RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-25-000-2005-07886-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2005-07886-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2005-07886-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del 30 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Primera-Subsección C en descongestión—, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda incoada por Luciano Orozco Martínez contra el Departamento de Cundinamarca. Segundo. Sin condena en costas Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2005-07886-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., primero (1.°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez
Demandado: Departamento de Cundinamarca

Temas: Retiro del cargo de notario. Edad de retiro forzoso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de abril de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Primera-Subsección C en descongestión—, por medio de
la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones

El señor Luciano Orozco Martínez, por conducto de apoderado, en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del
Código Contencioso Administrativo (C.C.A.), formuló demanda ante esta
jurisdicción en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 00169 del 15 de
marzo de 2005, proferida por el gobernador del departamento de Cundinamarca,
mediante la cual se le retiró del cargo de notario único del Círculo de Mosquera.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

i) ordenar al demandado reintegrarlo al cargo que ocupaba o a otro igual o de
superior categoría, en la misma u otra entidad departamental, respetándole los
derechos de carrera notarial y sin solución de continuidad; ii) condenar al
Departamento de Cundinamarca a pagarle los ingresos netos que debió percibir,
conforme a la relación rendida por el notario que lo remplazó ante la
Superintendencia de Notariado y Registro, desde su real desvinculación del servicio
y hasta cuando se produzca el reintegro efectivo; iii) ordenar la actualización de los
emolumentos o prestaciones que resulten de la condena según el IPC; iv) ordenar
la indemnización por concepto de perjuicios materiales y morales causados, en
cuantía equivalente a mil gramos oro, acorde con lo probado en el proceso.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El 5 de junio de 1975, a través del Decreto Departamental 01611, el señor Luciano
Orozco Martínez fue nombrado notario único del Círculo de Tocaima
(Cundinamarca), para el período comprendido entre el 1.° de enero de 1975 y el 31
de diciembre de 1979. La designación fue confirmada por medio del Decreto 02443
del 11 de agosto de 1975.

ii) El 26 de agosto de 1980, por Decreto 03677, se confirmó la nominación del actor
para el mismo empleo, correspondiente al interregno del 1.° de enero de 1980 al 31
de diciembre de 1984. De igual manera se procedió a través del Decreto 3481 del
28 de diciembre de 1984, para el lapso que iba desde el 1.° de enero de 1985 hasta
el 31 de diciembre de 1989.

iii) El 19 de diciembre de 1989, por medio de la Resolución 007, el Consejo Superior
de Administración de Justicia incorporó al señor Luciano Orozco Martínez en la
carrera notarial.

iv) Por virtud de los Decretos 03012 del 28 de diciembre de 1989 y 00963 del 26 de

2

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

abril de 1995, el demandante permaneció como titular de la Notaría Única de
Tocaima hasta su traslado a la Notaría Única de Mosquera (Cundinamarca),
dispuesto por Decreto 00982 del 26 de abril de 1995; tomó posesión del nuevo cargo
el 19 de julio de 1995, donde se desempeñó de manera continua e ininterrumpida
hasta el 31 de diciembre de 2004.

v) El demandante debía iniciar un nuevo periodo a partir del 1.° de enero de 2005,
que iría hasta el 31 de diciembre de 2009. No obstante, el 1.° de febrero de 2005
cumplió 65 años de edad, razón por la que, el 15 de marzo de 2005, el
Departamento de Cundinamarca emitió la Resolución 00169 por la cual lo retiró del
cargo. De este acto administrativo el señor Orozco Martínez solo tuvo conocimiento
el 2 de mayo de 2005, cuando se realizó la respectiva acta de entrega al nuevo
funcionario designado en interinidad, doctor William Orlando Zambrano Rojas.

vi) En la parte motiva de la mencionada resolución se indicó que mediante
comunicación 01522 del 10 de febrero de 2005, la Superintendencia de Notariado y
Registro había solicitado retirar del servicio al señor Orozco Martínez por haber
llegado a la edad de retiro forzoso.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 40.7, 46, 53 y 209 de la
Constitución Política; 181 y 182 del Decreto 960 de 1970; 5 del Decreto 2148 de
1970; 1 del Decreto 3047 de 1989; el Decreto 2874 de 1994; y la Resolución 0102
de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

i) Si bien el artículo 1 del Decreto 3047 de 1989 dispone como edad de retiro forzoso
los 65 años, en el acto acusado no se advirtió la excepción allí prevista para los
notarios en propiedad, ya que dichas personas tienen derecho a terminar el periodo

3

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

en curso. Por tal razón, la Administración no debió proveer sobre su retiro sino
esperar el cumplimiento del respectivo periodo, que fenecía el 31 de diciembre de
2009 u obtener su consentimiento previo. Con tal determinación, el ente
departamental vulneró su derecho a la estabilidad laboral ostentada por el hecho de
ser notario en propiedad, conforme a las previsiones del artículo 147 del Decreto
960 de 1970.

ii) El artículo 1 del Decreto 3047 de 1989 dispone que el retiro forzoso debe
producirse dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la respectiva causal. Bajo tal
supuesto, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Departamento de
Cundinamarca sabían con antelación que el 1.° de febrero de 2005 cumpliría 65
años, edad para el retiro forzoso. Sin embargo, solo hasta el 10 de febrero de 2005
el ente supervisor ofició al gobernador sobre la novedad, quien recibió la
comunicación el 16 del mismo mes.

Lo anterior significa que el ente demandado pretermitió el plazo fijado en la norma
aludida, puesto que si la causal del retiro forzoso tuvo lugar el 1.° de febrero de
2005, dentro de ese mismo mes debió expedirse el acto respectivo y darse a
conocer al interesado; sin embargo, la decisión que se acusa se profirió el 15 de
marzo de 2005.

iii) La Administración violó su derecho al debido proceso, comoquiera que no le
notificó personalmente la Resolución 00169 del 15 de marzo de 2005, por la cual lo
retiró del servicio y solo se le dio a conocer el 2 de mayo de esa anualidad, por
información que le suministrara la persona llamada a remplazarlo.

iv) La desvinculación del doctor Luciano Orozco Martínez, se efectuó mediante acto
administrativo de inferior rango, sin entidad suficiente para revocar actos
administrativos superiores. En efecto, desde un inicio su designación como notario
se hizo a través de actos administrativos con rango de decretos y comoquiera que
su retiro se ordenó mediante una resolución, se trata de un acto no idóneo, por ser
de menor jerarquía en la pirámide normativa.

4

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

v) La exigencia concerniente a que una persona tenga menos de 65 años para ser
notario resulta desproporcionada y, en consecuencia, vulneradora del derecho de
los ciudadanos a acceder a la función pública en igualdad de condiciones, de la
manera como lo consagran los artículos 13 y 40 de la Constitución Política.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Departamento de Cundinamarca

El Departamento de Cundinamarca se opuso a las pretensiones de la demanda.
Expuso las siguientes razones de defensa:

i) En cumplimiento de la facultad otorgada por el artículo 5 del Decreto 2163 de 1970
y en acatamiento a la orden impartida por la Superintendencia de Notariado y
Registro a través del Oficio 001522 del 10 de febrero de 2005, el gobernador de
Cundinamarca procedió a retirar del servicio al demandante, mediante la resolución
impugnada, habida cuenta de la disposición inserta en el Decreto 3047 de 1989 que
prevé la edad de 65 años para el retiro forzoso de los notarios, condición cumplida
por el señor Luciano Orozco Martínez el 1 de febrero de 2005.

ii) El actor no reparó en que los notarios de carrera debían ser ratificados al
vencimiento del período, siempre y cuando no se encontraran en edad de retiro
forzoso, de manera que el demandante no podía ser ratificado para continuar
ejerciendo el cargo por un período más, pues contaba con la edad de 65 años.

iii) Al producirse la falta absoluta del notario único del Círculo de Mosquera por retiro
forzoso, en la misma Resolución 00169 del 15 de marzo de 2005 se nombró en
interinidad al señor William Orlando Zambrano Rojas, hasta tanto se surtiera el
respectivo concurso, de acuerdo con el Decreto 960 de 1970, designación
consultada en la forma prevista por el artículo 2 del Decreto 2874 de 1994.

5

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

1.2.2. William Orlando Zambrano Rojas

El señor William Orlando Zambrano Rojas, en calidad de tercero interesado en el
resultado del proceso, se opuso a las pretensiones del actor con sustento en los
siguientes argumentos:

i) La demanda debió ser rechazada por extemporánea, toda vez que la Resolución
0169 del 15 de marzo de 2005 fue publicada en la Gaceta de Cundinamarca el 17
de marzo de 2005, en tanto que la demanda se radicó el 29 de agosto de 2005,
luego de trascurrir más de 5 meses desde la fecha en que se dio a conocer el acto,
esto es, por fuera del término de 4 meses previsto por el artículo 135 del referido
Código.

ii) Está probado que el accionante llegó a los 65 años de edad el 1.° de febrero de
2005; consecuentemente, la comunicación para su retiro se radicó en el despacho
del gobernador el 19 de marzo del mismo año. Es decir, que se dio cabal aplicación
al artículo 182 del Decreto 960 de 1970, por cuanto el retiro se ordenó dentro del
mes siguiente a la ocurrencia de la causal.

iii) Respecto de la aplicación de la última parte del artículo 1 del Decreto 3047 de
1989, que prevé para los notarios en propiedad la posibilidad de culminar su período
en curso, no está probado que el demandante estuviera nombrado en tales
condiciones, pues solo existen actas de visita donde se aseveraba el ejercicio del
cargo «en propiedad», pero no aparece decreto o resolución que corrobore tal
designación por parte del departamento.

iv) La expresión contenida en el artículo 161 del Decreto 960 de 1970, modificado
por el Decreto 2163 de 1970, que indicaba que el nombramiento de los notarios
debía hacerse para el término de cinco años, fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-741 del 2 de diciembre de 1998.

v) En el trámite del retiro del demandante, nombramiento, publicación y posesión

6

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

del remplazo, intervinieron varios órganos o autoridades, lo que da lugar a la
configuración de un acto administrativo complejo, de manera que también se debió
demandar a la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad que dio inicio a la
actuación administrativa.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Subsección —Sección Segunda-
Subsección C en descongestión— denegó las pretensiones del libelo, con sustento
en las siguientes consideraciones:

i) El demandante, desde 1975, se desempeñó como notario único del Círculo de
Tocaima, en interinidad. No obstante, luego adquirió el estatus de notario en
propiedad, por virtud de la Resolución 007 expedida por el Consejo Superior de la
Administración de Justicia el 19 de diciembre de 1989. Posteriormente, el 26 de abril
de 1995, fue trasladado a la Notaría Única de Mosquera, donde permaneció hasta
el 2 de mayo de 2005, pues a través de la Resolución 00169 del 15 de marzo de
2005 fue retirado del servicio, debido a que el 1.° de febrero de 2005 había cumplido
la edad de 65 años, requisito previsto en el ordenamiento como límite para el
ejercicio de su cargo. Por consiguiente, a pesar de que el actor, para el momento
de su desvinculación era un notario en propiedad, era menester proceder a su retiro
forzoso.

ii) No es de recibo la afirmación del actor, según la cual, el Departamento de
Cundinamarca debió esperar hasta que cumpliera el respectivo periodo en curso,
que presuntamente culminaría el 31 de diciembre de 2009, por cuanto para esa
fecha ya no regía la expresión «salvo que se trate de un notario en propiedad, caso
en el cual podrá terminar el período en curso», insertada en la parte final del artículo
1.° del Decreto 3047 de 1989, comoquiera que fue declarada nula por el Consejo
de Estado en sentencia del 23 de marzo de 1993.

Adicionalmente, para la fecha del retiro forzoso del demandante tampoco regían las

7

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

normas del Decreto 960 de 1970, que diferenciaban a los notarios en propiedad de
aquellos en servicio, pues junto con la expresión «serán nombrados para periodos
de cinco (5) años» del artículo 161, fue declarada inexequible tal clasificación por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-741 de 1998.

iii) Es cierto que el artículo 1.° del Decreto 3047 de 1989 dispone que dentro del
mes siguiente a la ocurrencia de la causal de retiro forzoso debe producirse la
respectiva desvinculación; no obstante, no señala ninguna consecuencia para los
eventos en que la autoridad respectiva exceda ese límite, que signifique que de no
hacerse en ese interregno la administración pierda competencia o constituya un
hecho invalidante de tal determinación.

iv) Por otro lado, se advierte que la Resolución 0196 del 15 de marzo de 2005 fue
publicada en la Gaceta de Cundinamarca número 14.624, Año CXI y comunicada al
actor el 2 de mayo de 2005. Estas actuaciones no satisfacen la obligación que le
asistía a la demandada de notificar personalmente al actor del contenido del acto
demandado, en la forma prevista por los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo, al tratarse de una decisión de naturaleza particular. Sin embargo,
finalmente el demandante se enteró de la resolución que ordenó el retiro, en la fecha
aludida.

Esta situación irregular, sin embargo, no conlleva la nulidad del acto administrativo
demandado, pues según ha dicho el Consejo de Estado, la ausencia de notificación
de un acto administrativo o su notificación irregular no incide sobre su validez
jurídica, debido a que es una circunstancia posterior a su nacimiento y los hechos
futuros no tienen la suficiente entidad para incidir en los eventuales defectos en que
haya incurrido la Administración al momento de elaborarlo.

vi) Respecto de la falta de idoneidad del acto que contiene la decisión de separarlo
del cargo, el demandante no especificó con base en qué disposición se infiere que
el retiro forzoso de un notario debe proveerse indefectiblemente mediante
«Decreto». En esta medida, no se encuentra presupuesto alguno que permita

8

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

colegir la conclusión del actor.

Además, no interesa que el nombramiento del actor se haya hecho por Decreto y
su desvinculación mediante Resolución, ya que, a pesar de tener denominaciones
diferentes, no por eso tienen jerarquías distintas, habida cuenta de que ambas
disposiciones se emitieron por parte del gobernador de Cundinamarca, en ejercicio
de sus atribuciones legales.

1.4. El recurso de apelación

La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación1 contra la sentencia
y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. Expuso las siguientes razones de inconformidad:

i) El señor Luciano Orozco Martínez se desempañaba como notario en propiedad
en la Notaria Única del Círculo de Mosquera y fue retirado del cargo por haber
cumplido la edad de retiro forzoso. En el momento de su desvinculación tenía la
calidad de notario en propiedad.

Así entonces, sobre él operaba la excepción contemplada en el artículo 1.° del
Decreto 3047 de 1989, para el retiro forzoso por haber cumplido la edad de 65 años,
pues habiendo iniciado su periodo de cinco años el 1.° de enero de 2005 debía
culminarlo el 31 de diciembre de 2009.

ii) Las condiciones de estabilidad para los notarios están determinadas en el artículo
147 del Decreto 960 de 1970. En tal sentido, y estando acreditado que el señor
Orozco Martínez estaba inscrito en la carrera notarial, la estabilidad de su empleo
estaba amparada no solo por el artículo 147, sino que debe concordarse lo allí
dispuesto con las condiciones de carrera contenidas en el último inciso del artículo
1.° del Decreto 3047 de 1989, donde se permite la posibilidad de que, llegada la

1 Folios 456 a 479.

9

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

edad de retiro forzoso, estando en curso determinado período, su titular opte por
concluirlo o retirarse inmediatamente.

iii) No se comparten las consideraciones del a quo en cuanto a que la falta de
notificación del acto acusado no comporta nulidad sino ineficacia, pues si dicho acto
le afectaba sus derechos debió serle notificado personalmente, lo cual no ocurrió y,
contrario a ello, fue de su conocimiento hasta el 2 de mayo de 2005, fecha en la
cual se hizo presente la persona que lo reemplazaría. Así las cosas, el principio de
publicidad se vio vulnerado.

iv) Por otro lado, es evidente que la administración está en la obligación de expresar
sus decisiones mediante actos que legalmente sean idóneos y guarden coherencia
dentro del esquema piramidal de los actos de la administración, de forma que si el
acto creador de la relación laboral en concreto tiene un rango determinado, lo obvio
es que el acto que dé por terminada esa relación tenga la misma entidad y rango,
sin ser aceptable que un acto inferior (resolución) pretenda superar actos superiores
(decretos).

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La entidad demandada descorrió el término para alegar2 y solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia. Reiteró los argumentos presentados en la
contestación de la demanda.3 Por su parte, el actor guardó silencio en esta etapa
procesal.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2 Folios 527 a 541.
3 Folios 10 al 13

10

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se contrae a establecer si era procedente el retiro del servicio del señor Luciano
Orozco de Martínez como notario único del Círculo de Mosquera, por haber llegado
a la edad de retiro forzoso, pese a que no se había cumplido el periodo para el cual
había sido nombrado.

2.2. Marco normativo

2.2.1. La edad como causal de retiro para los notarios

El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, «Por el cual se modifican las normas que
regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones», dispuso
que los servidores públicos serían retirados del servicio a la edad de 65 años:

Artículo 31. Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años
será retirado del servicio y no será reintegrado. Los empleados que cesen en el
desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una
pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de
prestaciones sociales para los empleados públicos. Exceptúanse de esta
disposición los empleos señalados por el inciso 2 del artículo 29 de este Decreto.
(Negritas de la Sala).

Respecto de los notarios, específicamente, el Decreto 960 de 1970, por el cual se
expide el Estatuto del Notariado, ordena en el artículo 137:

Designación y retiro forzoso. No podrán ser designados Notarios en propiedad
quienes se hallen en condiciones de retiro forzoso, sea en el Notariado, sea en la
Administración Pública, sea en la de Justicia o en el Ministerio Público, y quienes
estén devengando pensión de jubilación.

Por su parte, en el artículo 147 brinda garantía de estabilidad a aquellos nombrados
en propiedad hasta su retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera:

11

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

Estabilidad en el Cargo. La estabilidad en el cargo ejercido en propiedad podrá
extenderse hasta el retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera, para
quienes pertenezcan a ella, y al término del respectivo periodo, para quienes sean
de servicio.4

A su turno, el artículo 182 dispone:

Retiro forzoso. El Notario que llegue a encontrarse en circunstancia de retiro forzoso
deberá manifestarla al funcionario que lo haya designado, tan pronto como ella
ocurra.

El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, o de la
Vigilancia Notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal.

En línea con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3047 de 1989, por
el cual se reglamenta el Decreto Ley 960 de 1970,5 que en el artículo 1.°, consagró
la edad de 65 años de retiro forzoso así:

Artículo 1. Señálase como edad de retiro forzoso para los notarios la edad de 65
años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la
Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio, dentro del mes siguiente a la
ocurrencia de la causal, salvo que se trate de un notario en propiedad, caso en el
cual podrá terminar el período en curso.6

Ahora, cuando el notario llegue a encontrarse en circunstancia de retiro forzoso el
artículo 182 del Decreto 960 de 1970 ordena que se lo manifieste a la autoridad
nominadora, tan pronto como ello ocurra, caso en el cual la separación del servicio
se producirá dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal.

En este punto es oportuno indicar que esta Corporación en el trámite de acciones
de cumplimiento que buscaron que se ordenara el retiro de notarios designados en
interinidad por haber cumplido la edad de 65 años, consideró que tal causal de
separación del cargo opera solamente para quienes se encuentran vinculados al
cargo en propiedad, tal y como se desprende de las sentencias del 18 de abril de

4 El aparte tachado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-741-98 del

2 de diciembre de 1998, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
5 Estatuto de Notariado y Registro
6 La frase tachada fue declarada nula por el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de marzo de 1993, radicado

4834-4889-5348, consejero ponente: Joaquín Barreto Ruiz

12

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

20137 y del 27 de marzo de 2014.8

2.2.2. Formas de vinculación como notario

Las normas específicas que rigen la materia prevén que el nombramiento en el
cargo de notario podrá hacerse en propiedad, en interinidad y en encargo, formas
de vinculación que, en criterio de la Corte Constitucional, son mecanismos
razonables para asegurar la continuidad de dicha función (C-741 de 1998). Dichas
modalidades fueron explicadas por esta Subsección, así:9

• En propiedad: El artículo 2 de la Ley 588 de 2000 ordena que el cargo de notario
sea provisto mediante el concurso de méritos. Según el artículo 146 del Decreto 960
de 1970, para desempeñar el cargo en propiedad es necesario acreditar todos los
requisitos legales para la correspondiente categoría y haber sido seleccionado
mediante concurso.

Esta vinculación implica que la persona, así designada, tenga derecho a no ser
suspendida ni destituida sino en los casos y con las formalidades definidas por aquel
decreto. Además, como antes se mencionó, el artículo 147 del Decreto 960 de 1970
le confiere garantía de estabilidad en el cargo hasta que opere una causal de retiro
forzoso.

• En interinidad: Esta modalidad de vinculación, según lo dispone el artículo 148
del Decreto 960 de 1970, tiene lugar cuando el concurso es declarado desierto,
mientras se hace el nombramiento en propiedad y si la causa que motiva el encargo
se prolonga más de tres meses, mientras ella subsista o se hace la correspondiente
designación en propiedad.

En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ley 588 de 2000, admite que esta forma de
vinculación tiene lugar cuando existe una vacante definitiva y no hay lista de
elegibles, mientras se realiza el concurso o cuando este fuere declarado desierto.

• Encargo (art. 145 del Decreto 960 de 1970): Esta figura opera mientras se realiza
un nombramiento en interinidad o en propiedad, en los términos del artículo 151 del
Decreto 960 de 1970.

Conviene resaltar, que estas últimas formas de designación se constituyen en
mecanismos para asegurar la continuidad del servicio notarial, tal y como lo señaló la

7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 18 de abril de 2013, Radicado: 25000-23-41-000-2012-

00075-01(ACU), Actor: Geofredo Julca Cevallos.
8 Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 27 de marzo de 2014, Radicado: 25000-23-41-000-2012-

00583-01(ACU), Actor: Jeimmy Lorena Silva Fiaga y sentencia de la misma fecha, radicado: 25000-23-41-000-
2012-00494-01(ACU), Actor: Humberto Antonio Sánchez Carrasquilla.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2018, radicado: 25000-

23-25-000-2006-02126-01(1784-13), consejero ponente: William Hernández Gómez.

13

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

Corte Constitucional en la sentencia C- 741 de 1998,10 al considerar:

La Corte concluye entonces que en nada viola la Constitución que la ley distinga
entre los notarios en propiedad y aquellos por encargo o interinos. Con todo, esta
Corporación precisa que estas figuras son exequibles en el sentido de que son
mecanismos razonables para asegurar la continuidad de la función notarial, pero
que la Carta ha adoptado un modelo que privilegia la prestación de este servicio por
notarios en propiedad, nombrados por concurso, y que por ende hacen parte de la
carrera notarial. No otro es el sentido del mandato perentorio del artículo 131
superior sobre la necesidad del concurso para proveer en propiedad el cargo de
notario.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

i) El señor Luciano Orozco Martínez nació el 1.° de febrero de 1940, según el
Certificado de Registro Civil emitido por el notario único del Círculo Notarial de
Aguadas (Caldas).11

ii) El 5 de junio de 1975, por medio del Decreto 01611, fue nombrado notario único
del Círculo de Tocaima (Cundinamarca) para el periodo comprendido entre el 1.° de
enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1979.12

iii) El 26 de agosto de 1980, a través del Decreto 03677, fue confirmado su
nombramiento en el mismo cargo para el periodo 1.° de enero de 1980 al 31 de
diciembre de 1984.13

iv) El 28 de diciembre de 1984, por medio del Decreto 3481, fue nombrado en el
mismo cargo para el periodo del 1.° de enero de 1985 al 31 de diciembre de 1989.14

10 En esta providencia la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 1 de la Ley

29 de 1973, 145, 147, 161 y 164 del Decreto 960 de 1970.
11 Folio 197 del cuaderno 1
12 Según certificación expedida por el secretario general de la Superintendencia de Notariado y Registro, obrante

de folios 30 al 32 ibidem
13 Ib.
14 Ib.

14

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

v) El 19 de diciembre de 1989, mediante la Resolución 007, el Consejo Superior de
la Administración de Justicia lo incorporó a la carrera notarial.15

vi) El 28 de diciembre de 1989, por Decreto 03012, fue confirmado su nombramiento
como notario único del Círculo de Tocaima, para el periodo comprendido entre el 1
de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1994.16

vii) El 26 de abril de 1995, por Decreto 00963, se confirmó su nombramiento en el
mismo cargo, para el periodo del 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1999. 17
En esta misma fecha, por Decreto 00982, fue trasladado a la Notaría Única del
Círculo de Mosquera (Cundinamarca).18

viii) El 10 de febrero de 2005, el superintendente de notariado y registro remitió
comunicación al gobernador del Departamento de Cundinamarca, informándole que
el señor Luciano Orozco Martínez, notario único del Círculo de Mosquera, se
encontraba en edad de retiro forzoso, por haber cumplido 65 años el 1.° de febrero
de 2005.19

ix) El 15 de marzo de 2005, el gobernador de Cundinamarca expidió la Resolución
00169, por medio de la cual retiró del cargo al señor Luciano Orozco Martínez y
nombró en su lugar, en interinidad, al señor William Orlando Zambrano Rojas.20

x) El 2 de mayo de 2005, el secretario de gobierno de Cundinamarca y la directora
de asuntos municipales, en escrito dirigido al señor Luciano Orozco Martínez, le
comunicaron su retiro del cargo, «por encontrarse en edad de retiro forzoso».21

2.4. Análisis de la Sala. El caso concreto

15 Folios 336 a 372 ibidem
16 Ib.
17 Ib.
18 Ib.
19 Folios 195 y 196 ibidem
20 Folios 184 y 185 ibidem
21 Folio 210

15

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

Con las pruebas reseñadas se encuentra demostrado que el señor Luciano Orozco
Martínez se desempeñó como notario único de Tocaima por el período comprendido
entre el 1.° de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1979, por virtud del
nombramiento efectuado mediante Decreto 01611 del 5 de junio de 1975, del cual
tomó posesión el 19 de agosto de esa anualidad. El gobernador del departamento
de Cundinamarca confirmó su nombramiento para periodos sucesivos de cinco
años, entre 1980 y 1989.

Por Resolución 007 del 19 de diciembre de 1989 del Consejo Superior de la
Administración de Justicia fue incorporado a la carrera notarial y su nombramiento
fue confirmado mediante el Decreto 03012 del 28 de diciembre de 1989.
Posteriormente, mediante Decreto departamental 00982 del 26 de abril de 1995 fue
trasladado a la Notaría Única de Mosquera, donde permaneció hasta la fecha de su
retiro.

A través de la Resolución 00169 del 15 de marzo de 2005, el gobernador de
Cundinamarca dispuso su retiro del ejercicio del cargo de notario y en el artículo
segundo nombró en interinidad al señor William Orlando Zambrano Rojas.

La anterior decisión obedeció a que el señor Orozco Martínez cumplió la edad de
retiro forzoso y, por tal razón, era necesario dar cumplimiento al artículo 1 del
Decreto 3047 de 1989, en concordancia con el artículo 182 del Decreto 960 de 1970,
en el sentido de que el retiro se debía producir dentro del mes siguiente a la
ocurrencia de la causal. No queda duda, entonces, que el demandante fue retirado
del cargo de notario por cuanto cumplió 65 años de edad, situación que, de acuerdo
con las normas invocadas en el acto acusado, constituye en una causal objetiva de
retiro para los notarios.

Ahora bien, el demandante alega que el gobernador debió esperar hasta que
cumpliera el periodo para el cual fue nombrado, teniendo en cuenta que el Decreto
3047 de 1989, en el artículo 1.°, dispuso que el retiro se produciría dentro del mes

16

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

siguiente a la ocurrencia de la causal, «salvo que se trate de un notario en
propiedad, caso en el cual se podría terminar el período en curso».

Tal argumento no es de recibo para la Sala, comoquiera que, para el momento del
retiro, la citada expresión estaba fuera del ordenamiento jurídico, debido a que fue
declarada nula por el Consejo de Estado en sentencia del 23 de marzo de 1993. La
Sala expuso:

[…] la frase impugnada sí constituye una excepción a la regla general que ordena el
retiro forzoso de los notarios cuando lleguen a la edad de 65 años; pues si los
nombrados en propiedad no debieran retirarse al cumplir esa edad, sino
posteriormente cuando termine el período, ello significaría ni más ni menos que para
tales funcionarios no regiría la ley, sino el reglamento; de donde es fácil concluir que
éste sí pretendió excluidos de la regla establecida por el legislador, lo cual se traduce
precisamente, en consagrar una excepción.

Además, para esta fecha tampoco estaban vigentes las disposiciones del Decreto
960 de 1970 que diferenciaban a los notarios en propiedad de aquellos en servicio,
pues tal clasificación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la
sentencia C-741 de 1998, junto con la expresión «serán nombrados para periodos
de cinco (5) años», contenida en el artículo 161.

En efecto, la Corte encontró inconstitucional la distinción entre notarios de servicio
y en carrera, al considerar que a dichos cargos solo era posible acceder a través de
concursos abiertos de méritos, sin dejar de lado la posibilidad de nombrar servidores
interinos hasta cuando se realizara el respectivo concurso y se elaboraran las
correspondientes listas. En consonancia, también consideró necesario declarar
inexequible el aparte «para periodos de 5 años», precisamente porque solo tenía
sentido para distinguir entre notarios en propiedad y de servicio, por ende, al
eliminarse tal clasificación esta también debía ser retirada del ordenamiento jurídico.

La Corte discurrió así:

[…]
La diferenciación entre notarios de servicio y notarios de carrera es inconstitucional,

17

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

pues la Carta establece que sólo pueden ejercer en propiedad el cargo personas
que hayan ingresado a la carrera notarial, gracias al concurso de méritos respectivo,
el cual, como ya se señaló, debe ser no sólo abierto sino cumplir los requisitos de
objetividad. Esta Corporación procederá entonces a retirar del ordenamiento
aquellos apartes de las normas acusadas que consagran o presuponen la existencia
de notarios de servicio, y que por ende limitan el carácter obligatoriamente abierto
de los concursos para acceder a la carrera notarial […]

Es claro que la referencia al período de cinco años no debe ser interpretada de
manera aislada sino en forma sistemática, tomando en consideración no sólo el
conjunto del Decreto 960 de 1970 y de la Ley 29 de 1973 sino también las
disposiciones constitucionales, y en especial el mandato constitucional según el cual
el nombramiento en propiedad de los notarios sólo puede hacerse mediante
concurso. Por consiguiente, es natural concluir que el período allí señalado hace
referencia a los nombramientos en propiedad, puesto que los notarios en encargo
son elegidos únicamente para un máximo de noventa días, mientras que los notarios
interinos son designados exclusivamente en aquellos casos en donde resulta
imposible efectuar un nombramiento en propiedad, y mientras se realiza el
correspondiente concurso. Por ende, es contrario a la Carta predicar un período para
esos notarios interinos, lo cual no significa, sin embargo, que puedan ser removidos
libremente por el Presidente o por los gobernadores. La expresión "para períodos
de cinco años" únicamente tiene sentido en relación a la diferencia que establece el
estatuto notarial entre notarios de servicio y de carrera; por ende, como la Corte ha
encontrado que esa diferenciación desconoce la Carta, es obvio que se deba
también retirar del ordenamiento la mencionada expresión [...].

Por otro lado, el demandante alega que se vulneró su derecho al debido proceso,
por cuanto la Resolución 00169 del 15 de marzo de 2005 solo fue puesta en su
conocimiento el 2 de mayo de 2005, por información de la persona designada en su
reemplazo.

Al respecto, se advierte que la citada resolución de retiro fue publicada en la Gaceta
de Cundinamarca el 17 de marzo de 200522 y comunicada al señor Orozco Martínez
el 2 de mayo de 2005. Empero, no fue notificada personalmente, como
correspondía, conforme a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo23 en consideración a que se trataba de una decisión de carácter
particular.

No obstante, lo cierto es que el demandante se enteró de la decisión que dispuso su
retiro el 2 de mayo de 2005, fecha hasta la cual permaneció en el cargo. En este

22 Folios 163 al 170
23 Vigente para la época de los hechos

18

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

sentido, dicha omisión no tiene la virtualidad de enervar el acto acusado pues, como
lo ha reiterado el Consejo de Estado, la falta de notificación no torna ilegal el acto
administrativo; si bien afecta su eficacia, en ningún caso su existencia y validez, pues
el acto existe y es válido desde cuando se expide, esto es, desde cuando lo suscribe
la autoridad administrativa correspondiente.24

Esta posición también ha sido defendida por la Corte Constitucional:25

De lo anterior se deduce que el acto administrativo, general o particular, existe desde
el momento mismo en que se profiere o expide, pero no produce efectos jurídicos,
es decir, carece de fuerza vinculante mientras no se realice su publicación,
notificación o comunicación. […]

De otra parte, en relación con la vigencia de los actos administrativos, el Consejo de
Estado considera que la decisión administrativa contenida en el acto de carácter
general o particular es válida desde el momento en que se expide (desde que ha
sido firmado, aún sin haber sido publicado o notificado, según el caso); sin embargo,
su fuerza vinculante comienza desde que se ha producido la publicación o
notificación del acto; por lo tanto, la publicación no constituye un requisito de validez
del acto administrativo; se trata simplemente de una condición para que pueda ser
oponible a los particulares, es decir, de obligatoriedad. En este evento, se está ante
un problema de eficacia de la norma, no de validez; es un aspecto extrínseco del
acto y posterior al mismo.
[…].

Finalmente, en cuanto a la falta de idoneidad del acto acusado, por cuanto su retiro
fue adoptado por medio de una resolución, pese a que su nombramiento se efectuó
mediante decreto del gobernador de Cundinamarca, la Sala comparte plenamente
los argumentos del a quo, en el sentido de que dicho cargo de nulidad no fue
sustentado en ninguna de las normas invocadas en la demanda y, por ende,
respecto de este no se expuso el concepto de violación.

Con todo, como bien lo expuso la sentencia de primera instancia, si bien tanto la
designación del demandante como las sucesivas confirmaciones se efectuaron por
medio de actos administrativos con el rótulo de decretos,26 mientras que su retiro se

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicado

25000 23 25 000 2003 01392 01(2429-10), consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
25 sentencia C-957 de 1999
26 Folios 352 al 359

19

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

dispuso por medio de una resolución, aquellos y esta fueron expedidos por el
gobernador. Por ende, tal diferencia no deriva en alguna de las causales de nulidad
previstas en el ordenamiento contencioso-administrativo,27 toda vez que no existe
norma que ordene que el retiro forzoso de los notarios deba surtirse por decreto.

En este orden, no tiene ninguna relevancia que el nombramiento del actor se haya
hecho por decreto y su desvinculación mediante resolución, pues este hecho no les
otorga jerarquías distintas, comoquiera que ambas disposiciones fueron adoptadas
por el gobernador de Cundinamarca en ejercicio de sus atribuciones legales, quien
estaba debidamente facultado para disponer de la designación y posterior retiro de
los notarios, según lo dispuesto en el artículo 161 del Decreto 960 de 1970.28

De conformidad con lo expuesto, quedan desvirtuados los argumentos de ilegalidad
contra el acto acusado, expuestos por el señor Luciano Orozco Martínez.

2.5. De la condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de
condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y
en el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay
lugar a imponerlas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos, fáctica y jurídicamente, al asunto que ahora es objeto de estudio y en el

27 Artículo 84 del C.C.A., vigente para la época de los hechos
28 Artículo 161. Designación de notarios. <Apartes tachados INEXEQUIBLES. Artículo subrogado por el artículo

5o. del Decreto 2163 de 1970. El nuevo texto es el siguiente:> Los notarios serán nombrados para periodos de
cinco (5) años, así: Los de primera categoría por el Gobierno Nacional; los demás, por los Gobernadores,
Intendentes y Comisarios respectivos.
La comprobación de que se reúnen los requisitos exigidos para el cargo se surtirá ante la autoridad que hizo el
respectivo nombramiento, la cual lo confirmará una vez acreditados.

20

Radicado: 25000 23 25 000 2005 07886 01 (2427-2019)
Demandante: Luciano Orozco Martínez

acervo probatorio, la Sala concluye que la sentencia apelada debe ser confirmada,
toda vez que el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad que
ampara al acto acusado, por medio del cual se le retiró del servicio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del 30 de abril de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca —Sección Primera-Subsección C en
descongestión—, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda incoada por Luciano Orozco Martínez contra el Departamento de
Cundinamarca.

Segundo. Sin condena en costas

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente En comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada samai. En consecuencia, se garantiza su
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del cpaca.

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.