Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2007-00551-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2007-00551-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2007-00551-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
28 de abril de 2022
Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO1
Demandada: SONIA MARGARITA DEL CASTILLO DE VARGAS
Tema: Lesividad. Reajuste especial de la pensión de jubilación de
excongresistas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decreto 01 de 1984
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a la
sentencia proferida el 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
DEMANDA
Fonprecon, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, en la modalidad de
lesividad, formuló, en síntesis, las siguientes.
Pretensiones2:
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos:
i) Resolución 0156 de 1994 mediante la cual se ordenó la afiliación a
Fonprecon del señor Antonio José Vargas Peña, quien disfrutaba una
pensión vitalicia de jubilación reconocida y pagada por la Caja Nacional de
Previsión3 mediante Resolución 3761 de 1978;
ii) Resolución 0157 de 1994, a través de la cual se decretó y ordenó el pago
del reajuste especial de la mesada pensional al señor Vargas Peña, según
lo consagrado en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993;
iii) Resolución 1533 de 1994 por la cual se revocó el anterior acto y se
reconoció el reajuste especial al señor Vargas Peña en un porcentaje del
75% del ingreso mensual promedio devengado por un congresista para la
época y que generó una mesada pensional de $3.231.726 a partir del 1.° de
enero de 1994;
1 En adelante Fonprecon.
2 Folios 147 y 148.
3 En adelante Cajanal.
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Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
iv) Resolución 00296 de 1996 mediante la cual se reconoció al señor Antonio
José un reajuste especial con base en la sentencia T-463 de 1995 proferida
por la Corte Constitucional, con causación a partir del 1.° de enero de 1992
y que generó una mesada pensional $2.178.278,53 para el citado año y un
retroactivo por concepto de reajuste de los años 1992 y 1993 equivalente a
$54.786.501,26 y
v) Resolución 1767 de 1996 a través de la cual se ejecutó el reajuste
determinado en el Decreto 1359 de 1993, en desarrollo de la Ley 4 de 1992
correspondiente a los años 1992 y 1993, por el valor de $123.748.634.05.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) se ordene que Fonprecon no
estaba obligado a asumir el pago de la prestación pensional del señor Antonio
José Vargas Peña, ni a reconocer y pagar el reajuste especial y los intereses
de mora sobre el mismo a su favor y; ii) se ordene al señor Antonio José
Vargas Peña reintegrar al Fonprecon el mayor de los pagos efectuados con
ocasión de la afiliación, el reconocimiento errado del reajuste especial y los
intereses moratorios sobre el mismo reajuste hasta la fecha en que se gire la
última mesada pensional.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. Cajanal mediante Resolución 3761 del 11 de agosto de 1978 reconoció en
calidad de ex congresista, una pensión mensual vitalicia de jubilación al señor
Antonio José Vargas Peña, en cuantía inicial de $24.750, a partir del 2 de enero
de 1977.
2. El citado acto administrativo da cuenta que el pensionado laboró más de 20 años
al servicio de diferentes entidades de derecho público y privado y que con
posterioridad a la fecha en que se le reconoció su prestación -22 de enero de
1977- no ejerció cargo de congresista alguno; además que para dicha fecha no
existía el Fonprecon comoquiera que fue creada con la Ley 33 de 1985.
3. El señor Antonio José Vargas Peña solicitó ante Fonprecon el reconocimiento
del reajuste especial en los términos del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993,
solicitud que requería que Fonprecon lo afiliara al mismo. Fue así como a través
de las Resoluciones 0156 y 0157, ambas del 17 de febrero de 1994, el Fondo
ordenó la afiliación del señor Vargas Peña a la entidad pensional del Congreso
de la República y asumió el pago de la pensión reconocida por Cajanal, desde
el 1.° de enero de 1994; así mismo, ordenó el reajuste especial de conformidad
con lo previsto en el artículo 17 del Decreto 1395 de 9993, respectivamente.
4. Luego, por Resolución 1533 del 29 de diciembre de 1994 Fonprecon reconoció
el reajuste especial en un porcentaje equivalente al 75% del ingreso mensual
promedio devengado por un congresista para la época, lo que generó una
mesada pensional de $3.231.726.
5. Posteriormente y en cumplimiento al fallo de tutela T-463 de 1995 proferido por
la Corte Constitucional, mediante la Resolución 00296 del 11 de marzo de 1996
reconoció el reajuste desde el 1.° de enero de 1992 y con ello un retroactivo a
favor del demandado por valor de $53.786.501,26.
4 Folios 148 a 153.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
6. Así mismo, por Resolución 1767 del 30 de diciembre de 1996 Fonprecon
reconoció y ordenó el pago de los intereses moratorios del reajuste especial,
correspondiente a los años 1992 y 1993, los cuales ascendieron a
$123.748.634,05.
7. Refirió que Fonprecon no era la entidad pensional llamada a acceder a las
peticiones del señor Vargas Peña, por no darse las exigencias del artículo 1.° de
la Ley 19 de 1987 y los artículos 4.° y 8.° del Decreto 1359 de 1993. En ese
sentido, resaltó que Cajanal, por ser la entidad pensional que tenía a su cargo la
prestación económica de jubilación del demandado, era la competente para
pronunciarse al respecto.
Solicitud de suspensión provisional
La parte demandante solicitó la suspensión provisional parcial de los efectos de
las resoluciones demandadas5 en lo respecta a la mesada pensional que
sobrepase la cuota parte que Cajanal y demás entidades concurrentes giran al
Fonprecon, por cuanto el demandado no llenó los requisitos de la Ley 19 de 1987
para poder conmutar su pensión. Mediante providencia del 22 de junio de 20076
se negó la suspensión provisional al considerar que la confrontación de los actos
demandados con la normativa que se invoca como violada, no permite determinar
la presunta transgresión.
Normas violadas y concepto de violación
En la demanda se invocaron como normas violadas las siguientes:
• Artículo 1.° de la Ley 19 de 1987.
• Artículos 4.°, 8.° y 17 del Decreto 1359 de 1993.
• Artículo 12 del Decreto 816 de 2002.
Refiere que con la expedición de los actos acusados Fonprecon incurrió en
violación de las normas legales enunciadas al considerar que debía asumir la
pensión, pagar el reajuste especial y los intereses moratorios al señor Antonio
José Vargas Peña, cuando no estaban dados los presupuestos legales para ello.
Precisó que la figura de la afiliación al fondo pensional del Congreso de la
República procede cuando acredita su vinculación al Congreso de la República
e interrumpe la pensión devengada por lo menos por un año; empero, el señor
Vargas Peña realizó sus últimos aportes a un régimen diferente al administrado
por Fonprecon, además no ejerció con posterioridad al reconocimiento de su
pensión por parte de Cajanal, el cargo de congresista.
En virtud de lo anterior, concluyó que al no estar facultado para que el
demandado fuere afiliado al Fondo, mucho menos lo es para reconocer el
reajuste especial de que trata el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993 y los
intereses moratorios sobre el mismo, pues dicho beneficio se creó por una sola
vez, para los congresistas pensionados antes de la entrada en vigencia de la Ley
4 de 1992 cuyos efectos regían a partir del 1.° de enero de 1994. En ese sentido,
5
Folios 148, 145, 158 a 163.
6 Folios 167 a 47.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
explicó que no ostentaba tal calidad y se pagó desde el 1.° de enero de 1992, lo
que generó que le fueran reconocidos intereses moratorios.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La señora Sonia Margarita del Castillo de Vargas7, en su condición de sustituta
sobreviniente del señor Vargas Peña aceptó los hechos 1 a 8 y 10 dado que
obran documentalmente en el expediente. En cuanto al hecho 9 sostuvo que
operó la caducidad de la acción, tal como reza el numeral 7.° del artículo 136 del
CCA; frente a los hechos 11 a 17 manifestó oponerse a ello por carecer de
veracidad jurídica, pues si bien asume el pago de la pensión, también es cierto
que repite en cuota parte a las otras entidades donde laboró el señor Antonio
José y finalmente sobre el hecho 18 se opuso al mismo, ya que los actos
acusados que generaron dicho pagos, fueron expedidos en orden a la
jurisprudencia constitucional de la época.
Así mismo, propuso como excepciones la caducidad de la acción, el derecho
fundamental a la seguridad social, carencia de objeto, derechos adquiridos
situaciones jurídicamente consolidadas y buena fe.
Cajanal, hoy UGPP8 se opuso a las pretensiones de la demanda por no existir
relación jurídico sustancial entre esa entidad y las partes. Al respecto, expuso
que el ex congresista se pensionó con anterioridad a la entrada de la vigencia de
la Ley 33 de 1985 y terminó sus servicios como representante en el año 1986,
siendo este el único requisito necesario para ser afiliado a dicha entidad y en tal
sentido, la afiliación del señor Antonio José Vargas Peña a Fonprecon es legal y
deberá continuar con el pago de la prestación social.
En cuanto a los hechos y omisiones manifestó oponerse a todos y cada uno de
ellos por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos y falta de carácter
probatorio. Así mismo, sostuvo que operó el fenómeno de la caducidad frente a
las Resoluciones 0156 del 17de febrero de 1994 y 1767 del 30 de diciembre de
1996 por cuanto no se reconoce ninguna prestación periódica y; por otra parte,
sostuvo que a Fonprecon le corresponde responder por los vicios que se endilga
y, por tanto, esa entidad no puede verse afectada con una eventual de
declaratoria de nulidad.
Propuso como excepciones la inexistencia de vicios de nulidad, cobro de lo no
debido e inexistencia de la obligación, prescripción y/o caducidad, buena fe e
imposibilidad de condena en costas y la genérica e innominada.
SENTENCIA APELADA9
Mediante sentencia proferida el 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Como argumentos de su decisión, en primer lugar y con fundamento en el
numeral 7.° del artículo 136 del CCA, declaró probada la caducidad de la acción
7 Folios 457 a 463.
8 Folios 479 a 494.
9 Folios 587 a 569 vto.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
respecto de las Resoluciones 0156 del 17 de febrero de 1994 y 1767 del 30 de
diciembre de 1996, que ordenó afiliar a Fonprecon al fallecido Vargas Peña y que
reconoció y ordenó el pago de los intereses moratorios sobre el valor del reajuste
especial, respectivamente, al no tratar estas sobre prestaciones de carácter
periódicas o decisiones que afecten el derecho pensional.
En segundo lugar, sostuvo que al haber ocurrido la afiliación al fondo y ante la
imposibilidad de pronunciarse sobre su legalidad, procedió a analizar el monto y
efectividad del reajuste especial ordenado. En ese sentido, indicó que la
Resolución 0157 de 1994 reconoció el reajuste especial del 50% de la mesada
pensional más alta, para lo cual tomó de base la correspondiente al congresista
Jorge Sedano González y procedió a fijarle al demandado una mesada pensional
equivalente a $1.557.896,89.
No obstante, el citado reajuste debía realizarse por una sola vez, de tal manera
que su pensión no podía ser inferior al 50% de la pensión a que tendría derecho
los actuales congresistas, situación que fue desconocida mediante la Resolución
01533 del 29 de diciembre de 1994, que revocó el anterior acto administrativo al
extender los efectos interpartes de la sentencia T-456 de 1994 proferida por la
Corte Constitucional en favor de 3 congresistas y procedió a reajustar la pensión
del señor Vargas Peña en un 75% del ingreso mensual promedio que devengaba
un congresista en 1996, al ajustar la mesada pensional en cuantía de $3.231.726,
lo que supera el valor el fijado por el legislador.
Al respecto, aclaró que existe diferencia entre el monto del reconocimiento
pensional determinado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y el artículo 7.° del
Decreto 1359 de 1993, comoquiera que la primera normativa se refiere a los
congresistas pensionados en vigencia de la Ley 4 de 1992, mientras que la
segunda busca compensar la diferencia que se presentó con los parlamentarios
pensionados con anterioridad a la expedición de dicha ley.
Adicionalmente, indicó que el Fondo nuevamente erro al reconocer a través de
la Resolución 00296 del 11 de marzo de 1996 el reajuste especial del 75% a partir
del 1.° de enero de 1992, cuando la norma reza que dicho reajuste surte efectos
fiscales a partir del 1.° de enero de 1994.
En ese orden de ideas, declaró la nulidad de las Resoluciones 0157 del 17 de
febrero de 1994, 1533 del 29 de diciembre de 1994 y 002696 del 11 de marzo de
1996 y se ordenó reajustar la pensión de jubilación que percibe la señora Sonia
Margarita del Castillo de Vargas en la forma prevista en el artículo 17 del Decreto
1359 de 1994, modificado por el artículo 7.° del Decreto 1293 de 1994, en un
50% a partir del 1.° de enero de 1994.
Finalmente, en tercer lugar dispuso la no devolución de los valores cancelados
demás por el reconocimiento del reajuste con el 75% desde el 1.° de enero de
1992 y no del 50% con efectos desde el 1.° de enero de 1994, en virtud del
principio constitucional de buena fe y lo dispuesto en el numeral 2.° del artículo
136 del CCA, dado que la entidad demandante no desvirtuó o acreditó que la
causante pensionado indujo a error al fondo o que incurrió en maniobras
temerarias para el reconocimiento del reajuste.
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Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
RECURSO DE APELACIÓN10
La señora Sonia Margarita del Castillo de Vargas, presentó recurso de apelación
en contra de la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y solicitó que sean revocados los numerales
segundo y tercero, por cuanto, en su criterio, las Resoluciones 1533 de 1994 y
00296 de 1996 están ajustadas a derecho.
Al respecto, señaló que la Resolución 0157 del 17 de febrero de 1994 es anterior
al Decreto 1293 de junio de 1994, que modificó el artículo 17 del Decreto 1359
de 1993, razón por la cual consideró que no es de recibo que se diga que el
Fondo interpretó mal la norma, pues la literalidad del artículo 17 del Decreto 1359
de 1993 propone un solo reajuste en la mesada pensional que no podrá ser
inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas,
cosa diferente a la que propone el artículo 7.° del Decreto 1293 de junio de 1994,
normativa última que tiene efectos hacia el futuro y por lo tanto, los derechos que
surgieron en la vigencia del artículo 17 del Decreto 1359, se consideran
situaciones jurídicamente consolidadas. Refirió además que igual suerte corre la
Resolución 00296 del 11 de marzo de 1996, pues respetó la situación
consolidada al amparo del principio de favorabilidad.
Finalmente, adujo que los actos acusados se expidieron conforme a las normas
legales vigentes y que ello tiene respaldo en las sentencias C-608 de 1999, T-
456 de 1994, T-463de 1995, T-214 de 1999, T-862 de 2004, T-211 de 2005 y C-
258 de 2013.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
El Sonia Margarita del Castillo de Vargas11 reiteró los argumentos expuestos
en el recurso de apelación.
La UGPP12 solicitó se confirme en su totalidad la sentencia recurrida en razón a
que los actos actos administrativos se expidieron conforme a derecho y que las
pretensiones elevadas carecen de argumentos fácticos y jurídicos, no siendo
viable condena alguna en contra de esa entidad. Así mismo, reiteró los
planteamientos a que hizo referencia en la contestación de la demanda
Fonprecon13 destacó sobre el reajuste especial consagrado en el artículo 17 del
Decreto 1359 de 1993 que la jurisprudencia de esta Corporación le ha dado la
razón al Fondo y para ello enfatizó la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-017
de 2019 que es clara que la base de liquidarlo son las pensiones promedio de los
congresistas actuales (en 1993) a quienes se les liquidaba la pensión en cuantía
del 75% del ingreso promedio, línea que guarda armonía con la sentencia C-258
de 2013 de la Corte Constitucional. Con fundamento en lo anterior solicitó
confirmar la sentencia.
El Ministerio Público guardó silencio conforme se advierte de la constancia
secretarial visible a folio 593.
10 Folios 583 a 584 vto.
11 Memorial adjunto a SAMAI, visible a índices 14, 15, 16 y 17.
12 Memorial adjunto a SAMAI, visible a índice 18.
13 Memorial adjunto a SAMAI, visible a índice 19.
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Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso de apelación interpuesto.
Problema jurídico.
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico que se debe resolver en esta instancia es el siguiente:
¿La señora Sonia Margarita del Castillo de Vargas, en su calidad de cónyuge
superstite del extinto señor Antonio José Vargas Peña, quien se pensionó en
condición de excongresista con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª
de 1992, tiene derecho al reajuste especial en el porcentaje del 75% del ingreso
mensual promedio de lo que devenga un parlamentario a partir del 1.° de enero
de 1992, como lo establecieron las Resoluciones 1533 del 29 de diciembre de
1994 y 00296 del 11 de marzo de 1996?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: en atención a las reglas fijadas
en la sentencia de unificación CE-SUJ-S2- 017, proferida el 3 de septiembre de
2020, los excongresistas pensionados con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 4ª de 1992, tienen derecho al reajuste especial por una sola vez, en un
porcentaje del 50% de la pensión que devengaba un congresista en el año 1994,
como pasa a explicarse.
La postura adoptada en la sentencia unificación CE-SUJ-S2- 01714, proferida
el 3 de septiembre de 2020
La Sección Segunda de esta Corporación de acuerdo con lo consagrado por los
Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 y según lo considerado por la
jurisprudencia de esta Sección15 en correspondencia con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, sentó jurisprudencia respecto del reajuste especial de la
pensión de jubilación de excongresistas en lo siguiente:
14 Expediente radicado: 25000 23 25 000 2008 00097 02 (2694-2016).
15 Al respecto consultar entre otras las siguientes sentencias de la Sección Segunda: Subsección A.
Sentencia de 27 de octubre de 2011. Radicación: 1410-2008 Demandante: Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República. Demandado: Manuel Ángel López Cabrera. Consejero ponente: Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A. Sentencia de 8 de noviembre de 2012. Radicación: 1144-2012.
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandadas: Dilia Camelo de Pava
y Lina María Niño López. Consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez; Subsección A. Sentencia de
21 de noviembre de 2013. Radicación: 0268-2013. Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
de la República. Demandado: Julián Mc’lean Cortina. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren; Subsección A. Sentencia de 27 de noviembre de 2014. Radicación: 0769-2011. Demandante:
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: José Antonio Carvajal Barrera.
Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero; Subsección A. Sentencia de 22 de abril de 2015.
Radicación: 4195-2015. Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República.
Demandado: Alfonso Ortíz Bautista. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección
A. Sentencia de 7 de abril de 2016. Radicación: 3792-2013. Demandante: Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República. Demandada: Margarita de Jesús Sánchez de Espeleta. Consejero ponente:
Gabriel Valbuena Hernández; Subsección B. Sentencia de 11 de mayo de 2017. Radicación: 2711-2015.
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandada: Rocío Ciodaro Santos
Margarita de Jesús Sánchez de Espeleta. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
1. Son beneficiarios del reajuste especial de la pensión de jubilación de
congresistas:
1.1 . Los Senadores y Representantes a la Cámara que se hayan pensionado
con anterioridad al 18 de mayo de 1992 en calidad de congresistas, aunque
hayan variado la condición de legislador con ocasión de su reincorporación al
servicio público a partir del 24 de junio de 1994, cuando entró a regir el Decreto
1293 de 1994.
1.2 . El congresista vuelto a elegir tiene derecho al reconocimiento y pago del
reajuste especial siempre y cuando renuncie temporalmente a la pensión de
jubilación que venía percibiendo y el nuevo periodo de vinculación al congreso
y de cotización ante Fonprecon sea superior a 1 año en forma continua o
discontinua y culmine antes del 18 de mayo de 1992.
2. El reajuste especial de la pensión de jubilación de congresistas debe
concederse atendiendo a los siguientes parámetros:
• Se concede por una sola vez,
• Corresponde al 50% del promedio de las pensiones devengadas por los
congresistas para el año 1994,
• Surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994, y por tanto no se
puede reconocer por anualidades anteriores a 1994, ni genera intereses
moratorios por su no reconocimiento antes de la señalada fecha.
3. Para todos los efectos legales a que hubiere lugar se entenderá que el reajuste
anual a que tienen derecho los ex congresistas pensionados es diferente del
reajuste especial de que trata la presente providencia.
En dicha oportunidad, se precisó en primer lugar que, para acceder al reajuste
especial, es necesario: i) que el excongresista se haya pensionado en calidad de
senador o representante a la cámara, es decir, que ya haya cumplido con las
condiciones de edad y tiempo contempladas en el parágrafo 2.º, del artículo 1.º
de la Ley 33 de 1985 y en el artículo 7.º de la Ley 71 de 1988, debidamente
reconocidas a través de acto administrativo. Ello, por cuanto que el objetivo del
reajuste fue precisamente actualizar la mesada pensional de aquellos Senadores
y Representantes a la Cámara que vieron su reconocimiento pensional menos
favorable en relación con los congresistas pensionados con posterioridad a la Ley
4ª de 1992 y; ii) que el excongresista pensionado no haya variado tal condición
como consecuencia de su reincorporación al servicio público en un cargo distinto
al de miembro del Congreso, que hubiere implicado el incremento y reliquidación
de su mesada pensional, requisito que fue eliminado en el Decreto 1293 de 1994,
por lo que tal restricción solo existió mientras el artículo 17 del Decreto 1359 de
1993 no fue modificado por el artículo 7.° del referido Decreto 1293.16
En segundo lugar, en cuanto a las características del reajuste especial, se
precisó lo siguiente: i) que es diferente al reajuste anual consagrado en el artículo
16 ibidem. con base en el salario mínimo legal; no obstante, de conformidad con
la sentencia C-258 de 2013,17 que analizó la constitucionalidad del artículo 17º
16 Desde el 13 de julio de 1993 y hasta el 24 de junio de 1994 cuando entró en vigor el Decreto 1293 de
1994.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013. Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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Radicación: 25000-23-25-000-2007-00551-01 (2927-2021)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
de la Ley 4ª de 1992,18 se determinó que la mesada pensional de los congresistas
no se puede seguir incrementando con base en el SMLV, sino que debe tenerse
en cuenta lo ordenado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, esto es, con base
en el IPC, que anualmente fija el DANE; ii) que de conformidad con el artículo 7.°
del Decreto 1293 de 1994, modificatorio del artículo 17 del Decreto 1359 de 1993,
se mantuvo como requisito la condición de ser congresista antes de la vigencia
de la Ley 4ª de 1992, es decir previo al 18 de mayo de 1992; su reconocimiento
procede por una sola vez; y el porcentaje en ningún caso puede ser inferior al
50% del promedio de la pensión a que tendrían derecho los actuales
congresistas, el cual surte efectos a partir del 1.º de enero de 1994; y iii) que si
bien es cierto, de conformidad con las referidas sentencias C-258 de 2013 y la
SU-566 de 2015, «tanto el ingreso base de liquidación como la liquidación misma
de las pensiones, reajustes y sustituciones, deben corresponder de forma
proporcional al aporte efectuado por los Congresistas en los últimos 10 años
previos al reconocimiento del derecho que reclaman»19, también lo es que esta
consideración no aplica para los excongresistas con pensión de jubilación
reconocida antes de la vigencia de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho al
reajuste especial a modo de nivelación o de actualización de su pensión con los
congresistas en ejercicio para el año 1994, así como tampoco les afecta lo
relativo al tope o valor máximo de las mesadas pensionales.20
En tercer lugar, y en punto del porcentaje del reajuste especial, la sentencia
indicó: i) que corresponde al 50% de la pensión a la que tendría derecho un
congresista en el año 1994 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de
1994; ii) que se debe efectuar por una sola vez, según expresamente lo
determinan los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, lo que claramente denota
que no constituye una reliquidación anual del ingreso básico para la liquidación
de la pensión de jubilación; y iii) que no puede reconocerse por anualidades
anteriores a 1994 y menos con intereses de mora ante el retardo en reconocerlo
en esas anualidades, en la medida en que el último inciso del artículo 17 del
citado Decreto 1359, y el artículo 7.° del referido Decreto 1293, explícitamente
ordenaron que surtía efectos fiscales desde el 1 de enero de 1994.
En cuarto y último lugar, precisó que dicho reajuste también es un derecho para
el excongresista que obtuvo a través de acto administrativo el reconocimiento y
pago de su pensión de jubilación especial de legislador, y luego de retirado del
servicio decidió incorporarse de nuevo a la actividad legislativa en tal condición,
esto es, del congresista pensionado vuelto a elegir, regulado por el inciso 2º del
artículo 1º de la Ley 19 de 1987,21 en concordancia con el artículo 8.° del Decreto
18 En esta sentencia se declaró la inexequibilidad de las expresiones «Y se aumentarán en el mismo
porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal», contenidas en el primer inciso del artículo 17 de
la Ley 4ª de 1992
19 En esta providencia se señaló que: «Justamente, con la declaratoria de inexequibilidad de los apartes
“durante el último año, y por todo concepto”, “y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el
salario mínimo legal” y “por todo concepto” contenidos en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, se afectaron
también sus disposiciones reglamentarias, por lo cual en la actualidad tanto el ingreso base de
liquidación como la liquidación misma de las pensiones, reajustes y sustituciones, deben corresponder
de forma proporcional al aporte efectuado por los Congresistas en los últimos 10 años previos al
reconocimiento del derecho que reclaman».
20 Debe corresponder a 25 SMLMV, que fue fijado por la Corte con relación a la mesada pensional de jubilación
no frente al reajuste especial, ya que es una figura propia de los excongresistas que no vieron su pensión
de jubilación concedida al abrigo de la Ley 100 de 1993 sino de la normativa especial
21 Ley 19 de 3 de marzo de 1987. «Por la cual se modifica la Ley 33 de 1985». Esta disposición señaló que
para que el congresista pensionado vuelto a elegir, goce del derecho al reajuste es necesario que cumpla
las siguientes condiciones a saber:
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
1359 de 199322 y el parágrafo del artículo 4 ibidem.23 Para tal efecto, aclaró que
el cumplimiento de los requisitos consagrados por el artículo 1º de la citada ley
19 otorgan al congresista pensionado vuelto a elegir, el derecho a que cuando
culmine su nuevo periodo en el ejercicio de la actividad legislativa, se le
reconozca la pensión jubilatoria por parte de FONPRECON con el «respectivo
reajuste», pero siempre y cuando ese nuevo periodo legislativo haya culminado
antes del 18 de mayo de 1992, de lo contrario, esto es, si el congresista
pensionado vuelto a elegir tenía tal calidad (senador o representante a la cámara)
cuando entró en vigencia la Ley 4ª. de 1992 (18 de mayo de 1992), ya no tiene
el beneficio del «reajuste especial» sino que tiene derecho al régimen especial
de jubilación de congresistas y en virtud ello a que su pensión de jubilación se
reliquide de conformidad con los artículos 5.° y 6.° del Decreto 1359 de 1993.
Vale mencionar que a la sentencia de unificación se le dio efectos
retrospectivos y, por ende, las reglas jurisprudenciales fijadas son vinculantes
para los casos pendientes de decisión tanto en vía administrativa. En tal virtud,
los conflictos judiciales ya resueltos, esto es, amparados por la cosa juzgada,
resultan inmodificables.
Del caso en concreto
La controversia objeto de estudio gira en torno a la legalidad de la Resolución
1533 de 1994 que revocó la Resolución 0157 de la misma anualidad y reconoció
el reajuste especial al señor Vargas Peña (q.e.p.d.) en un porcentaje del 75% del
ingreso mensual promedio devengado por un congresista a partir del 1.° de enero
de 1994 y de la Resolución 00296 de 1996 mediante la cual se reconoció al
extinto pensionado el reajuste especial a partir del 1.° de enero de 1992 y un
retroactivo por los años 1992 y 1993.
Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta que los argumentos expuestos
por la recurrente obedecen a que el reajuste especial de la prestación pensional
del causante Vargas Peña fue reconocido antes de que el artículo 17 del Decreto
1359 de 1953 fuere modificado por el artículo 7.° del Decreto 1293 de 1994 y, por
lo tanto, adquirió el derecho al reajuste especial de su prestación, en los términos
(i) Que presente la renuncia temporal a percibir la pensión de jubilación ya reconocida.
(ii) Que el nuevo lapso de vinculación al Congreso, no puede ser inferior a 1 año en forma continua o
discontinua.
(iii) Que realice los aportes correspondientes a Fonprecon.
22 Artículo 8. «CONGRESISTAS PENSIONADOS Y VUELTOS A ELEGIR. En armonía con lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 4o del presente Decreto, los Senadores y Representantes a la Cámara que al
momento de tomar posesión de su cargo hubieren tenido que renunciar temporalmente al disfrute de su
pensión vitalicia de jubilación, decretada por cualquier entidad de derecho público, al terminar su gestión
como Congresistas, la seguirán percibiendo de la Entidad Pensional del Congreso, de conformidad con las
disposiciones del presente régimen siempre que a la vigencia de este Decreto, hubieren adquirido tal
derecho según lo establecido en el artículo 1o, inciso 2o de la Ley 19 de 1987. Para los efectos previstos en
este artículo, la Entidad Pensional del Congreso de oficio, procederá a reliquidarlos con base en el ingreso
promedio que durante el último año y por todo concepto percibiere el congresista en ejercicio, de
conformidad con los mandatos previstos en los artículos 5o y 6o del presente Decreto».
23 Decreto 1359 de 1993. Artículo 4. «REQUISITOS PARA ACCEDER A ESTE RÉGIMEN PENSIONAL.
Para que un Congresista pueda acceder a la aplicación de este régimen especial, deberá cumplir en debida
forma con los siguientes requisitos: a) Encontrarse afiliado a la Entidad Pensional del Congreso y estar
efectuando cumplidamente las cotizaciones o aportes respectivos a la misma. Haber tomado posesión de
su cargo. PARÁGRAFO. De igual manera accederán a este régimen pensional los Congresistas que al
momento de su elección estuvieren disfrutando de su pensión vitalicia de jubilación decretada por cualquier
entidad del orden nacional o territorial y que cumplieren las condiciones y requisitos establecidos en el
artículo 1o, inciso 2o de la Ley 19 de 1987».
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
de la normativa anterior.
En orden a resolver el presente asunto, lo primero que ha de advertirse es que el
señor Antonio José Vargas Peña (q.e.p.d.) se desempeñó como representante
suplente desde el 2 de enero de 1976 hasta el 2 de enero de 1977, tal como da
cuenta la certificación expedida el 24 de marzo de 1977, por el secretario general
de la Cámara de Representantes (f. 23).
Así mismo, según Resolución 3761 de 1978, Cajanal reconoció y ordenó el pago
de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del señor Vargas Peña, con
efectividad al 2 de enero de 1977 y el último cargo que desempeñó lo fue como
congresista. Al pago de dicha prestación concurren la Universidad de Antioquía
y la Beneficencia del departamento del Atlántico (f. 37 a 39).
Posteriormente, Fonprecon a partir de la expedición de las Resoluciones 0156 y
0157 de 1994 asumió la carga pensional que traía Cajanal y ordenó reconocer al
señor Vargas Peña, el reajuste especial de conformidad con el artículo 17 de
Decreto 1359 de 1993, en cuantía del 50% de la mesada pensional que tendría
derecho un congresista (ff. 46 a 52).
No obstante, el Fondo al resolver la petición de revocatoria directa de la
Resolución 0157 de 1994, mediante la Resolución 1533 de 1994 extendió los
efectos de la sentencia T-456 de 1994 de la Corte Constitucional y dispuso la
revocatoria de la misma y reconoció el aludido reajuste en un porcentaje
equivalente al 75% del ingreso mensual promedio devengado por un congresista
para la época, a partir del 1.° de enero de 1994 (ff. 53 a 58).
Luego Fonprecon en atención a lo señalado en la sentencia T-463 de 1995 de la
Corte Constitucional reconoció a través de la Resolución 00296 de 1996 y a favor
del causante Antonio José Vargas Peña, dicho reajuste especial, a partir del 1º
de enero de 1992 (ff. 86 a 89).
Ahora bien, si se traen al caso sub judice las reglas fijadas en la sentencia de
unificación, se encuentra que el señor Vargas Peña (q. e. p. d.) prestó sus
servicios en varias entidades públicas, incluido el Congreso de la República en
el que laboró entre el 2 de enero de 1976 y el 2 de enero de 1977 y de otro que
la pensión de jubilación le fue reconocida el 29 de agosto de 1978, esto es, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4ª de 199224. Por tanto, es evidente
que al demandado sí le asistía el derecho al reconocimiento y pago del citado
reajuste.
Ahora bien, en atención a los argumentos expuestos por la recurrente se debe
destacar que tanto el artículo 17 del Decreto 1359 de 199325, como el artículo 7.°
24 18 de mayo de 1992
25 Artículo 17 del Decreto 1359 de 1953: «REAJUSTE ESPECIAL. Los Senadores y Representantes a la
Cámara que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992, tendrán derecho a
un reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su pensión en ningún caso podrá
ser inferior al 50% de la pensión a que tendrían derecho los actuales Congresistas.
Será requisito indispensable para que un excongresista pensionado pueda obtener el reajuste a que se
refiere el presente artículo, no haber variado tal condición como consecuencia de su reincorporación al
servicio público en un cargo distinto al de miembro del Congreso, que hubiere implicado el incremento y
reliquidación de su mesada pensional.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
del Decreto 1293 de 199426, se mantuvo como requisitos para ser titular del
reajuste especial: la condición de ser congresista antes de la vigencia de la Ley
4ª de 1992, es decir previo al 18 de mayo de 1992, que su reconocimiento
procede por una sola vez, que el porcentaje en el que se debe reconocer, en
ningún caso puede ser inferior al 50% del promedio de la pensión a que tendrían
derecho los actuales congresistas; y que surte efectos a partir del 1º de enero de
1994.
De lo anterior se desprende entonces que, independientemente de que el
reconocimiento se hubiere efectuado en vigencia el artículo 17 del Decreto 1359
de 1993 o del artículo 7.° del Decreto 1293 de 1994 que lo modificó, el beneficio
del reajuste especial debió concederse por una sola vez y con efectos fiscales a
partir del 1.° de enero de 1994, de tal manera que su pensión de jubilación
alcanzara un valor equivalente al 50% de lo que devengaba un congresista en
ejercicio para el año 1994, y no, en el «75% del ingreso mensual promedio que
devenga actualmente un congresista», como erradamente lo ordenaron las
Resoluciones 1533 de 1994 y 00296 de 1996.
Adicional a ello, si bien es cierto que la Resolución 0157 del 17 de febrero de
1994 que reconoció al causante el reajuste especial en cuantía del 50%, fue
emitida con anterioridad a la expedición del Decreto 1293 de 199427, lo cierto es
que el citado acto fue revocado por solicitud del fallecido Vargas Peña a través
de la Resolución 1533 de 1994, acto administrativo que como ya se expuso,
reconoció un porcentaje superior al determinado por la normativa precitada, lo
que implica que la mesada pensional se aumentó de manera contraria a derecho.
En virtud de lo anterior, le asiste razón al a quo al ordenar a la entidad
demandante reajustar la pensión de jubilación del extinto cónyuge de la señora
Del Castillo de Vargas, pues tal como se demostró, fue sujeto de un reajuste
especial ilegal, en la medida en que no atendió el porcentaje que correspondía -
50%-, sino uno mayor -75%- y, sumado a ello, se reconoció frente a anualidades
anteriores, cuando la norma fue clara en reconocer el citado reajuste
exclusivamente a partir del 1º de enero de 1994.
Sin embargo, habrá de modificarse el numeral segundo para en su lugar decretar
la nulidad parcial de las Resoluciones 1533 del 29 de diciembre de 1994 y 00296
del 11 de marzo de 1996, como quiera que el fallecido Antonio José Vargas Peña
tenía derecho a que su prestación pensional fuera reajustada, pero solo en un
50% de la pensión que devengaba un congresista en 1994, y no en cuantía del
75% como lo hizo Fonprecon, pues este porcentaje corresponde a la liquidación
Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1994. El Gobierno Nacional incluirá las
respectivas partidas en el proyecto de ley anual de presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994.»
26 Artículo 7º. Del Decreto 1293 de 1994: «El artículo 17 del decreto 1359 de 1993 quedará así: Reajuste
Especial. Los senadores y representantes que se hayan pensionado con anterioridad a la vigencia de la ley
4º de 1992, tendrán derecho a un reajuste en su mesada pensional, por una sola vez, de tal manera que su
pensión alcance un valor equivalente al 50% del promedio de las pensiones a que tendrían derecho los
actuales congresistas.
El valor de la pensión a que tendrían derecho los actuales congresistas será del 75% del ingreso base para
la liquidación pensional de los congresistas a que se refiere el artículo 5º del decreto 1359 de 1993.
Este reajuste surtirá efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1.994. El Gobierno Nacional incluirá las
respectivas partidas en el proyecto de ley anual de Presupuesto correspondiente a la vigencia de 1994»
27
Según el artículo 9 del Decreto 1293 de 1994 «[...] rige a partir de la fecha de su publicación [...]», que lo
fue el 24 de junio de 1994 en el Diario Oficial 41406.
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
de la pensión de jubilación de los excongresistas con derecho a la prestación
después del 18 de mayo de 1992.
Es del caso resaltar que la decisión adoptada, necesariamente impacta el acto
que dispuso la sustitución pensional a favor de la señora Sonia Margarita del
Castillo de Vargas.
Ahora bien, en cuanto a la afirmación de que los actos acusados se expidieron
conforme a las normas legales vigentes y que ello tiene respaldo en las
sentencias C-608 de 1999, T-456 de 1994, T-463de 1995, T-214 de 1999, T-862
de 2004, T-211 de 2005 y C-258 de 2013, hay que decir que aunque es cierto
que la mesada pensional del causante pensionado se incrementó con base en
interpretaciones efectuadas por la Corte Constitucional según las cuales el
reajuste especial debía corresponder al 75% del ingreso mensual promedio que
por todo concepto devengaran los congresistas en la fecha en que se decretara
el reajuste y para cada año con efectos fiscales desde el 1.º de enero de 1992,
también lo es que legalmente dicho reajuste no le correspondía en esos términos,
tal como lo dejó claro la sentencia de unificación aludida en acápite anterior.
En efecto, al hacer un estudio de dicha jurisprudencia concluyó que no existe
duda en cuanto a la interpretación literal de las normas que rigen el reajuste
especial de la pensión de los excongresistas que adquirieron su derecho
pensional o les fue reconocido antes del 18 de mayo de 1992 y que resultaba
razonable para los fines pretendidos por la norma, que no eran otros que nivelar
la pensión de los excongresistas respecto de los Senadores y Representantes a
la Cámara en ejercicio, habida cuenta de que se encontraban en situaciones
laborales diferentes.
En conclusión: La Sala encuentra que las Resoluciones 1533 del 29 de
diciembre de 1994 y 00296 del 11 de marzo de 1996 desconocieron lo dispuesto
en el artículo 17 del Decreto 1359 de 1993, modificado por el artículo 7.° del
Decreto 1293 de 1994.
Decisión de segunda instancia
Por las razones que anteceden la Sala considera que se impone modificar el
ordinal segundo de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2021, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la
nulidad absoluta de las Resoluciones 1533 del 29 de diciembre de 1994 y 002696
del 11 de marzo de 1996 y ordenar el reajuste de la pensión de jubilación que
percibe la señora Sonia Margarita del Castillo de Vargas en la forma prevista en
el artículo 17 del Decreto 1359 de 1994, modificado por el artículo 7.° del Decreto
1293 de 1994, para declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 1533 del 29
de diciembre de 1994 y 00296 del 11 de marzo de 1996, conforme lo expuesto
en la parte motiva.
Condena en costas
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la
imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso
temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente
asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 21 de mayo de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
incoada por el Fondo de Previsión Social del Congreso en el sentido de la nulidad
de las Resoluciones 1533 del 29 de diciembre de 1994 y 002696 del 11 de marzo
de 1996 y ordenar el reajuste de la pensión de jubilación que percibe la señora
Sonia Margarita del Castillo de Vargas en la forma prevista en el artículo 17 del
Decreto 1359 de 1994, modificado por el artículo 7.° del Decreto 1293 de 1994,
para declarar la nulidad parcial de las Resoluciones 1533 del 29 de diciembre de
1994 y 00296 del 11 de marzo de 1996, conforme lo expuesto en la parte motiva.
Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo de
Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Sigue leyendo
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