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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00045-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00045-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar el numeral 3 de la sentencia apelada, en el sentido de precisar que el pago de la pensión gracia reconocida a la demandante tendrá efectos fiscales a partir del 17 de enero de 2009, por haber operado la prescripción trienal. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 8 de abril de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F en Descongestión—, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Elizabeth Socha Pinto contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00045-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

29 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 8 de abril de 2015, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F en Descongestión—, que accedió
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (CCA), la señora
Elizabeth Socha Pinto, por conducto de apoderado, formuló demanda en orden a
que se declare la nulidad de las Resoluciones 57964 del 21 de octubre de 2006 y
PAP 016544 del 6 de octubre de 2010, expedidas por la Caja Nacional de Previsión
Social Cajanal E.I.C.E. en Liquidación, que le negaron la pensión gracia.

1 Folios 18 al 32.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a Cajanal E.I.C.E. en liquidación, hoy UGPP, a: (i)
reconocer la pensión gracia, a partir de la fecha de consolidación del derecho; ii)
reconocer y pagar los ajustes de valor de la condena, teniendo como base la
variación del IPC; iii) reconocer y pagar los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; iv) dar cumplimiento al fallo según lo previsto en
los artículos 176 al 178 del C.C.A.; y v) pagar las costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la demandante relató los siguientes:

i) La señora Elizabeth Socha Pinto nació el 12 de agosto de 1953, es decir, que
cumplió 50 años el 12 de agosto de 2003.

ii) Laboró como docente interina al servicio del Distrito Capital de Bogotá, con
vinculación territorial - distrital, a partir del 5 de noviembre de noviembre de 1973
hasta el 30 de noviembre de 1992; y a partir del 8 de febrero de 1993 fue nombrada
en propiedad.

iii) La actora solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia ante Cajanal
EICE, mediante petición radicada el 25 de enero de 2005, la cual fue resuelta en
sentido desfavorable a través de los actos acusados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 15 de la Ley 91 de 1989; 3 del Decreto 081 de 1976;y 3 del Decreto Ley 2277
de 1979. Al desarrollar el concepto de violación se expusieron los siguientes
argumentos:

2

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

i) Se equivoca la demandada al negar el derecho reclamado, por cuanto desestima
el tiempo que la actora laboró al servicio del magisterio del Distrito Capital, entre el
5 de noviembre de 1973 y el 30 de noviembre de 1992, en cuanto considera que la
vinculación no es clara, pues en los certificados expedidos por la Secretaría de
Educación Distrital de Bogotá, está manifiestamente estipulado que la vinculación
es territorial - distrital y la fuente de los recursos es propia.

ii) La actora fue nombrada mediante actos administrativos y su posesión se llevó a
cabo ante el funcionario competente para tal fin. En ningún momento los
nombramientos fueron emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, lo cual
demuestra que la vinculación se dio de conformidad con la Ley 91 de 1989 y, por
ende, es de carácter nacionalizado.

1.2. Contestación de la demanda2

El apoderado de Cajanal EICE En Liquidación, hoy UGPP, se opuso a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que la situación de la actora no se
encuentra en ninguno de los supuestos fácticos y jurídicos necesarios para acceder
al reconocimiento de la pensión gracia, pues su vinculación a la docencia es
posterior al 31 de diciembre de 1980.

Propuso las excepciones de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad;
cobro de lo no debido; caducidad de la acción; y genérica.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F en
Descongestión—, mediante sentencia del 8 de abril de 2015, accedió a las
pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes consideraciones:3

i) De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se tiene que la actora

2 Folios 41 al 45.
3 Folios 211 al 251.

3

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

laboró al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá, de manera interrumpida,
del 5 de noviembre de 1973 al 30 de noviembre de 1992, y que a partir del del 8 de
febrero de 1993 fue nombrada en propiedad, para un tiempo total de 30 años, 5
meses y 12 días de labores. Así mismo, se demostró la naturaleza territorial –
distrital de las vinculaciones, las cuales se sufragaron con recursos propios de la
entidad empleadora.

ii) Por otro lado, debe aclararse que la pensión gracia no puede limitarse a los
maestros de escuelas primarias oficiales, como se concibió en un principio, sino que
ella cobija a aquellos que hubieren prestado servicios como empleados y profesores
de escuela normal, o inspectores de instrucción pública o profesores de
establecimientos de enseñanza secundaria, siempre y cuando la vinculación sea de
carácter municipal, departamental o regional y la misma se haya efectuado hasta el
31 de diciembre de 1980.

iii) En consecuencia, como el tiempo servido a la Secretaría de Educación de Bogotá
por más de 20 años es válido para acreditar el requisito de tiempo para acceder a
la pensión gracia, cumple con el requisito de edad y demostró buena conducta,
honestidad e idoneidad en el desempeño del cargo, se establece que la actora tiene
derecho a que Cajanal le reconozca la mencionada prestación, a partir del 13 de
agosto de 2003, día siguiente al de consolidación del estatus pensional, el 12 de
agosto de 2003, con el cumplimiento de la edad de 50 años.

iv) Finalmente, se observa que la pensión fue solicitada el 25 de enero de 2005,
negada mediante Resolución 57964 del 31 de octubre de 2006, confirmada por la
Resolución PAP 016544 del 6 de octubre de 2010, y la demanda fue interpuesta
ante esta jurisdicción el 17 de enero de 2012, «por lo que en el presente caso no se
presenta la figura de la prescripción trienal».

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación contra la referida

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Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

sentencia. Expuso las siguientes razones de inconformidad:4

i) La UGPP, al realizar el estudio del presente caso, encontró que el pago y
reconocimiento de la pensión gracia de la señora Socha Pinto no es procedente,
por lo que la negativa de Cajanal se dio en estricto cumplimiento de las normas y
disposiciones legales previstas para tal fin. Por lo tanto, el fallo de primera instancia
no tiene asidero jurídico.

ii) Es necesario identificar el conjunto normativo que se aplicó al caso concreto, para
que de tal manera y sin lugar a equívocos se demuestre que los actos
administrativos que motivaron el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho están ajustados a derecho y acordes con la reglamentación vigente, por
cuanto la señora Elizabeth Socha Pinto no cumple con los requisitos de ley.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

En esta etapa procesal las partes, demandante5 y demandada,6 reiteraron los
argumentos expuestos en el transcurso del proceso.

1.6. El Ministerio Público7

El agente del Ministerio Público emitió concepto y pidió confirmar la sentencia
apelada, al considerar que en el sub lite está demostrado que la señora Socha Pinto
es destinataria legal de la pensión gracia, pues su servicio al Estado como docente
del Distrito Capital, por más de 20 años, inició formalmente el 5 de noviembre de
1973.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

4 Folios 253 al 255.
5 Folios 278 al 280.
6 Folios 281 al 284.
7 Folios 286 al 292.

5

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».11

8 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública

tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan.
Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de carácter

legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios señalados
por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
10 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de 16 de junio

de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo tiempo
sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar
lo necesario para su sostenimiento.

6

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión gracia
no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito
indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la
nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de
ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores
locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 1997,

radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección Segunda que han
acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016, radicado: 52001-23-33-000-
2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-
2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-
000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida
por la Corte Constitucional.

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Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que

13 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».14

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado 15001-

23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-03-15-000-

2019-02219-01 (AC).

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Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de la sentencia

transcrita.

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Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».19

2.3. Hechos probados

➢ Edad, tiempo de servicios y antecedentes disciplinarios

• Conforme al registro civil de nacimiento, la señora Elizabeth Socha Pinto nació el
12 de agosto de 1953.20 Es decir, que cumplió 50 años el 12 de agosto de 2003.

• La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá certificó que la señora Elizabeth
Socha Pinto cocha laboró para dicha entidad, así:21

como «docente interino», durante los siguientes lapsos:

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-

42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
20 Folio 180.
21 Folios 1 y 2 cuaderno anexo.

11

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

➢ del 5 al 21 de noviembre de 1973,
➢ del 5 de junio al 31 de julio de 1974,
➢ del 8 de agosto al 8 de septiembre de 1974,
➢ del 22 de marzo al 16 de mayo de 1976,
➢ del 11 de mayo al 14 de diciembre de 1976, y
➢ del 30 de marzo al 5 de mayo de 1977

como «docente grado 3»:

➢ del 6 de mayo al 14 de octubre de 1981

como «docente temporal»:

➢ del 22 de enero al 3 de diciembre de 1990,
➢ del 21 de enero al 30 de noviembre de 1991,
➢ del 20 de enero al 30 de noviembre de 1992, y

como «docente grado 14»:

➢ a partir del 8 de enero de 1993 a la fecha de la certificación.

• El extracto de la hoja de vida de la demandante da cuenta de que esta se
posesionó el 21 de julio de 1976, con efectividad al 17 de mayo de 1976, y se retiró
el 15 de octubre de 1981.22

• La constancia expedida por la Secretaría del Distrito de Bogotá informa que la
actora estuvo vinculada como docente con dicha entidad desde el 22 de marzo de
1976 hasta el 16 de mayo de 1976.23

• El 8 de junio de 1976, el director de personal de la Alcaldía Mayor de Bogotá le
comunicó a la actora que fue nombrada por Decreto 475 del 19 de mayo de 1976,

22 Folio 17 ibidem.
23 Folio 24 ibidem.

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

y hasta por el tiempo que la docente Aracely Reyes Varela permaneciera
suspendida.24

• El 11 de abril de 1977, el jefe de personal del Distrito le comunicó a la actora que
fue nombrada mediante Decreto 520 del 01 de abril de 1977, para desempeñar el
cargo de maestra de primaria.25

• El jefe del Grupo Hojas de Vida de la Alcaldía Mayor de Bogotá hizo constar que
la demandante fue nombrada maestra interina mediante el Decreto 475 del 19 de
mayo de 1976, desde el 17 de mayo hasta el 17 de diciembre de 1976; luego,
mediante Decreto 520 del 1 de abril de 1977, fue nombrada maestra de educación
primaria, tiempo completo, a partir del 6 de mayo de 1977; y, mediante Decreto 2625
del 21 de octubre de 1981, le fue aceptada la renuncia a partir del 15 de octubre de
1977.26

• El rector del Colegio Distrital San Francisco hizo constar que la señora Elizabeth
Socha laboró como docente temporal de tiempo completo, así: desde el 16 de
febrero hasta el 3 de diciembre de 1989,27 del 22 de enero al 3 de diciembre de
1990,28 y del 21 de enero al 5 de febrero de 1991.29

• La rectora del Colegio Distrital Luis Vargas Tejada hizo constar que la demandante
laboró en dicha institución del 11 de agosto al 30 de noviembre de 1992.30

• La Directora de la Concentración Rural Distrital El Porvenir certificó que la señora
Elizabeth Socha laboró en dicho establecimiento educativo desde el 5 de febrero
hasta el 30 de noviembre de 1991 y del 20 de enero al 10 de agosto de 1992. Indicó
que según Resolución 2456 del 11 de noviembre de 1992, emanada de la Junta

24 Folio 37 ibidem.
25 Folio 40 ibidem.
26 Folio 7 del tomo 2.
27 Folio 93 cuaderno anexo.
28 Folio 94 ibidem.
29 Folio 95 ibidem.
30 Folio 102 ibidem.

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

Seccional de Escalafón para Santa Fe de Bogotá, este plantel es considerado
escuela rural.31

• El 1 de febrero de 1993, por Resolución 202, el alcalde mayor de Bogotá nombró
docentes de tiempo completo, entre ellos a la actora, en la planta de personal
docente del Distrito Capital.32 La demandante tomó posesión del cargo el 5 de
febrero de 1993.33

• El 27 de marzo de 1995, la rectora del Colegio Distrital Luis Vargas Tejada certificó
que la señora Elizabeth Socha labora en dicho plantel educativo, en propiedad,
tiempo completo, desde el 8 de febrero de 1993.34

• El 5 de julio de 2007, la Secretaría de Educación de Bogotá registró, en el Formato
único para expedición de Certificado de Historia Laboral, que el tipo de vinculación
de la demandante es territorial - distrital, sufragada con recursos propios y relacionó
los siguientes tiempos de servicio:35

Del 5 de noviembre de 1973 al 21 de noviembre de 1973; del 5 de junio de 1974 al 31
de julio de 1974; del 8 de agosto de 1974 al 8 de septiembre de 1974; del 22 de marzo
de 1976 al 16 de mayo de 1976; del 30 de marzo de 1977 al 5 de mayo de 1977; del 6
de mayo de 1977 al 24 de septiembre de 1981; del 15 de octubre de 1981 al 3 de
diciembre de 1989; del 22 de enero de 1990 al 3 de diciembre de 1990; del 21 de enero
de 1991 al 30 de noviembre de 1991; del 20 de enero de 1992 al 30 de noviembre de
1992; y desde el 8 de febrero de 1993 hasta la fecha de la certificación.

• El 17 de mayo de 2013, en respuesta al requerimiento efectuado por el Tribunal,
el asesor de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educacional informó que, revisada
la documentación que reposa en los archivos de la entidad, no se encontró registro

31 Folio 97 ibidem.
32 Folios 135 al 138.
33 Folio 89 ibidem.
34 Folio 114 ibidem.
35 Folios 4 y 5 del cuaderno principal.

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

a nombre de la señora Elizabeth Socha Pinto que indique que laboró para este
Ministerio.36

• La Procuraduría General de la Nación certificó que la demandante no registraba
antecedentes disciplinarios.37

➢ Actuación administrativa

• El 25 de enero de 2005, la demandante peticionó ante Cajanal EICE el
reconocimiento de la pensión gracia.38

• El 21 de octubre de 2006, por medio de la Resolución 57964, la Caja Nacional de
Previsión Social EICE, negó la solicitud, con el argumento de que los tiempos
laborados por la demandante con la Secretaría de Educación de Bogotá, entre mayo
de 1976 y octubre de 1977 no se pueden tener en cuenta, ya que no se logra
determinar el tipo de vinculación. Y que el periodo servido desde el 8 de febrero de
1993 hasta el 30 de diciembre de 2004 debe desestimarse, por ser del orden
nacional.39

• El 6 de octubre de 2010, por Resolución PAP 016544, Cajanal decidió el recurso
de reposición, en el sentido de confirmar la decisión, con fundamento en que no hay
claridad en el tipo de contratación celebrada con la actora desde 1973 hasta 1993.40

2.4. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta el recuento fáctico que antecede, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en precedencia, la Sala confirmará la decisión
del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

36 Folio 139 ibidem.
37 Folio 62 ibidem.
38 Según se extracta de la Resolución 57964 del 21 de octubre 2006.
39 Folios 8 al 13.
40 Folios 14 al 16.

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

i) La señora Elizabeth Socha Pinto acreditó como tiempo de servicio computable
para obtener la pensión gracia el período laborado en el Distrito Capital,
comprendido entre el 5 de noviembre de 1973 y el 30 de noviembre de 1992, como
docente interina, tal como lo certificó la Secretaría de Educación de Bogotá, así:

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

De las novedades relacionadas en el Formato da cuenta también el Certificado de
Información Laboral expedido el 17 de noviembre de 2011 por la Secretaría de
Educación Distrital:

17

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

Y la certificación expedida por la Dirección de Recursos Humanos, Grupo Hojas de
Vida:

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

Además, los servicios prestados en interinidad están soportados en certificaciones
emitidas por los diferentes planteles educativos en los que la demandante
reemplazó a los docentes titulares, por diferentes circunstancias, como
incapacidades por enfermedad o por maternidad, y en constancias expedidas por
autoridades de la Secretaría de Educación Distrital.

Así mismo, del Formato Único para Expedición de Historia Laboral, expedido por la
Secretaría de Educación de Bogotá, se deduce que la docente prestó sus servicios
a favor del Distrito en calidad de interina, en planteles educativos distritales,
nombrada, inicialmente, por Resolución 216 de 1975 y luego mediante oficios sin
número. Los anteriores periodos, laborados de manera interrumpida, desde el 5 de
noviembre de 1973 hasta el 17 de mayo de 1976, tienen carácter territorial, pues,

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

pese a que no se aportaron los actos de nombramiento, en el expediente no existe
ni se menciona prueba alguna de la que pueda inferirse alguna participación directa
o indirecta del Ministerio de Educación Nacional o de sus delegados, que permita
advertir una vinculación distinta o suponer que las plazas ocupadas en interinidad
fueron creadas en virtud de los presupuestos de la Ley 43 de 1975.

Ahora bien, en relación con otros tipos de vinculación al servicio estatal, como la
interinidad, esta Subsección41 advirtió que si bien dentro del ordenamiento interno
no existe una definición expresa sobre dicha figura, lo cierto es que debe ser
entendida como el mecanismo a través del cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de dicha actividad, en atención a la necesidad y
urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. De ahí que
el servicio prestado bajo esa modalidad constituye una forma de ingresar a la
administración.

En ese orden, es viable colegir que ante la ausencia temporal del titular de un
empleo docente por cualquiera de las situaciones administrativas previstas en la ley,
la administración está facultada para proveer dicho empleo en forma transitoria por
medio de un nombramiento interino con el fin de prestar el servicio educativo oficial
de forma habitual.

Y sobre el carácter temporal de la vinculación la Sala razonó así:

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza
temporal, como una forma de proveer cargos docentes, dicha figura debe
entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la
imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a
personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad
y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos.

Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración,
en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma
de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración

41 Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2011. Radicado: 25000-23-25-000-2004-

00269-01 (1446-2006). Actor: Nero Cárdenas García.

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en
el caso de la demandante.

Así las cosas, estima la Sala que ante la ausencia temporal del titular de un empleo
docente, esto, con ocasión de cualquiera de las situaciones administrativas previstas
en la ley, entre ellas, la licencia, comisión o vacaciones, la administración cuenta
con la posibilidad de proveer dicho empleo en forma transitoria, a través de un
nombramiento con tal naturaleza con el fin de evitar cualquier tipo de traumatismo
en la prestación normal del servicio educativo oficial.42

En consecuencia, el tiempo laborado por la demandante del 5 de noviembre al 21
de noviembre de 1973; del 5 de junio al 31 de julio de 1974; del 8 de agosto al 8 de
septiembre de 1974; y del 22 de marzo al 16 de mayo de 1976, resulta válido para
completar los veinte años de servicio exigidos para acceder a la pensión gracia.

ii) La actora fue nombrada docente en propiedad por medio del Decreto 520 del 1
de abril de 1977, como se aprecia:

42 Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 16 de marzo de 2017, radicación: 81001-23-33-000-2013-

00285-01(2806-15).

21

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

[…]

[…]

Como se observa, el acto fue expedido por el alcalde mayor de Bogotá, en uso de
sus atribuciones legales, y fue suscrito, además, por el secretario de educación. Es
decir, que se trata de una vinculación territorial, pues no se advierte intervención de
ninguna otra autoridad ni se invocaron facultades diferentes a las propias del
alcalde. En este cargo permaneció hasta el 15 de otubre de 1981, cuando le fue
aceptada la renuncia por medio del Decreto 2625 del 21 de octubre de 1981, así:

22

Radicado: 25000 23 25 000 2010 00045 01 (2930-2015)
Demandante: Elizabeth Socha Pinto

En consecuencia, este periodo, del 6 de mayo de 1977 al 15 de octubre de 1981,
correspondiente a 4 años y 3 meses (excluidos dos meses que estuvo en licencia
no remunerada, según el certificado de historia laboral), también resulta válido para
incluirlo en el cómputo del tiempo de servicio exigido.

iii) La señora Elizabeth Socha nuevamente fue nombrada como docente temporal
de tiempo completo, a partir del 13 de febrero de 1989, como se encuentra
certificado en el Formato de Historia laboral y como se corrobora con las
certificaciones expedidas por los planteles educativos en los que laboró:

23

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24

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25

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26

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

De los documentos adjuntos no puede extraerse una conclusión distinta a sostener
que esta vinculación temporal de la actora, de tiempo completo, entre el 16 de
febrero de 1989 y el 30 de noviembre de 1992, lo fue en calidad de territorial, bajo
el entendido de que no hay ningún indicio de que hubiera tenido alguna participación
el Ministerio de Educación o su delegado. Por lo tanto, estos tiempos son válidos
para el reconocimiento de la pensión gracia.

iv) Finalmente, por medio de la Resolución 202 del 1.° de febrero de 1993,43 el
alcalde mayor de Bogotá D.C. nombró a la señora Elizabeth Socha docente de
tiempo completo en la planta de personal creada en el sector educativo, como se
puede apreciar:

43 Folios 173 a 174.

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[…]

29

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

El Decreto designó a la señora Elizabeth Socha docente de tiempo completo «en la
planta de personal docente del Distrito Capital de Santafé de Bogotá – Secretaría
de Educación», creada por el Decreto 029 de 1993, con 7.120 cargos que serían
ocupados por el personal docente temporal que venía prestando sus servicios a la
Secretaría de Educación. Es decir, que la educadora se desempeñó en una plaza
territorial, específicamente distrital. También indicó que los recursos destinados al
pago de la nómina se fijaron en el Acuerdo 40 de 1992 del Consejo de Bogotá, con
cargo al «rubro expresamente dedicado al pago de personal docente de la planta

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

distrital de educadores». La actora se posesionó el 5 de febrero de 1993, con efectos
fiscales a partir del 8 de febrero siguiente.44

Tanto el acto de nombramiento como el Acta de Posesión fueron suscritos por el
alcalde mayor de Bogotá y el secretario de educación, para desempeñar una de las
plazas permanentes del distrito, destinadas a ser ocupadas inicialmente por los
docentes temporales. De igual manera, dentro de la creación y nombramiento del
personal se denota que no hubo ninguna participación de algún delegado del
Ministerio de Educación Nacional o de un representante del Fondo Educativo
Regional y, por tanto, no se trata de una plaza creada u ocupada en virtud de los
presupuestos de la Ley 43 de 1975.

La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989,
que definió como «Personal territorial» a los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, condición que fue desarrollada
en el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, según la cual es territorial la plaza creada de
forma exclusiva por el distrito, departamento o municipio respectivo, y cuyos gastos
se cubran con cargo a su propio presupuesto.

En el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral puede
observarse que a partir del nombramiento efectuado en propiedad a la docente, con
la Resolución 202 de 1993, desde el 8 de febrero de 1993, la vinculación se mantuvo
vigente hasta, por lo menos, la fecha de la certificación, el 5 de julio de 2007, como
se observa:

44 Folio 89 del cuaderno anexo.

31

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

Así mismo, en el certificado de historia laboral se advierte que el tipo de vinculación
de la demandante con el Distrito Capital fue del orden territorial-distrital y no podría
ser de otro modo, comoquiera que en el acto de designación no se encuentra
intervención directa ni indirecta del Ministerio de Educación o, por lo menos,
autorización de este para que la entidad territorial tomara la decisión en su nombre
y representación; ello, en la medida en que tampoco se afirma que la plaza ocupada
por la demandante perteneciera a dicha Cartera.

Por el contrario, a partir del mencionado acto es posible inferir que el empleo en el
que fue nombrada la actora pertenece a la planta distrital de empleos docentes, y
aunque no se determinó en el acto de nombramiento el nombre del plantel en el que
prestaría sus servicios, en la resolución se indicó expresamente que la Secretaría
de Educación del Distrito ejercería la facultad de ubicar a los docentes nombrados
de acuerdo con las necesidades del servicio educativo y en la jornada laboral que
fuese requerida.

Así las cosas, es claro que la accionante fue nombrada por el alcalde en una plaza
de carácter distrital, lo que permite inferir razonablemente que dicha vinculación no
se realizó en un empleo de la Nación. Además, no se puede perder de vista que la

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Ley 60 de 1993 estableció la descentralización de la educación, y que en virtud de
dicho proceso los departamentos prestarían directamente tal servicio.

De acuerdo con lo explicado, los tiempos laborados como docente por la señora
Socha Pinto tienen la denominación de territoriales y, en todo caso, no podrían ser,
de ningún modo, denominados como nacionales, en atención a que no existe
prueba alguna dentro del proceso que dé cuenta de ello, al paso que sí obra
suficiente material probatorio que respalde sus pretensiones. Además, el Ministerio
de Educación Nacional informó que en los archivos de dicha entidad no encontró
información alguna a nombre de la demandante.

De esta manera, la actora acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente con vinculaciones del orden territorial por más de 20 años y la exigencia de
haber ingresado al servicio antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, cumplió
el requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la
prestación pretendida.

Finalmente, es pertinente anotar que la UGPP no manifestó ningún reparo frente al
conteo de la prescripción efectuado en la providencia apelada; sin embargo, esta
Sala se encuentra facultada para estudiar este aspecto al tenor del artículo 187 del
CPACA, en tanto prevé que «[e]l silencio del inferior no impedirá que el superior

estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de
la no reformatio in pejus».

Al respecto, esta Subsección ha determinado que «según el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 el derecho prescribirá a los tres años contados a partir de la fecha en
que la obligación se hace exigible, sin mencionar que el conteo de dicho término
deba hacerse a partir de que la entidad expide el acto administrativo que resuelve la
pretensión formulada».45

45 Auto del 13 de julio de 2023, radicado 05001-23-33-000-2013-01280-01 (0531-2016). En similar sentido

puede consultarse la sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicado 25000-23-42-000-2013-01580-01(0945-
19).

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Demandante: Elizabeth Socha Pinto

A su vez, se ha explicado que «presentada la petición ante la administración esta
interrumpe la prescripción y a partir de ese momento, el interesado cuenta con tres
años para su reclamación en sede judicial, al cabo de los cuales su inactividad
implicará la extinción de su derecho y, por ende, no será posible acceder al
restablecimiento del derecho».46

De acuerdo con los anteriores lineamientos, se concluye que en este caso debe
aplicarse el fenómeno prescriptivo, toda vez que la demandante consolidó el estatus
pensional el 12 de agosto de 2003, elevó la reclamación el 25 enero de 2005 y más
de 3 años después, esto es, el 17 de enero de 2012, presentó la demanda, por lo
que se tomará esa última fecha como parámetro para el conteo de la prescripción
trienal. Por tal razón, los efectos fiscales del reconocimiento pensional se decretarán
a partir del 17 de enero de 2009. En consecuencia, se modificará en este aspecto la
sentencia apelada y se confirmará en lo demás.

2.5. De la condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de
condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y
en el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay
lugar a imponerlas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos, fáctica y
jurídicamente, al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo se ajustó a las directrices interpretativas que
rigen la situación particular de la demandante.

46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de septiembre de 2021, radicado

54001-23-33-000-2014-00010-01 (3243-19).

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar el numeral 3 de la sentencia apelada, en el sentido de precisar
que el pago de la pensión gracia reconocida a la demandante tendrá efectos fiscales
a partir del 17 de enero de 2009, por haber operado la prescripción trienal.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 8 de abril de 2015, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda-Subsección F en
Descongestión—, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por
Elizabeth Socha Pinto contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

Tercero. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVAN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

35

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