RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2001-01695-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2001-01695-01

Fecha
13 de julio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2001-01695-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el 29 de julio de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual quedará así: <<PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas>>. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2001-01695-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

13 de julio de 2022

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros
Demandados: Rama Judicial y otra

Tema: Responsabilidad por hechos de la administración de justicia. Se
revoca la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Rama Judicial y, en su lugar, se niegan las
pretensiones porque la indemnización de los mismos perjuicios que
aquí se reclaman fue resuelta en un proceso arbitral promovido por
las demandantes, y los perjuicios no fueron probados.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada el 29 de julio de 2010 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la que se declaró la falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y se negaron las
pretensiones de la demanda en relación con la Cámara de Comercio de Bogotá.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996 contra una sentencia
proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, dentro de un proceso
de reparación directa por hechos de la administración de justicia.

El recurso de apelación fue admitido el 25 de marzo de 2011 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 29 de abril de 2011. La parte
demandante y Cámara de Comercio de Bogotá presentaron alegatos de
conclusión. La Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

1

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 30 de julio de 2001
por las sociedades Frosst Laboratories Inc., Merck Frosst Canada & Co. (antes
Merck Frosst Canada Inc.) y Merck & Co. Inc. (en adelante, las sociedades
demandantes). Se dirigió contra la Rama Judicial y la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB) para obtener la reparación del daño causado por el trámite de un
proceso arbitral en su contra surtido en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
CCB.

2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:

2.1.- El 23 de junio de 1986 las sociedades demandantes celebraron varios
contratos con Tecnoquímicas S.A. En todos los contratos se pactó una cláusula
compromisoria que indicaba que las controversias serían resueltas por un tribunal
arbitral conformado bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)
con sede en Newark, Estados Unidos de América.

2.2.- El 3 de febrero de 1997 las sociedades demandantes presentaron una
demanda arbitral ante la CCI, por incumplimiento contractual de Tecnoquímicas
S.A.

2.3.- Por su parte, el 7 de marzo de 1997 Tecnoquímicas S.A. presentó una
demanda arbitral contra las sociedades demandantes ante la CCB, en la que
pidió la declaratoria de la existencia de un contrato de agencia comercial.

2.4.- El 31 de marzo de 1997 la directora del Centro de Arbitraje de la CCB
admitió la demanda presentada por Tecnoquímicas S.A. Las sociedades
demandantes presentaron recurso de reposición contra esta decisión, en el que
argumentaron que la demanda debía ser rechazada porque la CCB carecía de
jurisdicción y competencia de acuerdo con las cláusulas compromisorias.

2.5.- Mediante providencia del 25 de agosto de 1997 la directora del Centro de
Arbitraje de la CCB se inhibió de resolver los recursos de reposición contra el
auto admisorio de la demanda arbitral porque la decisión sobre la competencia
recaía en los árbitros y el Centro no tenía funciones jurisdiccionales.

2.6.- Las sociedades demandantes contestaron la demanda arbitral y, entre otras,
formularon las excepciones previas de falta de jurisdicción y pleito pendiente. La
CCB siguió con el trámite, en desarrollo del cual celebró la audiencia de

2

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

conciliación y designó a los árbitros. Las sociedades demandantes se opusieron
a estas actuaciones.

2.7.- El 10 de agosto de 1998 las sociedades demandantes interpusieron una
acción de tutela contra la CCB porque, en su concepto, el Centro de Arbitraje sí
tenía facultades para decidir de fondo sobre la admisión de la demanda arbitral,
por lo que no podía inhibirse de resolver los recursos contra esa decisión, y con
su actuación permitió que existieran dos trámites simultáneos por los mismos
hechos.

2.8.- Mediante sentencia del 24 de agosto de 1998 la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá tuteló los derechos de las sociedades demandantes y ordenó
a la CCB resolver de fondo los recursos de reposición contra el auto que admitió
la demanda arbitral presentada por Tecnoquímicas S.A. El fallo fue impugnado
por la CCB y Tecnoquímicas S.A.

2.9.- El 28 de agosto de 1998, en cumplimiento del fallo de tutela, la directora
del Centro de Arbitraje de la CCB revocó el auto admisorio de la demanda arbitral
y rechazó la demanda presentada por Tecnoquímicas S.A., debido a que las
partes acordaron que el conflicto sería resuelto por un tribunal conformado bajo
las reglas de la CCI.

2.10.- El 25 de septiembre de 1998 la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia revocó el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá porque consideró que no se presentó una vía de hecho sino una
diferencia de opiniones en cuanto a la interpretación de la ley y, por ende, la
acción de tutela no era procedente.

2.11.- El 7 de diciembre de 1998 se conformó el tribunal de arbitramento en la
CCB. En la audiencia de instalación se fijaron honorarios para los árbitros y el
secretario, y los gastos del Centro. Los honorarios y gastos fueron pagados
únicamente por Tecnoquímicas S.A. como parte convocante, que además pagó
la parte de las convocadas.

2.12.- El 10 de diciembre de 1998 el árbitro designado por la CCI profirió el laudo
en el que condenó a Tecnoquímicas S.A. a indemnizar a las sociedades
demandantes, incluidos los gastos por representación judicial. Esta providencia
fue comunicada a los árbitros de la CCB el 2 de enero de 1999.

2.13.- El 19 de marzo de 1999 los árbitros designados por la CCB se declararon
competentes para conocer las pretensiones de Tecnoquímicas S.A. relacionadas
con una presunta agencia comercial. Las sociedades demandantes recurrieron
esta decisión, que fue confirmada por los árbitros el 8 de abril de 1999.

3

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

2.14.- Mediante la sentencia SU-600 del 18 de agosto de 1999, la Corte
Constitucional revocó la sentencia de tutela proferida por la Corte Suprema de
Justicia y ordenó a la CCB pronunciarse de fondo sobre los recursos de
reposición contra el auto admisorio de la demanda arbitral. La Corte señaló que
la directora del Centro de Arbitraje tenía la función de decidir sobre la admisión,
inadmisión o rechazo de la demanda, y por esa razón debía resolver los recursos
contra sus decisiones.

2.15.- Como consecuencia de la sentencia de la Corte Constitucional, el 9 de
septiembre de 1999 la directora del Centro de Arbitraje de la CCB resolvió de
fondo el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda
arbitral y, en su lugar, rechazó la demanda con fundamento en que el centro
designado por las partes era la CCI y no la CCB.

2.16.- Ese mismo día los árbitros convocaron a una nueva audiencia en la cual
terminaron el proceso arbitral y decidieron retener los honorarios pagados.

3.- Según las sociedades demandantes, el daño fue causado por la conducta de
la CCB debido a que: (i) los actos del Centro de Arbitraje en la etapa prearbitral
eran jurisdiccionales porque estaba encargado de decidir sobre la admisión,
inadmisión o rechazo de la demanda arbitral, por lo que no podía abstenerse de
resolver los recursos de reposición contra el auto admisorio; y (ii) existió una
<<cadena de hechos irregulares>> en el trámite prearbitral que solo cesó cuando
el Centro de Arbitraje acató la sentencia de la Corte Constitucional y rechazó la
demanda.

4.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que: (i) incurrió en gastos
por mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) como consecuencia de la
vinculación al proceso arbitral, pero no especificó si correspondían a honorarios
de abogados o a los honorarios y gastos de los árbitros, el secretario y el Centro
de Arbitraje; y (ii) pidió intereses moratorios desde la fecha en que la CCB se
inhibió de resolver los recursos contra el auto admisorio de la demanda arbitral
hasta la fecha en que se realice el pago efectivo.

5.- En el transcurso del proceso las sociedades demandantes precisaron que el
daño emergente se contrajo a los honorarios y gastos de defensa judicial 1, que
ascendieron a quinientos treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y dos mil
ciento sesenta pesos ($535.852.160) y ciento un mil veinticuatro dólares
americanos (USD 101.024).

1 Al descorrer traslado de las excepciones la parte demandante señaló que <<un capítulo básico de la

demanda, cual es el probatorio, (VI, 1, A) se encarga de postular la prueba necesaria para demostrar el daño
emergente, consistente en los “honorarios y gastos” cobrados a las demandantes por la defensa legal en el
caso que originó este proceso>> (fl. 271-272 c. 1). En los alegatos de conclusión de primera instancia
sostuvo que se demostró el daño emergente, consistente en los honorarios y gastos pagados a los abogados
que ejercieron su defensa judicial como consecuencia del proceso ante la CCB (fl. 393-420 c. 1).

4

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

B.- Posición de la parte demandada

6.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso los siguientes: (i) los árbitros obraron conforme
a derecho y terminaron el proceso en cumplimiento de la sentencia SU-600 de
1999; (ii) la Rama Judicial responde por los daños causados por los auxiliares de
justicia, mediadores, árbitros o conciliadores, pero no por las actuaciones de la
CCB como Centro de Arbitraje debido a que ésta no cumple una función judicial,
sino que se dedica al manejo administrativo y a la etapa prearbitral; y (iii) hubo
culpa de las sociedades demandantes porque presentaron la demanda arbitral
ante la <<Cámara de Comercio Internacional de París>> a pesar de que la sede
del tribunal debía ser en Newark.

7.- La Cámara de Comercio de Bogotá también se opuso a las pretensiones y
formuló las siguientes excepciones: (i) caducidad, debido a que las actuaciones
que generaron el daño fueron la admisión de la demanda arbitral y la inhibición
frente al recurso de reposición, y la demanda se presentó más de dos años
después de esas fechas; (ii) ineptitud sustantiva de la demanda por defectos
insubsanables, porque se demandó indistintamente a la <<Nación – Rama
Judicial – Cámara de Comercio de Bogotá>> y no se discriminaron los gastos
que configuraron los perjuicios; (iii) improcedencia manifiesta de la acción de
reparación directa porque la CCB no puede responder por hechos de la
administración de justicia, ya que, en sentido estricto, no ejerce una actividad
jurisdiccional; y (iv) relevancia de la conducta de la víctima, porque las demoras
en el trámite prearbitral obedecieron a la <<obstrucción>> de las sociedades
ahora demandantes, quienes trataron de imponer su criterio sobre la
interpretación de la cláusula compromisoria antes de que se instalara el tribunal.

C.- Sentencia recurrida

8.- En la sentencia del 29 de julio de 2010 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adoptó las siguientes decisiones:

8.1.- Declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Rama Judicial porque los hechos del proceso se relacionan
exclusivamente con la actuación de la CCB y esta no hace parte de su estructura.

8.2.- Negó las pretensiones de la demanda contra la CCB con fundamento en las
siguientes consideraciones:

a.- Para la época de los hechos el Centro de Arbitraje ejercía funciones
jurisdiccionales en la etapa prearbitral, entre las que estaba decidir sobre la
admisión, inadmisión o rechazo de la demanda. La CCB incurrió en un

5

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

<<funcionamiento irregular>> de esa actividad porque, injustificadamente, omitió
resolver los recursos interpuestos por las sociedades demandantes.

b.- Sin embargo, los perjuicios reclamados por las demandantes no son
imputables a la CCB, debido a que corresponden a costas procesales que
debieron ser fijadas al momento de la terminación del proceso arbitral con cargo
a Tecnoquímicas S.A.; si el tribunal arbitral no se pronunció frente a ello, las
sociedades demandantes debieron solicitarlo. La causa del daño no fue la
decisión inhibitoria de la CCB sino la convocatoria arbitral.

c.- Además, los perjuicios reclamados no fueron demostrados. Las certificaciones
aportadas y los testimonios practicados no acreditan el perjuicio por honorarios y
gastos de defensa judicial, pues no se aportaron las facturas, cuentas de cobro
ni recibos de pago que demuestren su pago efectivo.

D.- Recurso de apelación

9.- La parte demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se condene a las demandadas. Su inconformidad se centra en los
siguientes puntos:

9.1.- La Rama Judicial está legitimada en la causa porque el ejercicio erróneo de
la función jurisdiccional de un particular compromete su responsabilidad. La
autorización que otorga el Estado para implementar centros de arbitraje y
conciliación lo hace responsable de los hechos y omisiones acaecidos dentro de
un proceso arbitral. La parte demandada debe ser entendida en forma conjunta,
con independencia de quién haya causado el perjuicio.

9.2.- Lo pretendido no son las costas derivadas del proceso arbitral sino los
perjuicios causados por el error judicial de la CCB. En este caso no había lugar
a reclamar costas porque no hubo una parte vencida en el proceso arbitral,
debido a que este terminó sin resolución de fondo por falta de jurisdicción y
competencia del Centro de Arbitraje.

9.3.- El daño es antijurídico porque fue la consecuencia de una vía de hecho,
como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-600 de 1999.

9.4.- Los perjuicios reclamados sí están probados. En el expediente obran
certificaciones de los abogados en Colombia y en Estados Unidos que detallan
los valores efectivamente pagados por las demandantes con ocasión del proceso
arbitral iniciado por Termoquímicas S.A. ante la CCB.

6

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

II. CONSIDERACIONES

E.- Asuntos procesales

10.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos (2)
años previsto en el artículo 136 del CCA.

10.1.- El daño cuya reparación reclama la parte demandante es la vinculación y
permanencia indebida en un proceso arbitral sobre el que la CCB no tenía
jurisdicción, que atribuyó a una <<cadena de hechos irregulares>> en el trámite
de la etapa prearbitral.

10.2.- Si bien este daño inició con la admisión de la demanda arbitral, es decir, el
31 de marzo de 1997, se consolidó cuando, en cumplimiento de la sentencia SU-
600 de 1999, se resolvió el recurso contra ese auto, esto es, el 9 de septiembre
de 1999. Entre estos dos extremos habría ocurrido el daño atribuido a la
vinculación indebida al arbitraje. Por lo tanto, la demanda fue presentada
oportunamente el 31 de julio de 2001.

F.- Decisiones a adoptar

11.- La Sala revocará la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Rama Judicial. La legitimación en la causa por pasiva no puede
confundirse con el derecho de obtener una decisión de fondo en contra de la
persona o la entidad respecto de la cual se dirige la demanda. La legitimación
<<[c]omporta siempre una quaestio iuris y no una quaestio facti que, aunque
afecta a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse, con carácter
previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga a establecer si la
posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen,
efectivamente guardan coherencia jurídica. Se puede, por ello, estar legitimado y
carecer del derecho que se controvierte>>2.

12.- La acción de reparación directa se puede interponer contra cualquier
entidad o persona que la parte demandante considere que es la responsable
del daño y en este caso las demandantes afirmaron, de una parte, que el
ejercicio equivocado de la jurisdicción por un particular comprometía la
responsabilidad del Estado y, de otro lado, señalaron que la autorización de
funcionamiento también comprometía su responsabilidad porque comportaba
un deber de supervisión y vigilancia sobre sus actuaciones.

2 Montero Aroca, Juan. De la legitimación en el proceso civil. Editorial Bosch S.A., Barcelona 2007, p. 71.

7

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

13.- En su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda formuladas contra
la Rama Judicial y contra la CCB porque está demostrado que las demandantes,
en el proceso arbitral adelantado ante la CCI, solicitaron el reconocimiento y pago
por parte de Tecnoquímicas S.A. de los mismos perjuicios que reclaman en esta
demanda, y en dicho proceso se dispuso tal condena. Y, adicionalmente, porque
las demandantes no acreditaron los perjuicios materia de su reclamación.

G.- Tecnoquímicas S.A. fue condenada a indemnizar a las sociedades
demandantes los perjuicios que se reclaman en la demanda

14.- Las sociedades demandantes solicitaron en este proceso de reparación
directa la indemnización de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000)
por concepto de daño emergente, más intereses moratorios a título de lucro
cesante. Aunque en la demanda no discriminaron qué conceptos componían esa
suma, pidieron pruebas para demostrar <<los honorarios y gastos cobrados a las
demandantes por el trámite prearbitral y arbitral ante la Cámara de Comercio de
Bogotá>>3 y en el traslado de las excepciones insistieron en que los montos
solicitados correspondían a los honorarios y gastos <<cobrados a los
demandantes por la defensa legal en el caso que originó este proceso>>4.

15.- En la ley no está prevista la condena en costas por la terminación anticipada
del trámite arbitral contra la parte que lo promueve. De acuerdo con los artículos
1445 y 1546 del Decreto 1818 de 1998, vigentes para la época de los hechos7, la
condena en costas se impone en el laudo a la parte vencida. El argumento del
tribunal de primera instancia, acerca de que los demandantes debieron pedir la
condena en costas cuando se terminó anticipadamente el trámite arbitral, carece
entonces de sustento legal.

16.- Sin embargo, en el expediente está probado que en el trámite arbitral ante
la CCI la parte demandante formuló una pretensión destinada a que le fueran
reembolsados los costos por honorarios y gastos del proceso arbitral iniciado por
Tecnoquímicas S.A. ante la CCB8; y está demostrado que tal pretensión fue
resuelta en el laudo definitivo que ellas mismas aportaron al arbitraje ante la CCB.

3
Fl. 30 c. 1.
4 Fl. 271 c. 1.
5 <<De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reembolso se tendrán en

cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la
tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que
efectivamente cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. El Tribunal podrá en el laudo ordenar
compensaciones>>.
6 <<En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra condena>>.
7 Estas normas compilaron los artículos 22 y 33 del Decreto 2279 de 1989, que estaban vigentes desde

antes del inicio del proceso arbitral.
8 Las sociedades demandantes adicionaron sus pretensiones originales ante la CCI por cuenta del proceso

arbitral iniciado por Tecnoquímicas ante la CCB y solicitaron, entre otras medidas, que el árbitro <<ordene
a Tecnoquímicas a indemnizar a Merck por daños y perjuicios, incluyendo los costos y honorarios legales,
incurridos por Merck en el proceso de Bogotá instituido en forma indebida>>. “Pretensiones suplementarias
y solicitud de desagravio provisional y cautelar inmediata y daños y perjuicios adicionales”, 22 de mayo de
1997, traducción oficial realizada por María Mercedes Uricoechea (fl. 460-466 c. 7).

8

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

En las consideraciones de esta decisión, que fue trasladada a este proceso y
sobre cuyo valor jurídico la parte demandante ha insistido recurrentemente, el
árbitro único señaló lo siguiente:

<<El Árbitro ha dado la debida consideración a esta demanda y ha concluido que
Tecnoquímicas debe asumir los costos y los gastos en los que ha incurrido Merck
hasta la fecha, en relación con el proceso que fue instaurado por Tecnoquímicas
ante la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá el 7 de marzo de 1997 y que
ha sido revisado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial, por la
Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte
Constitucional de Colombia, puesto que ha sido el resultado del incumplimiento
de Tecnoquímicas de la Cláusula Compromisoria incluida en los Contratos y que
este Árbitro ha considerado que es plenamente válida. (…)

Por consiguiente, Tecnoquímicas debe indemnizar a Merck por los perjuicios,
incluyendo los costos y los gastos razonables de abogados en los que han
incurrido los Demandantes en el proceso de Bogotá y que, de acuerdo con la
declaración jurada conferida el 16 de octubre de 1998 por el señor Harold A.
Glasser, ascienden a COL $169.983.008 pesos>>9.

Y en la parte resolutiva se lee:

<<Tecnoquímicas deberá cancelar a los Demandantes la suma de COL
$169.983.008 (ciento sesenta y nueve millones novecientos ochenta y tres mil
ocho pesos moneda corriente de la República de Colombia), por concepto de los
gastos en que han incurrido los Demandantes con ocasión de la defensa en el
proceso que fue indebidamente iniciado ante la Cámara de Comercio de
Bogotá>>10.

17.- Al haber sometido esta pretensión a la decisión del tribunal de la CCI, las
demandantes reclamaron en esa instancia el reconocimiento y pago de perjuicios
de quien consideraron el causante del daño por la indebida vinculación al proceso
arbitral en Bogotá: la sociedad Tecnoquímicas S.A., quien promovió dicho
trámite. Como está probado que allí se produjo una resolución sobre este
aspecto, en la que se declaró responsable a Tecnoquímicas S.A. de la causación
de este perjuicio y se estableció el monto del mismo, las sociedades
demandantes no pueden, en otro proceso judicial, pretender un nuevo
reconocimiento sobre el mismo punto.

18.- Si las demandantes consideraban que la Rama Judicial y la CCB debían
responder solidariamente por el mismo perjuicio, debieron formular sus
pretensiones en ese sentido y precisar el alcance de la responsabilidad de las
entidades aquí demandadas, teniendo en cuenta la condena impuesta a
Tecnoquímicas S.A. Las demandantes: (i) no advirtieron esta circunstancia en la

9 Laudo definitivo del 10 de diciembre de 1998. Traducción oficial realizada por Paulina Zuleta Jaramillo,

aportada por Merck & Co. Inc., Frosst Laboratories Inc. y Merck Frosst Canada Inc. al expediente del proceso
arbitral ante la CCB (fl. 1155-1197 c. 5). El texto de esta versión coincide en lo esencial de estos apartes
con las traducciones de María Mercedes Uricoechea (fl. 417-499 c. 7) y Anthony Letts (fl. 546-618 c. 7).
10 Ídem, fl. 1197 c. 5.

9

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

demanda; (ii) no precisaron si consideraban que las demandadas eran deudoras
solidarias con Tecnoquímicas S.A., ni indicaron los fundamentos de dicha
consideración; y (iii) no cumplieron con la carga de determinar, en los términos
de los artículos 1571 y 1572 del Código Civil11, si la obligación fue satisfecha en
todo o en parte por esa empresa luego de ser condenada a hacerlo.

19.- Las sociedades demandantes, por el contrario, pretendieron obtener en dos
procesos la declaración sobre la existencia y el monto de los mismos perjuicios,
con lo cual desconocieron que, elegida una vía procesal para obtener esta
declaración, la parte debe estarse a lo resuelto en ella. Sobre este particular, la
jurisprudencia ha señalado:

<<Dentro de las opciones que la ley le otorga al perjudicado, éste puede optar
por la que mejor se acomode a sus aspiraciones e intereses jurídicos y
patrimoniales, pero sometido desde luego a los resultados favorables o
desfavorables que esa opción pueda hacia el futuro proporcionarle. De otra forma
se patrocinarían condiciones inaceptables desde el punto de vista procesal y
jurídico, que le permitirían al afectado transitar por dos jurisdicciones diferentes
en busca del resarcimiento más favorable y prevalido de una doble oportunidad
de sacar avante su aspiración resarcitoria, en condiciones que ciertamente no se
adecuan a un proceso justo y de equidad para las personas naturales o jurídicas
que se vean involucradas en cada accionar del afectado, con perjuicio del
principio de la cosa juzgada el que en todo caso se vería afectado con el fallo
definitivo posterior>>12.

20.- Adicionalmente, la doctrina ha señalado que el daño indemnizable es el
permanente o subsistente, es decir, el que no ha sido objeto de reparación. <<El
resarcimiento al crear una situación económicamente equivalente a la
comprometida absorbe económicamente el daño, aun no cancelando la sucesión
de los hechos y su producción>>, por lo que <<a efectos del resarcimiento, si
bien no se exige que el daño se realice permanentemente en el tiempo, es
imprescindible que no haya sido aún remediado y que, desde este punto de vista,
sea permanente>>13.

H.- La falta de prueba de los perjuicios reclamados

21.- En el recurso de apelación la parte demandante insistió en que los perjuicios
sí se probaron debido a que se aportó una certificación de la firma de abogados
Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda acerca de los honorarios pagados por el
trámite del proceso arbitral de la CCB, así como una certificación de Harold A.

11 Artículo 1571: <<El acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o

contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división>>.
Artículo 1572: <<La demanda intentada por el acreedor contra algunos de los deudores solidarios, no
extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte que hubiere sido satisfecha por el
demandado>>.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 24 de

septiembre de 1993, Exp. 8201. M.P.: Daniel Suárez Hernández.
13 De Cupis, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Barcelona: Bosch, 1970 (2ª edición),

trad. Ángel Martínez Sarrión, p. 775-776.

10

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

Glasser sobre los honorarios pagados a la firma Hughes Hubbard & Reed por la
asesoría relacionada con el trámite ante la CCB y su interacción con el proceso
adelantado ante la CCI. Sin embargo, estos documentos no prueban los
perjuicios reclamados:

21.1.- La certificación de la firma Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda no
demuestra el pago efectivo de la obligación cuya indemnización se pretende. El
pleno de esta Sección ha considerado que para probar este perjuicio se
requiere: (i) que se allegue la factura o documento equivalente, acompañada de
la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa
del perjudicado (artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario); (ii) que se encuentre
probado que el profesional del derecho beneficiario del mismo fungió en el
proceso como apoderado de la víctima directa; y (iii) que hayan sido reclamados
en la demanda por quien efectivamente realizó el pago14.

21.2.- El testimonio de una funcionaria de la firma de abogados15 tampoco
acredita el perjuicio porque, de conformidad con el artículo 232 del CPC, el pago
de la obligación debe demostrarse por el escrito correspondiente (la factura y el
comprobante de pago, en este caso), y la prueba testimonial no suple esa
exigencia, salvo en circunstancias excepcionales que no fueron justificadas16.

21.3.- La certificación de Harold A. Glasser y su respectivo testimonio17 no
demuestran las sumas pagadas a la firma Hughes Hubbard & Reed porque él era
el director del Departamento Legal Internacional de Merck y el documento es una
relación de gastos dirigida a su apoderado de entonces en Colombia; es decir, la
<<certificación>> es una afirmación de la misma parte demandante sobre los
gastos en los que habría incurrido, pero no demuestra el pago efectivo de las
sumas allí mencionadas.

I.- Costas

22.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 18 de julio de

2019, Exp. 44572. M.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera.
15 Testimonio de Norma Esperanza Méndez Valderrama, directora del departamento de Facturación de

Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (fl. 84-86 c. 2).
16 <<La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o

validez de un acto o contrato. Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención,
o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará
por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las
circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes
justifiquen tal omisión>>.
17 Memorando de Harold A. Glasser a Eduardo Zuleta, traducido por Jaime Garavito (fl. 2-34 c. 8), y

testimonio de Harold A. Glasser en el proceso de reparación directa (fl. 109-113 c. 2). Tampoco está
demostrado por el testimonio de Daniel H. Weiner, socio de Hughes Hubbard & Reed, por las mismas
razones indicadas frente al testimonio de Norma Esperanza Méndez Valderrama (fl. 91-94 c. 2).

11

Radicado: 25000-23-26-000-2001-01695-01 (40306)
Demandantes: Frosst Laboratories Inc. y otros

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida el 29 de julio de 2010 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la
cual quedará así:

<<PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas>>.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.