Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-26-000-2000-00490-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-26-000-2000-00490-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-26-000-2000-00490-02
Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
28 de febrero de 2019
FACULTAD DE ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ENAJENACIÓN DE LA PROPIEDAD ACCIONARIA DEL DISTRITO EN ETB. PROGRAMA DE ENAJENACIÓN APROBADO EN EL AÑO 1999
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00490-02(21221)
Actor: NÉSTOR RAÚL CORREA HENAO
Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA Y ETB
FALLO
Procede la Sección a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del tres (03) de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub-sección B, mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: Declarar la nulidad del parágrafo dos del artículo 18 del decreto 787 de 1999 expedido por el señor alcalde mayor de Bogotá.
SEGUNDO: Envíese por secretaría, copia de la presente providencia al Concejo y al Alcalde Mayor de Bogotá”
ANTECEDENTES
Hechos de la demanda
1.1 Mediante el Acuerdo Nro. 07 del 9 de junio de 1998, el Concejo de Bogotá autorizó, entre otros, “al Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., para enajenar a personas jurídicas y naturales, públicas o privadas, parte de las acciones que posea dicha entidad territorial en la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá ETB S.A. E.S.P.”
1.2 Por medio del Decreto 787 del 23 de noviembre de 1999, el Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá D.C. aprobó el Programa de Enajenación de parte de las acciones del Distrito Capital en la empresa de telecomunicaciones mencionada.
En materia de reglamento de enajenación y adjudicación, en el artículo 18 ibídem se: (i) estableció el contenido de los reglamentos para la primera y segunda fase del proceso de enajenación de la participación accionaria pública; (ii) asignó la competencia para su expedición, en ambas fases, al Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá, previo concepto de la Junta Directiva de ETB; y, (iii) otorgó a ETB la competencia para aclarar y modificar en ambas fases los reglamentos de enajenación y adjudicación; aspecto este último que se cuestiona en el presente proceso.
Pretensiones
La parte actora solicita se declare la nulidad del parágrafo 2º del artículo 18 del Decreto 787 de 1999 que, en su tenor literal, dispone:
“ARTÍCULO 18. - Reglamento de enajenación y adjudicación.
(…)
PARÁGRAFO 2: Los reglamentos de enajenación y adjudicación que se expidan para la Primera y Segunda Fase, podrán ser modificados o aclarados mediante adendos que expida ETB”.
Normas violadas y concepto de la violación
En la demanda se señaló el desconocimiento de los artículos 6, 121, 210, 211, 322 y 365 de la Constitución; y, 38 y 40 del Decreto-Ley 1421 de 1993, por medio del cual se reguló el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fé de Bogotá.
A juicio del actor, no era viable que se asignara a la ETB la facultad de modificar y/o aclarar los reglamentos de adjudicación y enajenación, proferidos por el Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá dentro del proceso de enajenación de la propiedad accionaria del Distrito en esa empresa de servicios públicos.
Primero, porque esa competencia sólo podía ser delegada en los secretarios y jefes de departamento administrativo al tratarse de un tema contractual, de conformidad con el numeral 15 del artículo 38 del Decreto-ley 1421 de 1993.
Por tal razón, el presidente de ETB no podía ser delegatario de la facultad para aclarar y modificar, ya que no ocupaba ninguno de los cargos mencionados en la norma, esto es, secretario o jefe de departamento administrativo.
Segundo, porque el artículo 40 del Decreto-Ley 1421 tampoco autorizaba la delegación en el presidente de ETB al no encontrarse dentro de los sujetos habilitados por la disposición: no era secretario, ni jefe de departamento administrativo, ni funcionario de la administración tributaria, ni junta administradora, ni alcalde local, y, mucho menos, gerente o presidente de una entidad descentralizada; esto último, porque ETB era una entidad privada ya que sus actos y contratos se regían por el derecho privado, según la Ley 142 de 1994 (arts. 31, 32 y 132).
Oposición
4.1. Santa Fé de Bogotá D.C.
El Distrito Capital se opuso a la pretensión anulatoria, porque el acto acusado se expidió en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo 07 de 1998, norma cuyos efectos no fueron suspendidos y respecto de la que no se registró su anulación.
Adicionalmente, porque no se desconocieron las reglas relativas a la delegación de funciones. De un lado, porque ETB, como empresa de servicio público oficial, era una entidad descentralizada al momento de la expedición del Decreto 787, por lo que su presidente se encontraba habilitado para ser delegatario del Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá, de conformidad con lo previsto por el artículo 40 del Decreto-Ley 1421, norma aplicable por ser posterior al artículo 38 de la misma codificación.
Por el otro, porque se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 110 de la Ley 489 para que los particulares ejercieran funciones públicas: existió un acto expreso de delegación, como lo fue el Decreto 787, y, también, se registró un convenio, como lo fue el acuerdo interinstitucional suscrito entre ETB y el Distrito Capital antes de que se expidiera el acto demandado.
Estos últimos requisitos eran necesarios, en sentir del accionado, porque luego de la venta de propiedad accionaria al sector solidario, ETB pasó a ser una empresa de servicios públicos mixta, esto es, un particular que prestaba servicios públicos.
Por último, puso de presente la inexistencia de intereses generales a proteger en ejercicio de la acción de simple nulidad, pues el proceso de enajenación de propiedad accionaria pública del Distrito Capital en ETB fue finalizado mediante el Decreto 792 de 2000 por la falta de interés de un socio estratégico en la segunda fase de venta.
4.2. Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fé de Bogotá -ETB
ETB se opuso a la pretensión anulatoria, porque el acto acusado se expidió en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo 07 de 1998, frente al cual no se registró suspensión de sus efectos o anulación.
Tampoco se desconoció lo previsto en el numeral 15 del artículo 38 del Decreto-ley 1421, ya que la competencia delegada al presidente de ETB no fue para adjudicar y celebrar contratos, sino para modificar y/o aclarar, mediante adendos, los reglamentos de enajenación y adjudicación expedidos por el Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá.
Súmese, que la competencia para adjudicar y celebrar los contratos de venta de acciones no fue delegada a ETB en el acto parcialmente demandado. Esas facultades permanecieron en cabeza del Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá, según los artículos 11, 12 y 14 del acto acusado.
Por último, el presidente de ETB podía ser delegatario de la función de modificar y aclarar los reglamentos de enajenación y adjudicación. De un lado, porque era el presidente de una entidad descentralizada que, al tenor del artículo 40 del Decreto-Ley 1421, podía ser destinataria de delegación del Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá.
Del otro, porque luego de que la empresa oficial de servicios públicos pasó a ser mixta se cumplieron los requisitos de la Ley 489 para que un particular ejerciera funciones públicas: existió un acto expreso de delegación y un convenio.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B declaró la nulidad del aparte acusado al concluir que la competencia para modificar y/o aclarar los reglamentos de enajenación y adjudicación era indelegable por estar reservada al titular de la propiedad accionaria objeto de venta (Distrito Capital), como medida para conservar los principios de la función pública y garantizar la continuidad del servicio, más cuando lo delegado se relacionaba directamente con las condiciones esenciales del negocio de venta.
En palabras del juez de primera instancia:
“…considera la Sala que esa autorización por ir en relación con las condiciones esenciales de la venta establecidas en el decreto 787 de 1999, sólo las podría generar el que las ha establecido como manera de facilitar la venta de las acciones que posee Bogotá, como es el propósito de toda reglamentación. Se trata, en esencia, de la venta del patrimonio que posee el ente territorial y para lo cual ha fijado unas pautas que debe seguir ejerciendo para garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia y demás que estipula el artículo 39 del estatuto que lo rige.
Como las facultades concedidas en el parágrafo cuestionado tienen que ver con las fases uno y dos del proceso de enajenación, se ven ellas contradictorias en el sentido de que pueda una entidad distinta de la que regenta el dominio de los bienes la que pueda modificar los reglamentos de la venta de ese patrimonio, aun así no se vaya a regir el proceso de negociación por la ley 80 de 1993.
La facultad de reglamentación implícita en el artículo 16 de la Ley 226 de 1995 y que sería independiente de la que le concede al alcalde mayor el estatuto de la ciudad, ha hecho posible la expedición del decreto 787 de 1999, observándose en su artículo 16 unas exigencias para los adquirentes en la fase dos que deben ser revisadas por el gobierno de la ciudad, sin que se puede (sic) entender entonces que las condiciones de adjudicación y venta puedan ser modificadas por el otro ente territorial al que se le han deferido unas facultades igualmente de reglamentación. La Ley en comento, vista en términos rigurosos, crea la restricción de que los adquirentes deben garantizar la continuidad en el servicio y esto no lo puede realizar sino el organismo que diseñó la metodología para la enajenación. Con lo que resulta cierta la afirmación del demandante que lo que está en venta es parte del patrimonio de Bogotá y esas condiciones de negociación no pueden ser alteradas.
Desde este punto de vista, entonces, es que encuentra la Sala la contrariedad del texto impugnado con el artículo 38, del decreto constitucional 1423 de 1993 (sic), que conteniendo una delegación lo que en verdad encierra es una facultad de reglamentación, la que por cierto recaería sobre materias que solo pueden ser desarrolladas por el organismo que expidió la regulación de la venta propiamente dicha y que no es otro que Bogotá. En este orden de ideas, esa delegación estaría prohibida por mandato del ordinal tres, del artículo 11 de la ley 489 de 1998, en cuanto que no podrían transferirse mediante delegación ´3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación”.
RECURSO DE APELACIÓN
ETB y el Distrito Capital apelaron la anterior decisión, con el fin de que fuera revocada y, en su lugar, se negara la pretensión anulatoria de la demanda.
Primero, porque el aparte acusado se expidió en virtud de lo previsto en (i) el Acuerdo 07 de 1998, que asignó al Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá, al presidente y a la Junta Directiva de ETB la responsabilidad de adoptar las medidas dispuestas en la Ley 226 para la venta del capital accionario; y, (ii) en el Acuerdo Interinstitucional del 7 de julio de 1998 en el que se previó, entre otros, que ETB sería la encargada de modificar o aclarar los reglamentos de enajenación y adjudicación del proceso de venta de las acciones del Distrito Capital. Por lo tanto, como esas prescripciones no fueron suspendidas, ni anuladas, mal podía acogerse la pretensión de nulidad.
Segundo, porque sí era procedente la asignación de competencia efectuada en el aparte demandando, ya que no se delegó la facultad de modificar las condiciones esenciales del negocio de venta, previstas en el Acuerdo 07 de 1998, sino la potestad para efectuar “aclaraciones o modificaciones formales y cronológicas”. De este modo, la conclusión del Tribunal se soportó en la confusión de las competencias que se otorgaron a ETB; entidad en la que no se radicó la competencia de adjudicación o enajenación de propiedad accionaria, por lo que no estaba facultada para variar condiciones esenciales del negocio.
Y es que de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 14 del Decreto 787 el Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá era el competente para aceptar o rechazar cada una de las aceptaciones de compra en la Primera Fase, y, adjudicar las acciones en la Segunda Fase del proceso de venta. Además, las funciones de ETB en estas materias se limitaban a servir como agente o mecanismo de notificación o comunicación de las determinaciones adoptadas.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
ETB presentó alegatos de conclusión en los que se opuso a la declaratoria de nulidad por las razones expuestas al momento de recurrir la sentencia de primera instancia. Por esto, en aras de la brevedad, se remite a su lectura.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la sentencia anulatoria, porque no era posible delegar en ETB la facultad de modificar y aclarar los reglamentos de enajenación y adjudicación.
En su sentir, no existía norma que habilitara esa actuación, ya que el numeral 15 del artículo 38 del Decreto-ley 1421 sólo permitía la delegación en secretarios y/o jefes de departamento administrativo; cargos que no ocupaba el presidente de ETB. No era aplicable el artículo 40 ibídem por tratarse de una disposición general que debía ceder ante la estipulación especial, en este caso, la relativa al tema contractual, como lo era el artículo 38 mencionado.
Adicionalmente, al delegatario se le “atribuyó poder para reformar aspectos esenciales del contrato de compraventa, como el precio, [las reglas y el procedimiento para hacer la oferta pública de venta de las acciones, las condiciones especiales a ofrecer al sector solidario, y, los mecanismos y plazos para ejercer el derecho a desistir de la operación de compra]”. Conclusión a la que arribó luego de considerar el contenido de los reglamentos de enajenación y adjudicación, definido en el artículo 18 del Decreto 787, y, la extensión de la competencia amplia que se otorgó a ETB para modificarlos y aclararlos.
En sus palabras:
“las facultades que el Alcalde Mayor delegó en la E.T.B. no fueron simplemente las de hacer aclaraciones o modificaciones ´formales y cronológicas´, con mayor razón si se tiene en cuenta que el parágrafo demandado no concreta la actividad a que ha de contraerse la delegación, sino que además de no especificarla, es evidente que las facultades otorgadas fueron de una amplitud sin medida”.
Finalmente, el agente del Ministerio Público cuestionó la indeterminación del sujeto al que se le otorgó la competencia, ya que el aparte demandado no precisó el órgano encargado de su ejercicio, por lo que se desconoce si el habilitado era el presidente de la entidad, su Junta Directiva, o algún otro órgano de dirección.
CONSIDERACIONES
Aspecto previo
Antes de entrar a resolver el debate planteado, la Sala se pronunciará sobre el impedimento manifestado por el Consejero Julio Roberto Piza Rodríguez, que afirma, obedece a la causal prevista en el artículo 141-12 del CGP, por haber dado su concepto a la sociedad actora sobre el asunto discutido.
Para la Sala, es claro que se comprometen los atributos de imparcialidad e independencia, intrínsecos en la labor judicial, cuando la interpretación jurídica que se hace en un concepto particular, debe ser valorada por el funcionario judicial que dio una opinión jurídica, para resolver una consulta de carácter general sobre la interpretación de las normas tributarias.
Por lo anterior, se configura la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP., pues, de manera indirecta, el Doctor Julio Roberto Piza Rodríguez, deberá analizar la discusión jurídica frente a la cual profirió un concepto solicitado por la demandante.
Con fundamento en las consideraciones expuestas, se encuentra probado el impedimento manifestado. En consecuencia, se aceptará; y como existe quórum decisorio, no se ordenará el sorteo de conjueces.
Problema jurídico. Delimitación y pertinencia del pronunciamiento judicial pese a la derogatoria del aparte acusado.
1.1 Para el juez de primera instancia y el agente del Ministerio Público, ETB no podía ser la delegataria de la competencia para modificar y aclarar los reglamentos de enajenación de la propiedad accionaria del Distrito.
Una posición contraria permitiría la modificación de aspectos esenciales del negocio, los cuales estaban reservados al titular de las acciones objeto de venta como mecanismo para garantizar la continuidad del servicio y los principios de la función pública.
En sentido contrario, los recurrentes estiman que la competencia sí era delegable, ya que se otorgó para efectuar modificaciones o aclaraciones no relacionadas con el fondo de la venta, ya que la determinación de los aspectos esenciales del negocio se mantuvo en cabeza del burgomaestre, que siguió siendo el competente para adjudicar y enajenar, de conformidad con los artículos 12 y 14 del Decreto 787.
Por tal razón, a esta Sala le corresponde establecer si era viable, jurídicamente hablando, delegar en ETB la facultad para modificar y aclarar los reglamentos de enajenación de la propiedad accionaria del Distrito en esa empresa de servicios públicos.
Para el efecto, abordará el examen de los siguientes temas: (i) validez de la delegación en el presidente de ETB por existencia de norma expresa que autorizaba esa actuación -aplicación del artículo 40 del Decreto-ley 1421-; (ii) delegabilidad de la función en razón de su naturaleza y de conformidad con una interpretación sistemática de lo previsto en la ley 226 y en el Programa de Enajenación expedido para el caso concreto, y; (iii) no vulneración manifiesta del ordenamiento jurídico con ocasión de lo previsto en el acuerdo interinstitucional, con fundamento en el cual se expidió el aparte demandado.
1.2 No desconoce la Sala que el parágrafo acusado fue derogado expresamente por el artículo 4º del Decreto 690 de 2000 y que el proceso de enajenación de acciones del Distrito Capital en ETB se dio por terminado ante la falta de interés en la presentación de ofertas por parte de las compañías precalificadas, de acuerdo con el Decreto 792 del mismo año.
Sin embargo, esa situación no impide el pronunciamiento de legalidad sobre el aparte acusado, ya que la derogatoria de una norma no restablece el ordenamiento jurídico vulnerado, ni impide la proyección de los efectos jurídicos del acto durante el tiempo que estuvo vigente. Téngase en cuenta que la derogatoria produce efectos a futuro, razón por la que la desaparición del acto no afecta su validez.
Es cierto que en algún momento la Corporación no consideró necesario el pronunciamiento sobre la legalidad de actos generales derogados, en aplicación de la tesis de la sustracción de materia. No obstante, esa posición fue recogida en pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al señalar la pertinencia del pronunciamiento judicial, debido a la posible existencia de efectos o situaciones jurídicas en espera de definición. Sobre el particular se sostuvo:
“…la Sala opina que, aún a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario que esta Corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de contenido general que se impugnen en ejercicio de la acción de nulidad, pues solamente así se logra el propósito último del otrora llamado contencioso popular de anulación, cual es el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad posiblemente afectada por la norma acusada, imperio y legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca, tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que hubiesen sido expedidos durante su vigencia”.
1.3 El acto demandado estuvo vigente desde la fecha de su expedición hasta la de su derogatoria, por lo que produjo efectos desde el 23 de noviembre de 1999 hasta el 18 de agosto de 2000; término durante el que se expidieron diferentes modificaciones con base en la facultad cuestionada en esta sede judicial, a saber: adendos No. 3, 4, 6, 7 y 11, todos del año 2000.
Por tal razón, es procedente el pronunciamiento judicial sobre su validez durante el tiempo que estuvo vigente.
Posibilidad de delegación en el presidente de ETB. Aplicabilidad del artículo 40 del Decreto-ley 1421 de 1993.
2.1 A juicio de la parte actora, el presidente de ETB no estaba facultado para ser el delegatario de las funciones del alcalde en materia de modificación y aclaración de los reglamentos para la enajenación de la propiedad accionaria del distrito en la empresa de telecomunicaciones.
Todo, porque los únicos facultados para el efecto eran los secretarios y jefes de departamento administrativo, al tenor de lo previsto en el numeral 15 del artículo 38 del Decreto-ley 1421 de 1993. Adicionalmente, porque no se trataba del gerente o presidente de una entidad descentralizada, por lo que tampoco se cumplía con uno de los requisitos establecidos en el artículo 40 ibídem.
Esa posición fue sostenida, también, por el agente del Ministerio Público al afirmar que la norma aplicable era el artículo 38.15 de la codificación mencionada, por tratarse de un tópico de naturaleza contractual.
2.2 La Sala no maneja la misma perspectiva, pues considera que el presidente de ETB sí se encontraba facultado para fungir como delegatario de funciones delegadas por el alcalde, según lo previsto en el artículo 40 del Decreto-ley 1421, al tenor del cual:
“ARTICULO 40. DELEGACION DE FUNCIONES. El alcalde mayor podrá delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las juntas administradoras y los alcaldes locales”.
Esa norma, no otra, es la que resultaba aplicable al caso concreto, porque en ella se establecían las condiciones que debían satisfacerse para la realización de la delegación de funciones del alcalde. Nótese que regulaba (i) el tipo de funciones susceptibles de delegación y (ii) los servidores en los que dichas funciones podían ser delegadas, previo el cumplimiento de las condiciones legales dispuestas para el efecto.
2.3 Las condiciones exigidas por la norma en cuestión no fueron desconocidas. Primero, porque la función delegada -modificación y aclaración de los reglamentos de enajenación- estaba asignada al burgomaestre, ya que era a él a quien correspondía la reglamentación de las distintas fases del proceso de enajenación del capital accionario del distrito en ETB.
Por lo tanto, si el alcalde era el competente para reglamentar esas materias también lo era para modificar o aclarar la reglamentación que dictara sobre el particular.
Segundo, porque la delegación se efectuó en uno de los servidores habilitados por la norma. El artículo 40 de la codificación en mención autorizó que la delegación se realizara, entre otros, en los gerentes o directores de entidades descentralizadas, calidad que cumplía el presidente de ETB. Téngase en cuenta que:
A.- Para la fecha expedición del acto parcialmente demandado –23 de noviembre de 1999-, ETB era una empresa oficial de servicios públicos. Si bien se creó como establecimiento público, lo cierto es que se reorganizó como empresa de servicios públicos con el 100% de aportes estatales.
Así, mediante acuerdo No. 72 de 1967 se constituyó la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá como un establecimiento público descentralizado del orden distrital con personería jurídica y patrimonio propio -art. 1-.
Posteriormente, con ocasión de lo previsto en los artículos 17 y 180 de la Ley 142 de 1994, se expidió el acuerdo No. 21 de 1997 por medio del cual se transformó la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá en una empresa de servicios públicos del orden distrital con la totalidad de aportes oficiales, constituida bajo la forma jurídica de sociedad por acciones; mandato que se acató en la escritura pública No. 0004274 de 29 de diciembre de 1997.
B.- Al tratarse de una empresa de servicios públicos oficial, esto es, con aportes 100% estatales, ETB hacía parte del sector descentralizado por servicios de acuerdo con lo previsto en los artículos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998, a cuyo tenor:
“ARTICULO 38. INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:
1. Del Sector Central: (…)
2. Del Sector descentralizado por servicios: (…)
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios (…)”
“ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.” (Resalto de la Sala).
Por eso, si ETB era una entidad descentralizada del orden distrital su presidente se encontraba dentro de la categoría “gerente o presidente de entidad descentralizada” a la que hizo alusión el artículo 40 del Decreto-ley 1421 para permitir la delegación de funciones del alcalde.
Lo anterior adquiere relevancia al considerar que la naturaleza de la entidad y su pertenencia al sector descentralizado por servicios no se definía por las reglas que disciplinaran el régimen aplicable. Y es que como lo sostuvo esta sección:
“…las nociones de naturaleza jurídica y de régimen jurídico son diferentes, a esta conclusión se llega por la simple lectura del artículo 50 de la Ley 489 de 1998, que indica que la estructura orgánica de un organismo o entidad administrativa comprende, entre otros aspectos, la naturaleza jurídica y el consiguiente régimen jurídico; de manera que si bien son conceptos que pueden estar relacionados, no por ello se deben confundir o tomar por iguales”
Prueba de eso es que al regularse la naturaleza de las empresas de servicios públicos se dispuso que correspondía a la de “sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos” -art. 17 L. 142-. Y al regular lo atinente a su régimen se expidieron reglas relativas, entre otras, a la denominación, duración, aportes, mecanismos de constitución, registro, emisión, colocación de acciones y juntas directivas de estas empresas -arts. 19 y s.s. ibídem-.
2.4 No desconoce la Sala que en el artículo 38 del Decreto-ley 1421 también se incorporó una regulación en materia de delegación al prever:
“ARTÍCULO 38. ATRIBUCIONES. Son atribuciones del Alcalde Mayor:
(…)
15. Adjudicar y celebrar los contratos de la administración central, de conformidad con la ley y los acuerdos del Concejo. Tales facultades podrán ser delegadas en los secretarios y jefes de departamento administrativo. (…)” (Resalto de la Sala)
No obstante, esa disposición no es aplicable al caso concreto, pues en ella se regulan supuestos diferentes a los disciplinados en el aparte demandado. Se trata de las facultades para adjudicar y celebrar contratos de la administración central, las cuales no fueron delegadas al presidente de ETB por medio del aparte acusado.
Recuérdese que en el parágrafo demandado se facultó para la modificación y aclaración de los reglamentos de enajenación y no para adjudicar o celebrar el contrato de compraventa de la propiedad accionaria. Además, la facultad para adjudicar le correspondía al alcalde pues era el facultado para tomar las decisiones de aceptación de las ofertas y de adjudicación en la primera y segunda fase, respectivamente -arts. 12 y 14 del decreto 787 de 1999-
La función delegada no puede catalogarse como indelegable debido a su naturaleza. Interpretación sistemática de la función delegada.
3.1 Para el juez de primera instancia y el agente del Ministerio Público, la delegación realizada permitía que una entidad diferente a la propietaria del capital accionario definiera elementos esenciales del negocio, los cuales solo podían ser establecidos por el titular de la participación a enajenar.
Por eso, la facultad para modificar y aclarar los reglamentos de enajenación se catalogó como indelegable en atención a su naturaleza, de conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 11 de la Ley 489 de 1998.
3.2 La Sala no comparte esa posición, pues estima que la función asignada no permitía la variación de elementos como el precio o las condiciones preferenciales a los destinatarios de condiciones especiales, en contravía de lo dispuesto en el programa de enajenación dispuesto por el alcalde mayor.
Las modificaciones o aclaraciones realizadas por el presidente de la entidad descentralizada debían orientarse a desarrollar el contenido del programa de enajenación. Prueba de ello es que en el artículo 18 -disposición a la que pertenece el aparte demandado- se previó que los reglamentos de enajenación debían considerar todos los aspectos requeridos “para concretar el Programa de Enajenación”.
Por lo tanto, si el contenido de los reglamentos de enajenación se orientaba por las previsiones del programa de enajenación mal podía concluirse que la facultad para modificarlos y/o aclararlos -a los reglamentos- autorizaba la definición irrestricta o ilimitada de los elementos establecidos en el programa de enajenación.
En pocas palabras, la facultad de modificación o aclaración de los reglamentos no se extendía a la disposición sobre los contenidos mínimos fijados por el alcalde mayor en el programa de enajenación. Considérese que:
3.2.1 En el programa de enajenación se reguló lo relativo a las condiciones especiales, el precio de las acciones y su forma de pago. Así, las condiciones especiales se establecieron en los artículos 5 y 6 del Decreto 787 en los cuales se dispuso, con relación a la primera fase: (i) el término de duración; (ii) el precio de las acciones; (iii) la posibilidad de desistimiento; (iv) la posibilidad de utilización de cesantías para la adquisición de acciones por parte de personas naturales; y, (v) la necesidad de líneas de crédito o condiciones de pago que implicaran una financiación disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al diez por ciento (10%) del valor total de las acciones objeto de enajenación.
Por su parte, el precio y la forma de pago de las acciones se reguló en los artículos 5, 11, y, 15 del mismo decreto, en orden a lo cual (i) se estableció el precio fijo de la acción que operaría en la primera fase del proceso de enajenación; (ii) se determinó el precio mínimo de la acción para la segunda fase del mismo proceso; y, (iii) se dispuso que para el pago del precio de las acciones de la primera fase se cancelaría un abono del 20% del precio total de las acciones.
De ahí que la modificación de las condiciones especiales, el precio y su forma de pago no fueron objeto de la competencia asignada a ETB, ya que la facultad delegada recaía sobre los reglamentos de adjudicación y enajenación, no respecto del programa de enajenación.
3.2.2 Agréguese que la función de los reglamentos era la de concretar el programa de enajenación. Así se estableció en los incisos 1º y 2º del artículo 18 parcialmente acusado que disponían:
“ARTÍCULO 18.- Reglamento de enajenación y adjudicación. El reglamento de enajenación y adjudicación para la Primera Fase, contendrá, entre otros aspectos, las reglas y procedimientos correspondientes a la oferta pública de venta de acciones, las condiciones especiales de que trata el artículo 5 del presente Decreto, las reglas aplicables para presentar aceptaciones de compra: las reglas correspondientes a la adjudicación de aceptaciones; las condiciones de experiencia, capacidad técnica, operativa y financiera que deba reunir el operador para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por parte de ETB, y, en general, todos los aspectos que se requieran para concretar el Programa de Enajenación de que trata el presente Decreto.
El reglamento de enajenación y adjudicación para la Segunda Fase contendrá, entre otros aspectos, las reglas, procedimientos, condiciones y modalidades relativas al desarrollo del proceso de enajenación, las correspondientes a la recepción de ofertas; la forma de acreditar los requisitos que se establezcan para garantizar la continuidad en la prestación del servicio por parte de ETB; el monto y la calidad de las garantías de seriedad de la oferta; el precio y la forma de pago; los instrumentos que incentiven la participación de inversionistas interesados en adquirir acciones de ETB y, en general, todos los aspectos que se requieran para concretar el Programa de Enajenación de que trata el presente Decreto.
PARÁGRAFO 1: Los reglamentos de enajenación y adjudicación para la Primera y Segunda Fase, serán expedidos por el Alcalde Mayor, previo concepto de la Junta Directiva de ETB, y serán dados a conocer por conducto del Presidente de ETB.
PARÁGRAFO 2: Los reglamentos de enajenación y adjudicación que se expidan para la Primera y Segunda Fase, podrán ser modificados o aclarados mediante adendos que expida ETB”. (Resalto de la Sala)
En esa medida, lo previsto en el programa de enajenación constituía el elemento básico, fundante y orientador del proceso de venta, razón por la cual no podía ser alterado, modificado o distorsionado mediante la competencia de reglamentación y, mucho menos, vía modificación de los reglamentos correspondientes.
Esto se refuerza porque las condiciones especiales, el precio de las acciones y su forma de pago son elementos esenciales en los procesos de enajenación. Sin ellos el proceso derivaría en un negocio diferente, lo que impediría el cumplimiento del deber de democratización y de la finalidad que le resulta asociada, esto es, “permitir el proceso de desconcentración accionaria hacia unos beneficiarios particulares que son los propios trabajadores de las empresas y las organizaciones solidarias”.
Luego, al tratarse de elementos esenciales o estructurales no podían ser alterados en ejercicio de la facultad de modificación y aclaración de los reglamentos de enajenación, más cuando estos últimos se dictaban, se repite, para concretar o materializar los postulados del programa de enajenación.
3.3 Debe considerarse, además, que ni la Constitución, ni la Ley 226 prohibieron la delegación de la facultad de modificación y/o aclaración de los reglamentos de enajenación.
3.3.1 El inciso segundo del artículo 60 de la Constitución prevé que “[c]uando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria”.
De esa manera, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia, se estableció el deber de democratización dentro de los procesos de privatización de la participación accionaria estatal como medida orientada a facilitar el acceso real a la propiedad accionaria pública en condiciones de equidad por parte de quienes “no podrían obtenerla en el marco de una estricta competencia financiera”.
Lo anterior apareja un derecho preferencial en cabeza de los trabajadores, organizaciones solidarias y/o de trabajadores: ser los primeros a quienes se les ofrezca el capital social por enajenar bajo “condiciones especiales” que “muevan su voluntad y faciliten la negociación”, es decir, que tengan por objeto materializar su incorporación en el manejo y dominio de la unidad privatizada.
De ahí que el papel y la responsabilidad del Estado en esta materia se conciba en función de la realización del activo, previa la definición de las “condiciones especiales” que permitan la democratización de la propiedad en los precisos términos del inciso 2º del artículo 60 superior, la negociabilidad de las acciones una vez adquiridas y el régimen negocial en el que tiene lugar la venta.
Así las cosas, en el artículo constitucional no se estableció una prohibición que impidiera la delegación que se acusa en esta sede judicial. Sólo se previó el deber de democratización y, en consecuencia, la necesidad de establecer unas vías económicas especiales para lograr la concurrencia de cierto sector; actuación esta última reservada al Legislador.
3.3.2 En cumplimiento de la regla de democratización, el Legislador expidió la Ley 226 de 1995 “por la cual se desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en cuanto a la propiedad accionaria estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones”.
En esa codificación se regularon, entre otros, los principios generales aplicables a las ventas de participaciones accionarias al sector privado; los procedimientos de enajenación, dentro de los cuales se establecieron las condiciones especiales para promover el acceso del sector solidario a la propiedad objeto de venta; y, las medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de la democratización, con ocasión de las cuales se estableció la limitación temporal de la negociabilidad de las acciones adquiridas, con el fin de evitar situaciones de titularidad aparente.
Con todo, lo cierto es que esta codificación no contempló previsiones sobre la modificación y/o aclaración de reglamentos de enajenación, razón por la cual es válido afirmar que, de manera expresa, no prohibió su delegación.
3.4 La posición de la Sala parece confirmarse desde lo sucedido durante el proceso de enajenación.
Según los elementos de convicción allegados al proceso se expidieron varios adendos que modificaron fechas para la presentación de las propuestas en la segunda fase de la enajenación, pero en los que no se regularon elementos propios del programa de enajenación -el precio de venta de la acción, o las condiciones especiales ofrecidas al sector solidario, por citar algunos ejemplos-. Así:
• En el adendo No. 3 del 11 de abril de 2000 se incorporaron cambios en las fechas contenidas en la sección de “comentarios a los documentos de enajenación”, se suprimió la sección denominada “solicitud de registro” y se modificó el anexo “A” contentivo de las fechas para (i) el cierre de la sala de información, (ii) presentación de ofertas y (iii) cierre.
• En el adendo No. 4 del 27 de abril de 2000 se realizaron cambios a las fechas contenidas en la sección de “comentarios a los documentos de enajenación” y se modificó el anexo “A” respecto de las fechas para (i) el cierre de la sala de información, (ii) presentación de ofertas y (iii) cierre.
• En el adendo No. 6 del 06 de junio de 2000 se efectuaron cambios a las fechas de la sección de “comentarios a los documentos de enajenación”.
• En el adendo No 7 del 12 de junio de 2000 se formularon cambios a las fechas contenidas en la sección de “comentarios a los documentos de enajenación” y se modificó el anexo “A” respecto de la fecha de cierre.
Finalmente, en el adendo No. 11 del 12 de julio de 2000 se introdujeron cambios a las fechas contenidas en la sección de “comentarios a los documentos de enajenación” y se modificó el anexo “A” respecto de las fechas de presentación de ofertas y de cierre.
Así las cosas, la función sí era delegable en el caso concreto, pues se orientaba por el desarrollo de los contenidos mínimos fijados en el programa de enajenación, dado que su finalidad era la de concretarlos o materializarlos. Por eso, no es posible sostener válidamente que la facultad delegada permitiera, incluso, el establecimiento de unos factores nuevos y diferentes a los previstos en el marco mínimo general de la venta, esto es, en el proceso de enajenación.
Inexistencia de ilegalidad en la delegación entre entidades públicas. No vulneración manifiesta del ordenamiento jurídico con ocasión del acuerdo interinstitucional suscrito entre ETB y el Distrito Capital
4.1 Lo expuesto es suficiente para negar la pretensión anulatoria y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada. No obstante, la Sala desea precisar que el asunto de la referencia es un tema de delegación entre entidades públicas, razón por la que debió considerarse, también, el convenio suscrito entre el Distrito Capital de Bogotá D.C. y ETB sobre la materia.
4.2 Y es que el parágrafo demandado se produjo en cumplimiento de lo convenido en el Acuerdo Interinstitucional suscrito entre el Distrito Capital y ETB.
Téngase en cuenta que el acuerdo interinstitucional y sus modificaciones fueron previos al Decreto 787: aquéllos datan del 7 de julio de 1998 y del 14 de mayo y 8 de diciembre de 1999 respectivamente, mientras que éste –el acto parcialmente acusado- se expidió el 23 de noviembre de 1999.
Además, el acuerdo fue mencionado expresamente en los considerandos del acto demandado y varios de los temas acordados entre el distrito y ETB fueron incluidos expresamente en el Decreto 787, tal como sucedió, a modo de ejemplo, con las competencias para considerar o estudiar el rechazo o aceptación de las ofertas de compra asignadas a la Junta Directiva de ETB, y la función del Presidente de la misma entidad como mecanismo de notificación o comunicación de algunas decisiones adoptadas en el proceso de enajenación.
4.3 El acuerdo interinstitucional no impedía prima facie la asignación a ETB de la función de modificación y/o aclaración de los reglamentos de enajenación.
Es cierto que dentro de las obligaciones del convenio no se estableció como competencia de ETB la de modificar y/ aclarar los reglamentos del proceso de enajenación dictados por el burgomaestre. Sin embargo, no lo es menos que esa facultad podría entenderse incluida en el objeto del acuerdo, al tenor del cual le correspondía a la empresa de servicios públicos “adelantar los procedimientos, trámites administrativos y contractuales necesarios para llevar a cabo la enajenación de parte de las acciones que posee el Distrito Capital en ETB”.
En esa medida, bien puede sostenerse que la facultad de modificación y/o aclaración de los reglamentos de enajenación delegada en ETB fue objeto del acuerdo suscrito entre esta entidad y el Distrito Capital de Bogotá D.C.; convenio que no fue demandado y del que no se tiene prueba de la anulación o suspensión de sus efectos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L LA
PRIMERO: Se ACEPTA el impedimento manifestado por el Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez. En consecuencia, queda separado del conocimiento del presente proceso.
SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia del tres (03) de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub-sección B. En su lugar:
“NIÉGANSE las súplicas de la demanda”
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
MILTON CHAVES GARCÍA
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Según lo expuesto por el interviniente, la demanda interpuesta en contra de este acto fue denegada el 22 de febrero de 2001 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del Dr. William Giraldo Giraldo dentro de los expedientes 1998-1022, y, 1998-0653. Aspecto reforzado porque el Gerente de ETB era empleado público y, por ende, sujeto de la Ley 200 de 1995, como lo señaló la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto 1192 del 5 de agosto de 1999. Esa calidad se dedujo del artículo 68 de la Ley 489 a la luz del cual las empresas oficiales de servicios públicos son entidades descentralizadas. El Tribunal desechó los argumentos de nulidad formulados por el actor, bajo el entendido de que sí era posible delegar en ETB funciones del Alcalde Mayor de Santa Fé de Bogotá. Esto, porque el artículo 40 del Decreto-ley 1421 de 1993 autorizaba al burgomaestre para delegar funciones, entre otros, en presidentes o goerentes de entidades descentralizadas, tal como lo era ETB, ya que el régimen aplicable a sus actos y contratos no determinaba su naturaleza privada. Fls. 215-216, cuad. ppal. Según lo manifestado en la intervención, el Acuerdo Interinstitucional fue demandado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin embargo, en sentencia del diecinueve (19) de abril de 2001, dentro del expediente 2000-0470, M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio se mantuvo su legalidad. Fl. 253, cuad. ppal. Fl. 253, cuad. ppal. En este decreto se reguló lo relativo al manejo de la documentación histórica, como consecuencia del programa de enajenación de las acciones del distrito en ETB. Y, en el artículo 4 se dispuso lo siguiente: “El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial el parágrafo 2 del artículo 18 del Decreto 787 de 1999”. Las compañías TELEFÓNICA INTERNACIONAL S.A. y STET INTERNATIONAL NETHERLANDS N.V. manifestaron la falta de interés en participar en el proceso de enajenación, luego de ser precalificadas. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del catorce (14) de enero de 1991, M.P.: Carlos Gustavo Arrieta Padilla, exp.: S-157. La Sala toma como referente esta fecha porque la legalidad del acto administrativo se examina con las normas vigentes al momento de su expedición. Sin embargo, si se hace abstracción de esa circunstancia, lo cierto es que la conclusión acerca de la posibilidad de delegación en el burgomaestre no se desdibuja, pues si bien es cierto que con ocasión de la enajenación de la primera fase la entidad pasó a ser una sociedad de economía mixta, no lo es menos, que ese tipo de empresas también hacen parte del sector descentralizado por servicios, tal como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007. En este instrumento se constituyó la sociedad comercial denominada “Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A. -E.T.B-. E.S.P.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del nueve (09) de febrero de 2012, M.P.: Martha Teresa Briceño De Valencia, exp.: 17735. ARTÍCULO 12.- Consideración y adjudicación de las aceptaciones en la Primera Fase. El estudio y evaluación de las aceptaciones de compra que se presenten en desarrollo de la Primera Fase será realizado por la Junta Directiva de ETB, con el objeto de determinar si cumplen con los requisitos establecidos en el presente Programa de Enajenación y en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Fase. Con base en este estudio, el Alcalde Mayor tomará la decisión de aceptación o rechazo de cada una de las aceptaciones de compra, que será notificada por conducto del Presidente de ETB (…) (Resalto de la Sala).
ARTÍCULO 14.- Adjudicación de las acciones en la Segunda Fase. (…)
La Junta Directiva de ETB, en desarrollo del Acuerdo lnterinstitucional, tendrá a su cargo el estudio y evaluación de las ofertas que se presenten en la Segunda Fase, de conformidad con lo que establezca el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Segunda Fase. Con base en este estudio y evaluación el Alcalde Mayor tomará la decisión de adjudicación, que será notificada por conducto del Presidente de ETB. (…) (Resalto de la Sala).
Dos (2) meses contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta.
Fijo y equivalente a mil seiscientos quince pesos con veintisiete centavos (1.615,17), salvo casos de interrupción en los que se requería la expedición de un decreto por parte del Alcalde Mayor.
En caso de que no se produjere la adjudicación de acciones durante la segunda fase del proceso de enajenación y siempre que no se hubiere renunciado expresamente a la facultad.
Considérese que el programa examina las características especiales de la entidad objeto de enajenación de participación accionaria y las circunstancias en las que se pretende adelantar el proceso de venta, razón por la que materializa las previsiones de la Ley 226, bajo el entendido de que cada operación es singular o única y que, por tal razón, merece un tratamiento individualizado.
Lo anterior explica, a modo de ejemplo, que el programa deba diseñarse para cada evento en particular y con base en estudios técnicos que incluyan la valoración de la entidad por enajenar, las condiciones y naturaleza del mercado en el cual opera o se encuentra inserta, y, variables técnicas, como la rentabilidad de la institución, el valor comercial de los activos y pasivos y los apoyos de la Nación
Las condiciones especiales son esenciales por tratarse de las vías mediante las que se materializa el cumplimiento del mandato constitucional de democratización, pues posibilitan el acceso real de los sujetos del sector solidario a la propiedad accionaria estatal y previenen la concentración oligopólica de los recursos.
El precio es estructural si se tiene presente que por intermedio del mismo se materializa la protección del patrimonio público. Prueba de esto es que en la Ley 226 (i) se dispuso la determinación objetiva del precio de las acciones mediante su valoración con base en estudios técnicos que consideren, entre otros, la naturaleza y condiciones del mercado, la rentabilidad comercial de la institución, el valor comercial de los activos y pasivos y los apoyos nacionales; (ii) se establecieron procedimientos tendientes a incrementar el precio en cada una de las etapas de la enajenación y a impedir su desactualización; y, (iii) se fijaron los precios para las etapas del proceso de enajenación. (fijo para la primera, y mínimo para la abierta al público en general).
Sobre el particular señaló la Corte Constitucional que el inciso 2º del artículo 60 constitucional consagra “una regla clásica bajo la forma de mandato definitivo, puesto que a una determinada hipótesis fáctica (la enajenación de participación estatal en una empresa) atribuye una consecuencia ineluctable: el derecho de preferencia de los trabajadores y organizaciones solidarias”. C-392 de 1996, reiterada en C-1260 de 2001.
Medida que se inscribe dentro de la búsqueda de la igualdad real y efectiva, la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, la promoción y estímulo de la propiedad asociativa solidaria, y la promoción del acceso a la propiedad (arts. 13, 57, 58 y 60 constitucionales).
En sentido similar, la Corte Constitucional señaló sobre el particular lo siguiente: “[l]o que esencialmente persigue el inciso segundo del artículo 60 de nuestra Carta, es impedir la concentración oligopólica del capital dentro de los medios de producción y el sistema financiero, e igualmente permitir el proceso de desconcentración accionaria hacia unos beneficiarios particulares que son los propios trabajadores de las empresas y las organizaciones solidarias, con lo cual se avanza en el proceso de redistribución de los ingresos y de la propiedad que es una meta esencial de un Estado social de derecho”. Corte Constitucional, C-037 de 1994.
Fls. 50-51, cuad. 1 de primera instancia.
Fls. 40-41, cuad. 1 de primera instancia.
Fl. 44, cuad. 1 de primera instancia.
Fl. 43, cuad. 1 de primera instancia.
Fl. 52, cuad. ppal.
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