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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2004-08936-01

Pensión de jubilación: excongresista

Fecha
6 de mayo de 2019
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2004-08936-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida el 21 de junio de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso promovido por el señor Gabriel Guillermo Rosas Vega contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, para en su lugar, denegar las demás pretensiones de la demanda. Segundo: Confírmese en todo lo demás. Tercero: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2004-08936-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

6 de mayo de 2019

PENSION DE JUBILACION - Excongresista / PENSION DE JUBILACION - Régimen de transición / PENSION DE JUBILACION - Reliquidación pensión de excongresista

El Decreto 1359 de 1993 se aplica antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos de reconocimiento de la pensión de jubilación, a quienes por disposición de los artículos 1. y 4. cumplieran los siguientes requisitos: a) Que a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 4. de 1992 (18 de mayo de 1992) ocuparan el cargo de senador o representante a la cámara (artículo 1), y que se encontraran afiliados al fondo pensional del Congreso (FONPRECON) realizando el respectivo pago de las cotizaciones (artículo 4) y; b) Rige también la situación de los congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1, inciso 2.° de la Ley 19 de 1987 (parágrafo artículo 4.). Así mismo, los requisitos que debían acreditarse para acceder al reconocimiento pensional de conformidad con lo señalado en el artículo 7 del decreto mencionado son: (i) Cumplir la edad que dispone el artículo 1 parágrafo 2. de la Ley 33 de 1985, esto es, la señalada en el artículo 2 del Decreto 1723 de 1964 (50 años para hombres y mujeres). (ii) Tener veinte (20) años de servicios, continuos o discontinuos, acumulados entre el tiempo laborado al Congreso de la República y otros periodos prestados al servicio público y/o privado, cotizado en este último caso al ISS. Cumplidos estos presupuestos debe reconocerse la pensión en cuantía equivalente al 75% de lo que resulte de la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta para el efecto, lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993. […] El Decreto 691 de 1994 incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos del Congreso de la República. No obstante, y en virtud del régimen de transición señalado en el artículo 2. del Decreto 1293 de 1994, la Ley 100 de 1993 no es aplicable a quienes al 1. de abril de 1994: (i) tengan 40 o más años de edad si es hombre o treinta y cinco (35) o más años de edad si es mujer y/o (ii) hubieran cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más. En este caso la norma que rige es el Decreto 1359 de 1993.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-25-000-2004-08936-01(1959-07)

Actor: GABRIEL GUILLERMO ROSAS VEGA

Demandado: FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Referencia: RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE EXCONGRESISTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 4.ª DE 1992. CUMPLIMIENTO SENTENCIA DE TUTELA.

En cumplimiento de la sentencia de tutela del 4 de abril de 2019, proferida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del trámite de la acción de tutela 11001-03-15-000-2011-01264-00, providencia que dejó sin efectos la sentencia del 21 de octubre de 2010, dictada por esta Corporación dentro del proceso de la referencia y ordenó que se «profiera una nueva decisión de reemplazo, en la que se resuelva la solicitud de reliquidación de la pensión conforme con las reglas establecidas en la sentencia C-258 de 2013 para el efecto.», la Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia proferida el 21 de junio de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Gabriel Guillermo Rosas Vega contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

ANTECEDENTES

El señor Gabriel Guillermo Rosas Vega, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.

Pretensiones

1. Se declare la existencia del acto administrativo presunto, producto del silencio administrativo negativo del FONPRECON frente a la petición presentada por el señor Gabriel Guillermo Rosas Vega, el 18 de febrero de 2004, tendiente a obtener la reliquidación de su mesada pensional en porcentaje equivalente al 75% de lo devengado por un congresista en ejercicio.

2. Se declare la nulidad del acto administrativo presunto, producto del silencio administrativo negativo del FONPRECON frente a la petición presentada por el señor Gabriel Guillermo Rosas Vega, el 18 de febrero de 2004, tendiente a obtener la reliquidación de la pensión reconocida por medio de la Resolución 01342 del 29 de noviembre de 2001.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la demandada reliquidar la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% de lo devengado por todo concepto por un congresista en ejercicio en el año inmediatamente anterior al 18 de marzo de 1996, fecha en que adquirió el derecho a la pensión de jubilación.

4. Igualmente, pidió que se condene a la entidad demandada a reconocerle los aumentos legales que haya tenido la pensión de jubilación en sumas correspondientes a su mayor valor, el pago de intereses moratorios desde su exigibilidad y hasta cuando se cancele efectivamente, así como su actualización teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

5. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

1. Mediante Resolución 01342 del 29 de noviembre de 2001 el Fondo de Previsión Social del Congreso reconoció pensión de jubilación al señor Guillermo Rosas Vega en los términos del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1293 de 1994, efectiva a partir del 8 de febrero de 1998.

2. El señor Rosas Vega interpuso recurso de reposición en contra de la anterior decisión, que fue resuelto a través de la Resolución 00238 del 22 de marzo de 2002, la cual modificó la fecha de efectividad del derecho para señalar que sería el 18 de marzo de 1996.

3. Para liquidar la pensión la entidad tuvo en cuenta el promedio mensual devengado por el ex congresista, por el período comprendido entre el 10 de junio de 1987 y el 9 de junio de 1988, según lo dispuesto en la sentencia C-608 de 1999.

4. Mediante escrito radicado el 18 de febrero de 2004, el demandante solicitó la reliquidación de la prestación en porcentaje equivalente al 75% del último ingreso mensual promedio que por todo concepto devengaba un congresista, sin obtener respuesta alguna de la entidad.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 2, 13, 23, 48 y 53 de la Constitución Política; 17 de la Ley 4.ª de 1992; 3, 5, 6 y 7 del Decreto 1359 de 1993; 2 y 3 el Decreto 1293 de 1994; 5, 9 y 31 del Código Contencioso Administrativo; 8 de la Ley 153 de 1887; 19 del Código Sustantivo del Trabajo; 1613 a 1624 y 1626 del Código Civil y 141 de la Ley 100 de 1993.

Como concepto de violación de la normativa señalada, sostuvo, en primer lugar, que el silencio frente a su petición por parte del FONPRECON vulneró los derechos de petición, seguridad social y el de reajuste periódico de la pensión, los cuales están consagrados en los artículos 23, 48 y 53 de la Constitución Política.

En segundo lugar, expuso que ni la Resolución 01342 de 29 de noviembre de 2001 ni el acto administrativo negativo ficto dieron cumplimiento al artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y los artículos 5, 6, y 7 del Decreto 1359 de 1993, pues en la liquidación no se incluyeron los factores salariales devengados por un congresista el día 29 de noviembre de 2001, es decir, los gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de transporte y prima de navidad que devengaban al momento del reconocimiento de su pensión de jubilación.

Sobre este punto, señaló que su pensión de jubilación se liquidó en una suma inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devengaban los congresistas en ejercicio al momento en que se decretó la prestación a pesar de estar cobijado por el régimen de transición previsto en los literales a.) y b.) del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, como lo admite la resolución que le reconoció su derecho prestacional.

De otra parte, sostuvo que el acto administrativo negativo presunto violó igualmente el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, los artículos 1602 y siguientes del Código Civil y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues las mesadas pensionales debieron ser actualizadas, en atención a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, desde la fecha de su exigibilidad. Así mismo, se le han debido cancelar intereses moratorios por el no pago oportuno de tales obligaciones de carácter laboral.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, se opuso a las pretensiones de la demanda, en síntesis porque consideró que conforme a los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional vertidos en la sentencia de constitucionalidad C-608 de 1999, y las decisiones de tutela T-022 de 2001 y T-781 de 2005, la liquidación de las pensiones de los congresistas debe comprender el promedio de lo percibido en el tiempo en que haya ejercido el cargo y lo devengado dentro del año anterior a ese ejercicio. Acceder a lo pretendido por el actor sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería el mínimo equilibrio afectando el postulado de la igualdad, por cuanto sus ingresos para el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió los requisitos para pensionarse (1987-1988) no cobijaban los factores previstos en el artículo 5 del Decreto 1359 de 1993, simplemente porque no los devengaba.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA

De acuerdo con la información que está en la página de la Rama Judicial, las partes sí presentaron alegatos en esta instancia, sin embargo, no se encuentran los escritos en el expediente pues del folio 75 pasa al 92, los cuales contienen dichos memoriales.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En el expediento no obra escrito de intervención del Ministerio Público ni hay constancia secretarial o registro en el estado del proceso del que se concluya que intervino.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia 21 de junio de 2007, declaró la nulidad del acto acusado y, a título de restablecimiento del derecho, le ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República efectuar una nueva liquidación de la pensión del actor tomando como base el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores (sueldo básico, gastos de representación, prima de localización, prima de salud, prima de navidad y prima de servicios) en la fecha en que se decretó la prestación (año 1996), a partir del 18 de marzo de 1996, aplicando los reajustes anuales conforme a la ley, así como el pago de la diferencia que resulte entre la cantidad líquida y las sumas canceladas por el mismo concepto, y denegó las demás pretensiones de la demanda.

El juez de primera instancia consideró que de acuerdo con las disposiciones que gobiernan el régimen pensional especial de los congresistas, el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en los artículos 2 y 3 del Decreto 1293 de 1994, pues para el 1.º de abril de 1994 tenía más de 55 años de edad y aproximadamente 16 años de servicio, por lo que dichas normas le son aplicables.

Así las cosas, sostuvo que el porcentaje de las pensiones de dichos servidores no puede ser inferior al 75% del ingreso promedio que, durante el último año y por todo concepto perciba el congresista en la fecha en que se decrete la prestación, tal como lo señala el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992 y los artículos 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993, de acuerdo a lo que se indicó en la sentencia de tutela de 9 de julio de 2002 proferida el Consejo Superior de la Judicatura – Sala, radicación No. 2002-1718-01 y en la providencia del Consejo de Estado de fecha 12 de octubre de 2006, radicación 25000232500020030826601, actor: Fernando Rueda Franco.

En ese orden, estimó que como el actor reunió los requisitos para hacerse acreedor a la pensión de jubilación el 18 de marzo de 1996 la entidad de previsión debe liquidarla teniendo en cuenta todo lo devengado por un congresista en servicio activo en la fecha en que adquirió el status de pensionado, es decir, en la fecha en que se decretó la prestación.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

El apoderado del señor Gabriel Guillermo Rosas Vega (ff. 145 y 146) presentó recurso de apelación en contra de la sentencia del 21 de junio de 2007, en cuanto denegó la pretensión de pago de los intereses moratorios.

Al respecto, sostuvo que en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permite la actualización de la base de cotización para determinar el monto de la pensión conforme con el IPC en razón a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, la entidad reconocerá y pagará al pensionado, además de las obligaciones a su cargo y sobre el importe de ellas, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago conforme lo señala el artículo 141 ejusdem, norma imperativa, a cuya aplicación no puede sustraerse ni la entidad de previsión ni el juez que decide la controversia.

El Fondo de Previsión Social del Congreso (ff. 154 a 157) manifestó que el a quo sustentó su decisión en una sentencia de tutela del Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual desconoció el alcance de las sentencias proferidas en ejercicio del control de constitucionalidad, por lo siguiente:

Por una parte, indicó que el juez de primera instancia omitió que según la interpretación que hizo la Corte Constitucional del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, las sentencias de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes y su motivación solamente se constituye en criterio auxiliar.

Por otra parte, señaló que si la Corte Constitucional efectuó una interpretación por vía de autoridad sobre el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, ella resulta de obligatorio cumplimiento. En esas condiciones, explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no tuvo en cuenta el criterio expuesto en la sentencia C-608 de 1999, que declaró exequible el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en la sentencia SU-640 de 1998, providencias de las que FONPRECON no podía apartarse para liquidar la pensión del actor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Guillermo Rosas Vega (ff. 162 a 164) intervino para solicitar que se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto al reajuste de la pensión de jubilación. Para el efecto, citó la sentencia del 22 de junio de 2006 en la que el Consejo de Estado afirmó que, para el caso de aquellos ex servidores beneficiarios del régimen especial de transición de congresistas, la prestación debía liquidarse con base en el ingreso mensual promedio «que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación».

FONPRECON (ff. 165 a 167) insistió en que liquidó la pensión de jubilación del demandante de conformidad con señalado por la Corte Constitucional en la sentencias C-608 de 1999 y SU-640 de 1998.

En el expediente no se evidencia la intervención del Ministerio Público en esta etapa. Del folio 176 pasa al 205.

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

Previo a resolver el fondo del asunto, la Subsección estima importante hacer la siguiente precisión:

Mediante sentencia del 4 de abril de 2019, notificada por correo electrónico el 22 de abril de 2019, la Sección Cuarta de esta Corporación decretó lo siguiente:

«1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso del Fondo de Previsión Social del Congreso.
2. Dejar sin valor y efecto la providencia del 21 de octubre de 2010, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por contra el señor Gabriel Guillermo Rosas Vega (QEPD), bajo la radicación 25000232500020040893601.
3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección, para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión de reemplazo, en la que se resuelva la solicitud de reliquidación de la pensión conforme con las reglas establecidas en la sentencia C-258 de 2013 para el efecto.»

En tal virtud, la Secretaría de la Sección Segunda remitió al despacho ponente el expediente del proceso ordinario dentro del cual se echan de menos las siguientes actuaciones procesales:

Demanda
Contestación de la demanda
Alegatos de primera instancia
Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D proferida el 21 de junio de 2007
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 21 de octubre de 2010

En efecto, de la información que se encuentra en la página de la Rama Judicial acerca del proceso se evidencia la existencia de tales actuaciones, no obstante, dentro del expediente se advierte que del folio 36 pasa al 47, del 61 al 65, del 75 al 92 y del 126 al 143, sin que obre constancia alguna de desglose de dichos documentos.

Frente a la situación expuesta y dado que se concedió el término de 20 días para dar cumplimiento a la orden impartida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se contactó vía telefónica la Secretaría de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde únicamente se informó que se envió el expediente en calidad de préstamo al Consejo de Estado, mediante Oficio N.º 0499/LAAP del 1 de noviembre de 2018.

A pesar de lo anterior, esta Subsección considera que la falta de dichas actuaciones no es óbice para dar cumplimiento a la orden impartida por la sentencia del 4 de abril de 2019 dentro de la acción de tutela con radicado 2011-01264-00, en el término que fue concedido para hacerlo, sin adelantar el trámite previsto por el artículo 126 del CGP, como quiera que es viable extraer el contenido de aquellas a partir de la copia de las sentencias que obran en el sistema de registro de actuaciones y de la página de la Rama Judicial.

Lo anterior en consideración a que dentro de la acción de tutela no se expuso reparo alguno en relación con aspectos fácticos o probatorios sino que se debatió el defecto sustantivo, en cuanto a la interpretación del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, sin tener en cuenta el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013. En esta medida, la ausencia de las citadas piezas procesales no compromete en modo alguno la validez de la presente decisión. Así las cosas, en armonía con el principio de economía procesal y para impedir mayores dilaciones al presente asunto, la Subsección procederá a dar cumplimiento a la citada providencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Problema jurídico

Los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia, se resumen en las siguientes preguntas:

¿El señor Gabriel Guillermo Rosas Vega tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación en un monto no inferior al 75% de lo devengado por todo concepto por un congresista en ejercicio a la fecha de decretarse el derecho, que para su caso fue el 18 de marzo de 1996?

Con el fin de resolver el problema jurídico la Subsección abordará los siguientes temas: (i) Régimen pensional de los congresistas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Recuento normativo. Requisitos. (ii) Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición para congresistas y; (iii) caso concreto.

Régimen pensional de los congresistas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Recuento normativo. Requisitos.

La Ley 6.ª de 1945, que regulaba la pensión de jubilación de los empleados públicos, le era aplicable a los miembros del Congreso de la República por disposición del artículo 7.º de la Ley 48 de 1962. Esta última fue reglamentada mediante el Decreto 1723 de 1964 que determinó la pensión vitalicia de jubilación para los miembros del Congreso Nacional y su forma de liquidación. Luego, la Ley 4.ª de 1966 previó un porcentaje para tales prestaciones del 75% del salario promedio sobre el cual se realizaron los aportes durante el último año de servicio.

Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1985 que modificó la precitada Ley 6.ª de 1945 y aumentó el requisito de la edad para que los empleados oficiales accedieran a la pensión de jubilación, de 50 a 55 años. La norma previó un régimen de transición para los que hubieran cumplido 15 años de servicio continuos o discontinuos a la vigencia de dicha Ley.

La misma disposición creó el Fondo de Previsión Social del Congreso (FONPRECON), como un establecimiento público nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El artículo 15 ordinal 1.º designó como función de dicho Fondo la de reconocer y pagar las prestaciones sociales de los congresistas, de los empleados del Congreso y de sus propios trabajadores.

Una vez entrada en vigencia la Constitución Política de 1991, el Congreso de la República expidió la Ley 4.ª de 1992 con fundamento en las facultades otorgadas por los literales e) y f) del numeral 19 de su artículo 150.

La precitada ley, en el artículo 17, ordenó al Gobierno Nacional establecer un régimen de pensiones para los miembros del Congreso de la República, así como el reajuste y sustitución de las mismas, las cuales no podían ser inferiores a un 75% de lo que resulte de la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013.

De este modo, se expidió el Decreto 1359 de 1993 reglamentario de la Ley 4.ª de 1992 por medio del cual se estableció el régimen especial de pensiones de los senadores y representantes a la cámara. El campo de aplicación de esta normativa se señaló en el artículo 1.º en los siguientes términos:

«[…] Artículo 1º. Ámbito de aplicación. El presente Decreto establece integralmente y de manera especial, el régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas, que en lo sucesivo se aplicará a quienes a partir de la vigencia de la ley 4.ª de 1992, tuvieren la calidad de Senador o Representante a la Cámara [...]» (Subraya y negrilla fuera de texto).

La norma citada es clara en señalar que el régimen especial de pensiones de los miembros del Congreso de la República solo rige la situación de quien a la fecha de vigencia de la Ley 4.ª de 1992 (18 de mayo de 1992) tuviera la calidad de senador o representante a la Cámara.

Lo anterior fue corroborado en el artículo 4 ibidem. En él se fijaron los requisitos para acceder al régimen pensional especial de los congresistas así:

«[…] Artículo 4°. Requisitos para acceder a este Régimen Pensional.
Para que un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen especial, deberá cumplir en debida forma con los siguientes requisitos:
a) Encontrarse afiliado a la Entidad Pensional del Congreso y estar efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma.
Haber tomado posesión de su cargo.
Parágrafo. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0019_1987.htm" \l "1" 1°, inciso 2° de la Ley 19 de 1987 […]» (Subraya y negrilla de la Subsección).

A su vez el artículo 7 del mismo Decreto 1359 de 1993 preceptuó:

«[…] ARTÍCULO 7º. DEFINICIÓN. Cuando quienes en su condición de Senadores o Representantes a la Cámara, lleguen o hayan llegado a la edad que dispone el artículo 1º, parágrafo 2o de la Ley 33 de 1985 y adicionalmente cumplan o hayan cumplido 20 años de servicios, continuos o discontinuos en una o en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hayan cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubilación que no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio, que durante el último año y por todo concepto devenguen los Congresistas en ejercicio, de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 6º del presente Decreto […]» (Resaltado de la Subsección).

Este artículo establece los requisitos de edad y tiempo de servicios necesarios para obtener el reconocimiento pensional.

En cuanto a la edad referida en la citada norma, la Sección Segunda, en sentencia de unificación, concluyó que el Decreto 1359 de 1993 remite sobre este tópico a las disposiciones establecidas en favor de los servidores públicos antes de la Ley 33 de 1985, y específicamente al Decreto 1723 de 1964 que en su artículo 2.º previó la edad de 50 años para hombres y mujeres.

En conclusión:

El Decreto 1359 de 1993 se aplica antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, para efectos de reconocimiento de la pensión de jubilación, a quienes por disposición de los artículos 1.º y 4.º cumplieran los siguientes requisitos:

a) Que a la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 4.ª de 1992 (18 de mayo de 1992) ocuparan el cargo de senador o representante a la cámara (artículo 1), y que se encontraran afiliados al fondo pensional del Congreso (FONPRECON) realizando el respectivo pago de las cotizaciones (artículo 4) y;

b) Rige también la situación de los congresistas que al momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0019_1987.htm" \l "1" 1, inciso 2.° de la Ley 19 de 1987 (parágrafo artículo 4.º).

Así mismo, los requisitos que debían acreditarse para acceder al reconocimiento pensional de conformidad con lo señalado en el artículo 7 del decreto mencionado son:

(i) Cumplir la edad que dispone el artículo 1 parágrafo 2.º de la Ley 33 de 1985, esto es, la señalada en el artículo 2 del Decreto 1723 de 1964 (50 años para hombres y mujeres).

(ii) Tener veinte (20) años de servicios, continuos o discontinuos, acumulados entre el tiempo laborado al Congreso de la República y otros periodos prestados al servicio público y/o privado, cotizado en este último caso al ISS.

Cumplidos estos presupuestos debe reconocerse la pensión en cuantía equivalente al 75% de lo que resulte de la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con lo expuesto en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta para el efecto, lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Decreto 1359 de 1993.

Entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Régimen de transición para congresistas.

El Legislador expidió la Ley 100 de 1993 con la cual creó el Sistema General de Pensiones. Su propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, el mismo sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial.

A su vez, la mencionada ley en el artículo 273 preceptuó que el Gobierno Nacional podía incorporar a los congresistas al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero con respeto de los derechos adquiridos, en los términos señalados en el artículo 36.

En ejercicio de esa facultad se expidió el Decreto 691 de 1994. El artículo 1 literal (b) de esta normativa, incluyó a estos servidores públicos en el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993. No obstante, en el parágrafo del mentado artículo se especificó que ello se efectuaba sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 1359 de 1993 y las normas que lo modifiquen o adicionen. Ahora, tal situación solo operaba a partir del 1.º de abril de 1994 por disposición del artículo 2 del Decreto 691 de 1994.

Finalmente, se expidió el Decreto 1293 de 1994 que exceptuó - en el artículo 1.º - de la aplicación de la Ley 100 de 1993 a quienes cumplieran los requisitos del régimen de transición que se fijó en el artículo 2.º de la misma disposición así:

«[…] ARTICULO 2o. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LOS SENADORES, REPRESENTANTES, EMPLEADOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO. Los senadores, los representantes, los empleados del Congreso de la República y los empleados del Fondo de Previsión Social del Congreso, tendrán derecho a los beneficios del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siempre que a 1o de abril de 1994, hayan cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber cumplido cuarenta (40) o más años de edad si son hombres o treinta y cinco (35) o más años de edad, si son mujeres.

b). Haber cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más […]» (Subraya y negrilla fuera de texto).

Cumplidos los requisitos enunciados los congresistas adquieren, en virtud del artículo 3 de la misma disposición, el derecho a que su pensión de jubilación sea reconocida y liquidada conforme las normas del Decreto 1359 de 1993, esto es, se les aplican los requisitos de edad (50 años), tiempo de servicios (20 años) o número de semanas cotizadas y la base de liquidación establecidos en dicha norma.

Ahora bien, debe anotarse que inicialmente el parágrafo del artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 establecía que el régimen de transición previsto en esa disposición también se aplicaba a aquellos que hubieran sido congresistas con anterioridad al 1.º de abril de 1994, fueran o no elegidos para legislaturas posteriores. Sin embargo, tal norma fue declarada nula por esta Sección al considerarse que mediante la reglamentación del régimen de transición no podían protegerse expectativas de quienes no ostentaran esa calidad entre el 18 de mayo 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados como parlamentarios en períodos posteriores.

Señaló la jurisprudencia en mención, que quien había sido miembro del Congreso antes del 18 de mayo de 1992 y no fuera elegido posteriormente, no tenía ninguna expectativa por consolidar, es decir, no podía adquirir derecho pensional conforme al régimen especial porque no reunía el requisito de estar en servicio activo.

En cuanto a la reincorporación posterior a que se hace referencia, la jurisprudencia de esta Sección señaló que ella procede respecto de los parlamentarios que fueron elegidos antes del 18 de mayo de 1992, estaban pensionados y renunciaron temporalmente a su pensión de jubilación para reincorporarse al cargo ante una nueva elección, siempre que la reincorporación se hubiese realizado a partir de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992.

De igual manera, el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994 prevé que también serán beneficiarios del régimen de transición de congresistas, los senadores y representantes que durante la legislatura que termina el 20 de junio de 1994 tuvieran una situación consolidada antes de esa fecha, esto es, que tuvieran «veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad.»

De ser así, una vez cumplida la edad de jubilación, se aplicará lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 del Decreto 1723 de 1964, es decir, que una vez cumplido el tiempo de servicios previsto por dicho decreto, pueden obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación a los 50 años de edad.

En conclusión:

El Decreto 691 de 1994 incorporó al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, a los servidores públicos del Congreso de la República.

No obstante, y en virtud del régimen de transición señalado en el artículo 2.º del Decreto 1293 de 1994, la Ley 100 de 1993 no es aplicable a quienes al 1.º de abril de 1994: (i) tengan 40 o más años de edad si es hombre o treinta y cinco (35) o más años de edad si es mujer y/o (ii) hubieran cotizado o prestado servicios durante quince (15) años o más. En este caso la norma que rige es el Decreto 1359 de 1993.

Se aclara que no se aplica el régimen de transición a quienes no hubieran ostentado la calidad de congresistas entre el 18 de mayo de 1992 y el 1.º de abril de 1994, o no fueran reincorporados en ese cargo en períodos posteriores a partir de la vigencia de la Ley 4.ª de 1992 y mínimo por un año, como antes se anotó.

También será aplicable el régimen de transición de congresistas a quienes tuvieran 20 años de servicios continuos o discontinuos en una o diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República, o que los hubieran cumplido y cotizado en parte en el sector privado y ante el Instituto de Seguros Sociales en cualquier modalidad.

Caso concreto

Revisadas las pruebas, la Subsección pudo verificar lo siguiente:

• El señor Gabriel Guillermo Rosas Vega nació el 26 de junio de 1939, lo que implica que al 1.º de abril de 1994 contaba con 54 años de edad, por lo que es beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

• El último cargo ocupado por el demandante en el sector público, para el momento en el que consolidó el derecho pensional, fue el de senador de la República, conforme se desprende de la Resolución 01342 del 29 de noviembre de 2001, por medio de la cual se le reconoció la pensión de jubilación.

Por medio de la Resolución 01342 del 29 de noviembre de 2001 FONPRECON le reconoció una pensión al demandante, efectiva a partir del 8 de febrero de 1998, condicionada a que acreditara el retiro definitivo del servicio, para lo cual señaló que el régimen que le es aplicable es el previsto por el Decreto 1293 de 1994 en el artículo 2, por estar dentro de la hipótesis señalada por el parágrafo del artículo 3 ibidem, al respecto expuso:

«De las normas arriba relacionadas, se puede establecer que al señor GABRIEL GUILLERMO ROSAS VEGA, le es aplicable la anterior normatividad, por cuanto de los documentos aportados y debidamente estudiados, se desprende que si bien en 1.988, fecha hasta la cual acredita prestación de servicios, cumplía solo con uno de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, es decir tenía expectativa del derecho, al señor peticionario al momento de presentar la solicitud, es decir el 17 de marzo de 1.998, acredita la edad necesaria para hacerse acreedor al derecho invocado, por cuanto cuenta con más de 50 años de edad y en cuanto al tiempo el señor acredita un tiempo de veinte (20) años, seis (6) meses y veintidós (22) días, adaptándose entonces perfectamente a la norma arriba mencionada.»

En efecto, el acto en mención precisó que el actor cumplió 20 años de servicio así:

ENTIDAD
AÑOS
MESES
DIAS
SEGURO SOCIAL
01006200097. 1967-01-1 a 1971-01-1 cotizo 1735 días
T.D. con Min. Hacienda 42 días total 1693 días.

4

8

13
Min Hacienda. T.D.
1.971 -07-07 a 1.973-06-04 688 días T.D.42 días – total 646 días

1

9

15
I.S.S. – corporación Centro Ahorro y Vivienda 1973 -07-9 a 1974-10-21 cotizo 470 días

1

3

20
I.S.S. – Productora Motriz 1974-12-9 a 1976 -07-9
Cotizo 579 días
1

7
9
I.S.S – Fiduciaria Ganadera 1977-01-3 a 1977-06-30.
Cotizo 179 días

5

29
Asamblea de Cundinamarca 1980 hubo 99 sesiones – asistió 49 – 178 días – menos 89 T.D. I.S.S.

2

29
1981 hubo 72 sesiones – asistió a 27 – 135 días

4
15
I.S.S. Finansa Cia de Financ. Cial 1977-06-01 a 1981-09-1. Cotizó 1524 días (Folio 23) T.D. con asamblea 89 días – 1.435

3

11

25
Representante a la Cámara Departamento de Cundinamarca.
20 de julio/82 a 19 de julio/83 (hubo 238 sesiones asistió a todas)

1

20 de julio/83 a 19 de julio/84 (hubo 150 sesiones asistió a todas) menos T.D. 39 días I.S.S.

10

21
I.S.S. Hospital San Ignacio – Mayo 01-84 a mayo 31/87 -1126 días- menos T.D. 381 días H. Cámara y 155 días con H. Senado de la República

1

7

20
Representante a la Cámara Departamento de Cundinamarca 20 de julio/84 a 19 de julio/85 (hubo 224 sesiones asistió a 215) menos T.D. 173 I.S.S.

5

22
20 de julio/85 a 19 de julio/86 (Hubo 166 sesiones asistió a 157) menos T.D. 170 Hospital de San Ignacio

5

20
Senador de la República Circunscripción Electoral por el Departamento de Cundinamarca.
20 de julio/86 a 19 de julio/87 (hubo 150 sesiones asistió a todas) menos T.D. 156 días Hospital de San Ignacio.

6

24
I.S.S- Universidad Javeriana – Julio 31/87 a julio 19/88 menos T.D. 174 H. Senado de la República 1987

5

24
Senador de la República Circunscripción Electoral por el Departamento de Cundinamarca.
20 de julio/87 a 19 de julio/88 (Hubo 150 sesiones asistió a todas) menos T.D. 174 días con la Universidad Javeriana.

6

6

20
6
22

En lo relativo al ingreso base de liquidación, la entidad sostuvo que atendió las consideraciones que la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-608 de 1999, con fundamento en las cuales concluyó que se debe tener en cuenta lo devengado durante el último año de servicio, esto es, 1987 (201 días) -1988 (159 días).

A través de la Resolución 00238 del 22 de marzo de 2002 el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República modificó la anterior decisión en el sentido de determinar la efectividad de la pensión de jubilación a 18 de marzo de 1996. En tal acto, la entidad señaló que el señor Rosas Vega adquirió su derecho prestacional el 19 de julio de 1988, cuando aún se desempeñaba como senador de la República, y cumplió con los requisitos de tiempo y edad, sin embargo la petición de reconocimiento se presentó hasta el 17 de marzo de 1999, entonces fue en ese momento en que se interrumpió el término de prescripción.

Valoración de la Subsección

De acuerdo con lo anterior, es claro que no se discute el hecho de que al señor Gabriel Guillermo Rosas Vega lo cobijaba el régimen de transición de congresistas de conformidad con el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1293 de 1994, pues tenía más de 50 años de edad y 20 de servicio en diferentes entidades de derecho público incluido el Congreso de la República y cotizado en parte en el sector privado ante el Instituto de Seguros Sociales, en consecuencia, el monto de su pensión y la forma de su liquidación, está gobernada por el Decreto 1359 de 1993 aplicable al presente asunto por remisión expresa del mismo Decreto 1293 de 1994, tal y como lo advirtió la entidad demandada en la Resolución 01342 del 29 de noviembre de 2001.

Ahora bien, la controversia se centra en el ingreso base de liquidación que se debía tener en cuenta para la liquidación de su pensión, pues mientras la entidad demandada sostiene que lo que corresponde es la asignación devengada durante el último año de servicios, del 21 de junio de 1987 al 9 de junio de 1988, la parte demandante afirma que lo correcto es que se tome el ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devengaban los congresistas en ejercicio a la fecha en que se decrete la prestación, el 18 de marzo de 1996.

Para resolver tal desacuerdo, resulta imperioso remitirse a lo señalado por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Es así como en la sentencia C-608 de 1999, al estudiar la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, expuso:

«Con base en las expuestas consideraciones, el precepto demandado debe ser declarado exequible, pero su exequibilidad se condicionará en los siguientes aspectos:

1. Las expresiones "por todo concepto", usadas en el texto del artículo 17 y en su parágrafo, no pueden entenderse en el sentido de que cualquier ingreso del Congresista -aun aquéllos que no tienen por objeto la remuneración de su actividad, que primordialmente es de representación política, como ya se dijo- sea considerado dentro de la base sobre la cual se calcula el monto de la pensión.

La Corte Constitucional estima que sólo pueden tener tal carácter los factores que conforman la "asignación" del Congresista, a la que se refiere expresamente el artículo 187 de la Constitución. Ella tiene un sentido remuneratorio dentro de un régimen especial, proveniente de la actividad del miembro del Congreso en el campo de la representación política y de la dignidad propia del cargo y las funciones que le son inherentes.

Tal “asignación”, que tiene un alcance y un contenido mucho más amplio que el puramente salarial, no comprende simplemente el ingreso periódico restringido al concepto de sueldo básico, sino que alude a un nivel de ingreso señalado al Congresista en razón de su papel y sus funciones, cuyas partidas en concreto dependen de la definición que haga el Gobierno en desarrollo de la Ley Marco.

Pero tampoco puede incluir aspectos ajenos a la retribución que el Congresista percibe, la cual debe estructurarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, de acuerdo con las especiales funciones que la Carta Política atribuye a senadores y representantes.

Según eso, todas aquellas sumas que corresponden a salario, a primas, y a otras erogaciones integrantes de la "asignación", pueden constituir -depende de las determinaciones que adopte el Ejecutivo al desarrollar las pautas y lineamientos trazados por el Congreso- base para liquidar la mesada pensional. En cambio, están excluidas de ese conjunto las que, al no gozar de un sentido remuneratorio, pagan servicios ajenos a la asignación.

La Corte se abstiene de señalar de manera específica los componentes que pueden incorporarse dentro de esa base, pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución, es el Presidente de la República quien debe efectuar tales precisiones.

2. Tanto en el texto del artículo 17, que establece el mínimo de la pensión, como en su parágrafo, relativo a la liquidación de pensiones, reajustes y sustituciones, se alude a la base del ingreso mensual promedio que durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.

Aunque, a juicio de la Corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad legislativa, debe precisarse que una cosa es el último año de ingresos como punto de referencia para la liquidación de las cuantías de pensiones, reajustes y sustituciones -lo que se aviene a la Carta- y otra muy distinta entender que el concepto de ingreso mensual promedio pueda referirse a la totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a todos los miembros del Congreso.

En efecto, lo razonable, dentro de criterios de justicia, es que el indicado promedio se establezca en relación directa y específica con la situación del Congresista individualmente considerado, es decir, que él refleje lo que el aspirante a la pensión ha recibido en su caso, durante el último año. Y ello por cuanto sería contrario a los objetivos de la pensión y rompería un mínimo equilibrio, afectando el postulado de la igualdad, el hecho de que se pudiese acceder a la pensión, tomando el promedio que en general devengan los congresistas durante el mencionado período, si el promedio personal y específico es distinto, por ejemplo cuando el tiempo de ejercicio del Congresista cubre apenas unos pocos meses. En tal caso, el promedio de quien se pensiona debe comprender tanto lo recibido en su carácter de miembro del Congreso por el tiempo en que haya ejercido y lo que había devengado dentro del año con anterioridad a ese ejercicio. […]»

En la misma línea, se encuentra la sentencia C-258 de 2013 que también estudió la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992 y que arribó a las siguientes conclusiones:

«[…]
Bajo esta óptica, la Sala Plena encontró que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en su sentido natural y en concordancia con su configuración viviente, resulta contrario al ordenamiento constitucional por cuanto (i)desconoce el derecho a la igualdad, en armonía con los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia que rigen un sistema pensional equitativo, (ii) genera una desproporción manifiesta entre algunas pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 cuando, además, (iii) existe falta absoluta de correspondencia entre el valor de la pensión y las cotizaciones, lo cual conduce a que dicha desproporción excesiva sea (iv) financiada con recursos públicos mediante un subsidio muy elevado. Esto es, además, (v) incompatible con el principio de Estado Social de Derecho, puesto que si bien los subsidios en regímenes especiales no son per se contrarios a dicho principio fundamental, sí lo son los subsidios carentes de relación con el nivel de ingresos y la dedicación al servicio público del beneficiario del elevado subsidio.

Por lo tanto, en esta sentencia el principio de sostenibilidad fiscal sólo es relevante en cuanto justifica que el ahorro fiscal sea destinado a ampliar la cobertura del sistema pensional en beneficio de las personas de escasos recursos, como lo ordena el principio de Estado Social de Derecho. En ningún caso se puede concluir que los recursos públicos que ya no están destinados a subsidiar las pensiones excesivamente desproporcionadas van, en adelante, a ser destinados a reducir el déficit pensional actual.

En cuanto a los efectos de la presente providencia en relación con las mesadas pensionales causadas con anterioridad a su expedición, la Corte ha considerado pertinente realizar ciertas diferenciaciones:

1. Es posible que algunas pensiones hayan sido reconocidas con fundamento en el artículo 17 demandado sin abuso del derecho y sin fraude a la ley, y además, el beneficiario se encontraba en el régimen especial al 1 de abril de 1994, en los términos señalados en la presente providencia.

En este caso, las mesadas de tales pensiones han sido ajustadas al criterio de los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En aquellos eventos, disminuir aún más las mesadas procediendo a reliquidar todas las pensiones de manera retroactiva desconocería derechos adquiridos y atentaría contra el principio de confianza legítima de quienes accedieron a la pensión de buena fe, como titulares del derecho o por vía de una sustitución pensional. Además, sería inadmisible una reducción excesivamente desproporcionada de estas pensiones porque ello sería contrario, no solo a las razones que justifican esta providencia, sino al derecho al mínimo vital y a la especial protección debida a las personas de la tercera edad, para quienes es imposible reiniciar su actividad laboral para suplir el impacto que tendría una reducción excesiva de su pensión.

Quienes de buena fe accedieron a una pensión en el régimen especial fundado en el artículo 17 demandado, tendrán un ajuste de la mesada hasta llegar a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Una reducción adicional de las mesadas podría implicar, según el caso, una reducción manifiestamente desproporcionada de su ingreso representado mensualmente en sumas de dinero a las cuales acceden conforme a derecho, puesto que tales pensiones fueron reconocidas dentro de las condiciones especiales de un régimen especial que estaba vigente y había sido declarado exequible por la Corte Constitucional en 1999.

Es cierto que varias personas accedieron a estas pensiones después de haber cotizado sobre factores salariales diferentes, determinados por las autoridades administrativas competentes, con variaciones a lo largo del tiempo, que impiden concluir que el monto actual de la pensión guarda una relación de correspondencia perfecta entre lo cotizado y el monto de la mesada. Sin embargo, esta situación obedece a decisiones adoptadas por la rama ejecutiva del poder público, mediante decretos que desarrollaron la Ley 4 de 1992 y a otras determinaciones de autoridades administrativas o judiciales. Los pensionados se sujetaron a dichas reglas, cotizaron sobre los factores que el gobierno nacional había establecido, y prestaron sus servicios como congresistas - o un cargo que les permitió invocar a su favor el artículo 17 - durante los periodos para los cuales fueron elegidos. Estos pensionados tienen un derecho adquirido a acceder a una pensión de conformidad con las reglas del régimen especial, por lo cual es imposible a la luz de la Constitución desconocer de manera retroactiva dicho derecho materializado en la pensión que efectivamente le fue reconocida al pensionado, o sea, pretender que les sea aplicado el régimen general de prima media anterior o posterior a la Ley 100 de 1993, ni mucho menos exigir que sus cotizaciones hayan logrado acumular un capital que financie, sin subsidio alguno, su pensión como si estuvieren inscritos en otro régimen pensional que obedece a una lógica completamente distinta.

Acceder a una pensión mediante un régimen especial justifica diferencias entre estas pensiones y las generales siempre y cuando tales diferencias no sean manifiestamente desproporcionadas y carentes de toda correspondencia entre lo cotizado y el monto de la pensión. Pero la prohibición de desproporción manifiesta no significa que las pensiones dentro de un régimen especial puedan ser asimiladas, en sentido contrario con el fin de reducirlas, a las pensiones obtenidas en el régimen general ni mucho menos a las que son reconocidas dentro de un régimen de capitalización completamente diferente al régimen de prima media. La garantía a los derechos adquiridos exige respetar el derecho a la pensión y la prerrogativa de acceder a esa pensión dentro de un régimen especial, incluso si esto significa que las mesadas son superiores a las generales, siempre que no superen los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el mismo sentido el principio de confianza legítima protege a las personas que de buena fe efectuaron sus cotizaciones, obtuvieron reconocimiento de la pensión dentro del régimen especial y han contado con la aquiescencia del Estado durante varios años. Probablemente, en algunos casos, la aplicación de los numerales (ii) y (iii) en el ordinal tercero de la parte resolutiva de esta sentencia, reduciría dichas pensiones por debajo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, dicha reducción desconocería la confianza legítima de personas que hayan actuado de buena fe, como se indica en la parte motiva de esta sentencia, y, por lo tanto, tienen el derecho a que su situación avalada por el Estado continúe, máxime si una disminución por debajo de dicho límite afecta gravemente el derecho al mínimo vital de personas de la tercera edad. También las protege el principio de favorabilidad en materia pensional.

2. La situación de estos pensionados difiere de otros que accedieron a su pensión sin que reunieran plenamente los requisitos del régimen especial. Aquí pueden distinguirse dos situaciones:

2.1 Aquellas pensiones adquiridas de forma ilegal, con fraude a la ley o con abuso al derecho. Éstas se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes, quienes podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda, a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

2.2 La segunda de las situaciones se presenta frente a: (i) las personas que al 1° de abril de 1994 no se encontraban inscritos, salvo el caso previsto en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994, en el régimen especial dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en desconocimiento de la Sentencia C-596 de 1997, (ii) las pensiones reajustadas con el único propósito de equiparar la pensión del interesado, a la de otro congresista que se pensionó con base en un ingreso superior correspondiente a otro período legislativo diferente a aquél durante el cual prestó sus servicios el interesado en que su pensión sea reajustada e igualada. Es este último el caso de algunas pensiones reconocidas judicialmente con el mismo propósito, es decir, con el objetivo de igualar una pensión inferior reconocida a un congresista que prestó sus servicios en un periodo diferente a otro congresista que está recibiendo, debido a que su ingreso fue superior, una pensión también superior. Precisamente, en la sentencia que declaró ajustado a la Constitución la existencia de un régimen especial para congresistas, la Corte condicionó la exequibilidad del artículo 17 a que el ingreso para calcular la pensión fuera el recibido por el beneficiario, no por otro congresista ni por el promedio de lo recibido por los demás congresistas, como se advierte en el apartado de la presente sentencia en el cual se resume la sentencia C-608 de 1999. (iii) También es este el caso de las pensiones que hubieren sido reconocidas después del 31 de julio de 2010, sin aplicar lo establecido en el Acto Legislativo 1 de 2005. […]» (resalta la Subsección)

De esta manera, se concluye que al beneficiario de la pensión no le asiste razón en sus pretensiones, toda vez que, pese a que se concedió la prestación con fundamento en el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992 y en los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, lo cierto es que para la liquidación correcta de aquella se debía aplicar el 75% de los ingresos efectivamente percibidos en su último año de servicios (1987-1988), debidamente actualizados con el IPC certificado por el DANE y no con el 75% de lo devengado por todo concepto por un congresista en ejercicio a la fecha de decretarse el derecho, tal y como lo hizo la Resolución 01342 del 29 de noviembre de 2001 al remitirse a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-608 de 1999.

En conclusión: El señor Gabriel Guillermo Rosas Vega no tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación en un monto no inferior al 75% de lo devengado por todo concepto por un congresista en ejercicio a la fecha de decretarse el derecho, que para su caso fue el 18 de marzo de 1996, pues de acuerdo con la jurisprudencia constitucional el ingreso base de liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición de congresistas debe corresponder a lo devengado durante el último año de servicios.

Decisión de segunda instancia

Por lo expuesto la Subsección A revocará los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida el 21 de junio de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en los cuales se declaró la nulidad del acto ficto acusado y ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República reliquidar la pensión del señor Gabriel Guillermo Rosas Vega, para en su lugar, denegar las demás pretensiones de la demanda.

Se confirmará en todo lo demás.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar los numerales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida el 21 de junio de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso promovido por el señor Gabriel Guillermo Rosas Vega contra el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, para en su lugar, denegar las demás pretensiones de la demanda.

Segundo: Confírmese en todo lo demás.

Tercero: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Relatoría: AJSD/Lmr. En adelante FONPRECON. No está la copia de la demanda, del folio 36 pasa al 47, este resumen se toma de la copia de la sentencia que obra en el cuaderno de la tutela. No está la contestación de la demanda en el expediente, del folio 61 pasa al folio 65. Este resumen se toma de la copia de la sentencia que obra en el expediente de tutela y de la providencia que figura pegada en el sistema. HYPERLINK "http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=JGlbjjD5D%20Nap8uTYxopj7mJ9WUQ%3d" http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=JGlbjjD5D Nap8uTYxopj7mJ9WUQ%3d
No está en el expediente del proceso ordinario del folio 126 pasa al 143. Este resumen se toma de la copia de la sentencia que reposa en el expediente de tutela. Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de junio de 2006, radicación 250002325000200204158 01 (8046-2005), actor: Jesús Orlando Gómez López. HYPERLINK "http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=JGlbjjD5DN%20ap8uTYxo" http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=JGlbjjD5DN ap8uTYxopj7mJ9WUQ%3d
La Persona que atendió suministró la información fue la señorita ANDREA MONGUI WALTREROS. Se aportó copia el correo electrónico y del adjunto en los folios 225 y 226 Se remitió «1 CUADERNO CON 222 FOLIOS + 1 ANEXO». La norma preceptuaba: « […] Artículo 7.º. Los miembros del Congreso y de las Asambleas Departamentales gozarán de las mismas prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen […]»
Régimen de transición artículo 1: «[…] Parágrafo 2.°. Para los empleados oficiales que a la presente ley hayan cumplido quince años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre la edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley. Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55) si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro. Parágrafo 3.º. En todo caso, los empleados oficiales que a la vigencia de esta Ley, hayan cumplido los requisitos para obtener pensión de jubilación, se continuarán rigiendo por las normas anteriores a esta Ley […]». Artículo 14 Ley 33 de 1985. Con ellas se otorgó competencia al legislador para dictar normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre los que incluyó a los miembros del Congreso de la República. La Corte en esta sentencia declaró la inexequibilidad de las expresiones «durante el último año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Así, ordenó para efectos de liquidar la pensión aplicar el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. La Ley 4.ª de 1992, en su artículo 22 dispone que rige a partir de la fecha de su promulgación, que lo fue el 18 de mayo de 1992, en el Diario Oficial 40451. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 14 de octubre de 2010. Número interno 2036-2008. Actor. Ricardo Calvete Rangel. Con salvamento parcial de voto. Como representante a la cámara o senador, pues el régimen establecido en el Decreto 1359 de 1993 cobija inicialmente a los congresistas.

Para mayor claridad se recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia mencionada declaró la inexequibilidad de las expresiones «durante el último año», «y por todo concepto», «Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 por considerar que establecían un privilegio con respecto a los demás regímenes lo que vulneraba el principio de igualdad y no contribuía al financiamiento del sistema pensional. Ahora, en consideración que los artículos 5.º y 6.º del Decreto 1359 de 1993 también contienen la expresión «por todo concepto», por comunicabilidad normativa debe aplicarse el criterio de la Corte sobre este punto. En esa medida, para efectos de liquidar la pensión la norma que rige es el artículo 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Artículo 3.° Ley 100 de 1993. Artículo 279 Ley 100 de 1993. Decreto 691 de 1994 «[…] Artículo 1º. […] PARÁGRAFO. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente Decreto se efectuará sin perjuicio de los establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen […]».
«[…] ARTICULO. 2º—Vigencia del sistema general de pensiones para los servidores públicos. El sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del orden nacional incorporados mediante el artículo 1º de este decreto, el 1º de abril de 1994 […]» (Negrilla de la Sala).
«[…] ARTICULO 3o. BENEFICIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Los senadores y representantes que cumplan con alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior, tendrán derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación cuando cumplan con los requisitos de edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas establecidos en el Decreto 1359 de 1993, así como el monto de la pensión, forma de liquidación de la misma e ingreso base de liquidación establecidos en el mismo decreto. […]». Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de octubre de 2005. Radicado interno: 5677-2003. Sin embargo, en la sentencia se indica que dicha fecha es el 19 de diciembre de 2012, lo cierto es que el día de entrada en vigencia la Ley 4.ª de 1992 fue el 18 de mayo de 1992 según el Diario Oficial 40451. En la sentencia con Radicado 25000-23-25-000-2005-09117-01 (1476-2007), demandante: Teodolindo Avendaño, Demandado: FONPRECON, proferida por el día 21 de noviembre de 2013 la Sección Segunda, Subsección A al resolver un caso similar al aquí tratado y en el cual negó la reliquidación pensional dispuso: «[…] Igualmente, son destinatarios de este Régimen Especial, quienes habiendo sido Congresistas en el pasado y que estén pensionados, luego se reincorporen al servicio como Parlamentarios encontrándose en condición de activos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992, efectuando el respectivo aporte al Fondo, para lo cual hayan renunciado temporalmente a recibir pensión de jubilación reconocida con anterioridad, siempre que el nuevo lapso de vinculación al Congreso no sea inferior a un año en forma continua o discontinua […]». (Subraya y negrilla fuera de texto). De acuerdo con el registro civil de nacimiento que obra en el folio 27 del cuaderno de pruebas y la copia de la cédula de ciudadanía que reposa en el folio 28 ibidem. Folios 17 a 30 del cuaderno principal. Folio 20 cuaderno principal. Folio 33 cuaderno principal. En aquella providencia la Corte Constitucional resolvió: «[…] Segundo.- Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “durante el último año y por todo concepto“, “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal”, contenidas en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, así como la expresión “por todo concepto”, contenida en su parágrafo.

Tercero.- Declarar EXEQUIBLES las restantes expresiones del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, relativas al régimen pensional de los congresistas y de los demás servidores públicos a quienes les resulte aplicable, en el entendido que:
(i) No puede extenderse el régimen pensional allí previsto, a quienes con anterioridad al 1º de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo.
(ii) Como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
(iii) Las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL) aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.
(iv) Las mesadas correspondientes a pensiones reconocidas de conformidad con este régimen especial, no podrán superar los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1º de julio de 2013. Cuarto.- Las pensiones reconocidas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con abuso del derecho o con fraude a la ley, en los términos del acápite de conclusiones de esta sentencia, se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social competentes, quienes podrán revocarlas o reliquidarlas, según corresponda, a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Quinto.- En los demás casos de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los numerales i, ii y iii del ordinal tercero, quienes tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 deberán en el marco de su competencia tomar las medidas encaminadas para hacer efectivo el presente fallo, aplicando en lo pertinente, los artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003, en los términos del apartado de conclusiones de esta sentencia.»

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