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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00925-02

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-00925-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar la carencia de objeto en el presente asunto, de conformidad con las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. En consecuencia, abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo frente al recurso de apelación interpuesto por Adriana María Guzmán Rodríguez y, por lo tanto, mantener incólume la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por 21En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 14 Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021) Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, corregida y aclarada mediante providencia del 29 de noviembre de 2019 por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Adriana María Guzmán Rodríguez contra la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Juridicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Sergio Mario Márquez Medina identificado con cédula de ciudadanía 1193030066 y TP 418011 del CSJ como apoderado de la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con el poder que obra en el índice 54 del aplicativo Samai. Cuarto. No condenar en costas en esta instancia. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM 15

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2010-00925-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Temas: Bonificación por compensación. Carencia actual de objeto

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Adriana María Guzmán Rodríguez presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 2488 del 10 de mayo de 2017

1
Esta decisión fue corregida y aclarada mediante providencia del 29 de noviembre de 2019.
2
Folios 36 a 45 del cuaderno 1.
3
En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, por medio
de la cual le negó la petición de reconocimiento y pago de la «bonificación por gestión
judicial en los términos [d]el artículo 1º del Decreto 4040 de 3 de diciembre de 2004 (…),
esto es, cancelarle el 70% mensual de lo que por todo concepto se les reconoció
mensualmente por todo concepto, en los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009» a los
magistrados de altas cortes.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación con la
inclusión de las diferentes primas así: $ 10.732.091,16 como faltante
correspondiente al año 2004, $11.322.363,24 por el año 2005, $11.888.477,64 por
el año 2006, $12.423.459 por el año 2007, $15.062.271 por el año 2008, y
$19.435.949,24 como faltante que dejó de pagar la entidad hasta el 24 de noviembre
de 2010; ii) el pago de los intereses moratorios en la forma y términos señalados en
el artículo 177 del CCA; iii) la actualización e indexación de la condena conforme al
artículo 178 ibidem; y iv) el cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo
176 del CCA.

3. Como pretensión subsidiaria solicitó que, en caso de que se negara la pretensión
del reconocimiento y pago de la bonificación con la inclusión de las primas, se
reconocieran los dineros por concepto del emolumento reclamado sin su inclusión,
pero con los respectivos intereses moratorios y su indexación.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

4.1. AdrianaMaría Guzmán Rodríguez laboró como directora de la Unidad de
Planeación y coordinadora de direcciones seccionales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial desde el 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010.

4.2. El 13 de abril de 2010, Adriana María Guzmán Rodríguez solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación y pago de las diferencias
salariales adeudadas con base en la bonificación de gestión judicial, en los términos
del Decreto 4040 de 2004.

4.3. Mediante la Resolución 2488 del 10 de mayo de 2017, expedida por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, se negó la petición con fundamento
en que de acceder a la liquidación con los ingresos mensuales de los magistrados
de altas cortes y no sobre los anuales generaría un desequilibrio que implicaría la
vulneración del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos 310 de 1998 y 4040
de 2004.

2

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales, señaló los artículos 2, 13, 25, 29, 53 y 215 inciso 9, de la Constitución
Política; 2 y 10 de la Ley 4ª de 1992; 152, numeral 7, de la Ley 270 de 1996; 14 del
Código Sustantivo del Trabajo; 27 del Código Civil; y 1° del Decreto 4040 de 2004.

6. En cuanto al concepto de violación expuso que el acto demandado se encontraba
viciado de nulidad por cuanto negó el reconocimiento y pago de la bonificación de
gestión judicial prevista en el Decreto 4040 de 2004 equivalente al 70% de la
remuneración que percibiera por todo concepto salarial un magistrado de alta corte,
de conformidad con las leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y 4ª de 1992 y el Decreto 610
de 1998 modificado por el Decreto 1239 de 1998. Liquidación que debía efectuarse
de forma mensual y no anual como lo hizo la autoridad demandada, que fue inferior
al 70%.

1.2. Contestación de la demanda

7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demanda en los
siguientes términos4:

7.1. En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Decreto 610 del 30 de marzo de 1998
adicionado por el Decreto 1239 de 1998 creó la bonificación por compensación con
carácter permanente, dirigida a los magistrados de tribunal y otros funcionarios que
sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos debía igualar hasta
el 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo
Superior de la Judicatura. Sobre el asunto, también se expidió el Decreto 664 de
1999.

7.2. Los decretos 610 y 1239 fueron derogados por el Decreto 2668 del 31 de
diciembre de 1998 y este a su vez fue anulado por la sala de conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 25 de
septiembre de 2001.

7.3. Mediante el Decreto 4040 del 3 de diciembre de 2004 se creó la bonificación de
gestión judicial para los magistrados de tribunal y otros funcionarios, con carácter
permanente, con un porcentaje del 70% sobre lo que por todo concepto devengaran
los magistrados de las altas cortes aplicable a quienes desistieran de las demandas
de nulidad y restablecimiento del derecho o suscribieran contratos de transacción.

4 Folios 83 al 87 del cuaderno 1.

3

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

7.4. La sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 14 de diciembre de 20115 anuló el Decreto 4040 de 2004 al considerar
que fue expedido en forma irregular. Esta sentencia de nulidad con efectos erga
omnes no restableció el derecho hacia el pasado al no ser de carácter particular, de
tal manera que al producir efectos ex nunc, el decreto estuvo vigente hasta el año
20116.

7.5. El pago efectuado a los magistrados de tribunal y demás servidores beneficiarios
del Decreto 4040 de 2004 se ajustó a derecho, en tanto la liquidación, ya sea del
70% o del 80% de lo que por todo concepto devengaran anualmente los
magistrados de altas cortes, fue producto de un cálculo anualizado, pues el decreto
no indicó la aproximación que debía efectuarse con base en la remuneración
mensual. A la parte demandante no le aplicaba el reconocimiento y liquidación de
la bonificación respecto del 80% en virtud de los efectos futuros de la sentencia que
anuló el Decreto 4040 de 2004.

7.6. Propuso las siguientes excepciones: i) prescripción de los derechos laborales
causados con anterioridad al 12 de febrero de 2007, por cuanto solo hasta el 13 de
febrero de 2010 la parte actora solicitó el reconocimiento del derecho 7; ii) cobro de
lo no debido, y iii) la innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
profirió la sentencia del 29 de septiembre de 2017, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda8. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Estese a lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado en sentencia del
14 de diciembre de 2011, expediente 2005-00244 Conjuez Ponente Dr. CARLOS
ARTURO ORJUELA GÓNGORA; y a la Sentencia de unificación jurisprudencial
proferida el día 18 de mayo de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Resolución 2488 de 10 de mayo de 2010,
expedida por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, Dr. CARLOS ARIEL
USEDA GOMEZ, por medio del cual se negó el pago de las diferencias solicitadas por
la señora ADRIANA GUZMAN RODRIGUEZ, por concepto de bonificación de gestión
judicial como Directora de Unidad y de Directora Seccional de Administración Judicial,
de todo lo percibido anualmente por un Magistrado de las Altas Cortes, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.

5 De radicado 11001-03-25-000-2005-00244-01.
6 Citó la sentencia C-037 de 1996.
7
Citó la sentencia del 21 de septiembre de 1982 del Consejo de Estado.
8 Folio 137 del cuaderno 1.

4

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

TERCERO: ORDENAR a la Nación-RAMA JUDICIAL, RECONOCER en favor de la
señora ADRIANA GUZMAN RODRIGUEZ la bonificación por compensación consagrada
en el Decreto 610 de 1998 bajo los lineamientos expuestos en la parte motiva.

CUARTO: CONDENAR a la Nación-RAMA JUDICIAL a pagar a la señora ADRIANA
GUZMAN RODRIGUEZ, retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo
que debió percibir de acuerdo a la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, en el Cargo de Directora de la Unidad de Planeación y de
Coordinadora de Direcciones Seccionales de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, desde el año 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010, en un porcentaje del 70%,
de todo lo percibido anualmente por un Magistrado de las Altas Cortes, conforme con lo
expuesto en la parte motiva.

QUINTO: La Nación – RAMA JUDICIAL dará cumplimiento al presente fallo en el término
estipulado en los artículos 175 y 176 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este proveído.

OCTAVO: Por Secretaría, expídanse a costa de la parte interesada las copias
correspondientes.

NOVENO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la
parte demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere
lugar, y con el archivo del expediente». [Resaltado del texto original].

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. En desarrollo de la Ley 4ª de 1992, el Decreto 610 de 1998 adicionado por el
Decreto 1239 de ese año, creó la bonificación por compensación a partir del año
1999 con carácter permanente, que se adicionaría hasta en un 80% al salario
mensual y demás ingresos laborales percibidos por los funcionarios de la rama
judicial.

9.2. Los decretos 610 y 1239 fueron derogados por el Decreto 2668 del 31 de
diciembre de 19989 y, este a su vez, fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 25 de
septiembre de 2001, con efectos ex tunc, por lo que, los decretos 610 y 1239 de
1998 recobraron su vigencia y, adicionalmente, el Decreto 664 de 1999 perdió su
fuerza ejecutoria.

9
Una vez derogados se expidieron los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000 y 1476 y 2726 de
2001.

5

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

9.3. Mediante el Decreto 4040 del 2004 se creó la bonificación de gestión judicial con
un porcentaje del 70% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de
las altas cortes aplicable a los destinatarios que optaran por acogerse a ese
régimen; pues de lo contrario se aplicaría la bonificación por compensación prevista
en el Decreto 610 de 1998, pero no con la cuantía del 80% determinada en este
último.

9.4. El Consejo de Estado mediante la sentencia del año 2011 anuló el mencionado
decreto por contener una medida regresiva respecto del Decreto 610 de 1998 al
vulnerar el artículo 53 de la Constitución Política por tratarse de derechos
irrenunciables, y que generó una desigualdad entre los empleados del mismo nivel,
de tal manera que este cobró vigencia; y posteriormente, fue modificado por el
Decreto 1102 de 2012.

9.5. La demandante se desempeñó como directora de la Unidad de Planeación y
coordinadora de direcciones seccionales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial desde el año 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010,
inclusive, por lo que, los actos demandados no acataron lo previsto en el Decreto
610 de 1998, en tanto se acreditó que aquella ocupó un cargo en la Rama Judicial
equivalente al de magistrado auxiliar, de tal manera que el acto demandado es nulo
al negar el reconocimiento de la bonificación por compensación.

9.6. En virtud de la justicia rogada se accederá a lo pretendido teniendo en cuenta
como base de comparación de las respectivas diferencias el porcentaje del 70% de
lo recibido por los mencionados funcionarios y no del 80% ya que corresponde a lo
pedido por la parte demandante.

9.7. El término de prescripción de los derechos laborales se empieza a contabilizar
desde que el derecho se hace exigible. Para la demandante aplica a partir del «28
de enero de 2012» fecha de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del
Decreto 4040 de 2004, de tal manera que no operó dicho fenómeno ya que la
reclamación se presentó el 13 de abril de 2010.

10. La sentencia del 29 de septiembre de 2017 fue objeto de corrección y aclaración
mediante providencia del 29 de noviembre de 201910, en la cual se dispuso lo
siguiente:

«Primero: Corregir y aclarar para todos los efectos procesales, el artículo cuarto de
la sentencia del 29 septiembre de 2017, proferida por esta Sala de Decisión, en el sentido
de indicar, que el porcentaje reconocido corresponde al 80%, el cual quedará así:

10
Folios 174 a 175 vuelto.

6

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

"CUARTO: CONDENAR a la Nación-RAMA JUDICIAL a pagar a la señora ADRIANA
GUZMAN RODRIGUEZ, retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo
que debió percibir de acuerdo a la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, en el Cargo de Directora de la Unidad de Planeación y de
Coordinadora de Direcciones Seccionales de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, desde el año 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010, en un porcentaje del 80%,
de todo lo percibido anualmente por un Magistrado de las Altas cortes, conforme con lo
expuesto en la parte motiva”. En todo lo demás, la providencia no sufrirá modificación
alguna”».

11. Lo anterior, en atención a la solicitud de aclaración y/o corrección presentada por
la demandante el 19 de octubre de 2017 respecto del ordinal 4° de la parte resolutiva
de la sentencia, específicamente en lo que atañe al porcentaje reconocido, el cual
debió ser del 80% y no del 70%. El tribunal accedió a tal petición, por lo que corrigió
y aclaró el mencionado artículo al señalar que por error involuntario en ese momento
indicó que el porcentaje reconocido por bonificación por compensación
correspondía al 70% siendo lo correcto el 80%.

12. En audiencia de conciliación celebrada el 8 de junio de 2023 se concedió el
recurso de apelación interpuesto por la demandante11.

1.4. El recurso de apelación

13. La demandante presentó recurso de apelación parcial en relación con el ordinal
4° de la parte resolutiva de la sentencia12 con fundamento en que en virtud del
Decreto 610 de 1998, desde el año 2001 el porcentaje de la bonificación por
compensación debía ser equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados
de las altas cortes, de tal manera que al haberse ordenado en la sentencia recurrida
el reconocimiento del 70% y no del 80% respectivo, se impidió que la entidad
demandada tuviera claridad del porcentaje sobre el cual debía reliquidar dicho
emolumento. En este caso se debió aplicar «el porcentaje del 80% y no otro el que debe
ser reconocido, porque […] el periodo en que laboró […] va desde el año 2004 hasta el
2010». El Decreto 610 de 2004 cobró vigencia con la sentencia del 14 de diciembre
de 2011 que anuló el Decreto 4040 de 2004, por lo tanto, eliminó toda interpretación
de pago de la denominada bonificación de gestión judicial, de tal manera que es
beneficiara de la bonificación por compensación «para cuyo cálculo se debería incluir
las cesantías de los Congresistas».

11
Folios 241 a 242.
12 Folios 153 y 154.

7

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia13

14. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó alegatos de
conclusión, en los que reiteró su solicitud de negar las pretensiones de la
demanda14.

15. La
demandante presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los
argumentos planteados en el recurso de apelación15.

1.6. El Ministerio Público

16. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta
instancia16.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

17. Se circunscribe a establecer ¿si los argumentos del recurso de apelación
ameritan un pronunciamiento de fondo sobre la decisión de primera instancia o si,
por el contrario, debido a la corrección y aclaración de la sentencia, el reproche
formulado por la recurrente se subsanó?

2.2. Carencia de objeto en el marco del recurso de apelación

18. El principio de la doble instancia reconocido en el artículo 31 de la Constitución
Política permite que toda sentencia judicial sea apelada, salvo algunas excepciones
legales. Esta garantía del debido proceso asegura que haya un juez superior,
independiente e imparcial, que revise la decisión original; sin embargo, el acceso a
este derecho no es automático, por cuanto tal como lo establecen los artículos 243
y 247 del CPACA, existen requisitos que deben cumplirse para la procedencia del
recurso, entre otros, el tipo de providencias que se pueden apelar y el trámite a
seguir.

19. Por su parte, el Código General del Proceso17 se ocupó de establecer la finalidad,
procedencia y legitimación para la interposición del recurso. Así pues, de
conformidad con el artículo 320 de la referida normativa, este mecanismo permite

13
El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de septiembre de 2024. Folio 248 vto.
14 Índices 52 y 53 del aplicativo Samai.
15
Índices 51, 52 y 56 del aplicativo Samai.
16 Así se desprende del informe secretarial del 25 de junio de 2024. Folio 247.
17
Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

8

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

que un juez superior examine la decisión impugnada, pero solo sobre las objeciones
específicas que presente el apelante; además, el artículo 322 establece que el
recurrente debe señalar brevemente las inconformidades en torno a la decisión de
primera instancia; de manera que se deben indicar claramente las razones que lo
llevan a solicitar que la decisión inicial se revoque o modifique.

20. No obstante lo anterior, en el trámite del proceso puede ocurrir que la situación
que motivó la interposición del recurso haya cambiado o desaparecido, lo que torna
innecesario el pronunciamiento del juez de segunda instancia. En este sentido, es
importante analizar el objeto de la apelación y las implicaciones de una decisión de
fondo en esa instancia.

21. Es así como la Corte Constitucional en la sentencia SU-522 de 2019 señaló que
el juez no puede pronunciarse sobre asuntos que hayan perdido su objeto o
actualidad. Al respecto indicó lo siguiente:

«La Corte ha venido explicando que la acción de tutela tiene por objeto la protección
efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual justifica la
necesidad de una decisión, positiva o negativa, por parte del juez. Pero, si luego de
acudir a la autoridad judicial, la situación ha sido superada o resuelta de alguna
forma, no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que
impartiera el juez caería en el vacío”. Esta es la idea central que soporta el concepto
de carencia actual de objeto. En otras palabras, el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha dejado
de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya superados.
Ello no obsta para que, en casos particulares, la Corte Constitucional aproveche un
escenario ya resuelto para, más allá del caso concreto, avanzar en la comprensión de
un derecho -como intérprete autorizado de la Constitución Política- o para tomar medidas
frente a protuberantes violaciones de los derechos fundamentales» [Se resalta].

22. Dicha tesis surge del estudio efectuado en la sentencia T-122 de 2005 en la que
el alto tribunal constitucional enfatizó en que la acción [de tutela, para el caso
analizado] perdía su objeto cuando las pretensiones habían sido superadas, por lo
que cualquier decisión que pretendiera proteger o restablecer el derecho resultaría
inane. Así lo resaltó:

«Esta realidad ha llevado a que esta Corte defina el concepto de carencia actual de
objeto como aquel que se configura cuando, frente a las pretensiones esbozadas en la
acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez carecería de todo efecto o
simplemente “caería en el vacío”»

23. Este concepto que se desarrolló en el trámite de la acción constitucional de tutela
resulta aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa en los asuntos
ordinarios que ella conoce, en tanto tampoco tendría sentido un pronunciamiento de

9

Radicado: 25000-23-25-000-2010-00925-02 (4662-2021)
Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

un juez respecto de una situación superada por fuera o al interior del escenario
judicial, pues igualmente resultarían inanes las órdenes a impartir.

24. Al respecto, valga acudir a lo señalado en el artículo 320 del CGP, según el cual
«[puede] interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia»;
es decir que no puede soslayarse que la finalidad de la apelación es controvertir la
decisión recurrida y modificarla en beneficio de la parte que recurre. Lo anterior
justifica que el legislador haya dispuesto que «[e]l juez no [pueda] hacer más
desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella»; esto es que cuando
se está ante un único apelante, debe entenderse que este solo cuestiona aquello
que no lo beneficia.

25. Así pues, la figura de la carencia de objeto de la apelación se produce cuando
previo a efectuar un pronunciamiento de fondo, desaparecen las circunstancias que
motivaron la presentación del recurso, esto es que se satisfizo la pretensión del
recurrente, caso en el cual, la decisión del juez de segunda instancia no tendría
ningún efecto práctico o útil.

26. Por lo tanto, el análisis del objeto de la apelación es relevante y debe ser
considerado por la autoridad judicial en el marco del trámite del recurso a efectos
de establecer si carece o no de sentido un pronunciamiento de fondo, por cuanto el
juez no podría revocar o modificar la situación original generada con la decisión
recurrida, para llegar a igual conclusión que el inferior, pues aquella se encontraría
ajustada a lo pretendido lo que, en otras palabras, conllevaría a que la decisión del
juez de segunda instancia se torne innecesaria, en tanto lo que se solicitaba ya fue
concedido.

27. En consecuencia, cuando el juez de segunda instancia se encuentre con un
asunto en el que solo una de las partes apela la decisión y advierte superada la
situación que originó la presentación del recurso, se enfrenta al escenario de la
carencia de objeto.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

28. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

28.1. Adriana María Guzmán Rodríguez se desempeñó como directora de la Unidad
de Planeación y coordinadora de direcciones seccionales de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y «se le reconocieron pagos y efectuaron descuentos, por el

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Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

periodo comprendido entre el 21 de octubre del 2002 y el 17 de septiembre de 2012» tal y
como se señaló en la Constancia CPLTES15-523 del 18 de agosto de 201518,
expedida por la Dirección Administrativa de la División de Tesorería de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

28.2. El 13 de abril de 201019, solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial la reliquidación y pago de las diferencias salariales adeudadas con base en
la bonificación de gestión judicial, en los términos del Decreto 4040 de 2004.

28.3. Mediante la Resolución 2488 del 10 de mayo de 2017 20, expedida por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, se negó la petición al
considerar que de acceder a la liquidación con los ingresos mensuales de los
magistrados de altas cortes y no sobre los anuales, se generaría un desequilibrio
que implicaría la vulneración del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos 610
de 1998 y 4040 de 2004.

2.3.1. Análisis sustancial del caso concreto

29. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos acusados y, a título
de restablecimiento del derecho, condenó a la rama judicial a reconocer y pagar a
la demandante las diferencias adeudadas por concepto de bonificación por
compensación en el equivalente al 70% de la totalidad de lo devengado por los
magistrados de las altas cortes, desde el año 2004 hasta el 24 de noviembre de
2010, sin que hubiese operado la prescripción extintiva del derecho.

30. En contra de esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación
con el que cuestionó la decisión en punto del reconocimiento del derecho en tanto
se ordenó que desde el año 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010, se le pagara
de manera retroactiva la diferencia salarial sobre el 70% y no del 80% de lo
devengado por los magistrados de las altas cortes.

31. Si bien el tribunal en el ordinal cuarto de la sentencia del 29 de septiembre de
2017 ordenó «CONDENAR a la Nación-RAMA JUDICIAL a pagar a la señora ADRIANA
GUZMAN RODRIGUEZ, retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo que
debió percibir de acuerdo a la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610
de 1998, en el Cargo de Directora de la Unidad de Planeación y de Coordinadora de

18
Folios 115 al 120. Teniendo en cuenta además la Resolución 2488 del 10 de mayo de 2017,
expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, mediante la cual se le negó
la petición a la parte actora (folio17)
19
Folios 11 al 15.
20
Folios 17 al 23.

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Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

Direcciones Seccionales de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, desde el año
2004 hasta el 24 de noviembre de 2010, en un porcentaje del 70%, de todo lo percibido
anualmente por un Magistrado de las Altas Cortes, conforme con lo expuesto en la parte
motiva»; también los es que accedió a la solicitud de corrección y/o aclaración
incoada por la parte actora; y, en ese sentido, mediante providencia del 29 de
noviembre de 2019, modificó dicho ordinal en los siguientes términos:

«Primero: Corregir y aclarar para todos los efectos procesales, el artículo cuarto de
la sentencia del 29 septiembre de 2017, proferida por esta Sala de Decisión, en el sentido
de indicar, que el porcentaje reconocido corresponde al 80%, el cual quedará así:

"CUARTO: CONDENAR a la Nación-RAMA JUDICIAL a pagar a la señora ADRIANA
GUZMAN RODRIGUEZ, retroactivamente la diferencia existente entre lo percibido y lo
que debió percibir de acuerdo a la bonificación por compensación consagrada en el
Decreto 610 de 1998, en el Cargo de Directora de la Unidad de Planeación y de
Coordinadora de Direcciones Seccionales de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, desde el año 2004 hasta el 24 de noviembre de 2010, en un porcentaje del
80%, de todo lo percibido anualmente por un Magistrado de las Altas cortes, conforme
con lo expuesto en la parte motiva”. En todo lo demás, la providencia no sufrirá
modificación alguna”».

32. Es decir que con la corrección y aclaración de la sentencia de primera instancia
se accedió de forma total a las pretensiones del recurso, esto es el reconocimiento
de las diferencias salariales entre lo realmente percibido que corresponde al 70%
de la totalidad de lo devengado por los magistrados de las altas cortes y lo dejado
de percibir, esto es, sobre el 80%, conforme con el Decreto 610 de 1998.

33. Valga precisar que el tribunal corrigió la sentencia [el 29 de noviembre de 2019]
previo a la concesión del recurso de apelación, que ocurrió en la audiencia de
conciliación celebrada el 8 de junio de 2023.

34. Lo anterior hace inane realizar cualquier otra precisión al respecto, pues lo
pretendido en el recurso de apelación coincide con lo decidido por el a quo, al
resolver la solicitud de aclaración y corrección de la sentencia.

35. En esas condiciones, una confrontación de los argumentos contenidos en el
recurso respecto de lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sala Transitoria, permite observar que lo que pretende la
recurrente es que se le reconozca el derecho a la bonificación por compensación
de conformidad con lo previsto en el Decreto 610 de 1998, es decir, en un 80% de
lo que por todo concepto devenga por un magistrado de alta corte, ya que en la
sentencia del 29 de septiembre de 2017 se le reconoció solo en un porcentaje del
70%.

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Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

36. Sin embargo, toda vez que mediante providencia del 29 de noviembre de 2019,
el tribunal corrigió la aparente irregularidad contenida en la sentencia en cuanto al
porcentaje de la bonificación, esto es del 70% al 80%, en últimas accedió a lo
pretendido en la apelación, por lo que resulta inane que en segunda instancia se
revoque o modifique una decisión que ya fue ajustada en primera instancia. Por lo
tanto, debe considerarse que desaparecieron los fundamentos que dieron origen al
recurso de alzada.

37. De acuerdo con lo anterior, desaparecieron las razones por las que el apelante
estaba en desacuerdo con la decisión del tribunal, situación que conlleva a
considerar que se configuró la carencia de objeto de la apelación, debido a que la
cuestión objeto de controversia ha perdido su objeto y actualidad, tornándose inane
cualquier pronunciamiento que se emita al respecto.

38. En consecuencia, al desaparecer los fundamentos de hecho que dieron origen al
recurso la Sala encuentra que carece de razón y sentido la apelación interpuesta lo
que impide emitir un pronunciamiento de fondo, por lo que se declarará la carencia
de objeto de la apelación.

2.4. Costas

39. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

40. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

41. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la

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Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.

42. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

43. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas.

3. Conclusión

44. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no es procedente examinar
los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia, en la medida en
que los fundamentos planteados en la apelación presentada por la parte
demandante han desaparecido una vez fue corregida y aclarada la providencia
objeto de recurso. Por consiguiente, la Sala declarará la carencia actual de objeto
de la apelación presentada por la parte demandante contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria
del 29 de septiembre de 2017, corregida y aclarada mediante proveído del 29 de
noviembre de 2019 y; en consecuencia, se mantendrá incólume la decisión del a
quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar la carencia de objeto en el presente asunto, de conformidad con
las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. En consecuencia, abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo frente
al recurso de apelación interpuesto por Adriana María Guzmán Rodríguez y, por lo
tanto, mantener incólume la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2017 por

21En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: Adriana María Guzmán Rodríguez

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
corregida y aclarada mediante providencia del 29 de noviembre de 2019 por medio
de la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Adriana María
Guzmán Rodríguez contra la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Juridicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. Reconocer personería jurídica al abogado Sergio Mario Márquez Medina
identificado con cédula de ciudadanía 1193030066 y TP 418011 del CSJ como
apoderado de la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, de conformidad con el poder que obra en el índice 54 del aplicativo Samai.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

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