a las pretensiones de la demanda
y, en lo que respecta a los cargos formulados, precisó:
Primer cargo: Manifestó que las razones que motivaron el inicio de
la investigación administrativa fue la constatación de que “la
conducta sancionada se encontraba compuesta por un conjunto de
estrategias, todas encaminadas a afectar la competencia en el sector
salud”, conductas endilgadas que no ocurrieron en un único tiempo,
en tanto las acciones de afectación del sector salud fueron de
naturaleza continuada, lo que deriva que el término de caducidad
inicie desde que ocurrió el último acto que conforma la infracción
objeto de sanción.
Refirió que la afirmación del apoderado de la parte actora frente a
que no era posible sancionar a su representada por hechos ocurridos
tres años antes a la fecha de notificación de la Resolución 46111 de
agosto de 2011, esto es, el 12 de septiembre de 2011, pues las
circunstancias investigadas no fueron independientes, de lo cual
descarta su ocurrencia.
Segundo cargo: Manifestó que el Decreto 2153 de 1992 define las
conductas anticompetitivas por objeto, las cuales están
taxativamente señaladas en los numerales del 1 a 10 del artículo 47
11
Según las atribuciones conferidas en la Ley 1340 de 2009 y los Decretos 2153 de 1992 y Decreto
1663 de 1994.
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ibidem. También se encuentran las conductas de abuso de la
posición dominante y los acuerdos sobre materias primas e insumos
establecidos en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959.
Después de identificar algunos casos en los que la SIC examinó
acuerdos entre competidores, destacó las diferentes posibilidades de
establecer conductas anticompetitivas como “objeto” o como
“efecto”, para establecer cuándo se presentan tales conductas
delimitadas en los servicios de salud.
Que, en ese sentido, las pruebas que se obtuvieron en el trámite
administrativo respaldan las sanciones impuestas, pues claramente
no es aceptable que los gremios se intercambien información o
lleguen a consensos para presentar una propuesta regulatoria,
cuando en realidad lo que se configura es un acuerdo
anticompetitivo.
Que en este sentido, la legislación Colombiana no exige la
demostración de los efectos en la conducta ni si la misma era
“potencialmente” competitiva, pues basta con que se demuestre que
un grupo de agentes que “en teoría deberían competir” realizan
actividades con el objeto de evitar dicha competencia.
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Sostuvo que se alegó como una “cándida cooperación entre
competidores y la ayuda al Gobierno”, cuando se aprecia que en
desarrollo de tan loable labor se buscó unificar interpretaciones
sobre los contenidos del POS, se manejaba la información que se
enviaría de los entes de control y para “definir indirectamente el
valor de la UPC”.
Tercer cargo: Precisó que la decisión administrativa no transgredió
los principios de buena fe, imparcialidad y presunción de inocencia,
ni las disposiciones que se citan como vulneradas, sino que fue el
resultante de un juicioso estudio de las pruebas recaudadas,
producto de un informe motivado, que debe considerarse.
Cuarto cargo: Indicó que la expedición de los actos acusados está
sustentada en que tanto ACEMI como las EPS, realizaron acuerdos
e intercambiaron información respecto del giro normal del mercado
de salud, lo que sin duda restringió la competencia entre las EPS, en
la medida en que eliminó unos de los factores con base en los cuales
dichas entidades competían, tal es el caso del tipo de procedimientos
que éstas prestan a los consumidores.
Enfatizó que de admitirse la tesis propuesta por la actora frente a
que el acuerdo competitivo se sustenta en la intención de arreglar
un problema que al considerarse como “política pública” y con el fin
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de aclarar esa “zona gris del POS” habilitaría e, incluso, justificaría
la existencia de carteles, abusando de su posición dominante y la
preservación de industrias a costa de los consumidores.
Que en este caso se demostró que ACEMI lideró la coordinación y la
recopilación de información con el fin de determinar y unificar las
prestaciones que las EPS consideraban POS y no POS. En ese sentido
se refirió en específico al correo electrónico12 enviado el 5 de marzo
de 2007, en el que se aprecia que el objeto era el de “tener
información acerca de lo que cada EPS agremiada e investigada por
esta entidad, clasificaba como procedimiento incluido o no en el
POS”.
En estos mismos términos, refirió que se demostró la participación
de ACEMI en la identificación y unificación de criterios, a través de
la siguiente documental: i) el Acta N° 006 del Comité Médico de 1o.
de agosto de 2007, ii) el correo de 30 de mayo de 2007 “Asunto:
Compromiso costeo insumos y dispositivos médicos procedimientos
POS”, iii) correo de 28 de junio de 2007, que anunció la remisión de
la lista de los procedimientos, y iv) correo de 3 de agosto de 2007
“Asunto: Acta y documentos posición ACEMI interpretación POS del
3 de agosto de 2007”.
12
Este correo se identifica como enviado por Lucia Torres y transcrito al folio 104 y 105 del C. 1 del
Expediente.
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Bajo esta relación documental determinó que no puede ni la
agremiación ni ninguno de sus asociados, por iniciativa propia,
reunirse y acordar sobre la oferta de servicios dentro del sector.
Quinto cargo: Frente a la condición pública de la información
compartida entre las EPS y ACEMI la SIC aclaró que la “conducta
sancionada no requiere la demostración del efecto en el mercado”,
puesto que ésta constituye una “conducta por objeto”, la cual es
per se competitiva, sin que haya necesidad de calificar y analizar su
potencialidad.
Sexto cargo: Indicó que no es cierto que los supuestos fácticos del
informe motivado y la resolución demandada correspondan a hechos
posteriores a la apertura del proceso, en tanto son aquellos los que
lo impulsaron y que de manera general fueron descritos en el acto
de apertura.
A pesar de lo anterior, destacó claramente que en ese desarrollo de
la indagación se logró, además de verificar su ocurrencia y demás
comportamientos que surgieron, otros que lo reafirmaron con
pruebas posteriores a la fecha de apertura de la investigación.
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Agregó que, en todo caso, contra todas las pruebas la actora tuvo la
oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción porque
estuvieron a disposición de las investigadas, quienes pudieron
presentar pruebas o solicitar otras nuevas.
Concluyó que durante el procedimiento administrativo la accionante
tuvo la oportunidad en forma libre de presentar descargos, solicitar
y aportar pruebas, incluso, radicó observaciones e interpuso los
recursos de ley.
Séptimo cargo: Aseguró que la Superintendencia adelantó las
gestiones dirigidas a la práctica de la prueba solicitada y decretada;
y que citó en cuatro oportunidades a la doctora Uribe para recibir su
declaración, sin que asistiera a la diligencia.
Esta circunstancia le permitió valorar que las demás pruebas eran
suficientes, por lo que, con fundamento en la facultad del artículo
219 del Código de Procedimiento Civil, limitó la práctica del
testimonio.
Agregó que si la ausencia del citado testimonio generaba, en criterio
de la parte actora, una causal de nulidad, debió plantearla antes del
Informe Motivado, so pena que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 340 de 2009, la misma quedara saneada.
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Octavo cargo: Indicó que esta invocación no es aceptable cuando
lo que se busca es exceder los límites de dicho derecho, lo cual
demuestra la actitud de simple negación que tuvieron los
investigados en el logro de un acuerdo ilícito y contrario al interés
general.
III.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Surtida la etapa probatoria13 y de alegatos14 en la primera instancia,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “C”, en Descongestión15, en adelante el Tribunal a quo,
denegó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.
Las razones en las que el Tribunal se fundó para adoptar tal decisión,
se concretan en los siguientes términos:
13
Según auto de 24 de enero de 2013 (folio 136-137), se tuvieron como pruebas los documentos
aportados y se solicitó el envío de otros documentos. También se accedió a la recepción de prueba
testimonial solicitada por la parte actora.
14
Por auto de 26 de abril de 2013 (folio 147) del expediente. Cuaderno 1 se ordenó correr el traslado
para alegar, decisión que fue objeto de reposición. Por auto de 14 de agosto de 2013 se repuso y se
reprogramó la fecha para recibir el testimonio. Recibida la declaración se corrió traslado para alegar,
según providencia del 11 de septiembre de 2013. En esta oportunidad la sociedad actora presentó su
escrito de alegaciones (folios 169-205) en el que pidió acceder a las pretensiones solicitada. Por su
parte la entidad accionada (folios 206-258) presentó sus alegaciones finales en las que reiteró sus
argumentos de defensa.
15
Este expediente se remitió por el Magistrado conductor a la Subsección “C”, de Descongestión, quien
surtió el proceso desde el auto de 23 de abril de 2013 en el que continuó el trámite procesal pendiente
en virtud de las medidas adoptadas por el Acuerdo PSAA11-9042 de 16 de diciembre de 2011. (folio
147-148 C. 1 del expediente)
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En relación con la falta de competencia por caducidad de la
facultad sancionatoria, aclaró que la caducidad de la potestad
sancionatoria de la Administración ocurre cuando dentro del lapso
de los tres años contados desde la ocurrencia del hecho que da
origen a la sanción, siempre que el mismo sea determinable o del
conocimiento de la administración, no haya sido expedido y
notificado el acto administrativo definitivo y resuelto los
recursos.
Bajo esta consideración, señaló que en tratándose de conductas de
carácter continuado la caducidad empezará a contarse a partir de la
fecha en que la misma haya cesado.
Que, en el caso bajo examen, los actos causantes de la sanción
fueron plenamente identificados, determinándose que el último
cruce de correos entre ACEMI y las EPS implicadas, fue el 5 de
diciembre de 2008; y que comoquiera que la Resolución 65116,
que resolvió el recurso de reposición, quedó ejecutoriada el 2 de
diciembre de 2011, no operó la caducidad de la facultad
sancionatoria de la administración.
Sostuvo, en cuanto al desconocimiento del Decreto 1663 de
1994, que la Resolución de apertura de investigación núm. 10958
de 10 de marzo de 2009 expedida por la SIC, identificó y endilgó la
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conducta reprochada respecto a que la información privada, en
circunstancias normales del mercado, no debería estar disponible
para consulta de los competidores. En este caso, por tratarse de
servicios de cobertura de los que derivaba la diferenciación como
estrategia de cada EPS y el costo de los servicios.
En ese sentido, señaló que la decisión se asumió con base en un
informe motivado de 31 de marzo de 2011, en el cual el
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia
entrega sus conclusiones respecto de la investigación al
Superintendente de Industria y Comercio.
A dicho informe se le dio curso conforme a lo previsto en el artículo
52 del Decreto 2153 de 1992, el cual constituyó un elemento técnico
formulado por funcionario competente para adelantar la inspección,
vigilancia y control de las actividades desarrolladas por la asociación
y las EPS miembros de ésta16.
Destacó que el Decreto 1663 de 1994, fundamento de la medida
adoptada, en sus artículos 3°, 4° y 5° dispuso que la “punición” se
hace procedente cuando los acuerdos, convenios o prácticas
16
El fallo sostuvo que el análisis de la pruebas tiene clara sustentación, técnica, jurídica y fáctica que
se constató en la resolución 46111 de 2011, que delimitó en a partir del examen de los folios 1 a 42
del cuaderno de antecedentes, concluyendo que cuentan con clara sustentación, técnica, jurídica y
fáctica, refiriéndose específicamente al: i) correo electrónico de 5 de marzo de 2007, ii) correo de 21
de julio de 2007, iii) nota técnica propuesta por ACEMI al Ministerio de la Protección Social el 19 de
diciembre de 2007 y iv) Actas Nos.1,3,4,6 y 7 de 2007.
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concertadas tengan por "objeto o por efecto" acciones contrarias
a la libre competencia, de manera que no es obligatorio que
concurran los dos elementos, en tanto es suficiente con la
configuración de uno de ellos.
Examinadas las pruebas, concluyó que no se probó que el propósito
del gremio era formular una propuesta regulatoria al Gobierno. Al
contrario, se acreditó que era determinar a través de acuerdos la
fijación indirecta o directa de precios y el manejo de la información,
afectando al consumidor, la eficacia económica y el mercado en
general, por lo que se incurrió en una definición indirecta del valor
de la UPC y se restringió la oferta del servicio al determinar los
procedimientos que debían ser incluidos o no, atribución que no le
estaba asignada.
Manifestó, en relación con el presunto desconocimiento de los
principios de inocencia, in dubio pro reo y de la función
administrativa, que en disco compacto, visible a folio 69 cuaderno
principal, se encuentran digitalizadas las 49 carpetas contentivas de
aproximadamente 11.275 folios de la actuación administrativa con
Radicado núm. 09021413 de la Delegatura de Promoción de la
Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que
culminó con los actos administrativos demandados, de las cuales
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destacó el procedimiento relevante y las conclusiones a las que
arribó la entidad accionada.
Del análisis de todo lo anterior, concluyó que la SIC desplegó las
actuaciones y competencias que le están atribuidas, sin perjuicio de
la oportunidad con la que cuenta la actora para rendir descargos,
adjuntar y solicitar pruebas, controvertir las allegadas, presentar
observaciones que fueron evaluadas en su integridad, bajo el
principio de la sana crítica.
Respecto del vicio de nulidad de falsa motivación de los actos
administrativos demandados, el fallo destacó que las conductas
anticompetitivas quedaron evidenciadas en las resoluciones
acusadas; y que no logró probarse el argumento de defensa frente
a que las actuaciones desplegadas tuvieron como fin la construcción
de una propuesta regulatoria ante el Gobierno Nacional con el fin de
aclarar los contenidos del POS. Al contrario, se acreditó que: i) se
llegó a acuerdos anticompetitivos, con efectos debidamente
identificados, ii) se manejó información con carácter de reservada,
iii) se suministró información inconsistente al Ministerio de la
Protección Social. Por todo lo expuesto, dijo que no se configuró una
falsa motivación en los actos administrativos.
En cuanto a la presunta violación del debido proceso, señaló que
en sede judicial se recibió la prueba testimonial solicitada y se
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escuchó en audiencia a la doctora Mónica Uribe Botero, la que
procedió a trascribir, declaración de la que concluyó que conocía del
tema por el cual se le citó por su vinculación al Ministerio de
Protección y la representación del Ministerio de Hacienda en
condición de Directora de Regulación Económica de Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda.
De su conocimiento, destacó la programación de reuniones de
carácter técnico en las que participó ACEMI, y también de la
importancia de la información y la condición vital de ésta para lograr
la adopción de políticas, de allí que fuera necesario mantener su
condición de “realidad” y no la de “acuerdo o concertación previa”
de aquellos que debían reportarla.
Concluyó entonces que no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos; y que la declaración lo que
refuerza es que se estudiaron y analizaron las pruebas que se
aportaron bajo el criterio de que la actividad del gremio tenía límites.
Finalmente, y en lo que respecta al derecho constitucional de
asociación, adujo que en el informe motivado la Superintendencia
abordó el tema en un acápite específico que signó como "La
Asociación como sujeto de las normas de derecho de la
competencia", análisis en el que se concluyó que “[…]
independientemente de su forma o naturaleza jurídica, las
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asociaciones de profesionales y comerciantes están sujetas al
régimen de la libre y leal competencia […]”.
Este argumento lo encontró valido, pues el ejercicio del derecho
invocado como conculcado debe realizarse con sujeción y
prevalencia del bien común.
Por todo lo expuesto, denegó las pretensiones de la demanda.
IV.- RECURSO DE APELACIÓN
Mediante escrito17 presentado por el apoderado de la asociación
demandante se interpuso recurso de apelación contra la sentencia
que denegó las pretensiones de la demanda. Con tal propósito
expuso cuatro reproches, en los siguientes términos:
4.1. La sentencia apelada dejó de reconocer la caducidad de
la facultad sancionatoria sin razones válidas y en contra de
las pruebas obrantes en el expediente.
Indicó que de manera equivocada el a quo concluyó que no se
presentó la caducidad de la facultad sancionatoria, pues la supuesta
conducta reprochada se extendió hasta el 5 de diciembre de 2008.
Al respecto, reprochó que la decisión del a quo constituyó una
repetición de los argumentos aludidos por la SIC.
17
Obra a los folios 316-351 del C. 1 del expediente.
35
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Alegó que a folios 1365 a 1470 de los antecedentes administrativos,
se aprecia el “INFORME AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD” en el que, a su juicio, se explica que la
información remitida el 5 de diciembre de 2008 se “verifica a través
de siete procesos” y respecto de la cual las EPS “nunca determinaron
ni tenían la posibilidad de hacerlo”.
Fundó también su oposición en el hecho de insistir que no existe
asomo de un acto competitivo en los correos electrónicos de 5 de
diciembre de 2008, motivo por el cual, frente a las conductas
investigadas, sí acaeció la caducidad de la facultad sancionatoria.
4.2. Indebida valoración de los argumentos esgrimidos en
torno a la violación de los artículos 3°, 4° y 5° (numerales 1,
8 y 10) del Decreto 1663 de 1994, y del principio de legalidad
previsto en el artículo 29 Constitucional.
Indicó que el Tribunal no realizó un estudio detallado respecto del
reproche de legalidad relacionado con la falta de demostración por
parte de la SIC, para identificar que las conductas endilgadas
tuvieran por “objeto” o como “efecto” alguno de los enunciados
previstos en los artículos 3°, 4° y 5°, numerales 1, 8 y 10, del
Decreto 1663 de 1994.
Alegó que el a quo omitió analizar que las conductas por las que
se le sancionó como contrarias a la libre competencia y relativas
36
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al intercambio de información, no son suficientes para su
declaratoria ni en Colombia ni en otros países, sumado al hecho
de que es necesario para el “buen funcionamiento de la industria
y puede ser favorables a la competencia”.
Afirmó que no se demostró que ACEMI hubiera entregado
información desagregada respecto de los precios o costos unitarios
en que incurren las EPS para la prestación de los servicios,
simplemente replicó los mismos esquemas que publica el
Ministerio de la Protección Social sobre la información de costos
del sector, es decir, la información que utilizó no tenía el carácter
de reservada sino de pública.
Reprochó el examen que realizó el Tribunal frente a la valoración de
la SIC que concluyó en que las EPS investigadas incurrieron en la
conducta establecida en el numeral 8 del artículo 5º del Decreto
1663 de 199418, cuando, a su juicio, es claro que en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud no se encuentra prevista la
posibilidad de que las EPS compitan por la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud.
18 “ARTICULO 5o. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Se consideran contrarios a la
libre competencia en el mercado de servicios de salud, entre otros, los siguientes acuerdos, convenios,
prácticas o decisiones concertadas: […]
8. Los acuerdos entre competidores que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de
distribuir o vender un bien o de ofrecer o prestar un determinado servicio de salud, interrumpirlo, o
afectar los niveles de prestación del mismo. […]”
37
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Aseveró que, por la naturaleza de la gestión gremial, las entidades
que lo conforman pueden llegar a materializar las necesidades de
sus afiliados y presentar propuestas al Gobierno para resolver las
dificultades o problemas del sector, lo que, insiste, quedó
evidenciado en la declaración de la doctora Mónica Uribe.
En ese sentido, cuestionó la interpretación dada a los documentos
gremiales. Señaló que el Tribunal se limitó a enumerar las
comunicaciones cruzadas entre ACEMI y sus afiliadas y omitió
valorarlas bajo la óptica de su plena finalidad, situación que
constituye la violación del principio de presunción de inocencia.
Insistió en que la conducta del gremio no se adecuó a ninguna de
las hipótesis previstas en el artículo 5º del Decreto 1663 de 1994, y
tampoco se explicó a cuál de esas se adecuaba la actuación de
ACEMI.
Que la falta de valoración de todas las pruebas obrantes en el
expediente, constituyó una omisión de la SIC para acreditar la
presunta comisión de las conductas descritas en la modalidad “por
objeto”.
En ese sentido, reiteró que el Tribunal Administrativo:
38
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1. No valoró las pruebas aducidas19 y apenas hizo una
enunciación de las pruebas invocadas por la SIC para sancionar a
ACEMI, sin valorar íntegramente las pruebas obrantes en el
expediente. Tal omisión desatendió conferirle valor a los testimonios
que evidencian, a su juicio, que no existió ninguna racionalidad
económica detrás de los supuestos "acuerdos" que encontró la SIC,
afirmando que las pruebas aportadas demuestran que el objeto de
las conversaciones que se surtieron al interior de ACEMI no era
orientado a restringir la competencia, sino a realizar las labores que
son propias de un gremio, con lo cual se descarta el “supuesto
acuerdo para la fijación indirecta de precios”.
2. No analizó los argumentos respecto de la falsa motivación
sobre los supuestos acuerdos orientados, presuntamente, a
restringir servicios de salud, para afectar la transparencia de la
información y en lo relativo al intercambio y flujo de información al
interior de ACEMI, lo que conllevó de paso la omisión de los
elementos probatorios que adujo para la explicación del cargo, y que
enlistó de la siguiente manera:
• Resumen coberturas listas MPS 03082007.
• Flujograma para la interpretación de la cobertura de elementos
POS en el correo electrónico con Asunto "Acta y documentos
posición ACEMI interpretación POS del 3 de agosto de 2007".
19
Se refirió a la violación del artículo 29 de la Constitución Política, así como de los artículos 6º, 83 y
209 de la Constitución Política, 35 de Código Contencioso Administrativo y 174, 175, 187, 248 y 250
del Código de Procedimiento Civil.
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• Definiciones para la interpretación de la cobertura de los
elementos POS y fragmento del Acta 006 del Comité Médico de
ACEMI de agosto de 2007.
Al respecto, estableció que el cuadro que citó la SIC no es tenido en
cuenta por el Tribunal y representa el resultado de las discusiones
dadas por ACEMI para presentar ante el Gobierno una propuesta.
Agregó que el Tribunal omitió analizar la declaración del señor Juan
Pablo Rueda, funcionario de la EPS Salud Total, obrante en los
antecedentes administrativos y que transcribió20.
Agregó que también se omitió tener en cuenta que, bajo la gravedad
del juramento, la señora Mery Bolívar, Directora de la Gestión de la
Demanda del Ministerio de la Protección Social, en declaración
rendida dentro de la investigación administrativa, afirmó que la
información para el cálculo de la UPC es pública.
Finalmente, y respecto de la valoración del flujograma, señaló que
ese documento, lejos de constituir un acuerdo, contenía una
propuesta al Ministerio de Protección Social, al Contralor General de
20
Declaración señor Juan Pablo Rueda (…) “Despacho: ¿El ejercicio de interpretación de cobertura de
ACEMI es parte del trabajo de los comités médicos al interior del gremio?
Sr. Rueda: Es una interpretación de ACEMI del artículo 12 del Mapipos…está tan mal redactado que se
tiene que hacer una lectura del mismo… la función del comité no era interpretar, cada uno llegaba con
su interpretación.
El comité nunca se reunía a interpretar… cada EPS tiene su interpretación.
Se definió una lista de propuestas de inclusión al Ministerio, a pesar de no haber homogeneidad en lo
que las EPS de ACEMI hacían… yo no estuve en ningún comité en el que nos sentáramos a decir esto
sí y esto no… No se definían políticas para que las EPS siguieran, sino para presentarle al Ministerio.
(…) entiendo que si queremos hacer una propuesta al Ministerio, lo hacemos como gremio y se refleja
así la posición gremial… el interés es que lo que se presenta al Ministerio sea conocido por todos, pero
no por ello se quiere decir que me tenga que ceñir a una cobertura… interpreto eso…
Despacho: ¿Lo hecho en ACEMI afectó su política de autorizaciones? Responde el Sr. Rueda: No.
40
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la República y al Procurador General de la Nación para solucionar los
conflictos que se suscitan con la interpretación del POS.
4.3. El Tribunal Administrativo no analizó los argumentos
específicos sobre la violación al debido proceso, vulnerando
los derechos fundamentales de ACEMI al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Señaló que en la sentencia apelada ninguno de los argumentos en
que se fundamentaron los cargos de la demanda y que fueron
reiterados en los alegatos se analizaron.
Insistió en que no se examinaron los planteamientos expuestos, lo
que hizo nugatorios sus derechos de acción y de acceso a la justicia.
Afirmó que de haberse analizado las pruebas obrantes en el
expediente, a la luz de los cargos formulados, y también la
declaración de la doctora Mónica Uribe Botero, en su calidad de
Directora de Regulación Económica de Seguridad Social del
Ministerio de Hacienda, a su juicio, la decisión hubiera sido
notoriamente diferente.
4.4. En la sentencia de primera instancia no se valoró la
violación al derecho fundamental de asociación.
Cuestionó que el fallo apelado no se pronunció sobre el cargo en
mención y tampoco examinó el concepto sobre las denominadas
zonas grises de las que habló la doctora Uribe.
41
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Que el Tribunal avaló sin fundamento jurídico y en contravención del
derecho de rango constitucional, que lo endilgado se considerara
anticompetitivo, sin identificar que la organización gremial como sus
miembros en realidad y de manera probada unificaron sus
propuestas, con el objetivo de presentar ante el Estado opciones de
regulación o simplemente comentarios frente a temas que son de
suma importancia para las actividades que desarrollan.
Concluyó que todas las actuaciones desplegadas son propias de una
asociación de empresas y se encuentran amparadas por el derecho
fundamental previsto en el artículo 38 de la Constitución, hecho que
no verificó el a quo.
V.- TRÁMITE DE LA SEGUNDA INSTANCIA
Concedida la apelación de la sentencia por el a quo, por auto de 28
de marzo de 2014 se admitió por esta Corporación el recurso de
alzada21. Con posterioridad, se ordenó correr traslado para alegar22.
En la oportunidad concedida, acudieron tanto la asociación
apelante23, que reiteró los argumentos de la apelación, como la
entidad demandada, que se opuso a la prosperidad del recurso24. El
Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.
21
Folio 4 del C. 2 del expediente.
22
Auto del 1 de diciembre de 2014. (fl. 7 del C.2 del expediente.)
23
Folios 8 - 19 del C.2 del expediente.
24
Folios 20 - 46 del C.2 del expediente.
42
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER
De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, la Sala
establece que los problemas por resolver en esta instancia se
concretan en dar respuesta a los siguientes interrogantes:
6.1.1. ¿Operó o no la caducidad de la facultad sancionatoria respecto
de la competencia que la Superintendencia de Industria y Comercio
ejerció al expedir los actos administrativos acusados?
6.1.2. ¿La sanción de que fue objeto la asociación demandante, se
impuso sin estar probadas las conductas endilgadas?
6.1.3. ¿El Tribunal valoró de manera incorrecta el testimonio rendido
en sede judicial por la doctora Mónica Uribe para sancionar a la
apelante?
6.1.4. ¿Los actos administrativos que sancionaron a ACEMI están
viciados de nulidad por falsa motivación?
6.1.5. ¿Los actos administrativos que sancionaron a ACEMI
desconocieron el derecho de asociación?
43
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Para resolver los anteriores interrogantes, es necesario acudir a la
normativa que otorga las competencias en esta materia y aquellas
que regulan el trámite sancionatorio para establecer si a la apelante
le asiste razón frente a los planteamientos que esgrimió en el
recurso, previa revisión del material probatorio que obra en el
proceso.
6.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Comoquiera que los reproches en que se fundó el recurso de
apelación se basan, en particular, en la incompetencia de la SIC para
sancionar a la apelante debido a que desconoce que las conductas
reprochadas sean constitutivas de la infracción endilgada e ignorar
su carácter sistemático, la Sala considera necesario identificar su
desarrollo para establecer en qué condiciones se adelantó la
investigación y cuáles fueron las conductas sancionadas.
En lo relevante de la actuación adelantada por la SIC la Sala destaca
las siguientes etapas, específicamente en lo que corresponde a la
participación de la actora, las cuales están organizadas de manera
cronológica y consultadas en el expediente digital aportado a este
proceso25:
25
El expediente se remitió en 4 sobres los CD de que trata el oficio de 2012-12-17 visible a los folios
64-65 del C.1 del expediente.
44
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• Memorando del Superintendente Delegado para la
Competencia de fecha 03-03-2009, por medio del cual solicitó al Jefe
de Grupo Promoción de la Competencia adelantar las investigaciones
preliminares contra ACEMI y varias EPS por presuntas prácticas
comerciales restrictivas26, con ocasión de las menciones que se
hicieron en estudios adelantados por la Defensoría del Pueblo27 y la
Contraloría General de la República28.
• El 7 de enero de 2009 se adelantó visita administrativa a las
instalaciones de ACEMI, en la que se incorporaron algunos
documentos necesarios para la investigación, según el acta que se
levantó como constancia de lo sucedido29.
26
Folio 2 del archivo digital denominado Cuadernillo 1 público. Obra en CD radicado al folio 69 del C.1
del expediente.
27
LA TUTELA Y EL DERECHO A LA SALUD 2003-2005. ACTUALIZACIÓN 80-147 del archivo digital
denominado Cuadernillo 1 público.
28
Informe de Auditoria Gubernamental con enfoque integral. folios 3-79 del archivo digital denominado
Cuadernillo 1 público.
29
Se copiaron en una memoria USB del computador de la doctora ANA CECILIA SANTOS, en su
calidad de vicepresidente jurídico documentos contenidos en 16,3 megas:
1. Certificado de Existencia y Representación Legal
2. Estatutos de ACEMI (22 folios)
3. Se copiaron en una memoria USB del computador de la doctora SANDRA CAMACHO, en su calidad
de vicepresidente jurídico documentos contenidos en 25 megas ·
4. Copia de las peticiones que realiza ACEMI a CNSSS frente a actualizaciones, inclusiones y exclusiones
del POS y fijación de las UPc hechas en el período comprendido entre el año 2006 al 21 de julio de
2008 (268 folios). La presente información obra en un derecho de petición presentado a los miembros
del CNSSS, del 21 de julio de 2008.
5. Actas de junta directiva para el periodo comprendido entre el año 2006 a la fecha. 59 folios
6. Actas de asamblea de ACEMI, debidamente suscritas por sus miembros desde el año 2006 hasta la
fecha. 38 folios
7. copia de correspondencia enviada y recibida. 143 folios.
8. Copia de base de datos POBLACION 2007 recaudada en la inspección del computador personal de
la doctora SANDRA CAMACHO. 1.098 K y borrador de Proyecto articulado POS. 3.753 K.
9. Copia del documento "Nota Técnica UPC Necesaria en 2009". (44 Folios)
A solicitud de ACEMI, el despacho decide otorgar plazo hasta el 23 de enero de 2008, para que el
requerido haga llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio la información que a continuación
se relaciona: […].
El acta se puede revisar en el archivo digital denominado Cuadernillo 2 público, folio 63 a 67.
45
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• Citación del 03-09-2009 para que la Asociación demandante30
acudiera a notificarse del contenido de la Resolución núm. 1095831,
“Por la cual se ordenó la apertura de una investigación”32 contra ella
y varias empresas promotoras del servicio de salud - EPS.
• Los cargos formulados en la mencionada resolución33
identificaron la presunta ocurrencia de tres conductas calificadas
como contrarias a la libre competencia que, por su reproche y la
prueba registrada, se sustentaron así:
Cargo Prueba
1. Elementos La SIC identificó a través del cruce de correos entre
que facilitan la ACEMI y las EPS, la conducta relativa a solicitar
realización de información a sus agremiadas relativas con los costos
conductas del servicio, frecuencia del suministro, tanto en POS
consideradas como NO POS, relaciones del costo de tales servicios,
anticompetitivas. propuestas de variación de la UPC. De igual manera,
encontró que las EPS remitieron la información que
les fue pedida y luego de recopilada se circuló entre
los asociados, lo que permite información detallada
de sus competidores directos sobre la información de
los costos mínimos, medios, máximos y per cápita de
cada procedimiento, actividad, insumo y
medicamento, con identificación de los números de
casos y su frecuencia y también “desagregada a nivel
de competidor”34
Tales correos son:
Fecha Asunto
30
También se vincularon al proceso las siguiente EPS: COLMEDICA, COOMEVA, FAMISANAR CAFAM-
COLSUBSIDIO, SALUD TOTAL, EPS SOS S.A., SUSALUD, SALUDCOOP, CRUZ BLANCA, CAFESALUD,
SANITAS, ECOOPSOS, COMPENSAR, COMFENALCO- ANTIOQUIA, COOMFENALCO – VALLE Y HUMANA
VIVIR. También se vinculó al representante legal de ACEMI.
31
Folio 10 del archivo digital denominado Cuadernillo 3 público.
32
El texto de la resolución de apertura de la investigación obra a los folios 123-150 del Cuadernillo 4
del archivo digital.
33
La que además se notificó por Edicto fijado desde el 18 de marzo al 1° de abril de 2009 (fls. 27-28
Cuadernillo 3)
34
Así lo califica el acto de formulación de cargos.
46
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Cargo Prueba
01 de agosto Enviar el listado de procedimientos y
de 2007 actividades, medicamentos o insumos
NO POS que por efecto de frecuente
uso, costo e impacto en la UPC pueden
ser susceptibles de ser incluidos en el
POS
25 de mayo de Enviar los formularios remitidos por
2007 ACEMI en relación con: i) costos para
cada procedimiento NO POS con el fin
de proponer topes de cobertura, ii)
determinar la frecuencia con la cual la
EPS está suministrando un dispositivo
NO POS, iii) la frecuencia con la cual la
EPS suministra un dispositivo NO POS
para cada uno de los procedimientos,
iv) calcular el impacto de la UPC que
tiene la inclusión de los elementos y
diferentes escenarios de topes
económicos.
25 de junio de Se definió la manera en cómo debían
2007 reportarse atenciones NO POS con el
diligenciamiento del valor total de la
actividad, insumo o medicamento.
28 de junio de Costeo de elementos NO POS para
2007 procedimientos POS. Se constata que
la EPS tenía información del costo
mínimo y máximo y percapita de cada
procedimiento, actividad, insumo y
medicamento e incluso del número de
casos y la frecuencia con el que es
suministrado el servicio.
5 de marzo de Circular 20070073, respecto de la
2007 solicitud de información sobre cuántos
pacientes recibieron trasplantes o
retrasplantes en servicios POS y NO
POS, incluyendo el valor del costo
anual de tratamiento.
20 de Aclaración de la información UPC. En
noviembre de esta tabla se encontró compendiada
2007 información privada que “en
circunstancias normales de mercado
no deberían estar disponible para la
consulta de los competidores”.
2. Consenso En este cargo, lo que se evidencia como reproche son
respecto a la los aparentes consensos logrados por las EPS sobre
autorización o la no cobertura de diversos servicios de salud. Para
negación de explicarlo relacionó las siguientes pruebas:
servicios de salud.
Fecha Asunto
27 de Es el Acta núm. 006 del Comité
agosto de médico de ACEMI se presenta que de
2007 un listado de 112 procedimientos se
aprobó por el Comité que 48 de ellas
no fueran cubiertas, y se pidió realizar
una reunión con respecto a las
47
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Cargo Prueba
concertadas con el fin de que cada
EPS “examine a su interior el impacto
económico en términos de recobros y
el impacto de la UPC a futuro con la
implementación de este acuerdo”.
30 de Lo constituye el correo electrónico que
mayo de remitió ACEMI a sus EPS miembros
2007 con el asunto “Compromiso costeo
insumos y depósitos médicos
procedimientos POS” y su archivo
adjunto “Consolidado lista insumos
04042006”. En esta comunicación se
manifiesta que la propuesta de
definiciones para aclarar el artículo
12, es “fruto del trabajo de la EPS y al
cual se llegó por el consenso”.
3. Acuerdo para La SIC estableció que de la información encontrada
la fijación indirecta relativa a la posible infracción de las normas de
de precios y la competencia se deriva un presunto acuerdo que
limitación de la limitó la transparencia en la información que
transparencia en la suministran las EPS a los entes reguladores, en razón
información. a que este acuerdo tendría por objeto la fijación
indirecta de precios en el servicio de aseguramiento
en salud.
Fecha Asunto
01 de Correo electrónico en el cual se
agosto de evidencia la siguiente postura “la
2007 posición oficial del gremio sea
unificada y entendida por cada una de
las EPS, para que la sostenga en el
ámbito de las reuniones con externo
y para que al interior de su EPS
analicen las implicaciones económicas
y legales que dicha posición en el
tema de los recobros y en la política
de autorizaciones”
07 de En el correo de tal fecha se identificó
diciembre el tema de UPC y los conceptos de
de 2007 suficiencia, entendido como la
correspondencia que debe existir
entre los planes de beneficios (POS y
POSS) que deben responder a las
necesidades de salud de la población
y el perfil epidemiológico. Que la UPC
representa ese valor a reconocer para
garantizar la prestación de los
servicios de salud contenidos en los
planes de beneficios.
48
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Cargo Prueba
26 de Del Acta del Comité Técnico de
octubre de ACEMI se aprecia que se compartió
2007 información y se les recomienda a las
EPS tener un punto de referencia
frente a los valores presentados por
algunas EPS (identificadas como la
001, 002, 008, 010, 017 y 018) en
razón a que son las que más alta
cobertura han presentado en la base
de datos, esto es, mayor gasto
médico que propenda por el
incremento de la UPC.
• Respuesta dada por la ACEMI al auto de formulación de cargos
en su contra35. Solicitó a título de pruebas varias declaraciones, entre
la cual se destaca la de:
“[…] Mónica Uribe Botero, Directora General de Regulación
Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, quien podrá ser citada en la Carrera 8 No. 6-
64 de la ciudad de Bogotá D.C., para que declare sobre los
hechos a que se refiere la Resolución No. 10958 de 2009, y en
especial sobre las solicitudes de información que
anualmente le presenta el Ministerio a Acemi, y sobre la
posición de dicha entidad sobre el alcance del POS,
tarifación y que se pronuncie sobre todos y cada uno de
los puntos de la Resolución mencionada, en cuanto haya
tenido que ver con las funciones que desempeña en el
Ministerio de Hacienda […]”.
• Documento denominado “SOLICITUD INFORMACIÓN A
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD PARA EL ESTUDIO DE
SUFICIENCIA PLAN OBLIGATORIO DE SALUD – UNIDAD DE PAGO
POR CAPITACIÓN 2007 Y DE LOS ACTUALES MECANISMOS DE
AJUSTE DEL RIESGO DETERMINANTES DEL GASTO DE LA UNIDAD
35
Folios 240-246 del Cuadernillo 8 y folios 1-30 del Cuadernillo 9 del archivo digital.
49
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DE PAGO POR CAPITACIÓN”36, de la Dirección General de Gestión de
la Demanda en Salud, del Ministerio de la Protección Social, cuyo
objeto se delimitó así:
“[…] Con el propósito de formular las propuestas técnicas
al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
(CNSSS) sobre ajuste a los Planes Obligatorios de Salud
de los Regímenes Contributivos y Subsidiado (POS-C y POS
-S) y sus respectivas Unidades de Pago por Capacitación
(UPC-C y UPC-S) para la vigencia 2009, el Ministerio de la
Protección Social continuará realizando el estudio de la
suficiencia de la UPC con base en información recopilada en
todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de los dos
regímenes.
Por lo anterior, es fundamental la colaboración interesada
de las EPS para que suministren la mejor información,
con el fin de establecer las primas pagadas por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
son suficientes para brindar con calidad y eficiencia los planes
de beneficios a los afiliados y dar respuesta a sus necesidades
y demandas de servicios de salud; y realizar los estudios que
van a soportar la decisión del Consejo en relación con el
incremento de las UPC, la modificación de los actuales
mecanismos de ajuste del riesgo o actualización a los
contenidos de los planes de beneficio […]”. (Negrillas fuera de
texto).
• Resolución núm. 20229 de 28 de abril de 200937, “Por la cual
se corre nuevo traslado de la apertura de una investigación” contra
las empresas promotoras del servicio de salud – EPS y ACEMI, en
su calidad de investigadas, permitiéndoles modificarlos, adicionarlos
e incluso solicitar nuevas pruebas.
36
Folios 52-71 del cuadernillo 9 del expediente digital.
37
Folio 18 del archivo digital denominado Cuadernillo 11 publico.
50
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• Resolución 42931 de 27 de agosto de 2009, “Por la cual se
resuelve una solicitud de nulidad y otra”38, entre ellas la formulada
por ACEMI por intermedio de apoderado39, la cual se declaró
infundada.
• Resolución 69842 de 2009, “Por la cual se decreta la práctica
de pruebas dentro de una investigación”40, según las solicitudes de
documentales, testimonios y dictámenes requeridos por las EPS
vinculadas y ACEMI41. En lo que respecta al testimonio de la
Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MONICA URIBE
BOTERO, se accedió a su práctica para que informara sobre “las
solicitudes de información que anualmente le presenta el Ministerio a Acemi,
y sobre la posición de dicha entidad sobre el alcance del POS, tarifación [...]".
• Contra esa Resolución se interpuso recurso de reposición por
parte del apoderado de ACEMI42. Específicamente, en cuanto al
objeto del testimonio de Mónica Uribe Botero, pidió “[…] Lo anterior
restringe injustificadamente el alcance del testimonio decretado, por lo cual se
38
Folio 18 del archivo digital denominado Cuadernillo 11 publico.
39
En el acto se lee que el reclamo de la demandante lo constituyó “[…] Mediante comunicación radicada
con el número 09021413-00111, el apoderado especial de la Asociación Colombiana de Empresas de
Medicina Integral - ACEMI y de Juan Manuel Díaz-Granados, solicitó a esta Superintendencia "expedir
y notificar personalmente un acto administrativo donde se consignen los cargos formulados a mis
representados y se aluda y se permita fa consulta del nuevo expediente formado por fa SIC", lo
anterior, […] con el fin de corregir vicios que puedan implicar fa nulidad de la actuación y la violación
del debido proceso", y sustentó su solicitud indicando que: "(e)/ artículo 52 del decreto 2153 de 1992
dispone que el acto administrativo que abre una investigación y otorga al investigado la posibilidad de
solicitar o aportar las pruebas que pretenda hacer valer '[. .. ] se notificará personalmente al
investigado […]'. La notificación debe surtirse siguiendo lo señalado dispuesto (sic) en los artículos 44
y siguientes del Código Contencioso Administrativo, lo cual, reitero, hasta fa fecha no ha ocurrido […]”
40
Por Resolución 45356 de 27 de agosto de 2010 Se rechazó recurso de reposición interpuesto por el
apoderado de Sanitas y Milcíades Castillo Escobar. Folios 4 a 6 del Cuadernillo Público N° 35.
41
Según los folios 148-193 del Cuadernillo 12 del archivo digital.
42
Folios 116-149 Cuaderno Público N° 14.
51
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
solicita a la SIC que revoque el literal c) del numeral 2.1.5 del artículo segundo
de la resolución recurrida, y en su lugar decrete la prueba testimonial en los
términos en que fue solicitada en los escritos presentados por el suscrito el 24
de abril de 2009 […]”.
• Resolución 45470 de 27 de agosto de 2009, “Por la cual se
rechazan unos recursos y solicitudes de revocatoria”43, por
improcedentes.
• Mediante memorial de 25 de febrero de 201044, ACEMI solicitó
a la SIC que resolviera el recurso de reposición para que atendiera
los requerimientos hechos, pues, de conformidad con el artículo 55
del CCA, el auto de pruebas se encontraba en suspenso por falta de
firmeza.
• Resolución 12312 de 26 de febrero de 2010, “Por la cual se
modifica un auto de pruebas”45.
• Resolución 16948 de 25 de marzo de 2010, “Por la cual se
resuelven unos recursos de reposición”46. La SIC confirmó la
Resolución 69842 de 31 de diciembre de 2009, excepto lo dispuesto
en el numeral 4.14, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
43
Folio 71-78 del archivo digital denominado Cuadernillo Público N° 35.
44
Folios 144-145 Cuadernillo Público N° 17.
45
Folios 142-152 Cuadernillo Publico N° 18. Relativa al envío de cuestionarios para el Ministro de
Protección Social y la modificación de la fecha de citación para la declaración de los testigos.
46
Folios 181-204 Cuadernillo Publico N° 37.
52
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
• Resolución 68661 de 13 de diciembre de 201047, “Por la cual
se limita la práctica de una prueba”, referida específicamente
respecto del testimonio de la doctora Mónica Uribe Botero48.
• Informe motivado rendido por el Superintendente Delegado
para la Promoción de la Competencia al Superintendente de
Industria y Comercio, en el que se concluyó:
“[…] 4.3 Conclusiones frente al mercado afectado:
i) La industria de la salud en colombia es una industria, en
su mayoría, regulada.
ii) El SGSSS está compuesto por dos tipos de sistemas de
aseguramiento en salud, el RG y el RS, para cada uno de los
cuales existe un plan de beneficios, el POS-G y el POS-S.
iii) El POS-G y el POS-S, son determinados por la GRES, se
constituyen como planes de beneficios básicos de servicios de
salud cuya prestación debe ser garantizada por las EPS-C y las
EPS-S, según el caso, a los usuarios del servicio de
aseguramiento en salud, ya sean estos afiliados al RG o al RS,
respectivamente.
iv) El mercado de aseguramiento en salud del RG, se
caracteriza por que los usuarios pagan una prima de
aseguramiento (UPC-C) a las EPS-G, para acceder a un plan de
beneficios, el POS-G. Tanto el POS-G como la UPG-G son
definidos por el ente regulador por cuanto el mercado es
de competencia regulada.
v) La oferta de aseguramiento en salud del POS-C se
encuentra a cargo de las EPS-G quienes prestan los servicios
de aseguramiento en salud a través de las IPS.
vi) La demanda de aseguramiento en salud del POS-C, está
conformada por los afiliados al RG, quienes son tomadores del
seguro ofrecido por las EPS-G a través del pago de una prima
de aseguramiento, UPC-G, y pueden a su vez tener a su cargo
47
Folios 119-121 Cuadernillo Publico N° 18.
48
“En la Resolución No. 69842 del 31 de diciembre de 2009, a numeral 2.1.5. se decretó como prueba
solicitada en común por varias de las investigadas, el testimonio que debía rendir la señora MÓNICA
URIBE BOTERO, Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. El objeto de dicho testimonio estaba referido, entre otros, a ilustrar sobre
las características y funcionamiento del SGSSS, sobre los alcances y contenidos del POS prestación
respecto de los al valor servicios, y suficiencia procedimientos de la y UPC para medicamentos cubrir
que costos y gastos derivados de la prestación del servicio de los procedimientos y medicamentos que
lo integran.
[…] No obstante haberse enviado la citación a la dirección del Ministerio de Hacienda, la doctora Uribe
no concurrió a la fecha y hora señalada.
[…] Que sobre los hechos objeto del testimonio a rendir por parte de la señora MÓNICA URIBE BOTERO,
se cuenta con suficiente ilustración con base en las demás pruebas practicadas en la presente
investigación. Por las razones expuestas, resulta procedente limitar la de recepción del testimonio […]”
53
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
beneficiarios de los servicios de salud, sin que éstos sean como
tal tomadores del seguro.
vii) Las prestaciones mínimas del POS-C las determina la
GRES, sin embargo, la regulación permite que las EPS
compitan en calidad, alcance geográfico, facilidad y
oportunidad y, sobre todo, cobertura del seguro.
Respecto de esta última, el POS-G define unos mínimos de
cobertura y calidad que no impiden a las EPS-G cubrir más.
viii) Los determinantes de la UPC-C son los costos, gastos y
frecuencias de uso del servicio de salud por cada afiliado a la
EPS-G, entre otros, que son reportados por éstas al ente
regulador encargado de definir su suficiencia y cálculo.
ix) Dichos determinantes pueden ser manipulados por las
EPS-G, dado que la información que reportan al ente regulador
no es totalmente susceptible de verificación, por parte de las
autoridades del sistema, debido a la existencia de fallas propias
de este mercado que generan altas asimetrías en a
información.
x) Del mismo modo, los ingresos por recobros de las EPS-C
pueden verse incrementados en virtud de la negación de
servicios de salud, incluidos o no en el POS-C, en razón al
desarrollo jurisprudencial efectuado por la Corte Constitucional
y la regulación en la materia.
“[…]
7.1. ACUERDO PARA NEGAR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
[…] En el presente caso, las conductas anticompetitivas
desplegadas por ACEMI y las EPS agremiadas,
consistentes en acordar la no prestación de servicios de salud
incluidos en el POS ha sido probada por esta Delegatura desde
el punto de vista del objeto previsto en la norma. Tal como se
examinó, el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 prohíbe y
sanciona por igual las conductas que ponen restricción
esa la libre competencia por objeto o como efecto. Para
esta Entidad el objeto debe ser entendido como la
potencialidad de una conducta para causar daño a un
mercado, sin que sea menester que el resultado
anticompetitivo se produzca. Tal como se ve, la norma
encuentra que dichos acuerdos representan un cierto tipo de
peligro que revelan un marcado interés preventivo, por lo que
su operancia tiende a evitar justamente un menoscabo al
mercado, siendo así como se proscribe el objeto de la conducta
independientemente a si registró o no un resultado distorsivo,
pues el simple acuerdo de voluntades con el objeto descrito en
la norma, ya da lugar a su tipificación.
[…] En virtud de lo expuesto, esta Delegatura encuentra que el
ordenamiento jurídico Colombiano de protección de la
Competencia, considera que un acuerdo es restrictivo de
la competencia aún si la intención de las partes no está
54
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
probada, y cuando la misma tiene tan sólo por objeto un
acuerdo que llegare a resultar anti competitivo.
Ahora bien, se ha demostrado que el acuerdo no solamente
fue por su objeto anticompetitivo sino que el mismo
produjo efectos al incrementar el número de recobros
que provienen de la negación de servicios de salud, no
obstante, en el desarrollo de la instrucción está
Delegatura trató de ir más allá respecto de los efectos
generados por la conducta investigada. Así, pese a la
existencia de los estudios que sirvieron de motivo para el inicio
de la averiguación preliminar, la información en el expediente
y los informes publicados posteriormente por la Defensoría del
Pueblo y la Contraloría que muestran como existen un gran
número de tutelas que pretenden garantizar el derecho a la
salud mediante la consecución judicial de la prestación efectiva
de los servicios, procedimientos o insumos incluidos en el POS,
que hayan sido negados por las aseguradoras, esta
Delegatura considera que aún hace falta determinar en
su totalidad el impacto económico del acuerdo en el
mercado, referido a las tarifas y recobros de servicios
que pertenecen al POS, pues no solamente se presenta un
daño al erario público proveniente de la negativa de
prestaciones con el fin de incrementar los recobros, también se
puede prever que se presentan implicaciones que trascienden
la esfera de los recursos públicos, pues la EPS participantes en
el acuerdo, al final, están violando derechos fundamentales, y
el daño que se ha generado por dicha violación supera en gran
medida, el daño fiscal.
[…] En conclusión, con fundamento en el material probatorio
contenido en el expediente, y con fundamento en las
consideraciones expuestas, se pudo establecer que las EPS-C
violaron lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 5 del Decreto
1663 de 1994 y ACEMI incurrió en la prohibición contenida en
el artículo 4 del referido decreto. Conducta cuya realización
tiene, como se expuso, fuertes implicaciones sociales y
financieras que afectan el adecuado funcionamiento del
SGSSS.
[…]
7.2. ACUERDO PARA OCULTAR O FALSEAR LA
INFORMACIÓN E IMPEDIR LA DEBIDA TRANSPARENCIA
EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE SALUD
[…]
Estas fallas se explican en la medida en que los agentes que
participan como oferentes en el mercado de aseguramiento en
salud cuentan con mayor información que los usuarios y los
reguladores. A pesar de que la información de que disponen las
empresas reguladas no es del todo perfecta, si supera a la que
tiene acceso el regulador, especialmente en todo lo relativo a
los costos y el nivel de esfuerzo, medido, en este caso, por el
55
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
tipo de tratamiento y/o servicio brindado a sus afiliados. En
este sentido, el agente (EPS-C) posee, o puede adquirir, mejor
información que el Estado sobre: los costos del servicio, la
tecnología empleada, la demanda, las necesidades de inversión
y cualquier otro parámetro de la empresa o el contexto donde
ésta opera, y puede usar dicha información estratégicamente,
ya que el regulador depende de una u otra forma de la empresa
regulada para obtener la información que necesita para el
desempeño de sus funciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas reguladas tienen
incentivos para extraer rentas de su ventaja informativa,
distorsionando el diseño de estructuras y sistemas de
regulación, haciendo que el problema de asimetría, radique
principalmente en que muchas de las variables que conforman
el conjunto de información que deben reportar las EPS-C a sus
reguladores no son fácilmente observables (o verificables).
Esto implica que una EPS-C pueda presentarse ante el Estado
con información de castros, frecuencias y gastos, entre otros,
que no corresponden a la realidad de su actividad, con el fin de
obtener una respuesta de los entes reguladores que le
proporcione mayores beneficios.
En ese sentido, la transparencia en el mercado de
aseguramiento en salud, en particular aquella que se deriva de
la remisión de información a los entes reguladores, depende de
que la misma sea suministrada por los agentes que participan
de dicho mercado, en este caso las EPS-C y ACEMI, en forma
precisa, de alta calidad y que corresponda a la realidad de su
actividad. Lo anterior, con el fin de que las autoridades del
SGSSS cumplan con los usos y objetivos a partir del estudio de
dicha información, tales como la determinación de variables
como el precio del aseguramiento y el plan de beneficios en
salud, permitiendo así un correcto funcionamiento de este
mercado.
Este deber en cabeza de las EPS-C y ACEMI, cobra mayor
importancia si se tiene en cuenta que la estructura y
funcionamiento del mercado de aseguramiento en salud,
presenta fallas en la regulación originadas en las asimetrías de
información entre las empresas reguladas (EPS) y el regulador
(CRES).
En este orden de ideas, aunque se concibe la regulación del
Estado para alivianar este tipo de fallas, éstas no han sido
suficientes para contrarrestar las falencias generadas a causa
de la información compartida y consensuada entre las
EPS, las cuales, conforme se mostrará en los siguientes
apartes, han sido auspiciadas por ACEMI. […]”
[…] Esta Delegatura considera que las instrucciones impartidas
por ACEMI a sus afiliados en relación con la forma en la que
debe presentarse la información es considerado como violatorio
56
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
de las normas de libre competencia, por cuanto los
competidores no deben conocer la información de sus
competidores, tal como se señaló atrás, este es un tipo de
colaboración indebida que falsea el juego de la libre
competencia. De la misma manera, la información reportada
tampoco debe estar sujeta a cambios, consensos y posterior
retroalimentación, con el fin de manipularla, modificarla y
compartirla con el fin o propósito de influenciar de manera
indirecta el precio del aseguramiento en salud (cálculo de la
UPC y recobros ante el FOSYGA) y la determinación del plan de
beneficios por parte del ente regulador, impidiendo así la
debida transparencia en el mercado de aseguramiento en salud
[…]
Por consiguiente, se reitera por esta Delegatura que las EPS
agremiadas en ACEMI y con la colaboración y dirección de ésta
última, llevaron a cabo un acuerdo con el propósito de ocultar
y falsear la información suministrada a los entes reguladores,
situación que impide la debida transparencia en el mercado del
aseguramiento en salud. En conclusión, con fundamento en el
material probatorio contenido en el expediente, y con
fundamento en las consideraciones expuestas, se pudo
establecer que las EPS-C violaron lo dispuesto en el numeral
10 del artículo 5 del Decreto 1663 de 1994 y ACEMI incurrió en
la prohibición contenida en el artículo 4 del referido decreto.
7.3. ACUERDO PARA LA FIJACIÓN INDIRECTA DEL
PRECIO DEL ASEGURAMIENTO
[…]
• Es cierto que las EPS no son competentes para fijar el
valor de la UPC, por cuanto esta función se encuentra en cabeza
de la CRES, sin embargo, los estudios técnicos desarrollados
por el MPS, el Ministerio de Hacienda y la CRES, con el propósito
de calcular la suficiencia POS/UPC tienen como fuente primaria
la información remitida por las EPS-C agremiadas en ACEMI, la
cual ha sido revisada y ajustada como consecuencia del
consenso fijando así indirectamente el valor de la UPC.
• El objeto de la presente investigación no consistía en
verificar si los servicios recobrados eran efectivamente
prestados a los usuarios, lo que esta Delegatura investigó y
encontró como reprochable es el acuerdo anticompetitivo
fungido entre las EPS-C agremiadas en ACEMI, relacionado con
la fijación indirecta del precio del aseguramiento en salud,
aunado a los dos acuerdos anticompetitivos relacionados en el
presente informe, de los cuales se desprende que las EPS
fijaron de manera únanime y unificada su proceder al negar
servicios incluidos en el POS, obteniendo así ingresos
adicionales via recobros ante el FOSYGA, valor que forma parte
integral del precio del aseguramiento en salud.
57
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
“[…] teniendo en cuenta la gravedad de la conducta efectuada
por parte de las EPS es pertinente recalcar que la
responsabilidad que recae sobre ACEMI, en su calidad de
agremiación y de conducto para efectuar dicho acuerdo, es
igual o más vinculante que la imputada a los miembros de la
mencionada agremiación, en este orden de ideas, la sanción
recomendada para ACEMI, es la misma que la de las EPS
agremiadas a esta […]”49 (Negrillas fuera de texto).
• El apoderado de ACEMI50 formuló observaciones al informe
presentado por el Superintendente Delegado y se opuso a sus
conclusiones51, por cuanto estimó que presentaba inconsistencias,
las que enumeró en su escrito y que concretó en deficiencias
probatorias y legales frente a los siguientes temas:
“[…]
1. Un indebido entendimiento del mercado de salud, asumiendo
que hay competencia entre EPS en un espacio donde la
regulación no la permite.
2. Un desconocimiento abierto de la problemática y las reglas de
funcionamiento de dicho mercado.
3. Un desconocimiento sobre la naturaleza de la información de
las EPS a que se refieren las presuntas conductas anticompetitivas,
la cual es pública y se encuentra disponible para cualquier persona,
por lo cual su tratamiento no plantea problemas de competencia.
4. Un desconocimiento de la forma en que se estructura las
bases técnicas, actuariales y estadísticas de un seguro, como
el POS.
5. Un desconocimiento palmario sobre la naturaleza y la forma
en que operan los recobros.
6. Desconocimiento de las funciones de las entidades públicas
con atribuciones al interior del sistema de seguridad social en salud .
7. Numerosas vulneraciones al debido proceso: Falta de
valoración de las pruebas, indebida interpretación de algunas de
ellas, falta de resolución de recursos, afirmaciones, muchas de ellas
temerarias, contrarias a las evidencias que obran en el proceso.
8. Ausencia absoluta de prueba de conductas anticompetitivas
49
Folios 2 – 118 del Cuadernillo Público N° 38.
50
Este escrito lo presenta en forma conjunta el apoderado de la demandante, quien también representa
a: “Juan Manuel Díaz-Granados, de la Entidad Promotora de Salud Famisanar Limitada Cafam
Colsubsidio, de Juan Carlos Femández Manotas, de la EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
(antes Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Susalud Suramericana Medicina Prepagada),
de la Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud S.A. SOS S.A., de Octavio de Jesús
Ayala Moreno, de Aliansalud EPS S.A. (antes Colmédica Entidad Promotora de Salud S.A.), de Fernando
Robledo Quijano, de Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A., de Piedad Cecilia Pineda Arbeláez, de
la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS y de María Magdalena Flores Ramos (en
adelante mis representadas)”
51
Folios 1-222 del Cuaderno Público N° 40.
58
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
9. Imputación de responsabilidad a las personas investigadas sin
ninguna valoración de su participación en las presuntas conductas
anticompetitivas.
10. Desconocimiento de los limites temporal (caducidad) y
material (conductas objeto de estudio) de la investigación.
11. Desconocimiento del alcance del derecho de asociación y de la
interacción entre el sector privado y el gobierno […]”.
• Resolución núm. 46111 de 2011, “Por la cual se imponen unas
sanciones”, expedida por el Superintendente de Industria y
Comercio. En esta decisión se declaró que la Asociación Colombiana
de Empresas de Medicina Integral - ACEMI, infringió lo dispuesto en
los artículos 3°52 y 4° del Decreto 1663 de 1994 y, en consecuencia,
impuso en el “ARTÍCULO QUINCUAGUESIMO OCTAVO” una sanción
pecuniaria en cuantía de $1.071.200.000, equivalentes a 2000
SMLMV.53
• Contra el anterior acto administrativo el apoderado de ACEMI
interpuso recurso de reposición54, el cual se resolvió mediante la
Resolución núm. 6511655 de 21 de noviembre, en el sentido de
confirmar en su totalidad la Resolución 46111 de 30 de agosto de
2011, quedando ejecutoriada el 2 de diciembre de 2011.
52
Por esta infracción también se declaró responsables a: “[…] Colmédica Entidad Promotora de Salud
SA., COLMEDICA ahora ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., ALIANSALUD; Coomeva
Entidad Promotora de Salud $.A., COOMEVA; Entidad Promotora de Salud Famisanar Limitada Cafam
Colsubsidio, en adelante FAMISANAR; Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del
Régimen Subsidiado S.A., SALUD TOTAL; Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud
S.A., SOS; Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Suramericana Medicina Prepagada,
SUSALUD ahora EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., EPS SURA; Entidad Promotora de
Salud Organismo Cooperativo, SALUDCOOP; Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A., CRUZ
BLANCA; Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A., CAFESALUD; Entidad Promotora de Salud
SANITAS S.A. -E. P. S., SANITAS; Compensar EPS Entidad Promotora de Salud, en adelante
COMPENSAR ahora PROMOTORA COMPENSAR SAS PROPENSAR; Caja de Compensación Familiar
Comfenalco Antioquia, E.PS. COMFENALCO ANTIOQUIA; Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca, E.P.S. COMFENALCO VALLE; Humana Vivir S.A. EPS HUMANA VIVIR […]”
53
Folios 2-219 del Cuadernillo Público 41 y 2 a 50 del Cuadernillo Público 42.
54
Folios 342-375 del Cuadernillo Público 43 y fls. 2-144 del Cuadernillo Público 44.
55
Folios 45-417 del C. Público 47.
59
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Revisado y delimitado el proceso administrativo la Sala responde a
los interrogantes planteados, luego de determinar el marco de
competencia de la SIC en la materia.
6.3. MARCO NORMATIVO DE LA LIBRE COMPETENCIA.
OBJETO Y LÍMITES
El artículo 333 de la Carta Política establece que tanto la actividad
económica como la iniciativa privada son libres. De allí que se
reconozca que la libre competencia es un derecho de todos, que
supone responsabilidades.
Esta determinación responde al modelo de economía que se adoptó
con el Estado Social de Derecho y que identificó la Corte
Constitucional como social de mercado56, que si bien garantiza la
libertad económica de los particulares le otorga al Estado la potestad
de intervenirla con el propósito de corregir las fallas del mercado y
garantizar que su ejercicio se desarrolle en pro de la efectividad de
los derechos fundamentales y la realización de los fines del Estado.
Precisamente, en esta potestad de corrección, es que la actividad de
vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio
se desarrolla para corregir las actuaciones que resulten contrarias
56
En la sentencia C-032 de 2017 se puntualizó que: “En materia económica la Carta de 1991 adoptó
el modelo de economía social de mercado. […] que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa
privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la
libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de cumplir fines
constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general […]”. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
60
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
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con este derecho, en cuanto exige de los intervinientes en el proceso
económico que realicen sus actividades de manera libre en garantía
de la competencia entre los competidores y el derecho de los
consumidores.
Ese mandato superior y el artículo 3° del Decreto 1663 de 199457
son las normas que le otorgan a la SIC la competencia que se
atribuyó para adelantar la función de investigación58 y adelantar la
actuación administrativa en la que se dictaron los actos acusados,
que concluyeron que en el mercado de prestación de servicios en
salud están prohibidos los acuerdos, convenios o prácticas que
directa o indirectamente tengan por objeto o, como efecto, restringir
la libre competencia.
La norma en comento prevé:
“[…] Artículo 3º. Prohibición general a las prácticas
restrictivas de la competencia. De conformidad con lo
previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el
Decreto ley 1298 de 1994 y con lo establecido en el presente
decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o
convenios, así como las prácticas y las decisiones concertadas
que, directa o indirectamente tengan por objeto o como efecto
impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia
dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una
posición de dominio sobre el mismo; o impedir, restringir o
57
“Por el cual se reglamenta el parágrafo 2º del artículo 67 y el artículo 74 del Decreto ley 1298 de
1994” .
58
Según el artículo 4° del Decreto 2153 de 1992 “Al Superintendente de Industria y Comercio, como
jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: […]15. Imponer sanciones
pecuniarias hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de la imposición de la sanción, por la violación de las normas sobre promoci6n de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere el presente decreto,
Así mismo, imponer las sanciones señaladas en este numeral por violación a la libre competencia o
incumplimiento en materia de tarifas, facturación, medición, comercialización y relaciones con el
usuario de las empresas que presten los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, agua
potable, alcantarillado y aseo, en estos últimos sectores mientras la ley regula las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos. […]”
61
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas
conductas tendrán objeto ilícito.
Serán aplicables a las actividades de las Entidades Promotoras
de Salud, los promotores de éstas, las instituciones prestadoras
de Servicios de Salud, los profesionales del sector de la salud,
las asociaciones científicas o de profesionales o auxiliares de
dicho sector y a las de todas las personas naturales o jurídicas
que en él participen, las normas sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, contenidas en
la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas
que las reglamenten, así como aquellas que las modifiquen,
sustituyan o complementen […]”.
6.4. LA DECISIÓN
La Sala precisa que los razonamientos de apelación de ACEMI
radicaron en cuestionar cuatro temas delimitados, que por razones
metodológicas se analizan de la siguiente manera:
6.4.1. La caducidad de la facultad sancionatoria
Este planteamiento lo sustentó la apelante en el hecho de que la
Superintendencia de Industria y Comercio era incompetente para
sancionar las infracciones que investigó en su contra, de una parte,
porque no existieron actividades contrarias a la competencia; y, de
otra, porque que, en todo caso, la conducta reprochada extendida al
5 de diciembre de 2008 no tiene el alcance que le asignó la SIC.
Frente a estos dos aspectos, la Sala considera que las conductas por
las cuales se le investigó y, posteriormente, se sancionó a la
asociación demandante, contrario a lo que se alega y reitera en su
escrito de recurso, proviene de la competencia que ejerció la SIC
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Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
para investigar las conductas que identificó como constitutivas de las
infracciones por las que se le sancionó, las cuales no dependieron de
una única conducta sino que devino de un análisis de las actividades
de solicitud e intercambio de información entre la asociación ACEMI
y sus miembros, a efectos de recopilar y presentar los datos que en
materia de prestación del servicio de salud tienen las EPS y que
servirían de insumo para la reglamentación a cargo del Ministerio de
la Protección Social.
Claramente, como lo concluyó el Tribunal a quo, la Superintendencia
no infringió el mandato contenido en el artículo 38 del CCA, pues, de
acuerdo con lo que está probado, las infracciones endilgadas,
contrario a lo alegado, no dependieron de una única conducta
reprochable sino de un conjunto de actividades que sumadas
identificaron las infracciones calificadas de anticompetitivas; y
porque es de su análisis, en conjunto, del cual la SIC identificó las
conductas sancionadas.
Siendo ello así, no es acertada la postura de la apelante de
establecer una única actuación como la determinante en el
procedimiento sancionatorio por el grado de intervención que se
podría predicar de la actividad endilgada a ACEMI y a las EPS
concurrentes en la investigación, o un límite anterior al fijado,
desconociendo que la actuación final identificada para concretar las
63
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
conductas reprochadas devino del correo electrónico del 5 de
diciembre de 2008, que en el contexto analizado constituyó el
último hecho que consumó la conducta infractora.
En efecto, lo investigado atiende a la condición de conductas
continuadas, pues la infracción no se desarrolló en un solo momento,
sino que se extendió en el tiempo con ocasión de los actos que
encontró la SIC para delimitar las tres infracciones formuladas
respecto de ACEMI y del conjunto de EPS sancionadas. Al respecto,
la Sala reitera59 los tres estadios por los cuales se le sancionó, así:
i) La solicitud que realizó ACEMI para obtener la información
relativa con el mercado de salud a sus EPS afiliadas y la
remisión de los requerimientos efectuados por la asociación
con miras a unos planteamientos;
ii) Los consensos en torno a las conclusiones logradas con
fundamento en la información remitida; y
iii) La fijación indirecta de precios en razón a los acuerdos
logrados frente a la información reportada.
De esta manera, la alegación de la apelante desconoce que las
conductas infractoras delimitadas por la SIC finalizaron en el
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de
noviembre de 2019. Rad: 11001-03-24-000-2012-00679-02. Actora: Entidad Promotora de salud
Servicio Occidental de Salud S.A. – SOS. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
64
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
momento en el que la entidad administrativa identificó del contexto
analizado, que el intercambio de información decantó en acuerdos
que afectaban de manera indirecta los precios regulados de las UPC,
debido al consenso de las EPS para manejar reportes sujetos a
revisión por el gremio, atendiendo al examen sobre la prestación de
los servicios de salud a su cargo.
De allí que converjan para la actuación administrativa una serie de
actividades que en conjunto permitieron valorar las conductas
reprochadas y frente a las cuales ACEMI y las EPS vinculadas
tuvieron la oportunidad de defenderse y desvirtuar la ocurrencia de
estas presuntas conductas por las que finalmente se les sancionó.
Además, la Sala no encuentra probada la alegación de la apelante
respecto de que la conducta no puede contabilizarse a partir del 5
de diciembre de 2008, habida cuenta que no es la actividad misma
del envío del correo electrónico sino en contexto lo que significó
según las investigaciones el actuar de la demandante y las EPS,
concretado en esa última actuación, como aquella que develó la
investigación.
Así las cosas, el espacio temporal invocado por la apelante para
contabilizar el término de caducidad queda sin sustento, en razón a
que verificado el auto de formulación no existe una conducta que
65
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
refleje una específica actuación reprochada en su contra, de la cual
se desvirtúe el señalamiento como actuación última la del envío del
correo electrónico del 5 de diciembre de 2008.
En efecto, las resoluciones acusadas fueron el resultado de un
procedimiento administrativo riguroso, precedido de la formulación
de los cargos y los hechos específicos que los respaldaron, y a partir
de estos calificar las conductas contrarias a la libre competencia en
el mercado de servicios de salud.
Dicho lo anterior, está probado que las conductas sancionadas
oscilaron entre el 5 de marzo de 2007 y el 5 de diciembre de 2008.
A esta conclusión arribó la Sala en reiteradas decisiones60 contra los
actos acusados, al examinar este idéntico cargo:
“[…] El primer momento determinado por el correo enviado por
la ACEMI a las EPS miembros de esa asociación, con la solicitud
de remisión de la información relevante y concerniente con la
prestación de los servicios de salud; y el último, que se tomó
como parámetro para la formulación de los cargos de
infracción, relativo con el envío del correo electrónico del 5 de
diciembre de 200861, que fue remitido por la ACEMI a sus
asociados, entre estos, la EPS apelante.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de
noviembre de 2019. Rad: 11001-03-24-000-2012-00679-02. Actora: Entidad Promotora de salud
Servicio Occidental de Salud S.A. – SOS. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Reiterada en las sentencias:
i) 30 de julio de 2020, radicado núm 25-000-23-24-000-2012-00662-01 Actor: SALUD TOTAL EPS
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés ii) 24 de septiembre de 2020, radicado núm. 25-000-23-24-
000-2012-00527-01 Actor: Comfenalco Valle. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, iii) 12 de
noviembre de 2020, radicado núm. 25-000-23-24-000-2012-00529-01. Actor: Comfenalco Antioquía.
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, iv) 3 de diciembre de 2020. Rad. núm 25000-23-24-000-2012-
00678-03. Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. – EPS Sanitas. C.P. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. (S.V. Oswaldo Giraldo López)
61
Así lo destacó el acto sancionador en la hoja N° 186. En esta se delimitó como el “último envío de
información por parte de las EPS con el fin de realizar el estudio de suficiencia de la UPC, elaborado
por el MPS para el año 2008”.
66
Número único de radicación: 250002324000201200822-01
Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Este último hecho también la involucra en la actuación por el
contexto de las actividades objeto de la investigación, las
cuales no resultan separables por las condiciones
asumidas por las EPS investigadas, que accedieron al
envío de información y asintieron en las orientaciones
dadas por la ACEMI, frente a los consensos logrados.
A esta conclusión se arriba por cuanto una conducta se cataloga
como instantánea, cuando su ejecución se establece en un solo
momento; y, al contrario, es de carácter continuado o
permanente, cuando el comportamiento dañino o contrario a
derecho se prolonga en el tiempo y en el espacio, extendiendo
por el mismo período la comisión de la falta respectiva62.
Por lo precedente, no le asiste razón a la parte apelante al
considerar como fecha de conteo del término de caducidad, un
evento que no fue investigado (año 2006) y, además, porque
dada la naturaleza de la infracción, que implicó la realización
de actos positivos continuados de doble dirección para
examinar la afectación al mercado de salud, resultaba
insuficiente para la autoridad de vigilancia restringirse a
uno solo de los eventos que encontró para estructurar
las trasgresiones investigadas en tanto, como lo explicó
en el auto de formulación de cargos, se requirió de un
examen complejo por ser una conducta continuada y no
evidenciada sino a través del contexto de las pruebas
recopiladas que daban cuenta del escenario de
infracción en el que se movían ciertos asuntos tratados
por conducto de la ACEMI con las EPS miembros que
desbordaban el propósito de asociación y cooperación en el que
se amparan.
Determinado como está, que las infracciones sancionadas son
de carácter permanente o continuado, la Sala considera que el
Tribunal acogió en derecho y para el cómputo de la facultad
sancionatoria de la SIC el último evento que dicha
entidad examinó como constitutivo de las infracciones
investigadas y, posteriormente, sancionadas, que de
acuerdo con lo revisado en el trámite del proceso
administrativo lo constituye el correo electrónico del 5
de diciembre de 2008 que envió la ACEMI a sus afiliadas63.
De esta manera, y como lo ha reiterado esta Corporación, es
este el momento en el que empieza a correr el término para
contabilizar la ocurrencia o no del fenómeno de la caducidad de
la facultad sancionatoria. Al respecto se precisó:
62
Así lo definió esta Sección en la sentencia de 13 de noviembre de 2014. Exp.
150012333000201300254-01. Actor: Estación de Servicio Villa del Río Ltda. y otros. C.P. María
Elizabeth García González.
63
Ruta de ubicación: Unidad de DVD RW (D:)09-21413. _CUADERNO 1 CD3F317_ACEMI. SIC
CORREOS SELECCIONADOS POR SIC_0712009_DIMEDICA_RE CARTA (folio 118. CD_Cuaderno
Reservado)
67
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
“[…] tratándose de conductas continuadas o permanentes, el
término de caducidad debe contarse a partir del último acto 64.
Bajo la aplicación de dicha regla se deduce fácilmente que el
término de caducidad será el que contemple la norma vigente
para el momento en que ocurra el último acto que haga parte
de la conducta (permanente) que dio origen a la investigación
administrativa […]”65.
Ahora bien, el segundo de los reproches descansa en que
el término de tres (3) años que establece el artículo 38
de CCA66 implica para la administración, según el dicho
del apelante, incluso la notificación del acto que resolvió
el recurso de reposición, por cuanto ello representa una
garantía propia del Estado Social de Derecho.
Pues bien, en relación con la interpretación de esta normativa
ha de señalarse que en otrora existieron diversas posturas
frente a este asunto; sin embargo, lo relevante es que para el
momento de la imposición de la sanción administrativa y de
tiempo atrás se encuentra vigente la posición adoptada
por la Sala Plena de esta Corporación que definió qué es
acto sancionatorio y cómo debía computarse su
caducidad. Al respecto precisó lo siguiente:
“[…] Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar
posturas de las Secciones sobre el tema, asunto que
precisamente constituyó el motivo para que el presente
proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena,
a continuación se explicarán las razones esenciales por las
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar
es la que proclama que la sanción […] se impone cuando
concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse
el acto administrativo principal, decisión que resuelve el fondo
del asunto […]. Este es el acto que define la conducta
investigada como constitutiva de falta […] En él se concreta la
expresión de la voluntad de la Administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos
en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no
pueden ser considerados como los que imponen la sanción
porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no
es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación
sino permitir a la Administración que éste sea revisado a
instancias del administrado.
La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos
figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La
primera, culmina cuando la Administración, luego de
64
En ese sentido puede verse la sentencia de 29 de abril de 2015 dictada por esta Sección en el
radicado 2005-01346-01, actor: Hermes Hernán Rodríguez Hernández.
65
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 8 de
junio de 2016. Radicación número: 15001-23-33-000-2012-00144-01. Consejero ponente: Guillermo
Vargas Ayala.
66
“Art. 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda
ocasionarlas”.
68
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone
la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su
contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios
de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión
primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de
una decisión ya tomada […]67. (Destacado fuera de texto)
De esta manera, la interpretación que del artículo 38 del CCA
realizó el Tribunal es conforme a derecho, en cuanto a que la
caducidad de la facultad sancionatoria se verifica cuando
han transcurrido más de tres (3) años sin que se haya
notificado el acto administrativo sancionatorio, término
que no debe extenderse a las decisiones de los recursos
procedentes y su correspondiente notificación.
Así las cosas, la Sala concluye que el acto sancionatorio
expedido mediante la Resolución núm. 46111 de 30 de agosto
de 2011, con nota de ejecutoria el 2 de diciembre de 201168,
fue dictado en el término previsto en el artículo 38 del CCA,
toda vez que el plazo para decidir el proceso
administrativo para que no operara la caducidad de la
facultad sancionatoria vencía el 5 de diciembre de 2011,
habida cuenta que el último de los actos contrarios por los
cuales se le investigó a la demandante se constató como
realizado el 5 de diciembre de 2008.
De esta conclusión, se deriva que el Tribunal interpretó en
debida forma la norma considerada como vulnerada; y
contrario a lo alegado por la apelante esta decisión de ningún
modo representa un desconocimiento del Estado Social de
Derecho […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto)
De acuerdo con este precedente, la Sala concluye y reitera que el
término de caducidad debe contabilizarse a partir del 5 de diciembre
de 2008, y en ese sentido le asiste razón al Tribunal frente a la
inexistencia de caducidad de la facultad sancionatoria, pero no frente
a la forma en que lo contabilizó.
67
Consejo de Estado - Sala Plena. Sentencia de 29 de septiembre de 2009. Expediente núm. 11001-
03-15-000-2003-00442-01(S). C.P. Susana Buitrago Valencia.
68
Sello visible al folio 191 del C. de anexos, que informa que este acto quedó ejecutoriado el 2 de
diciembre de 2011.
69
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Ciertamente, la decisión se confirma bajo el entendido de que la
facultad sancionatoria se ejerció en oportunidad porque no
transcurrieron más de tres (3) años contabilizados desde el 5 de
diciembre de 2008, sin que la SIC hubiese notificado el acto
administrativo sancionatorio a la demandante, habida cuenta que
dicho término no comprende, como lo indicó el a quo, la decisión de
los recursos y su notificación.
Lo que ocurrió en este caso, es que dentro del término de caducidad
la SIC no solo expidió el acto sancionatorio y lo notificó, sino que
también decidió el recurso de reposición y realizó las
correspondientes notificaciones, conforme se aprecia en el acápite
en el que esta Sala da cuenta del procedimiento administrativo
sancionatorio, lo que lleva a la conclusión de rechazar la ocurrencia
de la caducidad de la facultad sancionatoria, con la precisión de que
la interpretación válida del artículo 38 del C.C.A., corresponde a
aquella que fija el límite temporal para ejercer la facultad
sancionatoria dentro de dicho término, -3 años-, en el cual se debe
expedir y notificar el acto sancionatorio, lo que no comporta las
actuaciones posteriores que se surten en virtud del desarrollo de la
vía administrativa69.
69
Esta tesis jurisprudencial fue elevada a rango normativo como se aprecia en el artículo 52 del
CPACA.
70
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Por lo expuesto no hay lugar a acceder a este reproche y se confirma
la decisión del a quo, pero por los motivos aquí esgrimidos.
6.4.2. Indebida valoración de los argumentos esgrimidos en
torno a la violación de los artículos 3°, 4° y 5° (numerales 1,
8 y 10) del Decreto 1663 de 1994, y del principio de legalidad
previsto en el artículo 29 Constitucional.
El reproche que invoca la demandante está orientado a cuestionar
las presuntas deficiencias del a quo en el examen de legalidad frente
a las conductas endilgadas. Insistió en que las infracciones contrarias
a la libre competencia se basaron en el presunto intercambio de
información sin demostrarse que ACEMI entregó la misma de
manera desagregada respecto de los precios o costos unitarios en
que incurren las EPS, información que alega es pública y que en
razón a la estructura del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, no hay lugar a que las EPS compitan por la cobertura del Plan
Obligatorio de Salud.
Bajo estas alegaciones estima de vital importancia que se
contextualice la declaración de la doctora Mónica Uribe, respecto de
lo que asegura su intervención fue con el ánimo de presentar
propuestas al Gobierno para resolver las dificultades o problemas del
sector y se examine con ello la falsa motivación que invocó, presente
en el examen de las conductas endilgadas.
71
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Reiteró que el fallo se limitó a transcribir las consideraciones de la
SIC, al enumerar las comunicaciones cruzadas entre ACEMI y sus
afiliadas, sin valorarlas y hallar su verdadera finalidad gremial, hecho
que desconoció su presunción de inocencia.
Para contextualizar los reproches de la apelante, en su condición
de Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, es
preciso destacar que las conductas por las cuales se le sancionó
obedecieron a que incurrió en la infracción de los artículos 3°70 y
4° del Decreto 1663 de 1994.
Al respecto, es cierto que la investigación administrativa adelantada
por la SIC giró en torno a las reuniones y a la verificación sobre el
intercambio mediante correos vía web y consensos de la agremiación
para la información entre competidores del sector salud71, en
oposición al que ahora es reproche de la apelante, frente a que ese
cruce de mensajes electrónicos y la información que requirió a las
EPS tenía por propósito discutir y aprobar una propuesta regulatoria
70
Por esta infracción también se declaró responsables a: “[…] Colmédica Entidad Promotora de Salud
SA., COLMEDICA ahora ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., ALIANSALUD; Coomeva
Entidad Promotora de Salud $.A., COOMEVA; Entidad Promotora de Salud Famisanar Limitada Cafam
Colsubsidio, en adelante FAMISANAR; Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del
Régimen Subsidiado S.A., SALUD TOTAL; Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud
S.A., SOS; Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. Suramericana Medicina Prepagada,
SUSALUD ahora EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., EPS SURA; Entidad Promotora de
Salud Organismo Cooperativo, SALUDCOOP; Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud S.A., CRUZ
BLANCA; Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A., CAFESALUD; Entidad Promotora de Salud
SANITAS S.A. -E. P. S., SANITAS; Compensar EPS Entidad Promotora de Salud, en adelante
COMPENSAR ahora PROMOTORA COMPENSAR SAS PROPENSAR; Caja de Compensación Familiar
Comfenalco Antioquia, E.PS. COMFENALCO ANTIOQUIA; Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca, E.P.S. COMFENALCO VALLE; Humana Vivir S.A. EPS HUMANA VIVIR […]”
71
También soportada en los estudios realizados por la Contraloría General de la República y la
Defensoría del Pueblo frente a las falencias y hallazgos en las condiciones de la prestación del servicio
de salud.
72
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ante el Ministerio de Protección Social, fin que dijo no fue atendido
por la SIC al expedir el acto sancionatorio, ni por la sentencia de
primera instancia, en cuanto no valoró estas circunstancias que se
encuentran alejadas de conductas atentatorias de la libre
competencia.
Para resolver lo concerniente con estos planteamientos, es preciso
considerar lo dispuesto por los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto 1663
de 1994, este último enlista qué acuerdos son contrarios a la libre
competencia y en los que se fundó la SIC para sancionar a ACEMI y
a las EPS vinculadas a la investigación:
“ARTÍCULO 3º. Prohibición general a las prácticas
restrictivas de la competencia. De conformidad con lo
previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, el
Decreto ley 1298 de 1994 y con lo establecido en el presente
decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o
convenios, así como las prácticas y las decisiones
concertadas que, directa o indirectamente tengan por
objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la libre competencia dentro del mercado de los
servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre
el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de
los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito.
Serán aplicables a las actividades de las Entidades Promotoras
de Salud, los promotores de éstas, las instituciones prestadoras
de Servicios de Salud, los profesionales del sector de la salud,
las asociaciones científicas o de profesionales o auxiliares de
dicho sector y a las de todas las personas naturales o jurídicas
que en él participen, las normas sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, contenidas en
la Ley 155 de 1959, en el Decreto 2153 de 1992 y las normas
que las reglamenten, así como aquellas que las modifiquen,
sustituyan o complementen.
ARTÍCULO 4º. Prohibición a las asociaciones o
sociedades científicas y de profesionales o auxiliares. Sin
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perjuicio de lo dispuesto en otras normas, se prohíbe a las
asociaciones o sociedades científicas y de profesionales
o auxiliares del sector salud al desarrollar su actividad,
el adoptar decisiones o políticas internas que tengan por
objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la libre competencia dentro del mercado de los
servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre
el mismo; o impedir, restringir o interrumpir la prestación de
los servicios de salud. Dichas conductas tendrán objeto ilícito.
Artículo 5º. Acuerdos contrarios a la libre competencia.
Se consideran contrarios a la libre competencia en el mercado
de servicios de salud, entre otros, los siguientes acuerdos,
convenios, prácticas o decisiones concertadas:
1. Los acuerdos que tengan por objeto o tengan como
efecto la fijación directa o indirecta de precios o tarifas.
[…]
8. Los acuerdos entre competidores que tengan por objeto o
tengan como efecto abstenerse de distribuir o vender un bien
o de ofrecer o prestar un determinado servicio de salud,
interrumpirlo, o afectar los niveles de prestación del mismo.
[…]
10. Los que tengan por objeto o como efecto abstenerse de
proveer a los usuarios o al Sistema General de Seguridad Social
en Salud de información no reservada sobre la prestación de
los servicios de salud, así como cualquier intento de ocultar o
falsear la información y en general de impedir la debida
transparencia en el mercado de los servicios de salud […]”
(Subrayas y negrillas fuera de texto).
En las resoluciones acusadas se concluyó por la SIC que la actividad
que comprobó, a través de su investigación, fue el intercambio de
información por conducto de ACEMI como asociación entre sus EPS
miembros, circunstancia que no desconoció la apelante. De allí que
se de por cierta esa comunicación y el contenido de los correos, actas
y documentos a los que aludió el ente administrativo en este trámite.
En cuanto al reproche de que las pruebas que analizó la SIC fueron
descontextualizadas, y que el Tribunal se limitó a transcribirlas sin
encontrar su genuino propósito, la Sala debe destacar que la SIC no
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generalizó como impropio el intercambio de información entre
competidores cuando están agremiados, la investigación realizada
apuntó al manejo que conllevó agruparla, por cuanto estimó que “no
es aceptable la recolección de información sensible que como en este
caso podía ser utilizada para encontrar similitudes y
diferencias entre las políticas frente a la cobertura de
servicios en el Régimen Contributivo por parte de las EPS”.
A tal conclusión se arribó, por el contenido de los siguientes correos:
• Correo electrónico enviado por Lucia Torres a la lista de correos
de la ACEMI, ASUNTO: “Circular 20070070073-RC-RS- información
trasplantes 2000 a 2006” de fecha 5 de marzo de 2007.
“[…]Para: COMITÉ MÉDICO
De: ACEMI
Asunto: Información Trasplantes 2000 a 2006
De forma URGENTE, solicitamos a todas las entidades que nos
envíen a más tardar el día 7 de marzo de 2007, antes de las 4:00
p.m. la siguiente información:
Pacientes que recibieron trasplantes o retrasplantes (POS y NO-POS)
tratamiento farmacológico de inmunosupresores (POS y NO POS) en
las EPS durante los periodos 2000 a 2006, incluyendo el costo anual
del tratamiento […]
Pacientes que recibieron trasplantes o retrasplantes (POS y NO POS)
y tratamiento farmacológico de inmunosupresores (POS y NO POS)
en las EPS durante los períodos 2000 a 2006 y que venían
trasladados de otra entidad, incluyendo el costo anual del
tratamiento farmacológico.
Lo anterior con el fin de hacer un análisis y fijar la posición gremial
del tema en la ponencia que debe presentar el Presidente Ejecutivo
de ACEMI ante el Instituto Nacional de Salud.
75
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
Anexo: Instrumento de recolección de información sobre trasplantes
(trasplantes.xls) […]”.
• Correo electrónico enviado por Sandra Marcela Camacho a la
lista de EPS ACEMI con asunto “Compromiso costeo insumo y
depósitos médicos procedimientos POS” de fecha 30 de mayo de
2007 y archivo adjunto de dicho correo electrónico denominado
“Consolidado lista de insumos 040420006”.
“De: Sandra Marcela Camacho Rojas72
Enviado el: miércoles 30 de mayo de 2007 4:20
Para: […]73
C.C. Lucia Torres Cortes; Nelcy Parees Jonny Carmona
Asunto: Compromiso costeo insumos y dispositivos médicos
procedimientos POS
Datos adjuntos: Consolidados lista insumos 04042006.xls; Glosarios
y Artículo 12 V15032006.doc; Inventario Insumos xls.
Apreciados señores,
Por medio de la presente, les estoy enviando la lista de los
procedimientos POS que más frecuentemente requieren
insumos, dispositivos médicos o prótesis que las EPS
consideran que no están en el POS (existen otras que el
consenso de EPS considera que está en el POS).
Adjunto igualmente la propuesta de definiciones para aclarar el
artículo 12, fruto del trabajo de las EPS y al cual se llegó por
consenso.
Los objetivos son:
1. Costear para cada procedimiento cuánto pueden costar los
elementos no POS (para proponer topes de cobertura).
2. Determinar la frecuencia con la cual se realizan los procedimientos
POS de la lista.
3. Determinar la frecuencia con la cual la EPS está suministrando un
dispositivo no POS para cada uno de esos procedimientos.
4. Calcular el impacto en la UPC, que tiene la inclusión de los
elementos y diferentes escenarios de topes económicos para
la cobertura económica y ajuste de UPC.
72
Este correo se remitió desde el correo SCamacho@acemi.org.co
73
La lista contempla correos de las EPS investigadas y también sancionadas
76
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Les pedimos que ustedes revisen la frecuencia de los
procedimientos, y diligencien el formato para el año 2006 del valor
promedio de mercado de los elementos en las casillas
correspondientes. Adicionalmente se pretende hacer en el formato
“inventario” uno de estos elementos. (Se debe copiar un renglón por
cada uno de los diferentes tipos de elementos de cada procedimiento
como se muestra en el ejemplo.
Para aquellos que no puedan enviar la información en este formato
les pedimos que no (sic) expliquen qué información disponible
(recobros-tutelas u otros) tienen en medio magnético, para
apoyar el proyecto de costeo de estos insumos y por lo tanto
de impacto que tiene el concepto de integralidad en el costo
del plan de beneficios y calcular el ajuste de UPC necesario
para asumir este costo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De estas pruebas y de las demás que identificó la SIC y que fueron
puestas en conocimiento de la apelante con el acto de formulación
de cargos, se acreditó que ACEMI74, en su condición de asociación
que agrupa a las EPS, requirió a sus miembros información para
analizar aspectos específicos con la prestación, costos y coberturas
del servicio de salud y llegar a consensos sobre procedimientos o
prácticas relacionadas con dicha prestación, información que por
razón del desarrollo de la actividad de cada EPS no tendría que ser
compartida.
En estos términos, la SIC encontró probada y no lo desvirtuó la
apelante, que con estos requerimientos se conocieron y revelaron
aspectos propios del mercado de salud que por encontrarse
74
Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
77
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amparados en la libre competencia75, son del resorte reservado de
la empresa.
El dar a conocer esa información y circularla entre las EPS miembros
de la ACEMI posibilitó a las demás EPS prestadoras del servicio de
salud tener conocimiento de temas referentes al desarrollo de las
empresas, tales como la frecuencia de los servicios, costos y
coberturas y, de paso, los procedimientos desarrollados y la
calificación que cada una de ellas les asigna al considerarlos
cubiertos o no por el POS, para luego, con base en el análisis de esa
información, la Asociación demandante fijará, previos comités,
algunos parámetros para sugerirle cómo actuar, por ejemplo en
materia de recobros y cumplimiento de fallos de tutelas, entre otros.
Estos hechos demostrados fueron en definitiva los determinantes
para que las EPS accedieran por intermedio de la ACEMI y con su
anuencia, a conocer la información específica de numerosas
actividades a cargo de la gran mayoría de los actores que participan
en el mercado de la prestación de los servicios de salud y que son
afiliadas a dicha Asociación.
75
“La competencia es un principio estructural de la economía social del mercado, que no sólo está
orientada a la defensa de los intereses particulares de los empresarios que interactúan en el mercado
sino que propende por la protección del interés público, que se materializa en el beneficio obtenido por
la comunidad de una mayor calidad y unos mejores precios de los bienes y servicios que se derivan
como resultado de una sana concurrencia. De ahí, que la Carta Fundamental, le ha impuesto
expresamente al Estado el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y
evitar o controlar el abuso de la posición dominante que los empresarios tengan en el mercado”. Corte
Constitucional Sentencia C-016-01 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
78
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Ello ocurrió con ocasión de la acción de ACEMI de solicitar
información específica a las EPS y por el hecho de que éstas la
compartieron para ser recopilada y luego analizada, lo que permitió
que estas empresas conocieran de las prácticas que de manera
independiente confiere cada una de las EPS a la demanda de
servicios y a los costos aplicados, todo con el ánimo de lograr la
cohesión y parametrización de tales actividades.
En este orden, lo que está demostrado es que la información que se
compartió fue presentada de manera consolidada, identificando
generalmente a las EPS por un número para que luego asumieran
consensos sobre el particular76, tal es el caso frente a las tablas
denominadas: i) Tabla 6. Costo ponderado de servicios
ambulatorios77; ii) Tabla 7. Muestra del procedimiento del
consenso78, iii) Tabla 8. Procedimientos que siendo acogidos por el
Consenso no reflejan unanimidad en la posición de las EPS79 y iv)
Tabla 8. (sic) Hoja de Excel denominada No Pos per cápita enviado
UPC” 80.
Para la SIC, según lo explica el acto sancionatorio y frente a la
manera como se efectuó el análisis del material probatorio, no había
76
Tal es el caso de las tablas 6, 7, 8 y 8 (sic) que se muestran en el acto sancionatorio que hacen
relevante y específica la información parametrizada por EPS, servicios y costos. (fl. 106, 111, 131 y
151 del acto). Este documento se puede verificar en el expediente digital en el Cuadernillo público 41
folios
77
Cuadernillo público 41 folio 107.
78
Cuadernillo público 41 folio 112.
79
Cuadernillo público 41 folio 132.
80
Cuadernillo público 41 folio 152.
79
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lugar a interpretar individualmente cada prueba debido a que se
trató de una “conducta compuesta por una actuación sistemática y
continuada en el tiempo por parte de las investigadas”; y porque es
reprochable que ACEMI hubiese solicitado de las empresas
investigadas información que luego compartieron.
De manera que no le asiste razón a la apelante en cuanto cuestiona
que la SIC y el Tribunal no analizaron las pruebas y los reproches
que se oponen a las conclusiones que sustenta la ocurrencia de las
infracciones, basado en la afirmación de que la información es
pública y que no tuvo el fin que se le asignó, supuestos que no se
desvirtuaron.
Y no ocurre porque la información pública a la que alude ACEMI fue
objeto de recopilación para posterior examen, para realizar “un
análisis interno en ACEMI de dicha información y su consistencia con
la información entregada en las Bases de datos de UPC entregadas
al MPS”81, que implicó la posibilidad de efectuar recomendaciones
frente a la información que cada EPS planeaba enviar al Ministerio,
81
Así se lee en el correo electrónico enviado por Lucía Torres al listado de contactos de ACEMI el 10
de octubre de 2007, bajo el asunto: Tarea Acemi UPC, Copia Solicitud MPS. Nota técnica de EPS:
[…] Apreciados señores,
Por medio de la presente les solicitamos hacer llegar a ACEMI antes del 17 de octubre la información
que su EPS planea enviar al Ministerio de la Protección Social, en respuesta al comunicado que
se anexa, con el fin de que se haga un análisis interno en ACEMI de dicha información y su
consistencia con la información entregada en las Bases de datos de UPC entregadas al MPS.
El resumen de los resultados se enviará con observaciones a cada EPS antes de la fecha
límite de envío,
Agradecemos su atención y oportuna colaboración
Atentamente, Sandra M. Camacho Directora médica […]” (resaltas propias) Fls.142-143 del
Cuadernillo Público 42.
80
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luego de la comparación y de las recomendaciones frente al
panorama examinado.
En todo caso, de tener el carácter que invoca la apelante, no tiene
coherencia que haya procedido entonces a solicitar tales registros,
así como el diligenciamiento de los cuadros excel y la aplicación de
un flujograma, pues lo determinante es que sujetó toda esa
información a la realización de comentarios y sugerencias frente a
sus agremiadas; y de parte de éstas, al conocimiento de los reportes
y la apreciación de cada EPS respecto de la prestación de los
servicios de salud y su autorización bajo el esquema POS, y la
participaron en consenso para dicho intercambio.
De esta manera la integración y el examen de esa información antes
de reportarse al Ministerio, evidencia que la misma ya no apuntaba
al simple y puro hecho de enviarla, en tanto su examen y las
recomendaciones efectuadas bajo tales consensos, dan cuenta de la
virtualidad de transformarse por causa de los hallazgos y de las
pautas y/o recomendaciones que hiciera ACEMI a las EPS,
independientemente de que ellas hubieran atendido o no.
Es precisamente, en este sentido, que la omisión que también invocó
la apelante frente a la categorización de la conducta restrictiva “por
objeto”, debe entenderse que no obligaban a la SIC a acreditar los
81
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efectos resultante de la infracción sino demostrar la conducta
atentatoria, independiente que éstas se hubieren ejecutado en la
práctica, es decir que se hubieren unificado los asuntos sometidos a
consensos u orientaciones mediante la información finalmente
remitida al Ministerio de la Protección Social.
Precisamente, la Sala destaca que el artículo 3°82 del Decreto 1663
de 1994, prohíbe “todos los acuerdos, convenios” y “las prácticas y
decisiones concertadas” que tengan por propósito restringir la
libertad de competencia.
Así, está acreditado que las conductas endilgadas se identificaron
por el ente de control y vigilancia al adelantar la investigación que
probó el intercambio de información con miras a lograr consensos
frente a la prestación del servicio que operan y tienen a su cargo las
EPS. Este hecho no lo desvirtuó la demandante, pues claramente no
demuestran el fin invocado frente a que las comunicaciones
electrónicas se dieron con la idea de compilar y remitir simple y
82
“[…] ARTICULO 3o. PROHIBICION GENERAL A LAS PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA.
De conformidad con lo previsto en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2.153 de 1992, el Decreto - ley 1298
de 1994 y con lo establecido en el presente Decreto, están prohibidos todos los acuerdos, actos o
convenios, así como las prácticas y las decisiones concertadas que, directa o indirectamente
tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego de la libre competencia
dentro del mercado de los servicios de salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo;
o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud. Dichas conductas tendrán
objeto ilícito. Serán aplicables a las actividades de las Entidades Promotoras de Salud, los
promotores de éstas, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, los profesionales del sector
de la salud, las asociaciones científicas o de profesionales o auxiliares de dicho sector y a las de
todas las personas naturales o jurídicas que en él participen, las normas sobre promoción de la
competencia y prácticas comerciales restrictivas, contenidas en la Ley 155 de 1959, en el Decreto
2.153 de 1992 y las normas que las reglamenten, así como aquellas que las modifiquen, sustituyan o
complementen. […]”
82
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llanamente la información sin esa recomendación que encontró la
SIC.
Ello se corrobora, al examinar en el contexto analizado la siguiente
comunicación que sostuvo ACEMI con sus EPS agremiadas, que dan
cuenta de un propósito adicional al de mantener la información
pública en su estado reportado:
“[…] Apreciados señores,
“1. De acuerdo con lo establecido por la Junta directiva del
pasado viernes, les solicito aclarar el reporte realizado al MPS y
ACEMI en el archivo no POS (CTC y TUT) de acuerdo con las
instrucciones que se adjunta. Así mismo les estamos
enviando el gasto per cápita calculado a partir de los
archivos recibidos, en donde se observa bastante
heterogeneidad en el indicador de gasto per cápita de este
rubro, lo cual motiva la presente (sic) solicitud. […]83
Así las cosas, la alegación de la apelante no desvirtúa las
conclusiones del acto sancionatorio, habida cuenta que del material
probatorio que se allegó a este proceso judicial y en específico aquel
que se destaca en la decisión cuestionada, se comprobó que ACEMI
gestionó el cruce de información entre EPS, lo cual permitió el
conocimiento de las empresas prestadoras del servicio de salud, la
evaluación de los procedimientos y la presentación de consensos o
acuerdos en torno a dicho servicio.
83
Este correo corresponde al enlistado por la SIC en la Resolución 46111 de 2011 (folio 142 del
Cuadernillo Público 41) cuyo remitente es Juan Pablo Rueda, Director Técnico de Salud de SALUD
TOTAL, con asunto "Tarea ACEMI: aclaración de la información UPC", de fecha 20 de noviembre de
2007.
83
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Esta conclusión ha sido reiterada por la Sección al examinar la
legalidad de la Resolución cuestionada por parte de las EPS
sancionadas, en las que se señaló frente al planteamiento de las
zonas grises y el examen de los testimonios rendidos en el
procedimiento administrativo, lo siguiente:
“[…]
301. Así las cosas, el análisis sistemático e integral del
acervo probatorio llevó a la SIC a determinar la
existencia de un acuerdo que tenía por objeto restringir
o afectar la libre competencia en el mercado de
prestación de servicios de salud, en la medida en que lo
pretendido por las EPS era establecer, de manera
concertada, los datos a reportar al Ministerio de
Protección Social para la definición de los
procedimientos que en lo sucesivo debían considerarse
para ser incluidos o no dentro del POS.
302. Ahora bien, para la Sala es claro que la definición de
los procedimientos médicos que se encuentran incluidos
o excluidos del POS es un asunto de competencia del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (en
adelante CNSSS), en coordinación con los demás entes
que forman parte del SGSSS84. El CNSSS también es el
encargado de calcular el valor de la UPC85 con base en la
información suministrada por cada EPS, acerca de la
frecuencia de suministro de medicamentos, servicios,
dispositivos, los costos de estos, etc. En esa medida, la
información reportada por cada EPS deberá ser aquella que
maneja en el desarrollo normal de su negocio en condiciones
de competencia en el mercado. Por ello, los datos que sean
proporcionados en condiciones diferentes producirán
distorsión de la información necesaria para el cálculo.
303. Ahora bien, la existencia de una «zona de gris» o de
indefinición de los procedimientos y servicios incluidos o
84
La Ley 100 de 1993 establece, entre otras cosas, que todo ciudadano debe participar en el SGSSS
(literal b) del artículo 156), que éste debe garantizar el acceso a los servicios de salud en todos los
niveles de atención, y que los servicios de salud a los que se garantizará el acceso están definidos en
el Plan Obligatorio de Salud – POS. El POS será definido por el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, en coordinación con el Ministerio de la Protección Social, según el artículo 172 de la Ley 100
de 1993.
85
La competencia para definir el valor de la UPC está en cabeza del CNSSS, según el numeral 3 del
artículo 172 de la Ley 100 de 1993.
84
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no en el POS, precisamente le permitiría a las EPS
competir frente a los servicios que ofrecería a sus
afiliados por el manejo eficiente de los recursos que
recibía por la UPC86. Por tanto, cualquier acuerdo tendiente a
estandarizar aquellos procedimientos o servicios respecto de
los que existe duda, sería contrario a la competencia.
304. De esta manera, la Sala evidencia que, tal y como lo
determinó la SIC en los actos demandados, se presentó el
intercambio de datos entre competidores, respecto de lo
que cada EPS considera está o no incluido en el POS y de
la información insumo para el cálculo de la UPC. Así
mismo, encuentra que la conducta referida estaba dirigida a
presentar una posición unificada ante los entes reguladores del
mercado de aseguramiento en salud, lo cual constituye una
conducta contraria a la libre competencia.
305. EN ESA MEDIDA, LA ESTANDARIZACIÓN DE
CRITERIOS QUE SE GESTÓ EN LAS EPS BAJO LA
COORDINACIÓN DE ACEMI, IMPLICÓ COMPARTIR
INFORMACIÓN SENSIBLE PARA LA DEFINICIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS QUE DEBEN ESTAR
CONTEMPLADOS EN EL POS, LO QUE EVIDENTEMENTE
IMPIDE LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE LOS AGENTES
DEL MERCADO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD. Ello, por
cuanto cada EPS tenía acceso a información precisa y detallada
de los servicios prestados por las demás y bajo cuáles
parámetros.
306. Bajo tales presupuestos, no le asiste razón al
apelante en el sentido de afirmar que toda la información
intercambiada entre EPS SANITAS S.A. y ACEMI
86
En el expediente a folio 775 del Cuaderno 2 del Tribunal se encuentra una comunicación de 24 de
octubre de 2008, suscrita por la Directora General de Regulación Económica de la Seguridad Social,
Mónica Patricia Uribe Botero, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirigida al Ministerio de la
Protección Social, se señaló que para dilucidar la denominada zona gris del POS se debía aplicar los
siguientes criterios:
[…] Así mismo, en la misma comunicación del día once (11) de septiembre de 2007, habíamos
señalado, que dado que la mayor parte de los contenidos del POS fueron definidos a través de la
Resolución 5261 de 1994, evidentemente, la tecnología media que se podría encontrar costeada en el
POS es únicamente aquella que se encontraba disponible para el momento en que fueron costeadas
las actividades, procedimientos e intervenciones previstas a la fecha para el momento de la expedición
de la Resolución 5261 de 1994, así como las actividades que el CNSSS ha incluido con posterioridad
a dicha fecha, vr gr las ampliaciones adoptadas por los Acuerdos 226, 228, 254, 259, 263, 282, 302,
313, 336 y 350, entre los cuales, hay actualización de tecnología.
No obstante lo anterior, también señalamos en la mencionada carta que evidentemente, atendiendo
la específica naturaleza de las Entidades Promotoras de Salud – EPS en lo que tiene que ver con sus
funciones y obligaciones de calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de salud dentro del
equilibrio financiero previsto, este Ministerio considera igualmente que cuando quiera que un
insumo médico corresponda a uno de tecnología reciente no prevista al momento de
aprobar el POS, pero dicho insumo reemplace o sustituya otro incluido en el POS, cuyos
costos sean iguales o inferiores, la EPS está obligada a evaluar el suministro de dicha
tecnología atendiendo la eficacia, eficiencia, costo-efectividad, y seguridad del paciente, lo
que no supone una ampliación del POS, sino una eficiente gestión en el manejo de los
recursos que percibe a título de UPC para la prestación del servicio. Igual situación resultaría
aplicable frente a insumos o prótesis no POS cuyo suministro resulte de mayor costo efectividad que
la práctica de actividades, procedimientos e intervenciones incluidas en el POS […]”. (Resaltado y
subrayado de la Sala)
85
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obedeció a la construcción de una propuesta regulatoria
y que dicha circunstancia está probada con base en los
testimonios que no fueron apreciados por la SIC. Tal y
como lo advierte la SIC en los actos demandados, todas las
pruebas fueron apreciadas en su conjunto, bajo los criterios de
la sana crítica. Adicionalmente, la parte demandante tuvo las
oportunidades para controvertirlas y refutarlas […]”.87
Ahora, en lo que respecta a la falta de valoración de los testimonios
a que se refirió en el escrito de apelación, está claro que el no
identificarlos específicamente sea prueba de una omisión de la
autoridad administrativa frente a su examen, pues está visto que la
investigación estuvo soportada tanto en las pruebas que sirvieron
para la apertura de la investigación ordenada, como de aquellas que
se decretaron como consecuencia de la actividad de defensa de los
implicados.
En ese mismo sentido, el informe motivado rendido por el
Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia al
Superintendente de Industria y Comercio y que fue objeto de
traslado a los investigados, tuvo por fin examinar el material
probatorio obrante en el procedimiento.
En estos términos, para la Sala no existe duda del examen implícito
y general del material probatorio, pues no resulta de recibo que el
reproche de la apelante radique en su oposición a lo decidido en el
87
Consejo de Estado – Sección Primera. Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Rad. núm 25000-23-
24-000-2012-00678-03. Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. – EPS Sanitas. C.P. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés. (S.V. Oswaldo Giraldo López)
86
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acto sancionatorio, cuando claramente implicaba desvirtuar las
conclusiones halladas.
Además de lo dicho, se aprecia, en todo caso, que la SIC respecto
de las declaraciones decretadas en la actuación administrativa,
señaló:
“[…] En efecto, el funcionamiento del SGSSS se analizó
con fundamento en LOS DIFERENTES TESTIMONIOS DE
EXPERTOS QUE OBRAN EN EL PROCESO como por
ejemplo, Mauricio Vélez asesor del Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud, Mery Bolívar, Consultora del
Ministerio de la Protección Social, Martha Lucía Gualteros y
Gustavo Adolfo Bravo, integrantes de la Comisión Nacional de
Regulación en Salud, Marcela Gil. Directora General de gestión
de la demanda en salud del Ministerio de Protección Social, y
Carlos Ignacio Cuervo, Ex viceministro de salud, así como con
los diferentes documentos remitidos por el Ministerio de
la Protección Social, la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia
Nacional de Salud, entre otros.
En relación con el alcance y contenidos del POS se oyó a
Manuel José Cepeda, ex magistrado de la Corte Constitucional
y a los representantes legales de la mayoría de las EPS
investigadas. En relación con la suficiencia de la UPC se
recibieron por parte del Ministerio de Hacienda los
estudios de suficiencia de la UPC, el estudio "la tutela y el
derecho a la salud período 2003-2005" elaborado por la
Defensoría del Pueblo, "informe de Auditoría Gubernamental
con enfoque integral, modalidad especial, realizado por la
Contraloría General de la República […]”88
Por todo lo expuesto, no es de recibo el reproche de la apelante
frente a que no se examinaron los medios de pruebas allegados al
trámite administrativo y a este proceso judicial, habida cuenta que
el análisis descansó en el estudio crítico de la documental: correos,
88
Folio 196 del Cuadernillo Público 41.
87
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actas, flujograma y las declaraciones que se recibieron en torno a la
actividad de ACEMI y las EPS frente a las infracciones endilgadas.
Finalmente, y en cuanto a la falsa motivación89 como vicio de nulidad
de los actos administrativos cuestionados, entendido como aquel que
se presenta cuando las razones que se expresan como fuente no son
reales, no existen o están distorsionadas. Para acreditar esta causal,
corresponde a quien la alega demostrar que lo expresado en el acto
administrativo no corresponde a la realidad.
Ante este concepto, está evidenciado que la apelante insiste en el
reproche consistente en que la conducta por la cual se le sancionó
es un imposible jurídico y material, en tanto no alteró las reglas del
mercado que implicara un conceso de manera indirecta, frente a la
fijación de los precios de las UPC.
Sobre el particular, la Sala considera destacar que el acceso a los
servicios de salud en Colombia se garantiza en observancia del
artículo 49 Superior, que sustenta la adopción del Sistema General
de Seguridad Social en Salud para atender este servicio público de
carácter esencial.
89
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sección, la falsa motivación del acto ocurre cuando: “(i)
se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la
administración pública, (ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad,
bien sea por error o por razones engañosas o simuladas, (iii) porque el autor del acto le ha dado a los
motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y (iv) porque los motivos que sirven de
fundamento al acto no justifiquen la decisión. Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 14 de abril de 2016. Rad.: 250002324000200800265-
01 C.P. María Claudia Rojas Lasso.
88
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En los términos del artículo 4°90 de la Ley 10091, es un “servicio
público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control están a
cargo del Estado”, y su prestación se realiza bajos dos regímenes, el
contributivo y el subsidiado, los cuales se someten a la dirección,
orientación, supervisión, vigilancia, control y regulación del Estado
por conducto del hoy Ministerio de Salud y Protección Social, según
lo prevé el artículo 17092 de la citada Ley 100.
Asimismo, para el momento de la investigación formaba parte del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en adelante SGSSS,
la Comisión de Regulación en Salud93 (CRES) a quien le correspondía
definir anualmente el valor de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC), entendida como el valor anual que se reconoce por cada uno
de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud
90
“[…] ARTÍCULO 4o. DEL SERVICIO PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL. La Seguridad Social es un
servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación y control esta a cargo del Estado y que será
prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones establecidos en la presente
ley.
Este servicio público es esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Con respecto al Sistema General de Pensiones es esencial sólo en aquellas actividades directamente
vinculadas con el reconocimiento y pago de las pensiones. […]”
91
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”
92
“[…] ARTÍCULO 170. COMPETENCIAS. <Subrogado por el artículo 119 del Decreto extraordinario
2150 de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de Seguridad Social en Salud está
bajo la orientación y regulación del Presidente de la República y del Ministerio de Salud <1> y atenderá
las políticas, planes, programas y prioridades del gobierno frente a la salud pública, en la lucha contra
las enfermedades endémicas y epidémicas y el mantenimiento, educación, información y fomento de
la salud, de conformidad con el plan de desarrollo económico y social y los planes territoriales de que
tratan los artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993.
El Presidente de la República podrá delegar las funciones de inspección y vigilancia del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, en el Ministerio de Salud<1>, la Superintendencia Nacional de Salud y en
los jefes de las entidades territoriales.
El Superintendente Nacional de Salud podrá celebrar convenios con las Direcciones Departamentales,
Distritales y Municipales de Salud para facilitar el ejercicio de sus funciones y establecerá mecanismos
de coordinación, cooperación y concertación con el fin de evitar la duplicación de información y procurar
la racionalización de las actividades de inspección y vigilancia. Además fomentará el desarrollo de una
red de controladores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. […]”
93
Se creó por el artículo 3° de la Ley 1122 de 2007 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”. En la actualidad esa
Comisión se suprimió por el artículo 1 del Decreto 2560 de 2012, 'por el cual se suprime la Comisión
de Regulación en Salud (CRES), se ordena su liquidación y se trasladan unas funciones al Ministerio de
Salud y Protección Social y se dictan otras disposiciones'
89
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(SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan de beneficios
financiado con recursos de UPC, en los regímenes contributivo y
subsidiado, y que se fija en consideración a la información
reportada por las EPS anualmente y que le remiten al Ministerio
para el estudio de suficiencia94.
De esta manera, es que la SIC determinó que en ese cruce de
información entre ACEMI y las EPS se incurrió en la conducta
prohibida de acuerdos para la fijación indirecta de precios, en tanto
la conducta promovida por ACEMI frente a asistir a título de gremio,
en un intercambio de información por parte de las EPS del valor del
precio de aseguramiento en salud, identificando los valores y
procedimiento impartidos por sus competidoras, afectó la
transparencia en el reporte de dicha información, como insumo
determinante para fijar la UPC por la entidad pública responsable.
Ello, debido a que esos reportes que entregaron las EPS estuvieron
precedidos de un consenso que afectó y distorsionó las condiciones
de riesgo de la población asegurada, hecho que se evidenció
mediante la prueba que se allegó al proceso y por las inconsistencias
94
Este estudio tiene como objetivo principal determinar la suficiencia de las UPC para financiar los
servicios contenidos en los planes de beneficios de cada uno de los regímenes que se discriminan en
actividades, intervenciones, procedimientos, medicamentos e insumos. Según se constató del
documento que obra en el expediente denominado Informe al Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud. Estudio de Suficiencia Plan Obligatorio de Salud - Unidad de Pago por Capitación 2004 y de
los actuales mecanismos de ajuste del riesgo determinantes del gasto de la Unidad de Pago por
Capitación.
90
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que el Ministerio de la Protección Social indicó que se habían
detectado95.
Bajo estas consideraciones, no le asiste razón a la apelante en el
sentido de afirmar que es falsa la conclusión de que la información
era intercambiada y que ella no afectó la fijación de precios.
Es de resaltar que si bien tal función estaba radicada en la CRES,
hecho que no desconoció la SIC, sí aclaró que lo que se vio afectado
por este hecho fue la transparencia de dichos reportes según se
acreditó al analizar el Acta núm. 010 del Comité Técnico de la ACEMI,
de 7 de diciembre de 2007, que sugiere a las EPS que con los “[…]
Temas de UPC […] datos actuales de 2006, que es para lo que tenemos el
período completo, la provisión del 0.25% es suficiente incluso bajo el
escenario de la sentencia de la Corte, por lo tanto no recomendaríamos
presentar esta información al CNSSS […]”.
Entonces, esas claras directrices determinaron para la SIC una
afectación indirecta al momento de la fijación de precios, por cuanto
si bien no es función de las EPS determinar la tarifa de la UPC, la
misma depende de la información que reporten.
95
Así lo manifestó el testimonio rendido por el exministro de esa Cartera.
91
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De este modo, la falsedad de las razones que esgrimió la apelante
se aleja de desvirtuar las conclusiones a las que arribó la SIC, habida
cuenta que el material probatorio que se analizó en el acto
sancionatorio deja sin fundamento sus reproches.
Siendo ello así, los argumentos planteados bajo este acápite no
tienen vocación de prosperidad.
6.4.3. Presunta violación al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia
El reclamo de la apelante radica en la ausencia del decreto en
instancia administrativa y falta de examen de la declaración recibida
en sede judicial de la doctora Mónica Uribe Botero.
Frente a este testimonio debe resaltarse que su declaración fue
imposible de tomarse en instancia administrativa, por cuanto la
declarante no acudió en ninguna de las oportunidades que fue citada,
lo que llevó a la SIC a desistir de su práctica y limitar en atención a
las pruebas obrantes en el expediente administrativo. En vía judicial
el testimonio fue decretado y obra al folio 163 a 166 del expediente.
En la Resolución 46111, al respecto se precisó:
“[…] La práctica de este testimonio fue decretada en la
Resolución No. 69842 de 2009, por medio de la cual se
decretaron pruebas y por medio de la Resolución No. 20059 se
fijó como fecha para su realización el 28 de abril de 2010; no
92
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obstante, la misma no se realizó pues el día de la diligencia la
testigo no compareció como consta en el acta que obra a folio
7637 del Cuaderno No. 31 .
A pesar de lo anterior, en la Resolución No. 36320 de 2010 se
fijó como nueva fecha para la práctica del testimonio de la
señora Mónica Uribe, el 5 de agosto de 2010 y se limitaron
otras pruebas. No obstante, en esta oportunidad, la
testigo tampoco compareció y se presentó excusa por la
inasistencia.
Asi, por medio de Resolución No. 45440 de 2010, se volvió a
fijar ficha para el 28 de septiembre de 2010; en esta
oportunidad la Dra. Uribe tampoco asistió a la Diligencia.
Finalmente, a través de la Resolución No. 56987 de 2010, se
fijó como nueva fecha para la práctica del testimonio el 29 de
octubre de 2010, fecha en la que nuevamente la testigo no
asistió.
Teniendo en cuenta lo anterior, por medio de Resolución No.
6881 de 2010, se decidió limitar el testimonio de la señora
Uribe, […]”96.
Ahora, frente al testimonio rendido en sede judicial no le asiste razón
a la apelante frente a su valoración debido a que en el fallo que se
cuestiona se precisó que: “[…] no hay lugar sino a inferir que conocía
el asunto por la cual se le estaba convocando, que tenía que ver con
los temas atinentes a la fijación de la UPC, en tanto participaba por
parte del ministerio de Hacienda en calidad de Directora de
Regulación Económica de Seguridad Social […]”.
Estas circunstancias delimitan de manera justificada que el
testimonio de la funcionaria del Ministerio de Hacienda no se tomó
por razones no atribuibles a la SIC, y en razón a la suficiencia
96
Folio 196 del Cuadernillo público 41.
93
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probatoria que sustentaban la investigación, seguida en contra de la
demandante, no se insistió en su práctica.
Sumado a este hecho, también se descarta la indebida valoración
invocada, por cuanto la visión que presenta la declarante en sede
judicial no tiene la entidad de desvirtuar las infracciones endilgadas
a la demandante, en razón a que claramente se tiene registrado que
la información solicitada a ACEMI, en virtud a su posición gremial,
no se discute, pero si la gestión que se realizó para la recopilación,
examen y valoración de la información de las EPS y su reporte al
Gobierno con la incidencia que esta tiene en los cálculos y la fijación
de las UPC para cada año.
De esta manera, lo que la Sala advierte es que sí se valoró y que su
análisis reconoció que la intervención de ACEMI de ninguna manera
justificaba que en su recopilación se permitiera la distribución entre
los miembros de la Asociación; y que, además, se gestionaran
comentarios y conceptos para su presentación. De hecho en lo que
es determinante la testigo, es que esa información, se repite, tiene
total incidencia en la fijación de la UPC97.
97
En la diligencia de testimonio se preguntó: “Tenía alguna incidencia la información suministrada por
las EPS y ACEMI en la determinación de la UPC?. CONTESTADO: Si tenía toda la incidencia porque esa
era la información con la cual se hacían los análisis para poder hacer los cálculos de UPC
para cada año”.
94
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Esta conclusión ha sido reiterada por la Sección, en la que se
descarta ese supuesto determinante de la posición de la funcionaria
para habilitar la actividad de ACEMI en la recopilación de la
información y el estatus de zona gris que se le designa al desarrollo
normativo. Al respecto, se precisó:
“[…]
392. Adicionalmente, la Sala encuentra necesario reiterar que
la formación del criterio de la suficiencia de las pruebas
obrantes para ilustrar los hechos que se pretenden probar
con el recaudo de la prueba testimonial, obedece a la
discrecionalidad del fallador, postulado que, valga
resaltarlo, en ningún caso lo habilita para tomar una decisión
arbitraria. Para ello, será necesario examinar la congruencia
de las pruebas citadas con los hechos que se pretendían probar,
para determinar que, en efecto, logran el cometido de
reemplazar el testimonio que se limita.
393. […]
394. En consecuencia, la Sala encuentra ajustado a
derecho que la SIC, con base en el artículo 21998 del CPC,
omitiera la práctica de la citada prueba, pues tal como lo
señaló el ente de control en la Resolución 46111 de
2011, existía suficiente material probatorio que
esclarecía los hechos que se pretendían establecer con
el testimonio que la parte actora echa de menos.
395. Adicionalmente, la Sala evidencia que el a quo, en
aras de buscar la verdad procesal, recepcionó el
testimonio en instancia judicial, frente a lo cual
determinó que este no tiene la contundencia necesaria
para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos.
Además, el Tribunal puso de presente que la parte actora no
aportó ninguna prueba que desvirtuara la afirmación de la SIC
frente a la existencia de pruebas recaudadas en el proceso
administrativo que probaban lo pretendido con el testimonio.
396. Frente a la decisión del Tribunal a quo, el recurrente
reiteró que el testimonio de la doctora Mónica Uribe Botero
98
Artículo aplicable y que se encontraba vigente para la época en la que se dio el trámite de la actuación
administrativa. “ARTÍCULO 219. PETICION DE LA PRUEBA Y LIMITACION DE TESTIMONIOS.
[…]
El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los
hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar
de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 361.”
95
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respalda la afirmación sobre la intención del intercambio de la
información en el interior de ACEMI, la cual tenía como único
propósito llegar a un consenso para presentar una propuesta al
Gobierno nacional. Afirmó la parte actora que las agremiadas
debían coincidir en los asuntos que consideran que deben
mejorarse y cuáles eran las soluciones por plantear.
397. Respecto del argumento señalado, encuentra la Sala que
en el testimonio de la doctora Mónica Uribe Botero se hace
una relación general de la estructura del Sistema de
Seguridad Social en Salud en Colombia, del alcance y
contenidos del POS, la suficiencia de la UPC y, por último,
hizo una alusión general frente a la solicitud de
información a ACEMI, por parte del MPS y del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, para contar con
información frente a los datos de cada EPS para
establecer la suficiencia de la UPC. También reconoció que
ACEMI estaba elaborando una propuesta regulatoria para ser
presentada al MPS.
398. En relación con el testimonio referido, evidencia la Sala
que el mismo no aporta un elemento de juicio adicional
al debate ni permite desvirtuar lo probado en la
actuación administrativa ni en sede judicial. Cabe
recordar que la SIC, en los actos administrativos
demandados99, reconoce que el intercambio de información se
dio en el marco de la construcción de una propuesta regulatoria
por parte de ACEMI, pero lo que se cuestionó fue el tipo de
información que se compartió y circuló entre las EPS, lo
cual desbordaba los límites del derecho de asociación
[…]” (Subrayas y negritas fuera del texto)
Así, la Sala encuentra que la validez conferida al testimonio que se
rindió en el proceso judicial no tiene la virtualidad de desvirtuar la
infracción endilgada a la demandante, habida cuenta que la
declaración no valida las actuaciones de la apelante, de hecho lo que
corrobora es que las conclusiones a las que se arribó se sustentaron
en el estricto examen del material probatorio que obró en el
expediente administrativo100, lo que destaca que los actos no se
99
Entre otros apartes, se pueden mencionar las referencias en las páginas102 a 105 de la Resolución
46111 de 2011 y 60, 69, 70 y 81 de la Resolución 65116 de 2011.
100
Pruebas públicas y aquellas clasificadas como reservadas.
96
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basaron en una única prueba sino en el análisis completo101 y en
contexto de la actividad que ACEMI desarrolló junto con sus
agremiadas.
Sumado a lo anterior, en este caso la sanción impuesta a la
demandante estuvo precedida de un proceso administrativo que le
otorgó las garantías para controvertir los cargos formulados en su
contra, contó con la oportunidad para responderlos y solicitar las
pruebas que estimó pertinentes para probar sus dichos e interpuso
el recurso procedente en sede administrativa.
Esta revisión de cómo se adelantó el proceso de investigación y
sancionatorio, conduce, sin duda, a concluir que ACEMI tuvo a su
alcance los medios y las oportunidades para desvirtuar las conductas
endilgadas; y el hecho de que hubiese sido destinataria de la sanción
impuesta no representa que la actuación esté afectada del
desconocimiento de sus derechos ni de la presunción de inocencia
como lo invoca, toda vez que su carga en los términos del artículo
177102 del CPC la obligaba a desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos acusados, atributo que se mantiene incólume.
101
El proceso administrativo se remitió a este proceso en medio digital y según la revisión de los CD
que guardan copia del expediente administrativo consta de Cuaderno Públicos (49) Cuadernos públicos,
2 Cuadernos Reservados (2), las declaraciones tomadas a los representantes legales de las EPS
investigadas, los testimonios de funcionarios de ACEMI, del Ministro de la Protección Social, los archivos
de correos y otros documentos seleccionados por las SIC, los documentos aportados en las visitas
realizadas a varias EPS, entre otros. También de los documentos solicitados y aportados por las
Investigadas. Todas estas pruebas se pueden consultar en los archivos magnéticos que obran a los
folios 69 a 72 del Cuaderno 1 del expediente en digital.
102
“[…] ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba […]”.
97
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En estos términos, lo que queda visto es que el Tribunal realizó el
análisis que echa de menos ACEMI, cuestión diferente es que no
esté de acuerdo con la decisión, sin que ello resulte suficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos
cuestionados.
Por todo lo expuesto, se confirmará la decisión apelada.
6.4.4. En la sentencia de primera instancia no se valoró la
violación al derecho de asociación.
De la lectura del fallo103, contrario a lo que esgrime la apelante, el a
quo sí se pronunció sobre el cargo en mención, hecho que desvirtúa
su reproche.
Ahora bien, la demandante se sustenta en el ejercicio de su derecho
de asociación para evadir la conducta por la que fue sancionado, sin
reconocer que el ejercicio deviene de manera correlativa el
cumplimiento de las obligaciones y de los deberes que les asisten.
En extenso esta Sección ya se pronunció frente a este punto en
decisiones anteriores sobre los actos objeto de control, así:
“[…]
103
Folio 312 del expediente principal.
98
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
333. […] la Sala encuentra que el Estado Colombiano ha
reconocido la libertad de asociación de las EPS en su
agremiación ACEMI, y garantiza que puedan desarrollar
sus actividades, las cuáles como es obvio, deberán
realizarse dentro de los límites de la Constitución y la
ley, entre ellas, las que protegen la libre competencia en el
mercado de salud. En tal medida, no resulta admisible que en
el marco de libre asociación se desplieguen prácticas
restrictivas de la competencia.
334. Es así como, el artículo 4° de Decreto 1663 de 1994
establece como prohibición para las asociaciones o sociedades
científicas y profesionales del sector de la salud, al desarrollar
su actividad, “adoptar decisiones o políticas internas que tengan
por objeto o como efecto impedir, restringir o falsear el juego
de la libre competencia dentro del mercado de los servicios de
salud; abusar de una posición de dominio sobre el mismo; o impedir,
restringir o interrumpir la prestación de los servicios de salud”.
335. En esa línea, el derecho de asociación se ejercerá
con plena libertad, en el marco del debido cumplimiento
de la Constitución y la ley, de tal manera que se
garantice que su desarrollo no transgrede los derechos
y libertades de otros, ni es contrario a las normas que rigen
la actividad en la que éste se desarrolla ni resulte ilícito.
336. En el sub examine, en las resoluciones demandadas, LA
SIC ESTABLECIÓ QUE RESPETABA EL DERECHO DE
ASOCIACIÓN DE LAS EPS AGREMIADAS EN ACEMI.
ADICIONALMENTE, RECONOCIÓ QUE EN EL
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PODÍAN
COMPARTIRSE INFORMACIÓN ENTRE ELLAS, POR
CUANTO NO TODO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
RESULTABA CONTRARIO A LA COMPETENCIA.
Precisamente, el ente de control lo que cuestionó fue el tipo de
información que se intercambió entre las EPS, a través de
ACEMI, por cuanto se trató de datos relativos a precios y
estructuras de costos, información que, por su carácter
sensible, no debe circular ni ser conocida entre competidores
de un mercado.
337. Sobre el particular, la SIC en la Resolución 46111 de
2011104, señaló:
[…]
104
Resolución 46111 de 2011. Hojas 102 a 105 de la versión reservada.
99
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“Sin embargo, la actividad gremial, como cualquier otra
actividad en Colombia, encuentra su límite en el
ordenamiento jurídico. En esta línea, dicha actividad
gremial debe adelantarse con sujeción a las disposiciones
legales vigentes, entre las que se encuentran las normas
de protección de la competencia. En esta medida, el
pretexto de estar colaborando con una autoridad pública
o de estar en ejercicio del derecho constitucional de
asociación no convierte una práctica restrictiva de la
competencia en lícita”105. (subrayado fuera de texto)
[…]
No comparte este Despacho la posición planteada por el
Apoderado, […] no es aceptable la recolección de
información sensible que, como en este caso, podía
ser utilizada para encontrar similitudes y
diferencias entre las políticas frente a la cobertura
de servicios en el Régimen Contributivo por parte de
las EPS. […] (Resaltado de la Sala)
338.De acuerdo con lo transcrito, encuentra la Sala que el criterio
expuesto por la SIC en los actos administrativos demandados
encuentra sustento jurídico en las normas relativas al
alcance del derecho de asociación y los límites
contemplados en la Constitución y la ley. Además, del
análisis del acervo probatorio realizado por esa
Superintendencia se evidencia que la información
compartida por las EPS a través de ACEMI, contenía
estructuras de costos y políticas de aprobación de
procedimientos, datos que resultan sensibles y que, en
circunstancias normales no sería compartida entre
competidores.
339.Aunado a ello, de la información compartida se
generaron consensos para afectar la oferta de servicios
de salud y la transparencia de la información en el
mercado, circunstancias que claramente escapan del
ejercicio del derecho de asociación de las EPS y que, de
conformidad con las pruebas obrantes en el expediente
administrativo soportan la decisión contenida en los actos
administrativos demandados […]”.106
105
Referencia original de la cita. “Ver Resolución 6839 de 2009”
106
Sentencia de 3 de diciembre de 2020. Rad. núm 25000-23-24-000-2012-00678-03. Actor: Entidad
Promotora de Salud Sanitas S.A. – EPS Sanitas. C.P. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. (S.V.
Oswaldo Giraldo López), reitera la Sentencia de 25 de noviembre de 2019. Rad: 11001-03-24-000-
2012-00679-02. Actora: Entidad Promotora de salud Servicio Occidental de Salud S.A. – SOS. C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón.
100
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Todo lo anterior, evidencia que no resultaba suficiente la invocación
del ejercicio del derecho de asociación, pues estas relaciones
gremiales no pueden respaldarse en que cualquier intercambio de
información está amparado en el ejercicio de su libertad, en tanto y
por su naturaleza están sujetas al control del Estado.
En conclusión, la Sala considera que las conductas de concertación
endilgadas a la demandante y por las cuales se le sancionó, a través
de los actos cuestionados, no fueron desvirtuadas lo que lleva a
confirmar en su totalidad el fallo apelado.
6.5. COSTAS EN LA INSTANCIA
Por último, es preciso advertir que no se condenará en costas a la
parte vencida como quiera que no se corroboró temeridad ni mala fe
en la actuación procesal de las partes del proceso; y lo cierto es que
dicha condena solo procede cuando la parte vencida ha actuado de
manera temeraria o abusiva, en virtud de lo establecido en el artículo
171 del CCA, en concordancia con los artículos 392 y 393 del CPC107,
aplicables al caso por remisión expresa del artículo 267 del CCA.
107
Correspondientes a los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso.
101
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 21 de octubre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “C”, en Descongestión, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: No se condena en costas, en esta instancia, a la parte
vencida.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
COPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
102
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Actora: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA INTEGRAL - ACEMI
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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