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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00834-02

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00834-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Número único de radicación: 25000 23 24 000 2012 00834 02 Actora: ILVA RESTREPO ARIAS PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, y, en su lugar, disponer: DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-24-000-2012-00834-02

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2012 00834 02
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACTORA: ILVA RESTREPO ARIAS

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA APELADA Y, EN SU LUGAR, SE
DISPONE DECLARAR PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE
INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, POR INDEBIDA
INDIVIDUALIZACION DE LAS PRETENSIONES, YA QUE NO SE
DEMANDÓ EL ACTO PRINCIPAL DEFINITIVO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes

contra la sentencia de 29 de octubre de 2018, proferida por el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria 1 , por

medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la

demanda.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2012 00834 02
Actora: ILVA RESTREPO ARIAS

I. ANTECEDENTES

I.1.- La señora ILVA RESTREPO ARIAS, en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85

del CCA, mediante apoderada, presentó demanda contra la NACIÓN

– CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2 , en la que

formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del Auto de la
Contraloría General de la República No. 001342 de 9 de
diciembre de 2011, por el cual se resolvió el recurso de apelación,
confirmando el fallo con responsabilidad fiscal No. 00019 de 2 de
agosto de 2011 emitido dentro del proceso de responsabilidad fiscal
No. 01705.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior y en concordancia
con lo señalado en el artículo 59 de la Ley 610, se declare que ILVA
RESTREPO ARIAS no es responsable fiscal por los hechos que dieron
lugar al auto objeto de la pretensión primera.

TERCERA: Que se declare que la CGR debe a ILVA RESTREPO ARIAS,
a título de restablecimiento del derecho, la suma de CIENTO
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS
($143.170.000) o lo que se pruebe en el proceso. Lo anterior, como
indemnización por los daños, perjuicios materiales y morales, más
las actualizaciones, intereses, agencias en derecho, costas y
similares, según se discrimina a continuación:

a) La suma de VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($26’500.000), correspondientes al valor del contrato celebrado
por ILVA RESTREPO ARIAS con DELOITTE ASESORES Y
CONSULTORES LTD y que no fueron devengados por ILVA
RESTREPO ARIAS, como consecuencia de la terminación
anticipada del contrato, derivada de la sanción impuesta por la
CGR.

2
En adelante la Contraloría.

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Actora: ILVA RESTREPO ARIAS

b) La suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60’000.000),
correspondientes a una asignación mensual de DIEZ MILLONES
DE PESOS ($10’000.000), ILVA RESTREPO ARIAS hubiese
devengado en un cargo que se ajuste a su perfil y trayectoria
profesional y que le fue imposible ocupar, en virtud de la sanción
impuesta por la CGR durante el período comprendido entre el 16
de diciembre de 201, fecha de notificación del auto mediante el
cual se le declaró como responsable fiscal y el 20 de junio de 2012
(sic), fecha en la que se notificó el auto por medio del cual se
ordenó su retiro del boletín de responsables fiscales.

c) La suma equivalente a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES, que para la fecha de presentación de la
demanda equivalen a CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($56’670.000), o lo que se
demuestre en el proceso, como reparación de los perjuicios
morales padecidos por ILVA RESTREPO ARIAS como consecuencia
de los actos cuya nulidad se solicita.

d) La diferencia entre el valor de i) los intereses comerciales y ii) los
rendimientos que efectivamente hayan producido los dineros
retenidos como consecuencia de las medidas cautelares
decretadas mediante autos No. 0020 de 7 de febrero de 2011 y
No. 0524 de 9 de junio de 2011, causados hasta el 20 de junio
de 2012, período durante el cual ILVA RESTREPO ARIAS no pudo
disponer de eso dineros, es decir, desde la fecha misma del
embargo hasta la fecha en que se ordenó su levantamiento.

e) Las agencias en derecho, costas y similares, de conformidad con
los que se pruebe en el proceso.

CUARTA: Que como consecuencia de lo anteriormente solicitado, se
condene la CGR a pagar a ILVA RESTREPO ARIAS las sumas exigidas
dentro de los treinta (30) días siguientes a que se profiera la
sentencia que decida sobre la nulidad de los actos que son la
presente acción se demandan.

QUINTA: Que se ordene a la CGR a rectificar, en los mismos
términos en que se hubiese producido cualquier publicación física o
electrónica, que ILVA RESTREPO ARIAS no es responsable fiscal y
que el acto administrativo mediante al cual fue declarada su
responsabilidad fue declarado nulo por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo […]”.

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Actora: ILVA RESTREPO ARIAS

I.2.- Como hechos relevantes de la demanda, la Sala destaca los

siguientes:

La señora ILVA RESTREPO ARIAS ocupó el cargo de Secretaria

General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil3,

entre el 2 de mayo de 2005 y 26 de agosto de 2007.

En el año 2005, el Gobierno Nacional inició un concurso

arquitectónico en el que se premiaría un anteproyecto de

espacialidad, imagen y lineamientos paisajísticos para el diseño del

Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 2326 de 1995 4, para la

realización de este tipo de concursos por parte de una entidad pública

se requiere la contratación de un organismo asesor, razón por la que

fue designada para tal fin, la Sociedad Colombiana de Arquitectos5 y,

conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 4 del mismo

Decreto, se acordó que su remuneración económica sería acordada

3
En adelante AEROCIVIL.
4
"Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 en cuanto a los Concursos para la selección de consultores
de diseño, planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, se hace una adición al Decreto 1584 de
1994 y se dictan otras disposiciones".
5
En adelante SCA.

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5

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según el Reglamento de Honorarios expedido por la mentada

sociedad o en las normas vigentes que regulaban el asunto.

Así, en cumplimiento del reglamento y en oferta recibida por la

AEROCIVIL el 23 de mayo de 2005, se señaló que el valor de la

asesoría para la realización del concurso público sería de MIL

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO

MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1’956.074.670).

Como la anterior suma de dinero sobrepasaba el presupuesto

destinado por la AEROCIVIL para la ejecución de la obra, la

demandante, en cumplimiento de sus funciones de Secretaria

General, inició un proceso de negociación con la SCA, el cual culminó

el 15 de junio de 2005 con la presentación de una oferta definitiva

por el valor de SETECIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS

($708’000.000), sin IVA; lo que condujo a la suscripción del contrato

de consultoría 5000356OJ, cuyo objeto consistió en la realización del

concurso de anteproyectos arquitectónicos de volúmenes y fachadas

del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

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Para efectos de calcular sus honorarios definitivos, la SCA presentó

una propuesta en la que los discriminó de la siguiente manera:

i) DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS

($283’000.000) correspondientes a costos y gastos del contrato.

ii) CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

($425’000.000) por concepto de aplicación de un factor multiplicador

de 1.5 al primer concepto.

A juicio de la parte actora, el anterior factor multiplicador obedeció a

la aplicación del ítem “Trabajos varios” del Reglamento de Honorarios

para los Trabajos de Arquitectura:

“[…] Documento que aunque había sido aprobado por el Decreto
2090 de 1989, para el momento de la suscripción del contrato
5000356OJ (1 de septiembre de 2005) no tenía valor distinto al de
un reglamento privado del organismo gremial, en virtud de la pérdida
de vigencia del mencionado Decreto […].

Al respecto, debe tenerse en cuenta que nada impide usar este o
cualquier otro método para definir un precio y, desde el punto de
vista de la entidad pública, lo importante es que ese precio esté
dentro de las condiciones del mercado relevante. En este caso y para
este mercado en particular (el de la prestación de servicios de
organización y diseño de los aspectos técnicos del concurso de
arquitectura y coordinación entre la entidad estatal promotora y el
jurado calificador, y entre estos con los proponentes), el valor que
por reglamento estaba autorizado a cobrar el organismo asesor –la

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SCA-, de acuerdo con el Decreto (vigente) 2326 de 1995 era casi
TRES VECES SUPERIOR al valor que efectivamente logró la
AEROCIVIL en este contrato, obteniendo en efecto un considerable
ahorro sobre el precio de mercado para el erario público […]”.

Mediante informe 003-07 de marzo de 2007, la Contraloría incluyó

un hallazgo con posibles alcances disciplinarios y fiscales, por la

celebración del contrato de consultoría 5000356OJ, consistente en la

aplicación, por error, del Decreto 2090 de 1989 y, particularmente,

en el uso del factor multiplicador 1.5 sobre los costos y gastos

directos de la SCA, como mecanismo para la determinación de sus

honorarios.

Conforme al anterior informe, por una parte, la Procuraduría General

de la Nación inició indagación preliminar contra la señora ILVA

RESTREPO ARIAS, que culminó con la expedición del auto 162-

158584-07 de 28 de febrero de 2008, por medio del cual se ordenó

el archivo de las diligencias, toda vez que para efectos de calcular los

costos del contrato, se usó un factor multiplicador más bajo que el

establecido en el Decreto 2090 de 1989, con lo que el valor del

contrato resultó más económico para los intereses de la AEROCIVIL

y por lo tanto, no hubo detrimento patrimonial para la misma.

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Por otra parte, la Contraloría dio inicio al proceso de responsabilidad

fiscal 1705 y, a través de auto 0607 de 31 de agosto de 2010, imputó

responsabilidad a la Secretaria General de la AEROCIVIL, en el grado

de culpa grave, basada en la supuesta violación del Decreto 2090 de

1989.

Mediante autos 0020 de 7 de febrero de 2011 y 0524 de 9 de junio

de 2011, se decretaron medidas cautelares de embargo sobre el

salario, prestaciones sociales y cuentas bancarias de las que era

titular la señora ILVA RESTREPO ARIAS.

A través de fallo fiscal 00019 de 2 de agosto de 2011, la Contraloría

condenó, solidariamente, a la señora ILVA RESTREPO ARIAS y a

la SCA, en cuantía de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($522’473.996,48).

Contra la anterior decisión, la apoderada de la actora interpuso

recurso de reposición y, en subsidio de apelación, los cuales fueron

resueltos de forma desfavorable, por medio de auto 01036 de 1º de

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noviembre de 2011 y fallo fiscal de segunda instancia 001342 de 9

de diciembre de 2011, respectivamente.

Como consecuencia del fallo fiscal, la señora ILVA RESTREPO

ARIAS fue reportada en el Boletín de Responsables Fiscales de la

Contraloría, lo que le impidió ocupar cargos públicos o celebrar

contratos con entidades públicas y privadas y se vio forzada a

terminar un contrato de consultoría celebrado con la sociedad

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES.

En virtud de que el 11 de mayo de 2012, la SCA pagó a la Contraloría

la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES

DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA

Y SIETE CENTAVOS ($547.209.203,77), mediante auto 80 de 11 de

mayo de 2011, notificado el 20 de junio de la misma anualidad, la

actora fue retirada del Boletín de Responsables Fiscales y le fueron

desembargadas sus cuentas.

I.3.- Fundamentos de derecho

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En apoyo de sus pretensiones, la actora adujo que los actos acusados

vulneraron los artículos 29 de la Constitución Política y 2º, 4º, 5º,

6º, 22, 23, 26, 53 y 54 de la Ley 610 de 15 de agosto de 20006, de

la siguiente manera:

A. “Violación al derecho al debido proceso y al principio de
legalidad”

Sostuvo que de conformidad con lo señalado en el artículo 29

constitucional, un presupuesto básico para el juzgamiento de

cualquier conducta en sede judicial o administrativa es la existencia

de la norma respecto de la cual el servidor público o juez habrá de

evaluar la conducta del particular y, en el caso en cuestión, la

Contraloría aplicó una norma derogada para adoptar las decisiones

acusadas.

B. “Violación al debido proceso por aplicación de normas
derogadas”

Señaló, una vez más, que los fallos por medio de los cuales se

condenó fiscalmente a la demandante se basaron en una norma

expresamente derogada, pues en dichas decisiones se le reprochó la

6
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las
contralorías”.

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violación a lo dispuesto en el Decreto 2090 de 1989, el cual se

encuentra derogado desde la expedición de la Ley 80 de 28 de

octubre de 19937.

En esa línea, informó que el citado Decreto 2090 de 1989 fue

expedido al amparo de lo señalado por el artículo 39 del Decreto 222

de 2 de febrero de 19838, el cual facultaba al Gobierno Nacional para

aprobar las tarifas acordadas por las agremiaciones profesionales

que actuaran como organismos consultores del Estado, entre las

cuales se encontraba la Sociedad Colombiana de Arquitectos, pero,

que una vez expedida la Ley 80 y derogado de manera expresa el

Decreto 222, el referido Decreto 2090 de 1989 dejó de ser parte del

ordenamiento jurídico.

C. “Violación del debido proceso por adopción de decisiones
sin fundamento legal o reglamentario”

Adujo que la Contraloría definió que la actora causó un detrimento

patrimonial al Estado por la suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO

MILLONES DE PESOS ($425’000.000), es decir, por el mismo valor

7
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
8
“Por el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se
dictan otras disposiciones”.

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que resultó de aplicar el factor multiplicador de 1.5 a los costos

directos estimados por la SCA en su propuesta final.

Lo que implica que, en criterio del ente fiscal, la AEROCIVIL estaba

obligada a pagar a la SCA únicamente el valor equivalente a los

costos y gastos directos estimados para el concurso arquitectónico,

esto es, DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES ($283’000.000),

sin embargo, a lo largo del proceso, no se hizo uso de una razón legal

o reglamentaria que apoyara esa conclusión.

D. “Violación del debido proceso por no considerar un medio
probatorio que hubiese sido determinante en el sentido del
fallo”

Expresó que la Contraloría, sin justificación, se abstuvo de valorar

como prueba la “Propuesta de asesoría para la realización del

concurso público de anteproyecto arquitectónico para el diseño del

aeropuerto internacional El Dorado, Bogotá D.C”, dirigida a la señora

ILVA RESTREPO ARIAS y radicada en la AEROCIVIL el 23 de mayo

de 2005, a pesar de que su revisión se tornaba imprescindible para

corroborar la certeza de los hechos que soportaban la defensa de la

Secretaria General de la AEROCIVIL.

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E. “Violación de los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000”

Aseveró que la Contraloría condenó fiscalmente a la actora sin que

concurrieran los elementos necesarios para la configuración de la

responsabilidad fiscal y del daño patrimonial al Estado.

F. “Inexistencia de conducta gravemente culposa”

Indicó que para la Contraloría la violación del Decreto 2090 de 1989

habría constituido culpa grave en la actuación de la señora ILVA

RESTREPO ARIAS, pero ese cuerpo normativo había sido derogado

12 años antes de los hechos que dieron origen al proceso de

responsabilidad fiscal, razón por la que se evidencia que la conducta

desplegada por la demandante se ajustó a derecho.

G. “Inexistencia de daño”

Alegó inexistencia de daño, por cuanto en el proceso fiscal que dio

origen a los actos demandados no existió prueba del supuesto

detrimento económico al Estado y, por el contrario, resultó evidente

que la AEROCIVIL, por la negociación lograda con la SCA, pagó, como

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honorarios del contrato de consultoría, menos de lo que le hubiera

correspondido con la aplicación del Decreto 2326 de 1995, es decir,

lo señalado en la primera propuesta.

I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Contraloría General de la República, por intermedio de

apoderado judicial contestó la demanda 9 , y para oponerse a la

prosperidad de las pretensiones, después de realizar un recuento de

los hechos y concepto de la violación de las normas señaladas en la

demanda, adujo, en esencia, lo siguiente:

En lo relacionado con el proceso 1705, afirmó que el fallo con

responsabilidad fiscal no se produjo con fundamento en el Decreto

2090 de 1989, sino en que se pudo determinar que dentro del

contrato de consultoría 5000356OJ se pagó un 150% por concepto

de honorarios injustificados cuando se aplicó el factor multiplicador

contenido en dicho reglamento sin que resultara procedente, debido

a que dicho calculo recayó sobre factores calculables de los que se

9
Folios 442-471 del C. 1.

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conocía su cantidad y duración, tales como el tiempo, trabajo y

personal implicado en las labores a ejecutar.

Para corroborar lo dicho, citó, in extenso, las decisiones proferidas

por la Contraloría en las que se aclaró el punto y, finalmente,

presentó la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

Al respecto, señaló que la demanda incumplió con el requisito

establecido en el numeral 4 del artículo 138 del CCA10, por cuanto la

actora dirigió sus pretensiones, únicamente, contra el fallo fiscal

001342 de 9 de diciembre de 2011, cuando también debió atacar la

legalidad del acto administrativo definitivo, esto es, el fallo fiscal

00019 de 2 de agosto de 2011 y del auto 01036 de 1º de noviembre

de 2011, por medio del cual se resolvió el recurso de reposición

interpuesto contra la anterior decisión.

II-. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

10
“[…] Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse
las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar la última
decisión […]”.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria,

mediante sentencia de 29 de octubre de 2018, accedió parcialmente

a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes

argumentos:

En lo referente a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,

sostuvo que si bien la parte actora solicitó, solamente, la nulidad del

acto principal y el que desató el recurso de apelación interpuesto en

su contra, sin incluir el auto mediante el cual se resolvió el de

reposición, acceder a declararla probada constituía un exceso de

rigor manifiesto, “[…] en tanto la judicatura debió controlar desde la

admisión de la demanda el eventual defecto procesal, que al no

hacerlo generó una circunstancia de confianza legítima en el

demandante de que su caso sería decidido con un pronunciamiento

de fondo […]”.

Razón por la que negó su procedencia y tuvo como actos

administrativos demandados al fallo fiscal 00019 de 2 de agosto de

2011, auto 01036 de 1 de noviembre de 2011, por el que se resolvió

el recurso de reposición interpuesto en su contra y el fallo fiscal de

segunda instancia 001342 de 9 de diciembre de 2011.

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Aclarado lo precedente, en lo relacionado con el fondo del asunto,

anotó que, tal como se señaló en la demanda, el Decreto 2090 de

1989 fue de obligatorio cumplimiento hasta que la Ley 80 derogó

expresamente el Decreto, que le sirvió de fundamento, y pasó a ser

un lineamiento, referencia o guía para determinar la tarifa de

honorarios para los trabajos de arquitectura.

Así las cosas, puso de presente, como lo había sostenido la

Contraloría en el fallo con responsabilidad fiscal, que en todo caso,

de haberse aplicado las tarifas previstas en el Decreto 2090 de 1989,

-factor multiplicador de 2.5 a 3.5-, la AEROCIVIL debía pagar una

suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETENTA

Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($1’956.074.670) y

no el valor de SETECIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

($708.824.250), que fue el pactado en el contrato, de lo que se hace

evidente que el acuerdo resultó beneficioso para la entidad pública.

Aunado a lo anterior, explicó que dentro del plenario obra como

prueba la propuesta que la SCA presentó a la AEROCIVIL y en la que

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no se mencionó al Decreto 2090 de 1989 como regla de

remuneración, lo que confirmaría que dicha norma se utilizó,

simplemente, como un parámetro para aplicar un sistema

multiplicador que correspondió al 1.5% sobre el valor total de los

costos del contrato.

Indicó que el ordenamiento jurídico colombiano reconoce el papel

central de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, la

cual, en esta materia, solo se encuentra limitada por el beneficio del

interés general.

Destacó que, en el caso bajo estudio, era plausible para las partes

del contrato de consultoría establecer la manera en que se realizaría

la remuneración y que ellas no acogieron el sistema de honorarios

previsto en el Decreto 2090 de 1989, sino reglas de la experiencia

en celebración de contratos estatales que, en definitiva, significaron

un ahorro y no un exceso fiscal.

Indicó que, de pretender validar los argumentos de la Contraloría, si

bien el sistema multiplicador del Decreto 2090 de 1989 se aplicaba

sobre el costo directo de los salarios, no se puede perder de vista

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que este también debe cubrir los salarios y prestaciones sociales del

personal dedicado al proyecto, los costos de la organización propia

del arquitecto y la utilidad del arquitecto o la firma.

Que, en consecuencia, la SCA discriminó los factores reseñados que

debieron establecerse en la remuneración final de costos directos de

honorarios, de tal manera que al aplicar el factor multiplicador a toda

la propuesta, ésta no sería inválida, pues ello implicaría llevar a punto

de pérdida y al fracaso el contrato estatal.

Señaló que el Decreto 2090 de 1989 no fue un parámetro de remisión

estipulado en el contrato estatal para fijar los honorarios o valor del

contrato.

Concluyó que en el fallo con responsabilidad fiscal se impuso como

obligatorio el cumplimiento de lo preceptuado por el Decreto 2090 de

1989, el cual ya no se encontraba vigente para el momento de la

celebración del contrato, por lo que se hace evidente que existió una

violación al debido proceso a la señora ILVA RESTREPO ARIAS.

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Finalmente, en lo atinente a las pretensiones de restablecimiento del

derecho, sostuvo:

i) Que como el valor de la condena fiscal fue pagado por la SCA, no

ordenaba el reintegro a la demandante.

ii) Negó los perjuicios morales solicitados, toda vez que no se

allegaron pruebas para su acreditación.

iii) A título de lucro cesante, condenó a la Contraloría a pagar a favor

de la demandante la suma de dinero correspondiente al valor pactado

en el contrato de prestación de servicios que celebró con la sociedad

DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES Ltda, esto es, VEINTISÉIS

MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($26’500.000).

iv) En lo que respecta a la pretensión del pago de SESENTA

MILLONES DE PESOS ($60’000.000), por lo que hubiese devengado

la señora RESTREPO ARIAS en un cargo que se ajustara a su perfil

y trayectoria, en el tiempo en que estuvo reportada en el boletín de

responsables fiscales, la negó porque no se allegaron pruebas que

demostraran dicha afirmación.

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v) Acerca de la pretensión del pago de la diferencia entre el valor de

los intereses comerciales y los rendimientos que hayan producido los

dineros retenidos como consecuencia de las medidas cautelares,

condenó a la demandada por dicho aspecto, respecto de los montos

atinentes a los saldos que se encontraban depositados en cada una

de las cuentas de ahorro de las que era titular la señora ILVA

RESTREPO ARIAS.

Por último, no condenó en costas debido a que no se evidenció

actuación temeraria de ninguna de las partes, como lo preceptúa el

artículo 55 de la Ley 446 de 7 de julio de 199811.

III-. RECURSOS DE APELACIÓN

III.1-. CONTRALORÍA

11
“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y
se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.

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La apoderada de la entidad demandada presentó recurso de

apelación, en el que solicitó REVOCAR la sentencia. Para ello planteó

los siguientes reproches:

Adujo que dentro del proceso de responsabilidad fiscal 1705 se

demostró la existencia de un detrimento patrimonial al Estado,

consistente en que en el contrato de consultoría 5000356OJ de 2005

se establecieron honorarios superiores en un 150% al valor de los

costos directos del concurso de anteproyectos para volúmenes y

fachadas del Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de

Bogotá.

Lo anterior, por cuanto se pagó un 150% adicional por concepto de

honorarios injustificados, cuando se aplicó el denominado “factor

multiplicador”, de que trata el Decreto 2090 de 1989, sobre ítems de

los cuales se conocía claramente su cantidad o duración (tiempo,

trabajo, personal implicado en las labores a ejecutar, etc.), a pesar

de que dicha fórmula se puede aplicar únicamente cuando tales

factores no se puedan calcular.

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Afirmó que la SCA fue determinante en la realización del daño,

porque en su condición de órgano asesor y, principalmente, por ser

la única entidad capacitada para adelantar aquel tipo de concurso

arquitectónicos, se encargó de “[…] dictar, interpretar y derogar a su

libre albedrío por vía de reglamento, las normas que cobijan la

profesión de la arquitectura, para generar en su favor un honorario

desproporcionado, yendo en contravía de su deber de colaborar con

la Administración en el logro de los fines de la contratación estatal y

de la función social que les impone el artículo 3° de la Ley 80 de 1993

[…]”.

Indicó que el principio de la “autonomía negocial”, en el caso en

cuestión, tenía su límite en el hecho de que las partes del contrato

pactaron de manera libre el valor del negocio, pero, señalaron

indebidamente un factor multiplicador referido en el Decreto 2090 de

1989, que resultaba improcedente.

Hizo referencia a los testimonios brindados por las señoras MARTA

CECILIA GONZÁLEZ OCAMPO y ANA MARÍA VALENZUELA, quienes se

habrían desempeñado, para la época de los hechos, como Directora

de Gestión y Representante Legal de la SCA, respectivamente, a fin

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de aseverar que, aunque ambas coincidieron en afirmar que dentro

del proceso de negociación la SCA dejó de aplicar sus reglamentos

internos e hizo una excepción extraordinaria para la liquidación de

sus honorarios y hallaron una tarifa más conveniente para la

AEROCIVIL, con la aplicación del ítem de “trabajos varios” y del factor

multiplicador de 1.5, dicho cálculo resultó injusto, porque se aplicó

sobre factores de los cuales se conocía su cantidad y duración.

En último lugar, puso de presente que la cuantificación del 1.5% del

subtotal del valor del contrato, DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

($283’.529.700), correspondía solo a CUATRO MILLONES

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

CINCO PESOS ($4’252.945) y no a CUATROCIENTOS VEINTICINCO

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

CINCUENTA ($425’.294.550), que fue la cifra que hizo parte del

contrato y que equivale a un 150% del primer valor.

III.2-. PARTE DEMANDANTE

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La señora ILVA RESTREPO ARIAS, actuando en nombre propio

presentó escrito de apelación contra los numerales cuarto y sexto de

la sentencia del Tribunal:

“[…] CUARTO: Negar la demás pretensiones de la demanda

[…]

SEXTO: Sin costas”.

Afirmó que el Tribunal negó los perjuicios patrimoniales solicitados

en la pretensión tercera, literal C) de la demanda, argumentando

simplemente que no se probó fehacientemente la merma patrimonial

sufrida y que esa posición no se atiene al desarrollo jurisprudencial y

doctrinario en materia de responsabilidad del Estado.

Así, adujo que el daño producido por la Contraloría consistió en una

merma de derechos que se concretó en la inhabilitación general que

sufrió cuando fue incluida en el boletín de responsables fiscales y se

le imposibilitó el ejercicio de su profesión como abogada en las áreas

del derecho administrativo, del transporte aéreo y de la contratación

estatal.

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Por lo que, la prueba de dicho daño resulta ser el fallo con

responsabilidad fiscal en su contra, que le impidió en forma absoluta

cualquier relación patrimonial con el Estado, debido a que su

trayectoria profesional ha sido en la Administración Pública.

En ese sentido, recalcó que, en la demanda, para la cuantificación

del daño, se usó un método histórico que teniendo en cuenta su

trayectoria profesional, calculó un salario promedio de DIEZ

MILLONES DE PESOS ($10’000.000).

En lo relacionado con las costas, alegó que según lo preceptuado en

las Leyes 1437 de 2011 12 y 1564 de 201213, la condena se debe

imponer de forma objetiva y no resulta relevante evaluar la conducta

de las partes en el proceso.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

12
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,
en adelante CPACA.
13
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, en
adelante CGP.

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V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El presente asunto, de conformidad con las pretensiones de la

demanda, se contrae a establecer la legalidad del Auto núm. 001342

de 9 de diciembre de 201114, “mediante el cual se resuelve

recurso de apelación”, expedido por la Contralora Delegada de

Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, de la

Contraloría General de la República15.

En efecto, en el acápite V. PRETENSIONES de la demanda, se

señaló:

“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad del Auto de la
Contraloría General de la República No. 001342 de 9
de diciembre de 2011, por el cual se resolvió el recurso
de apelación, confirmando el fallo con responsabilidad fiscal
No. 00019 de 2 de agosto de 2011 emitido dentro del proceso
de responsabilidad fiscal No. 01705.[…]” 16 (Destacado fuera
de texto).

Igualmente, en el acápite II. ACTOS DEMANDADOS, se indicó:

14
Folios 302-336 C. 1.
15
En adelante CGR.
16
Folio 5-6 C.1.

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“[…] El acto demandado es el Auto de la Contraloría
General de la República No. 001342 de 9 de diciembre
de 2011, por el cual se resolvió el recurso de apelación,
confirmando el fallo con responsabilidad fiscal No. 00019 de
2 de agosto de 2011 emitido dentro del proceso de
responsabilidad fiscal No. 01705.[…]”17 (Destacado fuera de
texto).

En relación con la controversia sometida al estudio de la Sala, cabe

observar que es evidente que el acto administrativo acusado resolvió

el recurso de apelación contra el acto administrativo “Auto núm.

00019 de 2 de agosto de 2011, “Por medio del cual se falla

con responsabilidad dentro del proceso de responsabilidad

fiscal” 18 , emanado del Director de Investigaciones Fiscales de la

CGR.

El referido Auto núm. 00019 de 2 de agosto de 2011 falló con

responsabilidad, en contra de la actora, en su condición de Secretaria

General de la AEROCIVIL, dentro del proceso de responsabilidad

fiscal núm. 01705, por las presuntas irregularidades en la suscripción

del contrato núm. 5000356 de 1º de septiembre de 2005, celebrado

entre la entidad en mención y la SCA, con el objeto de desarrollar la

consultoría para la realización del concurso de anteproyectos para

17
Folio 2 del C.1.
18
Folios 202-250 del C. 1.

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volúmenes y fachadas del Aeropuerto Internacional El Dorado de la

ciudad de Bogotá.

Dicho auto, en su parte resolutiva, en la parte pertinente, resolvió lo

siguiente:

“[…] FALLAR con responsabilidad Fiscal, en forma
solidaria y en cuantía de $5.22.473.996.48, de conformidad
con el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, por el daño
patrimonial producido al erario con ocasión de los hechos que
son objeto del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 01705,
según se expuso en la parte motiva de esta providencia, en
contra de las siguientes personas:

ILVA RESTREPO ARIAS. C.C. No. 51.962.296.
Secretaria General de la Aeronáutica Civil. […]”.
(Destacado fuera de texto).

Del análisis de los actos administrativos anteriormente citados se

determina que el Auto núm. 00019 de 2 de agosto de 2011, por

medio del cual se falló con responsabilidad dentro del proceso de

responsabilidad fiscal núm. 01705, en contra de la actora, constituye

el acto administrativo principal definitivo, por lo que este acto

administrativo es susceptible de ser demandado ante la jurisdicción

de lo contencioso administrativo.

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Sería del caso decidir los recursos de apelación interpuestos por las

partes, sin embargo, la Sala advierte que en la demanda interpuesta

en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

existe una indebida individualización de los actos acusados y,

por lo tanto, se configura la ineptitud sustantiva de la demanda,

esto, por cuanto no fue demandado, conforme lo exige el artículo 138

del CCA, el acto administrativo principal definitivo, es decir, el

citado Auto núm. 00019 de 2 de agosto de 2011, “Por medio

del cual se falla con responsabilidad dentro del proceso de

responsabilidad fiscal”, acto administrativo que fue objeto de los

recursos de reposición y apelación.

El artículo 138 del CCA establece:

“[…] ARTICULO 138. INDIVIDUALIZACION DE LAS
PRETENSIONES. Cuando se demande la nulidad del acto
se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de
la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara
y separadamente en la demanda.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las
decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue
revocado, sólo procede demandar la última decisión.

Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán
acompañarse las pruebas que lo demuestren […]” (Destacado
fuera de texto).

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En el presente asunto, como ya se dejó establecido, la parte actora

no demandó el Auto núm. 00019 de 2 de agosto de 2011, por

medio del cual se falló con responsabilidad dentro del proceso de

responsabilidad fiscal núm. 01705, en su contra, sino que

únicamente dirigió la demanda contra el acto administrativo que

resolvió el recurso de apelación, esto es, Auto núm. 001342 de 9

de diciembre de 201119, “mediante el cual se resuelve recurso de

apelación”, que confirmó la anterior decisión. Por lo anterior, existe

una indebida individualización de pretensiones, en tanto que le

correspondía a la actora demandar el acto principal, -Fallo con

Responsabilidad Fiscal-, y el acto que resolvió el resolvió el recurso

de apelación, pues estos actos constituyen una sola decisión20.

Esta Corporación lo ha indicado así21:

“[…] la demandante debió demandar el acto principal, es
decir, las facturas y no solo los actos que resolvieron los
recursos, pues de acceder a las pretensiones planteadas por la
demandante e incluir la nulidad de las facturas en la sentencia,
se incurriría en un fallo extra petita, es decir, en una

19
Folios 302-336 C. 1.
20
Ver sentencia de 28 de junio de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C. P, Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2008-
00330-01).
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Auto de 26 de julio de
2018, C.P. Milton Chávez García, núm. Único de radicación 2015-01816-01 (23266).

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contravención de congruencia22 de la sentencia, debido a que
estos actos administrativos no fueron demandados en debida
forma como lo requiere el artículo antes mencionado. […]”.
(Destacado fuera de texto).

En efecto, de acceder a las pretensiones de la demanda, resultaría

inane declarar la nulidad del acto que resolvió el recurso de

apelación, en el sentido de confirmar el Fallo con Responsabilidad

Fiscal, si el acto administrativo principal no es objeto de examen en

la instancia judicial y sigue produciendo efectos jurídicos en razón a

la presunción de legalidad que le ampara, por lo que era obligatorio

demandarlo e individualizarlo en la demanda23.

La Sala debe enfatizar que el artículo 138 del CCA es imperativo en

exigir que se demande la totalidad de los actos: el acto

administrativo principal definitivo y los confirmatorios de tal

decisión. Abundante ha sido la jurisprudencia al respecto; es así

22
Artículo 281 C.G.P. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
(…)
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio.
23
Ver sentencia de 28 de junio de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C. P, Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-23-24-000-2008-
00330-01).

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como en sentencia de 14 de julio de 201124, reiterada en la sentencia

de 28 de junio de 201925, esta Sección consideró lo siguiente:

“[…] Esta Sala, ya se había pronunciado sobre el alcance del
aludido artículo, para lo cual trae a colación la sentencia de
23 de junio de 2011, que recoge otras providencias en igual
sentido.

“La actora en su libelo de la demanda, numeral 6 de las
peticiones, que obra a folio 8 del expediente del Tribunal,
señala:

“Como consecuencia de las anteriores declaraciones, de igual
manera, se declare que son nulos los Actos Administrativos:

“Terminación del Contrato de Servicio Público Corte del
Servicio TC- No 06591-RZN” de fecha mayo 21 del 2001,
producido por CODENSA S.A. ESP, y la Resolución 024529 de
diciembre 31 de 2001, emitida por el Superintendente (sic)
de Energía y Gas”

Igualmente, en la aclaración de la demanda que obra a folios
27 a 29 del cuaderno del Tribunal, precisa las pretensiones
de la misma, en la siguiente forma:

“PRETENSIONES PRINCIPALES:

1ª.- Declarar que son nulos los actos administrativos:
• Resolución TC- No. 06591-RZN de fecha mayo 21 de 2001,
denominado “Terminación del Contrato de Servicio Público
Corte del Servicio”, producido por CODENSA S.A. ESP.
• Resolución No. 024529 de fecha diciembre 31 de 2001,
emitida por el Superintendente de Energía y Gas
• 2ª.- Para restablecer el derecho, Condenar solidariamente a
la parte demandada: CODENSA S.A. ESP y la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS a indemnizar a mi representada por los

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio
de 2001, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, núm. único de radicación 08001-23-31-000-2003-00909-
01.
25
Reiterada en la sentencia de 28 de junio de 2019 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, C. P, Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 25000-
23-24-000-2008-00330-01).

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daños y perjuicios causados con las acciones y omisiones que
son el objeto de la presente demanda, los cuales estimo en
la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS
($200.000.000.oo) M/Cte. (…)” (folio 28 del cuaderno del
Tribunal).

De lo anterior, la Sala observa que la actora omitió solicitar
la nulidad del acto administrativo núm. 1-0000481118 de 6
de julio de 2001 que resuelve el recurso de reposición, visto
a folios 32 a 34 del cuaderno de antecedentes, que confirma
la Terminación del Contrato de Servicio Público Corte del
Servicio” TC núm. – 06591-RZN y concede el recurso de
apelación.

Al respecto, esta Sala ha sostenido reiteradamente a través
de diversos pronunciamientos, lo siguiente:

“(…) Es de advertir que con este pronunciamiento la Sala
rectifica la tesis jurisprudencial que había venido sosteniendo
reiteradamente en diversos pronunciamientos, entre ellos,
las sentencias de 28 de marzo de 1996 (Exp. 3603, Actora:
Flota la Macarena S.A. Consejero Ponente Ernesto Rafael
Ariza Muñoz), de 6 de julio de 2001 (Actora: Servientrega
Ltda.., Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y de 27 de junio de 2002 (Exp. 6929, Actora:
Shulumberger Surenco S.A., Consejero Ponente Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), en los cuales se dijo que por ser
el recurso de reposición en la vía gubernativa un recurso
optativo, cuando se interpone y es confirmatorio del acto
principal, se constituye en accesorio de este y por lo mismo
no es obligatorio de demandar.

Es decir, que a partir de este proveído la Sala interpreta que
el alcance del art. 138 del C.C.A no puede ser otro que el de
exigir la demanda contra todos los actos de la vía
gubernativa, y en consecuencia es menester aportar copia
hábil de todos los actos acusados (Las subrayas son ajenas
al texto)” 26.

En sentencia de 10 de septiembre de 2009, se expuso:

26
Sentencia de 10 de diciembre de 2008. Radicación: 2006-117. Magistrado Ponente: MARCO ANTONIO
VELILLA MORENO. Actora: Laboratorios Bussie S.A.

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Número único de radicación: 25000 23 24 000 2012 00834 02
Actora: ILVA RESTREPO ARIAS

“La Sala advierte que además de los actos administrativos
acusados, en la actuación administrativa adelantada contra
la demandante se profirió la Resolución 00004 de 17 de
enero de 1997, que resolvió el recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 000029 de 28 de
noviembre de 1996, en el sentido de mantener la decisión
en esta última contenida y conceder el recurso de apelación.
Dicha Resolución 00004 no fue objeto de pretensión de
nulidad en la acción que ocupa la atención de la Sala.
(…)
Por lo anterior, la Sala considera que la actora debió
demandar todos y cada uno de los actos de la vía
gubernativa, incluido el que resolvió el recurso de
reposición27.

Igualmente, mediante sentencia de 15 de abril de 2010, esta
Sala ratifica la posición asumida, en los siguientes términos:

“La Sala considera que la sociedad actora debió demandar
todos y cada uno de los actos de la vía gubernativa, incluido
aquél que resolvió el recurso de reposición. Como quiera que
el actor dejó de demandar en este caso la precitada
resolución, la Sala deberá abstenerse de realizar un
pronunciamiento de fondo, profiriendo en consecuencia un
fallo inhibitorio, pues no tendría ningún sentido anular las
Resoluciones números 24458 de 30 de julio de 2002 y 8357
de 28 de marzo de 2003, dejando incólume la Resolución
número 6175 de 28 de febrero de 2003, mediante la cual
decidió el recurso de reposición”28.

Con fundamento en lo anterior, la Sala reiteró tal tesis
jurisprudencial, mediante providencia de 12 de mayo de
2011, en la cual se expresó:

“En el caso sub examine, el actor demandó la Resolución núm.
50633 de 21 de diciembre de 1994, con la cual la División de
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio niega el registro de la marca “TOP GEAR” por
considerar que presenta similitudes con el signo mixto “L.A
GEAR” registrado a favor de la sociedad L.A GEAR INC., para
distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la

27
Sentencia de 10 de septiembre de 2009. Exp: 1998-00528. Consejera Ponente: MARIA CLAUDIA
ROJAS LASSO. Actora: ROSS CO. S.A.
28
Sentencia de 15 de abril de 2010. Radicación núm.: 2003 0323. Consejero Ponente: RAFAEL E.
OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actora: Sociedad Harinera del Valle S.A.

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Actora: ILVA RESTREPO ARIAS

Clasificación Internacional de Niza, y la Resolución núm. 25676
de 29 de septiembre de 2000, mediante la cual la
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
resuelve el recurso de apelación interpuesto por el actor,
confirmando la Resolución impugnada.

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el actor omitió
demandar el acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición, es decir, la Resolución núm. 006308 de 28 de
febrero de 1997, incumpliendo en esta forma con lo previsto
en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, al
no integrar en las pretensiones de la demanda la
totalidad de los actos definitivo y los confirmatorios
de la decisión de denegar el registro de la marca “TOP
GEAR”29

En el sub judice, CONDENSA S.A. expidió los actos
administrativos TC- núm. 06591-RZN de 21 de mayo de 2001,
denominado “Terminación del Contrato de Servicio Público
Corte del Servicio” y el que resuelve el recurso de reposición
núm. 1-0000481118 de 6 de julio de 2001, el cual confirma la
decisión adoptada, y el Superintendente de Energía y Gas de
la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios, profirió
la Resolución núm. 024529 de 31 de diciembre de 2001, que
resuelve el recurso de apelación, confirmando la misma.

Así las cosas, la actora no dio cumplimiento al artículo 138
del Código Contencioso Administrativo, ya que no integró
en las pretensiones de la demanda la totalidad de los
actos: el decisorio principal y los confirmatorios de tal
decisión, al no haber demandado el acto administrativo que
resolvió el recurso de reposición que confirmó el mismo30[…]”
(Destacado fuera de texto).

Como se puede observar, de la sentencia antes transcrita, en el

pasado, en lo que no había uniformidad de criterio por parte de la

29
Sentencia de 12 de mayo de 2011.Expediente núm. 2001-00157. CONSEJERO PONENTE: MARCO ANTONIO
VELILLA MORENO. Actora: CHU HSING CHIU.
30
Sentencia de 23 de junio de 2011. REF: Expediente núm. 2002-01295. Consejero Ponente: MARCO
ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: Martha Luz Linero De Montero.

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Sección Primera fue respecto de si dejar de demandar el acto que

resolvió el recurso de reposición ameritaba declarar probada la

excepción de ineptitud sustantiva de la demanda; pero, finalmente,

se unificó la postura para adoptar la decisión de que la carga procesal

del demandante es impugnar la legalidad del acto

principal definitivo y si este fue objeto de recursos, también

deben demandarse los actos que los resolvieron.

Ahora, la Sala debe poner de presente que en el proceso de

responsabilidad fiscal, bajo estudio, además de los citados actos

administrativos antes señalados, también se expidió el Auto núm.

01036 de 1 de noviembre de 201131, por el cual se resolvió el

recurso de reposición interpuesto por la demandante contra

el acto el acto principal definitivo, -Fallo con Responsabilidad

Fiscal-.

En cuanto a los actos administrativos, que resuelven los recursos de

reposición, en los procesos de responsabilidad fiscal, es del caso

señalar que en estos procesos existe norma especial que ordena

31
Folios 252-301 C.1.

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demandar ante esta Jurisdicción solamente el acto con el cual

termina el proceso una vez este se encuentre en firme.

De tal manera, que para los procesos de dicha naturaleza no

resulta en modo alguno necesario incluir la resolución

concerniente al recurso de reposición, dentro de las peticiones

de la demanda, para que aquellas se entiendan cabalmente

individualizadas, habida cuenta que el artículo 59 de la Ley 610

establece que: “[…] En materia del proceso de responsabilidad

fiscal, solamente será demandable ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo el acto administrativo con el cual

termina el proceso, una vez se encuentre en firme […]”.

Al efecto, es oportuno traer a colación la sentencia de 16 de

diciembre de 2019 32 , proferida por la esta Sección, en la que se

puntualizó lo siguiente:

“[…] Cabe advertir que además de los actos administrativos
acusados, se expidió el “AUTO POR EL CUAL SE
RESUELVEN UNOS RECURSOS DE RESPOSICIÓN
INTERPUESTOS CONTRA EL FALLO DE

32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de
diciembre de 2019, C. P, Nubia Margoth Peña Garzón, núm. único de radicación 41001-23-31-000-
2002-01111-01.

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RESPONSABILIDAD FISCAL” de 13 de noviembre de
2001, por el cual se resolvieron los recursos de reposición
interpuestos por la demandante y otros investigados contra
el “FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL NÚMERO
020” de 27 de septiembre de 2001, en el sentido de
confirmar lo allí decidido y conceder el recurso de apelación.
Empero, esta Resolución no fue impugnada en la demanda.
Para la Sala, tal omisión procesal no acarrea una falencia en
la individualización de las pretensiones en desconocimiento
del incumplimiento del artículo 13833 del CCA, que genere el
proferimiento de un fallo inhibitorio, toda vez que frente al
proceso de responsabilidad fiscal existe norma especial
que ordena demandar ante esta Jurisdicción
solamente el acto con el cual termina el proceso una
vez este se encuentre en firme.

De tal manera, que para los procesos de dicha
naturaleza no resulta en modo alguno necesario incluir
la resolución concerniente al recurso de reposición,
dentro de las peticiones de la demanda, para que
aquellas se entiendan cabalmente individualizadas,
habida cuenta que el artículo 59 de la Ley 610 establece que:

“[…] En materia del proceso de responsabilidad fiscal,
solamente será demandable ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo el acto administrativo con
el cual termina el proceso, una vez se encuentre en
firme […]”.

Al efecto, es oportuno traer a colación la sentencia de 20 de
noviembre de 201434, proferida por la esta Sección, en la que
se puntualizó lo siguiente:

“[…] Sea lo primero advertir que el actor demandó los
siguientes actos administrativos: (i) Fallo de responsabilidad

33
“[…] Artículo 138. Individualización de las pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se
le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto,
deberán enunciarse clara y separadamente.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede
demandar la última decisión […]”.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de
noviembre de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación
25000232400020060042801.

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fiscal No. 36 de 26 de abril de 2005, (ii) Auto de 11 de agosto
de 2005, por el cual se corrige el fallo con responsabilidad; y
(iii) Auto de 30 de noviembre del mismo año, por el cual se
resuelve el recurso de apelación.

Sin embargo, la Sala da cuenta que en el expediente reposa
el Auto de 20 de septiembre de 2005 35 proferido por el
Subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría de Bogotá D.C., por el que se resuelve el recurso
de reposición interpuesto contra el Auto de 11 de agosto de
2005, y el cual no fue demandado por la parte actora ante
esta Jurisdicción.

Al respecto, no sobra anotar que en tratándose de los
procesos adelantados en vigencia del anterior Código
Contencioso Administrativo, como es el sub examine, esta
Sección ha señalado reiteradamente que en el supuesto en
que no sea demandado el acto por el que se resuelve el
recurso de reposición se presenta una falencia en la
individualización de las pretensiones en desconocimiento del
artículo 138 del C.C.A., que genera el proferimiento de un
fallo inhibitorio36.

Pues bien, sea esta la oportunidad para precisar que en la
litis bajo examen, tal omisión procesal no acarrea la
consecuencia anotada por cuanto frente al proceso de
responsabilidad fiscal existe norma especial que
ordena demandar ante esta Jurisdicción solamente el
acto con el cual termina el proceso una vez éste se
encuentre en firme; de forma tal que para los procesos
de tal naturaleza no resulta en modo alguno necesario
incluir la Resolución concerniente al recurso de
reposición dentro de las peticiones de la demanda,
para que aquellas se entiendan cabalmente
individualizadas, puesto que el artículo 59 de la Ley
610 del 2000, establece:

“Artículo 59. Impugnación ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En materia del proceso de

35
Folios 104 a 109 del cuaderno principal del expediente.
36
Léanse las sentencias de 29 de agosto de 2013, Expediente No. 2003-00458,
M.P. Dr. Guillermo Vargas Ayala; 4 de abril de 2013, Expediente No. 2007-00179,
M.P. Dra. María Elizabeth García; 9 de agosto de 2012, Expediente No. 2003-
00237, M.P. Dr. Marco Antonio Velilla, entre otras.

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responsabilidad fiscal, solamente será demandable
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo el
Acto Administrativo con el cual termina el proceso, una
vez se encuentre en firme”.

Así las cosas, es del caso dar aplicación preferente a la norma
especial transcrita, por lo que esta Sección procederá a
desarrollar el estudio de la alzada, sin que se advierta vicio
alguno que lo impida.

Cabe resaltar que en Sentencia de 17 de junio de 2008,
Expediente No. 2001-00310, Consejera Ponente doctora
Martha Sofía Sanz Tobón, la Sala precisó lo siguiente en
relación con el artículo 59 de la Ley 610 del 2000:

“Sobre el particular, la Sala considera necesario precisar que
la disposición antes transcrita debe entenderse en armonía
con lo dispuesto sobre el mismo aspecto por el C.C.A., pues
si bien es cierto que el artículo 1º del C.C.A., preceptúa que
“Los procedimientos administrativos regulados por Leyes
especiales se regirán por éstas”, también lo es que a
continuación señala que “en lo no previsto en ellas se
aplicarán las normas de esta parte primera que sean
compatibles”, lo cual significa que la ley especial se aplica de
manera preferencial sobre la Parte Primera del C.C.A., única
y exclusivamente respecto del procedimiento administrativo
especialmente regulado, más no respecto de la Parte
Segunda del C.C.A., que se refiere al control jurisdiccional de
la actividad administrativa.

El artículo 138 del C.C.A., establece:

Artículo 138. Individualización de las pretensiones. Cuando
se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con
toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de
la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse
clara y separadamente.

Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía
gubernativa, también deberán demandarse las decisiones
que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo
procede demandar la última decisión”.

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Interpretando de manera armónica lo dispuesto en el C.C.A.,
es claro para la Sala que cuando el primero de los citados
señala que solamente deberá demandarse el Acto
Administrativo con el cual termina el proceso, una vez se
encuentre en firme, por dicho acto administrativo debe
entenderse, en este caso, el que declaró fiscalmente
responsable a la actora, así como los que resolvieron los
recursos de reposición y apelación contra dicha declaratoria,
por cuanto la confirmaron.”

En esta oportunidad, la Sala rectifica la anterior posición
jurisprudencial para adoptar, en su lugar, el criterio
que antecede cual es, el que en materia de
responsabilidad fiscal, por existir norma especial
(artículo 59 de la Ley 610 del 2000) solo se exige
demandar el acto principal en el cual no se incluyen los
actos que resuelven los recursos; obviamente que la
acción se debe interponer dentro del término de caducidad,
que se contará a partir de la firmeza del acto principal, lo cual
también supone el previo agotamiento de la vía gubernativa
[…]” (Las negrillas y subrayas fuera de texto). […]”.

En atención a lo antes expuesto y habida cuenta que la actora no

estaba obligada a demandar el acto administrativo que resolvió el

recurso de reposición, pero sí el acto principal definitivo, -fallo con

responsabilidad fiscal-, el cual omitió demandar, y que tal

irregularidad no puede subsanarse, pues ello equivaldría a sustituir

por parte del juez las pretensiones de la demanda, se reitera, existe

una indebida individualización de pretensiones y, por lo tanto, se

configura la ineptitud sustantiva de la demanda.

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Y, en tal sentido, la Sala advierte que no le asistió razón al Tribunal

de primera instancia, al declarar no probada la excepción de inepta

demanda, que le fue propuesta por la entidad demandada, bajo el

argumento de que la demandante había demandado el acto principal

y que lo que había dejado de demandar fue el acto que resolvió el

recurso de reposición.

En conclusión, la Sala considera que en el presente caso se configura

la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, que debe

declararse probada de oficio, conforme al inciso 2º del artículo 164 del

CCA. Dicha declaratoria amerita que la Sala proceda, entonces, a

revocar la sentencia apelada y se abstenga de hacer un

pronunciamiento de mérito, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de octubre de 2018,

proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala

Transitoria, y, en su lugar, disponer: DECLARAR PROBADA de oficio

la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.

En consecuencia, la Sala se INHIBE de proferir sentencia de mérito,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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