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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2009-00456-01

Revocatoria directa: de los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica de carácter particular

Fecha
24 de enero de 2019
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2009-00456-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 30 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión que denegó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Hernando Ardila Trillos en contra del Instituto de Seguros Sociales. En su lugar, Declarar la nulidad de la Resolución 3324 de 28 de noviembre de 2006, por medio de la cual la entidad demandada resolvió negativamente la solicitud de reanudación de pago de la mesada pensional reconocida al señor Hernando Ardila Trillos y de la Resolución 1245 de 5 de mayo de 2007, que despachó desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a) reanudar el pago de la pensión por sustitución reconocida al señor Hernando Ardila Trillos a través de la Resolución 1301 de 23 de noviembre de 2001 y b) pagarle retroactivamente las mesadas pensionales que haya dejado de reconocerle, evitando que se presente en modo alguno un reconocimiento doble de la prestación en caso de que esta se le haya seguido pagando en virtud del amparo de tutela que le fue concedido al actor mediante el fallo de 9 de agosto de 2007, proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Las sumas resultantes a favor del demandante, se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión. Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2009-00456-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

24 de enero de 2019

REVOCATORIA DIRECTA - De los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica de carácter particular / REVOCATORIA DIRECTA - De los actos administrativos que reconocen indebidamente pensiones / COSTAS PROCESALES - Buena fe y lealtad procesales

[L]a administración, debe someter sus actuaciones a procesos reglados y respetar sus propios actos, ello como garantía del debido proceso de los ciudadanos y como límite en el ejercicio del poder público. Por tanto, la regla general es que no puede revocar los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica particular a su arbitrio, debiendo velar por la protección del principio de la buena fe y de la seguridad jurídica, lo que logra, con la solicitud y obtención de la autorización del particular para revocar el acto administrativo que lo afecta. […] [E]n la medida en que los actos administrativos impliquen la creación, modificación o el reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada, la administración pública debe sujetarse a la manifestación de voluntad que ha plasmado en ellos, a no ser que de manera inequívoca el administrado a cuyo favor ha operado tal reconocimiento autorice la pérdida de vigencia del acto administrativo. En caso contrario, el Estado deberá cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control. […] [L]a administración pública puede disponer la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho cuando advierta una circunstancia de ostensible ilegalidad, esto es, cuando verifique que el incumplimiento de los requisitos o el uso de documentación falsa puede tipificar un delito. […] [D]ado que la administración no contaba con la aquiescencia del beneficiario de la prestación, si quería dejar sin efectos o suspender su reconocimiento para que el asunto fuese puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente, debió ser ella quien acudiera a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar su propio acto. […] [N]o habrá lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "A"

Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-25-000-2009-00456-01(1831-13)

Actor: HERNANDO ARDILA TRILLOS

Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO; DECRETO 01 DE 1984.

ASUNTO

La Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, el señor Hernando Ardila Trillos, por conducto de apoderado, demandó al entonces Instituto de Seguros Sociales, ISS.

Pretensiones

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

La Resolución 3324 del 28 de noviembre de 2006 suscrita por la gerente seccional de Cundinamarca del Instituto de Seguros Sociales, mediante la cual se denegó la solicitud de reactivación del pago de la mesada pensional por sustitución a favor del demandante.

La Resolución 1245 del 5 de mayo de 2007, que confirmó la anterior decisión.

A título de restablecimiento del derecho, formuló las siguientes solicitudes:

Se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar a su favor la sustitución pensional en calidad de cónyuge de la pensionada fallecida señora Hilda Ruíz Jiménez, prestación que deprecó indexada y con retroactividad a la fecha en que le fue suspendida, esto es, noviembre de 2001.

Que se declare que el Instituto de Seguros Sociales, ISS, se encuentra obligado a pagar los reajustes y demás beneficios legales consagrados a favor de los pensionados.

Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.

Fundamentos fácticos

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

La señora Hilda Ruíz Jiménez falleció el 7 de julio de 2000, fecha para la cual disfrutaba de la pensión de jubilación con cargo al Instituto de Seguros Sociales, ISS.

Mediante Resolución 01301 del 23 de noviembre de 2001, la entidad demandada sustituyó la pensión de jubilación a favor del demandante, en calidad de cónyuge sobreviviente.

Los señores Juan Carlos Muñoz Ruíz y Jorge Fernando Ardila Ruíz, hijos de la causante, le exigieron participación en la mesada pensional y, ante su negativa, decidieron presentarle a la entidad demandada declaraciones extrajuicio en las que manifestaron que el señor Hernando Ardila Trillos no ostentaba la calidad de beneficiario de la señora Hilda Ruíz Jiménez.

A raíz de dicha situación, la Fiscalía Seccional 298 dispuso la suspensión del pago de las mesadas pensionales e inició en su contra investigación por los delitos de fraude procesal y falso testimonio, sin embargo esta se declaró precluida por haber operado el fenómeno de la prescripción.

Por medio de las Resoluciones 3324 del 28 de noviembre de 2006 y 1245 del 5 de mayo de 2007, la entidad demandada resolvió negativamente la solicitud que elevó el actor para que le fuera restablecido el pago de las mesadas pensionales, arguyendo con tal fin que las circunstancias que condujeron a que se suspendiera su pago no habían variado, por lo que este no se reanudaría hasta que se profiriese una decisión por autoridad judicial competente que reconociera el derecho del demandante.

El señor Hernando Ardila Trillos convivió con su esposa a lo largo de toda su vida matrimonial.

Al considerar que los actos acusados constituían una vía de hecho, el demandante interpuso una acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, ISS, la cual fue fallada a su favor en segunda instancia mediante la concesión transitoria del amparo rogado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En la demanda se invocaron como normas violadas las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 en sus artículos 1 y 2; el artículo 47 del Decreto 777 de 1978 y el 1 de la Ley 44 de 1997. De igual forma, se consideró vulnerado el artículo 1 del Decreto 960 de 1964, el 54 del Decreto 1045 de 1978, el 47 de la Ley 100 de 1993 y el 6 del Decreto 1160 de 1989.

Como concepto de violación, sostuvo que dichas normas consagran la sustitución pensional como «[…] el beneficio de la extensión del derecho pensional en forma vitalicia al cónyuge supérstite o a la compañera permanente del empleado público y a los hijos del causante, con las excepciones que llevan a la pérdida de la prestación social […]».

En armonía con ello, señaló que la entidad demandada se amparó en la interpretación errada de estas disposiciones para negar la prestación pensional. Indicó que la denuncia penal no tenía como propósito establecer si el demandante había convivido con la señora Hilda Ruíz Jiménez, de manera que lo ocurrido en dicho trámite no podía aducirse como argumento para denegar el derecho pretendido.

Seguidamente, arguyó que el propósito de la sustitución pensional es la protección de la familia pero el acceso a tal derecho se encuentra sometido al cumplimiento de los requisitos legales, los cuales acreditó satisfacer el actor, por lo que no podía la entidad demandada desconocer que la pérdida de aquella prestación únicamente se encuentra justificada cuando por culpa del cónyuge sobreviviente, este no viviere unido al otro al momento de su fallecimiento, cuando contraiga nuevas nupcias o haga vida marital, o cuando con anterioridad al deceso se hubiere disuelto la sociedad conyugal.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El Instituto de Seguros Sociales, ISS, asumió una actitud contumaz con la que se abstuvo de contestar la demanda y de adelantar cualquier otro acto procesal en el presente trámite judicial.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Demandante

Luego de realizar un recuento de las actuaciones procesales surtidas, la parte actora reiteró la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos demandados y sostuvo que la negativa de la entidad demandada a dar alcance a los oficios debía tenerse como un indicio grave en su contra.

Demandado

No hizo uso de esta oportunidad procesal.

MINISTERIO PÚBLICO

El organismo de control se abstuvo de emitir concepto en esta instancia.

SENTENCIA APELADA

Mediante sentencia del 30 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el a quo destacó lo confuso e impreciso del concepto de violación de la demanda, cuyo contenido lleva a pensar que se formuló con base en hechos distintos a los que son objeto de controversia en esta litis. Sin embargo, expuso que, a pesar de tal yerro, procedería a resolver de fondo el asunto en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia.

Con tal fin, sostuvo que el proceso tenía una falencia probatoria toda vez que no se aportó el acto administrativo mediante el cual se suspendió la prestación al demandante ni el cuaderno administrativo pensional de la causante, no obstante haberse decretado la prueba para que el Instituto de Seguros Sociales, ISS, allegara dichos documentos. Precisó que la omisión de la entidad demandada, consistente en no dar respuesta a los sendos oficios remitidos, no puede tenerse como un indicio grave en su contra puesto que cuando se controvierte el derecho a la sustitución pensional, la parte demandante tiene la carga probatoria para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo cuya nulidad pretende.

Seguidamente, indicó que resolvería el fondo del asunto con la escasa información obrante en el expediente dado que un auto de mejor proveer no permitiría el acceso a las pruebas faltantes pues los requerimientos ya efectuados demostraron ser infructuosos y la parte actora tampoco prestó su colaboración en aras de recaudarlas.

Establecido lo anterior, adujo que la suspensión del reconocimiento y pago de las mesadas pensionales a favor del demandante se encuentra justificada en las declaraciones que bajo la gravedad de juramento realizaron los hijos de la señora Hilda Ruíz Jiménez, quienes afirmaron que en sus últimos dieciséis años de vida, esta no hizo vida marital con nadie. Así mismo, afirmó que el fundamento jurídico de aquella decisión estaba dado por el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, que consagraba la suspensión de las prestaciones como herramienta legítima para salvaguardar los intereses de la administración, en aquellos eventos en que se presentaban conflictos entre quienes decían ser beneficiarios, precisando que si bien este no era el caso, sí había controversia en cuanto a la acreditación de los requisitos para obtener la pensión y que esta debía dirimirse a través de una decisión judicial.

En tal virtud, estimó que la suspensión del pago de las mesadas al señor Hernando Ardila Trillos se ajustaba a los principios de transparencia y legalidad, sin que hiciera falta que la administración iniciara una acción de lesividad, como lo consideró el juez de tutela que le concedió el amparo transitorio, ya que lo que se buscaba no era quitarle de plano el derecho pensional como sí darle la posibilidad de que, ante la jurisdicción, acreditara su calidad de beneficiario. En tal sentido, recordó que este procedimiento es adoptado normalmente por las entidades encargadas de reconocer derechos pensionales y que no vulnera el debido proceso.

De otro lado, consideró que la actuación surtida en materia penal no podía determinar si el demandante tenía o no derecho a la pensión e insistió en que dicha competencia radicaba en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

A continuación, sostuvo que el señor Hernando Ardila Trillos omitió demandar la legalidad del acto que suspendió el pago de su mesada pensional y atacó únicamente aquellos que negaron su solicitud de reanudación sin ofrecer argumentos válidos para tal efecto como tampoco acreditó el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación. Sobre el particular, expuso que no se probó el vínculo matrimonial con la causante ni se desvirtuaron las manifestaciones de sus hijos que negaban la existencia de vida marital. Por el contrario, en criterio del juzgador, los testimonios practicados en el plenario no ofrecieron elementos sólidos para acreditar la convivencia efectiva del actor con la causante antes de su fallecimiento.

Con base en ello, el a quo aseveró que los actos acusados no adolecen de nulidad y, por ende, denegó la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

El apoderado del demandante presentó oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el que sustentó en los siguientes argumentos.

Señaló que el a quo incurrió en una violación a la ley sustancial por aplicar e interpretar indebidamente lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Al respecto, sostuvo que la sentencia impugnada dio por sentado que los hijos de la causante eran beneficiarios de la sustitución pensional, circunstancia que al no ser cierta determina que la disposición en comento, cuyo presupuesto es la controversia entre beneficiarios, no tenga cabida en el presente caso.

Precisó que al aplicarse dicha norma, se desconoció que el demandante estuvo casado y que el vínculo matrimonial no fue disuelto, circunstancia que quedó suficientemente acreditada con los testimonios rendidos tanto en el trámite pensional ante el Instituto de Seguros Sociales, ISS, como en este proceso judicial. Adujo que no se desvirtuó en modo alguno la información que sirvió de fundamento para que la entidad demandada le hubiera reconocido la pensión de sobrevivientes al actor en primer lugar. Con base en ello, aseguró que se violaron principios de valoración de la prueba al dársele mayor peso a los indicios no demostrados ni alegados por la entidad demandada, que a las pruebas documentales y testimoniales que obran en el expediente.

De otro lado, denunció el recurrente la configuración de una vía de hecho por considerar que se tomó una decisión extra petita al haber indicado la sentencia que lo resuelto por la Fiscalía no afecta las decisiones administrativas de la entidad demandada. Manifestó que este aspecto nunca fue expuesto o excepcionado por el Instituto de Seguros Sociales - ISS y, por ende, no le era dable al a quo hacer concesiones no solicitadas ni probadas en el proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Demandante

En sus alegatos de conclusión, la parte actora hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas, de los hechos objeto del litigio y del concepto de violación, además reiteró los argumentos esbozados en la sustentación del recurso de alzada.

Demandada

La entidad demandada no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia.

MINISTERIO PÚBLICO

Se abstuvo de rendir concepto.

VINCULACIÓN DE LA UGPP

Mediante auto del 1.º de marzo de 2018 y en virtud del interés que le asiste dentro del presente proceso, este despacho resolvió vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, concediéndole la oportunidad procesal para presentar escrito de intervención y solicitar pruebas dentro de un término de 10 días, vencido el cual no hubo pronunciamiento alguno de su parte.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

¿El Instituto de Seguros Sociales estaba facultado para, motu proprio, ordenar la suspensión del pago de la pensión por sustitución reconocida al señor Hernando Ardila Trillos por medio de la Resolución 1301 del 23 de noviembre de 2001?

En caso afirmativo,

¿El señor Hernando Ardila Trillos reúne los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, tiene derecho a que se le restablezca el reconocimiento y pago de dicha prestación?

Primer problema jurídico.

¿El Instituto de Seguros Sociales estaba facultado para, motu proprio, ordenar la suspensión del pago de la pensión por sustitución reconocida al señor Hernando Ardila Trillos por medio de la Resolución 1301 del 23 de noviembre de 2001?

Revocatoria de los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica de carácter particular

Los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración dirigida a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas generales de carácter abstracto e impersonal y de carácter particular y concreto respecto de una o varias personas determinadas o determinables.

Se ha dicho por parte de la jurisprudencia que la administración, debe someter sus actuaciones a procesos reglados y respetar sus propios actos, ello como garantía del debido proceso de los ciudadanos y como límite en el ejercicio del poder público. Por tanto, la regla general es que no puede revocar los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica particular a su arbitrio, debiendo velar por la protección del principio de la buena fe y de la seguridad jurídica, lo que logra, con la solicitud y obtención de la autorización del particular para revocar el acto administrativo que lo afecta.

A través de la figura de la revocación directa de actos administrativos, el Código Contencioso Administrativo incorpora algunas excepciones a la regla general del principio de respeto al acto propio, las cuales están contenidas en el artículo 93 que al tenor literal prevé:

«[…] ARTICULO 69. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.
[…]».

No obstante lo anterior, tratándose de actos administrativos de contenido particular y concreto, la misma codificación prevé en su artículo 73 la siguiente regulación a efectos de que sea factible la aplicación de la figura en comento:

«[…] ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr001.html" \l "69" 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión […]». (Subraya la Sala).

De la anterior norma, resulta claro que la revocación de los actos administrativos de carácter particular y concreto está prohibida cuando se echa de menos el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho o de la situación jurídica que emana de aquel.

Respecto de la figura de la revocatoria directa, en reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido:

«[…] Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que: “hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría” salvo que de manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho.

Advierte la Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el respectivo acto administrativo. […]»

Conforme a la normativa y jurisprudencia en cita, se concluye que, en la medida en que los actos administrativos impliquen la creación, modificación o el reconocimiento de derechos de naturaleza individual y determinada, la administración pública debe sujetarse a la manifestación de voluntad que ha plasmado en ellos, a no ser que de manera inequívoca el administrado a cuyo favor ha operado tal reconocimiento autorice la pérdida de vigencia del acto administrativo. En caso contrario, el Estado deberá cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control.

De la revocatoria directa de los actos administrativos que reconocen indebidamente pensiones, conforme a la Ley 797 de 2003

En desarrollo de los principios de objetividad, transparencia, moralidad, eficacia y economía que gobiernan la función administrativa, así como el de la protección especial que demanda el erario, el legislador consagró en la Ley 797 de 2003 una modalidad especial de revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular y concreto a través de los cuales se dispone el reconocimiento de una prestación económica.

Tal y como se expuso en precedencia, en los actos administrativos de carácter particular y concreto se exige para la procedencia de la figura de revocación, que el titular del acto administrativo manifieste previamente su consentimiento de manera expresa y por escrito. Sin embargo, el artículo 19 de la mencionada ley faculta a los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social a fin de que, en forma oficiosa, verifiquen (i) el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el reconocimiento de un derecho prestacional, entre ellos los de naturaleza pensional y (ii) la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para acreditar la totalidad de aquellos requisitos; de manera que en caso de encontrar alguna irregularidad revoquen el acto de reconocimiento aún sin la aquiescencia del titular de la prestación.

En este sentido, la citada normativa preceptuó:

«[…] ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE: Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes. […]» (Subrayas fuera del texto).

Esta disposición fue sometida a estudio de la Corte Constitucional, quien en sentencia C-835 de 2003 efectuó las siguientes consideraciones relevantes en relación con el tema objeto de estudio:

Se trata entonces de una actuación administrativa oficiosa que debe fundarse en motivos serios, objetivos y reales, que le hagan suponer a la administración que el derecho prestacional de que se trate ha sido reconocido sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el legislador para tal efecto, o mediante la utilización de documentos apócrifos que induzcan en error a quien quiera que tuviere a cargo el reconocimiento o pago de determinada prestación.

Al no ser una actuación sujeta al capricho de la administración y tener que fundarse en hechos que hagan razonable y necesaria la verificación, no toda irregularidad puede dar lugar a la aplicación de la figura, quedando excluidas de ella las falencias meramente formales que puedan ser saneadas a través de medidas institucionales como el requerimiento de información a terceros o al mismo titular de la prestación.

La decisión de revocatoria directa que se funde en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 debe ser fruto del agotamiento del debido proceso, razón por la cual es preciso adelantar el procedimiento administrativo que con tal fin establece el CCA o la norma especial, en caso de que la haya. Hasta tanto no se profiera la decisión en firme, la administración, a quien corresponde probar la irregularidad respectiva, ha de continuar pagando la prestación económica de que se trate.

La norma fue declarada exequible condicionalmente en el entendido de que, para que la administración pueda acudir a la revocatoria directa, las conductas desplegadas para acreditar el cumplimiento de los requisitos o el uso de documentación falsa para acceder a la prestación debe tipificarse como delito por la ley penal. Sobre el particular, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo:

«[…] [B]asta con la tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho, el peculado, etc. Como que se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad, respecto de la cual, “(...) la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias […]»

En este sentido, la revocatoria con la autorización previa, escrita y expresa del administrado se exige en todos los casos en que no se satisfagan los presupuestos del referido artículo 19. Según la sentencia estudiada, en aquellos eventos,

[…] [d]e no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del acto en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  Pues: “razones de seguridad jurídica y de respeto a los derechos adquiridos o de las situaciones jurídicas subjetivas que han quedado consolidadas en cabeza de una persona, como también la presunción de legalidad de las decisiones administrativas en firme, avalan el principio de la inmutabilidad o intangibilidad de los derechos subjetivos reconocidos por la administración a través de un acto administrativo”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-347 del 3 de agosto de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell) […]

Como consecuencia de lo anunciado, advirtió que la figura no tiene cabida cuando la controversia surge de problemas de interpretación del derecho pensional, verbigracia, «[…] el régimen jurídico aplicable, la aplicación de un régimen de transición o la aplicación de un régimen especial frente a uno general […]», eventos en los cuales deberá acudirse al beneplácito o autorización del ciudadano y, de no ser así, adelantarse ante los jueces competentes las acciones legales a que haya lugar, para obtener la nulidad de los actos que pretende revocar.

Así las cosas, la administración pública puede disponer la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho cuando advierta una circunstancia de ostensible ilegalidad, esto es, cuando verifique que el incumplimiento de los requisitos o el uso de documentación falsa puede tipificar un delito.

Posteriormente, la Corte Constitucional en pronunciamiento de unificación de 30 de abril de 2015 reiteró que, con la expedición de la Ley 797 de 2003, se autorizó la revocatoria directa de actos administrativos relacionados con el reconocimiento de pensiones, al atribuirle a la administración la facultad de verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios para consolidar este tipo de derechos, así como la legalidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos «[…] cuando existan motivos que permitan inferir que el reconocimiento de la prestación económica periódica fue indebido […]». De igual forma, señaló que para llevar a cabo tal procedimiento, se debe respetar el debido proceso administrativo ya que la administración no puede revocar directamente sin consentimiento del titular si no hay pruebas del fraude.

Caso concreto

En el expediente reposan las siguientes pruebas relevantes:

Resolución 1301 del 23 de noviembre 2001 proferida por el gerente seccional administrativo de Cundinamarca del Instituto de Seguros Sociales, a través de la cual se transmitió el derecho a disfrutar de la pensión de jubilación reconocida a la señora Hilda Jimenez Ruíz a favor del señor Hernando Ardila Trillos.

Resolución 3324 de 28 de noviembre de 2006 proferida por el gerente seccional de Cundinamarca del Instituto de Seguros Sociales que resolvió negar la solicitud de reactivación del pago de la mesada pensional que por sustitución le había sido reconocida al señor Hernando Ardila Trillos mediante Resolución 01301 del 23 de noviembre de 2001. En la parte considerativa de dicho acto administrativo puede leerse:

[…] Que dentro del expediente, existen indicios que nos llevan a concluir que entre la señora HILDA RUIZ JIMENEZ y HERNANDO ARDILA TRILLOS, no existió convivencia en los cinco años anteriores a su muerte, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

En la liquidación de sociedad conyugal, se dejó establecido el cuidado de uno de los hijos a cargo de la madre y el otro a cargo del padre, de lo cual se colige la no-convivencia de éstos.
Las manifestaciones bajo la gravedad de juramento de los señores JUAN CARLOS MUÑOZ RUIZ y JORGE FERNANDO ARDILA RUÍZ, acerca de que su señora madre HILDA RUIZ, en los 16 años anteriores a su muerte, no convivió ni hizo vida marital con hombre alguno, siendo estos testimonios validos (sic) en el sentido que ellos eran hijos de la causante y por lo tanto tenían un vinculo (sic) mas (sic) estrecho con ella que los testigos aportados por el señor ARDILA TRILLOS.
El hecho que el señor ARDILA TRILLOS se haya presentado a reclamar la sustitución pensional un año después de fallecida la señora HILDA RUIZ.
La existencia de un hijo extra - matrimonial, por parte de la señora HILDA RUIZ JIMENEZ, de lo cual se concluye la separación de los esposos y por ende la no-convivencia según lo dicho por los mismos hijos del señor ARDILA TRILLOS.
De acuerdo al Oficio 062 - 16892 emanado del Jefe Departamento Comercial de la Seccional Cundinamarca, se pudo constatar que el señor HERNANDO ARDILA nunca fue Beneficiario de Salud de la señora HILDA RUIZ (FOLIO 133)
El señor HERNANDO ADRILA TRILLOS, nunca cuestionó de falsas las aseveraciones realizadas por los señores JUAN CARLOS MUÑOZ RUIZ y JORGE FERNANDO ARDILA RUIZ, ante Notario y que hacen referencia a que su señora madre HILDA RUIZ, nunca hizo vida marital con él dentro de los cinco años anteriores a su muerte.

Que a la fecha no han variado las circunstancias que conllevaron a que se suspendiera el pago de las mesadas de la pensión de jubilación que se le sustituyera al señor HERNANDO ARDILA TRILLOS.

Que analizados los documentos obrantes en el expediente, se ha suscitado controversia, entre el peticionario y sus hijos, aduciendo aquél que convivió con la jubilada, mientras estos argumentan que ésta durante los dieciséis años anteriores a su muerte, nunca hizo vida marital con nadie, por lo tanto, le corresponderá al señor HERNANDO ARDILA TRILLOS, acudir ante la justicia ordinaria y/o contenciosa a fin de que por la vía judicial se determine si reúne o no los requisitos para que se le sustituya la pensión de jubilación de la señora HILDA RUIZ JIMENEZ […]

Resolución 1245 del 5 de mayo de 2007, por medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales resolvió el recurso de reposición interpuesto por el hoy demandante en contra del anterior acto administrativo, confirmándolo en su totalidad.

Fallo de tutela proferido en segunda instancia el 9 de agosto de 2007 por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Penal, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por el señor Hernando Ardila Trillos con el fin de obtener el restablecimiento en el pago de su mesada pensional. Esta decisión revocó la de primera instancia y en su lugar concedió transitoriamente el amparo pretendido «[…] hasta el momento en que quede en firme la sentencia que ponga fin a las acciones judiciales que deberá promover el actor en contra de los actos administrativos que negaron su solicitud de reactivación del pago de la mesada pensional, sin perjuicio del adelantamiento de las aludidas acciones en cabeza del demandado, -revocatoria directa de la resolución que reconoció la pensión de sobreviviente a favor del actor, o promover la acción de lesividad para atacar la legalidad de su propio acto-.[…]».

Comunicación 413-CN-2302 del 17 de octubre de 2007 en la que el coordinador de nómina del Instituto de Seguros Sociales informa «[…] [q]ue HILDA RUIZ JIMÉNEZ (q.e.p.d.), identificada con cédula de ciudadanía 41.302.468, laboró en el Instituto del 14 de julio de 1965 al 30 de junio de 1994, como funcionaria de la Seguridad Social. Que revisado el expediente de pensión, su último lugar de trabajo fue la CLÍNICA SAN PEDRO CLAVER […]».

Testimonio del señor Julio Enrique Ortiz, quien manifestó ser amigo del hoy demandante, rendido en audiencia pública el 17 de marzo de 2011, del que se destaca lo siguiente:

[…] PREGUNTADO: El señor HERNANDO ARDILA TRILLOS presentó una demanda solicitando se le decrete el derecho para que el Seguro Social le pague unas mesadas pensionales respecto a la pensión-sustitución de su señora esposa HILDA RUIZ, usted sabe algo al respecto? CONTESTO: “Si porque él me contó que los hijos del matrimonio de él con la señora HILDA RUÍZ, entonces que ellos eran los que tenían que cobrar la pensión, que entonces que él no tenía derecho, entonces yo le dije como así, si el derecho estando casado y viviendo con ella, tiene derecho de cobrar la pensión es el esposo cuando fallece la señora o es la esposa la que cobra cuando queda viuda y el esposo muere con seguro, entonces por eso soy fiel testigo de que él convivía con ella hasta último momento que dejó de existir […] PREGUNTADO: Sírvase decir desde qué época conoció a la señora HILDA RUÍZ, señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar? CONTESTÓ: “Yo la conocí a ella una vez que iba el señor ARDILA en el centro y él me la presentó como la esposa, eso fue en el año 2000” PREGUNTADO: Indique al despacho si por el conocimiento que tiene del señor HERNANDO ARDILA TRILLOS y la señora HILDA RUIZ, le consta que ellos hicieran vida marital. En caso afirmativo señalar todos y cada uno de los detalles de tal situación? CONTESTO: “A mi me consta que ellos vivían en el barrio Jazmín, pero yo allá nunca fui, yo sabía por intermedio de don HERNANDO que es mi amigo y nos manifestamos las cosas, yo los veía viviendo en el Barrio Jazmín y también por intermedio de don HERNANDO supe que tenían hijos que eran grandes, pero no los conozco” […] PREGUNTADO: Alguna vez Ud., los visitó en su presunto hogar? CONTESTÓ: No porque yo nunca fui allí, yo me encontraba con don Hernando como mi amigo en la calle y el me contaba. PREGUNTADO: Sírvase indicar al despacho si le consta personalmente, o sea, no de oídas, que el seños Hernando y la Sra Hilda hicieron vida de pareja? CONTESTO: Una vez me la presentó en el centro que me la presentó, solo la ví una vez en la vida”[…]

Testimonio del señor Hugo Hernando Peña Pérez, quien manifestó ser amigo del hoy demandante, rendido en audiencia pública el 17 de marzo de 2011, del que se destaca lo siguiente:

[…] PREGUNTADO: Sírvase decir si conoce a la señora HILDA RUIZ. En caso afirmativo señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de tal conocimiento? CONTESTO: “Pues casi paralelamente de la amistad con HERNANDO la conocí a ella, trabajaba como enfermera de la Clínica san Pedro Claver, fue pensionada en algún momento por el Seguro Social más o menos en el año 94 o 95” PREGUNTADO: Tiene conocimiento que existiera algún tipo de relación entre el señor HERNANDO ARDILA TRILLOS y la señora HILDA RUÍZ? CONTESTO: Por supuesto, eran casados, eran esposos.” PREGUNTADO: De acuerdo a lo señalado en respuestas anteriores, sírvase decir si usted visitó el hogar conformado por los señores HERNANDO ARDILA TRILLOS y la señora HILDA RUÍZ? CONTESTO: “Con muy poca frecuencia yo los visité y ellos visitaron mi casa también. Ellos vivían en el barrio Jazmín.” PREGUNTADO: Tiene conocimiento que de la relación entre los señores HERNANDO ARDILA TRILLOS y la señora HILDA RUIZ hay hijos? CONTESTO: Si, tres hijos JORGE FERNANDO, JUAN CARLOS y PATRICIA.” PREGUNTADO: Sabe usted en qué fecha falleció la señora HILDA RUIZ. En caso afirmativo si para dicha época convivía con el señor ARDILA TRILLOS? CONTESTO: Su relación era constante y armoniosa, murió a mediados del mes de julio del año 2000 y para esa época convivía con el señor ARDILA TRILLOS.” […]

La primera advertencia que debe efectuarse es que al presente proceso no se allegó ningún documento que contuviera o que al menos diera cuenta de la existencia del acto administrativo a través del cual la entidad demandada habría ordenado la suspensión del pago de las mesadas pensionales a favor del señor Hernando Ardilla Trillos. Sin embargo, ello no podrá ser óbice para que esta Subsección emita un pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda ya que fueron múltiples los requerimientos judiciales al Instituto de Seguros Sociales, sin que la documentación que se envió como respuesta incluyera un acto administrativo de la naturaleza anunciada.

Visto lo anterior, se encuentra probado que la entidad demandada suspendió el pago del derecho pensional que le había reconocido al señor Hernando Ardilla Trillos mediante la Resolución 1301 del 23 de noviembre 2001, aduciendo con tal fin la existencia de indicios que ponían en duda su derecho, decisión que, en criterio de la Sala, se tradujo en la revocatoria directa del citado acto administrativo como quiera que produjo la modificación sustancial del reconocimiento pensional.

En tal virtud, corresponde determinar si el Instituto de Seguros Sociales, ejerció en debida forma la facultad de revocatoria directa, a lo que debe responderse de manera negativa pues el estudio de las pruebas allegadas al expediente permite realizar las siguientes conclusiones:

El demandante no prestó su consentimiento a efectos de que la administración suspendiera el pago prestacional, de manera que la revocatoria únicamente podía llevarse a cabo si se cumplían los presupuestos del artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

La suspensión del pago de mesadas pensionales tuvo como fundamento simples indicios que no le permitían al Instituto de Seguros Sociales acreditar con suficiencia el hecho de que el hoy demandante hubiese acudido a conductas delictivas en aras de probar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la citada prestación económica y mucho menos el uso de documentación falsa.

No existe prueba de que la decisión en comento hubiese sido fruto de un procedimiento surtido con arreglo al debido proceso, lo que suponía la aplicación de los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo.

De acuerdo con esto, resulta plausible concluir que la entidad demandada no satisfizo los requisitos propios de la revocatoria directa establecidos en los artículos 71 y 73 del CCA ni los que consagra el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, cuando decidió suspender el pago de la mesada pensional a que tenía derecho el señor Hernando Ardila Trillos. Por lo tanto, para la Sala, el Instituto de Seguros Sociales, desbordó la competencia asignada por el legislador para revocar directamente, sin el permiso del demandante, la Resolución 1301 del 23 de noviembre 2001 que reconoció y ordenó pagar a favor de éste la prestación pensional.

En ese orden de ideas, dado que la administración no contaba con la aquiescencia del beneficiario de la prestación, si quería dejar sin efectos o suspender su reconocimiento para que el asunto fuese puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente, debió ser ella quien acudiera a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar su propio acto.

Ahora bien, tampoco podría aducirse que la decisión de la entidad estatal tuvo sustento jurídico en el Acuerdo 049 de 1990, artículo 34, pues del tenor literal de la norma se puede concluir sin hesitación alguna que entre los presupuestos para que haya lugar a su aplicación se encuentran (i) que se suscite una controversia entre quienes pretenden ser reconocidos como beneficiarios de la prestación y (ii) que ello tenga lugar en una etapa previa el reconocimiento prestacional, es decir, encontrándose dicho proceso en trámite, pues de lo contrario, ha de prevalecer la presunción de legalidad del acto administrativo y el principio de respeto por los actos propios. Ninguno de estos requisitos se satisface en el sublite.

Así pues, aunque es cierto que los dineros de la Seguridad Social son recursos públicos de la mayor importancia para la realización de los fines del Estado y, por lo tanto, es obligación de las entidades que los administran, del legislador y del regulador establecer herramientas en el ordenamiento jurídico que garanticen su buen uso, evitando así todo tipo de fraude o malversación, no es menos cierto que en un Estado Social de Derecho, donde debe sobreponerse el principio de legalidad, las decisiones que se adopten en la materia no pueden resultar arbitrarias so pretexto de satisfacer los propósitos anunciados.

En conclusión, el Instituto de Seguros Sociales no se encontraba facultado para, motu proprio, ordenar la suspensión del pago de la pensión por sustitución reconocida al señor Hernando Ardila Trillos por medio de la Resolución 1301 del 23 de noviembre de 2001. Ello por cuanto esta determinación se tradujo en la revocatoria directa la tal resolución, sin que se cumplieran los requisitos que al respecto consagran los artículos 71 y 73 del CCA ni los que prevé el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

La respuesta negativa al primer problema jurídico planteado conduce a la prosperidad de las pretensiones de la forma en que se señalará a continuación y, en consecuencia, exime a la Sala de abordar el estudio del segundo problema jurídico.

Decisión de segunda instancia:

Por lo expuesto la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 30 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión y, en su lugar, declarará la nulidad de las Resoluciones 3324 de 28 de noviembre de 2006 y 1245 de 5 de mayo de 2007, por medio de las cuales se resolvió negativamente la solicitud de reanudación de pago de la mesada pensional que por sustitución le había sido reconocida al señor Hernando Ardila Trillos.

Teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, fue vinculada en debida forma al trámite del presente proceso y que esta asumió las obligaciones derivadas de la pensión de jubilación reconocida por el antiguo Instituto de Seguros Sociales, ISS, a favor de la señora Hilda Ruíz Jimenez y, en consecuencia la pensión por sustitución del hoy demandante, se ordenará a dicha entidad (i) reanudar el pago de la prestación económica en favor del hoy demandante y (ii) pagarle retroactivamente las mesadas pensionales que haya dejado de reconocerle, evitando que se presente en modo alguno un reconocimiento doble de la prestación en caso de que esta se le haya seguido pagando en virtud del amparo de tutela que le fue concedido al actor mediante el fallo de 9 de agosto de 2007, proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.

Si de acuerdo con la anterior consideración, resultaren algunas sumas por pagar en favor del demandante, esta serán reajustadas conforme la siguiente fórmula:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesada pensional, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, y se debe tener en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.

No habrá lugar a condena en costas por cuanto la actividad de las partes se ciñó a los parámetros de buena fe y lealtad procesales, sin que por lo mismo se observe actuación temeraria ni maniobras dilatorias del proceso (artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1.998).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 30 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión que denegó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Hernando Ardila Trillos en contra del Instituto de Seguros Sociales.

En su lugar,

Declarar la nulidad de la Resolución 3324 de 28 de noviembre de 2006, por medio de la cual la entidad demandada resolvió negativamente la solicitud de reanudación de pago de la mesada pensional reconocida al señor Hernando Ardila Trillos y de la Resolución 1245 de 5 de mayo de 2007, que despachó desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto en contra de la primera.

Ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a) reanudar el pago de la pensión por sustitución reconocida al señor Hernando Ardila Trillos a través de la Resolución 1301 de 23 de noviembre de 2001 y b) pagarle retroactivamente las mesadas pensionales que haya dejado de reconocerle, evitando que se presente en modo alguno un reconocimiento doble de la prestación en caso de que esta se le haya seguido pagando en virtud del amparo de tutela que le fue concedido al actor mediante el fallo de 9 de agosto de 2007, proferido en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal.

Las sumas resultantes a favor del demandante, se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de la presente decisión.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Relatoría: AJSD/Lmr.
Ff. 104-106.
Ff. 109-126.
Ff. 128 y 133-138.
Ff. 149-157.
F. 254.
Por medio de Oficio de 24 de noviembre de 2017, radicado 201711103449621, el subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP aseveró que dicha entidad «[…] asumió las obligaciones derivadas de la pensión de jubilación reconocida por la extinta entidad [ISS] a favor de la señora HILDA RUIZ JIMÉNEZ, a quien se le reconoció el derecho mediante la resolución 01301 del 23 de noviembre de 2001, la cual a la (sic) fue sustituida con la resolución 13324 del 28 de noviembre del 2006, al señor HERNANDO ARDILA TRUJILLOS (sic) […]».
Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03824-02 (0376-07).
Sentencia T-338 del 11 de mayo de 2010. Magistrado ponente: Juan Carlos Henao Pérez.
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html" \l "1" 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales».
Ibidem.
Ver sentencia SU-240 del 30 de abril de 2015. Magistrada ponente: Martha Victoria Sáchica Méndez. Referencia expediente: T-2.482.431.
Ff. 7-8.
Ff. 202-205.
Ff. 10-12.
Ff. 13-24.
F. 39.
Ff. 84-86.
Ff. 87-88.
Estos se realizaron mediante Auto del 14 de julio de 2016 (ff. 171 y 172), contestado mediante Oficio BZ2016_937373730 del 13 de septiembre de 2016 (ff. 174 y 177); Auto del 4 de octubre de 2016 (f. 179), contestado a través de Oficio BZ 2016_13021769 de 2 de diciembre de 2016 (ff. 184-189) y BZ 2016_14282759 de 16 de marzo de 2017 (ff. 191-193); Auto del 12 de junio de 2017 (Ff. 195-196), contestado por medio de Oficio BZ 2017_7673209 (ff. 198-214).
Emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado mediante Decreto 758 de 1990.
ARTICULO 34. CONTROVERSIA ENTRE PRETENDIDOS BENEFICIARIOS. Cuando se presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho.
Lo anterior, sin perjuicio a que cuando se acredite legalmente la existencia de dos o más matrimonios y no hubiere separación legal respecto a uno de ellos se le concederá la pensión al primer cónyuge.
Según Oficio de 24 de noviembre de 2017, radicado 201711103449621, suscrito por el subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP.

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