Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2001-00240-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2001-00240-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2001-00240-03
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL
Tema: Suspensión de operaciones aéreas de aeronave. Radiograma
orden de autoridad administrativa. Acto Administrativo de
carácter general. Indebida escogencia de la acción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 17 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
A través del oficio No. 10-381 del 26 de agosto de 1999, la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil comunicó al gerente general de Intercontinental de
Aviación S.A. que debía presentar un plan de acción para adecuarse a las normas
técnicas del reglamento aeronáutico, dentro de un plazo máximo de 30 días. El 23
de septiembre de 1999, la sociedad referida presentó el plan de acción requerido.
No obstante, 16 de octubre de 1999, funcionarios e inspectores de la oficina de
control y seguridad aérea de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
objetaron la configuración interior de aeronaves presentada por Intercontinental de
Aviación S.A., lo cual conllevó a que en esa misma fecha el Jefe Oficina Control y
Seguridad Aérea de la Aerocivil, mediante telegrama No. 474-A, ordenara
suspender “toda actividad de vuelo” de las aeronaves de la empresa, identificadas
con matrícula HK- 3752, 3859 y 3958. La demandante considera que la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es patrimonialmente responsable por
la suspensión “irregular e ilegal” de operaciones de sus aeronaves, pues “nunca”
incumplió las normas del reglamento aeronáutico.
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Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 1° de febrero de 20011, Intercontinental de Aviación S.A. (en adelante Inter),
mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentó demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil (en adelante Aerocivil) para que se le declarara patrimonialmente responsable
por los perjuicios sufridos como consecuencia de la falla en el servicio consistente
en la “irregular e ilegal suspensión de actividad de vuelo de las aeronaves de la
compañía”.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad
demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de
$27.264.789.467; por daño emergente, la suma de $5.594.216.545; y por lucro
cesante, la suma de $4.479.326.342.
En apoyo de las pretensiones, la demandante afirma que mediante certificado de
operaciones No. UAEAC-CDO-006 del 27 de junio de 1997, la Aerocivil “recertificó”
a Inter para efectuar operaciones comerciales, pues consideró en su momento que
dicha sociedad cumplía con los requisitos exigidos por el Código de Comercio y el
Manual de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia para efectuar operaciones
comerciales.
Destaca que mediante Resolución No. 2617 del 7 de julio de 1999, la Aerocivil
modificó la parte cuarta del Manual de Reglamentos Aeronáuticos sobre normas de
aeronavegabilidad y operación de aeronaves y, en consecuencia, dicha entidad
solicitó a varias aerolíneas, entre ellas, a Inter, la presentación de un “plan de
acción” para adecuarse a las nuevas especificaciones técnicas.
Indica que a través del oficio No. 10-381 del 26 de agosto de 1999, la Aerocivil
comunicó al gerente general de Inter que debía presentar un plan de acción para
1 Fl. 3 a 36 C.1.
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Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
adecuarse a las nuevas normas técnicas del reglamento aeronáutico, dentro de un
plazo máximo de 30 días.
Sostiene que el 23 de septiembre de 1999, Inter presentó el primer plan de acción
a la Aerocivil e inició la ejecución de los procesos establecidos en dicho plan para
adecuarse a las nuevas normas técnicas. Al efecto, estableció cinco puntos que
debían ajustarse a los reglamentos aeronáuticos, consistentes en: 1. Configuración
interior de las aeronaves; 2. Configuración de los equipos de emergencia; 3.
Reparaciones estructurales; 4. Instalación de G.P.S; y, 5. Trazabilidad de
componentes – Almacén.
Resalta que mediante oficio No. 10-459 del 25 de septiembre de 1999, el jefe de la
oficina de control y seguridad aérea de la Aerocivil, comunicó a Inter que los puntos
1,2,3 y 4 contenidos en el plan de acción “debían quedar totalmente concluidos a
más tardar el día 15 de octubre de 1999”.
Relata que el 27 de septiembre de 1999, Inter entregó a la Aerocivil el plan de acción
ajustado y dentro del mismo agregó como puntos de nueva configuración el “manual
general de mantenimiento, la lista de equipos mínimos y carta de cumplimiento”.
Refiere que el 15 de octubre de 1999, funcionarios e inspectores de la oficina de
control y seguridad aérea de la Aerocivil, determinaron que las aeronaves de Inter
“cumplían con las especificaciones de certificado” en cuanto al punto 1 del plan de
acción, esto es, la “configuración interior de las aeronaves”, por lo que solo restaba
que el DER “representante designado para ingeniería” efectuara la inspección final
de las aeronaves para expedir el “certificado de cumplimiento”.
Indica que el 16 de octubre de 1999, funcionarios e inspectores de la oficina de
control y seguridad aérea de la Aerocivil objetaron la configuración interior
efectuada por el DER y “sin mediar ningún procedimiento ni acto administrativo, la
Aerocivil envió un simple telegrama a las torres de control, a través del cual ordenó
en forma repentina, sorpresiva e ilegal, la suspensión de toda actividad de vuelo de
las aeronaves de Intercontinental de Aviación S.A. a partir de las 0:00 horas del 17
de octubre de 1999”.
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Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
Manifiesta que a través de medios de comunicación el Ministro de Transporte y el
director de la Aerocivil informaron que la suspensión de vuelo de Inter se ordenó
por haberse encontrado “problemas de seguridad de las aeronaves”, los cuales
nunca se presentaron, situación que afectó negativamente la imagen comercial de
la empresa transportadora.
Expone que el 18 de diciembre de 1999, el DER William Rathmanner entregó a la
Aerocivil “la forma FAA 8110-3”, según la cual se certificó la aeronavegabilidad de
los aviones de Inter.
Sostiene que el 21 y 24 de diciembre de 1999 y el 5 de enero de 2000, la Aerocivil
envió mensajes a las torres de control a través de los cuales “autorizó” la
continuación de las actividades de vuelo de las aeronaves de Inter.
La demandante considera que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil es patrimonialmente responsable a título de falla del servicio por la suspensión
“irregular e ilegal” de operaciones de sus aeronaves, pues “nunca” incumplió o violó
las normas del reglamento aeronáutico.
Textualmente señala en la demanda que: “La empresa Intercontinental de Aviación
S.A. a la fecha de suspensión, es decir, el 16 de octubre de 1999, no había incurrido
en ninguna violación de orden técnico que atentara contra la seguridad aérea, ya
que se encontraba simplemente ejecutando un proceso de ajuste a una nueva
normatividad técnica que es totalmente diferente. La suspensión de actividad de
vuelo de las aeronaves por parte de la administración sin que haya existido una
causa legal o técnica para hacerlo, es el hecho generador de la falla del servicio, ya
que la Aeronáutica Civil actuó en contravía de todas las disposiciones del
Reglamento Aeronáutico de Colombia, lesionando los derechos de mi
representada”.
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2. Contestaciones
El 5 de marzo de 20012 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Nación – Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil3 se opuso a
las pretensiones de la demanda, alegando que la decisión de suspender las
actividades de Inter no fue sorpresiva y tuvo fundamento legal y técnico. Propuso
las excepciones de inepta demanda, caducidad, falta de legitimación por activa e
indebida representación.
2.2. La Previsora S.A.4 y Colseguros S.A., llamadas en garantía5 por la Aerocivil,
coadyuvaron los argumentos de defensa planteados por la parte demandada.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 30 de mayo de 20086 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
2.1. La parte demandante7, la Aerocivil8, La Previsora S.A.9 y Colseguros S.A.,
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación,
respectivamente.
2.2. El Ministerio Público guardó silencio.
2 Fl. 39, C. 1.
3 Fl. 105 a 117, C.1.
4 Fl. 129 a 142, C. 6.
5 Fl. 105 a 106, C. 6. El 1° de junio de 2001, la entidad demandada formuló llamamiento en garantía
a las compañías de seguros La Previsora S.A. y Colseguros S.A., los cuales fueron admitidos por
auto del 10 de julio de 2001.
6 Fl. 678, C.1.
7 Fl. 709 a 733, C. 1.
8 Fl. 692 a 708, C. 1.
9 Fl. 734 a 805, C. 2.
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4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 17 de agosto de 201110, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al constatar que el daño
deprecado por la parte actora no fue antijurídico, pues la adopción de la medida
preventiva de suspensión de la operación de varias aeronaves de Inter había sido
necesaria, no fue sorpresiva y estuvo ajustada a derecho.
Al respecto, indicó que: “si bien las actuaciones desplegadas por la demandada
tuvieron como consecuencia lógica un daño traducido en el detrimento patrimonial
de la entidad por la no operación de tres de sus aeronaves, este daño no posee el
carácter de antijurídico, habida cuenta que es deber de la aerolínea soportarlo en
virtud de las deficiencias adolecidas por sus aeronaves y que atentaban contra la
seguridad de los usuarios del servicio de transporte aéreo. En consecuencia, como
el daño alegado no es antijurídico, toda vez que la demandante no acreditó que el
16 de octubre de 1999 (fecha límite para presentar las adecuaciones de las
aeronaves) hubiera cumplido con la totalidad de los requisitos reglamentarios
exigidos para que una aeronave mantenga su condición de aeronavegable, la
Aerocivil tenía la función y además la obligación de suspender las actividades de
vuelo de los tres aviones sobre los cuales recayeron las objeciones respecto a su
configuración estructural…”.
5. Recurso de apelación
El 12 de octubre de 201111, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 3 de febrero de 201212 y admitido el 16 de abril de 2012 por esta
Corporación13.
5.1. La recurrente esgrimió como argumento de defensa, que el oficio No. 10-381 del
26 de agosto de 1999, mediante el cual la Aerocivil exigió un plan de acción, no tenía
10 Fl. 849 a 885, C. Ppal.
11 Fl. 887 a 908, C. Ppal.
12 Fl. 910, C. Ppal.
13 Fl. 914, C. Ppal.
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Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
el alcance de ser un acto administrativo, pues solo fue una “manifestación de
conocimiento” en donde la administración le hizo un requerimiento para buscar la
comprobación de unos hechos, condiciones y requisitos. Asimismo, destacó que la
suspensión de las operaciones de vuelo debió adoptarse mediante un acto
administrativo motivado, en el que se determinaran los requisitos incumplidos y frente
al que pudiera el administrado ejercer los recursos previstos en la ley. Adujo que se
configuró una falla del servicio en la decisión de facto de suspender por una vía de
hecho la flota de aviones, por cuanto Aerocivil al no proferir el acto administrativo
correspondiente, le impidió ejercer su derecho de defensa.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 14 de mayo de 201214 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La Aerocivil15, La Previsora S.A. y Colseguros S.A.16 reiteraron los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía,
respectivamente.
6.2. El Ministerio Público17 solicitó confirmar la sentencia recurrida y negar las
pretensiones de la demanda, pues sostuvo que la actuación de la Aerocivil no
constituyó una vía de hecho. Al efecto, indicó que la medida preventiva de
suspensión de operaciones de Intercontinental de Aviación S.A. fue consecuencia
directa de su conducta omisiva, por el incumplimiento de directrices y plazos
acordados con la autoridad aeronáutica.
6.3. La parte demandante guardó silencio.
14 Fl. 916, C. Ppal.
15 Fl. 983 a 998, C. Ppal.
16 Fl. 917 a 982, C. Ppal.
17 Fl. 999 a 1022, C. Ppal.
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III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de agosto de 2011,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía18
supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio de la
acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A.
2. Acción procedente
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la
reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente
para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
vía jurisdiccional19.
La acción judicial ejercida tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y
contradicción del demandado, en tanto ofrece los límites dentro de los que el sujeto
pasivo de la acción puede estructurar los diferentes medios de defensa a su
disposición. Escoger indebidamente la acción procesal no puede entenderse como
un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de
conocimiento20.
18 La cuantía excede de los 500 SMLMV que se exige para que un proceso tenga vocación de doble
instancia, según lo previsto en el Decreto 597 de 1988, vigente para la época en que se presentó la
demanda (2001), pues la pretensión mayor se estimó en $27.264.789.467.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia
del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530.
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De hecho, según lo dispuesto en los artículos 13721 y 13822 del Código Contencioso
Administrativo, uno de los supuestos para concluir que se ha presentado una
“demanda en forma” es la debida escogencia de la acción. Si se solicita su
corrección y el demandante no lo hace en el término debido se configura una
“ineptitud sustantiva de la demanda” que impide al juez emitir un pronunciamiento
de fondo en relación con las pretensiones formuladas por el demandante23.
Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción
indebidamente formulada, siempre que el derecho de defensa del demandado no
resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi ni de las pretensiones
de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado 24. En todo caso,
la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para
pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la
adecuación de la acción.
3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar: 1) Si en el presente caso existió un acto
administrativo proferido por la Aerocivil y; 2. De hallarse positivo el anterior
interrogante, determinar si es procedente la acción de reparación directa para
reclamar un daño causado por un acto administrativo o si, por el contrario, se
configura una indebida escogencia de la acción.
4. Solución de los problemas jurídicos
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre el acto administrativo.
21 “Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal
competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se
demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. […]”
22 “Artículo 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.
Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto,
deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de
recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o
confirmen; pero sí fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio
administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.”
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2012, Rad.:
22244.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Rad: 26870.
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4.1. Del acto administrativo
El Consejo de Estado25 ha entendido que acto administrativo es toda manifestación
de la Administración, tendiente a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas,
que pueden ser de carácter particular, cuando resuelven una situación específica
respecto de un sujeto determinado, o generales, en aquellos eventos en los que sus
efectos son abstractos o cuando no se resuelven situaciones jurídicas concretas26.
En otras palabras, se entiende como una decisión de la administración encaminada
a producir efectos jurídicos en los derechos u obligaciones de los administrados,
sean subjetivos, personales, reales o de crédito.
Así pues, se han identificado las siguientes características de que reúne un acto
administrativo6: i) Constituye una declaración unilateral de voluntad, ii) Se expide en
ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de
particulares investidos de la misma, iii) Se encamina a producir efectos jurídicos “por
sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate
y, por ende, vinculante”27; y iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la
creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que
impacta los derechos u obligaciones de los asociados, “sean subjetivos, personales,
reales o de crédito”.28
Adicionalmente, resulta válido sostener que frente al control jurisdiccional de los
actos administrativos, la jurisdicción de lo contencioso administrativo únicamente se
ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un
proceso administrativo, en la medida en que se presumen legales, gozan de los
atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las
personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones. En consecuencia, el
control judicial de las decisiones administrativas definitivas se torna obligatorio
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de agosto de 2019. Rad.:
39069; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2019. Rad.: 62081; Sección
segunda, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Rad.: 110010325000200900014-00, entre otras.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de
abril de 2008, Rad.: 25000-2324-000-2002-00583-01.
27 Ibídem.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 12 de
junio de 2008, Rad.: 16288.
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dentro de un Estado Social de Derecho, en aras de garantizar su validez, así como
los valores constitucionales, el imperio del principio de legalidad y los derechos
subjetivos de los asociados.29
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el Consejo de Estado30 ha precisado que,
excepcionalmente, los actos de ejecución pueden ser objeto de control judicial, en
los siguientes casos: “[…] cuando estos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se
abstienen de dar cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones
sustanciales al acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar
y/o iv) se presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad
demandada o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse
cualquiera de los eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime
la voluntad real de la administración de justicia y se genera una nueva situación
jurídica para el administrado, susceptible de control de legalidad”.31
En este orden de ideas, esta Corporación ha concluido que los actos administrativos
de ejecución solo serán enjuiciables cuando creen, modifiquen o extingan una
situación jurídica particular, aspectos que lo convierten en un acto administrativo
susceptible de control ante esta jurisdicción.32
5. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 17 de agosto
de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte accionante indicó la Aerocivil suspendió la operación aérea
de varios de sus aviones sin expedir un acto administrativo frente al cual pudiera
ejercer el derecho de contradicción, por lo que la referida suspensión fue arbitraria e
ilegal.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 14 de mayo de 2020. Rad.: 25000-23-42-000-2017-06031-01(5554-18).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de agosto de 2015. Rad.: 41001-23-33-000-2012-00137-01 (4594-13).
31 Ibídem.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 8 de marzo de 2018. Rad.: 05001-23-33-000-2014-01713-01 (2831-2015).
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Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
Bajo esta óptica y de conformidad con lo expuesto en el acápite de problemas
jurídicos, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente
analizar si existió un acto administrativo proferido por la Aerocivil y si la acción
escogida para presentar la demanda fue indebida o no.
5.1. Hechos probados
5.1.1. Está probado que el 25 de junio de 1997, la Aerocivil expidió los certificados
de aeronavegabilidad No. 000568, 000569 y 000570 para las aeronaves de
matrícula HK 3752-X, 3958-X y 000570-X marca McDonnell Douglas, según da
cuenta copia de dichos certificados33.
5.1.2. Está acreditado que el 27 de junio de 1997, la Aerocivil otorgó certificado de
operaciones “indefinida” a la “aerolínea domestica e internacional” Intercontinental
de Aviación S.A., al constatar que esta satisfacía “los requisitos del Código de
Comercio Colombiano y las regulaciones del Manual de Reglamentos Aeronáuticos
Colombiano (M.R.A), según da cuenta copia del referido certificado34.
5.1.3. Consta que el 7 de julio de 1999, la Aerocivil expidió la Resolución No. 261735,
por medio de la cual modificó la parte cuarta del Manual de Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia sobre “normas de aeronavegabilidad y operación de
aeronaves”. De ello, da cuenta copia de la mencionada resolución36.
5.1.4. Probado quedó que mediante oficio GTEC 101-2286 del 12 de agosto de
1999, Manuel Meza, en calidad de inspector de aeronavegabilidad de la Aerocivil,
informó al director de aseguramiento de calidad de Inter que durante la inspección
de aeronavegabilidad de la flota de aviones se encontraron varias deficiencias que
requerían ser manejadas, entre ellas, los equipos GPS, los equipos de emergencia
(botes, luces de emergencia), los materiales de interior en la cabina, materiales de
las bodegas, entre otros. De ello, da cuenta copia del mencionado documento 37.
33 Fl. 2, 3 y 4, C. Pruebas 2.
34 Fl. 9, C. Pruebas 2.
35 “Por la cual se modifica totalmente la parte cuarta del Manual de Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia”.
36 Cuaderno 26.
37 Fl. 123 a 128, C. Pruebas 10.
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5.1.5. Está acreditado que mediante oficio No. 10-381 del 26 de agosto de 1999,
Ernesto Huertas Escallón, en su condición de director general de la Aerocivil,
informó al gerente general de Inter, que le concedía un plazo máximo de 30 días
para presentar un plan de acción para comprobar el “total” cumplimiento de las
normas del Manual de Reglamentos Aeronáuticos, so pena de suspenderse las
actividades de vuelo, según da cuenta copia de dicho oficio38, cuyo contenido es el
siguiente:
“Con la presente le informamos que este despacho ha determinado un plazo límite
de 30 días, dentro del cual deberá tener un plan de acción previamente aprobado
por parte de esta Autoridad Aeronáutica, que especifique el total cumplimiento de
las normas del manual de reglamentos aeronáuticos; por lo tanto, las aeronaves
deben estar de conformidad total con su Certificado Tipo, lo cual como es obvio
incluye aspectos tales como, la configuración de todas las aeronaves, las
reparaciones estructurales y todos los demás item's incluidos en el mencionado
certificado.
A partir de la fecha y hasta que, la configuración del equipo de emergencia que
deberá estar de acuerdo con el certificado tipo, sea totalmente aprobada por esta
Autoridad, los botes salvavidas deben ser removidos de las aeronaves y por tanto
estas no podrán operar sobre agua. En un lapso de cinco (5) días hábiles, se debe
presentar un procedimiento de manejo de partes y componentes que garanticen que
de esa fecha en adelante todas las partes y componentes que se instalen en una
aeronave deberán estar documentadas estrictamente hasta el fabricante, dicho
procedimiento deberá incluirse para aprobación dentro del manual general de
mantenimiento de la empresa.
En caso del no cumplimiento de cualquiera de los puntos arriba mencionados, las
aeronaves quedaran suspendidas de actividades de vuelo”.
5.1.6. Probado está que mediante oficio GTEC 101-2602 del 7 de septiembre de 1999,
el Jefe de Grupo Técnico de la Aerocivil informó a Inter que, atendiendo su solicitud
verbal, le comunicaba que no tenía objeciones para aceptar “datos técnicos”
realizados por personal designado por la FAA39, según da cuenta copia del referido
oficio, cuyo contenido es el siguiente:
“Atendiendo su solicitud verbal a la fecha, esta oficina se permite informar que no
tenemos ninguna objeción para aceptar ‘datos técnicos’ (debe incluir dibujos y
especificaciones necesarias para definir la reparación o alteración incluyendo
dimensiones, materiales y procesos seguidos para definir la resistencia estructural)
producidos por personal designado por la FAA, siguiendo la FAR parte 183, para
productos aeronáuticos certificados por la FAA. Agradecemos verificar que el
designado esté habilitado para el ‘dato técnico’ que emita”.
38 Fl. 11, C. Pruebas 2.
39 Federal Aviation Administration (Administración de Aviación Federal de Estados Unidos)
14
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
5.1.7. Consta que el 23 de septiembre de 1999, Luis Alfredo Gallego, en calidad de
gerente general de Inter, presentó a la Aerocivil el plan de acción para acreditar el
cumplimiento de sus aeronaves con el “certificado tipo” y las normas contenidas en el
Manual de Reglamentos Aeronáuticos, cuyos ítems a desarrollar eran: 1.
Configuración interior de aeronaves (LOPA); 2. Configuración equipo de emergencia;
3. Reparación estructural; 4. Instalaciones G.P.S.; y, 5. Trazabilidad de componentes
– almacén. Asimismo, indicó que, para dar cumplimiento al plan de acción, Inter
contrató los servicios de Jossair Company, que contaba entre sus ingenieros con José
Sanz, DER40 de la FAA. De ello, da cuenta copia el referido plan de acción41, de cuyo
contenido se destaca lo siguiente:
“PLAN DE ACCIÓN
Objetivo: Definir los pasos a seguir y los tiempos estimados de cumplimiento de
las tareas requeridas para dar cumplimiento a lo establecido en la parte cuarta del
M.R.A.
Puntos a desarrollar: Con base en las inspecciones cumplidas desde el día 21 de
Julio de 1999 por parte de funcionarios de la U.A.E.A.C. acompañados por
inspectores de la F.A.A., y en reportes internos de nuestra compañía, se han
detectado los siguientes puntos que deben ser desarrollados para demostrar
cumplimiento con el Certificado Tipo de las aeronaves DC-9 de nuestra flota y así
dar cumplimiento a la Parte Cuarta del Manual de Reglamentos Aeronáuticos,
modificado mediante resolución número 02617 de julio 7 de 1999, la cual entró en
vigencia el 9 de agosto de 1999.
1. Configuración interior de aeronaves (LOPA).
2. Configuración equipo de emergencia.
3. Reparación estructurales.
4. Instalación de G.P.S.
5. Trazabilidad componentes – almacén.
Para dar cumplimiento a los cuatro primeros puntos, Intercontinental ha contratado
los servicios de JOSSAIR COMPANY, que cuenta entre sus ingenieros con el
señor JOSE SANZ, DER de la FAA, con el cual se ha definido el presente Plan de
Acción.
5.1.8. Se demostró que mediante oficio No. 10-459 del 25 de septiembre de 1999, la
Aerocivil informó a Inter que los puntos 1, 2, 3 y 4 del plan de acción debían quedar
ajustados a más tardar el 15 de octubre de ese mismo año y, que el punto 5 debía
continuar en ejecución de acuerdo a lo aprobado en el manual general de
mantenimiento de la empresa. De ello, da cuenta copia del referido oficio42, del cual
40 Designated Engineering Representative (representante designado para ingeniería).
41 Fl. 15 a 20, C. Pruebas 2.
42 Fl. 22, C. Pruebas 2.
15
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
se destaca lo siguiente:
“Una vez evaluado y analizado su plan de acción contenido en el oficio de la referencia
y el avance de ejecución de los trabajos, me permito manifestarle que el mencionado
plan debe ser ajustado de tal forma que los puntos 1, 2, 3, y 4 (parte estructural) deben
quedar totalmente concluidos a más tardar el día 15 de octubre del presente año.
En cuanto al punto 5, deben continuar su ejecución de acuerdo a lo aprobado en el
manual general de mantenimiento de la empresa, es decir, toda parte instalada debe
tener conocido su origen a fabricante aprobado. Es de resaltar que en el plan de acción
presentado por Intercontinental de aviación no se contempló, entre otros, lo referente
a la actualización de MGM, del MEL, de la carta de cumplimiento y es deber incluirlos
en este plan con fecha de ejecución y finalización a corto plazo.
Finalmente, el plan de acción con los ajustes solicitados deberá ser presentado a esta
oficina el día 27 del presente mes y año”.
5.1.9. Está demostrado que el 27 de septiembre de 1999, Inter presentó ajustes al plan
de acción, esto es, incluyó tres nuevos ítems a desarrollar, tales como “M.G.M, MEL y
carta de cumplimiento”. Además solicito ampliación del plazo para la acreditación
hasta el 30 de octubre de 1999, según da cuenta copia del oficio No. 001-412-99
suscrito por el gerente general de Inter con destino al Jefe de Oficina de Control y
Seguridad Aérea de la Aerocivil43, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“Atendiendo su solicitud, hemos evaluado nuestro plan de acción el cual se ha
complementado de acuerdo a su comunicado adicionando puntos como: M.G.M., MEL
y Carta de Cumplimiento, entre otros.
Respecto a las fechas de cumplimiento originales fueron cambiadas de acuerdo con la
evaluación hecha conjuntamente con el DER encargado de estas tareas buscando
adecuarnos al término señalado por usted, el cual, sin embargo, consideramos
excesivamente exiguo, razón por la cual dentro de la posibilidad de ‘conceder los
plazos prudenciales que sean determinados mediante compromiso del respectivo
operador’. Solicitamos una ampliación a octubre 30 dados los tramites de aprobación
que se deben adelantar. En todo caso, reafirmamos que Intercontinental de Aviación
no escatimará esfuerzos tanto técnicos como económicos con el fin de que dichos
trabajos sean cumplidos a la mayor brevedad”.
5.1.10. Consta que a través del oficio No. GTEC 101-2856 del 28 de septiembre de
1999, el Jefe Oficina Control y Seguridad Aérea de la Aerocivil informó al gerente
general de Inter que en relación con el plan de acción y el ajuste del mismo, los ítems
1 y 2 eran requeridos para antes del 15 de octubre de 1999, que los ítems 3 y 4 debían
ser objeto de esfuerzo para darle cumplimiento, pues era necesario que antes del 15
43 Fl. 24, C. Pruebas 2; y, Fl. 83 a 88, C. Pruebas 10.
16
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
de octubre de 1999 “la instalación del GPC actual” fuera removido. De ello, da cuenta
copia del mencionado oficio44, cuyo contenido es el siguiente:
“Los Ítems 1 y 2 son requeridos para antes de octubre 15/99
Los ítems 3 y 4 (estructural) solicitamos realizar el máximo de esfuerzo para darle
cumplimiento, con la mejor forma de control y con el mínimo de trabajo periódico en
las aeronaves (Clase I).
El Ítem 4 parte Aviónica, se acepta octubre 22/99 con previa aprobación de esta
oficina; es necesario que antes de Oct 15/99, la instalación del GPS actual sea
removida.
El ítem 5 continuará como practica rutinaria y requiere una revisión de la TRO2-
99 para incluir el uso de la Circular OCSA-001 como herramienta de trabajo en el
área de recibo, así como también la inclusión en el procedimiento del préstamo de
elementos de un avión a otro.
Los Ítems 6, 7 y 8, se aceptan los plazos dados en la referencia 7). Conviene
mencionar que en el ítem 8 no es correcta la anotación "Cumple con TC A6HE".
5.1.11. Está demostrado que el 16 de octubre de 1999, Manuel Meza, en calidad de
“inspector de aeronavegabilidad” de la Aerocivil, envió al Jefe Oficina Control y
Seguridad Aérea de esa misma entidad, un informe sobre el estado de las aeronaves
de Inter, en el que indicó que la de matrícula HK-3752 “se encontraba en tierra por (…)
no tener legalizado la configuración interior”, entre otros incumplimientos, y las de
matrícula HK-3859 y HK- 3958 “no present[aron] configuración (documentación) de
cumplimiento de la configuración interior”45. De ello, da cuenta copia del referido
informe, de cuyo contenido se destaca lo siguiente:
“1. HK 3752: Se encuentra en tierra por incumplimiento con peso y balance por ser
declarado nulo; por no tener legalizado y controlado las reparaciones estructurales
externas; por no tener legalizado la configuración interior; por no tener legalizado la
distribución del equipo de emergencia; por no tener legalizado el equipo sobre agua;
por tener reportes que no sustentan adecuadamente reemplazo de algunos elementos.
Se dejo en tierra a partir de su llegada a El Dorado después de las 21:00 del jueves
octubre 14/99.
2. HK 3859: No presentaron configuración (documentación) de cumplimiento de la
configuración interior durante la visita de la mañana de hoy, atendida por el Señor
Milton Jiménez. Plan Acción se les impuso octubre 15/99.
• Reparaciones estructurales externas - mismo HK 3752
• Por plan de cumplimiento está proyectado pararlo (fuera de servicio) fin de
44 Fl. 26, C. Pruebas 2.
45 Fl. 90 a 91, C. Pruebas 10.
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Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
semana octubre 23/24. Plan de cumplimiento fue presentado verbalmente por
ingeniero Osorio en reunión de Oct 07/99.
• Localización de equipo sobre agua. Se planeó que en el documento del HK
3752, se incluya a todos los otros aviones y quedaría definido que este avión
no quedará con equipo sobre agua. Debían tenerlo cumplido para oct 15/99.
3. HK 3958: No presentación configuración (documentación) de cumplimiento de la
configuración interior, durante la visita de la mañana de hoy atendida por el Señor
Milton Jiménez. Plan acción se les impuso octubre 15/99.
• Reparaciones estructurales externas - mismo HK 3752. Por plan de
cumplimiento debían haberlo parado el viernes por la noche (oct/15/99) y
sacarlo a operar hasta que quede completo y legalizado de reparaciones
estructurales. Plan de cumplimiento fue presentado verbalmente por ingeniero
Osorio en reunión de octubre 07/99.
• Localización de equipo sobre agua - mismo HK 3859 limite octubre 15/99.
4. Todos los otros aeronavegables HK 2865/3827/3891/4056 (DC-9) se declararon no
aeronavegables. Se encuentran en tierra.
5. El HK 4061 (DHC 8-301) se encuentra en tierra por servicios y reportes pendientes
y trabajos programados. Se encuentra en tierra.
6. El HK 4062 (DHC 8-301) se encuentra en tierra por incidente en Pereira se declaró
no aeronavegable y se modificaron las especificaciones de operación”.
5.1.12. Consta que el 16 de octubre de 1999, Rodrigo Cabrera, en calidad de Jefe
Oficina Control y Seguridad Aérea de la Aerocivil, mediante telegrama No. 474-A,
ordenó suspender “toda actividad de vuelo” de las aeronaves de Inter con matrícula
HK- 3752, 3859 y 3958, según da cuenta copia del referido telegrama46, cuyo
contenido es el siguiente:
“Santafé de Bogotá, 16 de octubre de 1999
GG: SKZZMCMX
161656: SKBOZXWS
101-01-16-10-99 PTO WEF: 24:00 HL SUSPENDASE TODA ACTIVIDAD VUELO HK-
3752-X/ 3859-X/ 3958-X/ PTO FINAL XXXXXXXXXXXXXXXX”.
5.1.13. Consta que el 19 de diciembre de 1999, funcionarios de la Aerocivil y
empleados de Inter suscribieron “plan de compromisos” con el fin de expedir en favor
de esta última “el permiso correspondiente para su operación”. En dicha reunión se
acordó que Inter se centraría en hacer tres ajustes fundamentales, tales como:
46 Fl. 40, C. Pruebas 2; y, Fl. 97, C. Pruebas 10.
18
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
“reparaciones estructurales, resistencia a las llamas y aeronavegabilidad”, según da
cuenta copia del acta de reunión del plan de compromiso47.
5.1.14. Demostrado quedó que mediante oficio No. GTEC 101-3793 del 20 de
diciembre de 1999, la Aerocivil informó a Inter que la revisión 03 MEL de la flota DC-
9, entre la que se encontraban las aeronaves de matrícula HK-3752-X, 3859-X y 3958-
X, había sido aprobada. De ello, da cuenta el referido oficio48.
5.1.15. Está acreditado que mediante telegrama N. C.592 del 21 de diciembre de
1999, el capitán Germán Duarte, en calidad de jefe de división de normas de vuelo, y
Gilberto Alemán, en calidad de jefe encargado del grupo técnico de la Aerocivil,
autorizaron la actividad de vuelo de la aeronave de matrícula HK-3752, según da
cuenta copia del referido telegrama49.
5.1.16. Está demostrado que mediante telegrama N. C.598 del 24 de diciembre de
1999, Gilberto Alemán, en calidad de jefe encargado del grupo técnico de la Aerocivil,
autorizó la actividad de vuelo de la aeronave de matrícula HK-3859, según da cuenta
copia del referido telegrama50.
5.1.17. Consta que mediante telegrama N. C.024 del 17 de enero de 2000, Gilberto
Alemán, en calidad de jefe encargado del grupo técnico de la Aerocivil, autorizó la
actividad de vuelo de la aeronave de matrícula HK-3958, según da cuenta copia del
referido telegrama51.
6. De la indebida escogencia de la acción
Establecidos los hechos probados, encuentra la Sala que la parte séptima “régimen
sancionatorio”, capítulo I “de las infracciones y sanciones” de los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia (RAC), establece que la suspensión de las operaciones
aéreas corresponde a la sanción impuesta frente a hechos que puedan constituir
una infracción.
47 Fl. 373 a 374, C. Pruebas 10.
48 Fl. 132, C. Pruebas 7.
49 Fl. 143, C. Pruebas 7.
50 Fl. 230, C. Pruebas 7.
51 Fl. 357 anverso, C. Pruebas 7.
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Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
En efecto, el numeral 7.1.1.2 de la parte séptima de la RAC, establece que las
actuaciones administrativas desarrolladas por la Aerocivil “durante la investigación
y aplicación de sanciones de que trata esta parte, estarán inspiradas en los
principios de presunción de inocencia, favorabilidad, debido proceso, derecho de
defensa, economía, celeridad, igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, publicidad y contradicción, de que tratan la Constitución Nacional, el
Código Contencioso Administrativo y la Ley 489 de 1998”.
Por su parte, el numeral 7.1.1.3 ibídem refiere que “se entiende por facultad
sancionatoria, la que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -
UAEAC de acuerdo a la Ley, a través de las dependencias y funcionarios
competentes al efecto, para sancionar a cualquier persona que viole las normas
aeronáuticas”.
Al respecto, se tiene que el numeral 7.1.2 de la RAC, prevé como infracción “toda
violación a las normas contenidas en los convenios internacionales sobre aviación
civil en que Colombia sea parte y sus anexos; a las normas contenidas en el Libro
Quinto, Parte Segunda del Código de Comercio (“De la Aeronáutica”); y a las
contenidas en el presente Reglamento Aeronáutico y de manera especial las
señaladas en este Capítulo como tales, así como a cualquier otra norma
relacionada con el sector aeronáutico, ya sea por acción o por omisión”.
De hecho, entre las sanciones que puede imponer la Aerocivil ante las violaciones
de los reglamentos aeronáuticos, se encuentra la de suspensión del permiso de
operación, la cual corresponde a infracciones expresamente previstas en los
reglamentos aeronáuticos contenidas en los numerales 7.1.7. “de las sanciones”,
clasificadas en: “7.1.7.1. Infracciones a las normas administrativas” y “7.1.7.2.
Infracciones a las normas técnicas”.
Por otra parte, los numerales 7.2.1.10 y 7.2.1.10.1 del capítulo de “procedimientos”
de la RAC, contemplan las siguientes medidas preventivas:
“7.2.1.10. Medidas Preventivas
Cuando se trate de infracciones detectadas en flagrancia cuya realización atente
contra la seguridad aérea o aeroportuaria, se tomarán las medidas preventivas
20
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
inmediatas que sean necesarias para neutralizar la situación de peligro creada por el
infractor, las cuales pueden incluir medidas de conducción y retiro de personas y
bienes, para lo cual se podrá contar con el apoyo de autoridades policivas.
En aplicación de lo anterior, los inspectores de operaciones y de aeronavegabilidad o
funcionarios designados, podrán disponer como medida preventiva la suspensión del
ejercicio de algún privilegio contemplado en el correspondiente permiso (de operación
o funcionamiento) o licencia (de personal aeronáutico), la suspensión de
actividades de vuelo de alguna aeronave, la remoción de cualquier aeronave o
equipo en los aeropuertos, o la suspensión de trabajos de mantenimiento reparación
o alteración sobre aeronaves o partes, hasta tanto haya cesado la situación de riesgo.
(…) La medida preventiva se levantará, de oficio o a solicitud de parte, una vez el
funcionario a cargo de la investigación tenga certeza que la situación de peligro ha
sido neutralizada o conjurada.
Las medidas preventivas se cumplirán inmediatamente. En tal razón, el
funcionario que las imponga ejecutará las acciones necesarias para su
oportuna efectividad, sin detrimento de los recursos que, en el efecto
devolutivo, procedan contra la respectiva providencia conforme al numeral
anterior.
Cuando se haya tomado medida preventiva de inmovilización o suspensión de
actividades, la dependencia competente para sancionar deberá dentro de un plazo
máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha en que se reciba la actuación,
confirmar o revocar la medida. (Adicionado Art.3 Res.03313 de septiembre 11/2000).
7.2.1.10.1. Cuando se detecten hechos u omisiones que, aun sin constituir
infracción, entrañen grave e inminente riesgo para la seguridad aérea, o para la
vida o bienes de las personas, en relación con las actividades aeronáuticas,
igualmente se podrán adoptar medidas preventivas como las señaladas,
tendientes a conjurar la situación de peligro creada. La adopción de estas
medidas, no estará sujeta a un procedimiento especial, pero habrá de tenerse
en cuenta que la actuación que en tal sentido se surta, respete los derechos y
garantías procesales del afectado, consagrados en la Constitución, Ley y en
estos Reglamentos, sin detrimento de su finalidad esencial relacionada con la
preservación de la seguridad aérea en defensa del derecho fundamental a la
vida de las personas.
La Dirección de Operaciones aéreas dispondrá la inmediata suspensión de
actividades de vuelo a aeronaves o sus tripulantes, cuando se detecten riesgos
derivados de violación al espacio aéreo o cuando tales operaciones den lugar
a la interceptación de las mismas o afecten la seguridad aérea, y en general
cuando se tenga conocimiento de situaciones que impliquen grave e inminente
riesgo para la seguridad aérea o flagrante violación a las normas aeronáuticas.
En estos casos, los controladores de tránsito aéreo nacionales o de otros
países, inspectores de operación o de aeronavegabilidad, así como cualquier
otro funcionario, o miembro de la fuerza pública u organismos de seguridad del
Estado, tan pronto tengan conocimiento de los hechos contactarán a la
Dirección de Operaciones Aéreas, por el medio más rápido posible (radial,
telefónico, AFTN, etc.) para que esta adopte la medida pertinente.
Tal determinación será comunicada a más tardar al día hábil siguiente a la
dependencia competente para conocer del hecho, a fin de que esta proceda conforme
corresponda. (Modificado Art.5 Res.03313 de septiembre 11/2000)"
21
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, está probado que el 16 de octubre de
1999, Manuel Meza, en calidad de inspector de aeronavegabilidad de la Aerocivil,
realizó inspección a las aeronaves de Inter identificadas con matrículas HK-3752,
HK-3859 y HK- 3958, en la cual advirtió que aquellas no tenían legalizada la
configuración interior y no cumplían con el plan de acción que tenía como fecha
límite el 15 de octubre de 1999 (hecho probado 5.1.11).
Además, quedó probado que el 16 de octubre de 1999, Rodrigo Cabrera, en calidad
de Jefe Oficina Control y Seguridad Aérea de la Aerocivil, mediante telegrama No.
474-A, ordenó suspender “toda actividad de vuelo” de las aeronaves de Inter con
matrícula HK- 3752, 3859 y 3958 (hecho probado 5.1.12).
Así pues, no cabe duda a la Sala que la decisión contenida en el telegrama No. 474-
A del 16 de octubre de 1999 (suspender las operaciones de vuelo de las aeronaves
HK- 3752, 3859 y 3958 de Inter) constituye un verdadero acto administrativo por medio
del cual la autoridad aeronáutica tomó una decisión que produjo efectos jurídicos en
los derechos de Intercontinental de Aviación S.A.
Al respecto, el Consejo de Estado, en anterior oportunidad fue enfático al señalar que
el radiograma o telegrama por medio del cual la Aerocivil suspende operaciones de
vuelo constituye un acto administrativo de carácter general con efectos particulares.
De hecho, en esa ocasión esta Corporación sostuvo:
“El acto demandado (Radiograma)
“00399 03040377 0377 222028 0 0 0 0 0 0 AFTN
VRS 0377 222029
GG SKBOYTYU
GG CIRCYAYO CIRCULAR SKEKZQZX
172330 SKEDZQZX
PARTIR HORA Y FECHA NINGUNA AERONAVE DE LA EMP WEST
CARIBBEAN PODRA VOLAR EN EL ESPACIO AEREO COLOMBIANO. POR
INSPECCION TÉCNICA HASTA NUEVO AVISO. AUT CORONEL VICTOR
PLATA DIOPE.
JD/LL172340”
El radiograma transcrito constituye un acto administrativo de carácter general con
efectos particulares, es decir, dispone que a partir de la fecha y la hora en que se
22
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
emitió el radiograma no podrá volar en el espacio aéreo colombiano ninguna aeronave
de la empresa West Caribbean”.52
La medida consignada en el acto administrativo es una medida preventiva, un acto
de ejecución inmediata dictado con base en el poder de policía y la facultad
discrecional de la Aerocivil tendiente a preservar la seguridad de una actividad
riesgosa y peligrosa, como es la aviación.
En vista de lo anterior, fuerza es concluir para la Sala que la decisión contenida en
el radiograma del 16 de octubre de 1999 por medio de la cual se suspendió la
actividad de vuelo de las aeronaves de Inter, constituye un acto administrativo de
carácter general con efectos particulares por cuanto modificó la situación jurídica
del demandante al no permitirle seguir realizando su actividad comercial.
Precisamente, sobre la facultad discrecional de la administración esta Corporación
ha señalado que es una potestad jurídica del Estado que permite a la autoridad
administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas adoptar una
u otra decisión53.
Así las cosas, es dable concluir que en el asunto bajo examen, la autoridad
Administrativa (Aerocivil) a través de funcionario competente (Jefe Oficina Control
y Seguridad Aérea) tomó la decisión de suspender operaciones aéreas de las
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de
febrero de 2014. Rad.: 250002324000200600010 01.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 3 de
agosto de 2006, Rad.: 250002325000200004814 01(0589-05): “Tratándose de la facultad
discrecional, reiteradamente se ha dicho que es una potestad jurídica del Estado que permite a la
autoridad administrativa en presencia de circunstancias de hecho determinadas, adoptar una u otra
decisión; es decir, cuando su conducta o forma de proceder no esté previamente determinada por la
ley. En estos eventos, el servidor público es libre para apreciar, valorar, juzgar y escoger la
oportunidad y el contenido de su decisión dentro de las varias posibilidades. No obstante, el ejercicio
de la potestad discrecional no es ilimitado, sino menguado por el principio de la relatividad, que se
traduce en que la distribución del poder se construye sobre la contención del mismo, es el sistema
de pesos y contrapesos expuesto por Montesquieu, que impide la existencia de potestades absolutas
que corrompen absolutamente. La facultad discrecional no implica el fuero de intangibilidad sobre
los actos administrativos, pues ello conllevaría admitir el poder majestuoso y soberbio del Estado en
una clara alusión a la administración para satisfacer caprichos individuales. La regla y medida de la
discrecionalidad es la razonabilidad, vale decir la discrecionalidad es un poder en el derecho y
conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y
ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés
general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la
decisión que mejor convenga a la comunidad. No puede olvidarse que la ley en las oportunidades
que autoriza el ejercicio del poder discrecional, exige en todo caso que tal potestad debe
desarrollarse en forma adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos
que le sirven de causa. (artículo 36 del C.C.A.)”.
23
Radicado: 250002326000200100240 03 (43454)
Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
aeronaves de matrícula HK- 3752, 3859 y 3958 de Inter (hecho probado 5.1.12),
porque se le había informado previamente que no cumplían con el reglamento
aeronáutico (hecho probado 5.1.11), determinación que a su turno impactó o
produjo efectos jurídicos sobre la actividad comercial de la parte demandante.
Ahora, aunque la parte accionante alega que la decisión adoptada por la Aerocivil
el 16 de octubre de 1999, consistente en suspender las actividades de vuelo de las
aeronaves de Inter, no constituye un verdadero acto administrativo porque no
estaba motivado, lo cierto es que el Consejo de Estado54 ha indicado que por la
peligrosidad de la actividad aérea y la urgencia de la medida que se va adoptar para
conjurar o precaver el riego, se atenúa la exigencia de la motivación del acto. De
hecho, es importante reiterar que el numeral 7.2.1.10.155 de la parte séptima de los
reglamentos aeronáuticos prevé que la medida debe adoptarse por el medio más
rápido para adoptar la medida pertinente.
En ese orden de ideas, advierte la Sala que con los fundamentos expuestos en la
demanda de reparación directa se busca es controvertir la legalidad de un acto
administrativo, pues la parte actora enfatizó como sustento de sus pretensiones que
la Aerocivil, mediante la decisión de suspender las operaciones aéreas de tres de
sus aviones, le causó un daño.
De lo anterior se concluye que el daño antijurídico cuya reparación se pretende en
la acción de reparación directa, como se indica en la demanda, no se causó en
virtud de operaciones, hechos u omisiones de la administración que a su turno
permitan aplicar el título de responsabilidad del daño especial o falla en el servicio
que alega la parte actora, pues es evidente que el referido daño se originó con la
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 de
febrero de 2014. Rad.: 250002324000200600010 01: “Infiere la Sala que en el presente caso la
exigencia de la motivación, fue atenuada por la urgencia de la medida (…)”.
55 “7.2.1.10.1. La Dirección de Operaciones aéreas dispondrá la inmediata suspensión de actividades
de vuelo a aeronaves o sus tripulantes, cuando se detecten riesgos derivados de violación al espacio
aéreo o cuando tales operaciones den lugar a la interceptación de las mismas o afecten la seguridad
aérea, y en general cuando se tenga conocimiento de situaciones que impliquen grave e inminente
riesgo para la seguridad aérea o flagrante violación a las normas aeronáuticas. En estos casos, los
controladores de tránsito aéreo nacionales o de otros países, inspectores de operación o de
aeronavegabilidad, así como cualquier otro funcionario, o miembro de la fuerza pública u organismos
de seguridad del Estado, tan pronto tengan conocimiento de los hechos contactarán a la Dirección
de Operaciones Aéreas, por el medio más rápido posible (radial, telefónico, AFTN, etc.) para que
esta adopte la medida pertinente”. (se subraya)
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Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
orden contenida en el radiograma del 16 de octubre de 1999, proferido por la
Aerocivil a través del Jefe Oficina Control y Seguridad Aérea. Por otra parte, en
efecto la decisión cuestionada no puede considerarse como un hecho
administrativo dado que fue voluntad explícita de la administración suspender la
operación área de los aviones de Inter.
Según lo expuesto, se advierte que, aunque en la demanda se manifestó que la
Aerocivil no expidió ningún acto administrativo, y que se pretende la reparación de
un daño antijurídico por hechos y omisiones de la entidad demandada, lo cierto es
que los argumentos y fundamentos del escrito introductorio para obtener la
declaratoria de responsabilidad del Estado devienen de controversias y
cuestionamientos de la licitud del radiograma del 16 de octubre de 1999 (hecho
probado 5.1.12) que, como se dijo es un acto administrativo.
Así las cosas, debe precisarse que la escogencia de las acciones en ejercicio de las
cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no
depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio
alegado y del fin pretendido.
En este sentido, mientras que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
procede en aquellos eventos en los cuales el daño es consecuencia de un acto
administrativo particular que se considera ilegal (artículo 85 C.C.A.); la reparación
directa lo es en los casos en los que la afectación se deriva de un hecho, omisión,
operación administrativa o en un acto administrativo, siempre que no se cuestione
su legalidad (artículo 86. C.C.A.)56.
A modo de conclusión, se evidencia que en el caso objeto de estudio el daño
alegado por la parte actora no deviene de hechos, omisiones y operaciones
administrativas de la Aerocivil, sino de un acto administrativo que considera que fue
ilegal.
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, Rad.:16079. Igualmente, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 59.236.
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Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
En vista de lo expuesto, se infiere que la fuente del daño que origina la reclamación
de perjuicios al Estado se deriva de la ilegalidad de la orden contenida en el
radiograma del 16 de octubre de 1999, lo que determina que la acción judicial
procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y, al escoger
indebidamente la acción para reclamar los perjuicios que persigue, se configuró una
ineptitud sustantiva de la demanda.
Sobre el particular, es menester poner de presente que el libelo introductorio se
presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo, de donde se deriva
que la escogencia de la acción es un presupuesto procesal que constituye uno de
los presupuestos necesarios para adelantar adecuadamente el proceso y proferir
un fallo de fondo, por lo que el ejercicio inadecuado de esta configura la excepción
de inepta demanda por ausencia de sus requisitos formales57, en la medida en que
cada uno de los mecanismos previstos en la ley se encuentran instituidos para
dirimir un tipo de controversia específica, por lo cual los requisitos de cada una de
las acciones son distintos58 y su inobservancia hace imposible realizar un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto objeto de litis59.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia
del 17 de agosto de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar probada la
excepción de indebida escogencia de la acción.
7. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no encuentra evidente una
actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para ésta proceda.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias de 4 de diciembre de 2020, Exp. 48774; de 20
de noviembre de 2020, Exp. 59214; de 24 de septiembre de 2020, Exp. 61280 y de 20 de abril de
2020, Exp. 48673.
58 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto de 2 de marzo de 2020, Rad.: 60036
59 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 15 de abril de 2014, Rad.: 30280
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Demandante: INTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de agosto de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, y en su lugar DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE INEPTA
DEMANDA por indebida escogencia de la acción, propuesta por la parte
demandante, según lo expuesto en precedencia.
SEGUNDO: Sin costas.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
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