Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00718-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Régimen de transición
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00718-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-25-000-2011-00718-01
Consejero ponente: Henry Joya Pineda (Conjuez)
6 de julio de 2021
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO - Determinación
[L]a situación pensional de señora(…), si bien es cierto no se encuentra entre las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, también lo es que no se rige por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por cuanto, en los términos de régimen de transición del artículo 36 de la pluricitada Ley 100, en su caso tiene derecho a disfrutar una pensión de conformidad con el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971.En efecto, dentro del proceso está acreditado que la actora al 1º de abril de 1994 tenía 41 años cumplidos, pues nació el 23 de febrero de 1953, lo que confirma que se encuentra cobijada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esta probado igualmente que prestó servicios en la Rama judicial desde el 16 de septiembre de 1977 hasta el 23 de septiembre de 1980 como Juez de la República, y desde el 19 de enero de 2000 al 10 de agosto de 2009 como magistrada auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esto es, por espacio de 12 años, siete meses y 16 días, lo que acredita el cumplimiento del requisito señalado en la norma de haber laborado por lo menos diez años, continuos o discontinuos, al servicio de la Rama Judicial.Así mismo está probado dentro del proceso, tal como lo destaca el apoderado de la demandante en el escrito de alegatos, con el señalamiento de lo registrado en los actos acusados parcialmente, que la actora cumplió también con el tiempo total del servicio exigido, por cuanto en lo acusado aparece registrado más de 20 años de servicios prestados. Así mismo que para el cumplimiento de ese tiempo total de 20 años de servicios se permite sumar tiempos públicos y privados y, finalmente, que desde el año 2003 la demandante cumplió la edad de 50 años prevista en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 que regula su situación pensional. Para la Sala, en el escenario señalado y en los supuestos de hecho que acompañan al presente medio de control, la situación pensional de la demandante se consolidó en razón a su condición de funcionaria de la Rama Judicial durante más de diez años de servicio, lo cual la ubica en los supuestos que informan el contenido normativo del Decreto 546 de 1971.NOTA DE RELATORIA: Referente a la aplicación del régimen de transición de los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público, ver: C. de E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 11 de junio de 2020 CE-SUJ-S2-021- 20, Rad.15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 21 / DECRETO 546 DE 1971 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279
RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO - Determinación
[E]n la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 , la Sección Segunda de esta Corporación se refirió específicamente la tasa de reemplazo y al ingreso base de liquidación que corresponde a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público. De la providencia se destaca lo siguiente: “(…) [E]sa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.o del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996, 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. (…) Para la Sala de Conjueces, tal como se dilucidó en esta providencia la situación pensional de la demandante se determinó en razón a su condición de funcionaria de la Rama Judicial en los suspuestos descritos y analizados del artículo 6º de Decreto 546 de 1971. Ahora bien, en acatamiento a los efectos vinculantes de las sentencias de unificación jurisprudencial en lo que atañe al monto e ingreso base de la liquidación del derecho pensinal de la actora, se dispone estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de esta Corporación, de conformidad con lo expuesto en esta providencia. NOTA DE RELARORIA: Frente a la interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, Exp. D-9173 y D-9183, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En cuanto a la extensión de lo señalado en la sentencia C-258 de 2013, en el sentido de determinar que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, estas reglas deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial, ver: Coste Constitucional, Sentencia SU-230 de 2015.En cuanto al régimen de transición que consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes anteriores a los que se encontraba afiliado el beneficiario, solo en lo atinente a los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-395 de 2017.
Respecto a la inclusión del IBL en el régimen de transición y la inclusión de todos los factores salariales devengados, con exclusión de las vacaciones, indemnización de vacaciones y las bonificaciones de recreación y dirección, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-2009). Frente a los elementos que comprende el IBL en el régimen de transición, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, Rad. 52001-23-33-000-2012- 00143-01, M.P. César Palomino Cortés. Sobre el efecto vinculante del precedente jurisprudencial, ver: C. de E, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia de 2 de julio de 2019, Rad.11001-03-15-000-2018-01883-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sobre el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de las personas beneficiarias del régimen pensional especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público, ver: C de E, Sala Plena Contenciosa de la Sección Segunda, Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020,rad 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), M.P.Rafael Francisco Suárez Vargas
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 18 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 20 / LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 7
RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO / TOPE PENSIONAL - Procedencia
[E]l reconocimiento de la situación pensional de la demandante en los términos del Decreto 546 de 1971 no la hace ajeno a los condicionamientos a los que hace referencia el Acto Legislativo 01 de 2005, en aras a lo que se denominó la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema pensional, modificando para ello el artículo 48 de la Constitución Política, y disponer “A partir del 31 de julio de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes con cargo a recursos de naturaleza pública”, mandato superior definido en sus alcances en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013. NOTA DE RELATORIA: Sobre la aplicación de los topes pensionales a todos los régimenes, general o especiales, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 7 de mayo de 2013, Exp. D-9173 y D-9183, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
FUENTE FORMAL: ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Consejero ponente: HENRY JOYA PINEDA (conjuez)
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021).
Radicación número: 25000-23-25-000-2011-00718-01(0764-14)
Actor: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES) Y OTRO
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Tema: Apelación sentencia
Procede la Sala de Conjueces a resolver el recurso de apelación, interpuesto por el apoderado de la demandante, contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, de fecha 04 de octubre de 2012, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
ANTECEDENTES
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 85 del C.C.A., la señora Stella Conto Díaz del Castillo, a través de apoderado judicial, solicitó que se declarara la nulidad parcial de los siguientes actos administrativos:
Resolución Nro. 59030 de 10 de diciembre de 2009, “Por medio de la cual [el instituto de Seguros Sociales] resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”, y
Resolución Nro. 2021 de 21 de mayo de 2010, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación en el Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.”
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos acusados, a título de restablecimiento del derecho, se solicitó ordenar a la entidad demandada reliquidar la pensión de la actora teniendo en cuenta el setenta y cinco por ciento (75%) de la asignación más elevada que hubiere devengado durante el último año de servicios, de conformidad con lo normado en el Decreto 546 de 1971, y disponer el pago de las diferencias que resulten de dicha reliquidación, así como la actualización de las respectivas sumas desde la fecha en que se causó el derecho a la pensión; el reconocimiento de intereses de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 5º de artículo 177 del C.C.A.; y la condena en costas y agencias en derecho a la demandada.
LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”, mediante sentencia proferida el 04 de octubre de 2012, entre otras determinaciones, decidió: i) Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad accionada; ii) Negar las pretensiones de la demanda; y iii) No condenar en costas.
EL RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante, mediante escrito de fecha 11 de diciembre de 2012, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Cundinamarca.
Para el apelante, el fallador de primera instancia, al denegar la declaratoria de nulidad parcial de los actos acusados, mediante los cuales no se reconoce a la actora como beneficiaria del régimen especial de pensión de la Rama Judicial, está creando dos nuevos requisitos no contemplados en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 ni en ninguna otra disposición jurídica. Así repara, que el Tribunal fundamentó su decisión bajo el supuesto que era necesario el que la actora completará 20 años de servicio al sector estatal y que para tener derecho al citado régimen especial debería haber estado vinculada a la Rama Judicial el día 1º de abril de 1994.
El repaso por el contenido del artículo 6º del Decreto 546 de 1971 y los requisitos allí previstos llevan a la parte impugnante a sostener que el Tribunal en su decisión está usurpando funciones que por mandato constitucional le pertenecen al Congreso de la República, para seguidamente citar a la Corte Constitucional que por sentencia T-019 de 2009 sostiene que los 20 años de servicio a los que se refiere el artículo 6º no necesariamente deben serlo al sector público, con la anotación que puede acumularse el tiempo laborado con el sector privado.
A continuación, refiere que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación más elevada devengada el último año de servicios, sin que corresponda al Fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre la base de una liquidación distinta a la prevista en el Decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son inseparables.
Se citan varios pronunciamientos de la Corte Constitucional, en sede de control concreto de constitucionalidad y una sentencia de control abstracto, para afirmar que en el presente caso el Tribunal de instancia desconoció el principio de favorabilidad en esta materia (art. 53 C.Po.), así como los de seguridad social, el derecho al trabajo y, en especial, con la misma presentación, los de eficiencia, irrenunciabilidad y favorabilidad para predicar la afectación a la actora del debido proceso.
Finalmente, se trae a colación la sentencia del Consejo de Estado de 18 de noviembre de 2002, donde la Corporación dentro del radicado IJ-008 declaró nula la expresión: “que a 1º de abril de 1994 desempeñaban sus cargos en propiedad y cumplían las condiciones previstas por el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”; para concluir que los magistrados de Alta Corporación, por el solo hecho de haber ejercido la alta magistratura, mantienen los beneficios de la transición, cuando, como en el caso de la actora, siendo mujer tuviera más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, que es el requisito para acceder al régimen de transición.
Con el anterior recorrido, la parte apelante solicita se revoque la decisión que negó las pretensiones de la demanda y se declaré su prosperidad.
CONSIDERACIONES
De conformidad con lo normado en el artículo 129 del C.C.A., subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, corresponde al Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, resolver las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Bajo el contexto reseñado y de acuerdo con acta de reparto, el expediente arribó a esta Corporación el 01 de marzo de 2014.
Mediante auto de 22 de mayo de 2014, entre otras determinaciones, el Consejero Ponente, por reunir los requisitos legales, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por auto de 28 de agosto de 2014, se ordenó correr traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión. Las partes demandada y demandante en su orden acompañaron escritos de alegatos. El Ministerio Público guado silencio según informe secretarial que obra a folio 140.
El consejero, Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, mediante auto de 04 de noviembre de 2016, manifestó estar incurso en la causal de impedimento prevista en 12 del artículo 141 del C.G.P. Por proveído de 31 de julio de 2017, una vez se declaró fundado el impedimento manifestado por el Consejero Ponente, la Sala de Sección igualmente se declaró impedida para conocer del asunto invocando la causal prevista en el numeral 1 del artículo 150 del C.P.C. (hoy el artículo 141 del C.G.P.; pronunciamiento que ameritó remitir el expediente a la Sección Tercera para que se decidiera sobre lo manifestado por sus homólogos.
La Sección Tercera, por auto de 05 de diciembre de 2017, declaró fundado el impedimento manifestado por los Magistrados de la Sección Segunda y dispuso la remisión del expediente a esta última para que procediera al respectivo sorteo de Conjueces.
Visto lo anterior y como quedó consignado por parte del secretario de la Sección Segunda, surtidos los trámites procesales para esta clase de procesos, la actuación pasó para fallo al Despacho del Conjuez Ponente el día 12 de diciembre de 2018.
Una vez aceptados los impedimentos manifestados por los Magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, corresponde a esta Sala resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.
ANÁLISIS DE LA SALA
El Consejo de Estado, en proveído del 23 de octubre de 2017, para casos en curso frente al tránsito normativo en materia de normas de procedimiento, como el que ahora ocupa la atención de la Sala de Conjueces, aclaró que de conformidad con lo normado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se deberá dar aplicación a las disposiciones contempladas en el C.P.C. Lo anterior, igualmente, se confirma cuando se repara en la fecha en que entró a regir para la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, esto es, el 01 de enero de 2014, en los términos de lo precisado por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de Unificación de 25 de julio de 2014, proferido dentro del proceso No. 49.299, Consejero Ponente Dr. Enrique Gil Botero. Una y otra consideración, en armonía con lo normado en artículo 625 - 5 del C.G.P.
Para el presente caso, en la misma línea, la Sección Tercera de esta Corporación, mediante auto de 05 de diciembre de 2017, al declarar fundado el impedimento manifestado por los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto al tema de la competencia, en numeral 2.1. de las consideraciones, manifestó que: “comoquiera que la demanda fue presentada con anterioridad al 02 de julio de 2012, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 10 de octubre de 2010, corresponde aplicar al caso concreto las disposiciones del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984- (en adelante C.C.A.) en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, y, por tal motivo, el estudio del impedimento se efectuará con base en las normas que sobre el tema existían en dicha codificación.”
Así las cosas, la Sala de Conjueces advierte que el problema jurídico y su atención en este asunto se contrae a lo argumentado en el recurso de apelación presentado por la parte demandante, por lo que el tema llamado a resolverse no es otro que el de precisar, de conformidad con los antecedentes fácticos y jurídicos que acompañan a la actuación, si la actora es beneficiaria o no del régimen especial de pensión previsto en el Decreto 546 de 1971, y, si la respuesta es afirmativa, confirmar cuál es el monto y cuáles son los factores que deben tomarse para la liquidación de su derecho pensional, lo cual se asumirá en un primer término con las consideraciones sobre la vigencia de este régimen especial a partir de los pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, para luego definir el monto y base de liquidación de la pensión de acuerdo con las reglas señaladas en las sentencias de unificación jurisprudencial emitidas por esta Corporación, no sin antes verificar un breve recorrido por la línea jurisprudencial que informó el desarrollo del tema, respecto del cual el mismo apoderado de la demandante lo destacó como aval de su solicitud para que se accediera a las súplicas de la demanda.
5.1. Sobre la vigencia del régimen especial del Decreto 546 de 1971.
El Decreto 546 de 1971, “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”, en su artículo 6º dispone, lo siguiente.
“Artículo 6º.- Los funcionarios y empleados a que se refiere este decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres, y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este decreto de los cuales por lo menos 10 lo hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público o a ambas actividades a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.”
La Corte Constitucional, en reiterada sentencias de revisión de acciones de tutela, control concreto de constitucionalidad, se ha pronunciado respecto de la vigencia del régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971, señalando que esta normativa conserva su vigencia para aquellos funcionarios que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993 reunían los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición en ella previsto, dando cuenta así mismo que el desconocimiento de la prerrogativa respecto a la edad, tiempo de servicios y monto allí regulados, daba lugar una vía de hecho por defecto sustantivo, lo que implica la afectación del derecho al debido proceso del trabajador.
El Consejo de Estado, como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, admite también la vigencia del mencionado régimen especial para los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, a pesar de no estar señalado entre los establecidos por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993. La Sección Segunda, de la Corporación, en sentencia de 12 de septiembre de 2014, dejó consignado al respecto:
“Del examen sistemático de las disposiciones reseñadas en acápite precedente infiere la Sala, como ya lo hizo en anterior oportunidad, que el régimen pensional que de manera especial regula a los funcionarios judiciales, incluidos los Magistrados de las Altas Cortes, es el contenido en el Decreto 546 de 1971, que exige para la obtención del derecho a la pensión de jubilación, en el equivalente al 75% de la asignación más elevada que hubieren devengado en el último año de servicio, el cumplimiento de 55 años de edad en el caso de los hombres y de 50 años de edad en el de las mujeres, al igual que 20 años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores al vigencia del Decreto.”
La misma Sección Segunda, en Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de fecha 11 de junio de 2020, precisó:
“3.7. Conclusiones para sentar las reglas de unificación
El sistema de seguridad social integral en su componente pensional consagra un régimen de transición, con el fin de mantener el equilibrio entre las modificaciones a las que se vea sometido y el amparo de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes para la fecha en la cual inició la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994 en el ámbito nacional o el 30 de junio de 1995 en el orden territorial, tenían cumplidos 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, 40 o mas años de edad en el caso de los hombres, o 15 o más años de servicios cotizados. Es la edad o el tiempo de servicios, no ambos.
Por tanto, si la mujer tenía cumplidos 35 años de edad, el hombre 40 años de edad, o la mujer y el hombre habían laborado durante 15 años, para el 1º de abril de 1994 o para el 30 de junio de 1995, cuando entró a regir la Ley 100 de 1993 a nivel nacional o territorial respectivamente, adquieren el derecho a obtener el reconocimiento de la pensión al amparo del régimen anterior bajo el cual trabajaron o cotizaron, que para el caso de los fueron funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público corresponde al consagrado en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.”
Para el presente caso, la Sala igualmente trae a colación lo consignado por la Sección Segunda de la Corporación en sentencia de 24 de septiembre de 2015, donde se precisó que el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 no exige que los 20 años necesarios para acceder a la pensión de jubilación hayan sido prestados en el sector público.
“No obstante, analizada nuevamente dicha disposición y a la luz de la interpretación que la Corte Constitucional le ha dado a la misma, con el objeto de garantizar el principio de favorabilidad, la Sala replantea la tesis restrictiva planteada por la Subsección B […], teniendo en consideración que el texto literal del artículo 6° del Decreto 546 de 1971 no exige que necesariamente los 20 años de servicio hayan sido prestados exclusivamente en el sector público, razón por la cual han de tenerse como válidos para acceder a la prestación allí ordenada, los tiempos de servicio tanto públicos como privados, siempre y cuando se acrediten los 20 años y que 10 de ellos, continuos o discontinuos, lo hayan sido al servicio de la Rama Judicial y/o el Ministerio Público.”
Con el anterior contexto y para el caso que ocupa la atención de la Sala de Conjueces, se advierte que la situación pensional de señora Stella Conto Díaz del Castillo, si bien es cierto no se encuentra entre las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, también lo es que no se rige por el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por cuanto, en los términos de régimen de transición del artículo 36 de la pluricitada Ley 100, en su caso tiene derecho a disfrutar una pensión de conformidad con el régimen especial previsto en el Decreto 546 de 1971.
En efecto, dentro del proceso está acreditado que la actora al 1º de abril de 1994 tenía 41 años cumplidos, pues nació el 23 de febrero de 1953, lo que confirma que se encuentra cobijada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esta probado igualmente que prestó servicios en la Rama judicial desde el 16 de septiembre de 1977 hasta el 23 de septiembre de 1980 como Juez de la República, y desde el 19 de enero de 2000 al 10 de agosto de 2009 como magistrada auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esto es, por espacio de 12 años, siete meses y 16 días, lo que acredita el cumplimiento del requisito señalado en la norma de haber laborado por lo menos diez años, continuos o discontinuos, al servicio de la Rama Judicial.
Así mismo está probado dentro del proceso, tal como lo destaca el apoderado de la demandante en el escrito de alegatos, con el señalamiento de lo registrado en los actos acusados parcialmente, que la actora cumplió también con el tiempo total del servicio exigido, por cuanto en lo acusado aparece registrado más de 20 años de servicios prestados. Así mismo que para el cumplimiento de ese tiempo total de 20 años de servicios se permite sumar tiempos públicos y privados y, finalmente, que desde el año 2003 la demandante cumplió la edad de 50 años prevista en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 que regula su situación pensional.
Para la Sala, en el escenario señalado y en los supuestos de hecho que acompañan al presente medio de control, la situación pensional de la demandante se consolidó en razón a su condición de funcionaria de la Rama Judicial durante más de diez años de servicio, lo cual la ubica en los supuestos que informan el contenido normativo del Decreto 546 de 1971.
5.2. Sobre el monto e ingreso base de liquidación de la pensión.
Ahora bien, supuesto que la demandante es beneficiaria del Decreto 546 de 1971, -como en efecto lo es- el apoderado de ésta solicita que en aplicación del régimen especial se le debe liquidar la pensión con el 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio, para a continuación señalar que en cuanto se refiere al ingreso base de liquidación (IBL) en este caso se debe incluir la asignación básica mensual fijada por la ley para el empleo y todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución de sus servicios, a menos que se trate de un factor expresamente excluido por la Ley (art. 12 del Decreto 717 de 1978), citando para ello lo manifestado por esta Corporación a través de su Sección Segunda en sentencia de 21 de noviembre de 2013.
Finalmente, respecto a la inaplicabilidad de topes a las pensiones que se reconozcan en virtud del régimen especial, se señala que el Consejo de Estado en la misma sentencia en cita manifestó que los beneficiarios del régimen especial no están sometidos a los límites pensionales de que tratan los artículos 18 y 20 de la Ley 100 de 1993 y 7º de la Ley 797 de 2003, al considerar que la norma especial aplicable no lo establece.
En el ordenen inicialmente planteado, la atención y resolución del tema relacionado con el monto y el ingreso base de liquidación de la pensión demanda un recorrido por las decisiones que sobre el particular ha proferido tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado.
5.2.1. La Corte Constitucional, en un primer momento, en sentencias de revisión de tutela T- 631 de 2002, T-386 de 2005, T-158 de 2006, y T-251 de 2007, entre otras, señaló que para la personas cobijadas por el régimen de transición el ingreso base de liquidación forma parte del monto de la pensión y, por tanto, debe determinarse de conformidad con la legislación anterior.
En efecto, el Juez de la Carta, en Sentencia T- 631 de 2002, consignó:
“Es imposible desvertebrar el efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del Decreto 546/71 y la base reguladora es la señalada en la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, el ingreso base de liquidación (ILB) fijado en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo tiene aplicación específicamente para lo allí indicado y en el evento de que en el régimen especial se hubiere omitido el señalamiento de la base reguladora.
Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del Decreto 546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. Además, el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece el régimen de transición expresamente cobija “el monto de la pensión de vejez” y el monto significa una operación aritmética de un porcentaje sobre una base reguladora expresamente fijada en el artículo 6° del Decreto 546/71.”
No obstante, la Corte Constitucional, en sentencia de control abastracto de constitucionalidad C-258 de 2013, en la cual analizó la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que regula el régimen de pensiones para los congresistas, adoptó una nueva interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así, señaló el Juez de la Carta que el modo de calcular la base de liquidación no puede ser el contemplado en la legislación anterior, dado que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización excluyendo el promedio de liquidación, por lo que el IBL no es otro que el contemplado en el régimen general para todos los efectos.
Con la misma orientación mediante sentencia SU-230 de 2015, la Corte Constitucional extendió de forma expresa las consideraciones de la sentencia C-258 de 2013 a todos los demás regímenes. Para ello consideró que aunque la interpretación de las reglas del IBL señaladas en la citada providencia se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de determinar que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en éste las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que la persona pertenezca.
La Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-395 de 2017, adoptada en sede de revisión de decisiones de tutela, reiteró que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición que consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes anteriores a los que se encontraba afiliado el beneficiario, pero solo en lo atinente a los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.
La Corte en sentencia SU-210 de 2017, reiteró que en su jurisprudencia ha determinado que el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 está circunscrito a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización y el monto de la pensión, por lo que el ingreso base de liquidación debe regirse por las normas contenidas en la ley correspondiente al Sistema General de Pensiones.
5.2.2. Sobre este tópico, el Consejo de Estado, Sección Segunda, en Sentencia de Unificación de fecha 4 de agosto de 2010, señaló que las pensiones de jubilación reguladas por el régimen general de los servidores públicos previsto en la Ley 33 de 1985 deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, como quiera que el artículo 3º de esta normativa no enunció de manera taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, lo que no impide la inclusión de otros conceptos devengados respecto de los que no se hubiera cotizado pero que constituyen salario por haber sido percibidos por el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación de sus servicios.
La Sección Segunda, en sentencia de 7 de febrero de 2013, sostuvo que un régimen de transición debe ser aplicado de forma integral y que, por ende, los topes fijados en la sentencia C-258 de 2013 no operan en caso de los beneficiarios del régimen pensional previsto en el Decreto 546 de 1971, pues resultan contrarios a la jurisprudencia estable y vinculante del Consejo de Estado.
La Corporación en sentencia de 11 de julio de 2013, señaló que la especialidad del régimen de la Rama Judicial y del Ministerio Público resulta desvirtuada cuando se entiende que para establecer la base de liquidación se debe acudir a las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y de los Decretos Reglamentarios 691 y 1158 de 1994. En la misma tendencia, mediante providencia de 12 de mayo de 2014 recalcó que el monto de la pensión corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios, porcentaje que no se puede aplicar sobre una base de liquidación distinta a la anotada en el Decreto 546 de 1971, toda vez que la base y el porcentaje son inseparables.
La Sección Segunda, en Sentencia de Unificación de 25 de febrero de 2016, sostuvo que, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y en armonía con el Acto Legislativo 01 de 2005, la liquidación de la pensión debe hacerse de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, regla a la que están obligados todos los servidores públicos en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional, lo que significa que si no han sido objeto de descuento ello no da lugar a su exclusión, sino a que, al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes.
En la Sentencia de Unificación en cita, la Sección Segunda se refirió a los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013 para precisar que la argumentación allí expuesta gira en torno a un régimen de privilegio establecido en la Ley 4ª de 1992, aplicable al reconocimiento pensional de los congresistas, de tal forma que la Corte no pretendió extender los efectos de su sentencia a cada uno de los regímenes especiales pensionales aplicables a los exservidores del sector público que aún se encuentran vigentes por el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993. Ello, anotó, de una parte, porque tales regímenes tienen una justificación y una racionalidad que debe ser examinada al momento de decidir el derecho pensional reclamado y, de otra, porque este argumento no fue estudiado en la referida sentencia.
La Sección igualmente sentó su posición con respecto a la sentencia SU-230 de 2015 del Juez de la Carta, precisando que, en tanto tuvo como origen una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que casó el fallo recurrido y ordenó liquidar la pensión con el promedio de los últimos 10 años, lo que hizo fue avalar la interpretación que tradicionalmente ha mantenido la Corte Suprema de Justicia sobre el tema con respecto a las competencias que corresponden a la jurisdicción ordinaria.
Destacó que por más de veinte años la Corporación ha sostenido que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%) y señaló que la única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4ª de 1992, ello en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la sentencia C-258 de 2013, pues, conforme a su parte resolutiva, las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial son las contenidas en los artículos 21 y 36 inciso tercero de la Ley 100 de 1993, según el caso.
Con el anterior desarrollo concluyó que no puede generarse una fusión de regímenes al escindir el monto del ingreso base de liquidación, determinándose el monto con la normatividad aplicable antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y el ingreso base con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
No obstante, la que, bien podría decirse, constituia una línea jurisprudencial varió con la Sentencia de Unificación de fecha 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que consideró por la corporación que el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 únicamente comprendia los elementos de edad, tiempo de servicio y tasa de reemplazo, de manera que escindió el ingreso base de liquidación (IBL).
La Corporación, entonces con el reconocimiento de efectos retrospectivos, señaló la siguiente regla y subreglas sobre el ingreso base de liquidación (IBL) para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993:
Regla: “El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de remplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
Primera subregla: para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es: i) si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE y (ii) si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Segunda subregla: Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores beneficiarios del régimen de transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.
La Sala Plena anotó que, en su criterio, la tesis adoptada por la Sección Segunda de la Corporación en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual deben incluirse todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios, partió del sentido y alcance de las expresiones «salario» y «factor salarial», bajo el entendido de que «constituyen salario todas las sumas que habitual y periodicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios», con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad. Sobre el particular advirtió que dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración, enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional, a los cuales se debe limitar dicha base.
Cabe destacar que la Sala Plena expuso que la regla y subreglas anotadas tienen carácter permanente, de identidad, vinculante y obligatorio, debiendo aplicarse a todos los casos pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias, pero advirtió que no se aplicarían a los casos en los que ha operado la cosa juzgada, los cuales resultan inmodificables, toda vez que se requiere salvaguardar los principios fundamentales de la seguridad social y la garantía de la seguridad jurídica. En ese sentido, determinó lo siguiente:
“Efectos de la presente decisión
113. El artículo 237, ordinal 1, de la Constitución Política consagra como una de las atribuciones del Consejo de Estado el desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo. En este sentido, la jurisprudencia que profiere este órgano de cierre es vinculante para resolver los conflictos cuya competencia está atribuida a esta jurisdicción, por la Constitución y la Ley.
114. La Corte Constitucional, en sentencia C-816 de 2011, estableció que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional - como guardiana de la Constitución -, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica previstos en los artículos 13 y 83 de la Constitución Política. Por lo tanto, su contenido y la regla o norma jurídica que exponen, tienen características de permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio.
115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada”.
La Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante sentencia de 2 de julio de 2019, al adoptar los criterios sobre el efecto vinculante del precedente jurisprudencial generado, consignó lo siguiente, lo que esta Sala de Conjueces igualmente hace como suyo para la resolución del presente caso:
“Ha quedado de manifiesto, entonces, que la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que reiteró en las providencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018, se insiste, se contrae a que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios de ella se les tomará como IBL el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (art. 36) o inferior (art. 21).
Esta sólida línea jurisprudencial condujo a que el Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de agosto de 2018, rectificara el criterio defendido uniformemente por la Sección Segunda desde el año 2010 para, en su lugar, acoger la postura defendida por la Corte Constitucional en los citados pronunciamientos.
Sin embargo, dentro de ese ejercicio de unificación, esta Corporación efectuó una acotación que resulta de cardinal importancia en lo que toca con la resolución del asunto de la referencia, aunada, principalmente, en razones de buena fe, seguridad jurídica y cosa juzgada: (…)
De hecho fue enfática en la parte resolutiva de dicho fallo, al depositar en su numeral tercero que «Las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».
De otra parte, en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, la Sección Segunda de esta Corporación se refirió específicamente la tasa de reemplazo y al ingreso base de liquidación que corresponde a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público. De la providencia se destaca lo siguiente:
“Así, cuando se es beneficiario del régimen de transición por edad o por tiempo de servicios reunidos para la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación del régimen anterior, y, a su vez, se adquirió el estatus pensional con el cumplimiento de los requisitos de la edad y el tiempo de servicios de ese régimen anterior, contemplado por el Decreto 546 de 1971 en el artículo 6.o, ello implica que la pensión se debe reconocer al funcionario o empleado de la Rama Judicial y del Ministerio Público, con la tasa de reemplazo del 75%.
De otro lado, en lo que atañe al ingreso base de liquidación, según quedó analizado, con fundamento en la jurisprudencia imperante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que se ciñe al propósito del legislador en el sentido de evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 en mención, se tiene que no debe corresponder al del régimen anterior, es decir a la asignación más alta devengada el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6.o en mención, pues el que hay que aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.o de su artículo 36. […]
Además, en lo que hace referencia a los factores salariales que se deben incluir en ese ingreso base de liquidación para la pensión de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público beneficiarios de la transición, hay que decir que son únicamente aquellos sobre los que hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, y que correspondan a los fijados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, normativa que se encuentra vigente. […]
Reglas de unificación. […]
iii) Por tanto, esa pensión se le debe reconocer con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.o del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer, de 55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo debieron ser exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%, e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de 10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; y con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de la Ley 332 de 1996, 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
Por lo demás, la Sección Segunda reiteró lo dispuesto en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Corporación y en la sentencia de 2 de julio de 2019 de la Sala Cuarta Especial de Decisión en lo que respecta al efecto vinculante del precedente jurisprudencial generado. Así, indicó:
La regla jurisprudencial fijada es vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en el seno de la administración; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan inmodificables» (negritas de la Sala)
De lo anterior podemos concluir que en las referidas providencias esta Corporación determinó que sus efectos serían retrospectivos, esto es, se aplicarían a los casos pendientes de solución, tanto en sede administrativa como en procesos judiciales.
Para la Sala de Conjueces, tal como se dilucidó en esta providencia la situación pensional de la demandante se determinó en razón a su condición de funcionaria de la Rama Judicial en los suspuestos descritos y analizados del artículo 6º de Decreto 546 de 1971. Ahora bien, en acatamiento a los efectos vinculantes de las sentencias de unificación jurisprudencial en lo que atañe al monto e ingreso base de la liquidación del derecho pensinal de la actora, se dispone estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de esta Corporación, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
Ahora bien, el reconocimiento de la situación pensional de la demandante en los términos del Decreto 546 de 1971 no la hace ajeno a los condicionamientos a los que hace referencia el Acto Legislativo 01 de 2005, en aras a lo que se denominó la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema pensional, modificando para ello el artículo 48 de la Constitución Política, y disponer “A partir del 31 de julio de 2010 no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes con cargo a recursos de naturaleza pública”, mandato superior definido en sus alcances en la sentencia de la Corte Constitucional C-258 de 2013.
En mérito de lo expuesto, esta Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: ESTESE a lo dispuesto en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020, radicado 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017), proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, de esta Corporación, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: SE MODIFICA el ordinal SEGUNDO de la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, de fecha 4 de octubre de 2012, para en su lugar disponer la declaratoria de nulidad parcial de los actos acusados, de manera tal que procede el reconocimiento del derecho pensional de la demandante Stella Conto Díaz del Castillo como beneficiaria del régimen especial para los funcionarios de la Rama Judicial contenido en el Decreto 546 de 1971. No obstante, en lo que se refiere a la estimación del monto e ingreso base de liquidación de la pensión de la actora se deberán observar igualmente las reglas señaladas para el efecto en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de 2020 y en cuanto su tope se deberá tener en cuenta lo normado en el parágrafo 1º del Acto legislativo No. 01 de 2005, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En lo demás se confirma la decisión apelada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen. CÚMPLASE.
La anterior decisión fue estudiada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
HENRY JOYA PINEDA NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Conjuez ponente Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Folios 89 a 96 del Expediente.
Folios 21 a 30 del expediente.
Folios 89 a 96 del expediente.
Folios 98 a 103 del expediente.
Sentencia de revisión de tutela: T-456/94, T-440/98, T-369/98; T-242/98, T-549/98, C-177/98, T- 295/99 y T-1294/02.
Fl. 119 del expediente.
Fl. 127 del expediente.
Fl. 129 del expediente.
Fl. 130-131 y 132 a 139 del expediente,
Fl. 160 del expediente-
Fls. 161 a 163 y vueltos del expediente.
Fls. 169 a 172 del expediente.
Consejo de Estado - Sección Primera. C.P. Dr. Oswaldo Giraldo López. Rad. 05001-23-31-000-2002-01635-02.
“ARTÍCULO 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación”
Fls. 169 a 172 y vuelto.
Cfr. Sentencias, T-631 de 2002, T-158 de 2006, T-251 de 2007 y T-019 de 2009.
Corte Constitucional. Sentencia T-019 de 2009. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 12 de septiembre de 2014. Radicación 25000-23-42-000-2013-00632-01. MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 11 de junio de 2020. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017) CE-SUJ-S2-021- 20. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Actor: Cándida Rosa Araque de Navas.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación de 24 de septiembre de 2015. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Radicado 25000234200020120075201.
Fls. 132 a 139 y vuelto.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”. C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Sentencia de 21 de noviembre de 2013. Radicación No. 25000-23-25-000-2010-01208-01 (0815-13)
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-2009), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 7 de febrero de 2013. Radicación 1723-2012. M.P.: Luis Rafael Vergara Quintero. Actor: Aníbal Sarabia Gómez.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 11 de julio de 2013. Radicación 0102-2013. M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Cajanal.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 12 de mayo de 2014. Radicación 1770-2012. M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Alfonso Eslava Ruíz.
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 25000-23-42-000-2013-01541-01. M.P.: Gerardo Arenas Monsalve. Accionante: Rosa Ernestina Agudelo Rincón.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 52001-23-33-000-2012- 00143-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia de 2 de julio de 2019. Radicación: 11001-03-15-000-2018-01883-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actora: Ana Lucía Padrón Carvajal.
Ut supra. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
Ut supra: Radicación 52001 23 33 000 2012 00143 01.
Ut supra: Radicación: 11001-03-15-000-2018-01883-00.
Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia de 7 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
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