Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00643-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Pensión de jubilación de los empleados de la planta externa del ministerio de relaciones exteriores
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00643-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2011-00643-01
Consejero ponente: César Palomino Cortés
11 de abril de 2019
PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA EXTERNA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN – Determinación / SALARIO EN MONEDA EXTRANJERA – Conversión a moneda nacional / TOPE PENSIONAL
El ingreso base de cotización y de liquidación para el sistema general de pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe reflejar lo efectivamente devengado, sin acudir a equivalencias con cargos de la planta interna que en la mayoría de los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre otros, como quedó visto. (…). En resumen, se tiene: i) CAJANAL reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del [ demandante] de conformidad con la Ley 33 de 1985, toda vez que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyo ingreso base de liquidación fue el 75% del promedio de lo cotizado durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio; ii) el ingreso base de liquidación del 15 de abril de 2003 al mes de abril de 2004, se determinó sin haberse calculado la asignación básica mensual que en dólares percibió el actor cuando se desempeñó como Embajador de Colombia, en tanto la cotización de ese período se equiparó a la de un cargo de planta interna; iii) el ingreso base de cotización reflejado en el ingreso base de liquidación tenido en cuenta para liquidar la prestación pensional del demandante antes del mes de mayo de 2004, se calculó respecto de unas sumas distintas a las que en realidad percibió como empleado de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores; iv) por lo anterior, es procedente la reliquidación de la mesada pensional del accionante, tomando para ello la asignación básica mensual percibida en moneda extranjera, con la conversión a pesos, durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicios, sin que el monto de la misma sobrepase el tope de los 25 SMLMV; v) como lo dispuso el A quo en la sentencia de primera instancia, corresponde descontar el valor de la diferencia de los aportes que debió efectuar el demandante sobre las sumas realmente percibidas en moneda extranjera.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios de la planta externa de la Cancillería de la República, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de febrero de 2011, radicación: 2128-09, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve, y Corte constitucional, sentencia C-713 de 2004, M.P.: Luis Eduardo Montealegre Lynett.
FUENTE FORMAL: DECRETO 274 DE 2000 – ARTÍCULO 66 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 7
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 25000- 23-25-000-2011-00643-01(2220-13)
Actor: CARLOS ALBERTO BERNAL ROMÁN
Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE EN LIQUIDACIÓN
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho –
Decreto 01 de 1984
Asunto : Reliquidación de la pensión de jubilación. Empleado //de la planta externa del Ministerio de Relaciones //Exteriores.
ASUNTO
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 18 de julio de 2012 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por el señor Carlos Alberto Bernal Román contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE en Liquidación (en adelante CAJANAL EICE en Liquidación).
ANTECEDENTES
La demanda
El señor Carlos Alberto Bernal Román a través de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:
• La Resolución PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010 proferida por CAJANAL EICE en Liquidación “Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión mensual vitalicia por vejez”.
• La Resolución PAP 038360 de 14 de febrero de 2011 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución Nº PAP 012517 del 2 de septiembre de 2010”.
Como restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la entidad demandada que reliquide la pensión del accionante, con efectos a partir del 4 de septiembre de 2007 y que para establecer el ingreso base de liquidación, utilice lo realmente percibido en dólares, haciendo la conversión a pesos, en los períodos comprendidos entre el 15 de abril de 2003 y el 3 de septiembre de 2007, tiempo en el que desempeñó el cargo de Embajador de Colombia ante el gobierno de Paraguay.
Solicitó igualmente que se ordene el pago de forma retroactiva de las diferencias salariales que resulten entre la mesada que le liquidó la entidad demandada, por el monto de $6.669.780 y el valor que resulte a partir de la reliquidación de la mesada, como se indicó en el párrafo anterior.
También pidió que se ordene a la entidad demandada a pagar intereses corrientes hasta la fecha de ejecutoria del fallo, y moratorios hasta cuando se cumpla el pago de la condena. Además, que se le condene en costas.
Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:
El Señor Carlos Alberto Bernal Romám laboró al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores del 7 de septiembre de 1972 al 4 de septiembre de 2007 y alcanzó el rango máximo de Embajador en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, como Embajador de Colombia ante el gobierno de Paraguay por el período comprendido entre el 15 de abril de 2003 y el 4 de septiembre de 2007.
A través de la Resolución PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010, CAJANAL EICE le reconoció una pensión de jubilación, a partir del 4 de septiembre de 2007. El monto de la mesada fue de $6.062.230 que correspondía al 75% del promedio de lo cotizado sobre el salario promedio de 6 años, 7 meses y 19 días.
Mediante la Resolución PAP 038360 de 14 de febrero de 2011, la entidad modificó y adicionó el anterior acto administrativo, en el sentido de: i) reconocer la cuantía de la mesada pensional en $6.669.780; y ii) descontar de las mesadas atrasadas a que tenía derecho el actor, la suma de $3.910.253, por concepto de aportes a pensión de factores de salario no efectuados.
La parte demandante afirmó que el ingreso base de liquidación actualizado de los salarios realmente percibidos por el accionante, en los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicios, es de $15.096.460, por ende, el 75% de esta suma que correspondería a su mesada, es de $8.082.973 y no de “$6.062.230” como lo estableció la entidad demandada.
Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:
Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 69, 83, 209 y 243.
Código Sustantivo del Trabajo: artículo 127.
Ley 100 de 1993: artículos: 1, 4, 10 y 21.
Decreto 01 de 1984: artículo 2.
Decreto Reglamentario 692 de 1994: artículo 46.
Al explicar el concepto de violación se argumentó que:
Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que laboran en el exterior, reciben una remuneración en moneda extranjera.
La Corte Constitucional en la sentencia C-173 de 2004, declaró la inexequibilidad de la expresión “Para los cargos equivalentes en la planta interna” del artículo 7 de la Ley 797 de 2003, que regula el ingreso base de liquidación de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la sentencia C-292 de 2001, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 66 del Decreto Ley 274 de 2000 el cual disponía que “Las prestaciones sociales de los funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna”.
La Corte Constitucional en la sentencia C-535 del 24 de mayo de 2005, declaró inexequible el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, el cual era utilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para liquidar las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, con base en los salarios de los cargos equivalentes en la planta interna.
Se adujo como primer cargo, el exceso de poder por desconocimiento de la cosa juzgada, según el cual, CAJANAL EICE en Liquidación, al liquidar la mesada pensional del actor desconoció la fuerza de cosa juzgada constitucional de la sentencia C-173 de 2004, pues estableció un ingreso base de liquidación con unos salarios inferiores a los realmente percibidos por el demandante.
Señaló como segundo cargo, que los actos acusados violan el derecho a la dignidad humana del accionante, pues se disminuyó de forma injusta la mesada pensional, ya que al liquidarla no se tuvieron en cuenta la asignación básica mensual realmente percibida como funcionario de la planta exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Agregó que esta práctica de CAJANAL EICE en Liquidación, se aparta de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Precisó como tercer cargo, que las resoluciones acusadas violan el derecho al debido proceso del accionante, toda vez que no se acató la sentencia C-173 de 2004, sobre los derechos a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital, y el principio de legalidad.
Resaltó como cuarto cargo, que la entidad demandada desconoció los principios de favorabilidad, de buena fe y de la condición más beneficiosa, y los derechos adquiridos derivados de la cosa juzgada constitucional de la sentencia ya referida.
En el quinto cargo reiteró la violación a la sentencia C-173 de 2004. En el sexto, expuso la violación a los fines de la seguridad social. En el séptimo, señaló que se desconoció por falta de aplicación, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. En el octavo, explicó que no se acató el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, porque en la liquidación de la pensión del actor, se tomaron partidas que no corresponden al concepto de salario como “prestación dineraria y de especie real y efectiva percibida por la realización de la labor”.
En el noveno cargo, anotó que la entidad demandada violó el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo porque la autoridad encargada no cumplió con sus deberes frente al derecho a la seguridad social del accionante, de conformidad con la cosa juzgada constitucional, según la cual “la pensión de jubilación de quienes prestaron servicios en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia, debe realizarse respetando los salarios reales devengados”.
Contestación de la demanda
CAJANAL EICE en Liquidación, actuando a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
Señaló que para liquidar la pensión del actor, se tomó el promedio de lo cotizado durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con el 75% del promedio del salario, tomando como factores salariales los establecidos por la ley.
Afirmó que el demandante adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de la referida Ley 100 de 1993, por lo que su pensión se debe liquidar con el IBL que ésta prevé taxativamente.
Sostuvo que de acuerdo con los principios de unidad, solidaridad y sostenibilidad del sistema, es claro que no es procedente acceder a las pretensiones de la demanda.
La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 18 de julio de 2012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, declaró la nulidad parcial de las Resoluciones PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010 y PAP 038360 de 14 de febrero de 2011.
A título de restablecimiento del derecho, condenó a CAJANAL EICE en Liquidación a reliquidar y pagar la pensión de jubilación del accionante teniendo en cuenta el “salario realmente devengado” durante su prestación de servicios en el exterior como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores para los años 2003 a 2007.
También se ordenó a la entidad demandada pagar la diferencia que resultara entre la cantidad liquidada y las sumas canceladas por el mismo concepto, de acuerdo con lo pagado en virtud de los actos acusados, así como realizar las compensaciones a que hubiere lugar, en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley.
El Tribunal expuso como fundamento de la decisión, los siguientes argumentos:
Indicó que la pensión de jubilación reconocida a favor del accionante fue liquidada con una asignación básica mensual que no corresponde a lo que realmente percibió durante su vinculación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que le fue reconocida una mesada pensional disminuida que afectó sus condiciones de subsistencia, de modo que se vulneraron sus derechos de igualdad, vida digna y mínimo vital, según lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Adujo que la entidad accionada al momento de proferir los actos administrativos acusados debió tener en cuenta que las normas que establecían las situaciones discriminatorias en relación con el reconocimiento y pago de pensión de jubilación para los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores habían desaparecido del ordenamiento jurídico.
Fundamento del recurso de apelación
CAJANAL EICE en Liquidación, actuando a través de apoderado, presentó recurso de apelación contra la sentencia de 18 de julio de 2012, que sustentó de la siguiente manera:
Enfatizó que no es posible acceder a la reliquidación de la pensión del demandante, toda vez que los actos acusados mediante los cuales se reconoció el derecho se profirieron de conformidad con la normativa vigente y la sentencia C-174 de 2004 dictada por la Corte Constitucional.
Alegatos de conclusión
Mediante auto del 10 de diciembre de 2014, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión, y rindiera concepto de fondo, respectivamente.
La parte demandada afirmó que los actos acusados gozan de plena legalidad, toda vez que la liquidación de la pensión del actor se efectuó teniendo en cuenta lo realmente cotizado por éste, conforme las reglas previstas en la sentencia C-173 de 2004 proferida por la Corte Constitucional, en la que se declararon inexequibles algunos apartes del artículo 7 de la Ley 797 de 2003, por razón a que estos daban lugar a que al liquidarse la mesada pensional se tomara una asignación básica mensual inferior a la percibida, que además de ser ficticia, no era acorde con el cargo desempeñado y las correspondientes responsabilidades del mismo.
Resaltó que no puede olvidarse que para la liquidación de la pensión deben aplicarse los topes a los montos de las mesadas, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de Ley 797 de 2003 y reglamentado por el artículo 3 del Decreto 510 de 2003.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
Competencia
El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de esta Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 ídem, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
Problema jurídico
De acuerdo con lo expuesto, en los términos del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en el presente caso se contrae a definir si:
¿Están viciados de nulidad los actos administrativos de reconocimiento pensional demandados en este proceso, por no haber establecido el ingreso base de liquidación a partir de la asignación básica mensual realmente percibida por el señor Carlos Alberto Bernal Román en moneda extranjera con la conversión a pesos, en los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio, cuando estuvo vinculado como Embajador de Colombia?
Hechos probados
El señor Carlos Alberto Bernal Román nació el 19 de noviembre de 1945, según se acredita con la copia de su registro civil de nacimiento, que reposa en el expediente.
Según la certificación expedida por el Coordinador de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha de 10 de septiembre de 2007, se constató en la historia laboral del señor Bernal Román que desempeñó entre otros, el cargo de Embajador de Colombia ante el gobierno de Paraguay, nombrado mediante el Decreto 133 de 22 de enero de 2003, del 15 de abril de 2003 al 3 de septiembre de 2007. Igualmente se certificó que el demandante realizó los aportes al sistema de seguridad social en pensiones a CAJANAL.
Mediante la Resolución PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010 proferida por CAJANAL EICE en Liquidación se reconoció a favor del señor Carlos Alberto Bernal Román una pensión de jubilación en el monto de $6.062.230, a partir del 4 de septiembre de 2007.
A través de la Resolución PAP 038360 de 14 de febrero de 2011, se modificó el artículo primero de la Resolución PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010, en el sentido de reconocer y pagar a favor del señor Bernal Román una pensión de jubilación en el monto de $6.669.780, a partir del 4 de septiembre de 2007; y asimismo, se adicionó su artículo octavo, en cuanto se dispuso descontar de las mesadas atrasadas a que tenía derecho, la suma de $3.910.253, por concepto de aportes a pensión de factores de salario no efectuados.
Según lo informa Buenfuturo Patrimonio Autónomo a través de oficio del 12 de enero de 2011, el pago de la pensión del accionante fue reportado en la nómina del mes de noviembre de 2010 con retroactivo por el período comprendido entre el 4 de septiembre de 2007 y el 31 de octubre de 2010.
Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado y definir si los actos administrativos de reconocimiento pensional demandados en este proceso son nulos, por no haber establecido el ingreso base de liquidación a partir de la asignación básica mensual realmente percibida por el señor Carlos Alberto Bernal Román en moneda extranjera con la conversión a pesos, en los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio, cuando estuvo vinculado como Embajador de Colombia, se abordará el estudio de los siguientes aspectos: i) marco legal y jurisprudencial en materia pensional de los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores; y ii) caso en concreto.
i) Marco legal y jurisprudencial en materia pensional de los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores
Previo a la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, los empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores estaban regulados por los Decretos 311 de 1951, 2016 de 1968 (arts. 66, 75 y 76) que contenía el “Estatuto Orgánico del Servicio Diplomático y Consular” y 1253 de 1975 por el cual se modificó el artículo HYPERLINK "https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2016_1968_pr001.htm" \l "76" 76 del Decreto 2016 de julio 17 de 1968.
La Ley 41 de 1975 derogó los artículos 1º y 2º del Decreto 1253 de 1975 disponiendo que las prestaciones sociales de los empleados del Servicio Exterior debían ser liquidadas y pagadas “con base en las asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 2016 de 1968, salvo lo previsto en el artículo 66 del mismo Decreto”.
Posteriormente el Decreto 10 de 1992, en los artículos 55, 56 y 57 reguló la liquidación pensional de los funcionarios de carrera diplomática y consular, que hubieran alcanzado la categoría de embajador.
Respecto de la citada normativa, esta Corporación ha señalado que contenía una regla general según la cual, para la liquidación de prestaciones de los funcionarios de planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores se acudía a una equivalencia con los cargos de la planta interna.
La Ley 100 de 1993 al determinar su campo de aplicación, vincula a todos los servidores del sector público y oficial en todos los órdenes, sin excluir expresamente a los que pertenecen a la Carrera Diplomática y Consular, por lo que éstos están sometidos a las normas de carácter general. En consecuencia los funcionarios de dicha carrera no gozan de un régimen especial de pensiones diferente al contenido en las normas de carácter general aplicables a los servidores públicos.
El Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de Carrera Diplomática y Consular, es reemplazado por el Decreto Ley 1181 de 1999, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-920 de 1999, como consecuencia de la inconstitucionalidad del artículo que concedió las facultades extraordinarias.
Actualmente el Decreto 274 de 2000, que regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática, en su artículo 66 determinó que las prestaciones sociales de los funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular debían liquidarse y pagarse “con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta interna”.
Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C-292 de 2001 declaró inexequibles, entre otros, los artículos 65 y 66 del citado decreto, argumentando para ello que el Gobierno excedió las facultades otorgadas por el Congreso de la República al regular el régimen salarial y prestacional de quienes laboran en el servicio exterior.
De la misma manera, dicho Tribunal en la sentencia C-173 de 2004, se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 7 de la Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, que sobre el ingreso base de cotización para los funcionarios que presten servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, previó:
“Artículo 7º.- El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así: Artículo. 20.- Monto de las cotizaciones: (...) Parágrafo 1º- Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna.
En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables”.
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “para los cargos equivalentes de la planta interna” tanto respecto del ingreso base de cotización, como respecto del ingreso base de liquidación de las pensiones, y en sede de tutela ha sostenido que la liquidación de pensiones de funcionarios que se han desempeñado en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe ajustarse a la realidad salarial de los mismos y no mediante una “ficción legal” acudiendo a cargos equivalentes de planta, haciendo notar que “...se afecta ostensiblemente la igualdad si a todos los trabajadores se les liquida la pensión según el salario devengado y por el contrario a unos servidores del Estado se les computa con base en el salario de otros funcionarios que reciben sumas muy inferiores a la que percibe el aspirante a pensionado”.
Del mismo modo, el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, fue declarado inexequible en sentencia C-535 de 2005, toda vez que la equivalencia de cargos entre funcionarios de la planta externa con los de planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores constituye una desigualdad injustificada que lesiona el derecho fundamental a la seguridad social de los funcionarios que prestan sus servicios en el exterior, por las siguientes consideraciones:
“(…)
No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas constitucionales planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y por la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior con base en el salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no con base en el salario realmente devengado, son los mismos. Esto es así en tanto en uno y otro caso se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían el mandato de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos, resultan lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital. Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y por lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada.
El Ministerio de Relaciones Exteriores se opone a la declaratoria de inexequibilidad argumentando que el régimen legal diferenciado que se consagra respecto de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior se justifica por la necesidad de adecuar los ingresos de tales servidores al costo de vida de los países en los que cumplen sus funciones.
Para la Corte, como se ha visto, ese tratamiento no está justificado pues implica un desconocimiento del mandato de igualdad en la formulación del derecho y del principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, principios de acuerdo con los cuales la pensión de jubilación y las prestaciones sociales deben cotizarse y liquidarse con base en lo realmente devengado por el funcionario del servicio exterior y no con base en un salario inferior que no le corresponde. Esta concepción, desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones”.
En el mismo sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación en concepto rendido el 19 de julio de 2006 Radicación numero: 11001-03-06-000-2006-00053-00(1749), C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, expuso:
“(…)
En concepto de la Sala, la advertencia contenida en el fallo T-098 de 2006, en la que de manera explícita la Corte extiende los efectos de sus decisiones a casos similares, despeja cualquier duda que pudo haberse generado con las sentencias de constitucionalidad, obligando al Ministerio y al Instituto de Seguros Sociales a reconocer, administrativamente y sin que el afectado tenga que interponer una acción de tutela para que se proteja su derecho particular, el derecho que les asiste a los pensionados y ex funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, al reajuste de su pensión, so pena de comprometer su responsabilidad”.
Por lo anterior se colige que el ingreso base de cotización y de liquidación para el sistema general de pensiones de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores debe reflejar lo efectivamente devengado, sin acudir a equivalencias con cargos de la planta interna que en la mayoría de los casos es inferior al percibido y por ello configura una evidente violación de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, mínimo vital, entre otros, como quedó visto9.
Así, esta Corporación en reiterada jurisprudencia ha establecido el mismo criterio, consistente en que “la cotización y liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en el salario de cargos equivalentes en la planta interna, vulnera los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad y, además, lesiona, en casos concretos, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del pensionado o aspirante a pensionado”.
ii) Caso concreto
De conformidad con los antecedentes que obran en el expediente, la Sala observa que la entidad demandada reconoció una pensión de jubilación al señor Carlos Alberto Bernal Román, quien prestó sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores, como Embajador de Colombia, del 15 de abril de 2003 al 3 de septiembre de 2007.
Dicho reconocimiento pensional se realizó mediante las Resoluciones PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010 y PAP 038360 de 14 de febrero de 2011. Se trató de una pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 y el ingreso base de liquidación fue el promedio de lo cotizado en los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
La parte actora solicita la nulidad de los actos de reconocimiento pensional toda vez que para establecer el ingreso base de liquidación, la entidad demandada no tuvo en cuenta la asignación básica mensual realmente percibida por el accionante, en moneda extranjera convertida a pesos.
En este orden, se advierte que el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hecho que no es debatido por las partes, y que la normativa que se le aplica para efectos del reconocimiento pensional es la Ley 33 de 1985, que regula la pensión de jubilación.
Respecto del ingreso base de liquidación que se le aplicó como beneficiario del régimen de transición, la entidad accionada calculó el 75% sobre el promedio de lo cotizado en los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio, conforme con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley de 1993.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala deberá establecer en los términos del recurso de apelación presentado por la entidad accionada, si le asistió razón al Tribunal al declarar la nulidad parcial de los actos demandados a través de los cuales CAJANAL EICE en liquidación, hoy Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, reconoció y liquidó la pensión de jubilación del señor Carlos Alberto Bernal Román, en cuanto a la forma como se determinó el ingreso base de liquidación, al no haberse calculado con la asignación básica mensual en moneda extranjera realmente percibida por el actor en su condición de funcionario de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante los períodos comprendidos entre el 15 de abril de 2003 y el 4 de septiembre de 2007.
En este orden de ideas, se observa que CAJANAL en el acto de reconocimiento pensional, contenido en la Resolución PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010, efectuó la liquidación de la mesada pensional tomando en cuenta el salario promedio de 6 años, 7 meses y 19 días de cotización, arrojando un ingreso base de liquidación de $8.082.973 al cual se aplicó un 75%.
Mediante la Resolución PAP 038360 de 14 de febrero de 2011, se modificó el monto de la pensión reconocida al actor, en cuantía de $6.669.780, efectiva a partir del 4 de septiembre de 2007. Ello, en consideración a que no se había realizado la liquidación de los aportes pensionales por diferencia del ingreso base de liquidación por los cuales se cotizó para la pensión.
Al respecto, se evidencia según la certificación del 29 de marzo de 2011 firmada por el Coordinador de Nómina y Prestaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que obra a folios 21 a 32 que “(…) el Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento de la sentencia C-173/04, a partir del 1º de mayo de 2004 empezó a aportar para el Sistema General de Seguridad Social, tomando como base de cotización el salario devengado en divisas por los funcionarios de planta externa, teniendo en cuenta los topes de ley (…)”, así, se tiene que hasta antes de dicha fecha se tomó como base de cotización “el sueldo del cargo equivalente en plata interna hasta el 30 de abril de 2004”.
En efecto, de acuerdo con la citada certificación, durante la vinculación de demandante como Embajador de Colombia en el exterior, percibió en dólares su asignación básica mensual durante los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
Así las cosas, la Sala señala que en el asunto en comento se presenta lo siguiente:
i) El señor Carlos Alberto Bernal Román se desempeñó como Embajador de Colombia ante el gobierno de Paraguay entre el 15 de abril de 2003 y el 3 de septiembre de 2007, período durante el cual percibió su asignación básica mensual en dólares.
ii) CAJANAL reconoció a su favor una pensión de jubilación, cuyo ingreso base de liquidación se calculó sobre el 75% del promedio de lo cotizado en los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicios.
iii) El ingreso base de cotización para realizar los aportes a pensión hasta el 30 de abril de 2004, se equiparó con un cargo de planta interna y a partir de mayo de 2004, según lo indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se empezó a aportar para el sistema de seguridad social, “tomando como base de cotización el salario devengado en divisas, teniendo en cuenta los topes de ley”.
iv) Lo anterior quiere decir que, entre el 15 de abril de 2003 y el mes de abril de 2004, el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del actor no se calculó sobre la asignación básica mensual que realmente percibía en dólares.
En este orden de ideas, del cotejo entre la asignación básica mensual percibida por el accionante en moneda extranjera, el ingreso base de cotización, datos certificados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el ingreso base de liquidación que tuvo en cuenta CAJANAL EICE en Liquidación para liquidar la prestación pensional del demandante, resulta evidente una diferencia que va en detrimento de sus intereses, en tanto su prestación pensional fue liquidada teniendo en cuenta unas sumas inferiores a las que realmente percibió durante los años 2003 y 2004.
Así las cosas se advierte que, el ingreso base de cotización reflejado en el ingreso base de liquidación tenido en cuenta antes del mes de mayo de 2004, para efectos de liquidar la prestación pensional del accionante, fue calculado respecto de unas sumas distintas a las que en realidad percibía como empleado de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que, como quedó visto, en el acápite que antecede, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad humana y el mínimo vital.
Bajo estos supuestos, tal y como lo estimó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para liquidar la mesada pensional del accionante, se debe tomar la asignación básica mensual efectivamente percibida en moneda extranjera, con la conversión a pesos, durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicios.
En consecuencia, en el caso concreto no tiene razón la entidad recurrente cuando afirma que solo puede liquidar la mesada pensional del actor, de conformidad con el ingreso base de cotización sobre el cual el empleador, Ministerio de Relaciones Exteriores realizó los aportes, toda vez que en aplicación de la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y de la Corte Constitucional, el ingreso base de liquidación pensional de los funcionarios de la planta externa del citado Ministerio que devengan su asignación básica mensual en moneda extranjera, debe corresponder con lo efectivamente percibido en esa moneda.
Por último, cabe efectuar una precisión relativa al monto en que debe ser reconocida la pensión del actor. El régimen pensional que beneficia a los funcionarios de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores no es especial, razón por la cual, debe someterse a los lineamientos establecidos para la generalidad de las pensiones reconocidas en el sector público.
En tal sentido, desde la Ley 4 de 1976, artículo 2, pasando por la Ley 71 de 1988, artículo 2, hasta la Ley 100 de 1993, artículo 18 modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de 2003, las pensiones en el sector público han estado sujetas a un tope, los cuales permiten la viabilidad financiera del sistema.
Por lo anterior, atendiendo a dichos parámetros es oportuno que en el asunto en estudio se de aplicación a dicha limitante, tal como se deduce del parágrafo 1, artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, que dispuso:
“Parágrafo 1º. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.”.
En este sentido, también cabe señalar que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema, en los siguientes términos:
“Esta concepción (que las prestaciones de los funcionarios de la Planta Externa del Ministerio de Relaciones Exteriores se efectúe con base en lo devengado realmente), desde luego, no se opone a que, frente a prestaciones como la pensión de jubilación, la cotización y liquidación se realice respetando los límites máximos impuestos por la ley pues el respeto de tales límites asegura el equilibrio financiero del sistema de seguridad social en pensiones.”. (Agregado fuera de texto).
En este orden, corresponde a la Sala definir cuál es el tope que debe aplicarse a la pensión del actor en el presente asunto, teniendo en cuenta que i) su régimen pensional es el contenido en la Ley 33 de 1985; ii) adquirió el derecho en vigencia de la Ley 100 de 1993; y iii) en la actualidad dicho tema fue modificado por la Ley 797 de 2003, en virtud de la cual dicha limitante es de 25 SMLMV.
Al respecto, se tiene que por razón a que para el momento en que se ordenó pagar la prestación, esto es el 4 de septiembre de 2007, se encontraba vigente la Ley 797 de 2003, es viable ordenar que el tope que se le aplique a la pensión del demandante sea de 25 SMLMV, lo que se dispondrá de manera expresa en la parte resolutiva de la sentencia.
En resumen, se tiene:
i) CAJANAL reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del señor Carlos Alberto Bernal Román, de conformidad con la Ley 33 de 1985, toda vez que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyo ingreso base de liquidación fue el 75% del promedio de lo cotizado durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio.
ii) El ingreso base de liquidación del 15 de abril de 2003 al mes de abril de 2004, se determinó sin haberse calculado la asignación básica mensual que en dólares percibió el actor cuando se desempeñó como Embajador de Colombia, en tanto la cotización de ese período se equiparó a la de un cargo de planta interna.
iii) El ingreso base de cotización reflejado en el ingreso base de liquidación tenido en cuenta para liquidar la prestación pensional del demandante antes del mes de mayo de 2004, se calculó respecto de unas sumas distintas a las que en realidad percibió como empleado de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
iv) Por lo anterior, es procedente la reliquidación de la mesada pensional del accionante, tomando para ello la asignación básica mensual percibida en moneda extranjera, con la conversión a pesos, durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicios, sin que el monto de la misma sobrepase el tope de los 25 SMLMV.
v) Como lo dispuso el A quo en la sentencia de primera instancia, corresponde descontar el valor de la diferencia de los aportes que debió efectuar el demandante sobre las sumas realmente percibidas en moneda extranjera.
DECISIÓN
Hechas estas consideraciones, la Sala reformará la sentencia proferida el 18 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, que declaró la nulidad parcial de las Resoluciones PAP 012517 de 2 de septiembre de 2010 y PAP 038360 de 14 de febrero de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO.- REFORMAR la sentencia proferida el 18 de julio de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, de la siguiente manera:
El numeral cuarto de la sentencia quedará así:
CUARTO: CONDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social- CAJANAL EICE en Liquidación, hoy UGPP, a reliquidar y pagar la pensión de jubilación del señor Carlos Alberto Bernal Román, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.158.040 de Bogotá, en una suma equivalente al 75% del salario promedio devengado durante los últimos 6 años, 7 meses y 19 días de servicio, teniendo en cuenta el salario realmente devengado durante su prestación de servicios en el exterior como funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores para el período comprendido entre el 15 de abril de 2003 y el 3 de septiembre de 2007, en el que percibió la asignación básica en dólares, sumas que se convertirán al equivalente en pesos colombianos, teniendo en cuenta que la liquidación de la mesada pensional no puede superar el tope de 25 SMLMV.
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
CARMELO PERDOMO CUÉTER SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Folio 244.
Folios 293 a 295.
Folios 332 a 358.
Folios 360 - 361.
Folio 434.
Folio 15 del cuaderno número 2.
Folios 17 a 20.
Folios 6 a 10.
Folios 11 a 14.
Folio 722 del cuaderno número 2.
El artículo 151 de la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema General de Pensiones en el nivel nacional entraría a regir a partir del 1º de abril de 1994 y en el nivel territorial a más tardar el 30 de junio de 1995.
Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado 25000-23-25-000-2005-03519-01 y número interno 1829-09.
Artículo 11, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003.
Dictado por el ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998.
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
El Decreto 274 de 2000, dictado por el Ejecutivo en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º, numeral 6º de la Ley 573 de 2000, que de conformidad con lo establecido en su artículo 96, derogó el Decreto 10 de 1992.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Corte Constitucional T-1016 de 2000; T-534 de 2001, T-1022 de 2002- T-083 de 2003.
Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 24 de mayo de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
9 Al respecto puede verse la sentencia de 23 de febrero de 2011. Rad. 2128-2009. M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
Al respecto se pueden consultar, las siguientes providencias: De la Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2010, radicado interno 0539-09, CP Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, y sentencia del 1º de marzo de 2012, radicado interno 2613-08, CP Dr. Alfonso Vargas Rincón. De la Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de marzo de 2010, radicado interno 0543-2009, CP Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia del 23 de febrero de 2011, radicado interno 2128-09, MP Dr. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia del 3 de marzo de 2011, radicado interno 1491-10, CP Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, por mencionar algunas.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, proceso con radicado 25000-23-25-000-2011-00709-01 y número interno 2060-2013.
Así se observa en la certificación expedida por el Coordinador de Nómina del Ministerio, visible a folio 20.
El accionante nació el 19 de noviembre de 1945 (fol. 15 del cuaderno número 2) y para el 1 de abril de 1994, cuando entró a regir el sistema general de seguridad social en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, tenía 48 años, esto es, más de los 40 años que exige el artículo 36 ídem para ser beneficiario del régimen de transición.
Folios 6 a 10.
Folios 11 a 14.
Folio 22.
Folio 19.
A partir del mes de mayo de 2004 la cotización de los aportes se realizó en dólares, convertidos a pesos.
Sentencias C-173 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-536 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia C-535 de 2005.
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