Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-01201-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2010-01201-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2010-01201-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 25 000 2010 01201 01 (3952-2014)
Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
Demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Temas: Reliquidación de la pensión por reingreso al servicio público
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del 18 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección F, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el señor Hernando Gutiérrez
Puentes, por medio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en orden a que se declare i) la nulidad parcial de la
Resolución 040 del 20 de enero de 1998, mediante la cual el gerente del Fondo de
Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI) reliquidó su pensión de jubilación; y ii) la nulidad
de las Resoluciones 923 del 10 de marzo de 2010 y 1501 del 6 de mayo de 2010,
por medio de las cuales el citado Fondo negó la reliquidación de la prestación.
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Radicado: 25000 23 25 000 2010 01201 01 (3952-2014)
Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
(i) condenar al FONCEP a reliquidar su pensión de jubilación, a partir del 1 de enero
de 1998, con el 75% del salario más alto devengado durante el último año de
labores, incluyendo las primas de navidad, semestral, vacaciones y vacaciones en
dinero y la totalidad de la bonificación por servicios, sin que esté sometida a ningún
tope, y al pago de las diferencias que resulten por concepto de mesadas atrasadas;
(ii) declarar que el FONCEP está obligado a reconocerle y pagarle, con
retroactividad al 1 de enero de 1998, los reajustes y beneficios establecidos por la
ley a favor de los pensionados, respecto del mayor valor que resulte; (iii) indexar la
condena de acuerdo con lo ordenado por el artículo 178 del Código Contencioso
Administrativo, tomando como base el índice de precios al consumidor certificado
señalado por el DANE; y (iv) ordenar el cumplimiento de la sentencia en los términos
establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) Al señor Gutiérrez Puentes le fue reconocida pensión de jubilación a través de la
Resolución 0003 del 8 de febrero de 1991. Al adquirir el status pensional, este había
laborado por más de 10 años al servicio de la Rama Judicial y al Ministerio Público.
ii) Por Resolución 1518 de 1994, la Caja de Previsión Social de Bogotá suspendió
el pago de la pensión de jubilación al demandante, a partir del 1 de febrero de 1994,
comoquiera que en esta fecha se posesionó en el cargo de personero delegado en
lo penal, en la Personería de Santa Fe de Bogotá. Luego, a partir del 1 de marzo de
1995, tomó posesión del empleo de personero de Bogotá, el cual ejerció hasta el 31
de diciembre de 1997.
iii) Por medio de la Resolución 040 del 20 de enero de 1998 el Fondo de Pensiones
Públicas de Santa Fe de Bogotá (FAVIDI) reliquidó la pensión de jubilación del
demandante, a partir del 1 de enero de 1998. Para el efecto, reconoció que era
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beneficiario del régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971; sin embargo,
solo tuvo en cuenta como factores salariales la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica y la bonificación por servicios.
iv) El 21 de diciembre de 2009, el demandante solicitó al Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) una nueva reliquidación de su
pensión, con el 75% del salario más alto devengado en el último año de servicios,
incluyendo las primas de navidad, servicios, vacaciones y el 100% de la bonificación
por servicios, de conformidad con los Decretos 717 de 1978, 546 de 1971 y 542 de
1977. La petición fue negada por la demandada, por medio de la Resolución 0923
del 10 de marzo de 2010, por considerar que el artículo 1 del Decreto 583 de 1995
dispone la reincorporación al servicio únicamente en los casos previstos en el
artículo 20 del Decreto 2400 de 1968 y en los cargos de elección popular. Acto
administrativo que fue confirmado por la Resolución 1501 del 6 de marzo de 2010.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 3, 13, 25, 48, 55 y 118 de la Constitución
Política; 150 de la Ley 100 de 1993; 6 del Decreto 717 de 1978; 85 del Decreto 01
de 1984 y 99 del Decreto 1421 de 1993.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
i) La reliquidación de la pensión del demandante, por medio de la Resolución 040
de 1998, no se ajustó a derecho por cuanto no fueron incluidas las primas de
navidad, semestral y de vacaciones, ni el 100% de la bonificación por servicios,
como lo dispone el artículo 4 del Decreto 911 de 1978.
ii) Al actor, al adquirir el status de pensionado y reintegrarse al servicio oficial le son
aplicables las disposiciones contenidas en los Decretos 546 de 1971 y 542 de 1977,
este último referido a la posibilidad de reintegro de un pensionado al Ministerio
Público, órgano autónomo e independiente de las ramas del poder público,
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conforme a lo previsto en los artículos 113, 117, 118 y 275 a 284 de la C.P., y como
lo señaló la Sala de Consulta del Consejo de Estado en concepto 1733 del 27 de
abril de 2006.
iii) La demandada, con las resoluciones acusadas, al negar incluir todos los factores
salariales previstos en el Decreto 717 de 1978 y pretender aplicar el Decreto 583 de
1995 a una situación de reincorporación o reintegro al servicio oficial a un cargo del
Ministerio Público ocurrida el 1 de febrero de 1994 y que fue autorizada por la misma
entidad, desconoció los principios de buena fe, confianza legítima y el respeto a los
actos propios, los principios de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en las normas laborales, primacía de la realidad sobre las
formalidades, garantía a la seguridad social y la condición más beneficiosa, la
seguridad social, régimen especial previsto para la Rama Judicial y el Ministerio
público y art. 11 del Decreto 542 de 1977.
iv) Teniendo en cuenta que el actor se reintegró al cargo de personero delegado y
personero de Bogotá, por más de dos (2) años continuos, cumple con los supuestos
previstos en el artículo 11 del Decreto 542 de 1977, lo que le da el derecho a que
en la reliquidación de su pensión se incluyan todos los factores devengados en el
último año de servicios.
1.2. Contestación de la demanda
La entidad demandada, por intermedio de apoderado, se opuso a las pretensiones
de la demanda y planteó las siguientes razones de defensa:1
i) El actor consolidó su status pensional el 1 de enero de 1991, con anterioridad a la
vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, su pensión se rige por lo dispuesto en
las Leyes 33 y 62 de 1985.
1 Folios 199 al 228
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ii) Los Decretos 546 de 1971 y 542 de 1977 prevén el régimen salarial y prestacional
para la Rama Judicial, del cual pretende derivar beneficios el demandante, cuya
normatividad solo puede continuar aplicándose en la actualidad, y luego de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, a quienes hayan consolidado su
situación jurídica al amparo de estas normas especiales y para quienes se
encuentren beneficiados por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, toda vez que el Decreto 691 de 1994 integró al sistema general de pensiones
a los servidores de la Rama Judicial, quedando excluidos de su aplicación
solamente quienes se encuentren en estas dos situaciones.
Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante no se encuentra en
ninguna de las hipótesis señaladas, no es dable realizar la reliquidación con
fundamento en lo previsto en los Decretos 546 de 1971 y 542 de 1977.
iii) Por su parte, para los destinatarios del régimen ordinario en pensiones, como el
actor, existe el derecho a la reincorporación al servicio público y, al finalizar dicho
servicio, el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación, limitado al
ejercicio de algunos empleos públicos, no siendo uno de estos el ocupado por el
señor Gutiérrez Puentes; por ende, no hay lugar a reliquidar su pensión con
fundamento en la normatividad especial aplicable al Ministerio Público, pues bajo
dicho régimen no causó ningún derecho. En suma, no puede reajustarse la pensión
con fundamento en el régimen especial ni con el régimen ordinario.
iv) La incorporación al servicio público de un pensionado se encuentra prevista en
los artículos 4 de la Ley 171 de 1961, 29 del Decreto 2400 de 1968, relacionado con
la administración del personal civil que presta sus servicios a la Rama Ejecutiva, y
1 del Decreto 583 de 1995, el cual mantuvo la regla contenida en las anteriores
normas, esto es, que quien reúna las condiciones para disfrutar la pensión, cesará
en sus funciones para pasar a disfrutar de esta, salvo en algunos casos
excepcionales, entre ellos el desempeño de cargos de elección popular.
v) En estas condiciones, no hay lugar a reliquidar la pensión del demandante, en los
términos del artículo 4 de la Ley 171 de 1961, pues el cargo de personero delegado
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o personero de Bogotá, no es útil para tal efecto, por no estar dentro de las
excepciones consagradas en la ley, y tampoco puede aplicarse el régimen especial
de la Rama Judicial y el Ministerio Público al no haberse consolidado derecho
alguno con fundamento en esta normatividad.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: falta de jurisdicción y falta de
competencia por asignación legal; inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido frente al derecho pensional consolidado por el demandante con anterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la inaplicabilidad del régimen pensional
especial de la Rama Judicial Decretos 546 de 1971 y 542 de 1977; legalidad en la
aplicación de las excepciones consagradas en los Decretos 2400 de 1968 y 583 de
1995; legalidad de los actos administrativos en cuanto a la aplicación y vigencia
para reincorporación de servidores públicos en el régimen ordinario aplicable al
demandante; prescripción de las mesadas pensionales y prescripción respecto a los
factores que integran la base salarial; ausencia de la causa para pedir liquidación
de pensión sin límite o tope de pensión; falta de integración del litisconsorcio
necesario con la entidad CAJANAL EICE en liquidación y/o Buenfuturo y el Instituto
de Seguros Sociales.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección F, Sala
de Descongestión, mediante sentencia del 18 de abril de 2013,2 adicionada el 15 de
noviembre del mismo año,3 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
con sustento en las siguientes consideraciones:
i) De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 542 del 10 de marzo
de 1977, cuando un pensionado se reintegre a un cargo de la Rama Jurisdiccional
o del Ministerio Público tiene derecho al reajuste de su pensión, siempre y cuando
hubiere laborado por lo menos durante 2 años continuos en dicho cargo.
2 Folios 275 al 324
3 Folios 341 al 353
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En este aspecto, no le resulta aplicable al actor la normatividad general, contenida
en la Ley 171 de 1961 y en el Decreto 2400 de 1968, pues, la primera establece de
manera general el derecho a la revisión de la pensión de jubilación, mientras que el
segundo y las normas que han ampliado su margen de acción, están destinadas a
la Rama Ejecutiva del orden nacional.
iii) Así las cosas, la reliquidación de la pensión del demandante, mediante la
Resolución 040 del 20 de enero de 1998, no se ajustó a la normatividad aplicable,
contenida en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978, toda vez que tomó el
promedio de los dos últimos años de servicio, con inclusión de la asignación básica,
los gastos de representación, la prima técnica y la bonificación por servicios, cuando
debió efectuar la liquidación con el 75% del salario más alto devengado en el último
año de servicios, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 1997.
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal declaró la nulidad de las Resoluciones
040 del 20 de enero de 1998 (parcial), 923 del 10 de marzo de 2010 y 1501 del 6
de mayo de 2010 y condenó al FONCEP a reliquidar la pensión de jubilación del
demandante con el 75% del salario más alto percibido en el último año de servicios,
con inclusión además de la asignación básica, gastos de representación, prima
técnica y bonificación por servicios (ya tenidos en cuenta), las doceavas partes de
las primas semestral, de vacaciones y navidad, a partir del 31 de diciembre de 1997,
fecha en que se retiró del servicio, sin que la cuantía supere el tope de los veinticinco
salarios mínimos mensuales legales vigentes; ordenó descontar el 5% sobre los
factores salariales reconocidos, en el evento de no haberlos efectuado; y declaró
probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 21 de diciembre de 2006, debido a que la petición de
reliquidación se presentó el 21 de diciembre de 2009.
1.4. El recurso de apelación
La entidad demandada, actuando por intermedio de apoderado, interpuso recurso
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de apelación4 en contra de la sentencia previamente referenciada, y solicitó que se
revoque y, en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda. Como
sustento de su pretensión expuso lo siguiente:
i) El actor consolidó su status pensional el 1 de enero de 1991, con anterioridad a la
vigencia del Régimen General de Pensiones, consagrado en la ley 100 de 1993,
razón por la cual su situación pensional se rige por las Leyes 33 y 62 de 1985; no
obstante, en lo que respecta a la edad, se aplica la Ley 6 de 1945.
ii) Por otra parte, al encontrarse el demandante en el régimen ordinario de los
empleados públicos, no tiene derecho a la revisión de su pensión de jubilación en
los términos del artículo 4 de la Ley 171 de 1961, dado que los cargos de personero
delegado y personero de Bogotá, D.C. no se encuentran dentro de las excepciones
consagradas en la ley.
En efecto, en virtud del Decreto 583 de 1995, la enumeración de los cargos que
estaban exceptuados de la prohibición de reintegro contenida en el artículo 29 del
Decreto 2400 de 1968 se hizo extensiva a todos las entidades y órganos del Estado.
Por lo tanto, a partir de su expedición solo se permite el reintegro al servicio público
de los pensionados en los empleos señalados en el artículo 29 del Decreto 2400 de
1968 o en los de elección popular. Por consiguiente, al haberse reincorporado el
pensionado a un cargo que no estaba exceptuado de la prohibición de reintegro,
resulta claro que no tiene derecho a que su pensión se reliquide con fundamento en
lo devengado en virtud del nuevo tiempo laborado.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El apoderado del señor Gutiérrez Puentes descorrió el término para alegar5 y
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
4 Folios 456 a 479
5 Folios 393 al 396
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Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
1.5.2. El FONCEP
La entidad demandada, por conducto de apoderado, descorrió el término para
alegar6 y reprodujo los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto7.
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,
al juez de segunda le corresponde pronunciarse únicamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En el
presente caso, solamente presentó recurso de apelación la entidad demandada.
Por consiguiente, conforme a la decisión de primera instancia y a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación por el apoderado del FONCEP, el problema
jurídico se contrae a resolver si el señor Hernando Gutiérrez Puentes tiene derecho
a la reliquidación de su pensión de jubilación por haberse reincorporado al servicio
de la Personería de Bogotá como personero delegado en lo penal y, posteriormente,
haberse desempeñado como personero distrital.
2.2. Marco normativo
6 Folios 397 al 408
7 Folio 542, constancia secretarial
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2.2.1. De la reliquidación pensional por reincorporación al servicio
La Ley 171 de 1961, «por la cual se reforma la Ley 77 de 19598 y se dictan otras
disposiciones sobre pensiones», previó la posibilidad de que las personas
pensionadas por servicios prestados en el sector público que se reincorporaran a
cargos oficiales y permanezcan en ellos por lo menos 3 años, tendrían derecho a
la revisión de su prestación a partir de la fecha del retiro. Así lo dispuso:
Artículo 4. Al pensionado por servicios a una o más entidades de derecho público, que
haya sido o sea reincorporado a cargos oficiales y haya permanecido o permanezca
en ellos por tres (3) años o más, continuos o discontinuos, le será revisada su pensión
a partir de la fecha en que quede nuevamente fuera del servicio, con base en el sueldo
promedio de los tres últimos años de servicios.
La misma regla se aplicará al jubilado por una empresa particular, que haya sido o sea
reincorporado por esta a su servicio o al de sus filiales y subsidiarias por el mínimo de
tiempo indicado.
Parágrafo. Cuando la reincorporación del pensionado por tres (3) años o más y su nuevo
retiro hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente ley, la pensión revisada
solo se causará a partir de dicha vigencia. [Resalta la Sala].
La aludida norma fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, que en
la Sentencia C-331 de 2000, admitió que esta seguía vigente y declaró la
constitucionalidad de la expresión demandada.9
Ahora bien, la legislación colombiana limitó la posibilidad de reincorporarse al
servicio para quienes habían obtenido el reconocimiento de la pensión. Al respecto,
el artículo 29 del Decreto Ley 2400 de 1968, señaló que el personal civil que presta
sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público, tendrían
permitido hacerlo solo para ocupar altas dignidades, así:
Artículo 29.- Modificado. Decreto. 3074 de 1968. art. 1º.- El empleado que reúna las
condiciones para tener derecho a disfrutar de una pensión de jubilación, cesará
definitivamente en sus funciones y será retirado del servicio, dentro de los seis (6)
8 «Por la cual se aumentan las pensiones de jubilación e invalidez»
9 La Corte resolvió «Declarar EXEQUIBLE la expresión "con base en el sueldo promedio de los últimos tres años
de servicios", contenida en el artículo 4º de la ley 171 de 1961, bajo la condición de que se entienda que el
sueldo promedio de los tres últimos años de servicio, que sirve de base para la liquidación de la pensión, debe
ser actualizado en la forma indicada en el art. 21 de la ley 100/93».
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Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
meses siguientes a la fecha en que reúna las condiciones. No obstante, el Gobierno
podrá establecer excepciones para el retiro, cuando las necesidades del servicio lo
exijan.
La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser reintegrada al
servicio, salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de presidente de la
república, ministro del despacho, jefe de departamento administrativo,
superintendente, viceministro, secretario general de ministerio o departamento
administrativo, presidente, gerente o director de establecimientos públicos o de
empresas industriales y comerciales del Estado, miembro de misiones diplomáticas
no comprendidas en la respectiva carrera y secretarios privados de los despachos
de los funcionarios de que trata este artículo. Por necesidades del servicio, el
gobierno podrá ampliar estas excepciones siempre y cuando que el empleado no
sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años.
La anterior restricción se reprodujo en disposiciones que regulan el derecho
pensional, entre ellas el artículo 78 del Decreto 184810 del 4 de noviembre de 196911
y el artículo 12112 del Decreto 1950 del 24 de septiembre de 197313 que lo limitó a
los cargos de presidente de la República, ministro del despacho o jefe de
departamento administrativo, superintendente, viceministro o secretario general de
ministerio o departamento administrativo, presidente, gerente o director de
establecimiento público o de empresa industrial o comercial del estado, miembro
de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera, secretario privado
de los despachos de los funcionarios anteriores, consejero o asesor y los demás
que por necesidades del servicio determine el gobierno, siempre que no se supere
la edad de retiro forzoso.14
Con la expedición del Decreto 583 de 1995,15 se mantuvo la regla fijada por el
artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 y se agregaron los cargos de elección popular
dentro de las posibilidades para el reintegro al servicio de los pensionados, con el
siguiente texto:
10 Compilado en el artículo 2.2.12.2.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016
11 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968»
12 Artículo compilado en el artículo 2.2.11.1.11 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
13 «Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del
personal civil».
14 Estas excepciones se han ampliado a los empleos de director general de unidad administrativa especial
(Decreto 2040 de 2002, artículo 1.º), subdirector de departamento administrativo (Decreto 4229 de 2004, artículo
1.º); secretario de despacho, código 020, de las gobernaciones y alcaldías (Decreto 863 de 2008, artículo 1.º);
subdirector o subgerente de establecimiento público (Decreto 740 de 2009, artículo 1.º); presidente, gerente o
subgerente de empresa oficial de servicios públicos del nivel nacional o territorial (Decreto 3309 de 2009, artículo
1.º).
15 «por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional del sector oficial».
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Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
Artículo 1. Las personas que se encuentren gozando de pensión de jubilación o
vejez y se reintegren al servicio en uno de los empleos señalados en el artículo 29
del Decreto 2400 de 1968 o en uno de elección popular, percibirá la asignación
mensual correspondiente. En el evento de que dicha asignación fuere menor a la
mesada pensional, percibirán adicionalmente la diferencia por concepto de pensión,
hasta concurrencia total de la prestación social.
Posteriormente, el Decreto 648 de 2017 (abril 19), por el cual se modifica y adiciona
el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública,
dispuso, respecto del reintegro de pensionados al servicio, lo siguiente:
Artículo 2.2.11.1.5. Reintegro al servicio de pensionados. La persona mayor de 70
años o retirada con derecho a pensión de vejez no podrá ser reintegrada al servicio,
salvo cuando se trate de ocupar los cargos de:
1. Presidente de la República.
2. Ministro del despacho o Director de Departamento Administrativo.
3. Superintendente.
4. Viceministro o Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo.
5. Presidente, Gerente o Director de entidades descentralizadas.
6. Miembro de misión diplomática no comprendida en la respectiva carrera.
7. Secretario privado de los despachos de los servidores anteriores.
8. Consejero o asesor.
9. Elección popular.
10. Las demás que por necesidades del servicio determine el Gobierno nacional,
siempre que no sobrepasen la edad de retiro forzoso.
Parágrafo. La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y que no
haya llegado a la edad de 70 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de:
1. Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica.
2. Subdirector de Departamento Administrativo.
3. Secretario de Despacho Código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías.
4. Subdirector o Subgerente de establecimiento público.
5. Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios Públicos del
orden nacional o territorial.
Bajo tal panorama, esta corporación ha señalado16 que para que opere la revisión
de la pensión de jubilación en los términos del artículo 4 de la Ley 171 de 1961, el
reintegro debe surtirse bajo los parámetros legales ya descritos, esto es i) que la
reincorporación al servicio se haya dado en uno de los empleos señalados y ii) que
haya permanecido o permanezca en ellos por tres (3) años o más, de lo contrario,
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicado 05001-
23-33-000-2013-01046-01 (1820-2015), consejero ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
dicha reliquidación no es procedente,17 «teniendo en cuenta que la regla general
define que el servidor que reúna las condiciones para tener derecho a disfrutar de
una pensión de jubilación, cesará definitivamente en sus funciones y pasará a
disfrutarla».18
2.2.2. De la reliquidación pensional por reingreso del pensionado a un cargo
en la Rama Judicial o en el Ministerio Público
El Decreto 542 de 1977, «por el cual se fija la remuneración para los funcionarios y
empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público y se dictan otras
disposiciones», respecto de reingreso de quien está pensionado para ejercer cargos
en la Rama Judicial, dispuso lo siguiente:
Artículo 11. El reintegro a un cargo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público
de quien esté disfrutando de pensión de jubilación o de vejez, solo da derecho al
reajuste de la misma cuando se haya trabajado por lo menos durante dos años
continuos en el nuevo cargo.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, la Sala
encuentra acreditado lo siguiente:
i) El señor Hernando Gutiérrez Puentes nació el 2 de agosto de 1940, como da
cuenta su registro civil de nacimiento.19
ii) Laboró como servidor público así:
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de mayo de 2010, radicado 25000 23
25 000 2006 00626 01 (1938-2007), consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
18 Cita textual «La Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencias de 31 de julio de 1996, Exp. 11108,
y, de 18 de abril de 2002, Exp. 1608-01, analizaron casos similares en los que se aceptó que la reincorporación
al servicio de un pensionado es excepcional y por tal razón sólo procede para ocupar los cargos especialmente
señalados en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, ya que allí se establece la prohibición general de
reincorporación».
19 Folio 123 del cuaderno 2
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Oficinista judicial II-4 del Juzgado 248 de Instrucción Criminal, del 16 de
enero de 1963 al 5 de agosto de 1965;20
Secretario del Juzgado Cuarenta Penal Municipal, del 1 de noviembre de
1965 al 31 de agosto de 1969;21
Juez noveno penal municipal, del 1 de septiembre de 1969 al 31 de agosto
de 1971;22
Juez quinto penal del circuito, del 1 de septiembre de 1971 al 31 de julio de
1973;23
Juez quince superior de Bogotá, del 1 de agosto de 1973 al 31 de agosto de
1975;24
Personero delegado en lo penal, en la Personería de Bogotá, del 1 de agosto
de 1977 al 1 de enero de 1991;25
Personero delegado en lo penal, en la Personería de Bogotá, del 10 de
febrero de 1994 al 1 de marzo de 1995;26
Personero de Bogotá, D. C., del 1 de marzo de 1995 al 31 de diciembre de
1997.27
iii) El 8 de febrero de 1991, por medio de la Resolución 003, la Caja de Previsión
Social de Bogotá, D.C., le reconoció una pensión de jubilación a partir del 1 de enero
de 1991. Para tal efecto, tuvo en cuenta que cumplió 50 años de edad el 2 de agosto
de 1990; que se retiró del servicio a partir del 1 de enero de 1991; y que acreditó las
siguientes cotizaciones: a) a la Caja Nacional de Previsión Social, del 16 de enero
de 1963 al 5 de agosto de 1965, del 1 de noviembre de 1965 al 31 de agosto de
1969; del 1 de septiembre de 1969 al 31 de agosto de 1975; b) al Distrito Especial
de Bogotá, del 1 de agosto de 1977 al 30 de diciembre de 1990.
20 Folio 124 del cuaderno 2
21 Folio 126, ibidem
22 Folio 128, ibidem
23 Ibidem
24 Ibidem
25 Folio 43 del cuaderno principal
26 Ibidem
27 Ibidem
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La liquidación se efectuó con el 75% de lo devengado en el último año de servicios,
teniendo en cuenta la asignación básica, los gastos de representación, las primas
técnica, de antigüedad, de navidad, semestral y de vacaciones.28
iv) El 13 de julio de 1994, por medio de la Resolución 1518, la Caja de Previsión
Social de Bogotá suspendió el pago de la pensión, a partir del 1 de febrero de 1994,
por solicitud del demandante, debido a que en esa fecha tomó posesión del cargo
de personero delegado en lo penal.29
v) El 20 de enero de 1998, mediante la Resolución 040, el gerente del Fondo de
Ahorro y Vivienda Distrital (FAVIDI), conforme a lo dispuesto por el artículo 11 del
Decreto 542 de 1977, reliquidó la pensión del actor por haber acreditado nuevos
tiempos de servicio a la Personería de Bogotá con posterioridad al reconocimiento
de la pensión de jubilación.
Como sustento de la decisión expuso, entre otras, las siguientes consideraciones:
[…]
Que el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 consagra, en cuanto a la cuantía de la
pensión de jubilación, una situación especial que favorece a los servidores de la
rama jurisdiccional con más de 10 años de servicio en forma exclusiva a la misma,
la cual no está sujeta a limitación alguna, pues debe liquidarse con el 75% de la
asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicios […]
Que conforme a lo anterior el señor Hernando Gutiérrez Puentes laboró más de 10
años exclusivamente a la rama jurisdiccional, toda vez que acredita en el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá 2160 días, al Juzgado 40 Penal 1380 días, al
Ministerio de Justicia 920 días para un total de 4460 días, sin contar el tiempo
laborado en la Personería como Personero Delegado en lo Penal y el último
cargo que fue como Personero de Santa Fe de Bogotá.
[…]. (Negritas de la Sala).
Para liquidar la pensión tomó los dos últimos años de servicio, comprendidos entre
el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1997, con inclusión de la asignación
28 Folio 179 del cuaderno 2
29 Folio 161 del cuaderno principal
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básica, los gastos de representación, la prima técnica y la bonificación por
servicios.30
vi) El 21 de diciembre de 2009,31 el señor Gutiérrez Puentes, por conducto de
apoderado, solicitó al FONCEP una nueva reliquidación de su pensión de jubilación,
con el 75% del salario más alto devengado en el último año de servicios, incluyendo
las doceavas partes de las primas de navidad, semestral y de vacaciones y la
totalidad de la bonificación por servicios, conforme a lo previsto en el artículo 12 del
Decreto 717 de 1978, modificado por el artículo 4 del Decreto 911 del mismo año, y
en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.32
vii) El 10 de marzo de 2010, por medio de la Resolución 923, la entidad negó la
anterior petición, por considerar que si bien «su situación pensional se encuentra
regida por el régimen especial de la rama judicial y el ministerio público», el Decreto
583 de 1995 solo permite a los pensionados reintegrarse a los cargos señalados en
el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 y a los de elección popular, dentro de los
cuales no se encuentra el desempeñado por el señor Gutiérrez Puentes.33
viii) El 6 de mayo de 2010, por medio de la Resolución 1501, el FONCEP resolvió
no reponer la Resolución 0923 del 10 de marzo de 2010, al considerar que si bien
el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968 solo tiene como destinatarios a los
servidores públicos de la Rama Ejecutiva, lo cierto es que en el caso del
demandante no se dio aplicación a dicha norma, sino a los artículos 1 y 4 del Decreto
583 de 1995, que reguló de manera integral la materia alusiva a la prohibición del
reintegro al servicio público de los pensionados, para todos los órganos y entidades
del Estado, entre los cuales se encuentra el Ministerio Público. Por lo tanto, a partir
de su expedición solo se encuentran exceptuados de la prohibición de reintegrarse
al servicio público los pensionados que lo hagan en los cargos a que alude el artículo
29 del Decreto 2400 de 1968 y en los de elección popular.34
30 Folios 2 al 8, ibidem
31 Información extractada de la Resolución 923 del 10 de marzo de 2010, folio 19
32 Folios 10 al 17 del cuaderno principal
33 Folios 18 al 25, ibidem
34 Folios 30 al 37, ibidem
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ix) El 22 de noviembre de 2010, la líder del Área de Registro, Control y Carrera
Administrativa de la Personería de Bogotá, D.C., certificó que el demandante laboró
para dicha entidad desde el 1 de febrero de 1994, como personero delegado para
lo Penal II, y a partir del 1 de marzo de 1995 como personero de Bogotá, D. C.,
hasta el 31 de diciembre de 1997, fecha en que se le aceptó la renuncia por Decreto
1259 del 30 de diciembre de 1997.35 Igualmente, hizo constar que devengó los
siguientes conceptos: asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
prima semestral, prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por
servicios.36
2.4. Análisis de la Sala. El caso concreto
La Caja de Previsión Social de Bogotá, por medio de la Resolución 003 de 1991,
reconoció a favor del señor Gutiérrez Puentes la pensión de jubilación de
conformidad con el régimen general, contenido en las Leyes 33 y 62 de 1985, por
haber acreditado más de 20 años de servicio público y 50 de edad. Si bien en dicho
acto no se consignó lo pertinente, se infiere que al demandante, en relación con el
requisito de edad, se le aplicó la Ley 6 de 1945, tal como lo admite la entidad en el
recurso de apelación. A tal conclusión llega la Sala al establecer que para la fecha
en que empezó a regir la Ley 33 de 1985,37 que aumentó la edad de pensión de 50
a 55 años, este tenía más de 15 años de servicios y, por ende, quedó cobijado por
la transición prevista en el parágrafo 2 del artículo 1.38
Ahora, el señor Gutiérrez Puentes solicitó a Favidi la suspensión de su mesada
pensional por reincorporación al servicio, en el cargo de personero delegado en lo
penal en la Personería de Bogotá, a partir del 1 de febrero de 1994, entidad en la
estuvo vinculado, en el mencionado cargo, hasta el 1 de marzo de 1995 y como
personero de Bogotá, hasta el 31 de diciembre de 1997, cuando le fue aceptada la
35 Folio 214 del cuaderno 2
36 Folios 41 y 42 del cuaderno principal
37 13 de febrero de 1985
38 Parágrafo 2. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que
regían con anterioridad a la presente ley.
17
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renuncia.
Con ocasión del retiro, mediante la Resolución 040 del 20 de enero de 1998, FAVIDI
le reliquidó la pensión por haber acreditado nuevos tiempos de servicio, con
posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación, dando aplicación al
artículo 11 del Decreto 542 de 1977. Para el efecto tuvo en cuenta que el
pensionado laboró más de 10 años exclusivamente a la rama jurisdiccional, «sin
contar el tiempo laborado en la Personería como Personero Delegado en lo Penal
y el último cargo que fue como Personero de Santa Fe de Bogotá». Por
consiguiente, reconoció que la pensión del señor Hernando Gutiérrez Puentes
obedece al régimen especial. Y efectuó la reliquidación con el promedio de los dos
últimos años de servicio, comprendidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de
diciembre de 1997. Sin embargo, el demandante reclama la aplicación integral del
Decreto Ley 546 de 1971, para que la mesada sea calculada con la asignación más
elevada del último año de servicios.
El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la demandada
reliquidar la pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% de la asignación
mensual más elevada devengada en el último año de servicios, con inclusión de los
factores contemplados en el Decreto 717 de 1978.
Inconforme con la decisión del a quo, la demandada alega que el cargo al que se
incorporó el demandante no es útil para acceder a la reliquidación pretendida, por
no estar dentro de las excepciones establecidas en el Decreto 2400 de 1968.
Pues bien, respecto del reingreso de pensionados al servicio, esta corporación
concluyó que las excepciones establecidas en el Decreto 2400 de 1968, subrogado
por el Decreto 3074 del mismo año, solo cobijan a los cargos que hacen parte de la
Rama Ejecutiva y que el artículo 11 del Decreto 542 de 1977, estableció una
excepción que permite el reingreso de quien está pensionado para ejercer cargos
en la Rama Judicial.39
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quintero,
sentencia de 20 de octubre de 2014, proceso con radicado 54001-23-31-000-2010-00480-01 (1601-2012)
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Así discurrió:
[…] es indispensable precisar que si bien la Ley 171 de 1961 no estableció un límite
en cuanto a los empleos susceptibles de tal reincorporación o reingreso al servicio,
de ello se ocupó el Decreto 2400 de 1968 en cuyo artículo 2940 estableció que las
personas que se hubieren retirado el servicio con derecho a jubilación no podrán ser
retiradas del servicio, salvo que el reingreso se produzca en los siguientes cargos:
Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento
Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de Ministerio o
Departamento Administrativo, Presidente, Gerente o Director de Establecimientos
Públicos o de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, miembro de
misiones diplomáticas no comprendidos en la respectiva carrera y secretarios
privados de los despachos de los funcionarios a que alude dicha norma; así mismo,
consagró la posibilidad de que el Gobierno Nacional, por necesidades del servicio,
ampliara tales excepciones.
Ahora bien, la anterior previsión también fue objeto de control de constitucionalidad
y declarada exequible por la Corte mediante sentencia C-124 de 1996, aduciendo
que es el legislador quien está facultado para determinar las formas de ingreso y
retiro de los empleados al servicio del Estado y también para consagrar las
excepciones en que se puede producir el reingreso al mismo en aras de la eficacia
y eficiencia de la función pública. Además, precisó lo siguiente:
“A lo anterior debe agregarse que las normas consagradas en el Decreto
2400 de 1968, subrogado por el Decreto 3074 del mismo año, regula la
administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de
la Rama Ejecutiva del Poder Público, sin hacer referencia en ellos a las
autoridades del orden departamental, distrital o municipal”. (Se resalta).
Ahora bien, el artículo 11 del Decreto Ley 542 de 1977 “por el cual se fija la
remuneración para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Público y se dictan otras disposiciones” establece:
Artículo 11. El reintegro a un cargo de la Rama Jurisdiccional o del
Ministerio Público de quien esté disfrutando de pensión de jubilación o
de vejez, solo da derecho al reajuste de la misma cuando se haya trabajado
por lo menos durante dos años continuos en el nuevo cargo”. (Negrilla y
subraya de la Sala).
Lo anterior, a juicio a la Sala, implica que además de las excepciones de reintegro
de pensionados, consagradas para los cargos de la Rama Ejecutiva previamente
descritos y establecidos en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, también se
estableció una excepción que permite el reingreso para ejercer cargos de la Rama
Judicial.
[…]
40 Tal disposición fue modificada por el decreto 3074 de 1968.
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Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
Esta postura fue reiterada por esta Sección en sentencia del 28 de septiembre de
2016, al concluir lo siguiente:41
Pero dichas disposiciones, salvo el artículo 4.º de la Ley 171 de 1961 —para todos
los servidores públicos en general—, son solo aplicables a la Rama Ejecutiva del
poder público,42 puesto que el Decreto 542 de 10 de marzo de 1977 creó un régimen
especial para los empleados y funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del ministerio
público, que, en su artículo 11, prevé:
[…]
En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto
1733, de 27 de abril de 2006, consejero ponente: Gustavo Aponte Santos, al resolver
una consulta sobre el reajuste de una pensión de un jubilado de la Rama Ejecutiva
que reingresó al servicio público como magistrado del Consejo Nacional Electoral,
en uno de sus apartes, dijo:
[…]
Puntualiza la Sala, que al contrario de lo que ocurre en la Rama Ejecutiva, donde el
reingreso de pensionados se hace por vía de excepción, para la Rama Judicial
existen dos normas legales que autorizan la reincorporación en forma más amplia.
La primera de esas normas, de carácter general, pues se refiere a la reincorporación
a “cargos oficiales” de pensionados por servicios y por tanto, aplicable al reingreso
a la función pública en la Rama Judicial, es la Ley 171 del 29 de diciembre de 1961,
que establece en el primer inciso del artículo 4.º (…).
[…]
Si bien es cierto que de la lectura ab initio del artículo 11 del Decreto 542 de 1977
podría pensarse que el reintegro solo beneficiaría, por ser este decreto una
disposición especial, al que hubiere desempeñado en otra época un cargo en la
Rama jurisdiccional o en el ministerio público, no lo es menos que, por una parte,
como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,43 allí no se determina con
41 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2016, radicado 13001 23 31 0002010
00037 01 (1220-13), consejero ponente Carmelo Perdomo Cuéter.
42 Decreto 2400 de 19 de septiembre de 1968. Artículo 1.º. El presente Decreto regula la administración del
personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968. Artículo
78. Prohibición al jubilado de reintegrarse al servicio oficial. Regla general y excepciones. La persona retirada
con derecho y goce de pensión de jubilación, no podrá reintegrarse al servicio oficial, en entidades de derecho
público, establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía mixta, conforme a la
prohibición establecida en el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, subrogado por el Decreto 3074 del mismo
año citado.
Parágrafo.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no comprende a las personas que vayan a ocupar cualquiera
de los siguientes empleos: Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento
Administrativo, Superintendente, Vice-Ministro, Secretario General de Ministerio o Departamento Administrativo,
Presidente, Gerente, Director de establecimientos públicos o de empresas industriales y comerciales del Estado,
miembro de misión diplomática no comprendido en la respectiva carrera y secretario privado de los despachos
de los funcionarios de que trata este artículo y los demás empleos que el gobierno nacional señale, conforme a
la facultad que al efecto le confiere el artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, citado antes.
43 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, expediente 11-001-02-30-
017-2004-0002, Acta 27, N.° 2. M.P. Mauro Solarte Portilla. […] Aduce también el demandante que, teniendo el
doctor Caballero Baena el status de pensionado de la rama ejecutiva, no es posible aplicar la norma de reintegro
de la rama judicial. Tal afirmación sin embargo, no resulta acertada porque la norma transcrita precedentemente
no distingue a quien puede reintegrarse o no a la Rama Judicial. De manera que, si la norma no hace diferencia
20
Radicado: 25000 23 25 000 2010 01201 01 (3952-2014)
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exactitud quiénes tienen derecho al reintegro, y, por la otra, al efectuarse una
interpretación sistemática de la fuente formal se ha de tener preferencia, entre varios
sentidos posibles, por la más favorable, tal como lo consagra el artículo 53 de la
Constitución Política: la «situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho» o, en otras
palabras, la aplicación del principio in dubio pro operario.
Y en este mismo sentido, esta Sala, en sentencia de 6 de octubre de 2011,44 afirmó:
[…]
En este orden de ideas, el accionante tiene derecho a la revisión de la pensión de
jubilación por haber permanecido más de dos años en el cargo de Magistrado del
Consejo Nacional Electoral, pues cumple la exigencia del artículo 11 del Decreto
542 de 1977, prestación que deberá reliquidarse con fundamento en la misma
normatividad que se aplicó para el reconocimiento, esto es, el artículo 99 del Decreto
1214 de 1990, y con base en lo devengado como Magistrado del Consejo Nacional
Electoral.
[…]
Y en oportunidad más reciente, en el mismo sentido, la Subsección B de esta
Corporación concluyó:45
Esta corporación en sentencia del 20 de octubre de 2014 analizó el reingreso de
pensionados a cargos de la Rama Judicial. Al hacer una lectura integral del Decreto
2400 de 1968, subrogado por el Decreto 3074 del mismo año, se precisó que la
excepción de reincorporación de pensionados allí establecida solo cobija a los
cargos que hacen parte de la Rama Ejecutiva .
Se explicó entonces que el artículo 11 del Decreto 542 de 1977, “por el cual se fija
la remuneración para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del
Ministerio Público y se dictan otras disposiciones”, estableció una excepción que
permite el reingreso de quien está pensionado para ejercer cargos en la Rama
Judicial, así:
“Artículo 11. El reintegro a un cargo de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio
Público de quien esté disfrutando de pensión de jubilación o de vejez, solo da
derecho al reajuste de la misma cuando se haya trabajado por lo menos durante dos
años continuos en el nuevo cargo”.
Con referencia a lo anterior, se concluyó que el régimen especial de la Rama Judicial
autoriza el reintegro al servicio del pensionado, teniendo derecho al reajuste de la
alguna, al intérprete no le es dado hacerlo y, en virtud de ello, cualquier persona que se encuentre disfrutando
de pensión de jubilación o de vejez puede ser reintegrada al servicio en la Rama Judicial, siempre y cuando no
haya cumplido la edad de retiro forzoso […].
44 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B. Sentencia de 6 de octubre de 2011, radicación 25000-
23-25-000-2008-00963-01, expediente 0018-2011, consejera ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, actor:
Germán de Jesús Joaquín Bustillo Pereira, demandado: Ministerio de Defensa Nacional.
45 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de octubre de 2020, radicado 19001 23 33 000 2014 00547
01(3056-17), consejero ponente César Palomino Cortés.
21
Radicado: 25000 23 25 000 2010 01201 01 (3952-2014)
Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
pensión cuando se haya trabajado por lo menos durante dos años continuos en el
nuevo cargo.
Hechas las consideraciones anteriores, se tiene que la pensionada se reintegró a la
Rama Judicial desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 30 de abril de 2012,
acreditando 2 años, 2 meses y 29 días, de modo que cumple con el requisito de dos
años para tener derecho al reconocimiento de dichos tiempos para efectos
pensionales. En consecuencia, laboró en total más de 20 años de servicios públicos.
Por otra parte, respecto del Decreto 583 de 1995, cuya aplicación reclama la
demandada, esta corporación advirtió que esta norma en momento alguno está
encaminada a desconocer los derechos derivados del artículo 11 del Decreto 542
de 1977, sino a precisar, en forma puntual, cómo ha de ser la remuneración que
reciben quienes siendo pensionados, hubieren reingresado al servicio en virtud del
artículo 29 del Decreto 2400 de 1968, lo cual no implica derogatoria de la excepción
de reingreso consagrada a favor de quienes, teniendo la condición de pensionados,
ingresen a ejercer cargos en la Rama Judicial.
A su turno, la Corte Suprema de Justicia, al decidir la demanda contra una decisión
emitida por la Sala Plena de esta Corporación, mediante la cual se eligió y confirmó
la elección de un magistrado del Tribunal Administrativo del Magdalena, que
previamente tenía reconocida pensión de jubilación, concluyó:
El artículo 150 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia enumera las
causales de inhabilidad para ejercer cargos en la Rama Judicial, dentro de los cuales
no se relaciona la calidad de pensionado.
Indica también lo dispuesto en el Decreto Ley 546 de 1971, que jurídicamente no es
posible acudir a las previsiones del Decreto 2400 de 1968, ni de su reglamentario,
el 1950 de 1973, porque al decir de sus primeros artículos, estos estatutos están
dirigidos a regular la administración de personal de la rama ejecutiva del poder
público, a la cual no pertenece el cargo del demandado, así como tampoco, el
proceso eleccionario objeto de la presente acción.
Complemento de lo anterior, es que el artículo 11 del Decreto Ley 542 de 1977, “Por
el cual se fija la remuneración para funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Público, y se dictan otras disposiciones”, establece
que:
[…]
Lo anterior permite concluir que existiendo régimen especial para la Rama Judicial,
en el cual se autoriza de manera taxativa el reintegro al servicio de quien esté
22
Radicado: 25000 23 25 000 2010 01201 01 (3952-2014)
Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
disfrutando de pensión de jubilación o de vejez, a ella debemos someternos y no a
la legislación diferente aplicable a otras ramas del poder público.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que fue en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 11 del Decreto 542 de 1977 que se permitió el reingreso del
demandante al servicio del Ministerio Público, a pesar de tener reconocida la
pensión de jubilación y ello comporta la consecuencia que prevé dicha disposición,
es decir, el derecho del reajuste de la pensión, por haber cumplido el término de
permanencia previsto en la norma.
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia recurrida, que accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda.
2.5. De la condena en costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de
condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y
en el presente caso no se encuentra acreditada tal conducta, por lo cual no hay
lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del 18 de abril de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda-Subsección F, por medio de la
cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dentro del proceso
promovido por Hernando Gutiérrez Puentes contra el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP)
23
Radicado: 25000 23 25 000 2010 01201 01 (3952-2014)
Demandante: Hernando Gutiérrez Puentes
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y
háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
24
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