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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2008-00230-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2008-00230-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el ordinal 4° de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Jesús Alfredo Rey Córdoba, el cual quedará así: «4°. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reliquidar la pensión de jubilación del señor Jesús Alfredo Rey Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía 6.093.555 de Cali, con el 75% del promedio de los salarios devengados efectivamente en dólares por éste durante el período comprendido entre el 17 de octubre de 1993 y el 17 de octubre de 1994, con la inclusión en el ingreso base de liquidación de la asignación básica, cuyo monto se deberá convertir al equivalente en pesos colombianos, teniendo en cuenta el valor del dólar vigente al momento en que lo devengó el accionante, toda vez que la pensión de jubilación que se ordena reliquidar deberá pagarse en moneda nacional. La entidad podrá realizar los descuentos respectivos que por aportes haya lugar y se reliquidará la pensión de acuerdo con la ley.» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2008-00230-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Base de cotización y de liquidación para efectos pensionales de
los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)1 contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2013 por la Sección
Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio
de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Jesús Alfredo Rey Córdoba presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución
28159 del 17 de diciembre de 2001, por medio de la cual la Caja Nacional de
Previsión Social (Cajanal)3 le reconoció pensión al demandante. Asimismo, la
nulidad de las siguientes resoluciones proferidas por esta entidad de previsión: i)
2840 del 6 de marzo de 2002 y 5686 del 23 de septiembre de 2003, que desataron
los recursos de reposición y apelación presentados contra el acto de reconocimiento
pensional; ii) 56993 del 30 de octubre de 2006, mediante la cual se negó la

1 En adelante UGPP.
2 En adelante CCA.
3 En adelante Cajanal.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

reliquidación de la pensión de jubilación; y iii) 44608 del 25 de septiembre de 2007,
por la que se negó nuevamente el reajuste de la pensión del demandante y el acto
ficto negativo, producto del silencio administrativo respecto del recurso de
reposición presentado contra el mencionado acto.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) ordenar a Cajanal (hoy UGPP) reliquidar la pensión de jubilación del demandante
con la inclusión de todos los factores devengados durante el último año, esto es,
«asignación básica, la prima por costo de vida y la prima de navidad» y ii) pagar las
diferencias de las mesadas pensionales resultantes entre los valores pagados y los
que debía recibir, a partir del 13 de abril de 1998; y iii) dar cumplimiento al fallo
dentro del término previsto en los artículos 176 a 178 del CCA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

• El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Decreto 156 del 28 de enero
de 1992, designó a Jesús Alfredo Rey Córdoba como ministro plenipotenciario 6 de
Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva
York, cargo que desempeñó entre el 6 de abril de 1992 y el 17 de octubre de 1994.

• Mediante la Resolución 28159 del 17 de diciembre de 2001 Cajanal le reconoció
al demandante pensión de jubilación sin tener en cuenta la totalidad de los salarios
que efectivamente recibió en dólares durante el periodo que prestó sus servicios en
el exterior y en su lugar la liquidó con base en «unos valores que denominó “sueldo
equivalente en planta interna como ministro plenipotenciario”».

• Contra el referido acto administrativo, el demandante presentó recurso de
reposición y en subsidio el de apelación, desatados a través de las resoluciones
2840 del 6 de marzo de 200 y 5686 del 23 de septiembre de 2003, mediante las
cuales se confirmó el acto recurrido.

• El demandante solicitó en dos oportunidades la reliquidación de su pensión de
jubilación con el fin de que se tuviera en cuenta los salarios efectivamente
devengados durante el último año de servicios, petición que fue negada mediante
las resoluciones 56993 del 30 de octubre de 2006 y 44608 del 25 de septiembre de
2007.

• Presentó recurso de reposición contra la mencionada Resolución 44608, frente a
la cual la entidad demandada guardó silencio, por lo que se configuró el silencio
administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

Como tales, se señalaron los artículos 2, 25, 48 y 53 de la Constitución Política y 85
del CCA.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:

• Cajanal desconoció las disposiciones constitucionales al negar el reconocimiento
de una pensión con la inclusión de los salarios efectivamente percibidos durante su
último año de servicios como ministro plenipotenciario de Colombia ante la ONU.

• La entidad demandada vulneró el artículo 25 constitucional, al no « reconocer […]
una pensión justa, acorde con la labor realmente cumplida y con los salarios realmente
devengados […] toda vez que la pensión es el resultado del trabajo durante el tiempo
que indica la ley».

• De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política el Estado colombiano
debe garantizar dentro de los principios mínimos laborales «la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, la
garantía a la seguridad social, el derecho al pago oportuno de las pensiones, situación
que no se da en el caso [del demandante] toda vez que la pensión que recibe es
restringida en su valor, por la negativa de la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL E.I.C.E. a adquirirla».

1.2. Contestación de la demanda

Cajanal se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda5 porque con
ellas se transgrediría el principio de solidaridad contenido en la Ley 100 de 1993 y
el artículo 48 de la Constitución Política que «comporta la obligación de efectuar
[a]portes, por manera que primero cotizo y luego percibo. Razón por la cual se hace
deseable una mínima razonabilidad, entre cotizaciones frente a las pensiones que se
recoge en el mandato constitucional de “liquidar pensiones sobre los mismos factores
salariales que hayan servido de base para calcular aportes”».

Estima que acceder a las súplicas de la demanda conllevaría a una transgresión del
artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, que prevé en materia de seguridad social
el principio de sostenibilidad presupuestal, el cual «llama a la cordura y a la
razonabilidad de sistema presupuestal ya que debe existir coordinación entre los
emolumentos y los egresos».

Agregó que la decisión de la entidad demandada se sustentó en las disposiciones
previstas en los artículos 57 del Decreto 10 de 1992 y 65 del Decreto Ley 274 de
2000, según las cuales, las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio
exterior se deben liquidar con base en la asignación de un cargo equivalente en la
planta interna. En esa misma línea explicó que de conformidad con el Decreto 714

4 Folios 35 y 36.
5 Folios 105 a 116.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

de 1978, los únicos servidores que tienen derecho a que sus prestaciones sean
liquidadas en dólares son los extranjeros al servicio de Colombia en el exterior.

Propuso como excepciones las siguientes: i) caducidad de la acción, ii) falta de
agotamiento de la vía gubernativa, iii) inepta demanda por falta de requisitos
formales, iv) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido y v) prescripción
de las mesadas.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 26 de septiembre de 20136, admitió como sucesor procesal de la
extinguida Cajanal a la UGPP, declaró la nulidad de los actos demandados y como
consecuencia ordenó a la entidad demandada reliquidar la pensión de Jesús Alfredo
Rey Córdoba con el 75% del promedio de los salarios devengados efectivamente
en dólares durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 1993 y el 17
de octubre de 1994, cuyo monto se deberá convertir al equivalente en pesos
colombianos, teniendo en cuenta el valor de cambio al momento en que lo devengó.
Asimismo, ordenó los descuentos respectivos por aportes a los que hubiera lugar.

Para tal efecto, se pronunció en estos términos:

• El demandante se encuentra amparado por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1° de abril de 1994 tenía más de
40 años de edad y además contaba con más de 15 años de servicios.

• La Corte Constitucional en sentencia C-173 del 2004 declaró inexequibles las
expresiones del parágrafo 1 del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, que establecía
que para efectos del cálculo del IBL de los servidores que prestaran sus servicios
en la planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomaría como base la
asignación mensual y los factores salariales establecidos para los cargos
equivalentes de la planta interna. Lo anterior, al considerar que «los aportes para
pensión y la liquidación de la misma en el caso de funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores que presten sus servicios en la planta externa deben hacerse
conforme al salario realmente devengado».

• Señaló que, si bien el demandante consolidó su estatus pensional con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad dispuesta en la sentencia C-173 de 2004, en
virtud del principio de igualdad se debe inaplicar dicha norma pues se desconoce el
verdadero ingreso del servidor público que sirve como base para realizar los aportes
y por ende liquidar la pensión.

• Se refirió a una decisión de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de

6 Folios 302 a 314.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

Estado7 en la que, en un caso similar, se pronunció en ese mismo sentido con el
siguiente argumento: «[p]recisamente por las razones anteriores, la Corte
Constitucional declaró la inexequibilidad parcial del artículo 7° de la Ley 797 de 2003
fundada en que el cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan
sus servicios en la planta externa de Ministerio de Relaciones Exteriores tomando como
base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas
vigentes “para los cargos equivalentes de la planta interna”, en la práctica conduce a
aplicar un trato discriminatorio a un grupo de servidores, esto es a los que desempeñan
su labor en el servicio exterior.»

• Concluyó que la entidad demandada debió incluir en la base de liquidación
pensional el salario realmente devengado por el actor, en especial, el percibido en
dólares durante el periodo comprendido entre el 17 de octubre de 1993 y el 17 de
octubre de 1994, motivo por el cual se declaró la nulidad parcial de las resoluciones
28159 del 17 de diciembre de 2001, 5686 del 23 de septiembre de 2003, 2840 del
6 de marzo de 2004, 56993 del 30 de octubre de 2006, 44608 del 25 de septiembre
de 2007 y del acto ficto negativo respecto de los recursos presentados contra esta
última.

• Encontró que el fenómeno de la prescripción trienal no se configuró, por cuanto,
de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, « entre la Resolución
6586 de 23 de septiembre de 2003, que confirmó la que reconoció la pensión de
jubilación al actor, y la presentación de la primera petición ante la entidad accionada
(22 de diciembre de 2005) no transcurrieron 3 años, así como tampoco se superó dicho
término entre la Resolución 56993 de 30 octubre de 2006 (que resolvió la anterior
solicitud) y la petición radicada el 21 de marzo de 2007, que dio nacimiento a la
Resolución 44608 de 25 de septiembre de 2007 y al acto ficto, motivo por el cual no ha
operado la prescripción trienal.»

1.4. El recurso de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación8 y expuso como argumentos los
siguientes:

• No es procedente incluir en el ingreso base de liquidación los conceptos
reclamados por el demandante, puesto que estos son factores prestacionales y no
salariales, presupuestos bajo los cuales se debió reconocer la pensión como en su
momento lo hizo la entidad demandada. En ese sentido, solo pueden ser tenidos en
cuenta los factores relacionados taxativamente en el Decreto 1158 de 1994,
disposición aplicable al demandante, como beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 100 de 1993.

7 Sentencia del 24 de agosto de 2007, con radicado interno 8931-05, M.P. Alejandro Ordoñez
Maldonado.
8 Folios 315 a 318.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

• El artículo 1 del Decreto 714 de 1978 establece que la liquidación y el pago de las
prestaciones sociales a que tengan derecho las personas extranjeras con domicilio
fuera de Colombia, se efectuarán tomando como base la remuneración que en
dólares estadounidenses perciba el respectivo funcionario. Sin embargo, el
demandante no se encuentra dentro de los supuestos de la referida norma, en tanto
ostenta la nacionalidad de colombiano, razón por la cual, su liquidación debe
hacerse con base en la asignación del cargo equivalente en el servicio interno del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

• En cuanto a la orden de dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con el
artículo 177 del CCA, señala que la obligación de pagar intereses ocurre en la mora
del pago de las mesadas pensionales, no frente al reconocimiento pensional ni las
sumas reliquidadas judicialmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 141 de
la Ley 100 de 1993. Lo anterior, en razón a que el reconocimiento, por parte de la
UGPP, de intereses atentaría contra el acto legislativo 1 de 2004 y los principios de
universalidad, solidaridad, sostenibilidad presupuestal y legalidad que irradian el
sistema de seguridad social en Colombia.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

1.5.1. Parte demandante

Jesús Alfredo Rey Córdoba solicitó que se confirmara la sentencia apelada con base
en los argumentos expuestos en el escrito de la demanda9.

En relación con los intereses de lo adeudado por jubilación y la indexación de dichos
montos, señaló que el apelante solo pretende desnaturalizar dichas instituciones al
darles alcances que no respetan sus principios ontológicos y su finalidad jurídica,
esto es, «hacer las actualizaciones de dichos valores respecto de su pérdida de valor
adquisitivo y del lucro cesante de estos montos, es darle una interpretación clara que
corresponde con el espíritu indemnizatorio o reparador del pago moratorio de mesadas
que no se pagaron al no reconocerse, pese a la reclamación del pensionado aún por
vía gubernativa […]»

1.5.1. Parte demandada

La UGPP solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, conforme con
el precedente contenido en la sentencia SU-230 de 2015, según el cual, a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se le debe respetar la
edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior, mientras que el IBL deberá
ser calculado conforme con el inciso 3 del artículo 36 de la referida ley10.

1.6. El Ministerio Público

9 Folios 358 a 360.
10 Folio 356.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

La procuradora delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto11, en el que
solicitó que se modificara la sentencia objeto de apelación, en el sentido de que, si
bien se deben incluir los salarios devengados por el demandante en dólares,
también se debe incluir la prima de navidad como factor salarial en lugar de los
gastos de representación. Asimismo, considera que se debe declarar la
improcedencia de los dos argumentos expuestos en el recurso de alzada. Lo
anterior con sustento en lo siguiente:

• En el recurso de apelación la entidad demandada expuso que Jesús Alfredo Rey
Córdoba trabajó al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores por un lapso
mayor a 2 años y no pertenecía a la carrera administrativa, argumento que « no se
relaciona con el litigio», por cuanto el demandante acreditó el cumplimiento de los
requisitos de edad y tiempo de servicios para efectos del reconocimiento pensional.

• En relación con la imposibilidad de indexar el reconocimiento declarado bajo el
argumento de que la entidad de previsión debe someterse a las disposiciones del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pone de presente que dicha disposición regula
la mora por el pago tardío de las mesadas pensionales, pero no por una
reliquidación pensional. En ese sentido, precisa que el objeto de la indexación es
precaver la pérdida del poder adquisitivo de un derecho.

• De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, se advierte en el
acto acusado que fueron tenidos en cuenta como factores para liquidar la prestación
la asignación básica y gastos de representación; sin embargo, de acuerdo con las
certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el
periodo comprendido entre 1992 y 1994 [anteriores al retiro definitivo del servicio],
devengó asignación básica y prima de navidad. Por lo anterior, en la decisión que
resuelva el recurso de apelación se deberá sustituir el factor salarial de los gastos
de representación por la prima de navidad.

De acuerdo con lo expuesto, en aras de proteger el principio de legalidad y los
recursos públicos, solicita a la sala proferir fallo ultrapetita.

1.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

El director de defensa jurídica nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado intervino con el fin de solicitar que «una vez se verifique en el expediente
que el demandante es beneficiario del régimen de transición, que se pensionó con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen pensional previsto en la Ley 33
de 1985, y los factores salariales sobre los cuales realizó el respectivo aporte o cotización,
es mandatorio aplicar la regla y las subreglas jurisprudenciales establecidas por el Consejo
de Estado en la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018, en el sentido de no
acceder a la reliquidación de la mesada pensional con el promedio de lo devengado en el

11 Folios 361 a 367.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

último año de servicio y tampoco incluir factores salariales sobre los cuales no realizó el
respectivo aporte»12.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

Se circunscribe a resolver si ¿Jesús Alfredo Rey Córdoba tiene derecho a la
reliquidación de su pensión con base en el salario que efectivamente devengó en
dólares?

2.2. Base de cotización y de liquidación para efectos pensionales de los
empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores

El presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas en los literales b), c) y e) del artículo 43 de la Ley 11 de 1991, expidió el
Decreto 10 de 199213, por medio del cual reguló el servicio exterior de la República
y la carrera diplomática y consular, y en su artículo 79 derogó las disposiciones que
hasta ese momento orientaban la materia.

El artículo 57 del referido decreto, estableció la forma en la que debían ser
liquidadas y pagadas las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior,
a excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en
las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de
Relaciones Exteriores.»

Ahora bien, en 1999 el presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 489 de 199814, profirió el Decreto Ley 1181,
mediante el cual reemplazó el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de Carrera
Diplomática y Consular contenido en el mencionado Decreto 10. Sin embargo, dicha
norma fue declarada inexequible en sentencia C-920 de 199915.

Con ocasión de la pérdida de vigencia de la anterior norma, el gobierno nacional
profirió el Decreto 274 de 2000, disposición que contiene las normas que
actualmente regulan el servicio exterior de la república de Colombia y la carrera
diplomática y consular, el cual, en su artículo 66, reprodujo el contenido del artículo
57 del Decreto 10 de 1992:

12 Índice 37, aplicativo Samai.
13 Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular.
14 Artículo 120, numeral 5, de la Ley 489 de 1998.
15 La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Ley 1181 de 1999, toda vez que, mediante

providencia C-702 del mismo año, declaró inexequible la norma que autorizó al presidente de la
República para regular esa materia.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

«ARTÍCULO 66. Liquidación de Prestaciones Sociales. Las prestaciones sociales
de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán
y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales
legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta
interna.»

Sin embargo, la Corte Constitucional16 al hacer un estudio de constitucionalidad del
Decreto 274 de 2000, declaró inexequibles, entre otros, los artículos 65 y 66 del
citado decreto, por cuanto concluyó que el gobierno nacional había excedido las
facultades otorgadas por el Congreso de la República al regular el régimen salarial
y prestacional de quienes laboraban en el servicio exterior.

Adicionalmente, el legislador profirió la Ley 797 de 2003, por medio de la cual « se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales», que en el parágrafo 1° del artículo 7, reprodujo el
contenido de las disposiciones antes transcritas:

«PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los
funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los
factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes
de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores
también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en
la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.»

Empero, la Corte Constitucional en sentencia C-173 de 2004 declaró inexequibles
los apartes tachados, al considerar:

«Esta Corte ya ha estudiado el asunto planteado en esta oportunidad en diferentes
ocasiones [1]. Así, en diversos procesos de tutela, antiguos funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores consideraron vulnerados sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la subsistencia digna y al
mínimo vital, por cuanto el mencionado ministerio había liquidado los aportes al
sistema de pensiones sobre un ingreso base de cotización que no corresponde al
que realmente devengaron cuando se desempeñaron como funcionarios públicos en
el servicio exterior. Tal es el resultado del establecimiento de equivalencias entre los
cargos de planta interna y los de planta externa, y específicamente al punto de las
equivalencias salariales.

[…]

De acuerdo con lo dicho anteriormente, es claro que la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido precisa al señalar que las cotizaciones para pensión deben
hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo
realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o
supuestamente equivalente resulta discriminatorio. Si se acogiera un criterio distinto
al determinado jurisprudencialmente el resultado sería que aquellos trabajadores que
han devengado un mayor salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad

16 En sentencia C-292 de 2001.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

pertenecen a labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que
generalmente cumplen distintas funciones a consecuencia también de su nivel de
preparación, quienes además ostentan otras responsabilidades concordantes con su
cargo. Es decir, lo recibido no correspondería al empleo, ni a las funciones, ni a las
cargas propias del trabajo desempeñado. Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado
que las normas que respaldan este tipo de prácticas frente a cierto grupo de
trabajadores son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias
a los principios de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al
mínimo vital y a la seguridad social, derechos que tienen un fundamento
constitucional expreso (C.P. arts. 48, y 53).

[…]

De otro lado, es imperativo tener en cuenta que la Ley 100 de 1993 ordena tener en
cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la liquidación de las
prestaciones sociales (arts. 17 y 18). Tal criterio recoge principios constitucionales
tales como la proporcionalidad entre el trabajo desempeñado y la remuneración al
mismo. En este sentido, la citada Sentencia T-1016 de 2000 anotó que, conforme
con la Constitución, el legislador está plenamente habilitado para establecer los
porcentajes sobre los cuales ha de pagarse la pensión y el monto de la misma, pero
no para “excluir el salario del trabajador como elemento calificador del monto
pensional”.» [Resalta la Sala]

Adicionalmente, en sentencia C-535 de 2005 el tribunal constitucional, después de
concluir que, pese a la derogatoria expresa del Decreto 10 de 199217, el artículo 57
de dicha normatividad seguía surtiendo efectos jurídicos, lo declaró inexequible. En
dicha providencia concluyó:

«No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas
constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación
y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio
exterior con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta
interna y no con base en el salario realmente devengado, son los mismos. Esto es
así en tanto en uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados
injustificados que contrarían el mandato de igualdad en la formulación del
derecho y que, frente a casos concretos, resultan lesivos de derechos
fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital. Entonces,
tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea jurisprudencial
desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y por lo mismo
se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada.» [Resalta la Sala]

De otra parte, frente a los efectos en el tiempo de las decisiones que dejaron sin
efectos jurídicos aquellas normas que disponían que la liquidación y pago de las
prestaciones de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores que
prestaban sus servicios en el exterior se hiciera con base en las asignaciones de un
cargo equivalente de la planta interna, es importante precisar que en sentencia T-
098 de 2006, la Corte Constitucional le otorgó efectos inter comunis.

17 Fue derogado por los artículos 95 del Decreto 1181 de 1999 y 96 del Decreto 274 de 2000.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

En la providencia referida en el párrafo anterior, el tribunal constitucional, le amparó
los derechos fundamentales a un ex servidor, a quien le había sido negada la
reliquidación pensional, con el argumento de que la decisión contenida en las
sentencias C-292 de 2001 y C-173 de 2004, tienen efectos hacia futuro, por lo que
en el numeral tercero de la parte resolutiva señaló de manera expresa:

«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial consolidada,
en el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión de quienes
hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse tomando
como base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior, se
PREVIENE al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos vinculantes,
para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos semejantes.»
[Resalta la Sala]

Así las cosas, de acuerdo con el marco normativo y la línea jurisprudencial
expuesta, se advierte que tanto el ingreso base de cotización como el ingreso base
de liquidación para efectos del reconocimiento pensional de los funcionarios que
prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se tendrá como base el salario efectivamente devengado.

2.3. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201818, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33
de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma.»

En efecto, a juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de
todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para
sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:

18 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)»

Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho
conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)»
La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)»

De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o
el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio19 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.4. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Jesús Alfredo Rey Córdoba nació el 13 de abril de 1943, según consta en la copia
del registro civil de nacimiento20.

El demandante acreditó como tiempo de servicios: i) entre el 8 de agosto de 1965 y
el 30 de enero de 1970 en la Rama Judicial; ii) entre el 18 de septiembre de 1970 y
el 7 de junio de 1973 en el municipio de Cali; iii) entre el 23 de junio de 1973 y el 22
de octubre de 1974 y entre el 25 de octubre de 1974 y el 2 de noviembre de 1982
en el Ministerio de Comunicaciones; iv) entre el 5 de agosto de 1983 y el 2 de

19 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
20 Folio 30 del cuaderno 2.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

diciembre de 1985 en el Congreso de la República; y v) entre el 6 de abril de 1992
y el 17 de octubre de 1994 en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el certificado expedido por el coordinador de nómina y prestaciones
del Ministerio de Relaciones Exteriores, el demandante prestó sus servicios como
ministro plenipotenciario entre el 6 de abril de 1992 y el 17 de octubre de 199421.
Igualmente, que «de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Decreto Ley
10 de 1992, los aportes del señor REY CORDOBA, para el Sistema General de
Pensiones, durante el tiempo que prestó sus servicios en la planta externa, se realizaron
tomando como ingreso base de cotización, el sueldo del cargo equivalente en planta
interna».

Según consta en el certificado referido en el párrafo anterior, el Ministerio de
Relaciones Exteriores le liquidó y pagó mensualmente al demandante los siguientes
conceptos: i) en abril de 1992: una asignación de $ 2.637,84 dólares y una prima de
costo de vida de $ 1.477,23 dólares; ii) entre mayo y diciembre de 1992: una
asignación de $ 3.165,41 dólares y una prima de costo de vida de $ 1.772,68
dólares; iii) entre enero y diciembre de 1993: una asignación de $ 3.165,41 dólares
y una prima de costo de vida de $ 1.772,68 dólares; iv) entre enero y septiembre de
1994: una asignación de $ 5.028,09 dólares y una prima de costo de vida de $
2.815,81 dólares; y v) en octubre de 1994: una asignación de $ 2.849,25 dólares y
una prima de costo de vida de $ 1.595,63 dólares.

Asimismo, por concepto de prima de navidad recibió: i) en 1992: $ 2.110,27 dólares,
ii) en 1993: $ 3.165,41 dólares y iii) en 1994: $ 3.771,07 dólares.

Mediante Resolución 28159 del 17 de diciembre de 2001, Cajanal reconoció a Jesús
Alfredo Rey Córdoba pensión de vejez, de conformidad con la Ley 33 de 1985, a
partir del 13 de abril de 1998, fecha en la que adquirió el estatus de pensionado,
con la inclusión en el ingreso base de liquidación de la asignación básica y la
bonificación por servicios prestados. Contra esa decisión el causante presentó
recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron desatados a través
de las resoluciones 2840 del 6 de marzo de 2002 y 5686 del 23 de septiembre de
2003, que confirmaron el acto impugnado22.

El 22 de diciembre de 2005 el demandante solicitó23 a Cajanal la reliquidación de su
pensión de jubilación, con base en lo devengado durante el último año de servicios,
la cual fue negada a través de la Resolución 56993 del 30 de octubre de 2006.

El 21 de marzo de 2007, el actor solicitó nuevamente la reliquidación de su pensión,
la cual fue resuelta de manera negativa a través de la Resolución 44608 del 25 de
septiembre de 2007. Contra esta decisión el demandante presentó recurso de

21 Folios 26 y 27.
22 Folios 58 a 69.
23 Folios 95 a 98.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

reposición y en subsidio apelación, los cuales no fueron resueltos, por lo que se
configuró el silencio administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
del CCA.

2.5. Base de cotización y de liquidación aplicable al caso concreto

2.5.1. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que Jesús Alfredo Rey
Córdoba prestó sus servicios como ministro plenipotenciario entre el 6 de abril de
1992 y el 17 de octubre de 1994 [fecha en la que se retiró definitivamente del
servicio]. Asimismo, que la entidad demandada, mediante Resolución 28159 del 17
de diciembre de 2001 le reconoció pensión de jubilación en cuantía de
$1.275.233,30; decisión que fue confirmada mediante los actos con los que la
entidad resolvió los recursos de reposición y apelación.

En cuanto al ingreso base de liquidación, de acuerdo con los actos objeto de
reproche, la entidad de previsión tuvo en cuenta el 75% del promedio del salario
sobre el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores efectuó los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones entre el 1° de abril24 y el 17 de octubre de 1994,
esto es, con base en el sueldo en pesos, equivalente en planta interna cargo ministro
plenipotenciario código 2006-16.

Ahora bien, de acuerdo con el certificado expedido por el coordinador de nómina y
prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante el tiempo que prestó
sus servicios en la planta externa de esa cartera ministerial el demandante percibió
su asignación básica mensual en dólares, sin embargo, «de conformidad con lo
establecido en el artículo 57 del Decreto Ley 10 de 1992, los aportes del señor REY
CORDOBA, para el Sistema General de Pensiones, durante el tiempo que prestó sus
servicios en la planta externa, se realizaron tomando como ingreso base de cotización,
el sueldo del cargo equivalente en la planta interna».

De acuerdo con lo expuesto, Cajanal reconoció a Jesús Alfredo Rey Córdoba una
pensión de jubilación, la cual fue liquidada sobre el 75% del promedio de lo cotizado
entre el abril y octubre de 1994. En ese sentido, se advierte que el ingreso base de
cotización, durante el periodo que el demandante estuvo vinculado en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, se determinó con base en un cargo de la planta interna.

En esa línea se evidencia que el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación del accionante no se calculó sobre la asignación básica que efectivamente
recibió en dólares, por lo que, como lo concluyó el tribunal de primera instancia, la
forma en la que fue liquidada la prestación conlleva un detrimento de los intereses
del pensionado, toda vez que, esta fue reconocida y liquidada con base en una
asignación mensual inferior a la que recibió cuando prestó sus servicios en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que resulta lesivo de los derechos
fundamentales de seguridad social y mínimo vital.

24 Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó a la UGPP reliquidar la pensión de Jesús
Alfredo Rey Córdoba con el 75% del promedio de los salarios devengados
efectivamente en dólares por este, durante el periodo comprendido entre el 17 de
octubre de 1993 y el 17 de octubre de 1994, cuyo monto se deberá convertir al
equivalente en pesos colombianos.

Dentro de los argumentos contenidos en el escrito de apelación, la UGPP expuso
que no era procedente incluir en el ingreso base de liquidación los conceptos
reclamados por el demandante, puesto que estos son factores prestacionales y no
salariales, presupuestos bajo los cuales se debió reconocer la pensión como en su
momento lo hizo la entidad demandada. Lo anterior, en consideración a que solo
pueden ser tenidos en cuenta para efectos de la liquidación los factores
taxativamente relacionados en el Decreto 1158 de 1994.

Frente a lo anterior, se advierte que durante el periodo que el a quo ordenó tener en
cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, el Ministerio de Relaciones
Exteriores le liquidó y pagó mensualmente al demandante por conceptos laborales:
una asignación básica y una prima de costo de vida. Sin embargo, encuentra la sala
que en la decisión de primera instancia no se ordenó incluir, de manera expresa,
alguno de los mencionados factores, por lo que, la expresión «salarios devengados
efectivamente en dólares» contenida en el numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia objeto de recurso de apelación, deberá ser entendida de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, que taxativamente
establece los factores que conforman el salario mensual base para efectos de
calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores
públicos.

En consonancia con lo expuesto, de acuerdo con las reglas de unificación
establecidas por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 28 de agosto
de 2018, para efectos de la liquidación de la prestación solo podrá tenerse en cuenta
lo percibido por el demandante por concepto de asignación básica, la cual recibió
en dólares; por lo que, se modificará en ese sentido el ordinal 4° de la sentencia
objeto de apelación. En este punto, es importante precisar que no se ordenará la
inclusión de la bonificación por servicios, tenida en cuenta por la entidad de
previsión para efectos de determinar el IBL, por cuanto el demandante no recibió
ese factor como contraprestación por sus servicios.

Ahora bien, frente a la afirmación de la entidad apelante, según la cual, no es
procedente acceder a las súplicas de la demanda, por cuanto los factores
pretendidos son prestacionales y no salariales, es importante recordar que, aunque
el régimen de la carrera diplomática y consular ha distinguido entre ingreso base de
cotización y liquidación de la pensión de jubilación y el ingreso base de cotización

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

de las prestaciones sociales, lo cierto es que, como lo señaló la Corte Constitucional
en la sentencia25 por medio de la cual declaró la inexequibilidad del artículo 57 del
Decreto 10 de 1992, el trato diferenciado en cualquiera de los dos casos vulnera los
derechos fundamentales de igualdad, seguridad social y mínimo vital; en esa línea
el mencionado tribunal señaló:

«No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas
constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación
y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio
exterior con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta
interna y no con base en el salario realmente devengado, son los mismos. Esto es
así en tanto en uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados
que contrarían el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a
casos concretos, resultan lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad
social y mínimo vital. […]»

De otra parte, en el recurso de alzada la entidad sostuvo que no era procedente que
al demandante le fuera aplicada la disposición contenida en el artículo 1 del Decreto
714 de 1978, según el cual «[l]a liquidación y el pago de las prestaciones sociales a
que tengan derecho las personas extranjeras, con domicilio fuera de Colombia, que
laboran en la rama administrativa del servicio exterior colombiano, se efectuarán
tomando como base la remuneración que en dólares estadounidenses perciba el
respectivo funcionario.» Lo anterior, por cuanto no es destinatario de esa norma, en
la medida en que ostenta la nacionalidad colombiana y no demostró pertenecer a la
carrera diplomática y consular.

Al respecto, se advierte que, si bien es cierto, de acuerdo con el material probatorio
que obra en el expediente, la disposición transcrita no le es aplicable al demandante,
encuentra la sala que ni del reconocimiento pensional que en su momento hizo la
entidad de previsión ni de las pretensiones que enmarcan los extremos de la litis,
se desprende que se demande el reconocimiento o reliquidación de la prestación
con sustento en dicha norma.

La UGPP manifestó inconformidad frente a la orden contenida numeral 7 de la
resolutiva de la sentencia de primera instancia, al considerar que la obligación de
pagar intereses surge solo ante la mora en el pago de las mesadas pensionales y
no frente al reconocimiento pensional ni las sumas reliquidadas judicialmente. En
ese sentido se advierte que la referida resolutiva dispuso de manera expresa «7°.
Dése cumplimiento a lo establecido en el inciso 1° del artículo 177 del CCA.»

Frente al anterior reparo, encuentra la sala que con la orden transcrita no se impuso
el pago de intereses a la entidad destinataria de la condena, sino que con esta se
ordenó enviar copia de la sentencia a la autoridad competente con el fin de que
ejerciera las funciones del Ministerio Público frente a la entidad. En ese sentido, la
norma dispuso «Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas.

25 Sentencia C- 535 de 2005.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o
devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la
sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público
frente a la entidad condenada. […]»

La representante del Ministerio Público solicitó se modifique la sentencia apelada,
en el sentido de que, si bien se deben incluir los salarios devengados por el
demandante en dólares, también se debe incluir la prima de navidad como factor
salarial en lugar de los gastos de representación. En relación con esta solicitud, se
recuerda que, a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, a la
que se hizo alusión en líneas anteriores, esta Corporación se inclinó por la
taxatividad de los factores, los cuales se encuentran enlistados en el Decreto 1158
de 1994 que modificó el artículo 6 del Decreto 691 de 1994, estos son:

«Artículo 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:

"Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de
Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por
los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de
salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en
jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados»

En consecuencia, conforme con lo demostrado en el proceso, no es posible incluir
la prima de navidad, por cuanto no constituye factor salarial. Asimismo, en cuanto a
los gastos de representación, se evidencia que el demandante no devengó ese
factor y la entidad de previsión tampoco lo incluyó para efectos de la liquidación de
la prestación, por lo que no hay lugar a acoger esa solicitud.

2.4.2. Advierte la Sala que Jesús Alfredo Rey Córdoba es beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1° de
abril de 1994 tenía más de 40 años y contaba con más de 15 años de servicio. En
consecuencia, podía acceder al beneficio pensional de conformidad con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo establecidos en la Ley 33 de 1985,
y el ingreso base de liquidación conforme con el mencionado artículo 36.

Asimismo que el demandante adquirió el estatus de pensionado el 13 de abril de
1998, esto es, 4 años después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; por
lo que, de acuerdo con lo expuesto en el marco normativo de esta decisión, su

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

pensión debió ser liquidada conforme con la regla establecida por la Sala Plena de
esta Corporación en sentencia de unificación, según la cual: «[s]i faltare menos de
diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será
(i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base
en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE».

No obstante, los argumentos de inconformidad contenidos en el recurso de
apelación se centraron en: i) la improcedencia de incluir los conceptos reclamados
por el demandante, ii) la imposibilidad de aplicar lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 714 de 1978 y iii) la improcedencia de condenar a la entidad al pago de
intereses, conforme con el artículo 177 del CCA. En ese orden, se evidencia que la
discusión frente a la forma en la que se estableció el ingreso base de liquidación no
fue planteada en esta instancia, por lo que, esta sala carece de competencia para
efectuar pronunciamiento en relación con este aspecto, en tanto esta es
determinada por las alegaciones planteadas, en este caso, por el apelante único,
por lo que el estudio debe contraerse a aquellos aspectos de la litis que no quedaron
fijados en el pronunciamiento de primera instancia.

Adicionalmente, se encuentra que, de acuerdo con los planteamientos hechos tanto
en la demanda como en su contestación, el objeto de la litis se enmarcó en el salario
sobre el cual se debía liquidar la prestación social y no respecto del periodo sobre
el cual se debía efectuar dicha liquidación. De otra parte, se evidencia que este
aspecto no fue objeto de controversia, al verificar que, en el acto de reconocimiento,
de acuerdo con la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, Cajanal
estableció que la liquidación se efectuaría sobre el 75% del promedio de lo
devengado por el demandante entre el 1° de abril y el 17 de octubre de 1994, en
ese sentido la entidad dispuso:

«Que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el
salario promedio de 6 meses 17 días, conforme a lo establecido en el artículo 36 de
la Ley 100/93, y sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional,
entre el 01 de abril de 1994 y el 17 de octubre de 1994 […]»

En consonancia, se evidencia que ese aspecto no fue planteado dentro de los
extremos de la litis, por lo que esta Subsección carece de competencia para
pronunciarse frente a este.

De otra parte, se evidencia que en la decisión de primera instancia se modificó el
factor temporal del ingreso base de liquidación, esto es, pese a que en el acto objeto
de reproche se calculó con base en los últimos 6 meses de servicio, el a quo ordenó
que se hiciera sobre el último año; sin embargo, la Subsección tampoco se
pronunciará frente a este aspecto, en atención a que no fue objeto de apelación y
afectaría al apelante único.

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.26

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Jesús Alfredo Rey Córdoba,
tiene derecho a la reliquidación de su pensión con base en el salario que
efectivamente devengó en dólares, como resolvió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, pero solo con la inclusión en el
ingreso base de liquidación lo percibido por concepto de asignación básica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

26 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016,

C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

F A L L A:

Primero. Modificar el ordinal 4° de la sentencia proferida el 26 de septiembre de
2013 por la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Jesús
Alfredo Rey Córdoba, el cual quedará así:

«4°. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reliquidar la pensión
de jubilación del señor Jesús Alfredo Rey Córdoba, identificado con la cédula de
ciudadanía 6.093.555 de Cali, con el 75% del promedio de los salarios devengados
efectivamente en dólares por éste durante el período comprendido entre el 17 de
octubre de 1993 y el 17 de octubre de 1994, con la inclusión en el ingreso base de
liquidación de la asignación básica, cuyo monto se deberá convertir al equivalente
en pesos colombianos, teniendo en cuenta el valor del dólar vigente al momento en
que lo devengó el accionante, toda vez que la pensión de jubilación que se ordena
reliquidar deberá pagarse en moneda nacional. La entidad podrá realizar los
descuentos respectivos que por aportes haya lugar y se reliquidará la pensión de
acuerdo con la ley.»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se

Radicado: 25000-23-25-000-2008-00230-01 (3646-2014)
Demandante: Jesús Alfredo Rey Córdoba

garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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