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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00927-01

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-25-000-2011-00927-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Ana Rosa Rosero Moreno, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-25-000-2011-00927-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

17 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento pensión gracia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 27 de octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Ana Rosa Rosero Moreno, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la
Resolución PAP 015725 del 28 de septiembre de 2010, por la cual Cajanal le negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, a
partir del día en que cumplió el estatus, esto es, el 19 de agosto de 2008;
ii) ordenar a la demandada pagar el valor de las mesadas y las adicionales, con
los correspondientes reajustes de ley; iii) actualizar el valor de la condena
conforme al índice de precios al consumidor; iv) dar cumplimiento a la sentencia
en el término señalado en el artículo 176 del CCA; y v) condenar al pago de
intereses moratorios, costas y agencias en derecho.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La señora Ana Rosa Rosero Moreno nació el 30 de octubre de 1949 y se vinculó
al magisterio en los siguientes periodos: a. del 10 de septiembre de 1968 al 15 de
marzo de 1971, en el departamento de Nariño; b. entre el 26 de febrero de 1991 y
el 7 de febrero de 1993; y c. desde el 8 de febrero de 1993 al 24 de junio de 2011,
en el distrito de Bogotá, todos como docente territorial.

ii) El 27 de enero de 2009, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia;
sin embargo, a través del acto demandado, la entidad negó la petición, toda vez
que desestimó los tiempos trabajados en el distrito de Bogotá.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228
y 336 de la Constitución Política; 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116
de 1928; 3 del Decreto 081 de 1976; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979; y 15 de la
Ley 91 de 1989.

2

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:1

i) La entidad demandada no tuvo en cuenta el periodo laborado con el distrito de
Bogotá, esto es, aquel por el cual la señora Rosero Moreno fue vinculada como
docente temporal y en propiedad. Sin embargo, no existe fundamento fáctico o
jurídico para considerar que esos tiempos fueron nacionales, pues en su
nombramiento no intervino el Ministerio de Educación o alguna otra autoridad del
orden nacional.

ii) La calidad del docente no se da porque así lo indique la entidad nominadora en
los certificados de salarios, sino que ello debe calificarse en atención a lo
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que define como docentes
nacionales a los nombrados por el Gobierno nacional.

1.2. Contestación de la demanda

Cajanal, EICE en liquidación, por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación: 2

i) Si bien la actora estuvo vinculada como docente del orden departamental, no
cumplió con los 20 años de servicios exigidos en la norma, por lo que no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia. Incluso, si se valoraran los
tiempos prestados en la Secretaría de Educación de Bogotá, debe resaltarse que
estos serían del orden nacional, por lo que no es posible computarlos.

ii) De acuerdo con lo dispuesto en la normativa y en la jurisprudencia, no es
posible computar tiempos como docente del orden territorial con los del nacional
para el reconocimiento de la pensión deprecada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,

1
Folios 12 a 23.
2
Folios 32 a 36.

3

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

mediante sentencia proferida el 27 de octubre de 2016, condenó a la UGPP a
reconocer y pagar la pensión gracia a la demandante en cuantía equivalente al
75 % del salario promedio de los factores devengados durante el año
inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido
entre el 1.º de marzo de 2008 al 28 de febrero de 2009, efectiva a partir del 1.º de
marzo de 2009, «la cual debe comprender los factores de sueldo básico, prima
especial, prima de vacaciones y prima de navidad, éstas dos últimas deben ser
proporcionales a una doceava parte». Para tal efecto, se pronunció en estos
términos:3

i) De acuerdo con las certificaciones laborales y actos administrativos aportados al
proceso, la señora Rosero Moreno fue nombrada por el gobernador como maestra
del departamento de Nariño y se le asignaron funciones por parte del secretario de
educación pública como directora de escuela desde el 6 de septiembre de 1968 al
31 de agosto de 1970, esto es, durante 1 año, 11 meses y 26 días. En tal sentido,
cumple con el requisito de haber sido vinculada antes del 31 de diciembre de
1980, motivo por el cual, se tiene en cuenta dicho lapso para acreditar el tiempo
de servicio requerido para el reconocimiento de la pensión gracia.

ii) Posteriormente, se vinculó entre el 1.º de septiembre de 1970 y el 14 de marzo
de 1971; su nombramiento fue efectuado por el secretario de educación pública,
con el visto bueno del delegado del Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto,
este periodo no fue reconocido para computar el tiempo requerido para reconocer
la prestación.

Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 3157 de 1968
que señala que los Fondos Educativos Regionales fueron creados como
mecanismos de desconcentración y manejo de los recursos fiscales y del personal
docente y administrativo, y si bien fueron concebidos como organismos de orden
territorial, son administrados conjuntamente por la nación y por los respectivos
entes territoriales; además cuentan con vigilancia directa del nivel central a través
del delegado permanente del Ministerio aludido.

3
Folios 180 a 192 y 214 a 216.

4

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

iii) Respecto del tiempo laborado con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, la
Secretaría de Educación de Bogotá certificó que la accionante fue vinculada en
forma ininterrumpida como docente temporal de tiempo completo y,
posteriormente, como docente en propiedad de carácter territorial, esto es, por 20
años y 4 meses. Así, acreditó más de 20 años de servicio como docente en
institucionales educativas de carácter departamental y distrital con vinculación
territorial, toda vez que a partir del 6 de septiembre de 1968 y hasta el 31 de
agosto de 1970 y del 26 de febrero de 1991 al 24 de junio de 2011, fue directora
de escuela y docente de la Secretaría de Educación del departamento de Nariño y
del distrito de Bogotá, respectivamente, es decir, que su vinculación fue de
carácter nacionalizado, razón por la cual se colma el requisito de tiempo de
servicios.

iv) Si bien la actora cumplió los 50 años de edad el 30 de octubre de 1999, los 20
años de servicio los alcanzó el 29 de febrero de 2009, razón por la cual se toma
ésta última data como referencia para determinar la fecha del estatus pensional.

1.4. El recurso de apelación

La UGPP, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación4 y lo
sustentó así:

i) Se logró demostrar que la demandante estuvo vinculada como docente del
orden departamental, pero no cumplió con los 20 años de servicios exigidos por la
norma para acceder al reconocimiento de la pensión gracia pretendida. Por otro
lado, si se valoran los tiempos de servicios prestados a la Secretaría de Bogotá,
dicha vinculación es del orden nacional, por lo que no es posible que se le
computen estos tiempos, pues la retribución percibida por la actora estuvo a cargo
de la nación.

ii) No se tuvo en cuenta que la Corte Constitucional ha fijado su postura sobre la

4
Folios 194 a 201.

5

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

vigencia del IBL del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la Sentencia C-258 de
2013. En tal sentido, las pretensiones de inclusión de factores salariales carecen
de fundamento jurídico y desconocen la situación económica y social que afronta
el país.

iii) La demandante no agotó el requisito previo para demandar, relativo a
interponer los recursos procedentes contra el acto demandado, pese a que en la
Resolución PAP 015725 del 28 de septiembre de 2010 que negó la pensión gracia,
se advirtió que contra esa decisión procedía el recurso de reposición.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

La señora Ana Rosa Rosero Romero, por conducto de apoderado, reafirmó lo
sostenido en el libelo introductorio y pidió que se confirme la sentencia de primera
instancia.5

1.5.2. La demandada

La UGPP, por intermedio de su apoderado, solicitó revocar lo decidido en primera
instancia, con fundamento en lo expuesto en la contestación de la demanda y en
el recurso de apelación.6

1.6. El ministerio público

El agente delegado ante esta Sección no rindió concepto según se desprende de
la constancia secretarial del 23 de marzo de 2018.7

2. Consideraciones

5
Folio 243 y 244.
6
Folio 237 a 242.
7
Folio 244.

6

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si la señora Ana Rosa Rosero Moreno puede ser
beneficiaria de que la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del
régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación.

2.2. Marco normativo

El artículo 1 de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas
primarias oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor
de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

Por su parte, las Leyes 116 de 19288 y 37 de 19339 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 10

Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra
pensión o recompensa de carácter nacional».11

8
Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
9
Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.

Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
10
Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia
de 16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
11
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

7

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado,
mediante Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la
pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional,
pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba
retribución alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre
pensionado por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal
prerrogativa eran los educadores locales o regionales».12

Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la
finalidad de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en
razón a la diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes
nacionales; sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión
del proceso de nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y
en razón a que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta
a cargo total o parcial de la Nación».

En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta
corporación, en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia
debe reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e

2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un
mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra
causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de
marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En
similar sentido, puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte
Constitucional.

8

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación
primaria y secundaria oficiales».

Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada;
sin embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del
29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».

Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de
1989.

Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia,

13
Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

9

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

a saber:

1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.

2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión
gracia».14

En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia
aquel docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o
territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la
Ley 114 de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento
en que logre colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo
haga antes o después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación
explicó lo siguiente:15

[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».16

[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues
las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,
radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
16
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).

10

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

vinculados en la forma indicada.
[…]

v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a
la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los
requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral
respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.

vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de
instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y
consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989.

Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».

Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en
sentencia del 21 de junio de 2018,17 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:18

(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a los
presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;

(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
18
Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal
de la sentencia transcrita.

11

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal o
la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida
prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores territoriales, el
pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la respectiva localidad,
o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través de los endógenas
exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones; y

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.

A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio
pensional bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o
parcialmente con recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de
participaciones, pues «lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada».19 Además, valga precisar que no se requiere
que el tiempo de servicio sea continuo, pues lo importante es que haya sido en
plazas territoriales o nacionalizadas.

2.3. Hechos probados

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

12

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. Sobre la edad y la relación laboral de la demandante

El 30 de octubre de 1949, nació la señora Ana Rosa Rosero Moreno, según se
advierte en la copia de su registro civil de nacimiento.20

El 10 de septiembre de 1968, la señora Rosero Moreno tomó posesión del empleo
de maestra del departamento,21 para el cual fue nombrada mediante el Decreto
479 del 6 de septiembre de 1968,22 expedido por el gobernador y el secretario de
educación pública de la gobernación de Nariño. Además, a través de la
Resolución 121 del 6 de septiembre de 1968, emitida por el secretario de
educación y el jefe de la división pedagógica, la designaron directora de la Escuela
Rural de Niñas del corregimiento de San Juan (Ipiales).23

El 27 de marzo de 1969, mediante la Resolución 167, fue trasladada a la
Seccional de la Escuela Mixta de Cutuaquer, en el municipio de Ipiales, tal y como
lo dispuso el secretario de educación departamental. 24

El 28 de agosto de 1969, el aludido funcionario emitió la Resolución 248, por el
cual trasladó a la demandante como directora de la Escuela Mixta de La Palma
(Ipiales).25

Desde el 1.º de septiembre de 1970, la señora Rosero Moreno fue reelegida en el
cargo de directora, tal y como se dispuso en la Resolución 196 del 7 de octubre de
1970, suscrita por el secretario de educación del departamento, con el visto bueno

20
Folio 7, cuaderno 4.
21
Pues así lo certificó el archivo departamental. Folios 3 y 4.
22
Folio 117.
23
Folio 118.
24
Folio 119.
25
Folios 120 a 122.

13

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

del delegado del Ministerio de Educación.26 Así se advierte del acto en mención y
lo certificó la profesional universitaria del Archivo Departamental.27

A partir del 15 de marzo de 1971, se aceptó la renuncia al cargo de directora de la
Escuela Rural Mixta de La Palma, corregimiento de La Victoria, según se señaló
en la Resolución 045 del 25 de marzo de 1971, suscrita por el secretario de
educación pública.28

Del 26 de febrero de 1991 al 24 de junio de 2011, 29 la demandante tuvo una
vinculación como docente del orden territorial con la Secretaría de Educación de
Bogotá, tal y como se advierte del certificado expedido por la entidad.30 En efecto,
obra en el expediente una constancia suscrita por el rector del Colegio Distrital
Enrique Olaya Herrera (jornada tarde), según el cual, aquella trabajó en ese
plantel como profesora del área de sociales de tiempo completo (temporal) desde
el 21 de febrero de 1991.31

Con posterioridad, y a través del Decreto 202 del 1.º de febrero de 1993, el alcalde
de Santafé de Bogotá nombró a la demandante en propiedad en el empleo de
docente de tiempo completo, zona urbana, en la planta de personal del distrito. 32
En las consideraciones de este acto se indicó que mediante el Acuerdo 40 de
1992 se «aprobó dentro del presupuesto para la vigencia de 1.993 un rubro
expresamente dedicado al pago del personal docente de la planta Distrital de
educadores». De este cargo tomó posesión el 8 de febrero de 1993, según se
advierte en el certificado suscrito por la jefe de la división de personal de la
Secretaría de Educación de la entidad territorial.33

26
Folios 123 a 125.
27
Folio 3.
28
Folios 126 a 127
29
Por ser la fecha de expedición del certificado que indica que se encuentra activa.
30
Folio 8.
31
Folio 6.
32
Folios 65 a 68.
33
Folio 7.

14

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

De acuerdo con el formato único para la expedición del certificado de salario, de
enero de 2007 al 30 de noviembre de 2008, la actora percibió sueldo y primas
especial, de vacaciones y de navidad.34

2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio

El 27 de enero de 2009, la señora Ana Rosa Rosero Moreno solicitó a Cajanal el
reconocimiento de la pensión gracia.35

El 28 de septiembre de 2010, el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social
EICE, en liquidación, emitió la Resolución PAP 015725 por la cual negó la solicitud

de reconocimiento y pago de la pensión gracia, con fundamento en que la
peticionaria «no cuenta con los veinte años en la docencia oficial de carácter
Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado teniendo en cuenta que para
acceder a la prestación solicitada no es posible computar tiempos de servicio del
orden Nacional ni los desempeñados en Cargos de carácter Administrativo total o
parcialmente».36 Al respecto, tuvo en cuenta los tiempos de servicio en el
departamento de Nariño del 10 de septiembre de 1968 al 15 de marzo de 1971 y
en el departamento de Cundinamarca del 1.º de febrero de 1993 al 20 de abril de
1999 y del 17 de enero de 2007 al 30 de noviembre de 2008.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Previo a resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario
abordar uno de los argumentos del recurso presentado por la UGPP, según el cual
la demandante no agotó el requisito previo para demandar relativo a interponer los
recursos procedentes contra el acto acusado, pese a que en la Resolución PAP
015725 del 28 de septiembre de 2010, que negó la pensión gracia, se advirtió que
contra esa decisión procedía el de reposición.

Al respecto, se advierte que en efecto, el artículo 161 la Ley 1437 de 2011, exige

34
Folio 9.
35
Folio 5 del cuaderno 4.
36
Folios 10 y 11.

15

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo de carácter particular
y concreto, se deben haber interpuesto y decidido los recursos que de acuerdo
con la ley fueren obligatorios, a efectos de agotar los medios de impugnación
frente a la entidad competente y con ello, cumplir con el requisito previo para
acudir a la jurisdicción. La norma aludida señala lo siguiente:

Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
[…]
2. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse
ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El
silencio negativo en relación con la primera petición permitirá demandar directamente
el acto presunto.
Si las autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral.
[Resalta la Sala].

Así las cosas, para determinar cuáles son esos mecanismos de impugnación de
forzoso ejercicio, corresponde acudir al tenor de los artículos 74 y 76 supra según
los cuales «el recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como
subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la
jurisdicción» y «Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios».
Sobre el particular, esta Subsección señaló lo siguiente en auto del 29 de
septiembre de 2016:37

[…] de acuerdo a la ley, el único recurso obligatorio en el procedimiento administrativo
es el de apelación, lo que significa que si el acto administrativo indica que sólo procede
el de reposición, será potestativo del interesado interponerlo o acudir directamente a la
Jurisdicción, pues como lo ha dicho esta Corporación38, el no hacerlo en nada afecta el
agotamiento del procedimiento administrativo, sólo basta dejar vencer el término
respectivo o renunciar expresamente al recurso, para demandar el acto.

En consecuencia, la exigencia previa para demandar recae en la interposición del
recurso de apelación. Al respecto se observa que en el numeral segundo del acto
acusado, se advirtió, en lo atinente a los medios para refutarlo, que contra esa
decisión podría interponerse «por escrito el recurso de reposición ante el
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 29 de septiembre de 2016,
radicado 52001 23 33 000 2014 00057 01(4126-14), M.P. William Hernández Gómez.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejero Ponente
Carmen Teresa Ortíz De Rodríguez Bogotá sentencia del 29 de mayo de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 20383.

16

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

LIQUIDADOR».

Bajo tal panorama, se concluye que no era necesario que la señora Rosero
Moreno recurriera en reposición la decisión que le negó el reconocimiento
pensional, para agotar el procedimiento administrativo y acudir posteriormente a
enjuiciarla pues, se reitera, dicho mecanismo no es de obligatorio agotamiento,
sino potestativo.

Ahora bien, en relación con el reconocimiento pensional deprecado, y en atención
al anterior recuento fáctico, normativo y jurisprudencial, la Sala confirmará la
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de
la señora Ana Rosa Rosero Moreno. Lo anterior, toda vez que se demostró que
laboró en el magisterio oficial durante más de 20 años como docente, en plazas
clasificadas como nacionalizadas y territoriales. Igualmente, tuvo una experiencia
como educadora anterior al 31 de diciembre de 1980, por ende, en lo que respecta
al tiempo de servicio, cumple con los presupuestos previstos por las Leyes 114 de
1913 y 91 de 1989 para ser acreedora del beneficio pensional pretendido.

En efecto, una vez analizado el acervo probatorio se concluye que el tiempo de
servicio computable para obtener la pensión gracia a favor de la demandante
corresponde al siguiente:

Acto Periodo
Nominador Cargo
administrativo Desde Hasta Duración

Decreto 479 del 6 Gobernador del 6 de
de septiembre de departamento de Maestra septiembre - -
1968 Nariño de 1968

Resolución 121 Directora de la
del 6 de Escuela Rural de
Secretario de
septiembre de Niñas del - - -
educación
1968 (asignación corregimiento de San
de funciones) Juan (Ipiales)
Resolución 167 Directora seccional
del 27 de marzo Secretario de de la Escuela Mixta
• - -
de 1969 educación de Cutuaquer
(traslado) (Ipiales)
Resolución 248 Directora de la 31 de 1 año, 11
Secretario de
del 29 de agosto Escuela Mixta de La - agosto meses, 25
educación
de 1969 Palma (Ipiales) de 1970 días

17

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

(traslado)

Secretario de
educación con el
Resolución 196 1 de 14 de
visto bueno del Reelegida en el 6 meses,
del 7 de octubre septiembre marzo de
delegado del cargo de directora 13 días
de 1970 de 1970 1971
Ministerio de
Educación Nacional
26 de 7 de 1 año, 11
Docente tiempo
• Alcaldía de Bogotá febrero de febrero meses, 12
completo
1991 de 1993 días
Decreto 202 del Docente tiempo 8 de 24 de 18 años, 4
1.º de febrero de Alcalde de Bogotá completo en febrero de junio de meses, 16
1993 propiedad 1993 2011 días
22 años,
Periodo total 10 meses
y 6 días

En relación con el anterior cuadro, es oportuno resaltar que el a quo desestimó el
tiempo de servicio prestado entre el 1.º de septiembre de 1970 y el 14 de marzo
de 1971, en consideración a que los salarios fueron financiados por la nación,
pues su nombramiento fue efectuado por el secretario de educación pública, con
el visto bueno del delegado del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo,
conforme se expuso en acápites anteriores, esta corporación unificó su criterio en
el sentido de indicar que tal argumento no podía oponerse para reconocer la
prestación en comento, toda vez que los dineros provenientes del entonces
situado fiscal –ahora sistema general de participaciones– «le pertenecía[n] de
forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en
calidad de rentas endógenas y exógenas».39

De esta manera, los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en
nacionales «por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación». Estas razones son
suficientes para considerar que es posible computar el tiempo de servicio
desechado por el Tribunal, esto es, entre el 1.º de septiembre de 1970 y el 14 de
marzo de 1971.

Asimismo, valga precisar que el tiempo en que la demandante se desempeñó

39
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado
25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-2014).

18

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

como directora en instituciones educativas del departamento de Nariño es válido
para obtener la pensión gracia por las razones que a continuación se enuncian:

El artículo 2 del Decreto Ley 2277 de 1979, vigente para la época de los hechos,
definió la profesión docente en los siguientes términos:

Artículo 2. Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se
denominan genéricamente educadores.

Se entiende por profesión decente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y
no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente
incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión inspección escolar, de
programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de
educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación
formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los Términos que
determine el reglamento ejecutivo.

A su vez, el artículo 32 ibidem dispuso que los cargos directivos allí enlistados
tendrían carácter docente. Textualmente la norma preceptúa:

Artículo 32. Carácter docente. Tienen carácter docente y en consecuencia deben ser
provistos con educadores escalafonados, los cargos directivos que se señalan a
continuación, o los que tengan funciones equivalentes:

a) Director de escuela o concentración escolar;
b) Coordinador o prefecto de establecimiento;
c) Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media;
d) Jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos;
e) Supervisor o inspector de educación.

A partir de las anteriores disposiciones, esta corporación en forma pacífica y
reiterada ha concluido que a la pensión gracia «también pueden acceder los
directivos docentes, al tratarse de cargos que hacen parte de la profesión de
educador».40

Por otro lado, tal y como lo certificó la funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la demandante tuvo una vinculación del orden territorial, cuya fuente de

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01(3989-15). En similar sentido pueden consultarse las
siguientes sentencias: i) del 9 de abril de 2014, radicado 05001-23-31-000-2008-00946-01(0443-
13); ii) del 23 de octubre de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02645-01(1081-19).

19

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

financiación fueron recursos propios, y se dio entre el 26 de febrero de 1991 y el
24 de junio de 2011, por ser la fecha de expedición de la constancia aludida. De
esta manera, es dable concluir que estos tiempos pueden ser computados para
efectos del reconocimiento deprecado.

En efecto, la demandante fue nombrada por el alcalde de Santafé de Bogotá en
propiedad en el empleo de docente de tiempo completo, zona urbana, en la planta
de personal del distrito, a través del Decreto 202 del 1.º de febrero de 1993, en
cuyas consideraciones se indicó que mediante el Acuerdo 40 de 1992 se «aprobó
dentro del presupuesto para la vigencia de 1.993 un rubro expresamente dedicado
al pago del personal docente de la planta Distrital de educadores».

De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la
profesión docente por más de 20 años y cumplió con la exigencia de haberse
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; por lo tanto, la interesada cumplió el
requisito del tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la
prestación pretendida.

Ahora bien, la señora Ana Rosa Rosero Moreno cuenta con más de 50 años de
edad (toda vez que nació el 30 de octubre de 1949) y durante su ejercicio como
docente no se registraron sanciones disciplinarias, es decir, que cumple con los
requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con honradez y
consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del
beneficio pensional reclamado.

Sobre el particular, el a quo dispuso que la prestación sería liquidada en cuantía
equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en el año anterior a la
consolidación del estatus pensional. Sin embargo, la UGPP argumentó que con tal
decisión se desconoció la postura de la Corte Constitucional sobre la vigencia del
IBL del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 expuesta en la Sentencia C-258 de 2013.

Sin embargo, para la Sala la referida liquidación es consonante con los artículos 4
de la Ley 4 de 1966 y 5 del Decreto 1743 de 1966, y los lineamientos

20

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

jurisprudenciales trazados por esta corporación frente al monto de la prestación,
esto es, que «la pensión gracia debe liquidarse con base en los emolumentos
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional». 41

Por último, si bien la accionante cumplió los 20 años de servicio el 18 de agosto de
2008, fecha para la cual contaba con más de 50 años de edad, es decir, que en
ese momento adquirió el derecho pensional, lo cierto es que por tratarse de un
apelante único, a través de esta decisión no podrá modificarse la fecha de
efectividad ordenada por el a quo, a efectos de no desconocer el principio de la
non reformatio in peius.

Se advierte que en el presente caso no se configuró el fenómeno prescriptivo, en
tanto que el derecho se consolidó el 18 de agosto de 2008, la reclamación ante la
administración se presentó el 27 de enero de 2009, lo que interrumpió el término
prescriptivo por tres años, por lo que tenía hasta el 27 de enero de 2012 para
radicar la demanda, lo que ocurrió el 16 de septiembre de 2011.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,42 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las

41
Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado: i) del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22
de marzo de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de
2020, radicado: 15001-23-33-000-2014-00462-01 (1644-19).
42
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), M.P. William Hernández Gómez.

21

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y teniendo en cuenta que la decisión que aquí se
adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en las
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y 11 de agosto de 2022, no se
impondrán costas a cargo de la parte vencida, con el fin de salvaguardar los
principios de buena fe y confianza legítima.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que la decisión del a quo debe ser confirmada
en tanto reconoció a la señora Ana Rosa Rosero Moreno la pensión gracia
reclamada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

22

Radicado: 25000 23 25 000 2011 00927 01 (0648-2017)
Demandante: Ana Rosa Rosero Moreno

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de octubre de 2016, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
accedió a las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora
Ana Rosa Rosero Moreno, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

23

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