Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2001-01984-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2001-01984-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2001-01984-03
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Proceso: Reparación directa
INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO-No procede estudiar reparos en contra de una entidad que no fue
accionada en la demanda. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-LEGISLADOR-Recuento histórico y
jurisprudencial de este evento de responsabilidad. HECHO DEL LEGISLADOR-El Estado es responsable por
las leyes que impongan cargas públicas desproporcionadas a un particular. DAÑO ESPECIAL-Título de
imputación por el rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas. HECHO DEL LEGISLADOR-La
responsabilidad derivada de la declaratoria de inexequibilidad de una ley se determina por los efectos que la
sentencia atribuya a esa decisión. LEY 546 DE 1999-Ley marco en materia de vivienda. LEY 546 DE 1999-
Creó la UVR como sistema base para liquidar los intereses de los créditos de vivienda. LEY 546 DE 1999 y el
sistema jurídico anterior-Se fundamentó en la democratización del crédito y la garantía del derecho a una
vivienda digna. DAÑO ANTIJURÍDICO-No se configuró porque, en procura del interés general, el afectado
tenía el deber jurídico de soportarlo. REPARACIÓN DIRECTA-Ausencia de fundamento fáctico para adelantar
el juicio de imputación de responsabilidad.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia de 31 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
En el año 1992, el Congreso de la República expidió la Ley 31, que otorgó al
Banco de la República facultades para fijar el valor de la Unidad de Poder
Adquisitivo Constante-UPAC conforme a los movimientos de la tasa de interés. A
su vez, la Junta Directiva del Banco de la República emitió la Resolución Externa
No. 18 del 30 de junio de 1995, cuyo artículo primero preveía el cálculo del UPAC.
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Con motivo de la crisis financiera en el sector inmobiliario en la década de los
noventa, el Congreso de la República expidió la Ley 546 de 1999, que reemplazó
la base para liquidar créditos de vivienda y modificó los créditos pactados bajo el
sistema UPAC, los cuales pasaron a liquidarse con base en la UVR.
Las demandantes, entidades financieras de crédito hipotecario, alegan perjuicios
por la expedición de normas contrarias al ordenamiento jurídico, sumado a que el
cambio normativo incidió en el giro ordinario de sus negocios y ocasionó nuevos
pleitos judiciales en su contra.
ANTECEDENTES
La demanda
El 24 de agosto de 2001, Colmena Establecimiento Bancario –hoy Banco Caja
Social S.A.–, la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas –hoy Banco Comercial
AV Villas S.A.–, Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. –fusionada al Grupo
Bancolombia– y el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. –hoy DaviBank
S.A– formularon demanda de reparación directa contra la Nación-Congreso de la
República, la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la
República, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
“Primera: Que se declare que la Nación Colombiana Ministerio de Hacienda, la
Nación Colombiana - Congreso de la República y el Banco de la República son civil
y solidariamente responsables de los daños causados al Banco Colpatria Red
Multibanca Colpatria S.A., a la Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas, a
Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. y a Colmena Establecimiento Bancario,
de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda.
Segunda: Que, en consecuencia, se condene a la Nación Colombiana Ministerio de
Hacienda, a la Nación Colombiana Congreso de la República y al Banco de la
República, a indemnizar al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., a la
Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas, a Conavi Banco Comercial y de
Ahorros S.A. y. a Colmena Establecimiento Bancario, las mermas patrimoniales
producidas hasta el momento del fallo, bien porque se encuentren consolidadas
desde antes de la presentación de la demanda, y por aquellas que se consoliden
durante el transcurso del proceso, o aún por aquellas que para entonces aparezcan
demostradas como de inminente realización en el futuro, sufridas de conformidad
con los hechos del presente proceso y establecidas en el mismo, en los términos
del artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
Tercera: Que se condene a la Nación Colombiana Ministerio de Hacienda, a la
Nación Colombiana - Congreso de la República y al Banco de la República, al pago
de las costas del presente proceso, incluidas las correspondientes agencias en
derecho, al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., a la Corporación de
Ahorro y Vivienda AV Villas, a Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. y a
Colmena Establecimiento Bancario.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Cuarta: Que toda suma a la que sea condenada la Nación Colombiana - Ministerio
de Hacienda, la Nación Colombiana Congreso de la República y el Banco de la
República sea actualizada de conformidad con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998
y, en todo caso de la mejor manera para las demandantes.
Quinta: Que se ordene a las autoridades a quienes corresponda la ejecución de la
sentencia dar aplicación a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo”1.
Hechos
La demanda afirma que el Congreso de la República expidió la Ley 31 de 1992,
que asignó al Banco de la República la facultad de fijar la metodología para
determinar el valor de la UPAC. A su vez, la Junta Directiva del Banco de la
República expidió la Resolución Externa No. 18 del 30 de junio de 1995, cuyo
artículo primero preveía el cálculo del UPAC «equivalente al setenta y cuatro por
ciento (74%) del promedio móvil de la tasa DTF efectiva de que tratan las
resoluciones 42 de 1988 de la Junta Monetaria y Externa No. 17 de 1993 de la
Junta Directiva». Así, determinaron que la liquidación del valor de la UPAC no se
efectuaría sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor-IPC, sino
respecto de la tasa variable por depósito a término fijo-DTF.
El 16 de noviembre de 1998, el Presidente de la República profirió el Decreto
2330, mediante el cual declaró el estado de emergencia económica y social en
todo el territorio nacional, entre otras razones, porque las altas tasas de interés y
el desempleo produjeron un desbordamiento de la capacidad de pago del sistema
de financiación de vivienda UPAC. La demanda aduce que los deudores
financieros iniciaron una serie de manifestaciones públicas y de demandas contra
las normas que preveían el UPAC, a partir de las cuales se emitieron las
siguientes providencias judiciales:
1. Sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999, por la cual la Corte Constitucional
declaró inexequible la expresión «procurando que ésta también refleje los
movimientos de la tasa de interés en la economía», contenida en el literal f) del
artículo 16 de la Ley 31 de 1992.
2. Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, por medio de la cual la Corte
1 Folios 8-9 c. principal 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Constitucional declaró inexequible la totalidad de los artículos 18 a 23 y 134 a 140
del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Presupuesto, que estructuraban el
sistema UPAC.
3. Sentencia del 21 de mayo de 1999, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró la nulidad del artículo 1 de la Resolución
Externa No. 18, expedida el 30 junio de 1995 por el Banco de la República.
Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley 546 del 23 de
diciembre de 1999, por medio de la cual modificó las cláusulas pactadas en los
contratos de mutuo, reemplazó la UPAC por la Unidad de Valor Real-UVR, ordenó
la reliquidación de los créditos de vivienda y, en general, produjo múltiples
cambios al sistema de captación, endeudamiento y colocación de créditos
hipotecarios.
La demanda expone que (i) con motivo de los distintos cambios en el sistema
normativo de la UPAC -desde 1992-, y (ii) por la promulgación de la Ley 546 de
1999, los usuarios del sistema UPAC promovieron varias demandas en contra de
las entidades bancarias demandantes (para que se reliquidaran nuevamente los
créditos), el banco tuvo que asumir la dación en pago con bienes insuficientes
para pagar el valor de las deudas, y las corporaciones financieras sufrieron un
detrimento patrimonial que no debían soportar en el giro normal de sus negocios.
La demanda aduce el rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, bajo el
título de imputación de daño especial, porque el cambio de normativa del sistema
UPAC le ocasionó a las entidades demandantes de la Banca Especializada en
Cartera Hipotecaria una merma patrimonial, expresada en “la pérdida por los altos
costos que ha demandado la atención de los nuevos litigios en su contra, en los
costos asociados a su atención, en las repercusiones generales sobre el negocio
producidas por el cambio de normativa del sistema UPAC, en aspectos tales como
la morosidad de la cartera, las pérdidas por las daciones en pago forzosas, y el
buen nombre, entre otras”2.
2 Folio 8 c. principal 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Adición de la demanda
Conforme a lo previsto en el artículo 208 del CCA, el 31 de mayo de 2002 la parte
demandante presentó escrito de adición de la demanda3. Resaltó que el artículo
14 del Decreto 2331 de 1998, declarado exequible por la Corte Constitucional en
sentencia C-136 de 1999, ocasionó cuantiosos daños a las demandantes
«quienes debieron recibir como dación en pago por la totalidad de las obligaciones
a su favor toda una heterogeneidad de bienes raíces por su valor comercial, pese
a que el saldo de la deuda hubiere sido superior a dicho valor».
Destacó que la sentencia C-383 de 1999, con base en la cual se ajustaron las
cuotas de las deudas existentes en UPAC, generó daños evidentes para las
demandantes, y que la sentencia C-700 de 1999 «amplió su alcance dañino» al
permitir el ajuste de los saldos de los créditos en UPAC y advertir a los deudores
afectados que gozaban de las acciones judiciales para solicitar la revisión de sus
contratos, la reliquidación de sus créditos y la devolución de lo pagado en exceso.
Refiere, en términos precisos, que «todos estos derechos nacieron para los
deudores a partir de la notificación de estas sentencias, lo cual contribuye a
apreciar cómo la declaratoria de inexequibilidad engendró un perjuicio a las
entidades actoras que debe ser reparado también por el Estado representado en
este proceso por las entidades demandadas (…)»4.
Contestaciones de la demanda
Congreso de la República
El Congreso de la República, al oponerse a las pretensiones, planteó la
imposibilidad legal del ejercicio de la acción de reparación directa, en cuanto la
demanda no pretende la reparación de los perjuicios causados por un hecho, una
omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
un bien inmueble. Explicó que este mecanismo no está consagrado para reclamar
el daño causado en el cumplimiento de la función esencial del Congreso, esto es,
hacer las leyes.
3 Folios 57-60 c. principal 1.
4 Folio 58 c. principal 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Enfatizó en que el trámite legislativo que culminó en la Ley 546 de 1999 se había
iniciado con motivo de la sentencia C-700 de 1999, por la cual la Corte
Constitucional declaró inexequibles todas las normas que estructuraban el sistema
UPAC.
Adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que su rol legislativo
se limitó a la expedición de la Ley 546 de 1999, ley marco en materia de créditos
de vivienda, pero que el desarrollo del contenido de esa ley fue asignado al
Gobierno Nacional, que ejerció dicha función mediante el Decreto 2703 de 1999 –
proferido por el Ministerio de Hacienda–, norma que reguló el sistema
especializado para la financiación de vivienda y, además, se encargó de
determinar la equivalencia entre la UPAC y la UVR.
Agregó que, en sentencia C-955 de 2000, la Corte Constitucional declaró
inexequibles algunos apartes del artículo 3 de la Ley 546 de 1999 que delegaban
al Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES la fijación del valor
de la UVR, así como la delegación al Gobierno Nacional de la equivalencia entre
el UPAC y la UVR. La sentencia explicó que esa función le correspondía al Banco
de la República, autoridad monetaria y crediticia. Acto seguido, el Banco de la
República expidió la Resolución Externa No. 13 de 2000, que estableció la
metodología para el cálculo del valor de la UVR, así como la Resolución Externa
No. 14 de 2000, que señaló la tasa máxima de interés remuneratorio sobre los
créditos de vivienda a largo plazo y proyectos de construcción.
Por último, resaltó que, la Corte Constitucional en varias oportunidades se ha
pronunciado sobre la exequibilidad de la Ley 546 de 1999, refiriendo puntualmente
a las sentencias C-955 de 2000, C-1140 de 2000, C-1265 de 2000 y C-1377 de
2000. Así las cosas, sostuvo que al Congreso de la República no le cabe
responsabilidad alguna por la expedición de la Ley 546 de 19995.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público alegó que no están comprobados los
elementos propios de la responsabilidad del Estado que permitan declarar la
5 Folios 162-185 c. principal 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
responsabilidad del Ministerio por la expedición de la Ley 546 de 1999. Sostuvo
que la grave coyuntura del sistema UPAC no tuvo origen en la regulación del
sistema financiero, en sí misma considerada, sino como «uno de los efectos del
desajuste de las principales variables macroeconómicas como consecuencia de la
variación de diversos factores propios de las condiciones cambiantes de la
economía, tanto a nivel interno como externo». En esa medida, manifestó que no
había nexo de causalidad y que la parte actora no acreditó la existencia de un
daño antijurídico.
Agregó que la merma patrimonial alegada es inherente a la actividad que
desarrollan las entidades bancarias demandantes, con fundamento en las
siguientes premisas: (i) la obligación de soportar el daño por la naturaleza de
servicio público de la actividad financiera; (ii) la expresa inexistencia de
antijuridicidad en el daño, y (iii) la obligación de soportar el daño derivado de las
facultades de intervención económica.
Expuso que, en la sentencia C-1140 de 2000, la Corte Constitucional únicamente
previó reclamaciones judiciales por los deudores del sistema UPAC contra las
entidades financieras por lo pagado en exceso, «pues conserva en su entender la
idea que son las entidades financieras también responsables por su propia
actuación de dichas reliquidaciones». Expuso que esa situación no le puede ser
imputada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puesto que este no obtuvo
un beneficio económico.
Banco de la República
El Banco de la República contestó que la crisis económica a finales de la década
de los noventa no se derivó de la política monetaria nacional, como afirma la
demanda, sino por una crisis financiera internacional que se agudizó por la
cesación de pagos de deuda por parte de Rusia y el ataque especulativo a la
moneda de varios países de América Latina. Refirió que muchos factores influyen
en la liquidez de la economía y en las tasas de interés, tales como la situación
internacional, las expectativas de devaluación o revaluación por parte de los
residentes en el país, la situación fiscal o la situación política.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Explicó que la demanda no satisface los requisitos previstos para ejercer la acción
de reparación directa, en tanto los perjuicios reclamados no provienen de una
acción u omisión del Banco de la República, sino a partir de la relación jurídica
entre los usuarios financieros y los establecimientos de crédito, así como las
eventuales controversias presentadas con relación a los contratos de mutuo y de
hipoteca celebrados entre estos.
Por último, manifestó que la demanda pretende derivar perjuicios de la
inexequibilidad de las normas que servían de base al Banco de la República para
emitir actos relacionados con el valor de la UPAC. Destacó que esas decisiones
judiciales se profirieron en cumplimiento de funciones constitucionales y legales.
Sentencia de primera instancia
El 31 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones, al estimar que no se acreditó la
antijuridicidad del daño. Señaló que el daño alegado por la parte demandante,
consistente en recibir bienes por dación en pago y dar por satisfecha la deuda
hipotecaria, así como el impacto económico negativo por el cambio de
normatividad en el sistema de liquidación de créditos hipotecarios, que mermó las
ganancias y su potencial de crecimiento, no revestía el carácter de antijurídico.
Consideró que los bancos que integran la parte demandante se encontraban en la
obligación de soportar el daño ocasionado con el cambio de normatividad, dado
que el acceso a la vivienda digna es un derecho de rango constitucional que el
Estado debe hacer efectivo. En esa medida, el Banco de la República actuó en
función de sus deberes como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, ya que le
corresponde democratizar el crédito y regular las tasas de interés de tal manera
que sea posible la realización del derecho a la vivienda digna. El Tribunal agregó
que el principio de la autonomía de la voluntad no es absoluto, pues encuentra
límites en el orden público, las buenas costumbres, la relación con la justicia y el
respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
El Tribunal concluyó que el sector financiero presta un servicio público y que,
frente a la crisis económica de 1998, el Estado colombiano tenía la obligación
constitucional de adoptar medidas oportunas y efectivas para garantizar el
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
derecho fundamental a la vivienda digna. Lo anterior, con fundamento en la
Constitución Política, el estado social de derecho, el principio de dignidad humana
y, específicamente, en el derecho fundamental de acceso a una vivienda digna, en
concordancia con las funciones constitucionales del Congreso de la República y
del Banco de la República.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia. Esgrimió
que el daño invocado tiene el carácter de antijurídico, en tanto la garantía del
derecho fundamental de acceso a la vivienda digna es responsabilidad del Estado
y no de los particulares, aunado a que no existe alguna imposición normativa que,
en acato del principio de legalidad, les imponga ese deber a los bancos
demandantes.
Planteó que los efectos de las crisis económicas cíclicas deben ser asumidos por
los partícipes en los mercados, pero estos mismos no están obligados a soportar
los daños ocasionados por cambios de normatividad (como consecuencia de la
decisión de inexequibilidad de varias normas declaradas por la Corte
Constitucional). En ese sentido, sostuvo que no se reclaman todos los daños
derivados de la crisis económica, sino los circunscritos al cambio de normatividad
del sistema UPAC. Manifestó que la sentencia de primera instancia generalizó los
aspectos de la crisis para atribuir su sanción a toda la población que la padeció,
sin estudiar la circunstancia específica reprochada en la demanda y que los
bancos no tenían el deber jurídico de soportar.
Sumado a lo anterior, argumentó que la democratización del crédito y la limitación
de la autonomía privada por razones de orden público no fueron argumentos de la
demanda ni objeto de debate en el proceso, y resultan totalmente ajenos al
elemento de antijuridicidad. Reiteró que las demandantes sufrieron un daño
especial que debe ser resarcido conforme a los principios constitucionales, la
normatividad vigente, los principios de la confianza legítima y certeza jurídica6.
6 Folio 932-939 c. principal del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
Trámite de segunda instancia
El 19 de febrero de 2019, el Tribunal concedió el recurso de apelación y el 3 de
mayo siguiente, el Despacho lo admitió. El 28 de junio de 2019, se corrió traslado
para alegar de conclusión en segunda instancia.
El Banco de la República, al cuestionar los argumentos del recurso de apelación,
señaló que la demanda no configura los presupuestos jurisprudenciales que
permiten la declaratoria de responsabilidad patrimonial por hechos, actos u
omisiones del legislador, aunado a que no se quebrantó la igualdad ante las
cargas públicas, por cuanto estas fueron asumidas por el Gobierno Nacional y
todo el sistema financiero7.
La parte demandante reiteró lo expuesto8. El Congreso de la República, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio Público guardaron silencio.
La consejera de Estado doctora Adriana Polidura Castillo manifestó impedimento
para conocer del presente proceso, con fundamento en el numeral 9 del artículo
150 del Código de Procedimiento Civil. El 2 de junio de 2026, el Magistrado
Ponente negó el impedimento manifestado, pues el hecho en el cual se funda no
se subsume en la causal invocada9.
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 24 de agosto de 2001, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante, CCA–. Conforme
al artículo 266 del CCA10, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso se regían por la ley vigente al momento de esas
actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del CPACA11 –que rige desde el 2 de
7 Folios 971-976 c. principal.
8 Folios 949-970 c. principal.
9 Auto notificado el 10 de junio de 2026, índices 101 y 103, Samai.
10 «Artículo 266. En los procesos iniciados antes de la vigencia del presente estatuto, los recursos
interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr, y las notificaciones y citaciones que se estén
surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, empezó a correr el término o principió a
surtirse la notificación (…)».
11 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y
procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían
conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme
al artículo 267 del CCA12, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de
Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que fuera compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 83 del CCA, modificado por el artículo 12 del
Decreto 2304 de 1989. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia
para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA13, según el
cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación
es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2
CPC, el valor de las pretensiones supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
132.6 del CCA14, esto es, $143.000.00015.
Acción procedente
3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
12 «Artículo 267. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción
en lo contencioso administrativo».
13 «Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]».
14 «Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales […]».
15 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2001, $286.000, por 500.
11
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo16, en este caso por daños
ocasionados –presuntamente– con la expedición de dos leyes expedidas por el
Congreso de la República; dos decretos reglamentarios expedidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y dos resoluciones expedidas por el
Banco de la República.
Legitimación en la causa
4. Colmena Establecimiento Bancario, la Corporación de Ahorro y Vivienda AV
Villas, Conavi Banco Comercial y de Ahorros S.A. y el Banco Colpatria Red
Multibanca Colpatria S.A. están legitimadas en la causa por activa, puesto que son
entidades de Banca Especializada en Cartera Hipotecaria que alegan como daño
antijurídico la merma patrimonial derivada de daciones en pago forzosas y por
tener que asumir litigios como consecuencia del cambio de normatividad que
terminó con el sistema UPAC y creó la UVR.
La Nación-Congreso de la República se encuentra legitimada en la causa por
pasiva, porque en virtud de su función constitucional de hacer las leyes (artículo
150 C.P.) expidió la Ley 31 de 1992, que reguló el sistema UPAC, así como la Ley
546 de 1999, que dispuso su reemplazo por la Unidad de Valor Real-UVR.
La Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentra legitimada en
la causa por pasiva, porque en virtud de su función constitucional reglamentaria
(artículo 189.11 C.P.) profirió los Decretos 663 de 1993, Decreto 2331 de 1998 y
Decreto 2703 de 1999, en desarrollo de la Ley 546 de 1999.
El Banco de la República también se encuentra legitimado en la causa por
pasiva, ya que es autoridad monetaria, cambiaria y crediticia y, en esa medida, le
corresponde regular el crédito público (artículos 371 y 372 C.P.). Además, porque
fue la entidad que expidió las Resoluciones n° 18 del 30 de junio de 1995 y n° 8 y
10 de 1999.
16 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 [fundamentos jurídicos 10 y 11] y sentencia del 8 de marzo de
2007, Rad. 16.421.
12
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
De la legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas a la
luz de las pretensiones por las decisiones adoptadas en sentencias
proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
5. La parte demandante formula demanda de reparación directa contra el
Congreso de la República, la Nación-Ministerio de Hacienda Pública y el Banco de
la República, para que se les declare patrimonialmente responsables por las
decisiones tomadas en las sentencias C-383 del 27 de mayo de 1999 y C-700 del
16 de septiembre de 1999, proferidas por la Corte Constitucional, así como la
sentencia del 21 de mayo de 1999, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. Igualmente, solicita que se declare la responsabilidad del Estado por la
expedición de la Ley 546 de 1999, por medio de la cual se dictan normas en
materia de vivienda y regula un sistema especializado para su financiación,
aduciendo que las citadas sentencias y esta legislación le causó un daño
antijurídico, en la medida que el cambio de normatividad que abolió el UPAC y
creó la UVR le generó un impacto económico negativo en el sistema de liquidación
de créditos hipotecarios, que mermó las ganancias y su potencial de crecimiento
financiero. Así se desprende de los hechos de la demanda.
En efecto, los hechos 9, 10 y 11 de la demanda se refieren a todos los
antecedentes jurídicos y fácticos que afectaron la capacidad de pago de los
créditos hipotecarios de los deudores del sistema financiero que desembocaron en
la emergencia económica del país, así como en la expedición de las sentencias C-
383 del 27 de mayo de 1999 y C-700 del 16 de septiembre de 1999, proferidas por
la Corte Constitucional y a la sentencia del 21 de mayo de 1999, dictada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, como fundamento de los daños sufridos. Y
en los hechos siguientes expone las decisiones de la Corte Constitucional que
afectaron a las entidades bancarias demandantes así:
El hecho 12 de la demanda manifiesta que:
“Como consecuencia de las demandas relatadas en el hecho 7, la Corte
Constitucional profirió la sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, con
ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo en el expediente D-
2374, en donde expresamente se afirmó en su parte resolutiva: Declárense
INEXEQUIBLES en su totalidad los siguientes artículos del Decreto 663 del 1993
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) que estructuraban el sistema UPAC:
13
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140 y en donde se precisó
que ‘los efectos de esta sentencia, en relación con la inejecución de las normas
declaradas inconstitucionales, se difieren hasta el 20 de junio del año 2000, pero
sin perjuicio de que, en forma inmediata, se de estricto, completo e inmediato
cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en sentencia C-383 del 27 de mayo de
1999, sobre la fijación y liquidación de los factores que inciden en el cálculo y
cobro de las unidades de poder adquisitivo constante UPAC, tal como lo dispone
su parte motiva, que es inseparable de la resolutiva y, por tanto obligatoria”.
Por su parte, el hecho 13 de la demanda puntualmente señala:
“En concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional C-700/99 ya referida,
el Congreso de la República, en sus funciones propias como legislador, expidió el
23 de diciembre de 1999 la Ley 546, en virtud de la cual se intervinieron y
alteraron las cláusulas pactadas que venían rigiendo los contratos de mutuo de los
prestatarios, los de depósito de los ahorradores, se reemplazó la UPAC por la
UVR y, en general, se produjeron múltiples cambios al sistema de captación,
endeudamiento y colocación basado en el sistema UPAC”.
Y en el hecho 15 expresamente expone:
“A partir de las primeras sentencias judiciales ya referidas, así como desde la
promulgación de la Ley 546 de 1999, los usuarios del antiguo sistema UPAC han
promovido demandas en contra de mis poderdantes y el Banco de la República.
Un primer conjunto de demandas busca que los jueces ordenen nuevamente
reliquidar los créditos, por considerar que la reliquidación realizada conforme a la
ley no se ajusta a lo ordenado por las sentencias de la Corte Constitucional y/o por
considerar que se presentan otro tipo de daños que no han sido resarcidos. Otro
conjunto de demandas, dirigidas básicamente contra el Banco de la República,
busca que en aquellas áreas económicas y/o hipótesis en las cuales no se
pronunciaron ni las sentencias ni la ley, se ordene la reliquidación de los créditos o
la indemnización equivalente, como ocurre con los créditos otorgados a favor de
los constructores, créditos hipotecarios individuales para fines diferentes a vivienda
(comerciales) y aquellos que habían sido cancelados en su totalidad bajo el
sistema UPAC antes de 1999, y aún de particulares que tenían más de un crédito
para vivienda, entre otras pretensiones”.
La parte actora presentó escrito de corrección de la demanda en el que adicionó el
hecho 10 de la demanda en los siguientes términos:
“Los daños generados a partir de esta decisión -ajustar las cuotas de las deudas
existentes en UPAC desde la notificación de la sentencia- fueron entonces
evidentes para las entidades actoras, pero su alcance dañino lo amplió la
sentencia C-700 de 1999 al disponer que era preciso ajustar también los saldos de
los créditos en UPAC y al advertir a los deudores supuestamente afectados que
gozaban de las acciones judiciales para solicitar la revisión de sus contratos, la
reliquidación de sus créditos y la devolución de lo pagado en exceso. Todos estos
derechos nacieron para deudores a partir de la notificación de estas sentencias, lo
cual contribuye a apreciar como la declaratoria de inexequibilidad engendró un
perjuicio a las entidades actoras que debe ser reparado también por el Estado
14
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
representado en este proceso por las entidades demandadas, todo lo cual se
precisa como mayor rigor en el hecho siguiente”.17
Examinada la demanda, la parte actora formula pretensiones por los daños
causados por dos sentencias proferidas por la Corte Constitucional y una
sentencia dictada por el Consejo de Estado, pero se abstiene de formular la
demanda contra la Nación-Rama Judicial, entidad del Estado a la cual pertenecen
las dos autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas en los
hechos y que, aduce, le causaron graves perjuicios económicos y repercusiones
generales en su negocio financiero.
Adviértase que el auto de fecha 29 de noviembre de 200118, proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la demanda contra el Congreso
de la República, la Nación-Ministerio de Hacienda Pública y el Banco de la
República, con lo cual quedó integrado el contradictorio únicamente contra estas
entidades. Adicionalmente, la Nación-Rama Judicial no fue vinculada de manera
oficiosa en etapa posterior.
La Ley 270 de 1996, en su artículo 65, señala que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales. A su vez, el artículo 66 prescribe
que el error jurisdiccional es aquel cometido por una autoridad investida de
facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso,
materializado a través de una providencia contraria a la ley.
Entonces, si la parte demandante consideraba que la merma patrimonial de la
banca especializada en créditos hipotecarios tuvo, como génesis, las citadas
sentencias, debió formular la demanda y enfilar pretensiones contra la Nación-
Rama Judicial, porque dos altas cortes con sus decisiones –presuntamente
apartadas del ordenamiento jurídico– causaron daños a las entidades financieras
demandantes.
Así las cosas, bajo este panorama, respecto de las pretensiones por error
jurisdiccional de dos sentencias de la Corte Constitucional y una del Consejo de
17 Folio 58 c. 1.
18 Folios 31 y 32 c. 1.
15
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Estado, la Nación-Congreso de la República, la Nación-Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Banco de la República no están legitimados en la causa por
pasiva, porque no fueron las entidades que profirieron esas decisiones.
Demanda en tiempo
6. El término para formular pretensiones en reparación directa, de conformidad
con el artículo 136.8 del CCA, es de dos años contados a partir del día siguiente
del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier
otra causa.
Antes de estudiar este presupuesto procesal, es importante precisar que,
conforme a la demanda, la parte actora hizo diferentes imputaciones –frente a
distintos cuerpos normativos– que, a su juicio, causaron un detrimento patrimonial
a las corporaciones financieras.
Las normas referidas en la demanda son las siguientes: (i) Ley 31 de 1992, que
asignó al Banco de la República la facultad de fijar la metodología para determinar
el valor de la UPAC; (ii) el Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualizó el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; (iii) El Decreto 2331 de 1998, por medio
del cual se dictaron medidas tendientes a resolver la situación de los sectores
financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores por créditos de
vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación; (iv) las
Resoluciones Externas n° 8 y 10 de 1999, y, (v) la Ley 546 de 1999, que cambió el
sistema UPAC a UVR.
Unas, por haberse declarado su inexequibilidad parcial; y, otras, que mantuvieron
su vigencia y fuerza normativa (respecto de estas últimas se alegó un rompimiento
del equilibrio frente a las cargas públicas).
Posteriormente, en el recurso de apelación no se individualizó norma por norma,
sino que se sostuvo que “el cambio en el sistema normativo” (como un todo)
generó un daño especial que debe ser resarcido”. Esta circunstancia, sin embargo,
no significó un cambio en la causa petendi (porque los hechos y pretensiones son
los mismos), sino que se delimitó, en segunda instancia, el estudio de
16
Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Asunto: Reparación directa
responsabilidad por el hecho del legislador a aquel derivado de la expedición de
una norma legal, lo cual hace, en consecuencia, que el conteo de la caducidad
tenga un análisis distinto. En ese orden, el cómputo debe partir del daño particular
y concreto (derivado de la norma) y no del momento de la expedición de la Ley o
disposición que, a juicio de la demanda, originó la lesión, pues es esta última la
que determina el interés para demandar.
Ahora bien, el daño antijurídico lo hizo consistir la demanda en “la pérdida por los
altos costos que ha demandado la atención de los nuevos litigios en contra, en los
costos asociados a la atención de esos procesos, y las repercusiones generales
sobre el negocio producidas por el cambio de normativa del sistema UPAC (en
aspectos tales como la morosidad de la cartera, las pérdidas por las daciones en
pago forzosas, y el buen nombre, entre otras)”19, circunstancias que se
concretaron luego de la expedición de la Ley 546 de 1999.
En ese orden, dado que la Ley 546 de 1999 –por medio de la cual modificó las
cláusulas pactadas en los contratos de mutuo y reemplazó la UPAC por la Unidad
de Valor Real-UVR– se profirió el 23 de diciembre de ese año, es decir, de 1999, y
los daños patrimoniales se concretaron después de esa fecha, la demanda
(presentada el 24 de agosto de 2001) se interpuso en tiempo, es decir, antes del
término de 2 años señalado en la ley.
Problema jurídico
7. Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas causaron un
daño antijurídico a las corporaciones de ahorro y crédito hipotecario con la
expedición del sistema normativo que modificó el UPAC y creó la UVR como base
para liquidar los intereses de los créditos para la adquisición de vivienda.
Responsabilidad patrimonial del Estado legislador
8. La Ley, como expresión de la voluntad de los asociados –representados en el
parlamento–, y como eje de la articulación y funcionalidad del Estado –aún en su
dimensión general y abstracta– no está exenta de ocasionar daños concretos a los
particulares.
19 Folio 8 c. principal 1.
17
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8.1. A inicios del siglo XX la idea de la Ley como fuente de daños resultaba
inconcebible, pues, se entendió que, al resultar de la soberanía parlamentaria no
podía producirlos, bajo ninguna circunstancia. Esta tesis se fundamentaba en una
“inmunidad legislativa” por representación y por encarnar ésta la voluntad del
pueblo. En ese orden, al ser la Ley una expresión popular, no podía incurrir en
fallas, ni mucho menos causar daños por venir, precisamente, del pueblo mismo.
También se planteó que la generalidad –característica intrínseca de la Ley–
impedía que ésta ocasionara un perjuicio individualmente considerado20:
“Las consideraciones que han llevado a esta negación se han basado
fundamentalmente en el carácter del Parlamento como soberano y en la sacralidad
de los productos legislativos que del mismo emanan en cuanto representación de la
voluntad popular: en efecto, la aplicación al Legislador de los principios que inspiran
el instituto de la responsabilidad de la Administración que construye la obligación
indemnizatoria en el requisito de la antijuridicidad se enfrenta en estos casos como
primera dificultad a la de anudar la culpabilidad al Legislador en cuanto poder del
Estado, o la de proclamar la ilegitimidad de la Ley causante de los daños, juicios en
cualquier caso vedado a los órganos jurisdiccionales ordinarios.”21.
En Francia esta noción tuvo eco desde 1938 con el fallo Duchâtelier22, proferido
con ocasión de la prohibición de la producción de tabaco por particulares para
proteger el monopolio del Estado. En esa primera oportunidad, el Consejo de
Estado francés consideró que el Estado no era responsable por las consecuencias
de las leyes si buscaban proteger el interés general. Entonces, partiendo de su
finalidad y del órgano del que provenía, no había lugar a indemnizar a los sujetos
afectados.
Ahora bien, más allá de la jurisprudencia y del estudio doctrinario posterior, hay
autores, como García de Enterría,23 que sostienen que el antecedente primigenio
sobre la responsabilidad por el hecho de la Ley está en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente
Francesa el 26 de agosto de 1789. Según el artículo 17 por ser la propiedad un
derecho inviolable y sagrado, nadie podía ser privado de ella, salvo cuando la
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exigiera de modo evidente, y con la
20 Alonso, G., M. 2009. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en La Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Púbica, Tomo I. Tirant lo Blanch, Valencia. P. 471.
21 Alonso, G., M. 2009. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en La Responsabilidad
Patrimonial de la Administración Púbica, Tomo I. Tirant lo Blanch, Valencia. Pp. 470 y 471.
22 Saavedra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado (pág. 803). Tomo II, Ibáñez
23 Garrido, V. (2004). La responsabilidad patrimonial del Estado,pág. 133, como se citó en García de Enterría
(2002).
18
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condición de que hubiera una justa y previa indemnización” (subrayado fuera del
texto).
Esta declaración marcó –de manera consciente o inconsciente– un primer
momento de reconocimiento de daños concretos por causa de la Ley. Aun cuando
se limitó a un solo derecho (el de propiedad), sentó las bases de una teoría en la
que se predica que el Estado, a través de una Ley, puede lesionar derechos. Y,
esta lesión, a su vez, ser reclamada. Esas son las consecuencias de declarar.
Pues bien, años posteriores24, la noción de “irresponsabilidad” por el hecho de la
Ley adoptó una postura distinta25: el Consejo de Estado francés, con el icónico
fallo de La Fleurette,26 impulsado por la Doctrina del jurista León Duguit,
contempló la posibilidad de que el poder legislativo fuera declarado responsable
cuando –por motivo de una Ley– se causara un daño a un particular (aun cuando
esta hubiera sido promulgada en beneficio del interés general)27.
En esa oportunidad se indemnizó a una empresa que fue afectada luego de que
una ley de la República prohibiera la fabricación y comercialización de su producto
con el fin de proteger el mercado lechero. Para concluir la obligación de
indemnizar, el Consejo de Estado llevó a cabo un ejercicio de interpretación de la
ley causante del daño (a partir de los métodos de la hermenéutica) y a la luz de
vulneración del principio de igualdad frente a las cargas públicas. No obstante,
según esa primera posición, era indispensable que el legislador no se hubiera
opuesto a la reparación de los mismos, en otras palabras, la indemnización
procedía si del texto de la Ley o de sus motivos no se advirtiera que la intención
24 “(…) En general de la tradicional división del poder público en tres ramas, la ejecutiva, la legislativa y la
judicial, la obligación de reparar daños causados por la actividad estatal en principio se predicaba
exclusivamente de las lesiones patrimoniales causadas por la Administración, entendida ésta como poder
ejecutivo, mientras que sólo lentamente, desde mediados del siglo pasado, comienza a admitirse la posibilidad
que el Estado esté obligado a reparar los daños ocasionados por hechos o actuaciones imputables al poder
judicial y al poder legislativo”. Sentencia C 038 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
25 (…) con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, la generalización del control de constitucionalidad de las
leyes en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por una parte, y la creciente expedición de leyes
singulares que afectaban a un número concreto e individualizado de ciudadanos, por otra, significó la quiebra
de los presupuestos sobre los cuales descansaba la inmunidad del legislador. Pero la ruptura de tales
supuestos no se produjo de manera simultánea, ni significó necesariamente la admisibilidad generalizada de
la responsabilidad del Estado legislador”. Sentencia C 038 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
26 C.E. 14 enero de 1938
27 Decisión “La Fleurette” de 14 de enero de 1938, en M. Long y otros, Grands Arrêts de la Jurisprudence
Administrative, 16 éd., Dalloz, Paris, p. 326.
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del legislador era crear una carga jurídicamente soportable en aras de prevalecer
y satisfacer el interés general28.29
“(…) es una cuestión de principio el que los daños causados a los particulares
por las medidas legislativas no determinen derecho alguno a indemnización.
La ley es, en efecto, un acto de soberanía, y lo propio de la soberanía es
imponerse a todos sin que frente a ella pueda reclamarse ninguna
compensación. Solamente el legislador puede apreciar, a la vista de la
naturaleza y gravedad del daño y de las necesidades y recursos del Estado, si
debe acordar tal compensación: la jurisdicción no puede sino evaluar el
montante de la misma, sobre las bases y en la forma prevista por la ley (…)
De todo lo que precede resulta que las cuestiones de la indemnización que
nacen de la ley no derivan sino de la ley; la jurisdicción administrativa no
puede conocer de una acción tendente a establecer una indemnización a
cargo del Estado, salvo si el mismo legislador ha creado tal acción”30.
Luego de esta sentencia se emitieron otros fallos que mantuvieron la misma línea
de responsabilidad del Estado por daños causados por la Ley. El fallo Bovero,
siguiendo esta tesis,31 precisó que la indemnización no surgía solo de una
vulneración del principio de igualdad ante las cargas públicas, sino también de la
ausencia de exclusión expresa en la ley que causó el daño.
Una particularidad del derecho francés fue plantear, además, que como existía un
control constitucional previo a la expedición de la Ley (ex ante), no podía
plantearse una pretensión de responsabilidad. Sin embargo, parte de la doctrina
se apartó de esta teoría al considerar que, a pesar del control de
constitucionalidad previo, era posible que se revelara una inconstitucionalidad
“sobreviniente”; o era posible que, al aplicar la norma, se generara una situación
de desigualdad entre los ciudadanos ante las cargas públicas32.
El caso español
En consonancia con el recorrido francés, en España también hubo un periodo de
“irresponsabilidad” por el hecho del legislador. Las sentencias emitidas por el
Tribunal Supremo reflejaban –en una etapa primigenia– la misma posición de
28 Ibidem.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de marzo de 2018, C.P.
Danilo Rojas, Rad 28769.
30 E. LAFERRIERE, Traité de la Jurisdiction administrative et des recours contentieux, Vol. II, París, LGDJ, 1888,
p. 12 citado por J. A. SANTAMARÍA PASTOR “La teoría de la responsabilidad del Estado Legislador”, Revista de
Administración Pública, No. 68, 1972, p. 73. Citado, a su vez, en la sentencia C 038 de 2006, M.P. Humberto
Sierra Porto.
31 C.E. 25 enero de 1963
32 Botero, L. (2007). Responsabilidad Patrimonial del Legislador (pág. 21). Legis
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rechazo sistemático a este tipo de reclamos. En efecto, se consideraba que admitir
una indemnización por el hecho de la Ley sería equivalente a socializar todos los
posibles riesgos que pudieran sufrir los ciudadanos33. Muy excepcionalmente se
permitió una indemnización cuando había una laguna jurídica en la ley causante
del daño34. Entonces, entre 1980 e inicios de los 90, aun cuando llegaron a su
conocimiento varios casos de responsabilidad del Estado legislador, en este
periodo no se logró consolidar una posición uniforme al respecto.
Posteriormente, el Tribunal Superior emitió algunas decisiones admitiendo la
reparación del daño causado por una ley, en virtud del principio de confianza
legítima, bajo estas dos circunstancias: (i) que por una ley se configurara una
estabilidad en la que la persona podía confiar y (ii) que el cambio posterior de
legislación fuera imprevisible35.
Así, en España también empezó a calar la idea de una responsabilidad por el
hecho de la ley, pero (al igual que en Francia) sin consideración a un reproche
frente a la Ley en sí misma, es decir, sin consultar a motivos constitucionales o por
desconocimiento de normas de rango superior. En este supuesto, la antijuridicidad
del daño no surgía de la ilegitimidad de la ley con fundamento en una supremacía
constitucional, sino “en la ruptura de la confianza legítima que la norma origina, en
el quebranto que la misma efectúa de la seguridad jurídica o de la incertidumbre
que muestran los particulares hacia el mantenimiento, al menos durante un
período de tiempo razonable, de una determinada situación jurídica”36.
Sin embargo, en sentencia del 11 de octubre de 1991, el Tribunal Supremo
individualizó tres escenarios que daban lugar a indemnizar al particular por los
actos del Estado Legislador: (i) la expropiación, (ii) la declaración de
inconstitucionalidad de una ley y (iii) la existencia de una ley no expropiatoria que
“irroga al particular perjuicios económicos graves y ciertos”37. Esta delimitación de
eventos, aunque en apariencia podría considerarse una barrera (por su
taxatividad), permitió un avance significativo en la materia, en tanto incluyó, entre
otros, la declaración de inconstitucionalidad como uno de sus eventos.
33 Alonso, M. (1999). La Responsabilidad Patrimonial del Estado – Legislador (pág 19). Marcial Pons
34 Saavedra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado (pág. 817). Tomo II, Ibáñez
35 Saavedra, R. (2018). De la responsabilidad patrimonial del Estado (págs. 826-827). Tomo II, Ibáñez
36 Ibídem, p. 480.
37 Sentencia STS del 11 de octubre de 1991, Tribunal Supremo Contencioso Administrativo, sala tercera
21
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Con la expedición de la Ley 30 de 1992 (régimen jurídico del sector público y
sistema de responsabilidad de la Administración Pública) surgieron dos teorías:
por un lado, quienes consideraban que surgía la posibilidad de endilgar
responsabilidad al Estado por el hecho del legislador en virtud del artículo 139.3
de ese cuerpo normativo; y, por otro lado, quienes plantearon que, a falta de un
desarrollo normativo específico, se debía negar en todas las circunstancias la
existencia de este evento de responsabilidad.
Aun así, en sentencia del 5 de marzo de 1993, el Tribunal Supremo, con
fundamento en la ruptura de la confianza legítima, ordenó al Estado Español
indemnizar los perjuicios causados –a la empresa PESCANOVA S.A.– con el
Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, por medio del cual se
eliminaron (por 7 años) cupos exentos de aranceles concedidos previamente.
“[…] y si esto es así, si los particulares acomodaron su actividad a la política de
fomento plasmada en las disposiciones más arriba reseñadas y si el propio
gobierno español, con las necesarias autorizaciones, promovió y dio lugar al
Tratado de Adhesión suscrito por el Reino de España, en el que resultaron
eliminados, aunque fuera progresivamente, los cupos exentos de arancel, que,
según parece, era el mayor beneficio para las empresas pesqueras españolas, es
visto cómo y cual anticipábamos al inicio de ésta motivación, deviene procedente
la indemnización cuestionada, habida cuenta, en primer lugar, la existencia de
derechos o, al menos, intereses patrimoniales legítimos, cuyo sacrificio particular
se impuso por las determinaciones que hemos relatado, sin que las respectivas
sociedades tengan el deber jurídico de soportarlo, y además porque concurren
cuantos requisitos exige nuestro ordenamiento para dar lugar a la responsabilidad
patrimonial del Estado, […]
En el año 2000, el Tribunal Supremo Español reconoció el derecho a la
indemnización por responsabilidad del Estado-Legislador con motivo de una Ley
inconstitucional. En esos casos38 el Tribunal Supremo sostuvo que este tipo de
responsabilidad era una consecuencia lógica y necesaria de un ordenamiento
basado en la Constitución –con eficacia normativa– pues se reclamaba del
legislador el sometimiento a una norma superior39. Al respecto, estimó:
38 “(…) Se trata de las sentencias del 29 de febrero, 13 de junio, 15 de julio y 30 de septiembre de 2000
proferidas por la Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en resolución
de los recursos interpuestos por diversas personas y entidades contra los acuerdos del Consejo de Ministros
que desestimaron sus solicitudes de indemnización por responsabilidad del Estado Legislador. Los perjuicios,
según los recurrentes derivaban del cobro del gravamen complementario sobre la tasa fiscal del juego,
establecido por el artículo 38.2.2 de la Ley 5/1990 y declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del
Tribunal Constitucional 173 de 1996”. Sentencia C 038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
39 Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
“[C]iertamente, el Poder Legislativo no está exento del sometimiento a la
Constitución y sus actos –leyes- quedan bajo el imperio de tal norma
suprema. En los casos donde la Ley vulnere la Constitución, evidentemente
el Poder Legislativo habrá conculcado su obligación de sometimiento, y la
antijuridicidad que ello supone traerá consigo la obligación de indemnizar.
Por tanto, la responsabilidad del Estado-legislador puede tener (...) origen en
la inconstitucionalidad de la Ley.
“[P]or definición, la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma, como
consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de
reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación
pueda haber originado (…) Existe, en efecto, una notable tendencia en la
doctrina en el derecho comparado a admitir que, declarada inconstitucional
una ley, puede generar un pronunciamiento de reconocimiento de
responsabilidad patrimonial cuando aquella ocasione privación o lesión de
bienes, derechos o intereses jurídicos protegibles (…)
(…) Esta Sala considera, sin embargo, que la acción de responsabilidad
ejercitada es ajena al ámbito de la cosa juzgada derivada de la
sentencia. El resarcimiento del perjuicio causado por el poder
legislativo no implica dejar sin efecto la confirmación de la
autoliquidación practicada, que sigue manteniendo todos sus efectos,
sino el reconocimiento de que ha existido un perjuicio individualizado,
concreto y claramente identificable, producido por el abono de unas
cantidades que resultaron ser indebidas por estar fundado aquél en la
directa aplicación por los órganos administrativos encargados de la
gestión tributaria de una disposición legal de carácter inconstitucional
no consentida por la interesada. Sobre este elemento de antijuridicidad en
que consiste el título de imputación de la responsabilidad patrimonial no
puede existir la menor duda, dado que el Tribunal Constitucional declaró la
nulidad del precepto en que dicha liquidación tributaria se apoyó. (Negrillas y
resaltado de la Sala)40”.
15 años después, la expedición de la Ley 40 de 2015 marcó un hito fundamental
en la evolución en la materia, en tanto delimitó en qué eventos se podía imputar
responsabilidad al Estado por el hecho del legislador. Así, en el artículo 32 se
estableció los casos taxativos para reclamar por daños causados por el hecho de
la Ley. Y, en algunos de ellos, el procedimiento previo de reclamación
administrativa. Al respecto, dijo en sus numerales 3, 4, 5 y 6:
3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos
como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no
expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así
se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se
especifiquen.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes
supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados
anteriores:
40 STS de 29 de febrero de 2000 FJ 4º. Citada en la sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
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Asunto: Reparación directa
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho
de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5.
4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso
contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera
alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria
al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular
haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se
hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente
declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes:
a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.
c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión
Europea y el daño sufrido por los particulares.
6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o
declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá
efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el
«Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se
establezca otra cosa.
En el mismo artículo, sin embargo, precisó que no procedía indemnización si la
misma Ley establecía expresamente el deber jurídico de soportar la lesión.
Al respecto, resulta evidente que la evolución jurisprudencial, en el caso de los
tribunales españoles, ha dependido y dependerá de lo que el mismo legislador
disponga en la ley que regula el régimen jurídico del sector público y, en él,
puntualmente, en los principios del sistema de responsabilidades de las
Administraciones Públicas. Entonces, al ser un evento regulado (para el ejemplo,
la norma citada), la jurisprudencia ha tomado y tomará el camino que la misma
Ley le permita.
El caso colombiano
Décadas antes de los primeros pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la
responsabilidad derivada del Estado legislador, en algunos eventos, la Ley de la
república reconoció que ella misma, con motivo de su expedición, podía causar
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daños, y generaba a las personas afectadas o lesionadas el derecho al pago de
una indemnización.
Uno de los antecedentes jurídicos, históricos y políticos más relevantes en nuestro
país es la “Ley de Manumisión de Esclavos” del 1 de enero de 1852, la cual,
–aunque parezca repudiable en este momento evolutivo–41 reconoció una
indemnización a quienes perdían un esclavo que había sido manumitido,
precisamente, como consecuencia de la entrada en vigencia de dicha Ley42.43 Del
texto de esta ley se resalta el reconocimiento de las “consecuencias dañosas”
causadas a una persona que concedía una manumisión y la procedencia de su
reparación44.
Antes de la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Sección Tercera
introdujo la responsabilidad por el hecho del legislador en los mismos términos de
la jurisprudencia francesa y española, es decir, sin considerar un análisis de falla
en la Ley, pues, al ser ésta última un parámetro, rasero o estándar del
comportamiento estatal no podía ser sujeta a reparos. Se debía, entonces, excluir
totalmente la falta como posible fundamento de la responsabilidad del Estado
legislador, porque, por definición, en tal sistema la ley no puede incurrir en falta,
puesto que la norma jurídica se halla al margen de toda crítica directa o
indirecta”45,
En sentencia de 18 de octubre de 1990, la Sección Tercera, al resolver un caso de
responsabilidad del legislador por la expedición de un decreto y una ordenanza
41 Las víctimas de la esclavitud fueron los esclavos. No obstante, la legislación que los libertó no estableció
indemnización ni reparaciones por los daños sufridos. En aquella época la dignidad de los esclavos no era un
bien jurídicamente protegido. Cada tiempo tiene su noción de lo que es y debe ser el Derecho, sobre lo que
este debe tutelar o dejar a la deriva a razón de su intrascendencia. Dice Alejandro Nieto en su Crítica de la
razón jurídica que “la maldad” humana no suele actuar al descubierto, sino que gusta de enmascararse con
protecciones religiosas o jurídicas (Nieto, 2007). Citado por Hernández Terán, M (2019), en El Estado como
legislador dañoso y su responsabilidad reparadora.
42 ARTÍCULO 3. Las juntas de manumisión expedirán a los tenedores de aquellos esclavos que fueren
avaluados, y a quienes se fuere dando carta de libertad de conformidad con lo dispuesto en esta ley,
certificados de la presentación, avalúo y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente puedan cambiar
los referidos certificados por los vales de manumisión mandados expedir por la presente ley.
43 Lo propio ocurrió en Argentina y Puerto Rico. La Constitución Argentina en su artículo 15 consagró que la
declaración de libertad de esclavos (que aun quedaran al momento de la jura de la constitución) daba derecho
a los particulares que se vieran afectados por tal declaración a las indemnizaciones correspondientes. Por su
parte, en Puerto Rico, la “Ley de abolición de la Esclavitud” estableció en su artículo 3 que «los poseedores de
esclavos serán indemnizados de su valor en el término de seis meses después de publicada esta Ley en la
“Gaceta de Madrid”». Hernández Terán, M (2019).
44 Botero, L. (2007). Responsabilidad Patrimonial del Legislador (pág 124-126). Legis
45 Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre de 1990, exp. 5390, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.
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departamental46, permitió que se abriera la posibilidad de solicitar indemnización
con fundamento en la violación del principio de igualdad frente a las cargas
públicas. En todo caso (como se planteó en Francia) era necesario que el
legislador asintiera, al menos tácitamente, a la reparación del daño47.
En esta decisión se hizo un acercamiento al tema a nivel conceptual y dogmático,
y se sentaron las bases para pronunciamientos futuros. Como se dijo, aun cuando
se negaron pretensiones en el caso concreto, se estableció que “la solución
reposaba en la interpretación de la voluntad del legislador” y que dicha
responsabilidad se fundaba en “el principio de la igualdad de todos ante las cargas
públicas””.
Posteriormente, con la introducción del artículo 90 a la Constitución Política, se
amplió la posibilidad de que el legislativo (como autoridad pública) fuera juzgado
en procesos de reparación directa sin limitantes originados en la misma Ley. Este
artículo, como se observa desde su sola lectura, no hace ninguna distinción en los
órganos del Estado llamados a responder por acción o por omisión, ni contempla
excepción alguna frente a las entidades a quienes se les atribuye daños. En ese
orden, conforme a esa norma, ningún órgano del Estado –sea parte del poder
ejecutivo, legislativo o judicial– está exento de responder patrimonialmente. De
manera que el juez administrativo puede conocer de los procesos en los que se
discuta la responsabilidad del legislador por haber causado un daño con motivo de
su actividad.
En sentencia del 2 de febrero de 1995,48 el Consejo de Estado afirmó que no era
posible dar cabida a posturas de irresponsabilidad del Estado, máxime si se
trataba de un Estado Social de Derecho (art. 1o. de la C.N.), so pretexto de que la
acción dañosa era constitutiva del ejercicio de la soberanía. Sobre este último
argumento, estimó el fallo, jamás podrá servir de excusa o de justificación para
que el ejercicio del poder desborde los cauces del derecho, y, en el terreno de lo
46 Es pertinente precisar que cuando se habla de responsabilidad por el “hecho del legislador” no se abarca
únicamente a la ley en sentido estricto, sino también en el material. Es decir, que comprende, no sólo las
leyes expedidas por el Congreso, sino también todas aquellas normas generales, impersonales y abstractas,
(como los actos administrativos, decretos - ley, decretos expedidos por el presidente en el marco de
facultades extraordinarias, resoluciones, ordenanzas, entre otros). En ese marco, el estudio de
responsabilidad es frente a la función reguladora del Estado como tal, de la que puede, eventualmente,
derivarse un daño antijurídico.
47 Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre de 1990, exp. 5390, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 1995. Radicado 9273, Consejero
Ponente: Juan de Dios Montes Hernández
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arbitrario, produzca impunemente daños antijurídicos a los asociados49.
Ahora, luego de no haberse contemplado la posibilidad de condenar al legislador
por reparos frente a la ley misma (lo que resulta curioso y paradójico en este tipo
de responsabilidad), la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 8
de mayo de 1995 introdujo, como un evento de responsabilidad del Estado-
Legislador, la declaratoria judicial de inconstitucionalidad de una Ley. Al respecto,
planteó que la inexequibilidad sería un título jurídico de imputación autónomo
como factor jurídico de atribución:
(…) mientras en la responsabilidad fundada en el contrato, serán títulos jurídicos
de imputación, por ejemplo, “los mandatos de la buena fe, igualdad y equilibrio
entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos” (art.
28, ley 80 de 1993), en la extracontractual lo serán, además, la falla del servicio,
que es el título de imputación más frecuente, cualquiera que sea el sistema que
para su prueba se adopte; la culpa personal en nexo con el servicio, prevista, para
citar algunas disposiciones en el inciso 2o. del artículo 90 de la C. N. Y en el 77 del
C.C.A.; la igualdad de las personas ante la ley (art. 13 de la C. N.); la
proporcionalidad en la distribución de las cargas públicas (art. 95 No. 9 y 216 de la
C. N., entre otros); el riesgo excepcional establecido, por ejemplo, por la ley 104 de
1993 o en el decreto 444 del mismo año; el error judicial y el anormal
funcionamiento de la administración de justicia (art. 40 del C. de P. C.., 414 del C.
de P.P. etc.) la inconstitucionalidad de la ley declarada judicialmente, y
principios de justicia y equidad como éste del no enriquecimiento sin causa (…)50.
En el año 1998 en la sentencia IJ-00151, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo precisó que la responsabilidad del Estado Legislador se
fundamentaba en el principio de igualdad ante las cargas públicas y que la
indemnización surgía cuando se producía un desequilibrio, precisamente, en
dichas cargas. Además, aclaró que la responsabilidad estatal procedía
independientemente de la licitud o ilicitud de la conducta de la administración, en
tanto la reparación se originaba en la antijuridicidad del daño (no tener la
obligación de soportar la carga excesiva impuesta en la norma).
49 Ibidem.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de
1995, Rad 18118, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de agosto de 1998.
Radicado IJ-001, Consejero Ponente: Jesús María Carrillo B. Reiterada, entre otras, sentencia de la Sección
Tercera del 26 de septiembre de 2002. Radicado 20945. Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández
Enríquez; (ii) Sección Tercera (subsección A). Sentencia del 24 de abril de 2013. Radicado 27720, Consejera
Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz; (iii) Sección Tercera (subsección A), sentencia del 9 de octubre de
2013, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.
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El 8 de septiembre52 siguiente, la Sección Tercera se pronunció nuevamente sobre
el tema, y, se introdujo, por primera vez, dentro de una aclaración de voto,53 que el
título de imputación aplicable sería el del daño especial54.
En decisión posterior, la Sección Tercera abordó el evento de “ley declarada
inconstitucional” y sostuvo que esta no constituía un título de imputación
autónomo, sino que la declaratoria de inexequibilidad ponía en evidencia una falla
del servicio. Aclaró, sin embargo, que la inexequibilidad no obligaba,
automáticamente, al reconocimiento de las pretensiones indemnizatorias, pues
debía acreditarse la ocurrencia del daño como presupuesto de responsabilidad y
los demás elementos, respectivamente55.
En sentencia de 26 de septiembre de 2002, la Sección Tercera –en un caso
promovido por el municipio de Prado, Tolima contra la Nación-Ministerio de
Hacienda, con motivo de la inexequibilidad del numeral 2.7 del artículo 1° de la
Ley 168 de 199456– negó las pretensiones al sostener que la decisión de
constitucionalidad sólo tenía efectos a futuro y, por lo tanto, quedaban
consolidadas las situaciones previas al estudio de exequibilidad. Al respecto, la
Sección indicó que tampoco se podía acudir a la figura de excepción de
inconstitucionalidad para modificar los efectos de los fallos de la Corte, pues el
mismo legislador estableció que los efectos de esas decisiones eran hacia futuro
(a menos que la misma Corte dispusiera otra cosa). Sobre el particular, sostuvo:
“La decisión sobre los efectos de un fallo de constitucionalidad, en
consecuencia, también tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, de manera
que no están facultadas las autoridades de la República para aplicar la
excepción de inconstitucionalidad respecto de una norma determinada,
cuando la misma ha sido declarada inexequible por la Corte y el fallo
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de septiembre de 1998.
Radicado IJ-002, Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández
53 Aclaración de voto del Dr. Ricardo Hoyos Duque
54 El daño especial, como título de imputación en estos eventos, fue explicado, puntualmente en sentencia del
19 de octubre del 2000. Radicado 13945, Consejero Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 15 de mayo de 2003,
Rad 23245, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
56 La demanda reclamaba las sumas dejadas de transferir al municipio de Prado por concepto de
participaciones en los ingresos corrientes de la Nación en el período 1994-1995. La raíz de la pretensión
indemnizatoria estaba en la sentencia C-523 de 1995, que declaró inexequible el numeral 2.7 del artículo 1 de
la Ley 168 de 1994. Esta disposición incorporaba los recursos percibidos por el Estado –por concepto de los
contratos de concesión a particulares de la telefonía móvil celular– en el rubro de recursos de la Nación, de
modo que dichos recursos no eran distribuidos entre las entidades territoriales, sino que pasaban a un fondo
especial. Con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición mencionada, los recursos
ingresaron al rubro de ingresos corrientes de la Nación y debían ser distribuidos a las entidades territoriales.
La Corte Constitucional, sin embargo, no le dio de manera expresa efectos retroactivos a su decisión y, por lo
tanto, durante el año 1994 las entidades territoriales no participaron de dichas rentas.
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respectivo tiene efectos hacia el futuro. Si, como se dijo anteriormente, se trata
de actos proferidos o situaciones consolidadas con posterioridad al fallo, éste
simplemente debe acatarse, porque la norma en cuestión ha desaparecido del
ordenamiento jurídico. Si, en cambio, se trata de actos proferidos con
anterioridad al mismo o de situaciones consolidadas antes de su
pronunciamiento, aquéllos y éstas conservan su eficacia jurídica. Una
conclusión diferente nos llevaría a concluir, necesariamente, que el fallo de
constitucionalidad puede ser desconocido, en situaciones concretas, por las
autoridades competentes para resolverlas”57.
La Corte Constitucional, en decisión posterior, al estudiar la constitucionalidad del
artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siguió el marco fijado por el
artículo 90 y sostuvo que, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado
por hechos y omisiones imputables al poder legislativo era el artículo 90 de la C.N.
el fundamento normativo de la procedencia de la acción. Según esa sentencia,
plantear una posible “irresponsabilidad” del Estado legislador o restringir su deber
de reparar a lo que dispusiera la misma Ley sería inconstitucional a la luz del
Estado Social de Derecho, la supremacía de la Constitución, entre otros58. Se
extrae lo pertinente:
Esta última cita es pertinente para recalar en la cuestión objeto de estudio en la
presente decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la
disposición constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar
los daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto,
como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que
opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico
y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin
hacer distingos en cuanto al causante del daño.
De este modo la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos, acciones u
omisiones imputables al Poder Legislativo está expresamente contemplada en el
artículo 90 constitucional, pues cualquier otra posibilidad sería abiertamente
inconstitucional desde la perspectiva del Estado Social de Derecho y de los
principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como la
solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la Constitución.
Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico colombiano y que
encontraron una de sus expresiones en la disposición constitucional en comento.
No sobra advertir que la Constitución establece expresamente determinados
supuestos de obligación reparatoria por la actuación del Legislador, tales como la
figura de la expropiación (art. 58 C.N.) la obligación de indemnizar cuando se
establece un monopolio (art. 336 C.N.) o cuando el Estado decide reservarse
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos (art 365 C.N.).
Lo anterior no significa que la responsabilidad del Estado legislador se vea
circunscrita exclusivamente a los anteriores eventos o a los supuestos de
declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, pues como ya se ha dicho su
fundamento estriba en la noción de daño antijurídico, la cual como se ha reiterado
a los largo de esta decisión descansa en los principios de solidaridad y de
igualdad, y no en la idea de la actividad ilícita del Legislador, entendida como tal
57 Consejo de Estado, Sala de lo
Sentencia de 26 de agosto de 2002, loc. cit., f. j. 3.
58 Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
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las actuaciones contrarias a la Constitución. (los datos entre paréntesis son fuera
del texto).
Por lo tanto, determinar el régimen particular de la responsabilidad del Estado
legislador, o si se prefiere los títulos de imputación del daño antijurídico a la
actuación u omisión del Congreso de la República, es una tarea que en todo caso
corresponde precisar al propio Legislador en ejercicio de su potestad
configuradora y a la jurisprudencia contencioso administrativa, como juez
especializado en la materia. Al respecto resulta particularmente ilustrador observar
la evolución de la figura desde la perspectiva del derecho comparado y en la
jurisprudencia contencioso administrativa colombiana59.
La sentencia citada deja claro, además, que, aun cuando procede la
responsabilidad por el hecho del legislador, corresponderá al Congreso precisar –
mediante Ley– el régimen particular de responsabilidad o el título de imputación a
que haya lugar en eventos por hechos del legislador60. La misma sentencia
referida –al tiempo– también asigna esta tarea al Consejo de Estado (como juez
especialista en la materia), es decir, la de evaluar –en cada caso concreto– el
régimen aplicable de cara a las circunstancias en las que la Ley causa el presunto
daño alegado61.
En el año 201362, en una sentencia de subsección, se amplió la posibilidad de que
este evento de responsabilidad no fuera abordado, únicamente, desde el título de
imputación del daño especial, sino también desde la defraudación de la confianza
legítima –previa demostración de una expectativa razonable–. Estableció que el
daño especial y la vulneración de la confianza legítima (aunque ambos están
fundados en el principio de la igualdad ante las cargas públicas) difieren en cuanto
a los intereses protegidos. “Sin embargo, se complementan para impedir que, en
nombre del interés general, mientras algunos se benefician otros resultan
sacrificados, sin que su situación hubiese sido considerada” 63. Además, aclaró
que la afectación del interés, en tratándose de la expectativa legítima, no podía
valorarse como si se hubiera perdido el derecho, sino como “la pérdida de la
oportunidad de obtenerlo”. Para poder finalmente concluir que, en el marco de la
responsabilidad por el hecho del legislador, no se admite el empleo de un solo
título de imputación.
59 Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
60 Sentencia C-038 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto.
61 Ibidem.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera (subsección B). Sentencia del 29 de julio de 2013. Radicado 27228,
Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo
63 Consejo de Estado, Sección Tercera (subsección B). Sentencia del 29 de julio de 2013. Radicado 27228,
Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo
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En el mismo año64 se abordó la obligación de indemnizar como consecuencia de
una norma declarada inconstitucional. Así, la regla general será la misma que
aplica en los pronunciamientos de constitucionalidad donde los efectos de la
declaratoria de inconstitucionalidad son ex nunc (a futuro) y excepcionalmente los
efectos serán ex tunc (retroactivos). Aclaró, sin embargo, que no necesariamente
se configuraba responsabilidad patrimonial por la declaratoria de
inconstitucionalidad de una ley, pero, excepcionalmente, procedía indemnización
cuando dentro de un proceso se acreditara el cumplimiento de todos los requisitos
de la responsabilidad patrimonial del Estado. Se enfatizó que, en el caso de un
pronunciamiento con efectos retroactivos en donde procediera declaratoria de
responsabilidad, el juez contencioso administrativo será quien establezca las
repercusiones del retiro del ordenamiento para aquellos afectados por la norma65.
En el 2018 la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de Unificación66
aclaró la configuración de la antijuridicidad del daño por normas declaradas
inexequibles, y estableció, como criterio, el efecto temporal que la Corte
Constitucional le hubiere dado a su decisión de inexequibilidad. Así, se estimó
que, cuando el efecto de la sentencia era retroactivo, se entendía que la ley
desaparecía del ordenamiento jurídico desde su expedición, de manera que los
daños causados por su aplicación serían antijurídicos al desaparecer su
fundamento legal. Mientras que, en los eventos en que no se otorga un efecto
retroactivo, se entendía que la aplicación de la norma era válida, los efectos
producidos conservaban plena eficacia, y no se configuraba un daño antijurídico.
Esta decisión reiteró lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-
038/2006 al aclarar que era importante “desligar la antijuridicidad del daño
causado por una ley declarada inexequible de la declaratoria misma de
inconstitucionalidad pues, al margen de la consideración según la cual esta última
pone de manifiesto una falla del legislador, lo importante, para efectos de declarar
la responsabilidad del Estado, no estaba en la constatación de esta “supuesta
falla” –es decir, en la declaratoria de inexequibilidad de la ley–, sino en saber si los
64 Consejo de Estado, Sección Tercera (subsección c), Sentencia del 24 de abril de 2013. Radicado 28221,
Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de la Hoz
65 Posición reiterada en la sentencia del 2 de agosto de 2024, Consejo de Estado, sección tercera, subsección
b, radicado 67324, Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de marzo de 2018.
Radicado 28769, Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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particulares estaban o no en la obligación jurídica de soportar el daño por ella
causado”67.Además, insistió y enfatizó que la declaratoria de inexequibilidad no
implicaba la configuración automática de responsabilidad del Estado, ya que
además del daño debía haber un título de imputación como factor de atribución.
Luego de esta decisión de unificación, la Sección Tercera ha reiterado las teorías
consignadas en esa jurisprudencia, haciendo puntual énfasis en: (i) las diferencias
del régimen cuando se trata de normas constitucionales o inconstitucionales y (ii)
en los títulos de imputación jurídica admitidos actualmente en la materia (el daño
especial o la falla del servicio)68.
8.2. Ahora bien, definidos los orígenes y fundamentos de este tipo de
responsabilidad, es importante pasar a conceptualizar de qué manera se pueden
concretar los daños antijurídicos por la actividad legislativa del Estado: (i) por el
rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas (daño especial);
y (iii) la expulsión de la Ley del ordenamiento jurídico por una sentencia de
inexequibilidad (falla del servicio). Para ello, se pasará a un estudio jurisprudencial
(con sentencias y citadas o no mencionadas), pero que son pertinentes y
necesarias en esta conceptualización.
Daño especial
(i) Este primer supuesto fue abordado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de 25 de agosto de 199869, en la que declaró
responsable al Congreso de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores
por los perjuicios causados por la Ley 6 de 1972.
La referida norma –por medio de la cual se aprobó la Convención de Viena–
reconoció una inmunidad a los agentes diplomáticos extranjeros en Colombia. De
modo que, ante un eventual daño causado por estos, las víctimas quedaban sin
67 Consejo de Estado, Sala Plena. Sentencia del 13 de marzo de 2018. Radicado 28769, Consejero Ponente:
Danilo Rojas Betancourth (pág. 28)
68 Consejo de Estado, Sección Tercera (subsección b). Sentencia del 2 de agosto de 2024. Radicado 67324,
Consejero Ponente: Fredy Ibarra Martínez
69 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de agosto de 1998, Rad
IJ-001, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
posibilidad de reclamarles patrimonialmente70. Al estudiar la acción de reparación
directa por motivo de esa Ley de inmunidad, la Corporación estimó que, aunque el
Estado era soberano para manejar sus relaciones internacionales y el tratado
había sido regularmente incorporado a la legislación interna, la aplicación de la
Ley 6 de 1972 –en ese caso– había significado un rompimiento del principio de
igualdad frente a las cargas públicas, pues el privilegio connatural a la inmunidad
impidió a las víctimas de la posibilidad de demandar al autor material del daño
ante jueces nacionales para, eventualmente, obtener la reparación de los
perjuicios ocasionados71. Declaró, entonces, la responsabilidad del Estado en
aplicación del título de imputación de daño especial:
En todo caso, la garantía de acceder a la administración de justicia (art. 229 C.P)
no puede sufrir excepción y para que se haga efectiva en el caso sub judice se
abre paso la demanda contra el Estado colombiano quien legítimamente
conduce sus relaciones internacionales, asume obligaciones de la misma estirpe
mediante tratados, promulga, cumple y hace cumplir sus propias leyes. // En el
sub judice, estima la Sala, que es pertinente aplicar el régimen de
responsabilidad por daño especial, que es el que corresponde aplicar cuando por
la actividad legítima del Estado se causa un daño. En el caso presente la
incorporación de la legislación nacional del texto de la Convención de Viena de
fecha del 18 de abril de 1961, en desarrollo de una operación compleja de
naturaleza pública consistente en la negociación y firma de dicho tratado, su
incorporación como ley nacional y la sujeción a los controles jurisdiccionales de
conformidad con la constitución (sic) y su aplicación produjo un daño consistente
en el desequilibrio de las cargas públicas que los actores no deben soportar72.
Pues bien, en este primer supuesto (sólo a manera ilustrativa) vale la pena volver
a hacer mención sobre dos decisiones de la subsección B, en las que se abrió la
posibilidad de imputar daños cuando la Ley causa una defraudación del principio
de confianza legítima. Este planteamiento se hizo en sentencias de 29 de julio de
2013 y de 31 de agosto de 201573.
70 En el año de 1991 un ciudadano colombiano murió al ser atropellado por un vehículo conducido por un
agente diplomático. La familia de la víctima intentó obtener compensación por los perjuicios sufridos ante la
Corte Suprema de Justicia, pero la demanda fue rechazada con fundamento en la inmunidad de que gozan
los agentes diplomáticos extranjeros en Colombia en virtud de la Convención de Viena (aprobada por la Ley 6
de 1972).
71 Esta postura de responsabilidad por leyes exequibles no ha encontrado disparidad al interior de las
subsecciones. Sobre el particular se encuentran las sentencias del 8 de septiembre de 1998, rad. IJ – 002,
C.P. Daniel Suárez Hernández; de 19 de octubre de 2000, rad 13945 C.P. Ricardo Hoyos Duque, y de 26 de
septiembre de 2002, rad 4458 C.P. Alier Hernández Enríquez. Además, las sentencias de 28 de septiembre
de 2012, rad. 24.630, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo y de 9 de octubre de 2013, rad. 30.286, C.P. Hernán
Andrade Rincón.
72 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de agosto de 1998, Rad
IJ-001, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 27.228,
C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.Y rad 22637, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
En la primera decisión el Consejo de Estado sostuvo que la responsabilidad del
Estado podía comprometerse en eventos en los que el legislador deroga normas
que reconocen beneficios a los particulares (previo cumplimiento de ciertos
requisitos). Estos cambios normativos, a pesar de eliminar el incentivo, omiten
crear un régimen de transición para proteger la seguridad jurídica de quienes, al
momento de la derogatoria de la norma, contaban con una expectativa legítima de
acceder al mencionado beneficio (al estar en el supuesto de la norma). Sin
embargo, en esa decisión, no se accedió a las pretensiones porque la parte
demandante no probó el daño, es decir, la expectativa legítima frente a la Ley
derogada (o su vulneración)74.
En la segunda decisión75, en la que la subsección B profundizó más este evento
de responsabilidad, sostuvo que existían razones por las cuales se ameritaba
superar la teoría del daño especial por el hecho de una ley exequible, para, en su
lugar, fundamentar la responsabilidad en la vulneración de expectativas legítimas
o “estado de confianza” (conceptos que comprenden la confianza legítima) por la
concreta situación de la víctima frente a la Ley generadora del daño.
Sobre el principio de confianza legítima –al ser ésta una situación permitida por el
Estado con la que se busca proteger la estabilidad jurídica de los ciudadanos
frente a cambios abruptos normativos– de llegarse a defraudar con la expedición
de una Ley sin reparos constitucionales, según la misma sentencia citada, las
víctimas pueden reclamar la indemnización derivada de esta defraudación en
reparación directa. Sin embargo, la reparación estaría atada a la acreditación de
los elementos de la responsabilidad y a una serie de condiciones expresadas en
esa decisión76.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29
de julio de 2013, rad. 27.228, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo
75 La síntesis del caso, en la sentencia 22637, fue la siguiente: “El 29 de enero de 1991, la Ley 14 estableció
las condiciones legales en las que el Instituto Nacional de Radio y Televisión -INRAVISIÓN- celebraría los
contratos de concesión de espacios de televisión, los cuales serían prorrogables cuando se cumplieran ciertas
condiciones. Resultaron adjudicatarios de dichos contratos las sociedades Noticiero Veinticuatro Horas S.A.,
Producciones JES Ltda., Criptón S.A., y Globo Televisión Ltda T.V. 13 Ltda (socios Enrique Santos Calderón,
María Elvira Samper Nieto, Gabriel García Márquez, María Isabel Rueda, Julio Andrés Camacho y Benjamín
Villegas Jiménez). En el año 1996 fue expedida la Ley 335 que prohibió la prórroga de los contratos de
concesión de espacios de televisión y las disposiciones que excluyeron dicho beneficio -artículos 10 y 28-
fueron posteriormente declaradas exequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-350 del 29 de julio
de 1997”.
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
31 de agosto de 2015, rad 22637, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Asunto: Reparación directa
En síntesis, en la segunda decisión, luego de profundizar los conceptos de
expectativa legítima y estados de confianza (al amparo de la confianza legítima),
se ampliaron las diversas fuentes de daños antijurídicos susceptibles de ser
reparadas en eventos de leyes exequibles y se incluyeron estos dos supuestos
(comprendidos dentro de la confianza legítima) como eventos para ser reclamados
a través de la acción de reparación directa por el hecho del legislador. Sin
embargo, al resolver el caso concreto, se negaron las pretensiones por
inexistencia del daño antijurídico al encontrar que, en la situación particular de los
demandantes, el Estado no defraudó el principio de confianza legítima en su
condición de concesionarios77.
Responsabilidad por declaratoria de inexequibilidad de la Ley
Ahora bien, frente al segundo supuesto de responsabilidad del Estado-Legislador
(la expulsión de la Ley del ordenamiento jurídico por una sentencia de
inexequibilidad), aun cuando sería el caso típico (y por excelencia) de
responsabilidad por el hecho de la Ley, paradójicamente ha sido el que menos ha
tenido consenso al interior de las subsecciones de la Sección Tercera del Consejo
de Estado:
En el año 2002, en una sentencia ya citada en acápites anteriores 78, la Sección
Tercera sostuvo que, en eventos de daños causados por una ley declarada
inexequible –para determinar el primer elemento de la responsabilidad– era
necesario verificar los efectos de la decisión que declaró la inconstitucionalidad de
77 Sobre el caso particular, concluyó la sentencia: “11.1.8. De acuerdo con lo anterior, se infiere que el
legislador tuvo la decisión de someter el nacimiento del beneficio de prórroga contractual al cumplimiento de:
i) las condiciones generales de prórroga que estableciera el Consejo Nacional de Televisión; ii) la evaluación
que el Consejo Nacional de Televisión implementara con base en dicha reglamentación; iii) la obtención
mínima del 80% del puntaje previsto en las condiciones generales de prórroga por parte de los
concesionarios; y iv) que el contratista estuviera de acuerdo.
11.1.9. La Sala destaca que la prórroga tenía un trámite y uno de sus tantos requisitos indisociables era la
evaluación; de tal manera que la evaluación no puede ser analizada en forma desligada de la prórroga y, en
tal sentido, no es posible afirmar que la evaluación se constituyó en un derecho subjetivo definitivo y
vinculante que, de modo definitivo, ingresó al patrimonio de los concesionarios, por cuanto era un medio
sujeto a reglamentación previa que le permitiría a la administración decidir si era posible conceder el beneficio
de prórroga contractual, es decir, la evaluación estaba sujeta a una condición. Ahora, la obligación de la
administración de evaluar a los concesionarios no puede ser sujeto de análisis, en tanto era de competencia
de la CNTV, que no es parte dentro del presente proceso. Con todo, con independencia de si las obligaciones
contraídas y de si estas se sometieron a una condición, habida cuenta que la acción ejercida no versa sobre el
contrato y la eficacia de las obligaciones contraídas, para la Sala resulta claro que la evaluación es un
requisito dispuesto por el ordenamiento para acceder a la explotación de un bien y la prestación de un servicio
públicos, cuya titularidad se radica constitucionalmente en cabeza del Estado, al margen del poder de
disposición del concesionario (…)”.
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de septiembre
de 2002, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Asunto: Reparación directa
la norma, es decir al alcance en el tiempo que la misma Corte había decidido
atribuir a la declaratoria de inexequibilidad. Lo anterior, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, según el cual “Las sentencias
que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los
términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro
a menos que la Corte resuelva lo contrario”. Al respecto, estimó la sentencia:
(…) sólo la Corte Constitucional puede fijar los efectos de sus fallos de
constitucionalidad. Si se trata de la solución de un caso relativo a una situación
ocurrida con posterioridad al fallo de la Corte Constitucional, o de uno referido a
una situación ocurrida con anterioridad al mismo, pero dicha Corporación le ha
dado a su decisión efectos retroactivos, es claro que la autoridad respectiva
deberá, simplemente, acatar lo resuelto por aquélla, absteniéndose de aplicar
la norma que ha sido retirada del ordenamiento, sin necesidad de acudir al
artículo 4º de la Carta Política, ya que el máximo órgano guardián de la
supremacía de la Constitución se ha pronunciado al respecto y su decisión
tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, conforme a lo dispuesto en el
artículo 243 de la Carta.
Sin embargo, debe abordarse el tema de la procedencia de la aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad de una norma, respecto de situaciones
ocurridas con anterioridad al fallo de la citada Corte, mediante el cual se
declara la inexequibilidad de la norma respectiva, cuando éste tiene efectos
hacia el futuro.
Podría pensarse, en principio, que la decisión de la Corte constituye un
argumento suficiente para tornar indiscutible el planteamiento de la autoridad
que, respecto de situaciones anteriores, advierte la incompatibilidad entre la
norma aplicable y una disposición constitucional, por lo cual resultaría
perfectamente viable la aplicación de la excepción.
Considera la Sala, sin embargo, que no puede perderse de vista lo expresado
por la misma Corte, en la sentencia C-113 de 1993, antes mencionada. En
efecto, si los fallos de constitucionalidad expedidos por esa corporación
tienen efectos de cosa juzgada erga omnes y ella es la única instancia
competente para establecer los efectos de los mismos, debe concluirse
que su pronunciamiento debe ser acatado por todas las autoridades
públicas. En ese sentido, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad
encuentra límites en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, guardiana
suprema de la integridad y la supremacía de la Carta Fundamental.
Esta conclusión tiene sustento, por lo demás, en la Constitución misma.
Como bien se advierte en la sentencia aludida, para efectos de adoptar su
decisión, la Corte interpreta la Carta Fundamental, teniendo en cuenta los
fines de ésta y los del derecho objetivo en general, que son la justicia y la
seguridad jurídica. Se trata de fines que, generalmente, pueden garantizarse
simultáneamente con la decisión adoptada. En otros casos, sin embargo,
pueden resultar en conflicto y, de acuerdo con las circunstancias, es
posible que se haga prevalecer el uno sobre el otro, según la valoración
que, para el efecto, realice la Corte en cada caso. Por lo tanto, una vez se
produce el pronunciamiento respectivo, esta valoración está vedada a las
demás autoridades públicas, pues ella corresponde, exclusivamente, a la Corte
Constitucional.
La decisión sobre los efectos de un fallo de constitucionalidad, en
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Asunto: Reparación directa
consecuencia, también tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, de manera
que no están facultadas las autoridades de la República para aplicar la
excepción de inconstitucionalidad respecto de una norma determinada, cuando
la misma ha sido declarada inexequible por la Corte y el fallo respectivo tiene
efectos hacia el futuro. Si, como se dijo anteriormente, se trata de actos
proferidos o situaciones consolidadas con posterioridad al fallo, éste
simplemente debe acatarse, porque la norma en cuestión ha desaparecido del
ordenamiento jurídico. Si, en cambio, se trata de actos proferidos con
anterioridad al mismo o de situaciones consolidadas antes de su
pronunciamiento, aquéllos y éstas conservan su eficacia jurídica. Una
conclusión diferente nos llevaría a concluir, necesariamente, que el fallo de
constitucionalidad puede ser desconocido, en situaciones concretas, por las
autoridades competentes para resolverlas.
La postura que irradia esta sentencia, es decir, la sujeción a los efectos fijados por
la Corte en sus sentencias de inexequiblidad, se sustenta en la Constitución
misma y en el papel de la Corte como salvaguarda de la Carta y de los principios
de justicia y seguridad jurídica. Estos últimos se procuran garantizar como máxima
aspiración en un ordenamiento jurídico. Ahora, la misma Sección Tercera
reconoció que existen eventos en los que la Corte hace prevalecer un principio
sobre otro (según el tema estudiado y según el impacto en los destinatarios de la
norma). De manera que, el estudio de responsabilidad, se insistió, dependería de
la modulación que de los efectos se haga en la sentencia que expulsa la norma
jurídica.
El Consejo de Estado, al interior de algunas subsecciones reiteró esta postura. Sin
embargo, en esos casos, lo determinante para negar las pretensiones, no fueron
los efectos de la sentencia de inexequibilidad, sino la falta de acreditación del
daño79. En decisión posterior, la Sección Cuarta mantuvo el mismo criterio de
sujeción a los efectos de la Corte Constitucional y agregó que esta posición (sobre
todo en materia de tributos) garantizaba la legalidad de los recaudos efectuados
durante el tiempo en que la Ley tributaria tuvo validez. Textualmente, dijo la
sentencia:
“De lo anterior se colige que la causa del presunto perjuicio alegado es la ley, por
tanto, del cumplimiento o de la aplicación en sí de la misma no se puede derivar un
perjuicio, puesto que es obligatoria para todos los habitantes del país desde su
promulgación (art. 52, C. de R. P. Y M.), y al ejecutivo dentro de las funciones
79 Algunos Despachos de la Subsección C, siguiendo la misma línea, insistieron en la importancia que tienen
los efectos de inexequibilidad para la determinación de la antijuridicidad del daño. Sin embargo, concluyeron
en esas decisiones que ni siquiera el daño estuvo probado, pues, en el caso concreto (ante la no
incorporación a la nueva planta de personal) no se había limitado el acceso a la administración de justicia
invocado en la demanda. Al respecto ver sentencias de 24 de abril de 2013, rad 28221, C.P. Olga Mélida Valle
de De la Hoz y, de 9 de julio de 2014, rad. 28184, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).
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Asunto: Reparación directa
constitucionales asignadas le corresponde velar por la estricta recaudación y
administración de las rentas dentro del marco fijado en la ley por el Congreso o en
los actos excepcionales con fuerza de ley. Así las cosas, el alegado detrimento
del patrimonio de los usuarios del sistema financiero no sería antijuridico,
porque el impuesto contenido en las disposiciones antes señaladas era
aplicable y su constitucionalidad o legalidad sólo es susceptible de
controversia ante el juez competente mediante el ejercicio de las acciones
ordinarias contenidas en el ordenamiento jurídico y de otro lado el efecto de
las inexequibilidades declaradas se determinó expresamente hacia el futuro.
De otra parte, por la sola invocación de la ocurrencia de un presunto perjuicio no
puede desnaturalizarse el objeto de la acción de grupo, que se reitera es
exclusivamente indemnizatoria, así no es posible debatirla constitucionalidad de un
tributo, ni modificar el alcance de los efectos fijados en una sentencia de
inexequibilidad o desconocer ésta y en su lugar aplicar los criterios expuestos en
otra decisión sobre la constitucionalidad de norma diferente. (…)
En relación con la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 4 de la Carta, la Sala considera que en la presente
acción no es aplicable, pues declarada la inexequibilidad de las normas hacia
el futuro, el efecto implica que los recaudos efectuados con fundamento en
preceptos vigentes en tal momento, se apoyaron en la obligatoriedad de su
aplicación, por lo que el alegado perjuicio no puede devenir en antijurídico
(…)”80.
Las decisiones fijadas muestran que el criterio para concluir el daño antijurídico
viene dado por la validez de la Ley posteriormente inexequible “generadora del
daño”. Esta circunstancia, a su vez, está atada a los efectos que de la declaratoria
de inconstitucionalidad haga la Corte. Entonces, de llegar a ser retroactivos los
efectos, la ley desapareció desde su expedición y las consecuencias patrimoniales
no tendrían fundamento jurídico y no tendrían por qué soportarse por los
destinatarios afectados con la misma. En contraste, si los efectos asignados por la
Corte son hacia futuro, es decir, si la ley pierde validez desde la sentencia que
declaró su inconstitucionalidad, se asume que conservó su validez (y su eficacia)
entre el momento de su vigencia. De modo que los efectos producidos durante ese
período conservan plena eficacia y no constituyen un daño antijurídico.
La anterior línea, sin embargo, no ha sido del todo pacífica, por cuando, sujetarse
a la modulación de los efectos, marca un tratamiento desigual frente a las
consecuencias de los actos administrativos generales declarados nulos –con
efectos retroactivos–81.
80 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de junio de 2003, Exp. AG 2002-0014, C.P. María
Inés Ortiz Barbosa
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección A, sentencia de 23
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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En sentencia de 23 de febrero de 2012 (ya citada), la Subsección A concluyó que
el daño causado por una norma declarada inexequible o nula es “a no dudarlo,
antijurídico, comoquiera que carece de sustento en el ordenamiento el deber de
hacer frente al pago de una exacción que fue establecida de manera irregular por
una autoridad pública a través del ejercicio contrario a Derecho de su potestad
normativa”. Además, que los principios de igualdad, buena fe y tutela de la
confianza legítima y seguridad jurídica, en materia tributaria, implicaban que los
dineros recaudados sin fundamento Legal fueran reintegrados a los
contribuyentes82. En ese sentido, atar la responsabilidad a los efectos de la Corte
sería el asentamiento de una línea jurisprudencial que admitiese la
irresponsabilidad patrimonial del Estado en razón de los daños antijurídicos
causados con la expedición de normas tributarias inconstitucionales, lo cual podría
ser más dañino para la hacienda pública que las mismas condenas, pues se
enviaría el mensaje funesto y equivocado de que resulta más “rentable” no cumplir
con las obligaciones tributarias cuando pueda haber cuestionamientos sobre las
normas que las sustentan83.
En el año 2018, como se mencionó en el capítulo anterior, luego de un recuento
histórico y jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado-Legislador, y luego
de identificar las distintas posturas al interior las subsecciones y de las Secciones
Tercera y Cuarta84 –por importancia jurídica–, la Sala Plena de lo Contencioso
de febrero de 2012, rad 24655, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
82 Análisis jurisprudencial hecho por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia de 13 de marzo de 2018, C.P. Danilo Rojas Betancur, previo a fijar reglas de unificación.
83 Análisis jurisprudencial hecho por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en
sentencia de 13 de marzo de 2018, C.P. Danilo Rojas Betancur, previo a fijar reglas de unificación.
84 Los casos de la TESA (resueltos en las subsecciones de la Sección Tercera y abordados en fallos de tutela
de la Sección Cuarta) evidenciaron dos tesis jurisprudenciales enfrentadas:
1. La tesis tradicional, esto es, la explicada en la sentencia de la Sección Tercera de 26 de septiembre
de 2002 (C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez –ya citada-) y que podría denominarse la antijuridicidad
como ausencia de soporte normativo válido y vigente, sostiene que un daño es jurídico si está sustentado
en una norma vigente en el ordenamiento, de manera tal que si la declaratoria de inexequibilidad –aunque
sería válido también para la declaratoria de nulidad de un acto administrativo- dejó vigente la norma entre su
expedición y el momento en que se produce la declaratoria, los daños por ella causados durante ese período
tendrían fundamento jurídico y, por consiguiente, los particulares estarían en la obligación de soportarlos; por
el contrario, si la norma fue extraída del ordenamiento desde su expedición, desapareció con ella el
fundamento jurídico de la obligación impuesta a los particulares quienes, por lo tanto, no tendrían el deber de
asumirlo.
2. La tesis sostenida por la Subsección C en la sentencia de 26 de marzo de 2014 y por la Subsección
A que podría llamarse la antijuridicidad como incompatibilidad con la norma superior, señala que
cuando una norma general, impersonal y abstracta impone una carga a un particular, esta última es jurídica si
y solo si dicha norma es conforme a las superiores, en el caso de la ley, si se ajusta a la Constitución. Es por
ello que, al poner en evidencia la contrariedad con la Constitución, la declaratoria de inexequibilidad,
independientemente de sus efectos, pondría de manifiesto la antijuridicidad de las cargas impuestas por la ley
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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Asunto: Reparación directa
Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia85 en la que sostuvo:
“Hasta este punto de la evolución jurisprudencial se tiene entonces que: (i) es
indiscutible que el Estado puede ver comprometida su responsabilidad por el
hecho del legislador; (ii) contrario a lo que ocurrió con el instituto de la
responsabilidad en general, la que se deriva específicamente de la actuación
legislativa no surgió a partir de la noción de culpa, o de su correlato en derecho
administrativo, esto es, la falla del servicio, sino de la constatación de la existencia
de daños que, por sus características de anormalidad y especialidad, el particular
no estaba en la obligación de soportar; (iii) la desaparición de la ley por virtud de
su inexequibilidad es solo uno de los tres eventos en los que se ha admitido la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador; (iv) aunque en materia de
leyes inconstitucionales el criterio acogido por la Corporación para determinar la
antijuridicidad del daño es el de los efectos de la sentencia proferida por la Corte
Constitucional, el mismo ha sido cuestionado a partir de la comparación que puede
establecerse en relación con los casos de responsabilidad por el hecho de actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto declarados nulos por la
jurisdicción contenciosa”86.
(…)
(…) 15. No hacen falta mayores elucubraciones para poner en evidencia que los
juicios de legalidad entendidos en sentido amplio, esto es, comprendiendo por
tales los de la constitucionalidad de la ley, como los de la legalidad de actos
administrativos, tienen objetos distintos a los juicios de responsabilidad estatal. En
efecto, mientras en los primeros se busca una decisión judicial en torno a la
adecuación de una norma o acto al ordenamiento jurídico, pronunciamiento que
tendrá efectos sobre su validez y eficacia, en los juicios de responsabilidad se
pretende, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la reparación
de un daño antijurídico imputable a una autoridad pública; diferenciación que es
cierta aun para las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho pues en
estos eventos el restablecimiento o reparación solicitado está supeditado a la
constatación de la ilegalidad del acto y a la consecuente declaratoria de nulidad,
de modo que, sin esta, aquél resulta improcedente87. Esta
diferencia implica que los análisis que se realizan en uno y otro caso sean distintos
(15.1), aunque tengan puntos de convergencia en los casos en los que se
demanda la responsabilidad del Estado por los supuestos daños antijurídicos
causados por normas declaradas ilegales -leyes inexequibles o actos
administrativos declarados nulos- (15.2).
respecto de la cual se dio la declaratoria; de hecho, se insiste, según la sentencia de la Subsección C de 26
de marzo de 2014, no sería indispensable la declaratoria formal de inexequibilidad, pues bastaría con
apoyarse en la excepción de inconstitucionalidad de la ley para considerar que las cargas por ella impuestas
son antijurídicas y, por ende, susceptibles de ser indemnizadas por la vía de la acción de reparación directa –
razonamiento que también sería válido para los actos administrativos declarados nulos o para aquellos
respecto de los cuales se considere pertinente la aplicación de la excepción de ilegalidad-. Así pues, las
obligaciones impuestas por normas encontradas contrarias al ordenamiento serían antijurídicas desde el
momento mismo en que fueron fijadas, esto es, desde la expedición de dichas normas. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 2018, rad 28796 (IJ), C.P. Danilo
Rojas Betancur. (Subrayas y negrillas de la Sala).
85 Esta sentencia, se insiste, aunque fue citada en el acápite anterior, se considera que volver a ella no sólo es
pertinente, sino indispensable y necesario.
86 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 2018, rad
28796 (IJ), C.P. Danilo Rojas Betancur.
87 Se recuerda que tanto el artículo 85 del C.C.A como el 138 del C.P.A.C.A. consagran que “toda persona
que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica” puede pedir, junto con la nulidad del
acto administrativo, el restablecimiento de su derecho y la reparación del daño.
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Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
(…)
15.1.1. En otros términos, una decisión de inexequibilidad o de nulidad adoptada
en sede de legalidad no podría considerarse como suficiente para fundar la
responsabilidad del Estado por la expedición de la norma o acto declarado
inexequible o nulo, pues en sede de reparación directa siempre será necesario
verificar cada uno de los elementos estructurantes del juicio de responsabilidad: la
existencia efectiva de un daño antijurídico y su imputabilidad a la demandada,
análisis este último dentro del cual bien pueden operar causales eximentes de
responsabilidad.
15.2. Sin embargo, no puede perderse de vista que, en materia de
responsabilidad del Estado, el estudio de la antijuridicidad del daño
supuestamente causado por una norma o acto no puede adelantarse al
margen del análisis sobre la legalidad de estos últimos. En estos casos el
análisis de juridicidad o antijuridicidad del daño se edifica a partir del de legalidad o
ilegalidad de la norma o acto que impone la carga (15.2.1), aunque no se identifica
plenamente con él (15.2.2).
15.2.1. En efecto, teniendo en cuenta que un daño es antijurídico cuando se trata
de una carga que el particular no estaba en la obligación jurídica de soportar, es
innegable la relevancia que para el análisis de la antijuridicidad del daño causado
por una norma o acto que no superó el juicio de legalidad, tiene lo decidido en este
último. Esto es especialmente cierto en los casos en los que, como
consecuencia del juicio de legalidad, la norma o el acto que impuso una
obligación es sacado del ordenamiento, con efectos retroactivos, pues en
estos eventos salta a la vista que, habiendo desaparecido por completo el
fundamento jurídico directo de la carga impuesta, esta última constituiría un
daño que la víctima no está en la obligación de soportar, es decir, se trataría
de un típico daño antijurídico.
15.2.1.1. Dicha incidencia es más controvertida cuando se trata de sentencias
de legalidad que, pese a poner en evidencia la contrariedad de la norma o
acto con la norma superior, mantienen sus efectos temporalmente, como
ocurre en las declaratorias de inexequibilidad con efectos hacia futuro. Sin
embargo, allí también es indudable que estas decisiones son relevantes para
el análisis que debe emprender el juez de la responsabilidad en torno a la
antijuridicidad del daño. En efecto, como lo pone de presente el debate
jurisprudencial que enfrenta a las tesis de la antijuridicidad como ausencia
de soporte normativo válido y vigente y como incompatibilidad con la norma
superior, en esos eventos el juez de la reparación debe determinar qué es lo
que hace que la carga impuesta por una norma, que no superó el juicio de
legalidad, sea de aquéllas que el particular no tiene la obligación jurídica de
soportar: el estar fundada en una norma declarada contraria a la superior o la
decisión adoptada en torno a su vigencia.
15.2.1.2. En otros términos corresponde al juez de la responsabilidad aprehender,
en clave de antijuridicidad, lo decidido por el juez de la legalidad, de modo que
esta última decisión constituye un insumo que aquél no puede desconocer, al
margen de la posición que adopte en relación con lo que en ese pronunciamiento
sería determinante para establecer la antijuridicidad del daño cuya reparación se
reclama: la mera constatación de la incompatibilidad normativa o, más bien, los
efectos atribuidos a dicha constatación.
15.2.2. Ahora bien, la existencia de esta opción también evidencia que el análisis
de juridicidad/antijuridicidad de un daño no es idéntico al de la legalidad/ilegalidad
de la norma o acto que lo causaría pues, en realidad, el primero supone un paso
lógico adicional, a saber, la adopción del criterio de antijuridicidad a partir del cual
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se aprehenden o califican las conclusiones del segundo. Así pues, aunque
materialmente los dos juicios pueden ser coincidentes, dicha coincidencia es
resultado de la decisión adoptada por el juez de la reparación directa sobre la
manera de calificar, en términos de antijuridicidad, un juicio de legalidad que, si
bien no puede ignorar o eludir, no lo determina completamente88.
La historia jurisprudencial reseñada (y reiterada por razones conceptuales) permite
sostener que, en el ámbito de la responsabilidad estatal por el hecho del legislador
(causados por leyes declaradas inexequibles), es al juez a quien corresponde
evaluar las características específicas y particulares del caso, puesto que debe
verificar: (i) si la ley ha sido declarada inexequible y, en ese evento, (ii) debe
revisar los efectos que la Corte Constitucional atribuyó a la declaratoria de
inexequibilidad, para (iii) determinar si hay lugar a acceder a las pretensiones.
Desde luego, en uno y en otro caso siempre deberá 1. Constatar la existencia del
daño (como lesión a un interés jurídicamente protegido), 2. abordar el estudio de
imputación. Y 3. luego de concluir la antijuridicidad (por no tener el deber jurídico
de soportar la lesión), pasar a la declaratoria de responsabilidad.
8.3. Lo anterior permite advertir que la responsabilidad patrimonial del Estado-
Legislador –desde sus inicios– tuvo un germen de inmunidad por la naturaleza
misma de la Ley y la sacralidad que representaba (y representa) la actividad
legislativa como expresión de la soberanía parlamentaria. Luego, cuando se
contempló la posibilidad de atribuir daños causados por la Ley, es decir, cuando
adquirió relevancia jurídica en el derecho de daños, la responsabilidad del Estado-
Legislador no surgió de un reproche a un comportamiento estatal, sino –desde una
perspectiva del lesionado–, con fundamento en el desconocimiento al principio de
igualdad ante las cargas públicas. Y, más adelante, con el concepto de
supremacía de la constitución y de sujeción de la Ley a una norma superior y a
otras normas de rango supranacional, se llegó a la noción de responsabilidad del
legislador por leyes declaradas inconstitucionales.
Definido lo anterior, se pasará a estudiar el problema jurídico formulado en el caso
concreto.
9. Según la demanda, los cambios normativos en el sistema UPAC y la
88 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 2018, rad
28796 (IJ), C.P. Danilo Rojas Betancur.
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promulgación de la Ley 546 de 1999 (que modificaron las cláusulas pactadas en
los contratos de mutuo y se reemplazó la UPAC por la Unidad de Valor Real-UVR)
trajo como consecuencia que los usuarios del sistema financiero promovieran
numerosas demandas en contra de las entidades bancarias demandantes (para
que se reliquidaran nuevamente los créditos hipotecarios).
Según el recurso, por los cambios en el sistema normativo y, en especial, la
expedición de la Ley 546 de 1999, la parte actora tuvo que soportar gran número
de litigios, se vio obligada a recibir bienes en pago de los contratos de mutuo,
situaciones que, aunadas al cambio de normativa del sistema UPAC a UVR, le
generaron pérdidas patrimoniales en el negocio financiero que no estaban en el
deber jurídico de soportar.
Del daño: primer elemento de la responsabilidad del Estado
10. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado, corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que,
estando debidamente demostrado, determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño, sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.
De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito89-90 es el primer elemento que debe quedar
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2
de junio de 2023. Exp: 61.340.
90 Por su parte, el doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como “(…) toda afrenta a los intereses lícitos
de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales o de
colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que,
gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros requisitos de la
responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran reunidos”. En: Le
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certera y suficientemente probado —en tanto no es posible presumirlo—, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido
la doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil”91.
El daño —para que sea indemnizable— debe ser cierto92, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 93. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.
Además, el daño debe ser probado, teniendo en cuenta que es el actor quien tiene
la carga de demostrarlo. De esta manera, tratándose de la prueba del daño, el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil prescribe: “incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen”, de ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio”94.
dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit
français, tesis doctoral, Universidad de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007.
Definición reiterada en el artículo: Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su
unificación sustancial en todas las acciones contra el estado, publicado en la Revista de Derecho Privado,
Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva La responsabilidad
extracontractual del Estado. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado
de Colombia, 2015, p. 35. Esta definición de daño fue adoptada, además, por la Corte Constitucional en
sentencia SU-080 de 2020.
91 Hinestrosa, F. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao, Juan Carlos. El
daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. P. 36.
92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre
de 2006. Exp: 13.186: “(…) el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga
derecho a indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la prolongación
cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina realizada por la autoridad
pública”. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Sentencia del 13 de abril de 2000, Exp: 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario
avanzar en el análisis de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a
reparar el perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
93 Henao, J.C. El Daño. Universidad Externado de Colombia, Primera Edición, julio 1998. P. 88 y 104.
94 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802
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11. En el expediente obran dictámenes periciales que acreditan el daño alegado
por la parte demandante en los siguientes términos:
11.1. Dictamen pericial rendido por Yadira Mayerly Blanco Hernández, contadora
pública, auxiliar de la justicia, quien conceptuó sobre los libros y documentos
contables de las entidades demandantes, para determinar los daños causados por
concepto de pago de honorarios a profesionales en derecho parte para atender las
demandas presentadas por beneficiarios de créditos hipotecarios durante los años
1999 a 201195.
Esta experticia arrojó las siguientes conclusiones:
ENTIDAD MONTO DEL DAÑO-GASTO CERTIFICADO
BANCOLOMBIA 3.118.436.959
AV VILLAS 2.624.390.746
BANCO CAJA SOCIAL (COLMENA) 516.366.703
COLPATRIA 456.966.909
TOTAL 6.716.161.317
11.2. Dictamen pericial rendido por Carlos Eduardo Forero Barrera, perito
financiero, auxiliar de la justicia, decretado con el objeto de determinar la
diferencia entre el saldo contable del crédito y el valor de la dación en pago
determinado en las escrituras públicas de los bienes recibidos por las entidades
bancarias demandantes, con el ánimo de aliviar la situación de los deudores96.
El perito sintetizó la liquidación del daño como se muestra en el siguiente cuadro:
ID BANCO BANCO O
DEUDA DACIÓN PÉRDIDA
ARCHIVO CORPORACIÓN
A COLPATRIA 15.964.321.027,83 11.227.961.348,35 4.736.359.679,48
B AV VILLAS 50.651.791.881,50 39.004.458.664 11.647.333.217,50
C COLMENA 21.427.007.284,95 15.327.003.862 6.100.003.422,95
D CONAVI 50.638.443.386,58 33.694.028.410,62 16.944.414.975,96
95 Este dictamen pericial obra en el cuaderno 9 y sus correspondientes anexos obran en los cuadernos 10 a
76 del expediente.
96 Dictamen visible en el cuaderno 77 y sus anexos en los cuadernos 78 a 82 y 87 a 114 del expediente. El
alcance del dictamen en cuanto a la liquidación de los perjuicios de la corporación Conavi obra en el cuaderno
83 y su anexo en el cuaderno 86.
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TOTALES 138.681.563.580,86 99.253.452.284,97 39.428.111.295,89
11.3. Dictamen pericial rendido por Óscar Gustavo Rondón Galindo, auxiliar de la
justicia, contador público, especialista bancario en altas finanzas y de inversión,
con el fin de determinar el impacto sufrido y registrado por las entidades de la
banca especializada en cartera hipotecaria con ocasión de los procesos judiciales
asumidos por el cambio de normatividad del sistema UPAC a UVR y por la merma
de potencial de crecimiento financiero de las entidades a raíz del cambio de la
normatividad y la inseguridad jurídica97.
La experticia resumió los siguientes datos como daños sufridos por las entidades
bancarias demandantes:
“CONCLUSIONES
BANCO AV VILLAS
Valor dejado de prestar $136.432.804.369
Utilidad dejada de percibir a valor presente 2010 $ 27.668.426.188
Es decir, el detrimento patrimonial para AV Villas fue de $ 27.668.426.188
RED MULTIBANCA COLPATRIA
Valor dejado de prestar $152.953.307.029
Utilidad dejada de percibir a valor presente 2010 $ 19.729.411.043
Es decir, el detrimento patrimonial para Multibanca Colpatria fue de
$19.729.411.043
COLMENA
Valor dejado de prestar $299.660.797.602
Utilidad dejada de percibir a valor presente 2010 $ 63.793.699.526
Es decir, el detrimento patrimonial para Colmena fue de $ 63.793.699.526
BANCOLOMBIA
Esta entidad presenta un crecimiento superior en el periodo 2000-2010, 15.9% al
periodo anterior 1994-1999 11.9%, por lo tanto, no tiene valor a favor”.
Vistas las conclusiones de los tres dictámenes periciales se tiene que las
97 Cuaderno principal 2, folios 171 a 204.
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entidades bancarias demandantes determinaron la merma económica sufrida por
los tres ítems señalados en la demanda, esto es, (i) atención de demandas
judiciales, (ii) extinción de las obligaciones hipotecarios mediante la dación de
inmuebles en pago de las deudas y (iii) detrimento del crecimiento financiero de
las entidades como consecuencia del cambio de normatividad referente al cobro
de los intereses en los créditos de vivienda.
Corresponde ahora a la Sala estudiar la Ley 546 de 1999 a efectos de determinar
si esta legislación causó un daño antijurídico a la parte actora. Según el recurso de
apelación, esta ley produjo un daño con fundamento en el régimen objetivo de
responsabilidad del daño especial, toda vez que con ella se produjo un
rompimiento de la igualdad de las cargas públicas, que la banca especializada en
créditos de vivienda no estaba en la obligación de soportar.
Antecedentes de la creación de la Ley 546 de 1999: sistema normativo de la
Unidad de Poder Adquisitivo Constante-UPAC
12. La Unidad de Poder Adquisitivo Constante-UPAC, creada en el año de 1972,
tenía como principales objetivos mantener el poder adquisitivo de la moneda y
ofrecer una solución a los colombianos que necesitaran tomar un crédito
hipotecario de largo plazo para comprar vivienda. En ese sentido, los créditos
hipotecarios para compra de vivienda se ajustarían su valor de acuerdo con el
índice de inflación; es decir, se reconocería o se cobraría un interés por lo menos
igual a la inflación. De esta forma se garantizaría que el dinero, tanto el que se
utilizó para otorgar un crédito, como el que se encontraba en una cuenta de
ahorros, mantuviera su capacidad de compra.
El sistema UPAC incentivó el ahorro en el país, las corporaciones tuvieron
recursos para prestar en gran cantidad a los constructores y se logró masificar la
construcción de vivienda. Por otro lado, el UPAC permitió ofrecer créditos
adecuados a las necesidades de las personas, con cuotas iniciales bajas que se
incrementaban con el tiempo pero que correspondían, a lo largo de la vida del
crédito, a un porcentaje constante del ingreso familiar porque este último también
se ajustaba con la inflación.
Inicialmente, el UPAC crecía con el índice de precios al consumidor (IPC), de la
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misma forma en que lo hacían los créditos hipotecarios. Después, el UPAC
comenzó a valorarse con la tasa DTF (tasa de interés calculada con base en el
promedio ponderado de las tasas de interés para la captación de dinero por los
establecimientos bancarios), tasa de interés variable de acuerdo con el
comportamiento del sistema financiero. A mediados de la década de los noventa,
la DTF alcanzó valores históricamente altos que sobrepasaban ampliamente el
índice de precios al consumidor (IPC). Lo anterior generó un crecimiento
importante de la UPAC y de los créditos atados a esta, mientras que el salario de
los colombianos crecía de acuerdo con el IPC98.
Esta situación generó un exponencial aumento en las tasas de interés que le
impidió a los usuarios de los créditos de vivienda pagar sus obligaciones, situación
que desembocó en una crisis del sistema financiero a mediados de los años 90 en
Colombia. Por lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2330 de
noviembre 16 de 1998, por medio del cual declaró el estado de excepción de
emergencia económica y social de que trata el artículo 215 de la Constitución
Política.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado99 declaró la nulidad del artículo 1 de la
Resolución Externa No. 18 del 30 de junio de 1995, emitida por el Banco de la
República, con fundamento en que tomar la tasa DTF como criterio de indexación
desvirtuaba la naturaleza y objetivos del UPAC, el cual debía estar atado
principalmente al IPC y en una mínima proporción a otros indicadores económicos.
Posteriormente, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-700 del 16 de
septiembre de 1999, declaró inexequibles todas las normas que, en el Decreto 663
de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), estructuraban el sistema
UPAC. Así mismo, en la sentencia C-383 del 27 de mayo de 1999, la Corte
Constitucional declaró inexequible la inclusión de la DTF100, para los créditos que
se habían otorgado con base en el sistema UPAC.
Ley 546 de 1999
98 Al respecto, consultar en https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=UPAC_y_UVR
99 Sentencia del 21 de mayo de 1999, exp. 9280, M.P. Daniel Manrique Guzmán.
100 La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión que se subraya del artículo 16 de la Ley 31 de
1992, respecto de las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República: “Fijar la metodología para la
determinación de los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante
UPAC, procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés en la economía".
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13. El legislador expidió la Ley 546 de 1999, como respuesta a la crisis económica
y social que atravesaba el país, mediante la cual se dictaron normas en materia de
vivienda, se señalaron los criterios generales a los cuales debía sujetarse el
Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación y se
dictaron medidas relacionadas con los impuestos y costos vinculados a la
construcción y negociación de vivienda. Esta ley creó la Unidad de Valor Real
UVR como una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda,
con base exclusivamente en la variación del IPC, dispuso que los sistemas de
amortización de los créditos de vivienda no contemplarían capitalización de
intereses y que se prohibían las sanciones por prepago total o parcial del mismo.
La Ley 546 de 1999 incluyó un régimen de transición en el capítulo VIII,
comprendido en los artículos 38 a 49, para el paso del sistema de financiación
UPAC a la UVR, que permitiera, por un lado, la adquisición de vivienda a otras
personas y, de otro lado, que quienes se vieron afectados por el sistema anterior,
declarado inconstitucional, pudieran conservarlas. El artículo 42 de esta ley señaló
que los deudores que se encontraban en mora a 31 de diciembre de 1999 y se les
adelantaba un procedimiento judicial tendiente a obtener el pago de lo debido,
podían beneficiarse de los abonos que realizaría el Gobierno Nacional. También
se previeron los efectos y los abonos aplicados a los créditos hipotecarios,
estipulándose, en el parágrafo 3, las condiciones exigidas para que operara, en
una primera fase, la suspensión y, en una segunda fase, la terminación de los
procesos ejecutivos en curso.
El artículo 42 de la Ley 546 de 1999, en su redacción original, consagraba:
“Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que
estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos
previstos en el artículo 40, siempre que el deudor manifieste por escrito a la
entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de
los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la Ley.
Cumplido lo anterior, la entidad financiera procederá a condonar los intereses de
mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el
monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la
entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el
parágrafo cuarto del mismo artículo 41.
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Parágrafo 1. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo
incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva
obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de
crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4°
del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la
garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno
Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.
Parágrafo 2. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán
igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en
los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo.
Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las
cuales recaigan procesos judiciales que dentro de los noventa (90) días siguientes
a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de
su crédito hipotecario, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados
procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez
respectivo. En caso de que el deudor acuerde dentro del plazo la reliquidación de
su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará
por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. Si dentro del año
siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en
mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía”.
En cumplimiento de la anterior disposición, los bancos procedieron a hacer las
reliquidaciones de los créditos hipotecarios y el Gobierno Nacional, a su vez, hizo
los abonos respectivos a cada crédito a título de inversión social para vivienda.
Los deudores hipotecarios presentaron inconformidad con las liquidaciones de los
créditos, situación que dio lugar a que estos formularan demandas contra sus
acreedores hipotecarios.
14. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-955 de 2000, declaró exequible
la Ley 546 de 1999 y algunas disposiciones las declaró exequibles de manera
condicionada. Para el caso sub examine resulta pertinente destacar las siguientes:
2. Declárase EXEQUIBLE la Ley 546 de 1999, "por la cual se dictan normas en
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para
su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se
dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la
construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones", en
cuanto, por los cargos formulados, el Congreso no incurrió en vicios de trámite.
3. Con las excepciones previstas en esta Sentencia, declárase EXEQUIBLE la
Ley 546 de 1999, en cuanto, al establecer el marco de la actividad financiera en
materia de vivienda, se ajustó a las prescripciones del artículo 150, numeral 19,
literal d) de la Constitución.
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
4. Declárase EXEQUIBLE el artículo 1 de la Ley 546 de 1999, pero en el
entendido de que las entidades que otorguen créditos de vivienda deben hallarse
sometidas al control, vigilancia e intervención por el Estado, y de que en los
préstamos que otorguen debe garantizarse la democratización del crédito y la
efectividad del derecho a una vivienda digna mediante sistemas adecuados de
financiación a largo plazo. Bajo cualquiera otra interpretación, se declara
inexequible.
5. Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta Sentencia, el artículo 2 de
la Ley 546 de 1999.
6. Declárase EXEQUIBLE el artículo 3 de la Ley 546 de 1999, salvo las
expresiones que a continuación se transcriben, las cuales se
declaran inexequibles:
"...cuyo valor se calculará de conformidad con la metodología que establezca el
Consejo de Política Económica y Social, Conpes. Si el Conpes llegare a modificar la
metodología de cálculo de la UVR, esta modificación no afectará los contratos ya
suscritos, ni los bonos hipotecarios o títulos emitidos en procesos de titularización de
cartera hipotecaria de vivienda ya colocados en el mercado.
El Gobierno Nacional determinará la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder
Adquisitivo Constante, UPAC, así como el régimen de transición de la UPAC a la
UVR".
La exequibilidad de este precepto se declara en el entendido de que la Junta
Directiva del Banco de la República deberá proceder, una vez comunicada esta
Sentencia, a establecer el valor de la UVR, de tal manera que ella incluya exclusiva y
verdaderamente la inflación, como tope máximo, sin elemento ni factor adicional
alguno, correspondiendo exactamente al IPC. Bajo cualquiera otra interpretación o
aplicación, la norma se declara inexequible.
7. Declárase EXEQUIBLE el artículo 4 de la Ley 546 de 1999.
13. Declárase EXEQUIBLE, con las salvedades y condicionamientos aquí
previstos, el artículo 17 de la Ley 546 de 1999.
La EXEQUIBILIDAD de este precepto se declara únicamente si se lo entiende y
aplica bajo las siguientes condiciones:
-El numeral 2 sólo es EXEQUIBLE en el entendido de que la tasa de interés
remuneratoria a que se refiere no incluirá el valor de la inflación, será siempre inferior
a la menor tasa real que se esté cobrando en las demás operaciones crediticias en la
actividad financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria, y su
máximo será determinado por la Junta Directiva del Banco de la República, conforme
a lo resuelto por la Corte Constitucional, en sentencias C-481 del 7 de julio de 1999 y
C-208 del 1 de marzo de 2000.
-Una vez se comunique el presente fallo, y la Junta Directiva del Banco de la
República proceda a fijar la tasa máxima de interés remuneratorio, la norma legal,
con el condicionamiento que precede, se aplicará de manera obligatoria e inmediata
tanto a los créditos nuevos como a los ya otorgados.
Los créditos que se encuentren vigentes al momento de la comunicación de esta
providencia y en los cuales hubieren sido pactados intereses superiores al máximo
que se fije, deberán reducirse al tope máximo indicado, que será aplicable a todas
las cuotas futuras.
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Demandante: Colmena Establecimiento Bancario y otros
Demandado: Nación-Congreso de la República y otros
Asunto: Reparación directa
-Los intereses remuneratorios se calcularán sólo sobre los saldos insolutos del
capital, actualizados con la inflación.
-El numeral 6 sólo es EXEQUIBLE en el entendido de que las expresiones "primera
cuota" se refieren no solamente a la primera del préstamo, sino también a la primera
que se pague luego de una reestructuración del crédito, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 546 de 1999.
-El numeral 7 se declara EXEQUIBLE únicamente si se entiende que la
Superintendencia Bancaria no podrá aprobar ningún plan de amortización en materia
de financiación de vivienda en cuya virtud en las cuotas mensuales sólo se paguen
intereses. En todas las cuotas, desde la primera, tales planes deben contemplar
amortización a capital, con el objeto de que el saldo vaya disminuyendo, sin que ello
se pueda traducir en ningún caso en incremento de las cuotas que se vienen
pagando, para lo cual, si es necesario, podrá ampliarse el plazo inicialmente
pactado.
-En las cuotas mensuales, si así lo quiere el deudor, se irá pagando la corrección por
inflación a medida que se causa.
Bajo cualquiera otra interpretación, estos numerales se declaran INEXEQUIBLES.
(…)
18. Declárase EXEQUIBLE el artículo 25 de la Ley 546 de 1999, en el entendido
de que también son aplicables a los constructores los condicionamientos que en este
Fallo se hacen sobre la constitucionalidad del artículo 17 de la misma Ley, pagarán
también los intereses más bajos, y el Gobierno, al desarrollar la Ley, deberá fijar
condiciones especiales para sus créditos, en cuanto incidan en los costos de la
construcción, todo lo cual deberá reflejarse en los precios de venta de las viviendas.
19. Declárase EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 28 de la Ley 546 de 1999, en
el entendido de que de la tasa prevista deberá deducirse la inflación y, en lo
sucesivo, cuando ya el tope señalado pierda vigencia, será la Junta Directiva del
Banco de la República, de conformidad con sus facultades constitucionales y legales,
la autoridad competente para los efectos de fijar las condiciones de financiación de
créditos de vivienda de interés social, las cuales deben ser las más adecuadas y
favorables, a fin de que consulten la capacidad de pago de los deudores y protejan
su patrimonio familiar, también bajo el entendido de que la tasa real de interés
remuneratorio no comprenderá la inflación y será inferior a la vigente para los demás
créditos de vivienda.
25. Declárase EXEQUIBLE el artículo 42, con excepción de las frases "siempre que
el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la
reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de
la Ley", de su inciso primero; "cumplido lo anterior", de su inciso 2; y, en el parágrafo
3, las frases "que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia
de la presente Ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario",
"dentro del plazo", y "si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el
deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la
entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se
encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía", que
se declaran inexequibles.
La Corte Constitucional tuvo como fundamentos para declarar la exequibilidad de
la Ley 546 de 1999, entre otros aspectos: (i) que en los créditos hipotecarios debía
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garantizarse la democratización del crédito, en particular cuando se trata del
ejercicio del derecho constitucional a la adquisición de una vivienda digna
(artículos 51 y 335 C.P.), por lo que un sistema de financiación con altas tasas de
interés y capitalización de intereses que hagan impagable un crédito quebranta la
Constitución; (ii) que las tasas de interés y los préstamos no podían dejarse al libre
pacto entre las entidades crediticias y sus deudores, entre otras razones, porque
en la práctica se convirtieron en contratos por adhesión en los que la parte
necesitada del crédito no tiene libertad para discutir los términos contractuales.
Con base en lo anterior, señaló que las tasas de interés y condiciones
contractuales son intervenidas por el Estado y están sujetas a la fijación de topes
por la Junta Directiva del Banco de la República, que, a su turno está obligada a
establecerlos y a impedir desbordamientos o alzas desmedidas que rompan el
equilibrio financiero y la estabilidad de los deudores en la ejecución y cumplimiento
de sus obligaciones. La Corte Constitucional destacó que las tasas de interés de
los créditos hipotecarios no podían comportarse según las leyes del mercado, y
que en ellas podían intervenir las autoridades monetarias y crediticias, tal como lo
exigía la Constitución Política.
Por su parte, el Consejo de Estado, al estudiar una demanda de reparación directa
por error jurisdiccional presuntamente incurrido por la Corte Constitucional
precisamente en la sentencia C-955 de 2000 que declaró exequible la Ley 546 de
1999, en lo que resulta relevante para este proceso, señaló:
“De la decisión de constitucionalidad se pueden extraer varias conclusiones
necesarias para resolver la controversia objeto de análisis:
i) El artículo 17, sobre las condiciones de los créditos de vivienda individual, fue
declarado exequible bajo el entendido de que la tasa de interés remuneratoria no
incluiría el factor de la inflación y sería siempre inferior a la menor tasa real que se
estuviera cobrando en las demás operaciones crediticias.
ii) Por su parte, el artículo 25 sobre créditos para la construcción de vivienda se
mantuvo en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando los efectos del
condicionamiento del artículo 17 se le hicieran extensivos a los constructores de
vivienda y, por tanto, pagaran también los intereses más bajos.
iii) El artículo 28, relativo a créditos de vivienda de interés social, fue declarado
constitucional bajo la condición de que las tasas de interés de este tipo de créditos
deberían ser las más adecuadas y favorables, porque la tasa real de interés
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remuneratorio no comprendería la inflación y sería inferior a la vigente para los
demás créditos de vivienda”101.
La reliquidación de los créditos hipotecarios en los términos del artículo 41 de la
Ley 546 de 1999 tenía como fundamento aplicar la UVR, con el fin de que se
tuvieran en cuenta las condiciones económicas reales de los afectados, como una
manera de conjurar la crisis social existente. Esta reliquidación de los acuerdos
contractuales pactados antes de la expedición de la ley fue una medida
excepcional que estuvo fundamentada en la necesidad de hacer efectivo el
derecho constitucional a la vivienda digna, ante la grave situación económica y
social que existía para el momento. Obsérvese que el cambio de normatividad del
sistema UPAC al sistema UVR señaló como criterios y objetivos, propender por el
desarrollo de mecanismos eficientes de financiación de vivienda a largo plazo, así
como velar por que el otorgamiento de los créditos y su atención consultara la
capacidad de pago de los deudores102.
Lo anteriormente expuesto se refuerza con la sentencia de unificación SU-846 de
2000, proferida por la Corte Constitucional, en la que precisó que las disposiciones
previstas en la Ley 546 de 1999, obedecieron a una legítima actuación del
legislador, adelantándose a una posible declaración del estado de emergencia
económica y social, en los siguientes términos103:
“La Ley 546 de 1999 estableció, entonces, una forma extraordinaria de
terminación, la que a juicio de esta Corporación obedeció a la necesidad de
hacerle frente a una crisis económica de grandes proporciones, generada
en el incremento excesivo de los créditos otorgados en UPACS y en el
aumento inusitado de procesos ejecutivos, modalidad que persigue otorgar
tanto a las entidades prestamistas como a los deudores la posibilidad de
reestructurar los créditos, previo el abono especial ordenado en el artículo
40 de la misma disposición, una vez efectuada la reliquidación del crédito, y
adecuados documentos contentivos de la obligación.
Basta para sustentar lo expuesto considerar que la Ley 546 de 1999 diseñó
un sistema de financiación de vivienda a largo plazo, de aplicación general,
que entró a regular ‘más de ochocientas mil deudas hipotecarias contraídas
a la luz de normas precedentes’, al igual que ‘los innumerables pleitos
ejecutivos o de reclamo de las sumas pagadas’, ‘inocultables síntomas de
perturbación social ocasionado por el aumento exagerado de las tasas de
interés, por la vinculación de la DTF al cálculo de la unidad de poder
101 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2020, Rad. 38.415.
102 Objetivos y criterios de la Ley 546 de 1999, artículo 2.
103 Corte Constitucional, sentencia SU- 846 del 26 de julio de 2000, M.P. José Gregorio Hernández.
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adquisitivo constante y por la capitalización de intereses en las obligaciones
contraídas con el sector financiero’.
Pero no fue lo único, a juicio de la Corte ‘el conjunto de las
disposiciones puestas en vigencia obedeció a una legítima actitud del
legislador, quien quiso adelantarse, mediante reglas ordinarias, a la
circunstancia de una posible declaración de estado de emergencia
económica y social (...), motivada en que ‘las deudas en UPAC se
hicieron impagables en la generalidad de los casos, en términos tales
que se extendió la mora y que la cartera hipotecaria de difícil o
imposible cobro creció desmesuradamente, conduciendo a la
instauración de incontables procesos ejecutivos, de remates y de
daciones en pago, con las naturales consecuencias negativas para la
economía y para la estabilidad del crédito’.
Y aún hay más, el legislador previó nuevas reglas en la relación contractual
de las entidades financieras y los usuarios del crédito de vivienda, en cuanto
dispuso i) dotar a los contratos de seguridades, mediante la adopción de
condiciones uniformes para los documentos contentivos de las condiciones
de crédito y sus garantías; y ii) conferir certidumbre a la relación jurídica
desde su iniciación, en cuanto los establecimientos financieros adquirieron
el deber de informar a sus deudores las proyecciones de los créditos, para
el periodo anual, a fin de que éstos consigan adecuar sus finanzas al
comportamiento de su obligación.
Asunto éste de especial interés, que opera en relación con todos los
créditos, comoquiera que se trata de facilitar las condiciones para que todos
los deudores ‘gocen de los indispensables conocimientos y documentos
respecto de sus créditos, para formular, si lo consideran pertinente, las
reclamaciones a que haya lugar’; como también de permitirles la
reestructuración del crédito, de acuerdo con su real capacidad de pago.
Por ello el artículo 39 de la misma disposición prevé la necesidad de
adecuar ‘los documentos contentivos de las condiciones de los créditos de
vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha
de la vigencia de la presente ley a las disposiciones previstas en la misma’,
en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de su vigencia.
No sobra advertir, al respecto, que la finalización de los procesos en curso,
en los términos del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, es
una modalidad especial en cuanto da lugar a la terminación de los procesos
sin efectos de cosa juzgada material y sin novar la obligación, por
disposición expresa de la ley.
Para finalizar procede recordar que esta Corporación consideró contrarias a
la Carta los apartes de las disposiciones confrontadas que distinguían, para
efectos de las reliquidaciones, entre los créditos que el 31 de diciembre se
encontraban al día y los que a la misma fecha se hallaban en mora, por
cuanto ‘la verdadera fuente del derecho de todos ellos de las obligaciones
correlativas en cabeza de las instituciones financieras acreedoras (reliquidar
y abonar o devolver lo pagado de más) era precisamente el efectivo traslado
patrimonial de recursos a las entidades prestamistas, lo que causó el
problema social que el legislador quiso solucionar’.
En suma, una vez concluido el trámite de la reliquidación del crédito, los
procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, iniciados para hacer
efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en UPACS, terminaron por
ministerio de la ley, pero una vez adecuados los documentos contentivos de
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Asunto: Reparación directa
la obligación dichos procesos pudieron haberse iniciado nuevamente, esta
vez para solucionar créditos convenidos en UVR(s); si el deudor no convino
en la reestructuración del crédito o incumplió la convenida, a fin de
satisfacer efectivamente al acreedor.
Porque así lo dispone el parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999,
normatividad expedida con el objeto de solucionar una crisis social y
económica de grandes proporciones, motivada en gran parte por el gran
número de procesos ejecutivos en curso i) dado que las obligaciones
superaron el monto de pago de los deudores, y en muchos casos el valor de
las viviendas; ii) en razón de que los deudores fueron compelidos a
trasladar a las entidades prestamistas sumas superiores a lo realmente
adeudado; y iii) toda vez que los obligados no conocían el monto de sus
obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como también
solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales
condiciones de pago”. (Se resalta).
15. Bajo este panorama, es inocultable que los distintos cambios en el sistema
normativo que reguló el UPAC y, sobre todo, la expedición de la Ley 546 de 1999,
trajo cambios en las relaciones contractuales previamente celebradas entre los
usuarios de los créditos de vivienda y los establecimientos bancarios que
conforman la parte actora y, como consecuencia de esta legislación, se tuvo que
afrontar litigios ante el no acuerdo en la reliquidación de los créditos hipotecarios
ordenada en el artículo 41 y siguientes de la multicitada ley 546, para cambiar la
base de la liquidación de los intereses (ya no cimentada en el sistema UPAC sino
en la UVR). Sin embargo, esta prerrogativa de los deudores de reorganizar su
crédito hipotecario, de acuerdo con la exposición de motivos104 de la Ley 546 de
104 Gaceta del Congreso, Cámara de Representantes No. 371 del 12 de octubre de 1999, págs. 9 a 13.
Exposición de motivos de la Ley 546 de 1999, Capítulo IV “Nueva Unidad de Valor Real (UVR)”: Resulta hoy
de gran importancia evitar que se repita la historia y por ello se propone definir por ley la fórmula de cálculo de
la nueva unidad, evitando así futuras modificaciones coyunturales en su fórmula. Con esta medida se logran
tres objetivos. En primer lugar, se evita el riesgo de manipulación ante una situación coyuntural; en segundo
lugar, se permite a los usuarios del sistema conocer de antemano cómo se actualizará en el tiempo el valor de
sus obligaciones y, por último, se garantiza la transparencia y estabilidad que requieren los participantes del
nuevo sistema de financiación, toda vez que las relaciones contractuales tanto activas como pasivas son de
largo plazo.
El nuevo sistema generará así la estabilidad y transparencia necesarias para que, a través del mercado de
capitales, el ahorro de largo plazo de los inversionistas institucionales constituya el núcleo de la financiación
de vivienda.
No está por demás resaltar que la fórmula de cálculo propuesta, siguiendo las expresas instrucciones que el
Congreso diera al Ejecutivo en la reciente ley de Reforma Financiera y acatando los diferentes
pronunciamientos recientes de la honorable Corte Constitucional, se basa única y exclusivamente en el
comportamiento de la inflación. De esta forma se garantiza que los cambios en el índice estarán ligados a las
variaciones de la capacidad adquisitiva del deudor.
Es innegable que tales previsiones contribuirán a la estabilidad del sistema en su conjunto. Adicionalmente, un
índice definido por ley genera la confianza necesaria entre los ahorradores e inversionistas para destinar su
ahorro de largo plazo a la financiación de vivienda, mediante mecanismos del mercado de capitales. El
desarrollo de instrumentos atados a la inflación en dicho mercado es compatible con la política del Gobierno
de colocar en el mercado de capitales títulos de inversión TES denominados en UVR. Por lo tanto, la ley
generaliza esta unidad como medida de las obligaciones referidas al Índice de Precios al Consumidor y
establece un mecanismo de continuidad para evitar traumatismos a los actuales tenedores de TES. Para los
créditos vigentes al momento de la expedición de esta ley, se prevé un procedimiento de conversión del
UPAC a la nueva unidad y se otorga un plazo para la transición de todos los créditos de vivienda existentes,
de manera que sean homogéneos y queden expresados en UVR.
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1999, tuvo como fundamento que el pago del crédito atendiera a “sus reales
posibilidades financieras”, para poder garantizarles la facultad de conservar sus
viviendas, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999.
La Ley 546 de 1999 ordenó que todos los créditos se redenominaran en UVR en
los términos que dispusiera el Gobierno Nacional, mandato que, ciertamente,
conllevó a un cambio en las condiciones contractuales de los contratos de mutuo
celebrados con los usuarios financieros, pues los establecimientos de crédito se
vieron obligados ajustar los términos de los contratos de vivienda individual a largo
plazo, en particular en lo relacionado con las tasas de interés, el sistema de
amortización, así como la posibilidad de prepago del crédito de vivienda.
De acuerdo con la exposición de motivos de esta ley, el legislador buscó
fundamentalmente “moderar el crecimiento de los saldos de las deudas para
hacerlos compatibles con la evolución de la capacidad de pago de los deudores”.
Al punto que después de realizada la reliquidación de los créditos para pasar a
tasar los intereses con el nuevo sistema de la UVR, ordenada en los artículos 41 y
siguientes de la ley, si el saldo liquidado era inferior a la deuda hipotecaria que
tenía a la fecha de la liquidación, el Gobierno Nacional abonaría a la entidad
bancaria el saldo de la deuda, lo que implicaba una reducción en las cuotas para
de esta manera proteger la propiedad de la vivienda105.
Pues bien, bajo esta línea de argumentación y después de revisar la exposición de
motivos de la Ley 546 de 1999, la sentencia C-955 de 2000 –que estudió la
constitucionalidad de la dicha ley– así como la sentencia de unificación SU-846 de
2000 –que ratificó que los deudores de vivienda a largo plazo podían por las vías
legales obtener, según fuera el caso, el pago de una indemnización, la revisión de
los contratos de mutuo o el reembolso de lo que hubieren pagado de más–, si bien
es cierto la parte demandante acreditó la existencia de un menoscabo económico
Para satisfacer el doble cometido relacionado con deudores e inversionistas, se hace indispensable expresar
tanto préstamos como captaciones del nuevo sistema en una unidad de cuenta que reconozca la variación en
el poder adquisitivo de la moneda. La actualización de las obligaciones dinerarias, tal como lo observa la
Corte Constitucional, no solamente responde al mandato de la equidad y al debido equilibrio entre el acreedor
y el deudor, sino que garantiza a los ahorradores e inversionistas el valor real de los recursos confiados al
sistema financiero (Corte Constitucional C-383 del 27 de mayo de 1999, numerales 4.4 y 4.5). Por ello, el
nuevo sistema ordena que todas las operaciones y contratos se expresen en UVR, de conformidad con la
metodología que adopte directamente el legislador para garantizar su total transparencia”.
105Gaceta del Congreso, Cámara de Representantes No. 371 del 12 de octubre de 1999, págs. 9 a 13.
Exposición de motivos de la Ley 546 de 1999, numeral 2 del capítulo VII “Ajuste de los saldos de los créditos”.
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con ocasión de la expedición de la ley aquí analizada, es decir, aunque probó una
afectación a un interés protegido por el ordenamiento, dicha lesión no reviste la
condición de antijurídico y, por tanto, los bancos acreedores de los créditos de
vivienda estaban en la obligación de soportarlo, dado que la Ley 546 de 1999 (que
concretó todos los cambios normativos del sistema UPAC y lo reemplazó a UVR)
estableció unos parámetros financieros para la adquisición y construcción de
vivienda individual. Además, conforme a lo sostenido por la Corte Constitucional,
existía la necesidad de crear un nuevo modelo económico y crediticio que se
adecuara al derecho fundamental a una vivienda digna (propósito final de la Ley
546 de 1999).
En esa misma línea, la Sección Tercera del Consejo de Estado, al estudiar una
demanda de reparación directa que perseguía la indemnización de perjuicios
derivada de los efectos de la Ley 546 de 1999 y de la sentencia C-955 de 2000,
también consideró que la entidad bancaria estaba en la obligación de soportar el
daño sufrido. Se extrae lo pertinente de la mencionada decisión:
“En otros términos, la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 evitaron la
declaratoria de un estado de excepción, de manera concreta una emergencia
social y económica, dado el incremento súbito y desproporcionado de las tasas de
interés, coyuntura que lesionó y amenazó gravemente el derecho constitucional a
la vivienda digna.
Así las cosas, en el caso concreto, las limitaciones introducidas por la vía
legislativa, jurisdiccional y regulatoria no tienen la potencialidad de producir daños
antijurídicos, toda vez que el objetivo de estas fue establecer restricciones y
controles a las tasas de interés en créditos de vivienda, en aras de proteger el
derecho de todos los colombianos a una vivienda digna.
En otras palabras, la Corte Constitucional advirtió la tensión que se generaba entre
el derecho a las entidades financieras a percibir los intereses pactados y el
derecho de la población a tener una vivienda digna. En aras de solucionar esa
pugna de garantías constitucionales, condicionó la constitucionalidad de la ley
para introducir controles al incremento injustificado y abrupto de las tasas de
interés, atendiendo la recomendación de los economistas que intervinieron en el
proceso de constitucionalidad…”106.
16. En conclusión, el impacto económico negativo ocasionado a los bancos,
derivado del sistema normativo que reguló el UPAC como base de liquidación de
créditos y, en especial, por los mandatos imperativos contenidos en la Ley 546 de
1999, es una carga que no es irrazonable, no va en contra de la Constitución
106 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 27 de agosto de 2020, Rad. 38.415.
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Política y no constituye un rompimiento en la igualdad frente a las cargas públicas,
circunstancia que excluye la antijuridicidad del daño.
(i) La disminución de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, (ii) el cambio
de la base de liquidación del sistema UPAC a la UVR –que significó una
reliquidación de los créditos–. Asimismo, (iii) los litigios asumidos como
consecuencia del desacuerdo en las reliquidaciones de los créditos y (iv) el menor
valor obtenido como consecuencia de recibir los inmuebles como parte del pago
de las obligaciones contractuales constituyen detrimentos patrimoniales que deben
ser soportados por las corporaciones financieras y de ahorro, pues se encuentra
justificado en el derecho fundamental al acceso a la vivienda digna consagrado en
el artículo 51 de la Constitución Política.
En virtud de lo anterior, como quedó expuesto, las consecuencias económicas
derivadas de todos los cambios normativos que regularon el sistema UPAC y la
expedición de la Ley 546 de 1999 (que lo cambió como factor de liquidación a
UVR) constituyen una carga que los demandantes (como acreedores hipotecarios
en los contratos celebrados con el fin de adquirir vivienda) estaban en la
obligación jurídica de soportar, comoquiera que las disposiciones contenidas en
las normas significaron mandatos en beneficio del interés general y en directa
protección de los derechos fundamentales de quienes se vieron lesionados
–inicialmente– por una metodología que no se ajustó a sus realidades económicas
ni consultó factores objetivos. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia.
Costas
17. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de
1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 25000-23-26-000-2001-01984-03 (63730)
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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