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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2000-00897-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2000-00897-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 27 de enero de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya parte resolutiva quedará así: PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción de controversias contractuales en el proceso 2003-0359. SEGUNDO: ACCEDER a la pretensión primera de la demanda en el proceso 2000-00897 y declarar la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución 8 de 27 de agosto de 1999, Resolución 11 de 29 de noviembre de 1999, y la Resolución 12 de 29 de noviembre de 1999. TERCERO: ACCEDER a la pretensión primera de la demanda en el proceso 2001-1349 y declarar la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución 1 de 18 de agosto de 2000 y Resolución 1 de 17 de enero de 2001. CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a Ecopetrol a reembolsar, debidamente actualizadas, las sumas que haya recibido como consecuencia de lo establecido en la Resolución 8 de 1999, Resolución 11 de 1999, y Resolución de 1999. QUINTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a Ecopetrol a reembolsar, debidamente actualizadas, las sumas que haya recibido como consecuencia de lo establecido en la Resolución 1 de 18 de agosto de 2000 y la Resolución 1 de 17 de enero de 2001. SEXTO: Las sumas a cuyo pago se condenó en el numeral quinto de esta Sentencia deberán ser pagadas con los correspondientes intereses de mora, los cuales se calcularán desde la ejecutoria de esta Sentencia y hasta su reembolso efectivo de conformidad con las normas de cumplimiento de las Sentencias de que trata el CCA. SEGUNDO: Sin condena en costas. Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2000-00897-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 15 de julio de 2026

Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandante: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos − Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – nulidad de la declaratoria de caducidad −
violación del debido proceso − caducidad del contrato − debido proceso − derecho de
audiencia y defensa − nulidad del acto administrativo de liquidación − competencia para
liquidar un contrato terminado anticipadamente

Síntesis del caso: La parte demandante solicitó, entre otras pretensiones, que se declarara
la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se declaró la caducidad del
contrato, pues no se adelantó un procedimiento previo que respetara el derecho al debido
proceso para su expedición. De igual manera solicitó que, en consecuencia, se declarara
la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se liquidó unilateralmente el
contrato. Para el momento en el cual se declaró la caducidad del contrato, el legislador
no había establecido claramente un procedimiento administrativo previo para ello.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra
de la Sentencia proferida el 27 de enero de 2021 por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se
negaron las pretensiones de la demanda de uno de los procesos
acumulados, y se ordenó remitir el expediente a la Cámara de Comercio
de Bogotá para que se decidieran las pretensiones presentadas en dos de
los procesos acumulados.1

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Cuestiones procesales preliminares 1.2. Posición de la parte demandante proceso 2000-00897. 1.3.
Posición de la parte demandada proceso 2000-00897. 1.4. Posición de la parte demandante proceso 2001-01349.
1.5. Posición de la parte demandada proceso 2001-01349. 1.6. Posición de la parte demandante proceso 2003-
00359. 1.7. Posición de la parte demandada proceso 2003-00359. 1.8. Sentencia de primera instancia – 1.9. Recursos
de apelación

1.1. Cuestiones procesales preliminares

1. En el trámite procesal cuya primera instancia terminó con la
Sentencia recurrida se acumularon 8 procesos. Los radicados fueron:
2000-00897 (al cual se acumularon los demás procesos), 2000-00177,
2000-01016, 2001-00163, 2001-00236, 2001-00877, 2001-01349, 2003-
00359.

1 El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las

sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (CCA).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
______________________________________________________________________________________________________________

2. En el curso del proceso las partes desistieron de las demandas que
dieron origen a los procesos 2000-00177, 2000-01016, 2001-00163, 2001-
00236, y 2001-00877.

3. La Sentencia del Tribunal, de conformidad con lo indicado en esa
providencia, solamente decidió sobre los procesos restantes, esto es,
2000-00897, 2001-01349 y 2003-00359.

4. En síntesis, en el proceso 2000-00897 se pretendió la nulidad del acto
administrativo mediante el cual Ecopetrol declaró la caducidad de
un contrato; en el proceso 2001-01349 se pretendió la nulidad del
acto administrativo de liquidación; y en el proceso 2003-00359
Ecopetrol solicitó la declaratoria de responsabilidad del contratista y
la indemnización de perjuicios.

1.2. Posición de la parte demandante en el proceso 2000-00897, en el cual
se solicitó la nulidad de la declaratoria de caducidad del contrato

5. El 24 de abril de 2000, Distral SA y CMD SA y el Consorcio Tito Marcelo,
Pavicon LTDA y Primont LTDA, miembros de la Unión Temporal
contratista (en adelante la Unión Temporal o la Contratista)
presentaron una demanda2, en ejercicio de la acción de
controversias contractuales, en contra de la Empresa Colombiana de
Petróleos (en adelante Ecopetrol, la empresa o la contratante),3 en
cuyas pretensiones solicitaron que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (se trascribe):

“PRIMERA. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedidos por ECOPETROL (i) la Resolución No. 008 del 27 de agosto de 1999,
por medio de la cual se declaró la caducidad del Contrato VIT-020-97, del
Contrato Accesorio No.2 y del Otrosi No. 1 al Contrato VIT-020-97 y se hicieron
efectivas las garantías únicas de cumplimiento números 210124612, 1000015 y
1000017 expedidas por la Compañía de Seguros La Previsora S.A., (ii) de la
Resolución No. 011 de 1999, por medio de la cual se decidió el recurso de
reposición interpuesto por una de las aseguradoras y se confirmó la anterior
decisión, y (iii) de la Resolución No. 012 de noviembre 29 de 1999, por medio
de la cual se decidieron los recursos de interpuestos por la Unión Temporal y
la Compañía de Seguros La Previsora S.A., se revocó la Resolución 010 de 1999
y se confirmó la Resolución 008 de 1999.
SEGUNDA.- Que a título de restablecimiento del derecho, se disponga, como
consecuencia de la anterior declaración, la indemnización de los perjuicios
de todo orden, que lo dispuesto por las Resoluciones No. 008, 011 y 012 de
1999, le ha causado a mis poderdantes.
TERCERA.- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas
e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo que
disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el
proceso.
CUARTA.- Que se condene al ECOPETROL al pago de las costas y gastos del
proceso, incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine
esa Honorable Corporación.

2 Folios 34-103 del primer cuaderno principal del proceso 2000-00897.
3 Conformada por Uniapel Ltda. y Redes Apel Ltda.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
______________________________________________________________________________________________________________

QUINTA.- Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los
términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTA.- Que para el caso en que ECOPETROL no diere cumplimiento
inmediato a la sentencia que ponga fin al proceso que se inicia, se le
condene al pago de los intereses sobre el monto de la condena liquida,
señalados en el artículo 177 del CCA”

6. En el escrito de demanda, la parte demandante narró, en síntesis, los
siguientes hechos:

7. 1) Ecopetrol y la Unión Temporal celebraron el contrato VIT-020-97,
cuyo objeto era (se trascribe) “el diseño, suministro, construcción,
montaje y puesta en operación de la Estación de almacenamiento y
bombeo Sebastopol, la Estación de Bombeo Santa Rosa, el Terminal
de almacenamiento de combustibles Tocancipá, y el sistema de
telecomunicaciones; la construcción de la vía de acceso a la
Estación Santa Rosa, construcción del sector de la tubería
comprendido aproximadamente entre los kilómetros 91.906 y 102.512
y la puesta en operación del Poliducto de Oriente”.

8. 2) El contrato tenía un valor estimado de $98.532.592.120 moneda
corriente y 19.491.582 dólares de los Estados Unidos de América. El
plazo pactado fue de 500 días calendario. El inicio del plazo de
ejecución fue el 21 de febrero de 1998.

9. 3) Ecopetrol tardó más de un mes en contratar la Interventoría para
el contrato VI-020-97.

10. 4) Ecopetrol incumplió el contrato, pues no entregó las memorias de
cálculo, data sheets, y demás documentos que habían servido de
soporte para la elaboración de los diseños básicos. Esta información
resultaba necesaria para revisar y complementar los estudios
(ingeniería de detalle).

11. 5) El contratista “tuvo que comenzar con la reelaboración de la
ingeniería básica del proyecto para poder así efectuar
posteriormente el diseño detallado del mismo”.

12. 6) Adicionalmente, Ecopetrol entregó una inadecuada información
de referencia sobre las características, la conformación y el
comportamiento del terreno en las zonas de la obra.

13. 7) Ecopetrol adoptó la decisión de adoptar una especificación
técnica distinta a la prevista en los Pliegos de Condiciones para la
construcción de parte del poliducto.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
______________________________________________________________________________________________________________

14. 8) Ecopetrol incumplió el contrato, pues desconoció la autonomía
técnica y administrativa del contratista, y exigió aprobaciones de
varios elementos necesarios para la ejecución del contrato.

15. 9) Ecopetrol incumplió con las obligaciones dinerarias a su cargo, al
exigir aprobaciones no previstas por parte de la Interventoría del
contrato. Además, exigió la amortización del anticipo y una retención
en garantía sobre las facturas, y esto no estaba prevista
contractualmente.

16. 10) El fenómeno de La Niña afectó la ejecución del contrato por
parte del contratista.

17. 11) En reiteradas ocasiones el contratista solicitó el reconocimiento de
sobrecostos y perjuicios causados por el rompimiento del equilibrio
económico del contrato, pero Ecopetrol se negó a ello.

18. 12) Ecopetrol declaró la caducidad del contrato, por primera vez,
mediante la Resolución 5 de 6 de abril de 1999. Lo anterior, cuando
se daban negociaciones entre las partes para restablecer el equilibrio
económico del contrato.

19. 13) Las partes suscribieron el Otrosí 1 al Contrato, con base en el cual
Ecopetrol aceptó revocar la caducidad decretada mediante la
Resolución 5 de 1999, y se incorporaron “fases y apartes en su texto
[del contrato] encaminados a la renuncia por parte del Contratista
de los derechos legalmente reconocidos al equilibrio financiero del
Contrato”. Ese Otrosí, advierte el demandante, no restableció el
equilibrio económico del contrato, y por el contrario, ahondó las
situaciones que habían causado la ruptura del equilibrio económico
del contrato.

20. 14) En forma sorpresiva, sin pedir explicaciones ni apreciaciones al
contratista, Ecopetrol declaró, por segunda vez, la caducidad del
contrato. Lo anterior, mediante la Resolución 8 de 27 de agosto de
1999 (4 meses después del Otrosí). Para el momento de esta segunda
declaratoria de caducidad restaba menos del 17% de ejecución del
objeto del contrato, la Unión Temporal había solicitado suspender el
contrato, el contratista había presentado una demanda ante el
Tribunal Arbitral para que conociera del asunto, y la UT le informó a
Ecopetrol que la interventoría estaba evaluando el retraso del
contrato de manera inadecuada, cuando aún no se había resuelto
el desequilibrio económico del contrato.

21. 15) El contratista interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra de la Resolución 8 de 1999.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
______________________________________________________________________________________________________________

22. 16) Ecopetrol confirmó la declaratoria de caducidad mediante la
Resolución 12 de 29 de noviembre de 1999.

23. En el capítulo de la demanda sobre el concepto de la violación, la
parte demandante argumentó que: (i) la declaratoria de caducidad
del contrato fue expedida con desviación de poder y
desconocimiento del contrato, pues Ecopetrol usó su poder
exorbitante como retaliación por la demanda arbitral presentada; (ii)
el acto demandado fue expedido con violación al debido proceso,
ya que no se respetaron las garantías derivadas de este derecho
fundamental, al respecto añadió que (se trascribe): “sin que se
observe el anterior procedimiento, la declaratoria de caducidad es
violatoria del derecho constitucional fundamental al debido proceso
y a la defensa”; (iii) la caducidad decretada adolecía de falsa
motivación, pues no era cierto que hubiese un atraso superior al 7%,
ni incapacidad financiera del contratista.

1.3. Posición de la parte demandada en el proceso 2000-00897, en el cual
se solicitó la nulidad de la declaratoria de caducidad del contrato

24. El 18 de abril de 2001, Ecopetrol contestó la demanda del expediente
2000-08974 Propuso las siguientes excepciones (se trascribe):

(1) “excepción de falta de jurisdicción”, respecto de las
pretensiones segunda y tercera, pues se trataba de asuntos
que debían ventilarse ante el Tribunal Arbitral. Además, se
propusieron como subsidiaria primera, con base en los mismos
argumentos, la excepción de falta de competencia, y como
segunda subsidiaria, la de pleito pendiente.
(2) “excepción de inepta demanda por falta de requisitos
formales respecto de las pretensiones segunda y tercera”, ya
que “soterradamente” se solicitó el reequilibrio económico del
contrato a propósito del restablecimiento derivado de la
nulidad del acto que declaró la caducidad. De igual manera,
se propuso esta excepción por no haberse demandado el
acto de liquidación, que contenía el balance del contrato.
(3) “excepción de transacción”, por el acuerdo de 30 de abril
de 1999, esto es, el Otrosí 1. (celebrado con anterioridad a la
declaratoria de caducidad).
(4) “excepción de incumplimiento del contratista.
Permanencia de la legalidad de los actos de caducidad del
Contrato”, en la medida en que no se desvirtuaron los
incumplimientos del contratista y, con ello, no se desvirtuó la
presunción de legalidad de los actos demandados.

4
Folios 362-713 del cuaderno 1.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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25. Ecopetrol respondió a cada uno de los hechos y, además, puso de
presente varias circunstancias relacionadas con el contrato desde la
fase de planeación, durante la ejecución, y la declaratoria de
caducidad. En relación con la ausencia de procedimiento previo
para la expedición del acto que declaró la caducidad, la empresa
puso de presente que (se trascribe): “Ecopetrol, por medio de las
cartas de la interventoría que se relacionan a continuación,
mediante apremios contractuales, informó al contratista sobre el
avance de los trabajos y la crítica situación de atraso que iban
presentando las diferentes etapas, razón por la cual se advertía sobre
la proximidad de la ocurrencia de las condiciones previstas en el
contrato para declarar la caducidad administrativa”. Luego de esto
se incluyó una lista de 9 comunicaciones de la interventoría en las
cuales se informaba del estado de avance del proyecto con
diferentes fechas de corte.

26. Los mismos argumentos y comunicaciones fueron referidos en el
aparte “respecto de los argumentos de derecho”. Finalmente, en un
aparte de la contestación de la demanda denominado
“fundamentos jurisprudenciales que orientaron la política de
Ecopetrol para garantizar el debido proceso”, la demandada sostuvo
que se habían informado los incumplimientos y se había manifestado
la clara intención de declarar la caducidad. Al respecto se añadió
que (se trascribe) “[l]a Corte Constitucional ha desarrollado la tesis de
la no necesidad de agotar un procedimiento administrativo previo
para imponer la caducidad a los contratistas, concepción que se
fundamenta en su carácter de institución excepcional, fundada en
el ejercicio de poder público. La posición de la Corte Constitucional
ha sido atemperada por el Consejo de Estado, que admite que se
garantice el debido proceso en materia de actos administrativos
contractuales, ofreciendo garantías como las de publicidad, sin
necesidad de agotar rigurosamente un procedimiento
administrativo”. Al respecto se concluyó que (se trascribe) “en el
presente asunto y de acuerdo con las pruebas que hemos
relacionado, es decir, con todos los oficios remitidos oportunamente
por la interventoría manifestando y reprochando las situaciones de
incumplimiento grave del contrato, se puso en pleno conocimiento al
contratista de todas las circunstancias que la Empresa manejaba
para efectos de imponer la caducidad. Ecopetrol, en este sentido,
cumplió cabalmente con las directrices jurisprudenciales
correspondientes, permitiéndole al contratista de manera amplia la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Sobre esta base
resulta en consecuencia inadmisible el cargo por violación al debido
proceso”.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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1.4. Posición de la parte demandante en el proceso 2001-1349, en el cual se
solicitó la nulidad del acto de liquidación del Contrato

27. El 13 de junio de 2001, la Unión Temporal presentó una demanda en
contra de Ecopetrol, en las pretensiones solicitó que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):5

“PRIMERA.- Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos
expedido por ECOPETROL: (i) Resolución No. 001 de 2000 del 18 de agosto de
2000 por medio de la cual se resolvió efectuar la liquidación unilateral del
contrato VIT-020-1997, establecer el balance económico final del contrato,
hacer efectiva la garantía única de cumplimiento No. 0210124612, ordenar la
devolución de todos los saldos que se encuentran pendientes de pago a
favor de ECOPETROL en las fiducias mercantiles de la Fiduciaria Tequendama
S.A., así como iniciar acciones legales en contra de la Unión Temporal Distral
S.A. C.M.D Consorcio Tito Marcelo, Pavicon Ltda, Primont Ltda., para el cobro
de los daños y perjuicios según la liquidación adoptada mediante Resolución
001 de 2000 y (ii) Resolución No. 001 de 2001 de fecha 17 de enero de 2001,
por medio de la cual se confirmó la anterior decisión.
SEGUNDA.- Que en el evento de que con anterioridad a la sentencia que
despache favorablemente las pretensiones mis mandantes hubieren sido
constreñidos a pagar alguna suma de dinero a ECOPETROL por concepto de
la Liquidación Unilateral del Contrato VIT-020-97 se condene a ésta última
entidad a devolvérsela, reajustando su valor en función de la pérdida del
poder adquisitivo adicionada con los intereses correspondientes
TERCERA.- Que a título de restablecimiento del derecho, se disponga, como
consecuencia de la anterior declaración, la indemnización de los perjuicios
de todo orden, que por causa de las Resoluciones 001 de 2000 del 18 de
agosto de 2000 y la Resolución 001 de 2001, del 17 de enero de 2001 se hayan
causado a mis poderdantes.
CUARTA.- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas
e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo que
disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el
proceso.
PRIMERA SUBSIDIARIA.- Subsidiariamente a la anterior pretensión, solicito que
se ordene el pago de las sumas enunciadas en la pretensión tercera,
debidamente actualizadas hasta la fecha en que efectivamente sean
pagadas y con aplicación de la tasa de interés comercial.
SEGUNDA SUBSIDIARIA-. En forma subsidiaria a las dos anteriores pretensiones,
solicito que se ordene el pago de las sumas enunciadas en la pretensión
tercera, debidamente actualizadas hasta la fecha en que efectivamente
sean pagadas y con aplicación de la tasa de mora establecida en la Ley 80
de 1993 y sus decretos reglamentarios.
QUINTA.- Que se condene al ECOPETROL al pago de las costas y gastos del
proceso, incluidas las agencias en derecho, en la cantidad que determine
esa Honorable Corporación.
SEXTA.- Que se disponga el cumplimiento de la sentencia favorable en los
términos de los artículos 176-178 del Código Contencioso Administrativo.
SÉPTIMA.- Que para el caso en que ECOPETROL no diere cumplimiento a la
sentencia que ponga fin al proceso que se inicia, se le condene al pago de
los intereses sobre el monto de la condena liquida, señalados en el artículo
177 del CCA.

28. En los hechos de la demanda, la Unión Temporal presentó aquellos
que motivaron la demanda en que se pretendió la nulidad de la
declaratoria de caducidad, y adicionó algunos. Particularmente se

5 Folios 5 a 45 del cuaderno 2 del proceso 2001-1349, y la correspondiente subsanación folios 53 a 130.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
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Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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refirió la expedición del acto de liquidación (Resolución 1 de 18 de
agosto de 200), el recurso interpuesto por la Unión Temporal, y el acto
que resolvió el recurso de reposición contra el acto de liquidación
(Resolución 1 de 17 de enero de 2001).

29. En el aparte de concepto de la violación, la demandante presentó
cargos por la falta de competencia, pues ante el Tribunal Arbitral
convocado se había solicitado la liquidación del contrato. Se
presentó un cargo por falsa motivación, pues el acto incluyó las
consecuencias de presuntos incumplimientos que no habían
ocurrido. Igualmente, en la demanda se acusó a los actos de haber
sido expedidos con vulneración de los derechos de defensa y al
debido proceso, pues no se habían entregado unos anexos que
habían servido de soporte para la expedición de la resolución a
través de la cual se liquidó el contrato (1 de 18 de agosto de 2000).
Finalmente, se indicó que debido a que la declaratoria de
caducidad era ilegal, también lo era la liquidación unilateral.

1.5. Posición de la parte demandada en el proceso 2001-1349, en el cual se
solicitó la nulidad del acto de liquidación del Contrato

30. El 11 de diciembre de 2002, Ecopetrol contestó la demanda6, solicitó
que se negaran todas las pretensiones, contestó cada uno de los
hechos, planteó algunos nuevos, y presentó las excepciones de: (i)
“transacción: existencia de contrato de transacción entre la Unión
Temporal y Ecopetrol”, con base en su lectura del Otrosí 1. A propósito
de esta excepción, puso de presente el Laudo del Tribunal Arbitral
que le había reconocido el carácter transaccional a dicho acuerdo.
(ii) “excepción de cosa juzgada”, como consecuencia del Laudo
Arbitral que negó las pretensiones de nulidad del Otrosí 1, en esta
materia, trajo a colación que se habían proferido decisiones sobre
otros asuntos que se habían ventilado, una vez más, en las
pretensiones de esta demanda. (iii) “excepción de culpa grave del
contratista frente a todas las pretensiones de la demanda”, pues
estaba claro que la culpa grave del contratista llevó a la declaratoria
de caducidad, lo cual, en entender de la entidad, se encuentra
corroborado en el Laudo en que se negaron todas las pretensiones
de nulidad del otrosí 1, así como las pretensiones de incumplimiento
presentadas por la Unión Temporal.

31. A lo largo de la contestación de la demanda, Ecopetrol presentó el
estado general de incumplimiento del Contrato por parte de la Unión
Temporal, y defendió su postura en relación con las razones que
motivaron la declaratoria de caducidad, así como el respeto al

6 Cuaderno principal 5 del proceso 2001-1349 folios 2-143 del cuaderno 5.

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Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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derecho al debido proceso en atención a las comunicaciones de la
interventoría.

1.6. Posición de la parte demandante en el proceso 2003-0359, en el cual
Ecopetrol solicitó el incumplimiento del contrato y la indemnización de
perjuicios

32. El 6 de febrero de 2003, Ecopetrol presentó una demanda en contra
de la Unión Temporal, en las pretensiones solicitó que se hicieran las
siguientes declaraciones y condenas (se trascribe):7

“PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL
1,- Por las razones fácticas y jurídicas que más adelante expresaré, solicito
respetuosamente al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se
declare que la UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -CONSORCIO TITO
MARCELO, PAVICON LTDA.., PRIMONT LTADA., e individualmente cada uno de
los integrantes de esta unión temporal, ocasionaron daños y perjuicios de
carácter económico a mi poderdante que deben ser indemnizados en las
cuantías que resulten probadas, lo anterior con ocasión de su incumplimiento
grave al contrato VIT-020 del 1997 que llevaron a la EMPRESA COLOMBIANA
DE PETRÓLEOS (ECOPETROL) a declarar mediante acto administrativo la
caducidad y posteriormente la liquidación anticipada del mismo.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de indemnización
se ordene, condene y disponga el pago de los perjuicios de todo orden que
se le han causado a EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS (ECOPETROL) con
ocasión de la declaración caducidad del contrato VIT-020 del 1997 y la
liquidación anticipada del mismo.
3.- Se ordene, condene y disponga pagarle a EMPRESA COLOMBIANA DE
PETRÓLEOS (ECOPETROL) todas y cualquiera sumas que la UNIÓN TEMPORAL
DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -CONSORCIO TITO MARCELO, PAVICON LTDA.,
PRIMONT LTADA., e individualmente cada uno de los integrantes de esta unión
temporal le hubiere retenido o no compensado, junto con los intereses,
actualizaciones e indexaciones a que haya lugar, de acuerdo con la ley y las
pruebas allegadas al proceso.
4.- Se ordene, condene y disponga pagarle a EMPRESA COLOMBIANA DE
PETRÓLEOS (ECOPETROL) el daño emergente producido con ocasión de la
caducidad y liquidación anticipada del contrato y que resultaren probados
dentro del proceso.
5.- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e
indexadas e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con
lo que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse
en el proceso.
6.- Que se condene a la UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -
CONSORCIO TITO MARCELO, PAVICON LTDA.., PRIMONT LTADA., e
individualmente cada uno de los integrantes de esta unión temporal al pago
de las costas y gastos del proceso, incluidas las agencias en derecho, en la
cantidad que determine esa Honorable Corporación.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL CONSECUENCIAL CON LA ANTERIOR

1.- Que se declare que, como consecuencia de la caducidad decretada a
la UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. CONSORCIO TITO MARCELO,
PAVICON LTDA.., PRIMONT LTADA., en el contrato VIT-020 del 1997 y de la
liquidación anticipada del mismo, la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
(ECOPETROL) ha incurrido en costos y gastos adicionales, extraordinarios, y no
previstos para la terminación del proyecto del poliducto de oriente que no
estuvieron contemplados ni en los Términos de Referencia ni en el Contrato y

7 Folios 2 a 145 del cuaderno 1 del proceso 2003-0359.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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que la afectan de manera profunda desde el punto de vista económico y
que tales mayores costos, gastos y otras sumas se derivan de:
1.1.- Mayores costos derivados de la obligada y necesaria toma de posesión
de las obras inconclusas de la UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -
CONSORCIO TITO MARCELO, PAVICON LTDA.., PRIMONT LTADA., e
individualmente cada uno de los integrantes de esta unión temporal.
1.2.- Mayores costos derivados de la Revisión de las cantidades de obra
ejecutadas por el contratista, para efectos de la liquidación del contrato VIT-
020 del 1997.
1.3.- Mayores costos derivados de la actividad administrativa de cancelación
de deudas a proveedores de materiales a cargo del contratista pero que este
no efectuó.
1.4.- Mayores costos derivados de la actividad administrativa de cancelación
de obligaciones laborales y comerciales de terceros a cargo del contratista
pero que este no efectuó.
1.5.- Mayores costos derivados de la contratación para la ejecución de las
actividades faltantes de ingeniería que el contratista no desarrolló.
1.6.- Mayores costros derivados de la realización de inventarios de materiales
y equipos a fin de determinar su estado, localización etc, en virtud del
desorden del contratista caducado.
1.7.- Mayores costos derivados de la gestión administrativa de compras y
materiales de equipos que el contratista no tramito durante el desarrollo del
contrato.
1.8.- Mayores costos derivados de la contratación de las obras
correspondientes para la terminación del proyecto en razón del
incumplimiento del contratista.
1.9.- Mayores costos derivados de la suspensión de la construcción mientras
se tramitaron los nuevos contratos para la terminación de las obras
inconclusas del contratista caducado.
1.10.- Mayores costos derivados de la vigilancia de las obras inconclusas d
proyecto.
1.11.- Mayores costos derivados del tiempo adicional de la interventoría
originalmente contratada.
1.12.- Los demás que resultaren probados en el proceso.
2.- Que como consecuencia de lo anterior se condene a la UNIÓN TEMPORAL
DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -CONSORCIO TITO MARCELO, PAVICON LTDA..,
PRIMONT LTDA., e individualmente cada uno de los integrantes de esta unión
temporal a pagar a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS (ECOPETROL) a
título de indemnización de perjuicios, todos los gastos y costos en los que ha
incurrido en virtud de la caducidad y obligada liquidación anticipada del
contrato VIT-020 del 1997 junto con todas las demás sumas que le adeudare
por cualquier concepto y que resultaren probadas dentro del proceso.
3.- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e
indexadas e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con
lo que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse
en el proceso

SUBSISDIARIAS.
PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

1.- De conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 solicito que se
condene a la UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -CONSORCIO TITO
MARCELO, PAVICON LTDA., PRIMONT LTDA., a pagar a LA EMPRESA
COLOMBIANA DE PETRÓLEOS (ECOPETROL), a título de reparación integral de
los daños irrogados como consecuencia de la caducidad decretada y de la
liquidación anticipada del contrato VIT-020 del 1997, las sumas que
correspondan en equidad, previa valoración a través de los criterios técnicos
actuariales solicitados en la demanda o que el despacho disponga.
2.- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e
indexadas e incluyan los intereses moratorios causados.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, ADICIONAL Y CONSECUENCIAL CON LAS
PRINCIPALES Y CON LA PRIMERA SUBSIDIARIA SEGÚN EL CASO

1.- Que en el evento de acumularse esta demanda con la demanda que la
UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -CONSORCIO TITO MARCELO,
PAVICON LTDA., PRIMONT LTDA. presento contra la resolución de caducidad
y la resolución de liquidación del contrato VIT-020 de 1997 (Expediente 2001-
1349 acumulado con el expediente 2000-0177 y 2001-0163, Magistrado
Ponente Leonardo Torres Calderón) y prosperar las pretensiones del Unión
Temporal respecto de la nulidad del acto administrativo de liquidación del
contrato VIT-020 de 1997, solicito respetuosamente al Honorable Tribunal se
proceda a la liquidación del contrato en cuestión con fundamento en todas
las pruebas aportados al proceso acumulado.
2.- Que la liquidación comprenda la totalidad de las sumas que le adeuden
la UNIÓN TEMPORAL DISTRAL S.A.- C.M.D. S.A. -CONSORCIO TITO MARCELO,
PAVICON LTDA., PRIMONT LTDA. a ECOPETROL junto con los intereses
pactados o los que correspondan conforme a la Ley.
3.- Que las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e
incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo que
disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de realizarse en el
proceso

33. En los hechos de la demanda, Ecopetrol presentó los fundamentos
fácticos relacionados con la celebración y ejecución del contrato,
las circunstancias de presunto incumplimiento del contratista, la
celebración del otrosí 1, entre otros, así como los argumentos según
los cuales la Unión Temporal había incumplido el contrato, lo cual
llevó, a su juicio, a la declaratoria de caducidad del contrato.
Adicionalmente, Ecopetrol puso de presente todas las circunstancias
relacionadas con la liquidación del contrato, y la asunción de costos
para terminar la construcción del objeto contractual en razón del
incumplimiento de la Unión Temporal.

34. El 1 de junio de 2010, Ecopetrol adicionó la demanda y solicitó
pruebas adicionales8. La demanda adicionada fue admitida el 24 de
noviembre de 2010.

1.7. Posición de la parte demandada en el proceso 2003-0359, en el cual
Ecopetrol solicitó el incumplimiento del contrato y la indemnización de
perjuicios

35. El 26 de marzo de 2014, la Unión Temporal contestó la demanda9 y,
en síntesis, solicitó que de no demostrarse los supuestos de hecho de
las pretensiones “se absuelva a la demandada Unión Temporal por
haber dado cumplimiento a todas sus obligaciones contractuales a
que se obligó de acuerdo a las cláusulas consagrada en el contrato”.

8 Cuaderno principal 2 folios 1109 a 1117.
9 Cuaderno principal 3 folio 1297.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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1.8. Sentencia de primera instancia

36. El 27 de enero de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de
primera instancia,10 en la cual negó las pretensiones de la demanda
de uno de los procesos acumulados, y se ordenó remitir el expediente
a la Cámara de Comercio de Bogotá para que se decidieran las
pretensiones presentadas en dos de los procesos acumulados.

37. En relación con los procesos 2001-01349-00 y 2003-00359-00 el Tribunal
señaló (se trascribe) “esta Subsección es competente para conocer
del proceso 2000-00897, pues, aunque las partes pactaron cláusula
compromisoria, la legalidad de un acto administrativo mediante el
cual administración ejerció una facultad exorbitante como declarar
la caducidad del contrato estatal es competencia exclusiva de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Sin embargo,
concluyó que debía darse cumplimiento a la cláusula arbitral para las
demás demandas relacionadas con la liquidación unilateral del
contrato (acto administrativo que no fue expedido en ejercicio de
una cláusula excepcional) y con el incumplimiento del contrato
reclamado por Ecopetrol.

38. En lo relativo al proceso 2000-00897-00, en el cual se pretendió la
nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato y los demás
actos que resolvieron los recursos contra esa Resolución, el Tribunal
sostuvo que no se desvirtuó su presunción de legalidad.

39. En lo relativo a los cargos por desviación de poder, indicó que no
existía ninguna norma en el ordenamiento jurídico que impidiera
declarar la caducidad, incluso cuando existía una demanda arbitral
en curso. De igual manera, señaló que la declaratoria de caducidad
era una medida legítima dentro del ordenamiento jurídico y que no
podía “considerarse (…) una retaliación por la demanda”. Además,
el Tribunal puso de presente que el acto se motivó en debida forma
con base en el Otrosí 1 al contrato, y los incumplimientos respaldados
en el informe de interventoría. En relación con este asunto, resaltó la
crisis financiera del contratista y las sanciones de la Superintendencia
de Valores en contra de un miembro de la Unión Temporal por
irregularidades en su contabilidad.

40. En relación con los cargos por vulneración al debido proceso, el
Tribunal sostuvo que (se trascribe): “para la fecha en la que se declaró
la caducidad del contrato (…) no existía una norma que regulara o
impusiera algún tipo de procedimiento especifico previo a tal

10 Folios 1650-1731 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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declaratoria”. A lo anterior añadió (se trascribe): “la interventoría
siempre realizó seguimiento a la ejecución del contrato y realizó los
correspondientes requerimientos a la unión temporal (…) la unión
temporal ejercía su derecho de defensa y contradicción, emitiendo
las comunicaciones correspondientes en las que explicaba las
razones del atraso o manifestando los desacuerdos que tenía con los
informes rendidos por la interventoría o los requerimientos realizados”.
Igualmente, el Tribunal indicó que Ecopetrol adelantó el trámite
correspondiente para imponer las multas, en el cual informaba
previamente los hechos constitutivos de incumplimiento, las
obligaciones incumplidas, las pruebas, entre otros. Con base en todo
lo señalado, concluyó que no se había vulnerado el debido proceso,
pues el contratista tuvo la oportunidad de conocer y de controvertir
los informes de interventoría.

41. En lo concerniente a la falsa motivación, el Tribunal concluyó que sí
estaba soportado el incumplimiento superior al 7% en las obras por
causas imputables al contratista. A ello agregó que existía un
dictamen pericial que soportaba lo señalado por Ecopetrol. Sobre la
incapacidad financiera, el Tribunal señaló que no había sido
desvirtuado por el contratista.

42. Finalmente, en lo que se refiere al abuso del derecho y a la desviación
de poder, el Tribunal indicó que en el contrato se había consignado
expresamente que un incumplimiento superior al 7% que afectara la
ruta crítica del proyecto llevaría a la caducidad del contrato, y que
tal incumplimiento estaba demostrado, por lo que desestimó también
los cargos por esta causal de nulidad.

43. En la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia se dispuso
lo siguiente (se trascribe):

“PRIMERO: NEGAR la totalidad de excepciones propuestas por Ecopetrol en
el proceso con radicado 25000-23-26-2000-00897-00.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda perseguidas dentro del
proceso con radicado radicado 25000-23-26-2000-00897-00.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Cámara de Comercio de Bogotá, a fin
de que las partes constituyan Tribunal de Arbitramento, en el que se discutan
las pretensiones perseguidas en los procesos con radicados 25000-23-26-000-
2001-01349-00 y 25000-23-26-000-2003-00359-00.

1.9. Recursos de apelación

44. El 26 de febrero de 2021, la Unión Temporal interpuso recurso de
apelación11 en contra de la Sentencia de 27 de enero de 2021. Lo
anterior, con fundamento en los siguientes argumentos:

11 Folios 1733-1746 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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45. La caducidad constituyó una desviación de poder y un
desconocimiento del contrato, pues el contratista ya había recurrido
a los mecanismos de solución de controversias cuando Ecopetrol
declaró la caducidad. Las pretensiones ante el Tribunal Arbitral se
referían, justamente, a que se declarara que los no-cumplimientos del
contrato no eran imputables a la Unión Temporal, sino a
incumplimientos de Ecopetrol y a la ruptura del equilibrio económico
del contrato. Así las cosas, la declaratoria de caducidad pretendía
“frustrar las pretensiones de la Unión Temporal, limitando la
competencia de los árbitros que estaban conociendo de la
demanda presentada por la Unión Temporal”. Al respecto, recordó
que faltaban dos días para contestar la demanda arbitral por parte
de Ecopetrol, cuando se decretó la caducidad de forma sorpresiva.

46. Ecopetrol violó el derecho al debido proceso al declarar la
caducidad, pues debió otorgar “la oportunidad de conocer y
controvertir las razones por las cuales se va a caducar el contrato”.
La Unión Temporal, se reiteró, “no tuvo la oportunidad, con
anterioridad a la declaratoria de caducidad, de conocer y
controvertir tal decisión ni de exponer su punto de vista respecto de
las circunstancias que motivaron la misma”. Sobre el particular, citó
jurisprudencia del Consejo de Estado, anterior a la declaratoria de
caducidad, en donde esta Corporación había señalado
expresamente que debía respetarse el debido proceso previa a la
declaratoria de caducidad. En relación con las presuntas
oportunidades de pronunciarse con ocasión de las multas impuestas
y las comunicaciones del interventor, se indicó que (se trascribe): “no
puede argüirse que Ecopetrol respetó el debido proceso del
contratista y que la Unión Temporal ejerció su derecho de
contradicción y defensa, porque éste hubiera contestado algunas
comunicaciones y requerimientos o controvertido algunas multas
impuestas por parte de Ecopetrol, en tanto la finalidad y los requisitos
para presentar al contratista una comunicación, un requerimiento o
imponer una multa son totalmente diferentes a las de una
declaratoria de caducidad. Lo uno no puede considerarse
equivalente y sustitutivo de lo otro”. En este asunto se recordaron las
finalidades y los requisitos para declarar la caducidad y se
compararon con los de las multas, para sustentar que ello daba
cuenta de la necesidad de ejercer el derecho de defensa y
contradicción de manera distinta. En resumen, se dijo que (se
trascribe) “no es lo mismo ejercer el derecho de contradicción y
defensa ante un requerimiento o la imposición de una multa a
hacerlo frente a la declaratoria de la caducidad”.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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47. El 3 de marzo de 2021, Ecopetrol interpuso recurso de apelación12 en
contra de la Sentencia de 27 de enero de 2021. Lo anterior, con
fundamento en los siguientes argumentos:

48. La decisión apelada desconoce el principio de unidad de jurisdicción
declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-1436 de
2000, en la cual se indicó expresamente que las consideraciones de
tipo económico no podían justificar una separación de
competencias entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y
la justicia arbitral. En ese orden de ideas, si el juez contencioso ha
asumido el conocimiento de la declaratoria de nulidad de un acto
de caducidad, debe decidir también sobre las declaratorias de
incumplimiento demandadas por Ecopetrol. Además, señaló que por
conexidad debía conocer esta jurisdicción, pues había identidad de
causa y de partes. Finalmente, alegó que la Sentencia apelada
desconocía los principios de seguridad jurídica y confianza legítima,
así como el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto
que las partes acudieron a la jurisdicción de lo contencioso en el año
2003 con la convicción invencible de que la competencia era del
juez administrativo. Al respecto, alegó que había existido una
renuncia tácita de la cláusula arbitral por las partes. Finalmente,
Ecopetrol insistió en los incumplimientos de la Unión Temporal, así
como en los perjuicios causados a Ecopetrol.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Cuestiones procesales 2.2. Análisis sustantivo. 2.3. Del restablecimiento del derecho y la tasación
de los perjuicios. 2.4. Sobre la condena en costas

2.1. Cuestiones procesales

49. Antes de abordar los aspectos sustanciales planteados por las partes,
resulta necesario adoptar algunas decisiones relacionadas con
asuntos procesales, particularmente sobre la existencia de una
cláusula arbitral y la caducidad de la acción.

50. La Sala se pronunciará sobre la existencia de una cláusula arbitral en
el caso que podría llevar a que esta jurisdicción no resulte
competente para conocer de los asuntos que se ventilaron en las
distintas demandas que dieron origen al litigio. El Tribunal ordenó
remitir a la Cámara de Comercio de Bogotá, a fin de que las partes
constituyeran un Tribunal de Arbitraje, los procesos 25000-23-26-000-
2001-01349-00 y 25000-23-26-000-2003-00359-00, en los cuales,
respectivamente, se demandó el acto de liquidación unilateral del
contrato por parte de la Unión Temporal (01349-00), y Ecopetrol

12 Folios 1750-1758 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
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Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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solicitó la declaratoria de incumplimiento del Contrato y la
indemnización de perjuicios (00359-00).

51. En relación con este asunto Ecopetrol apeló e indicó expresamente
que las partes habían renunciado a la cláusula arbitral al haber
presentado sus disputas para que fueran decididas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo.

52. La Sala revocará la decisión del Tribunal sobre este asunto, pues, en
efecto, como lo alegó Ecopetrol en su escrito de apelación, las partes
presentaron las demandas que dieron origen a estos dos procesos
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las partes
demandadas, en cada uno de ellos, no presentaron como
excepción la existencia de un pacto arbitral, con lo cual renunciaron
a ella. Es indispensable advertir que a este proceso no resulta
aplicable la decisión de Unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado13 que indicaba que no podía existir renuncia
tácita de la cláusula compromisoria, por su carácter solemne. Lo
anterior, pues los hechos objeto de esta decisión ocurrieron con
anterioridad a ese Auto de 18 de abril de 2013 y, para el momento
del inicio de los procesos correspondientes aún primaba en esta
corporación la tesis de que era posible la renuncia tácita de la
cláusula compromisoria14.

53. Para el estudio de la caducidad, se pone de presente que las
demandas que se resuelven en este proceso fueron interpuestas en
vigencia del Decreto 01 de 1984, el Código Contencioso
Administrativo, por lo que resultan aplicables las normas de ese
cuerpo normativo.

54. La demanda que dio origen al proceso 2000-00897, en el que se
demandaron los actos de declaratoria de caducidad de 27 de
agosto de 1999 y se resolvieron los recursos, de 29 de noviembre de
1999, fue presentada el 24 de abril de 2000; esto es, dentro del término
dispuesto por el artículo 136 del CCA.

55. La demanda que dio origen al proceso 2001-01349, en el cual se
solicitó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación del
contrato de 18 de agosto de 2000, confirmado mediante el acto de
17 de enero de 2001, fue presentada en término el 13 de junio de
2001.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 18 de abril de 2013, Exp.

17859.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 19 de marzo de 1998, Exp.

14097.

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Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
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56. La demanda que dio origen al proceso 2003-0359, en el cual
Ecopetrol solicitó la declaratoria de incumplimiento del contrato y la
consecuente indemnización de perjuicios, fue presentada el 6 de
febrero de 2003. En el caso, el contrato se liquidó unilateralmente por
parte de Ecopetrol. En ese orden de ideas, la demanda debía
presentarse, de conformidad con el literal d, del numeral 10, del
artículo 136 del CCA (se trascribe): “[e]n los que requieran de
liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la
administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados
desde la ejecutoria del acto que la apruebe”. El acto que resolvió el
recurso de reposición contra el acto de liquidación fue proferido el 17
de enero de 2001, lo que dotaba de firmeza al acto de acuerdo con
el artículo 62 del CCA15. Por lo tanto, la demanda debía presentarse,
a más tardar, el 18 de enero de 2003 y la demanda fue presentada
de manera extemporánea el 6 de febrero de 2003. 16 En
consecuencia, la Sala declarará la caducidad de la acción de
controversias contractuales en el proceso 2003-0359.

57. A la luz de lo anterior, la Sala solamente se pronunciará sobre los
procesos 2000-00897 y 2001-01349.

2.2. Análisis sustantivo

58. La Sala revocará la Sentencia apelada y, en su lugar, declarará la
nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del
contrato, pues se vulneró el debido proceso de la parte
demandante. De igual manera, declarará la nulidad del acto
administrativo de liquidación unilateral como consecuencia de la
anterior declaratoria de nulidad.

59. El contrato que dio origen a la controversia que se decide en esta
Sentencia fue celebrado antes de la entrada en vigencia de la Ley
1118 de 2006 y el Decreto Ley 1760 de 2003. De conformidad con el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993, los actos expedidos por Ecopetrol,
por el régimen jurídico aplicable a ellos, son actos administrativos y se
encuentran sometidos al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

60. Para el momento de los hechos, la legislación colombiana no tenía
una norma expresa que estableciera un procedimiento previo para
la declaratoria de incumplimiento o de caducidad del contrato,
como el que contiene, en la actualidad, el artículo 86 de la Ley 1474

15 En este caso, el conteo de la caducidad se hace a partir del momento en el cual se expidió el acto, pues la Ley

indica que la firmeza ocurre cuando los recursos interpuestos se hayan decidido y, Ecopetrol, al haber expedido
el acto tenía conocimiento del mismo desde la fecha de su expedición.
16 En el expediente no existe evidencia alguna de un trámite de conciliación extrajudicial que pudiera haber

interrumpido el término de caducidad establecido en la legislación vigente.

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Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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de 2011. En ese orden de ideas, tal y como lo sostuvo a lo largo de la
actuación Ecopetrol, no existía un procedimiento formal que debiera
agotarse antes de proferir el acto administrativo que declaraba la
caducidad del contrato.

61. En ese sentido, la Corte Constitucional, en jurisprudencia anterior al
momento de los hechos, expresamente señaló (se trascribe):

Como la inclusión de la cláusula de caducidad en los contratos donde el
Estado es parte, no es propia de la facultad sancionatoria que se le ha
reconocido, sino de su especial condición, que lo faculta para dar por
terminado un contrato, no se requiere el agotamiento de un procedimiento
previo, como lo entienden quienes incoaron esta acción, en donde el
contratista y los terceros que puedan estar interesados en la ejecución de
éste, deban ser escuchados sobre la procedencia o no de esta cláusula, pues
ella, en sí misma, debe responder a hechos objetivos que debe alegar y
demostrar el ente estatal, en el acto administrativo que se profiera para el
efecto17.

62. No obstante, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como
la del Consejo de Estado, antes de la expedición de los actos
demandados, señalaba que resultaban aplicables las garantías
derivadas del derecho al debido proceso establecidas en el artículo
29 de la Constitución Política. En ese sentido, en la misma decisión
citada la Corte Constitucional sostuvo (se trascribe):

Es claro que en estos casos, el contratista debe poder participar en estas
visitas, acceder a los informes que, sobre el cumplimiento del contrato,
puedan estar efectuado terceros (v.gr. interventores) o la misma
administración, gozando de la oportunidad para rebatirlos. Igualmente, está
participando cuando rinde o responde requerimientos sobre el cumplimiento
de sus obligaciones, e.t.c, y si bien no existe un procedimiento específico
previo para la declaración de caducidad, estos pasos previos se constituyen
en el mecanismo que le permite al contratista conocer de la inconformidad
que sobre su conducta contractual puede tener el ente estatal
correspondiente. Por tanto, sí existe, en estos casos, una intervención activa
del contratista y, son estas “actuaciones previas”, las que han de considerarse
como el procedimiento que la administración debe agotar para declarar la
caducidad, permitiéndose, entonces, la audiencia del contratista,
garantizando así, su derecho a conocer y participar en la decisión de la
administración18. (subrayas fuera de texto)

63. Por su parte, la jurisprudencia de esta corporación, en una decisión
de 24 de septiembre de 1998, que se refería justamente a la
caducidad del contrato, sostenía (se trascribe):

De la normatividad del C.C.A. citada por la actora como infringida merece
resaltarse el artículo 3º en cuanto señala que todas las actuaciones
administrativas deben regirse por los principios orientadores, de los cuales se
destaca la utilización de las normas de procedimiento para agilizar las
decisiones (principio de economía), que se logre la finalidad con los
procedimientos aplicados (principio de eficacia) y fundamentalmente que los

17 Sentencia de la Corte Constitucional T-569 de 1998.
18 Ibidem.

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Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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interesados tengan la oportunidad “de conocer y de controvertir estas
decisiones por los medios legales” (principio de contradicción).
Por su parte el artículo 14 hace referencia a la citación de terceros
determinados que “pueden estar directamente interesados en las resultas de
la decisión”; el art. 28 en igual sentido establece el deber de comunicar la
actuación administrativa iniciada de oficio a particulares que resulten
afectados en forma directa; el art. 34 según el cual en las actuaciones
administrativas se pueden pedir y practicar pruebas sin requisitos ni términos
especiales, de oficio o a petición del interesado y por último, el art. 35 señala
que la decisión debe adoptarse habiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones.
(…)
Como puede observarse, las anteriores normas aplicadas en su conjunto
integran un procedimiento de imperativo cumplimiento en todas las
actuaciones administrativas iniciadas de oficio por la administración, dentro
de las cuales estarían por expresa remisión del art. 77 de la Ley 80 de 1993 las
actuaciones contractuales que adelante la entidad pública contratante y
que puedan incidir en la relación contractual 19. (negrillas fuera de texto)

64. Aunque las dos posiciones sostenidas para el momento de los hechos
parecían apuntar en sentidos distintos, pues para el Consejo de
Estado era necesario un procedimiento previo, y para la Corte
Constitucional no lo era, las dos cortes coincidían en que no podía
sorprenderse al contratista con una declaratoria de caducidad sin
haberle dado la oportunidad de pronunciarse.

65. Adicionalmente, esta Sección, tomando en consideración esta
divergencia, en una Sentencia de 17 de marzo de 2010, sobre hechos
anteriores a los que aquí se juzgan, sostuvo (se trascribe):

Así, el debido proceso como requisito para la declaratoria caducidad del
contrato celebrado por la Administración (y va de suyo para la imposición de
las multas y la cláusula penal) no puede ser concebido como un
procedimiento administrativo general o gubernativo puro, sino que debe
entenderse cumplido, respetado y satisfecho mediante el adelantamiento de
un procedimiento ágil, que consiste, como se explicó, en un requerimiento
previo al contratista para que se pueda pronunciar sobre el incumplimiento
que le endilga la entidad pública contratante, defenderse del mismo, así
como pedir la práctica de pruebas y contradecir las que se aduzcan en su
contra.
Incluso, ese requerimiento podría entenderse satisfecho cuando la
Administración durante el lapso de ejecución del contrato le ha venido
manifestado al contratista sus observaciones, quejas, reclamos,
incumplimientos y le ha solicitado mejorar o corregir los servicios, obras y
suministros en los informes y correspondencia dirigida a éste por el interventor
o supervisor del contrato, o en las inspecciones y visitas in situ de la obra, o en
las reuniones efectuadas con el contratista, etc., y en consecuencia, le ha
pedido las explicaciones del caso y otorgado la oportunidad de justificar.
Importa resaltar que para que sea válido ese requerimiento como garantía
del debido proceso, su contenido u objeto debe guardar correspondencia,
coincidir o ser congruente o, mejor aún, tener relación directa con los hechos
y motivos que luego dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato,
pues, en caso contrario, esto es, si dicho requerimiento está referido a
circunstancias, situaciones o materias ajenas o extrañas a las que sirvieron de

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de septiembre de

1998, Expediente 14821.

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Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
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fundamento para la adopción de la medida sancionatoria, no puede tener
la propiedad o virtualidad de garantizar el debido proceso contractual.
(…)
Lo que se quiere subrayar es que, por regla general, en materia sancionatoria
de las actuaciones contractuales, es la propia etapa de ejecución del
contrato el escenario procesal en el cual el contratista debe haber tenido la
oportunidad de rendir descargos, solicitar pruebas o presentar alegaciones
sobre los incumplimientos que se le atribuyen durante el transcurso
contractual, porque la Administración a lo largo de la relación negocial le ha
dado a conocer al contratista los hechos de incumplimiento que dan lugar al
ejercicio de la facultades sancionatorias y, además, le ha dado traslado de
los elementos de convicción recaudados, con el fin de que aquél tenga la
oportunidad de presentar sus explicaciones y contradecir las pruebas que se
aduzcan en su contra.
De ahí que, si bien las garantías que rigen el debido proceso son aplicables
en materia de potestades sancionatorias contractuales, lo cierto es que ello
no tiene lugar con el mismo ritualismo que en el derecho penal o disciplinario.
(…)
En conclusión, en materia de aplicación de sanciones contractuales, lo que
la jurisprudencia ha reclamado es que la medida sancionatoria no resulte
sorpresiva o intempestiva, y que, en todo caso, se otorgue al interesado la
oportunidad de expresar su opinión y contradecir los elementos de juicio que
se esgrimen en su contra, antes de que se adopte la decisión, procedimiento
en la formación de la voluntad de la Administración que no se suple con los
recursos por vía gubernativa, dado que es otra fase de la actuación, en la que
si bien impera también la garantía del debido proceso, en ella se discute la
decisión ya tomada.20 (negrillas y subrayas fuera de texto).

66. La Sala, debido a que el asunto decidido es anterior a los hechos que
aquí se juzgan, considera relevante el precedente de la Sentencia
recién citada. Allí, como se observa, esta Corporación señaló que
resultaba necesario agotar un procedimiento ágil, adelantado por la
entidad contratante, en el cual, cuando menos, se requiriera al
contratista por el incumplimiento, se le permitiera pronunciarse,
defenderse, pedir la práctica de pruebas, y contradecir las que se
adujeran en su contra; procedimiento este que debía realizarse antes
de la formación de la voluntad de la administración.

67. En el caso existen varias comunicaciones de la interventoría en las
cuales se informó al contratista sobre los incumplimientos del
contrato. En algunas de esas comunicaciones la interventoría refirió
expresamente que de persistir el incumplimiento (se trascribe): “en su
aumento semana a semana llevaría a la caducidad del contrato de
acuerdo con los términos del Otrosí No. 1 al Contrato VIT-020-97”. Así
lo señaló en las siguientes comunicaciones: CSBG-1931-DCT-69821 de
9 de julio de 1999, CSGB-2042-DCT-74822 de 30 de julio de 1999, CSBG-
2064-DCT-757de 6 agosto de 1999, CSBG-2105-DCT-77323 de 12 de
agosto de 1999. En este recuento es importante resaltar la última
comunicación en la cual la interventoría indicó (se trascribe):

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 17 de marzo de 2010,

Expediente 18394.
21 Cuaderno 59, folio 6891.
22 Cuaderno 59, folio 6898.
23 Cuaderno 59, folio 6912.

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Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
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Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
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“Ecopetrol podrá, de acuerdo con la cláusula segunda
correspondiente a la reprogramación de actividades declarar la
caducidad teniendo en cuenta que la causal correspondiente al
atraso en la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la
“reprogramación de actividades” que afecte la ruta crítica del
proyecto en más del 7%, valor que ha sido ampliamente superado en
el control que se presentó”.24

68. En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala decidir si las
comunicaciones de la interventoría son suficientes para considerar
que se garantizó el debido proceso del contratista. Para ello, resulta
indispensable recordar que por expresa disposición legal, el
competente para adelantar procedimientos administrativos
contractuales y declarar la caducidad del contrato es el
representante legal de la entidad estatal, y no el interventor del
contrato. Así lo señala expresamente el artículo 18 de la Ley 80 de
1993.25

69. Para la Sala, las comunicaciones de la interventoría no son suficiente
garantía del derecho al debido proceso del contratista. La
interventoría no es parte del contrato, no tiene la competencia para
adelantar procedimientos administrativos sancionatorios
contractuales, ni para declarar la caducidad , y sus comunicaciones
26

no pueden reemplazar un trámite que, aunque “ágil” o sin
formalidades, debe adelantar directamente la entidad contratante,
quien es la parte del contrato, tiene la competencia para adelantar
procedimientos administrativos y para el ejercicio de las cláusulas
excepcionales. Por ello, las comunicaciones de un tercero no
reemplazan lo que exige la Constitución y desarrollaba la
jurisprudencia de la época: una oportunidad para defenderse ante
la entidad, y la posibilidad de pedir pruebas y controvertir las que se
hubieran allegado en su contra. Incluso en la posición más flexible
para la época se exigía la audiencia del contratista y la garantía de
conocer y participar en la decisión de la administración27, garantías
estas que se conculcaron en el caso.

24 Ibidem.
25 “(…) la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su

liquidación en el estado en que se encuentre.”
26 En ese sentido: “12. En los contratos estatales como el que es objeto de la presente controversia, las decisiones

que comprometen contractualmente a la administración, tales como la suscripción del contrato, la sanción del
contratista, la interpretación, modificación o terminación unilateral del negocio jurídico, la declaratoria de
caducidad del mismo o su liquidación –de común acuerdo o unilateral-, etc., le corresponden exclusivamente al
representante legal de la entidad, por ser la persona a la que la ley ha otorgado de manera expresa la
competencia para comprometerla contractualmente , salvo aquellos casos en los que lo autoriza para delegar
tal función, siempre que dicha delegación se haya efectuado también en forma legal, es decir observando las
formalidades dispuestas para ello, las cuales apuntan a brindar la necesaria seguridad jurídica que exigen los
intereses públicos. En tal sentido, para delegar las funciones que en materia de contratación permite el estatuto
contractual, deberá darse aplicación a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 que consagra los
requisitos de la delegación, al establecer”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de febrero de 2013, Exp. 25199.
27 Sentencia de la Corte Constitucional T-569 de 1998.

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Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
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70. En consecuencia, los informes de supervisión o interventoría, así como
las comunicaciones que estas dirijan al contratista pueden ser
insumos para el procedimiento administrativo o procedimiento ágil,
como lo calificaba para entonces el Consejo de Estado. Sin embargo,
esa información, esa materia prima, debía servir de base para un
procedimiento, ágil o flexible, que debía adelantar directamente la
entidad estatal para permitir la audiencia del contratista, donde
debía escuchar sus explicaciones, permitir que solicitara y aportara
pruebas, así como que controvirtiera las que se allegaron en su
contra, incluidos aquí, por supuesto, los informes y comunicaciones
del interventor o supervisor. De igual manera, los procedimientos que
se adelantaron con otras finalidades, como para la imposición de
multas, tampoco permiten afirmar que se garantizó en debida forma
el derecho al debido proceso. Cada procedimiento guarda
independencia en relación con los otros y la defensa en un
procedimiento que culminó con multas en contra del contratista, no
puede reemplazar el procedimiento, que según se ha indicado, era
necesario adelantar para declarar la caducidad del contrato.

71. Adicionalmente, aun si en gracia de discusión se considerara que las
comunicaciones del interventor constituyeron, como lo hizo para
Ecopetrol, una suerte de procedimiento, el hecho de no haber
permitido la oportunidad para controvertir mediante pruebas los
elementos de juicio confirma la decisión de declarar la nulidad de los
actos demandados. Se advierte que debido a que prosperó el cargo
de nulidad por violación al derecho de audiencia y defensa, la Sala
no estudiará los restantes cargos de nulidad en contra de los actos
demandados por medio de los cuales se declaró la caducidad.

72. A la luz de lo señalado, la Sala declarará la nulidad de los siguientes
actos administrativos: Resolución 8 de 27 de agosto de 1999,
Resolución 11 de 1999, y Resolución 12 de 1999, por medio de los
cuales se declaró la caducidad del Contrato VIT-020-97 y se confirmó
esa decisión.

73. En el caso, la liquidación unilateral se originó en la terminación
anticipada ordenada en el acto administrativo que declaró la
caducidad del contrato. Por lo tanto, como lo solicitó la parte
demandante en el proceso 2001-01349, también resulta nulo el acto
que liquidó unilateralmente el contrato, pues la habilitación para ello
provenía de la declaratoria de caducidad, como lo indica el artículo
18 de la Ley 80 de 1993 que prescribe (se trascribe): “la entidad por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se
encuentre”. Una vez declarada la nulidad de la caducidad del

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Decisión: Revocar la decisión de primera
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contrato, debe procederse a la declaratoria de nulidad del acto de
liquidación ocasionado por aquel, ya que fue expedido sin
competencia. Lo anterior, pues debido a los efectos hacia el pasado,
ex tunc, de la declaratoria de nulidad de la caducidad el contrato,
este no debió terminarse de manera anormal y no podía liquidarse en
ese estado. En ese orden de ideas, se accede a la declaratoria de
nulidad de la Resolución 1 de 18 de agosto de 2000 y la Resolución 1
de 17 de enero de 2001. De cualquier manera, para la Sala es
importante advertir que, en el caso, no podía subsistir la presunción
de legalidad del acto de liquidación cuando este, precisamente,
incorporaba decisiones adoptadas en el acto de declaratoria de
caducidad que aquí se anula. Por prosperar este motivo de nulidad
invocado en la demanda, no se estudiarán los restantes cargos
presentados en la misma.

2.3. Del restablecimiento del derecho y la tasación de los perjuicios

74. Procede la Sala a realizar el estudio del restablecimiento del derecho
y la tasación de los perjuicios causados a la parte demandante como
consecuencia de la expedición de los actos administrativos cuya
nulidad se declarará en la parte resolutiva de esta Sentencia.

75. Ecopetrol en el proceso en el cual se demandó el acto administrativo
por medio del cual se declaró la caducidad propuso las excepciones
de falta de jurisdicción, por corresponder a la jurisdicción arbitral, así
como las excepciones de inepta demanda, transacción e
incumplimiento de los demandantes. En el proceso en el cual se
demandaron los actos de liquidación propuso las excepciones de
transacción, cosa juzgada, y culpa grave del contratista. Debido a
que las pretensiones de las demandas se habían negado en primera
instancia, corresponde estudiar las mencionadas excepciones de
manera conjunta por fundarse en los mismos hechos y argumentos de
derecho.

76. La Sala considera que no proceden las excepciones propuestas,
pues: (i) los actos de liquidación se demandaron en procesos distintos
y se solicitó su anulación, y así se declarará en la parte resolutiva de
esta decisión, por lo que no existe inepta demanda por no haber
demandado tales actos; (ii) las pretensiones de restablecimiento del
derecho a las que se accederá no implican un reequilibrio o
incumplimiento del contrato “soterrado”, pues son las consecuencias
que derivan directamente de la nulidad de los actos demandados,
por lo que también se negará esta pretensión por tal motivo; (iii) la
excepción de transacción se basa en un acuerdo que es
temporalmente anterior (30 de abril de 1999) a la expedición de los

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Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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actos demandados (el primero de 27 de agosto de 1999), por lo que
resulta cronológicamente imposible que exista acuerdo
transaccional y con ello, cosa juzgada, sobre los efectos de actos
expedidos posteriormente; (iv) el incumplimiento de la parte
demandante no es una excepción que permita tomarse en
consideración para no anular los actos de caducidad o liquidación
por la vulneración al debido proceso y la ausencia de competencia
temporal, que son las causales de nulidad de los actos a las cuales se
accede en esta Sentencia.

77. Finalmente, en lo que tiene que ver con la excepción de falta de
jurisdicción, la Sala pone de presente que, desde la decisión 1436 de
2000 de la Corte Constitucional, es claro que existen casos, como el
presente, en el cual el restablecimiento del derecho solamente
puede derivarse de la nulidad del acto administrativo y, en ese caso,
corresponde a esta jurisdicción decidirlo así en la Sentencia
anulatoria. En esa Sentencia se aclaró:

En este orden de ideas, las cláusulas excepcionales a los contratos
administrativos, como medidas que adopta la administración y manifestación
de su poder, sólo pueden ser objeto de examen por parte de la jurisdicción
contenciosa y no por particulares investidos temporalmente de la facultad de
administrar justicia, pues si bien los mencionados actos a través de los cuales
estas cláusulas se hacen aplicables, tienen implicaciones de carácter
patrimonial tanto para el contratista particular como para el Estado, asunto
éste que no se puede desconocer y que sería la base para que los árbitros
pudieran pronunciarse, estas implicaciones son consecuencia del ejercicio
por parte del Estado de sus atribuciones y, por consiguiente, el análisis sobre
éstas, sólo es procedente si se ha determinado la legalidad del acto
correspondiente, asunto éste que es de competencia exclusiva de los jueces
e indelegable en los particulares, dado que la determinación adoptada en
esta clase de actos, es expresión directa de la autoridad del Estado y como
tal, únicamente los jueces, en su condición de administradores permanentes
de justicia, tienen la función de establecer si el acto correspondiente se ajusta
a los parámetros legales, analizando, específicamente, si las motivaciones
expuestas en él, tienen como sustento real, la prevalencia del interés público
y el cumplimiento de los fines estatales, aspectos estos que son el fundamento
del ejercicio de las facultades excepcionales reconocidas al Estado-
contratista. Este análisis, entonces, no puede quedar librado a los
particulares, pues a éstos no se les puede transferir la competencia de decidir
sobre las cuestiones que tocan con funciones de carácter estatal, atribución
ésta, exclusiva de los jueces. (negrillas fuera de texto)

78. A la luz de lo anterior, por resultar inescindibles las pretensiones de
restablecimiento de las pretensiones de nulidad, deben negarse las
excepciones propuestas por Ecopetrol. Como se observó, las
excepciones propuestas no resultan motivo suficiente para impedir la
prosperidad de las pretensiones de las demandas.

79. En el proceso 2000-00897, en el cual se solicitó la declaratoria de
nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad, la parte
demandante solicitó que “a título de restablecimiento del derecho,

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Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
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se disponga, como consecuencia de la anterior declaración, la
indemnización de los perjuicios de todo orden, que lo dispuesto por
las Resoluciones No. 008, 011 y 012 de 1999, le ha causado a mis
poderdantes”.

80. La Sala accederá a la pretensión segunda y ordenará la devolución
de los saldos pagados por el contratista como consecuencia de la
expedición de la Resolución 8 de 27 de agosto de 1999, así como de
las resoluciones 11 y 12 de 29 de noviembre de 1999, por medio de las
cuales se declaró la caducidad del contrato y se confirmó esta
decisión.

81. En ese orden de ideas, de haberse pagado alguna suma por
concepto de la cláusula penal impuesta en el numeral segundo de
la parte resolutiva de la Resolución 8 de 1999, tasada en
$6.897.281.448 pesos y US$1.134.410 dólares de los Estados Unidos de
América en el acto anulado, Ecopetrol deberá devolverlos. De igual
manera, de haberse pagado alguna suma por concepto del amparo
de buen manejo y correcta inversión del anticipo, tasado en
$2.055.965.374 pesos en el acto anulado, Ecopetrol deberá
devolverlos.

82. En relación con perjuicios distintos a los anteriores, no se encuentra
acreditada su existencia en el expediente. La Sala advierte que,
mediante el Auto de 2 de octubre de 2018, el Tribunal decidió “en
vista de que la parte actora no manifestó nada al respecto sobre el
requerimiento realizado en el auto de 15 de diciembre de 2017,
acápite “3. Frente a las pruebas decretadas en el expediente (ver
cuadro 1.2)” numeral “3.6” folio 1480, sobre los dictámenes periciales
de ingenieros y contadores, este Despacho desiste de los mismos”
(subrayas del original).28 Por lo tanto, se accede a la pretensión
segunda de la demanda en el proceso 2000-00897, y solamente se
condenará al reembolso de lo pagado a favor de Ecopetrol como
consecuencia de los actos anulados.

83. En la pretensión tercera de la demanda se solicitó (se trascribe):
“[q]ue las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas
e incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo
que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de
realizarse en el proceso”. Como se indicó, el dictamen pericial no se
realizó, por lo cual, de conformidad con el texto de la pretensión, no
se accederá a la condena por intereses moratorios.

28 Folio 1529 del cuaderno principal 3.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
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Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
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84. En caso de haber sido pagada alguna suma de dinero a Ecopetrol,
esta suma deberá ser actualizada para su reembolso de conformidad
con la siguiente formula:

VA = VH * (IPC final/IPC inicial)

Donde:

VA: Valor actualizado
VH: Valor histórico
IPC final: IPC junio/2026 = 159,53
IPC inicial: IPC del mes y el año de la fecha del pago

85. En el proceso 2001-1349, en el cual se solicitó la nulidad de los actos
administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato, la parte
demandante solicitó en su pretensión segunda que, en caso de que
hubiera pagado alguna suma, se condenara a Ecopetrol (se
trascribe): “a devolvérsela, reajustando su valor en función de la
pérdida del poder adquisitivo adicionada con los intereses
correspondientes”. De igual manera, en la pretensión tercera solicitó
que (se trascribe): “a título de restablecimiento del derecho, se
disponga, como consecuencia de la anterior declaración, la
indemnización de los perjuicios de todo orden, que por causa de las
Resoluciones 001 de 2000 del 18 de agosto de 2000 y la Resolución
001 de 2001, del 17 de enero de 2001 se hayan causado a mis
poderdantes”.

86. La Sala accederá a la pretensión segunda y ordenará la devolución
de los saldos pagados por el contratista como consecuencia de la
expedición de la Resolución 1 de 18 de agosto de 2000 y la Resolución
1 de 17 de enero de 2001. En ese orden de ideas, en caso de que el
contratista hubiera pagado alguna suma por concepto de los valores
incorporados en la liquidación unilateral del contrato, tal y como
constaba en la Resolución 1 de 17 de enero de 2001, Ecopetrol
deberá devolverlos.

87. No se encontraron acreditados en el expediente perjuicios
adicionales a los referidos en la pretensión segunda. La Sala advierte
que, mediante el Auto de 2 de octubre de 2018, el Tribunal decidió
(se trascribe) “[e]n vista de que la parte actora guardo silencio al
requerimiento realizado en el auto del 15 de diciembre de 2017 en el
acápite «II Análisis sobre el decreto de pruebas» literal «A. Parte
demandante − Tito Marcelo, Pavicón LTD y PRIMONT» «DICTAMEN»,
relacionado con la práctica del dictamen pericial, este Despacho

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desistirá de esta prueba” 29. Por lo tanto, se accederá a la pretensión
tercera de la demanda, que solicitaba la indemnización de los
perjuicios de todo orden, y solamente se condenará al reembolso de
lo pagado a favor del Ecopetrol por la contratista como
consecuencia de los actos anulados.

88. En la pretensión cuarta de la demanda se solicitó (se trascribe): “[q]ue
las anteriores sumas sean pagadas debidamente actualizadas e
incluyan los intereses moratorios causados, de conformidad con lo
que disponga el correspondiente dictamen pericial que habrá de
realizarse en el proceso”. Como se indicó, el dictamen pericial no se
realizó, por lo cual, de conformidad con el texto de la pretensión, no
se accederá a esta condena por intereses moratorios.

89. En caso de haber sido pagadas, estas sumas, se condenará al pago
de intereses moratorios, los cuales correrán a partir de la ejecutoria
de esta decisión, y serán calculados con base en lo indicado las
normas sobre cumplimiento de las Sentencias de que trata el Código
Contencioso Administrativo. Lo anterior, por ser este el régimen
jurídico que resulta aplicable al contrato. En ese orden de ideas, se
accederá a la pretensión segunda subsidiaria de la pretensión cuarta
en el proceso 2001-1349.

90. La Sala pone de presente que en el expediente se encuentran otros
dictámenes periciales, como el presentado ante el Tribunal Arbitral
que dirimió otra controversia entre las partes. No obstante, esas
pruebas no se refieren a los perjuicios causados por los actos que aquí
se anulan y, en consecuencia, no tenían por propósito acreditar, ni,
visto su contenido, demuestran perjuicios diferentes a los cuales se
pueda condenar en esta Sentencia. Finalmente, se debe señalar que
en este caso la ausencia de prueba se refiere a la existencia del
perjuicio y no a su monto, por lo que no es posible condenar en
abstracto.

2.4. Sobre la condena en costas

91. La Sala se abstendrá de condenar en costas porque no se dan los
supuestos del artículo 171 del CCA requeridos.

3. DECISIÓN

92. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

29 Folio 1532 del cuaderno principal 3.

27 de 28

Radicación número: 25000-23-26-000-2000-00897-01 (67076)
Demandantes: Consorcio Tito Marcelo y otros
Demandada: Empresa Colombiana de Petróleos -
Ecopetrol
Referencia: Acción de controversias contractuales
Decisión: Revocar la decisión de primera
instancia
______________________________________________________________________________________________________________

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 27 de enero de 2021, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, cuya parte resolutiva quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción de controversias
contractuales en el proceso 2003-0359.
SEGUNDO: ACCEDER a la pretensión primera de la demanda en el proceso
2000-00897 y declarar la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución 8
de 27 de agosto de 1999, Resolución 11 de 29 de noviembre de 1999, y la
Resolución 12 de 29 de noviembre de 1999.
TERCERO: ACCEDER a la pretensión primera de la demanda en el proceso
2001-1349 y declarar la nulidad de las siguientes resoluciones: Resolución 1 de
18 de agosto de 2000 y Resolución 1 de 17 de enero de 2001.
CUARTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a Ecopetrol a
reembolsar, debidamente actualizadas, las sumas que haya recibido como
consecuencia de lo establecido en la Resolución 8 de 1999, Resolución 11 de
1999, y Resolución de 1999.
QUINTO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho a Ecopetrol a
reembolsar, debidamente actualizadas, las sumas que haya recibido como
consecuencia de lo establecido en la Resolución 1 de 18 de agosto de 2000
y la Resolución 1 de 17 de enero de 2001.
SEXTO: Las sumas a cuyo pago se condenó en el numeral quinto de esta
Sentencia deberán ser pagadas con los correspondientes intereses de mora,
los cuales se calcularán desde la ejecutoria de esta Sentencia y hasta su
reembolso efectivo de conformidad con las normas de cumplimiento de las
Sentencias de que trata el CCA.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Salvamento parcial y aclaración de voto

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