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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00706-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00706-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Elsa Rosa Martínez Solano en contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.– SIN CONDENA en costas, según las consideraciones expresadas en este fallo. TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2011-00706-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad)
Radicación: 25000-23-25- 000-2011-00706-01 (0954-2020)
Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano
Demandado: Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Temas: Pensión de sobrevivientes. No aplicación retroactiva de la
Ley 100 de 1993. Acuerdo 049 de 1990.
Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones de la demanda.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte accionante en contra de la sentencia del 24 de mayo de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
que negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora Elsa Rosa
Martínez Solano en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Elsa Rosa Martínez Solano, por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada
en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de las
Resoluciones 274 de 20 de abril de 2010, por la cual se le negó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes y la 760 de 2 de diciembre de 2010, con la que,
al resolver el recurso de reposición, se confirmó la decisión inicial.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó condenar a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión de
sobrevivientes o «la pensión post mortem», ocasionada por el deceso de su
cónyuge, desde el día siguiente a su fallecimiento, pero efectiva desde el 13 de

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Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

noviembre de 2005 por prescripción trienal, con aplicación del artículo 53
constitucional frente a la condición más beneficiosa.

4. Igualmente solicitó que las sumas adeudadas sean debidamente actualizadas,
mes por mes y que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 176 y s.s. del CCA.

2.1.2. Hechos.

5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

6. El señor José Félix Rubiano Castelblanco nació el 21 de septiembre de 1945
y falleció el 24 de julio de 1990, cuando contaba con 44 años de edad.

7. El 29 de junio de 1973 la señora Elsa Rosa Martínez Solano contrajo
matrimonio católico con el señor Rubiano Castelblanco con quien convivió de
forma continua y permanente bajo un mismo techo y por cuya unión procrearon
a sus hijas Yelitza, Adriana y Marysela Rubiano Martínez, tal como consta en la
partida de matrimonio y los registros civiles de nacimiento.

8. El señor José Félix Rubiano Castelblanco laboró al servicio de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, desde el 1.° de noviembre de 1976 hasta su
fallecimiento el 24 de julio de 1990, fecha para la que tampoco ocurrió la
disolución o liquidación de la sociedad conyugal.

9. El 13 de noviembre de 2008 la demandante Elsa Rosa Martínez Solano, por
intermedio de apoderado solicitó ante la entidad accionada la solicitud de pensión
de sobreviviente o post mortem, pero esta le fue denegada a través de la
Resolución 274 de 20 de abril de 2010.

10. Interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión que fue decidido a
través de la Resolución 760 de 2 de diciembre de 2010 confirmándola.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó los artículos 13, 23, 25, 29, 53 y 58 de la
Constitución Política; 11, 46, 47, 48, 146, 151, 279 y 288 de la Ley 100 de 1993,
77, 78 y 144 de la Ley 30 de 1992; 19 de la Ley 4ª de 1992; 7 del Decreto 224 de
1972, la Ley 42 de 1933 y el Acuerdo 024 de 1989 de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.

12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que, en virtud de las
facultades conferidas por la Ley 14 de 1971 el Gobierno creó la pensión post
mortem a través del Decreto 224 de 1972 como un beneficio otorgado a la familia

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de los docentes que laboraron al servicio de la Administración Nacional, por lo
menos 18 años de servicios continuos o discontinuos.

13. El fallecimiento del señor José Félix Rubiano Castelblanco se produjo cuando
se encontraba vinculado al ente universitario como profesor de tiempo completo,
donde laboró por más de 13 años, 8 meses y 23 días, con lo cual, por densidad
de semanas no le sería aplicable el Decreto 224 de 1972.

14. El citado Decreto es contrario a la Constitución Política pues le es
desfavorable, en contraste con las pautas de la Ley 100 de 1993 que consagra
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con menores requisitos a los
que exige el Decreto 224 de 1972 y que debe aplicarse en virtud de los artículos
13 y 53 de la Constitución Política.

15. Según sostuvo, le son igualmente desfavorables las Leyes 12 de 1975 y el
Acuerdo 024 de 1989 que exigen 20 y 15 años, respectivamente para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Esto en comparación con las
previsiones de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 46 y 47, exigen 26 semanas
previas de cotización al sistema. Dicha norma, además, unificó el sistema
pensional para acabar con la diversidad de regímenes pensionales previos y
amparó los derechos adquiridos de los trabajadores, como lo establecen sus
artículos 46, 47 y 288.

16. Para el apoderado, la finalidad de los regímenes especiales es conceder
beneficios legales a grupos determinados de trabajadores, pero no resultar como
elemento de discriminación frente al acceso a los derechos mínimos consagrados
para la generalidad de la población. En apoyo de su tesis citó la sentencia de 18
de junio de 2009 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dictada en el proceso radicado interno 0451-2008, así como la sentencia
de la Corte Constitucional C- 461 de 1995.

17. Finalmente argumentó que se incurrió en falsa motivación pues se demostró
que el causante se encontraba laborando al servicio de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas y que se le debe aplicar la Ley 100 de 1993 por
favorabilidad pese a que falleció antes de su entrada en vigencia. Además, que
la prescripción ocurrió desde el 13 de noviembre de 2005.

2.2. Contestación de la demanda2.

2.2.1. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por intermedio de
apoderada judicial, se opuso a las súplicas de la demanda al considerar que no
le asiste derecho a la demandante al reconocimiento pensional solicitado
comoquiera que al momento del fallecimiento del causante la Ley 100 de 1993

2 Folios 81 y s.s. Cuaderno principal.
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no se había dictado y el docente tampoco había completado el tiempo de
servicios exigido en la Ley 12 de 1975, pues a esa fecha no reunía los 20 años
de servicios al Estado, sino solamente 13 años, 8 meses y 23 días.

18. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación», «no estar
obligada la demandada al reconocimiento de las pretensiones de la demanda» y
«prescripción».

2.3. La sentencia apelada3.

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, mediante sentencia del 24 de mayo de 2019 negó las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

20. Inicialmente se refirió a las pruebas recaudadas, luego de lo cual coligió que
a la fecha del fallecimiento del causante, que ocurrió el 24 de julio de 1990, la
norma aplicable sería la Ley 12 de 1975, adicionada por la Ley 113 de 1985, que
exige que al momento del fallecimiento se cuente con el tiempo de servicio
requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

21. Así mismo indicó que el Acuerdo 024 de 1989 expedido por el Consejo
Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por el cual se
normaliza el procedimiento para la liquidación de las prestaciones sociales
estableció como requisito en el artículo 6.° parágrafo 1.° acreditar 15 o más años
continuos o discontinuos de servicios.

22. De otra parte, la Ley 100 de 1993, en su artículo 46, modificado por el artículo
12 de la Ley 797 de 2003 estableció el cumplimiento de 50 semanas dentro de
los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

23. Luego de ello, se refirió a la posición del Consejo de Estado sobre la
aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 a situaciones consolidadas antes
de su vigencia, para lo cual citó la sentencia de 2 de junio de 20114 donde se
aplicó de manera retrospectiva la citada norma a miembros de la Fuerza Pública
y la providencia de 25 de abril de 20135, donde se rectificó la tesis anterior y con
ello se estableció que la Ley 100 no es aplicable en el caso de fallecimientos
ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.

24. Luego citó las sentencias de la Corte Constitucional T – 564 de 2015 y T –
116 de 2016, a partir de las cuales coligió que es posible dar aplicación de
manera retrospectiva, a los postulados de la Ley 100 de 1993 en aras de

3 Folio 254 y s.s. C. 2.
4 De la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve. Radicación

73001-23-31-000-2002-00477-02
5 Sentencia de la Subsección A, con ponencia del consejero Luis Rafael Vergara Quintero dentro del

proceso 76001233100020070161101.
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garantizar la efectividad del principio de supremacía constitucional y de todos los
demás valores y principios, siempre que las solicitudes de pensión de
sobrevivientes sean de cónyuges trabajadores que prestaron sus servicios por
más de 15 años en regímenes que no consagraban la pensión de sobrevivientes.

25. Luego, se refirió al principio de equidad en materia de reconocimientos de
pensión de sobrevivientes, para lo cual señaló que el Consejo de Estado, en
sentencia de 3 de marzo de 20156 reconoció una pensión con base en normas
del régimen de la Policía Nacional con acreditación del 98% del tiempo de
servicios exigido para ello.

26. Sin embargo, estimó que en este caso no se podía dar aplicación retroactiva
de la norma en atención a la posición reiterada de la jurisdicción y además por
que la tesis de la Corte Constitucional establece que sólo puede darse ese
reconocimiento con 15 años de servicios, y en el sub lite se acreditaron sólo 13
años, 8 meses y 16 días, en la Universidad Distrital, es decir desde el 11 de
noviembre de 1976 hasta el 19 de abril de 1982.

27. Además, si bien laboró en la Universidad Libre, según certificación aportada
al proceso, allí se señaló que fue docente de dicha institución por 15 horas
semanales, que no corresponden siquiera al medio tiempo de servicio, que son
22 horas semanales, que además se traslaparon con periodos en la Universidad
Distrital. Esto con base en el siguiente análisis:

«En este punto debe aclararse que si bien es cierto el señor JOSÉ FELIX
RUBIANO CASTIBLANCO (q.e.p.d.) laboró para la Universidad Libre, tal como
se observa en la certificación que obra en el expediente, y de la cual se hizo
mención en los hechos probados, el mencionado tiempo de servicio no puede
computársele como tiempo completo, comoquiera que el periodo laborado para
dicha Institución lo fue en una intensidad de 15 horas semanales, que no
corresponde siquiera al medio tiempo de servicio diario (22 horas semanales).

Ahora bien, para determinar el total del tiempo de servicios del JOSÉ FELIX
RUBIANO CASTIBLANCO (q.e.p.d.), la Sala tuvo en cuenta las certificaciones
que obran en el plenario, de las que se tiene que el mencionado señor trabajó
para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS desde el 11
de noviembre de 1976 hasta el 19 de abril de 1982 tiempo parcial (50%), que
equivale a un total de 997 días7, y desde el 20 de abril de 1982 hasta el 24 de
julio de 1990 tiempo completo (100%) esto es, un total de 3015 días.

Así mismo, trabajó para la UNIVERSIDAD LIBRE del 16 de enero de 1975 al 5
de abril de 1988, con una intensidad de 15 horas semanales (34.09%8), por lo
que para el cálculo de los días laborados se toma este tiempo como equivalente
a un total de 924 días, ya que estos días corresponden al período del 16 de enero
de 1975 al 19 de abril de 1982, teniendo en cuenta que posteriormente el

6 Sentencia de 3 de marzo de 2015, dictada dentro del proceso radicado 05001233300020120077201, con

ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
7 Son un total de 1994 días, pero como son de tiempo parcial se toman en un 50%.
8 Este porcentaje ese el resultado de multiplicar las 15 horas semanales que laboró el causante en la

Universidad Libre por 100 y dividido entre las 44 horas que constituirían el tiempo completo.
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causante laboró de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, traslapándose el tiempo de servicio prestado en la UNIVERSIDAD LIBRE
desde el 20 de abril de 1982 con el tiempo completo laborado en la
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
[…]». (Negrilla y subrayas originales).

28. En conclusión, estimó que, no podía accederse el reconocimiento pensional
a favor de la accionante comoquiera que el cálculo del tiempo de servicio a tener
en cuenta para efectos pensionales sería:

• En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, como tiempo
completo: 3015 días.
• En la Universidad Libre por horas semanales, serían «924 días igual a
4936 días, esto es, 13 años, 8 meses y 16 días».

29. Adicional a lo anterior, estimó que la demandante no hacia parte de la tercera
edad pues para esa fecha contaba con 73 años; adicionalmente le fueron
reconocidas las prestaciones sociales del señor José Félix Rubiano Castelblanco
a través de la Resolución 00984 de 17 de diciembre de 1991 y así mismo a través
de la Resolución 274 de 26 de mayo de 1992 le fue reconocido el 50% del seguro
de vida por muerte natural del causante. Finalmente presentó la demanda el 14
de julio de 2011, más de 20 años después del deceso de su esposo, por lo que
no se evidenciaba el presunto desamparo económico que supuestamente se le
originó con los actos administrativos demandados.

2.4. Aclaración de voto.

30. El magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta, señaló9 que si bien compartía la
decisión adoptada por la Sala, se apartaba de sus fundamentos pues se acudió
a la verificación de un requisito que carece de soporte normativo y que
únicamente se fundamenta en un criterio de equidad que, no puede desplazar el
análisis normativo, lo que además sería contrario a la tesis del Consejo de Estado
sobre la aplicación de la norma vigente al momento del fallecimiento en aquellos
procesos donde se pretenda el reconocimiento de derechos pensionales con
ocasión a la muerte del cotizante.

2.4. Recurso de apelación10

31. El apoderado de la demandante presentó escrito de disenso donde solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones
formuladas.

9 Folios 208 y 209.
10 Folios 211 y s.s.
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32. Para tal efecto indicó que el causante falleció cuando apenas contaba con 44
años de edad y sin embargo ya había laborado más de 13 años al servicio del
Estado, dejando en total desprotección a su esposa y a sus hijos y no le fue
reconocido el derecho a la demandante pese a que en situaciones similares las
Altas Cortes accedieron a las pretensiones. Para tal efecto citó las sentencias T-
515 de 2012 y T-735 de 2016 de la Corte Constitucional.

33. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 100 de 1993
establece que el sistema general de pensiones tiene como objeto garantizar a la
población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y la
muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se
determinan en la norma, así como propender por la ampliación progresiva de la
cobertura a los segmentos de población no cubiertos por el mismo, esto en
conjunción con la jurisprudencia que lo ha desarrollado y conforme a los artículos
10, 102 y 269 del CPACA.

34. Luego señaló que, si bien la sentencia apelada se ajustó a la ley en cuanto
negó las pretensiones de la demanda con base en que el docente prestó sus
servicios a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por un periodo
superior a 13 años, no obstante, con ello se vulneraron derechos fundamentales
de la accionante, establecidos en los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 25, 48, 53 y 58,
así como el artículo 288 de la Ley 100 de 1993.

35. A renglón seguido indicó que el Acuerdo 049 de 1990 en su artículo 25
aplicable a los trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales, hoy
COLPENSIONES, norma que se encontraba vigente al momento del
fallecimiento del causante, solo exigió 50 semanas cotizadas con anterioridad al
fallecimiento del trabajador « mientras que para un servidos público (sic) fallecido
su cónyuge e hijos menores o incapaces requerían de 20 años de servicios sin
importar la edad, lo cual resulta inequitativo y violatorio del derecho de igualdad
establecido en el art 13 de nuestro ordenamiento jurídico superior, de ahí que sea
imperativo enmendar esta inequidad o desfavorabilidad laboral, aplicando la
condición más beneficiosa y el principio de favorabilidad laboral, pues la pensión
de sobreviviente tiene su origen en la actividad laboral desarrollada por el
causante».

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad el apoderado de la parte accionante11, reiteró los
argumentos de la demanda según los cuales el causante laboró al servicio de
esa Institución educativa por un periodo equivalente a los 13 años, 8 meses y 23
días, por lo que se cumplen los requisitos para que su cónyuge sobreviviente sea

11 Índice 19.
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beneficiaria del régimen de que trata el artículo 7.° del Decreto 224 de 1972 y
también de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

36. Para sustentar su tesis solicitó que se tengan en cuenta las sentencias de la
Subsección A del Consejo de Estado, de 1.° de julio de 2021 dictada dentro del
proceso 25000234200020170028001 (6442-2018) y de 8 de abril del mismo año,
proferida en el proceso 25000 23 42 000 2015 06037 01 (2631-2017). Igualmente,
las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
(i) de Subsección E, dada en el proceso de 10 de septiembre de 2021, radicado
11001334205620170027901; (ii) así como las providencias de la Subsección C,
de 19 de agosto de 202012, de 16 de febrero de 201813 y (iii) de la Subsección A,
de 12 de marzo de 202014.

2.5.2. La apoderada de la entidad15 indicó que en este caso se debe confirmar
la sentencia apelada comoquiera que la parte demandante pide la aplicación de
la Ley 100 de 1993, norma que no se encontraba vigente al momento del deceso
del causante; además las normas aplicables son las Leyes 12 de 1975 y 113 de
1985 respecto de las cuales el causante tampoco cumplió el requisito de tiempos
de servicio por lo que no es viable acceder al reconocimiento pensional so pena
de ir en contravía con lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia de
unificación de 25 de abril 2013, la cual sostiene que no cabe aplicar la Ley
retrospectivamente porque el régimen aplicable es el vigente al fallecimiento del
causante.

2.5.3. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

37. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

38. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15016 de la Ley 1437 de 2011.

39. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la

12 En el proceso radicado 11001333502820170022301.
13 En el proceso 11001334205420170030900.
14 Radicado 11001333501220170006501.
15 Índice 18.
16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

40. En el asunto objeto de estudio la demandante es apelante única, por lo que
la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en
el recurso de apelación.

3.2. Aclaración previa.

41. En el sub lite, como dan cuenta los antecedentes de esta decisión, sólo en el
recurso de apelación se hizo alusión a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 17,
lo que constituiría un nuevo cargo de violación contra los actos demandados.

42. En este sentido no es posible analizar en esta instancia si la solicitud de
reconocimiento pensional de la señora Martínez Solano se rige por lo señalado
en el Acuerdo 049 de1990, norma que además sólo es aplicable frente al ISS -
COLPENSIONES- comoquiera que dicha norma no fue invocada como
fundamento jurídico desconocido por la entidad, ni dicha entidad de previsión fue
demandada y vinculada al proceso, ni la norma fue invocada en la actuación
administrativa.

43. Pronunciarse sobre la aplicación de la mencionada norma en esta etapa
procesal afectaría el principio de congruencia de la sentencia establecido en el
artículo 281 del Código General del Proceso y que ha sido definido por esta
Corporación como:

«[…] el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado […] exige de una parte que exista armonía
entre la parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina
congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea
concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito
de oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la decisión
conforme se ha marcado la controversia en el proceso»18.

44. La Corte Constitucional19 ha relacionado este principio como uno de los
elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado
en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide
determinadas decisiones «porque su justificación no surge del proceso por no
responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó». Esto señaló la Corte:

17 «[P]or el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional

de Seguros Sociales Obligatorios».
18 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta.

Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora
de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio
Hincapié.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.
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Radicado: 25000-23-25- 000-2011-00706-01 (0954-2020)

Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

«[…]
De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su
decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones
probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la
que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita)
o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin
pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá
explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún
pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el
oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les
permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para
ello.
[…]».

45. Como se aprecia, en este caso, dado que la parte accionante no mencionó
en su demanda el Acuerdo 049 de 1990 entre las normas vulneradas y
únicamente solicitó su aplicación durante el recurso de apelación, no puede
avanzarse en su estudio en esta instancia, so pena de incurrir en incongruencia
de la decisión judicial que debe atender a los cargos de anulación alegados en la
demanda y con ello a las normas presuntamente infringidas con base en las
cuales se debe analizar y determinar la legalidad del acto cuestionado.

46. Además, en este caso no se advierte ninguna situación excepcional, como es
el caso del desconocimiento de derechos fundamentales, que ameriten a la Sala
dar prevalencia al análisis de la norma alegada en la apelación.

3.3. Problema jurídico

47. En línea con lo expuesto en el acápite precedente, se ocupará la Sala de
determinar ¿si la señora Elsa Rosa Martínez Solano cumple con los requisitos
establecidos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes respecto de su
cónyuge José Félix Rubiano Castiblanco, conforme a los lineamientos del artículo
47 de la Ley 100 de 1993, las Leyes 12 de 1975 y 113 de 1985?

48. Por lo anterior, la Sala se referirá al marco normativo y jurisprudencial y se
establecerá si le asiste razón a la apelante quien pretende se revoque la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

3.4.1. De la pensión de sobrevivientes

49. Esta Sala de Subsección20, ha aclarado que si bien la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional tienen por finalidad evitar que los

20 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
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Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

beneficiarios de un trabajador fallecido carezcan del apoyo económico que éste
les brindaba; la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece, en tanto que la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión21.

50. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196822, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 196923 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:

«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o
por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto, para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]

Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».

21 Sentencia T-564 de 2015.
22 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
23 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

51. Luego, en materia de sustitución pensional se expidió la Ley 33 de 197324, la
cual señaló que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular
o el empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al
momento de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez
o vejez.

«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación,
invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o
semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma
vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda
prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»

52. La Ley 12 de 197525 solo exigió que el trabajador o empleado haya
completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de cumplir la
edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la
sustitución pensional, así:

«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».

53. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía
para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.

54. Luego, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema de
seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones,
cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.

55. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte, donde el legislador previó a las denominadas

24 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
25 «[P]or la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, para suplir la ausencia
repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por
ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las
condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha
prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

56. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la primera norma en
mención, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán
derecho a la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del
pensionado por vejez que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios
excluyentes entre sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i)
cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho;
y (iii) hermanos con derecho.

57. El artículo 47 de la norma en mención señala quienes son los beneficiarios,
frente a los cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, en los siguientes términos:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará
mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso,
el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a
dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con
sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de
que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el
esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión
conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a
en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe
la sociedad conyugal vigente;

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c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones
académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras
subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma
total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre,
el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil […]». (Negrilla de
la Sala).

58. De los aludidos grupos de beneficiarios la Corte Constitucional resumió los
requisitos que deben acreditar para el reconocimiento prestacional, en sentencia
C- 336 de 201426, en los siguientes términos:

Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital durante los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.
Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado -20 años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta y derecho a percibir
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea durante los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
hecho y Compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.

26 Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo.
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59. Si bien, la jurisprudencia no ha sido pacífica cuando concurren en la
reclamación prestacional la (el) compañera (o) permanente y el cónyuge
supérstite, en este juicio concurre únicamente la señora Elsa Rosa Martínez
Solano, quien alega ser la cónyuge supérstite del señor José Félix Rubiano
Castiblanco con quien convivió desde su matrimonio el 29 de junio de 1973 hasta
la fecha de su deceso el 24 de julio de 1990.

60. Ahora bien, el citado el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la
Ley 797 de 2003, se refirió en el literal a) específicamente frente a la situación
antes descrita donde solamente concurre el cónyuge o el compañero (a)
permanente, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
[…]
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5)
años continuos con anterioridad a su muerte;.

[…]».
61. Como se aprecia, a través de la norma en cita, el Legislador estableció el
requisito de la convivencia durante los últimos cinco años anteriores a la muerte
para el compañero o cónyuge supérstite, para evitar situaciones donde solo se
busca aprovechar el beneficio económico, tal como ha sido reconocido la Corte
Constitucional en varias providencias, entre las cuales debe destacarse la
sentencia C-1176 de 2001 en la que expresó:

«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.
[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».

62. Ahora bien, es de anotar que el sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993, entró a regir a partir del 1.° de abril de 1994. Sin embargo, su
funcionamiento se pospuso, para los servidores públicos del nivel departamental,
distrital y municipal, hasta el 30 de junio de 1995 (artículo 151 ibidem y 2 del
Decreto 1296 de 1994).
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Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

3.5. Caso concreto.

63. Ahora bien, establecido lo anterior, se analizarán las pruebas allegadas al
proceso, a efectos de verificar si le asiste razón a la apelante quien señaló que
en este caso debe aplicarse la Ley 100 de 1993 para efectos del reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes, por favorabilidad, pero, además, que este caso
permite la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 dado que el causante efectuó
cotizaciones al Instituto de los Seguros Sociales.

3.6. Análisis del caso concreto

64. Las pruebas allegadas son las siguientes:

➢ De la demandante y su vínculo matrimonial con el causante.

• La señora Elsa Rosa Martínez Solano nació el 4 de abril de 1946, por lo
que actualmente tiene más de 78 años de edad27. Por su parte el señor
José Félix Rubiano Castiblanco nació el 21 de septiembre de 194528, con
lo que al momento de su fallecimiento el 24 de julio de 1990 contaba con
44 años.
• A folio 20 del expediente se allegó registro civil de matrimonio expedido
por el Notario Primero de Santa Marta, según el cual, la señora Elsa Rosa
Martínez Solano y el señor José Félix Rubiano Castiblanco contrajeron
matrimonio católico el 29 de junio de 1973.
• Se allegaron los registros civiles (ff. 21 – 23) que demuestran que los
señores Elsa Rosa Martínez Solano y José Félix Rubiano Castiblanco
procrearon a Yelitza (11 de enero de 1978), Adriana (2 de octubre de 1976)
y Marysela Rubiano Martínez (11 de abril de 1980).
• También se aprecia que el señor José Félix Rubiano Castiblanco junto con
la señora Teresa de Jesús Barrios Molinares procrearon a Octavio José
Rubiano Barrios (8 de noviembre de 1984) según da cuenta el registro civil
de nacimiento que obra a folio 104 del cuaderno anexo.

➢ Convivencia efectiva.

• En el folio 105 del cuaderno del expediente administrativo obra copia del
certificado de ingresos y retenciones correspondiente al causante por el
año 1989 (anterior a su deceso) en el que señala para la «identificación
de las personas legalmente a cargo» a la señora Elsa Rosa Martínez
Solano, como su esposa. Esta información se reitera a folios 131 y 132
en el mismo certificado correspondiente a los años 1986, 1988, donde

27 Según copia de la cédula visible a folio 24.
28 Según registro civil que obra a folio 18.
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nuevamente figura como dependiente la señora Elsa Rosa Martínez
Solano.
• En la toma de posesión de los cargos de profesor de tiempo parcial (1976)
y de profesor de tiempo completo el año 1976 -1982 aparece como
persona a cargo la señora Elsa Rosa Martínez de Rubiano ( f. 272 y 317
expediente administrativo).
• A folio 8629 del cuaderno del expediente administrativo, obra copia del
memorial de 25 de julio de 1990 suscrito por la demandante y dirigido a la
rectora de la Universidad Distrital en el que le solicita un avance del
«seguro de vida» a efectos de cubrir los gastos de «lote y servicios de
parque cementerio que la Universidad avaló con Oficio número R- 274-
90.»
• A folio 87 ibidem aparece oficio de 25 de julio de 1990 suscrito por la
rectora de la Universidad Distrital dirigido a Jardines del Recuerdo S.A. en
el que solicita «atender los servicios de requeridos por sus familiares
hasta en la suma de […] ($480.000.oo) mientras la Universidad adelanta
los trámites pertinentes para ordenar su respectivo pago»
• En el folio 108 idem, se encuentra oficio de 29 de enero de 1990, donde
el jefe de división de personal de la Universidad Distrital le solicita al jefe
de la oficina de Planeación de la misma entidad realizar inspección a
varias propiedades, entre ellas la del señor José Félix Rubiano
Castiblanco en la Carrera 4 No. 16 A - 72 en Chía, para el trámite de
retiro de cesantías parciales.
• A folio 309 ibidem aparece escrito de 8 de junio de 1981 suscrito por el
señor Rubiano Castiblanco en el que solicita a la Universidad, que se le
expida certificado de trabajo para presentarlo en la Universidad
Pedagógica Nacional y en el que señaló: «La certificación es muy
importante para mí puesto que con ella exceptúa a mi esposa del pago de
su matrícula en la Universidad Hoy casi imposible para los recursos
económicos de un docente.»
• Finalmente es de indicar que la dirección de notificaciones de la
demandante (f. 44 Cdno ppal.) es la misma dirección reportada por el
causante como su vivienda y respecto de las cuales solicitó el retiro parcial
de cesantías, inclusive en 1990, año de su deceso.

➢ Historia laboral del causante.

• Según certificado allegado a folio 167 del cuaderno principal el
administrador de Personal de la Universidad Libre indicó que el señor
José Félix Rubiano Castiblanco, prestó sus servicios a ese ente
universitario desde el 16 de enero de 1975 hasta el 5 de abril de 1988.

29 Foliatura del la parte inferior derecha.
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Allí se indicó que laboró 15 horas semanales, aunque también se indicó
«de tiempo completo». Precisó el documento que se hicieron aportes
al «Instituto de Seguros Sociales, tal y como se evidencia en los
libros de Seguridad Social que reposan en el archivo de la jefatura de
Personal de la Universidad».

• A folio 174 principal obra certificación expedida por la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas en la que indica que el señor José
Félix Rubiano Castiblanco prestó sus servicios en ese ente
universitario en los siguientes periodos:
• Docente de tiempo parcial: entre el 1.° de noviembre de 1976 y
el 19 de abril de 1982.
• Como docente de tiempo completo: desde el 20 de abril de 1982
hasta el 24 de julio de 1990.
• Igualmente, a folio 175 obra certificación en la que se indica que no se
le realizaron descuentos para seguridad social al empleado y señala
que la «E N TI D A D Q UE RE S P ON DE P OR E L P E R I OD O » es la
Universidad Distrital:
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• Así mismo fue aportado certificado expedido por la División de Recursos
Humanos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas sobre los
factores percibidos por su labor como profesor universitario, visible a folios
170 a 173 donde se indica que desde 1980 a 1990 devengó sueldo básico,
prima de servicios, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, prima técnica, sobresueldo y quinquenio.

65. De lo anterior se extrae que fue acertado el análisis realizado por el A quo
frente a los tiempos de servicios laborado por el causante, del que se extraen las
siguientes conclusiones:

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Entidad Modalidad Desde Hasta Total
Tiempo de servicio 15 horas 16 de enero de 5 de abril Se superpusieron varios
Universidad Libre semanales 1975 de 1988 años de servicio
desempeñado tanto a la
Universidad Libre como a la
Universidad Distrital, es
decir desde el 1.° de
noviembre de 1976 hasta el
19 de abril de 1982. Por
tanto en total serían 924
días si se tiene en cuenta
que 15 horas semanales
corresponde a un 34.09%
de una jornada de 44 horas.

Universidad Distrital Medio tiempo 1 de noviembre 19 de abril En total 1994 días, pero son
Francisco José de de 1976 de 1982 de medio tiempo serían 997
Caldas días
Tiempo 20 de abril de 24 de julio 3015 días
completo 1982 de 1990
Total: 13 años, 8 meses y 16 días

66. Traducidos los anteriores datos en semanas de cotización se advierte lo
siguiente:

➢ En la Universidad Libre:

924 días ÷7 días= 132 semanas

➢ En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

997 días ÷7 = 142 semanas

3015 días ÷7 = 430 semanas

➢ Total semanas: 704 semanas

67. De acuerdo con lo anterior es evidente que en este caso se acreditaron los
siguientes hechos:

• El causante falleció en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y antes de la
expedición de la Ley 100 de 1993.

• Durante su vinculación a la Universidad Libre se realizaron aportes en
pensión al Instituto de Seguros Sociales.

• Durante su vinculación a la Universidad Distrital esta no le realizó
descuentos por aportes con destino a alguna entidad de previsión social.

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Radicado: 25000-23-25- 000-2011-00706-01 (0954-2020)

Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

• Acreditó más de ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6)
años anteriores a la fecha del deceso o trescientas (300) semanas, en
cualquier época, con anterioridad al acaecimiento de ese hecho pues
laboró de forma interrumpida antes de su deceso 13 años, 8 meses y 16
días, esto tanto de tiempos privados cotizados al ISS, como de tiempos
públicos laborados ante la Universidad Distrital. Esto de la siguiente
manera:

➢ En la Universidad Libre:
924 días ÷7 días= 132 semanas

➢ En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas:

997 días ÷7 = 142 semanas
3015 días ÷7 = 430 semanas
➢ Total semanas: 704 semanas

68. Es evidente que el fallecimiento del señor José Félix Rubiano Castilblanco
acaecido el 24 de julio de 1990 determina que en este caso no es aplicable la
Ley 100 de 1993, comoquiera que no había entrado en vigencia, en atención a
los claros derroteros establecidos por esta Corporación en sentencia de 25 de
abril de 2013, dictada dentro del proceso 76001233100020070161101, donde se
indicó que el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del
fallecimiento del pensionado.

69. Igualmente tampoco le son aplicables las previsiones de la Ley 12 de 1975,
adicionada por la Ley 113 de 1985 , dado que a la luz de las citadas disposiciones
la sustitución pensional solo surgía para los beneficiarios de un empleado público
cuando a la fecha de su fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado
completamente el derecho jubilatorio y solo con posterioridad el Legislador lo
extendió para los casos en los que el empleado público hubiese logrado el tiempo
de servicios sin reunir o completar la edad pensional, con el fin de amparar con
tal medida el derecho de la familia del mismo, que por la contingencia de muerte
no logró consolidar plenamente su derecho pensional. Sin embargo, como se vio
ninguno de los dos escenarios se presentó en este caso.

70. Por tanto, de una parte, no es posible reconocer la pensión de jubilación a la
luz de la Ley 100 de 1993, dado que no había entrado en vigencia al momento
del fallecimiento del causante y de otra, tampoco se acreditaron las exigencias
de la Ley 12 de 1975 adicionada por la Ley 113 de 1985.

71. De acuerdo con lo expuesto, se impone confirmar la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por los motivos acá
expuestos.

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Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano

3.7. De la condena en costas en segunda instancia

72. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica para imponerlas, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por la apelante, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica
de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

73. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que
negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Elsa Rosa Martínez Solano
en contra la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por las razones
expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.– SIN CONDENA en costas, según las consideraciones expresadas
en este fallo.

TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
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