Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2002-00321-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2002-00321-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2002-00321-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes acumulados: 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Demandante: SOCIEDAD CALANDA LTDA Y OTROS
Demandados: NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y
OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – RESPONSABILIDAD
POR OCUPACIÓN DE INMUEBLES POR
PARTICULARES
Síntesis del caso: el 14 de diciembre de 1999, en la carrera 14 entre calles 81 y 82 de la ciudad
de Bogotá (Cundinamarca), algunas personas en situación de desplazamiento forzado
ocuparon en forma ilegal el “Edificio Los Laureles” -sede del Comité Internacional de la Cruz
Roja- y el espacio público contiguo; los demandantes de los procesos acumulados reclaman
indemnización de perjuicios por la afectación de su derecho real de dominio sobre las oficinas
y parqueaderos que conforman dicho inmueble y por las afectaciones causadas al “Hotel
Hamilton Court”, cuya operación y funcionamiento se vio alterado por tales hechos. El tribunal
de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la sociedad
Alianza Fiduciaria SA y accedió parcialmente a las pretensiones de las demandas de los
procesos 2002-00321 y 2002-001627. Apelan los demandantes de los procesos 2002-00321
y 2002-01671 y la entidad demandada Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social- (en la actualidad Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social -DPS-). Se modifica la decisión impugnada.
Debido a que la ponencia de decisión originalmente presentada por el despacho
sustanciador de los procesos acumulados de la referencia no fue aprobada1, procede
la Sala a decidir con una nueva los recursos de apelación interpuestos por los
1 En sesión de Sala de Decisión celebrada el 19 de octubre de 2022, la Sala mayoritaria derrotó el
proyecto de sentencia presentado por el Magistrado Martín Bermúdez Muñoz, razón por la cual en auto
de la misma fecha se ordenó enviar el expediente al despacho del ponente para que presentara una
nueva ponencia (fl. 616 cdno apelación).
2
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
demandantes de los procesos números 2002-003212 y 2002 -0016713 y la entidad
demandada Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
-Acción Social-4 en contra de la sentencia proferida el 22 de octubre de 2009 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A (fls. 180
a 242 cdno. apelación) que dispuso:
“PRIMERO.- TENER como parte demandada a la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, de
conformidad con el Decreto 2467 de 2005, mediante el cual fusionó el
establecimiento público Red de Solidaridad Social, denominándolo en
adelante Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, Acción Social.
SEGUNDO.- Declarar no probada la excepción de caducidad de la acción
propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO.- Declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa
del Fideicomiso constituido por la escritura pública no. 9407 de 1991,
representado por Alianza Fiduciaria SA, demandante dentro del proceso
2002-1671, de conformidad con lo indicado en la parte motiva del presente
fallo.
CUARTO.- Declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y del Ministerio del Interior y de Justicia, según
lo analizado en la parte motiva de la presente sentencia.
QUINTO.- Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Ministerio de Defensa Nacional, referente a las
pretensiones de responsabilidad por la presunta falta de vigilancia y control
del orden público, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEXTO.- Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Distrito Capital de Bogotá, de conformidad con lo
considerado en la parte motiva.
SÉPTIMO.- Declarar no probada la objeción por error grave formulada por
Acción Social, antes Red de Solidaridad Social, en contra de dictamen
pericial rendido por los Auxiliares Luis Enrique Angarita Jiménez y Rafael
Enrique Caro Lugo.
2 Sociedad Calanda Ltda, María de las Mercedes Restrepo de Buendía, Ana Restrepo de Navas, Ignacio
Restrepo Posada, María José Samper Gómez, Belén Adelaida Samper Kutschbach, Ana María Uribe
Reyes, Rosario Durán Casas y Joaquín Enrique Donoso Lombana (fls. 300 a 327 cdno. apelación).
3 Alianza Fiduciaria SA como representante del fideicomiso constituido mediante escritura pública no.
9407 del 30 de diciembre de 1991 (fls. 245 a 252 cdno. apelación).
4 Las demandas fueron dirigidas en contra de la Red de Solidaridad Social, entidad que por Decreto
2467 de 2005 fue fusionada y convertida en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social y; luego, en virtud de la transformación ordenada en el artículo
1 del Decreto 4155 de 2011 en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (fls. 265 a
275 cdno. apelación), por lo cual en lo sucesivo la Sala se referirá como entidad demandada al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-.
3
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
OCTAVO.- Declarar no probada la objeción por error grave formulada por
Acción Social, antes Red de Solidaridad Social, en contra de dictamen
pericial rendido por la Auxiliar Haydee Muñoz Sandoval.
NOVENO. Declarar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, responsable administrativamente por los daños
ocasionados a los demandantes, de conformidad con la parte motiva de la
presente providencia.
DÉCIMO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a la sociedad Calanda
Ltda., la suma de mil seiscientos cincuenta y ocho millones novecientos
cuarenta mil cincuenta y seis pesos con 67/100 ($1.658.940.056,67) por
concepto de daño material sufrido.
DECIMOPRIMERO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a María de las
Mercedes Restrepo de Buendía, la suma de ochenta y nueve millones
quinientos siete mil seiscientos tres pesos ($89.507.630.00) (sic) por
concepto de daño material sufrido.
DECIMOSEGUNDO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a Ana Restrepo
de Navas, la suma de noventa y seis millones quinientos cincuenta y siete
mil trescientos treinta pesos ($96.557.330.00) por concepto de daño material
sufrido.
DECIMOTERCERO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a Ignacio
Restrepo Posada, la suma de ciento dos millones doscientos ochenta mil
seiscientos veintiún pesos con 67/100 ($102.280.621,67) por concepto de
daño material sufrido.
DECIMOCUARTO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a María José
Samper Gómez, la suma de cuarenta millones ochocientos sesenta y tres mil
pesos ($40.863.000.00) por concepto de daño material sufrido.
DECIMOQUINTO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a Belén Adelaida
Samper Kutschbach, la suma de veintiocho millones treinta y ocho mil
seiscientos treinta y ocho pesos con 33/100 ($28.038.638,33) por concepto
de daño material sufrido.
DECIMOSEXTO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a Ana María Uribe
Reyes y Rosario Durán Casas, repartido en el porcentaje de propiedad que
les corresponda, la suma de veintinueve millones cuatrocientos treinta y
cinco mil quinientos veintitrés pesos con 33/100 ($29.435.523,33) por
concepto de daño material sufrido.
DECIMOSÉPTIMO.- Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a Joaquín
Enrique Donoso Lombana, la suma de veintinueve millones cuatrocientos
treinta y cinco mil quinientos veintitrés pesos con 33/100 ($29.435.523,33)
por concepto de daño material sufrido.
4
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
DECIMOCTAVO.- Negar las demás pretensiones de las demandas.
DECIMONOVENO.- Sin condena en costas.
VIGÉSIMO.- Procede el grado jurisdiccional de consulta por reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 184 del Código Contencioso
Administrativo, según lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia.
VIGÉSIMO PRIMERO.- Para el cumplimiento de esta sentencia se dará
aplicación a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del Código
Contencioso Administrativo.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por
secretaría de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de
remanentes devuélvase al interesado, lo anterior de conformidad a lo
establecido por el artículo 7º y 9º del Acuerdo No. 2552 de 2004 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura” (fls 241 a 242 cdno.
apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).
En sentencia adicional del 25 de marzo de 2010 se agregó un nuevo ordinal a la parte
resolutiva del fallo, con el siguiente contenido:
“VIGÉSIMO TERCERO: Condenar a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, a pagar a la señora Inés
Elvira Castilla Uricoechea, la suma de treinta y dos millones cuatrocientos
sesenta mil pesos ($32.460.000) por concepto de lucro cesante”. (fl. 257 vto.
cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas5
1.1 Expediente 2002-00321
Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 20026 la sociedad Calanda Ltda y los
señores María de las Mercedes Restrepo de Buendía, Ana Restrepo de Navas, Ignacio
Restrepo Posada, María José Samper Gómez, Belén Adelaida Samper Kutschbach,
5 El 8 de mayo de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la acumulación de los
procesos con radicaciones números 2002-1627 y 2002-1671 al expediente 2002-00321, por lo tanto,
ordenó suspender el trámite de los asuntos 2002-1671 y 2002-00321 hasta que el proceso 2002-1627
se encontrase en la misma etapa procesal de sus análogos; decisión confirmada en proveído del 10 de
febrero de 2005 adoptado por la Sección Tercera del Consejo de Estado (fls. 174 a 175 y 466 a 470 vto.
cdno. 2).
6 Folio 161 vto. cdno. 7.
5
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
Ana María Uribe Reyes, Rosario Durán Casas y Joaquín Enrique Donoso Lombana
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Presidencia de
la República - Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- (fls. 12 a 161, C1,
cdno. 7) con las siguientes súplicas:
“PRINCIPALES
1. De la demandante CALANDA LTDA.
1.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado a la sociedad
CALANDA LTDA., con ocasión de la ocupación permanente de los
inmuebles de su propiedad local, 2, local 3, de las oficinas 101, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 304, 305, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508,
601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 y 608 y de los parqueaderos distinguidos
con los números 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 y 55
del Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en los números 81-
09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, los cuales fueron abruptamente
tomados por un número indeterminado de más de doscientas personas,
desplazadas por la violencia que afecta a la nación, ocupación permanente
que se mantiene desde el día 10 de junio de 2000 hasta la fecha de
presentación de la demanda, la cual ha dado como resultado la pérdida, para
la demandante, de los bienes antes relacionados.
1.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar a la demandante,
sociedad CALANDA LIMITADA, la totalidad de los perjuicios que le ha
ocasionado el daño antijurídico o especial antes referido, así:
1.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS ($4.380.665.000) MONEDA CORRIENTE,
correspondiente al valor comercial que tenían para el 10 de junio de 2000 los
bienes inmuebles que ha perdido la sociedad CALANDA LIMITADA con
ocasión de la ocupación permanente de los mismos, monto que debe ser
indexado para corregir la pérdida del valor adquisitivo del dinero, desde el
día 10 de junio de 2000 hasta la fecha del fallo.
1.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($1.606.243.833) MONEDA CORRIENTE, correspondientes a veinte meses,
causados, estimados a la tasa del veintidós por ciento anual, o en su defecto
6
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
en el monto que aparezca probado en el proceso, por los frutos civiles
causados.
1.3 Que se declare que CALANDA LIMITADA (…) debe proceder a transferir
a favor de la Nación, por el establecimiento público denominado RED DE
SOLIDARIDAD SOCIAL, o por la entidad que se indique en la sentencia, el
derecho de dominio de los inmuebles (…) del Edificio Los Laureles –
Propiedad Horizontal – ubicado en los números 81 – 09 y 81 -19 de la Carrera
14 de Bogotá, debidamente singularizados en esta demanda, (…).
2. De la señora MARÍA DE LAS MERCEDES RESTREPO DE BUENDÍA.
2.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado a la señora
MARÍA DE LAS MERCEDES RESTREPO DE BUENDÍA, con ocasión de la
ocupación permanente de los inmuebles de su propiedad oficinas 308, 401,
408 y de los parqueaderos 3, 24, y 31 del Edificio Los Laureles - Propiedad
Horizontal- ubicado en los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de
Bogotá, (…).
2.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar a la demandante,
MARÍA RESTREPO DE BUENDÍA, la totalidad de los perjuicios que le ha
ocasionado el daño antijurídico o especial antes referido, así:
2.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
($322.965.000) MONEDA CORRIENTE, correspondiente al valor comercial
que tenían para el 10 de junio los bienes inmuebles que ha perdido la señora
MARÍA RESTREPO DE BUENDÍA con ocasión de la ocupación permanente
de los mismos, (…).
2.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE
MIL QUINIENTOS PESOS ($118.420.500) MONEDA CORRIENTE,
correspondientes a veinte meses, causados, estimados a la tasa del
veintidós por ciento anual, o en su defecto en el monto que aparezca probado
en el proceso, por los frutos civiles causados.
2.3 Que se declare que MARÍA RESTREPO DE BUENDÍA, dentro del
término que señale en el fallo, debe proceder a transferir a favor de la Nación
(…) el derecho de dominio de los inmuebles oficinas 308, 401, 408 y de los
parqueos (sic) 3, 24 y 31 del Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal-
ubicado en los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
3. ANA RESTREPO DE NAVAS
3.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
7
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado a la señora
ANA RESTREPO DE NAVAS, con ocasión de la ocupación permanente de
los inmuebles de su propiedad oficinas 402, 404 y 407 y de los parqueos (sic)
25, 28 y 30 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los
números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
3.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar a la demandante,
ANA RESTREPO DE NAVAS, la totalidad de los perjuicios que le ha
ocasionado el daño antijurídico o especial antes referido, así:
3.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS
($351.316.000) MONEDA CORRIENTE, correspondiente al valor comercial
que tenían para el 10 de junio del 2000 los bienes inmuebles que ha perdido
la señora ANA RESTREPO DE NAVAS con ocasión de la ocupación
permanente de los mismos, (…).
3.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($128.815.66) (sic) MONEDA
CORRIENTE, correspondientes a veinte meses, causados, estimados a la
tasa del veintidós por ciento anual, o en su defecto en el monto que aparezca
probado en el proceso, por los frutos civiles causados.
3.3 Que se declare que ANA RESTREPO DE NAVAS, dentro del término
que señale en el fallo, debe proceder a transferir a favor de la Nación (…) el
derecho de dominio de los inmuebles oficinas 402, 404 y 407 y parqueos
(sic) 25, 28 y 30 del Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en
los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
4. IGNACIO RESTREPO POSADA
4.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado al señor
IGNACIO RESTREPO POSADA, con ocasión de la ocupación permanente
de los inmuebles de su propiedad, oficinas 403, 405 y 406 y de los parqueos
(sic) 26, 29, 32 y 33 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado
en los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
4.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar al demandante,
IGNACIO RESTREPO POSADA, la totalidad de los perjuicios que le ha
ocasionado el daño antijurídico o especial antes referido, así:
4.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS MILLONES TRES MIL PESOS ($362.003.000) MONEDA
8
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
CORRIENTE, correspondiente al valor comercial que tenían para el 10 de
junio del 2000 los bienes inmuebles que ha perdido el señor IGNACIO
RESTREPO POSADA con ocasión de la ocupación permanente de los
mismos, (…).
4.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($132.734.433) MONEDA CORRIENTE, correspondientes a veinte meses,
causados, estimados a la tasa del veintidós por ciento anual, o en su defecto
en el monto que aparezca probado en el proceso, por los frutos civiles
causados.
4.3 Que se declare que IGNACIO RESTREPO POSADA, dentro del término
que señale en el fallo, debe proceder a transferir a favor de la Nación (…) el
derecho de dominio de los inmuebles oficinas 403, 405 y 406 y de los
parqueos (sic) 26, 29, 32 y 33 del Edificio Los Laureles -Propiedad
Horizontal- ubicado en los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de
Bogotá, (…).
5. MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ
5.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado a la señora
MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ, con ocasión de la ocupación permanente
de los inmuebles de su propiedad local 1 y del parqueo 53 del Edificio Los
Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los números 81-09 y 81-19 de
la Carrera 14 de Bogotá, (…).
5.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar a la demandante,
MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ, la totalidad de los perjuicios que le ha
ocasionado el daño antijurídico o especial antes referenciado, así:
5.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de CIENTO CINCUENTA
Y DOS MILLONES ($152.000.000) MONEDA CORRIENTE,
correspondiente al valor comercial que tenían para el 10 de junio del 2000
los bienes inmuebles que ha perdido la señora MARÍA JOSÉ SAMPER
GÓMEZ con ocasión de la ocupación permanente de los mismos, (…).
5.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($55.733.333)
MONEDA CORRIENTE, correspondientes a veinte meses, causados,
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
estimados a la tasa del veintidós por ciento anual, o en su defecto en el monto
que aparezca probado en el proceso, por los frutos civiles causados.
5.3 Que se declare que MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ, dentro del término
que señale en el fallo, debe proceder a transferir a favor de la Nación (…) el
derecho de dominio de los inmuebles local 1 y el parqueo 53 del Edificio Los
Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en los números 81-09 y 81-19 de la
Carrera 14 de Bogotá, (…).
6. BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH
6.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado a la señora
BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH, con ocasión de la ocupación
permanente de los inmuebles de su propiedad, oficina 307 y del parqueo (sic)
2 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los números
81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
6.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar a la demandante,
señora BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH, la totalidad de los
perjuicios que le ha ocasionado el daño antijurídico o especial antes referido,
así:
6.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de CIEN MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($100.428.000) MONEDA
CORRIENTE, correspondiente al valor comercial que tenían para el 10 de
junio del 2000 los bienes inmuebles que ha perdido la señora BELÉN
ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH con ocasión de la ocupación
permanente de los mismos, (…).
6.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS
MIL SEISCIENTOS PESOS ($36.823.600) MONEDA CORRIENTE,
correspondientes a veinte meses, causados, estimados a la tasa del
veintidós por ciento anual, o en su defecto en el monto que aparezca probado
en el proceso, por los frutos civiles causados.
6.3 Que se declare que BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH,
dentro del término que señale en el fallo, debe proceder a transferir a favor
de la Nación (…) el derecho de dominio de los inmuebles oficina 307 y
parqueo (sic) 2 del Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en
los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
7. ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS.
7.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
10
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado a las señoras
ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS, con ocasión de
la ocupación permanente de los inmuebles de su propiedad, oficina 306 y del
parqueo (sic) 36 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en
los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
7.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar a las demandantes,
señoras ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS, la
totalidad de los perjuicios que le ha ocasionado el daño antijurídico o especial
antes referido, así:
7.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de CIENTO SEIS
MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($106.045.000) MONEDA
CORRIENTE, correspondiente al valor comercial que tenían para el 10 de
junio del 2000 los bienes inmuebles que ha perdido las señoras ANA MARÍA
URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS con ocasión de la ocupación
permanente de los mismos, (…).
7.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($38.883.166) MONEDA
CORRIENTE, correspondientes a veinte meses, causados, estimados a la
tasa del veintidós por ciento anual, o en su defecto en el monto que aparezca
probado en el proceso, por los frutos civiles causados.
7.3 Que se declare que ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN
CASAS dentro del término que señale en el fallo, debe proceder a transferir
a favor de la Nación (…) el derecho de dominio de los inmuebles oficina 306
y parqueo (sic) 36 del Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado
en los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
8. JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA
8.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables del daño antijurídico ocasionado al señor
JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA, con ocasión de la ocupación
permanente de los inmuebles de su propiedad, oficina 303 y del parqueo (sic)
5 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los números
81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
8.2 Que, consecuencialmente, se condene (…) a pagar al demandante,
JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA, la totalidad de los perjuicios que
le ha ocasionado el daño antijurídico o especial antes referido, así:
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
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Apelación de sentencia
8.2.1 Por concepto de daño emergente: La suma de CIENTO SEIS
MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($106.045.000) MONEDA
CORRIENTE, correspondiente al valor comercial que tenían para el 10 de
junio del 2000 los bienes inmuebles que ha perdido el señor JOAQUÍN
ENRIQUE DONOSO LOMBANA con ocasión de la ocupación permanente
de los mismos, (…).
8.2.2 Por concepto de lucro cesante: Los intereses comerciales que debía
generar la suma antes mencionada, desde la fecha de la ocupación
permanente de los inmuebles, esto es desde el 10 de junio de 2000 hasta la
fecha de su pago total, liquidados según el interés corriente bancario,
intereses estos que al momento de la presentación de la demanda alcanzan
el monto de TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($38.883.166) MONEDA
CORRIENTE, correspondientes a veinte meses, causados, estimados a la
tasa del veintidós por ciento anual, o en su defecto en el monto que aparezca
probado en el proceso, por los frutos civiles causados.
8.3 Que se declare que JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA dentro
del término que señale en el fallo, debe proceder a transferir a favor de la
Nación (…) el derecho de dominio de los inmuebles oficina 306 y parqueo
(sic) 36 del Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en los
números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
(…).
SÚPLICAS SUBSIDIARIAS
Para el evento de, por cualquier causa o motivo, no accederse al bloque de
súplicas principales anteriormente deducidas, comedidamente pido
entonces, que en tal circunstancia se considere por el honorable Tribunal las
que a continuación me permito deducir, con el carácter de subsidiarias, así:
1. De la demandante CALANDA LTDA.
1.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por falla en el servicio, del daño ocasionado a la
sociedad CALANDA LTDA, por la ocupación permanente de los inmuebles
de su propiedad local, 2, local 3, de las oficinas 101, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 304, 305, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 601, 602, 603,
604, 605, 606, 607 y 608 y de los parqueaderos distinguidos con los números
1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 y 55 del Edificio Los
Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en los números 81-09 y 81-19 de la
Carrera 14 de Bogotá, los cuales fueron abruptamente tomados por un
número indeterminado de más de doscientas personas, desplazadas por la
violencia que afecta a la nación, ocupación permanente que se mantiene
desde el día 10 de junio de 2000 hasta la fecha de presentación de la
demanda, la cual ha dado como resultado la pérdida, para la ACTORA, de
los bienes antes relacionados, por causa de las acciones y omisiones de las
autoridades públicas que se indican en la demanda, las que han
comprometido la responsabilidad estatal.
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
(…).
2. De la Señora MARÍA DE LAS MERCEDES RESTREPO DE BUENDÍA.
2.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por la falla del servicio ocasionada a MARÍA
RESTREPO DE BUENDÍA, por la ocupación permanente de los inmuebles
de su propiedad oficinas 308, 401, 408 y de los parqueaderos 3, 24, y 31 del
Edificio Los Laureles -Propiedad Horizontal- ubicado en los números 81-09
y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
3. ANA RESTREPO DE NAVAS
3.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por la falla en el servicio ocasionada a la señora
ANA RESTREPO DE NAVAS, por la ocupación permanente de los
inmuebles de su propiedad oficinas 402, 404 y 407 y de los parqueos (sic)
25, 28 y 30 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los
números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
4. IGNACIO RESTREPO POSADA
4.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por la falla en el servicio ocasionada al señor
IGNACIO RESTREPO POSADA, por la ocupación permanente de los
inmuebles de su propiedad, oficinas 403, 405 y 406 y de los parqueos (sic)
26, 29, 32 y 33 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en
los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
5. MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ
5.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por la falla en el servicio ocasionada a la señora
MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ, por la ocupación permanente de los
inmuebles de su propiedad local 1 y del parqueo 53 del Edificio Los Laureles
• Propiedad Horizontal- ubicado en los números 81-09 y 81-19 de la Carrera
14 de Bogotá, (…).
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
6. BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH
6.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por la falla en el servicio ocasionada a la señora
BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH, por la ocupación
permanente de los inmuebles de su propiedad, oficina 307 y del parqueo (sic)
2 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los números
81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
7. ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS.
7.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables, por la falla en el servicio ocasionada a las
señoras ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS, por la
ocupación permanente de los inmuebles de su propiedad, oficina 306 y del
parqueo (sic) 36 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en
los números 81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
8. JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA
8.1 Que se declare que la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, son responsables por la falla en el servicio ocasionada al señor
JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA, con ocasión de la ocupación
permanente de los inmuebles de su propiedad, oficina 303 y del parqueo (sic)
5 del Edificio Los Laureles - Propiedad Horizontal- ubicado en los números
81-09 y 81-19 de la Carrera 14 de Bogotá, (…).
9. Que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA, por el Señor PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL solidaria y
mancomunadamente con EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y LA RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL, a cancelarle a los demandantes las costas y gastos del presente
proceso (…)” (negrillas y mayúsculas fijas del original).
1.2 Expediente 2002-01627
A través de escrito presentado el 6 de agosto de 2002, la señora Inés Elvira Castilla
Uricoechea presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
DPS- y el Distrito Capital de Bogotá (fls. 2 a 15, cdno. 6) con las siguientes
pretensiones:
“1. Que se declare que el incumplimiento por LA NACIÓN – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, LA RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL y BOGOTÁ DC
de sus obligaciones constitucionales y legales de mantener, restablecer y
proteger el orden público violado y de amparar la propiedad privada, resultó
en la ocupación violenta y por la fuerza, el 4 de enero de 2000, por personas
desplazadas, del edificio localizado en la carrera 14 No. 81-09/19, Edificio
Los Laureles -Propiedad Horizontal.
2. Que se declare que el incumplimiento por LA NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL y BOGOTÁ D.C.
de sus obligaciones constitucionales y legales de mantener, restablecer y
proteger el orden público violado y de amparar la propiedad privada, resultó
en la ocupación violenta y por la fuerza, el 14 de junio de 2001, por personas
desplazadas, que se encontraban ocupando el edificio Los Laureles -
Propiedad Horizontal desde el 4 de enero de 2000, de la Oficina No. 507 de
propiedad de mi mandante localizada en el quinto (5) piso del edificio.
3. Que se declare que LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, la RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL y BOGOTÁ D.C., por sus
actos, hechos y omisiones, en forma solidaria, son patrimonialmente
responsables por los daños antijurídicos causados a mi mandante como
resultado de la ocupación violenta y por la fuerza por personas desplazadas
de la oficina de su propiedad, y de los que se le causen en el futuro mientras
la ocupación de su oficina continúe.
4. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a LA NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL y a BOGOTÁ D.C., en forma solidaria, a reparar el daño económico
causado a mi mandante, por la suma que se pruebe en este proceso,
resultantes de la ocupación violenta y por la fuerza del inmueble de su
propiedad por personas desplazadas que se encontraban ocupando el
Edificio Los Laureles, y a pagar los daños y perjuicios que se le causen en el
futuro mientras que la ocupación de su oficina continúe.
5. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL y a BOGOTÁ D.C., en forma solidaria, a pagar los daños y perjuicios
causados a mi mandante, por las sumas que se prueben en este proceso,
resultantes de la ocupación violenta y por la fuerza del inmueble de su
propiedad por las personas desplazadas que se encontraban ocupando el
Edificio Los Laureles, y a pagar los daños y perjuicios que se le causen en el
futuro mientras que la ocupación de su oficina continúe.
6. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a LA NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL y a BOGOTÁ D.C., a pagar los intereses comerciales corrientes
comprendidos desde el día de la ocupación del inmueble de propiedad de mi
mandante hasta el momento en que se verifique el pago y liquidados sobre
la suma que se fije en la condena.
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
7. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, a la RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL y a BOGOTÁ D.C., en forma solidaria, a pagar los perjuicios morales
causados a mi mandante.
8. Que se condene en costas y gastos de este proceso a los demandados”
(mayúsculas sostenidas del original).
1.3 Expediente 2002-01671-01
Con escrito radicado el 2 de julio de 2002, la sociedad Alianza Fiduciaria SA, en
condición de representante del fideicomiso constituido mediante escritura pública no.
9407 del 30 de diciembre de 1991, presentó demanda de reparación directa en contra
de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social -DPS- y el Distrito Capital de Bogotá (fls. 1 a 9 cdno. sin
numeración) con los siguientes pedimentos:
“PRIMERA.- Que se declare que LA NACIÓN Y BOGOTÁ DC, han venido
Incumpliendo de manera negligente sus obligaciones constitucionales y
legales de mantener y restablecer el orden público jurídico, político,
económico y social alterado con la ocupación por personas afectadas y
desplazadas por la violencia, de la Carrera 14 entre Calles 81 y 82 de Bogotá
DC, y del Edificio Sede de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, ubicado sobre
la misma vía, desde el 17 de Diciembre de 1999, la que no ha cesado hasta
el momento, y que específicamente han venido incumpliendo dichas
obligaciones en lo atinente al FIDEICOMISO constituido por la escritura
pública No. 9407 del 30 de Diciembre de 1991 otorgada en la Notaría Sexta
del Círculo de Bogotá DC, patrimonio autónomo representado por ALIANZA
FIDUCIARIA SA, lo que constituye una falla en el servicio.
SEGUNDA.- Que se declare que el incumplimiento por parte de LA NACIÓN
Y BOGOTÁ DC de mantener y restablecer el orden público alterado por
personas que ocupan la Carrera 14 entre Calles 81 y 82 de Bogotá, y del
Edificio Sede de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL, le ha causado perjuicios
económicos y morales al FIDEICOMISO constituido por la escritura pública
no. 9407 del 30 de Diciembre de 1991 otorgada en la Notaría Sexta del
Círculo de Bogotá DC, Fideicomiso propietario del Hotel HAMILTON
COURT, situado sobre la vía invadida, patrimonio autónomo representado
por ALIANZA FIDUCIARIA SA.
TERCERA.- Que se condene solidariamente a BOGOTÁ DISTRITO
CAPITAL y a LA NACIÓN a indemnizarle al FIDEICOMISO constituido por la
escritura pública no. 9407 del 30 de Diciembre de 1991 otorgada en la
Notaría Sexta o Círculo de Bogotá DC, Fideicomiso propietario del Hotel
Hamilton Court de la misma ciudad, representado por ALIANZA FIDUCIARIA
SA, a título de daño emergente y lucro cesante, llevados a valor presente,
los perjuicios económicos que le fueron causados por el incumplimiento por
parte de dichas entidades públicas de sus obligaciones de mantener y
restablecer el orden público alterado por las personas que han venido
ocupando desde el 17 de Diciembre de 1999, la Carrera 14 entre Calles 81
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Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
y 82 de Bogotá DC, y el Edificio Sede de la CRUZ ROJA INTERNACIONAL,
que se estiman en la suma superior a 800.000.000 a título de lucro cesante,
y en una suma superior a $500.000.000 a título e daño emergente, o en la
cantidad que se demuestre en el proceso”. (mayúsculas sostenidas del
original).
2. Hechos
Como fundamento de las súplicas de las demandas se narraron los siguientes hechos
comunes a los procesos acumulados, relevantes para la decisión del asunto:
1) En febrero del año 1999, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- arrendó
veinte (20) oficinas en los pisos tercero y cuarto7, veinte (20) parqueaderos, sesenta y
ocho (68) líneas telefónicas y el local no. 18 del “Edificio Los Laureles” localizado en la
carrera 14 no. 81-09 de la ciudad de Bogotá DC con el propósito de instalar su sede
institucional, para lo cual en ese lugar fijó sus emblemas y dispuso equipos de
comunicaciones para atender su misión.
2) El 14 de diciembre de 1999, aproximadamente 50 personas víctimas del
desplazamiento forzado se ubicaron frente al referido “Edificio Los Laureles” con el fin
de visibilizar su situación y obtener apoyo institucional para superarla, días después
algunos desplazados irrumpieron por la fuerza en la edificación y se ubicaron en el
primer piso, los parqueaderos y el local no. 1 correspondientes a las oficinas del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).
3) Los propietarios de la edificación en mención solicitaron la intervención de la Policía
Nacional pero el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- no permitió que se
desalojara por la fuerza a los desplazados y les permitió permanecer en sus
instalaciones mientras se lograba una salida pacífica a su situación.
4) El 4 de enero de 2000, un nuevo grupo de personas ingresó en forma violenta al
edificio y retuvo a 37 funcionarios del organismo internacional lo que motivó que dicha
institución suspendiera sus labores humanitarias en Colombia; ante ello, como medida
7 Contrato suscrito el 6 de febrero de 1997, con un término de duración de cinco (5) años.
8 Contrato suscrito el 19 de febrero de 1997, con un término de duración de cinco (5) años.
17
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
transitoria para superar la crisis, se permitió a los protestantes permanecer en la sede
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hasta que se lograra su reubicación;
finalmente, a partir del 10 de junio de 2000 la ocupación del edificio se hizo permanente
y total.
5) La ocupación afectó los derechos reales de los propietarios del “Edificio Los
Laureles”, pues, dicha circunstancia truncó el libre acceso a sus unidades inmobiliarias
con lo cual perdieron, en forma definitiva, el uso, goce, usufructo, explotación comercial
y enajenación de esos bienes.
6) Aunque la Red de Solidaridad Social realizó negociaciones con los ocupantes del
edificio no se logró ningún acuerdo; no obstante, dicha entidad continuó suministrando
alimentación y asistencia a los desplazados.
7) Esa ocupación permanente del mencionado inmueble obedeció a la inacción
institucional, pues, las autoridades no adelantaron gestiones para desalojar el lugar e
hicieron caso omiso de las peticiones de protección presentadas por los propietarios
de los distintos bienes que conforman el inmueble.
8) Finalmente, debido a que el referido grupo de desplazados también ocupó por varios
meses la carrera 14 entre calles 81 y 82 de la ciudad de Bogotá, la cual fue cerrada
por la Policía Nacional mediante vallas, el “Hotel Hamilton Court” que operaba en ese
sector resultó gravemente perjudicado, toda vez que, se redujo el ingreso de
huéspedes y tuvo que suspender sus servicios de hospedaje durante tres (3) meses
comprendidos de abril a junio del año 2000, lo cual le causó un grave detrimento en
sus finanzas (fls. 13 a 161, cdno.7; 2 a 15 cdno. 1 y, 1 a 9 cdno. sin numeración).
3. Contestaciones de las demandas
Mediante proveídos de 21 de marzo de 2002, 6 y 28 de agosto de 2002 se admitieron
las demandas y se ordenó la notificación personal de las entidades demandadas y del
Ministerio Público (fls. 164 a 165 cdno. 7; 18 cdno. 1 y 16 a 17cdno. sin numeración).
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Apelación de sentencia
3.1 La Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
Se opusieron a las pretensiones de la demanda y propusieron las excepciones de “falta
de legitimación por pasiva” y “culpa de un tercero”; al propio tiempo, afirmaron carecer
de competencia para suministrar ayuda a la población desplazada y que no eran
responsables de la ocupación del “Edificio Los Laureles” por cuanto ese hecho fue
ocasionado por particulares, por lo cual no estaban en la obligación de reparar los
perjuicios reclamados; asimismo, indicaron que la orden de la sentencia de tutela T-
1635 de 2000 consistió en la coordinación de las acciones indispensables entre los
ministerios para lograr un albergue temporal para los ocupantes y la satisfacción de
sus necesidades lo cual se cumplió a cabalidad (fls. 197 a 214 cdno. 7).
3.2 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
También refutó los hechos de las demandas, controvirtió las súplicas y alegó las
excepciones de “falta de legitimidad por pasiva” y “caducidad de la acción”; al propio
tiempo, argumentó que la ocupación del referido inmueble por parte de los
desplazados se produjo con la anuencia del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) que impidió que la Policía Nacional retomara el control de la zona y desalojara
oportunamente el lugar, de modo que no es responsable de los daños causados;
además, agregó que los perjuicios reclamados en el proceso 2002-00321 son
desfasados (fls. 215 a 228 cdno. 7; 68 a 83 cdno. 1 y 24 a 39 cdno. sin numeración).
3.3 El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
Contradijo las pretensiones de las demandas; esgrimió las excepciones de “hecho de
un tercero”, “cobro de lo no debido”, “falta de acervo probatorio” y “falta de legitimación
por pasiva”; asimismo, arguyó que brindó ayuda humanitaria a los desplazados que
ocuparon el “Edificio Los Laureles” y que los daños reclamados no fueron causados
por la entidad sino por terceros que invadieron el inmueble en forma violenta y con
colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organismo que no
permitió que la Policía Nacional recuperara el orden público afectado; de igual manera,
sostuvo que los demandantes no solicitaron la intervención oportuna de la autoridad
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Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
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competente para recuperar los inmuebles afectados y que cumplió con la orden del
fallo de acción de tutela T - 1635/2000, circunstancia por la cual se negó el incidente
de desacato promovido en su contra (fls. 107 a 120 cdno. sin numeración; 90 a 107
cdno. 1 y, 229 a 255 cdno. no. 7).
3.4 El Distrito Capital de Bogotá
Se opuso a las súplicas de las demandas de los procesos números 2002-01627 y
2002-01671 y formuló las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”
e “indebida integración del contradictorio” por cuanto en esos procesos no se vinculó
a la Policía Nacional; adujo que la competencia para la atención a la población
desplazada corresponde a la Nación y no al Distrito Capital, pero, en todo caso, que
restauró en forma oportuna el orden y el espacio públicos del sector donde se
encuentra localizado el “Edificio Los Laureles” logrando la restitución total el 14 de
junio de 2000; finalmente, que los propietarios de los inmuebles del edificio ocupados
ilegalmente debieron acudir ante la jurisdicción ordinaria para lograr la recuperación;
por consiguiente, no es responsable de los daños reclamados (fls. 23 a 50 cdno. 1 y
45 a 65 cdno sin numeración).
3.5 La Nación - Ministerio del Interior
Contestó la demanda en forma extemporánea9 (fls. 307 a 320 cdno. 7).
4. Trámite relevante en primera instancia
1) La demandante Inés Elvira Castilla Uricoechea solicitó vincular a la aseguradora
Liberty Seguros SA al trámite procesal, por cuanto dicha compañía le pagó la suma de
$15.635.988 en cumplimiento del contrato de seguro suscrito entre ellas y, además, se
obligó a pagarle un valor adicional por la reconstrucción y reparación de las zonas
comunes del edificio; la referida petición de vinculación procesal fue denegada por el
tribunal en auto del 13 de octubre de 2005 (fls. 577 a 578 cdno. 10).
9 Circunstancia procesal declarada en el auto de pruebas del 1º de agosto de 2002 (fls. 332 a 335
cdno. 7).
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2) Posteriormente, en proveído del 15 de junio de 2006 (fl. 587 cdno. 10) el aquo tuvo
como medio de prueba el contrato de transacción suscrito entre la señora Inés Elvira
Castilla Uricoechea y la sociedad Liberty Seguros SA con fecha de autenticación del
15 de noviembre de 2005 en la Notaría 16 del Círculo de Bogotá10.
5. La sentencia impugnada
1) El 22 de octubre de 2009, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca11 adoptó las siguientes determinaciones con apoyo
en los razonamientos que se resumen a continuación:
a) Reconoció como parte demandada a la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional (Acción Social), en virtud de la fusión de los
10 Del referido negocio jurídico se destacan las siguientes cláusulas: “PRIMERA: LIBERTY SEGUROS
S.A., expidió la Póliza de Seguro PYME N° PY120211, con una vigencia inicial comprendida entre el 01
de octubre de 1999 y el 01 de octubre de 2000, y una renovación desde el 01 de octubre de 2000 hasta
el 01 de octubre de 2001, periodos en los cuales participó como tomador y asegurado INÉS ELVIRA
CASTILLA URICOECHEA. Dentro de los amparos contratados en la póliza se contemplan entre otros
los de AMIT (Actos Mal Intencionados de Terceros) y HMACC (Huelga, Motín, Asonada, Conmoción
Civil). SEGUNDA: Considerando los acontecimientos que tuvieron lugar entre el 14 de diciembre de
1999 y el 21 de diciembre de 2002, referentes a la Toma del inmueble, Edificio Los Laureles ubicado en
la carrera 14 No. 81-19 de Bogotá, llevada a cabo por civiles desplazados colombianos, en donde se
encuentra ubicada la oficina 507, amparada por la póliza vigente de cobertura de la póliza mencionada,
durante los cuales sufrieron daños parciales la oficina asegurada y las áreas comunes del edificio.
TERCERA: Las partes de común acuerdo y con el fin de agilizar el proceso indemnizatorio convinieron
reconocer el pago de una suma a favor del Asegurado por la suma de QUINCE MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
($15.635.988.00), correspondientes al 100% de la indemnización neta reconocida por la Aseguradora,
y propios a los costos únicos y exclusivos de la reparación de la oficina 507. CUARTA: EL
ASEGURADO, INÉS ELVIRA CASTILLA URICOECHEA, declara aceptada de manera expresa la suma
convenida, por concepto del reconocimiento indemnizatorio de los daños sufridos en las áreas privadas
de la oficina 507. QUINTA: El asegurado, INÉS ELVIRA CASTILLA URICOECHEA, declara haber
recibido a entera satisfacción la suma de dinero convenida como anticipo. SEXTA: Una vez finalizado
el proceso de análisis de los presupuestos aportados por EL ASEGURADO como soporte de su reclamo,
se conviene que el valor total a indemnizar por LA ASEGURADORA a favor del ASEGURADO es de
TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE. ($30.331.039.29).SÉPTIMA: De acuerdo con lo establecido en las
cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta del presente contrato, LA ASEGURADORA pagará al
ASEGURADO la suma de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($14.695.051.29) correspondiente
al saldo a indemnizar, resultante de la siguiente liquidación:
− Costos de reparación oficina 507: $17.373.820.00
− Proporción participación en reparación de áreas comunes: $16.327.334.77
− Total valor indemnizable: $33.701.154.77
− Menos deducible: $3.370.115.48
− Valor total a indemnizar: $30.331.039.29
− Menos anticipo pagado: $15.635.988.00
− Saldo a indemnizar: $14.695.051.29 (…)” (mayúsculas fijas del original).
11 Folios 180 a 242 cdno. apelación.
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establecimientos públicos Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)
y Red de Solidaridad Social ordenada mediante Decreto 2467 de 2005.
b) En cuanto a los presupuestos procesales, declaró procedente la acción
jurisdiccional de reparación directa ejercida e impróspera la excepción de caducidad
propuesta por el Ministerio de Defensa Nacional, porque aun cuando los demandantes
tuvieron conocimiento de la ocupación del “Edificio Los Laureles” y de las vías de
acceso antes de comenzar el año 2000, de los medios probatorios se infiere que para
la fecha de presentación de las demandas acumuladas12 persistía la afectación.
c) De otro lado, la sociedad Alianza Fiduciaria SA carece de legitimación en la causa
por activa en condición de representante del fideicomiso constituido mediante la
escritura pública no. 9407 de 1991, porque no demostró la titularidad del derecho de
propiedad sobre el “Hotel Hamilton Court”, como tampoco que ejercía su
administración u operación, pues, según los hechos de la demanda esta era realizada
por la empresa Hoteles Ltda; a su vez, la Presidencia de la República, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior y de Justicia
no están legitimados en la causa por pasiva debido a que del contenido de las
demandas no se desprenden imputaciones concretas de responsabilidad en contra de
dichas entidades ni se evidencia una relación sustancial que las obligue a responder
en caso de una eventual sentencia de condena.
d) En relación con el régimen de responsabilidad aplicable al asunto, debe observarse
que es improcedente ventilar las súplicas de la demanda del proceso con radicación
número 2002-00321 con base en el título de ocupación permanente de inmueble, de
un lado, porque ese hecho no fue efectuado, propiciado o autorizado por las entidades
demandadas, sino que, esa conducta fue materializada por particulares y, por otro
lado, dado que no se cumplió la condición de permanencia de la ocupación porque en
el curso del proceso se probó que a finales del año 2002 el inmueble fue desalojado
por completo.
12 13 de febrero, 6 de agosto y 2 de julio de 2002.
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En esa dirección, en aplicación del principio “iura novit curia” las pretensiones deben
“…analizarse bajo el supuesto del presunto incumplimiento del deber de protección
que el Estado debe brindar a las personas víctimas del desplazamiento forzado, que
de haberse cumplido hubiera podido impedir la ocurrencia del hecho dañoso, situación
particular que se estructura bajo el régimen de falla del servicio”13; con apoyo en este
mismo régimen de responsabilidad subjetiva deben abordarse las atribuciones de
responsabilidad dirigidas en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y del Distrito Capital por la omisión del deber de vigilancia y control del orden
público por no impedir el acceso de la población en condición de desplazamiento
forzado al interior del inmueble denominado “Edificio Los Laureles”.
e) En esa perspectiva, la falla en el servicio está constituida por la omisión de la
Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y la Acción Social en atender
de manera oportuna y adecuada a la población en condición de desplazamiento,
abstención que conllevó a que ocuparan el mencionado edificio y permanecieran por
aproximadamente dos años en el inmueble; además, la referida omisión se evidencia
con mayor claridad en el hecho de que fue necesaria la interposición de una acción de
tutela para que el Gobierno Nacional ejerciera acciones positivas en favor de los
ocupantes del inmueble, al punto que en el fallo T-1635/2000 la Corte Constitucional
advirtió esta circunstancia y ordenó la reubicación de las familias que ocupaban el bien,
el desalojo pacífico y la atención de las necesidades de trabajo, vestuario, alimentación
y salud.
f) Por otra parte, no se acreditó que la autoridad de policía y el ente distrital
demandado hubiesen omitido gravemente el cumplimiento de sus deberes de
vigilancia y control en la zona afectada; por el contrario, se demostró que el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) autorizó el acceso inicial de la población al
inmueble y no permitió el desalojo por la fuerza; asimismo, que durante el tiempo que
permanecieron los ocupantes en el edificio la Policía Nacional garantizó la seguridad
del sector y la alcaldía local adelantó actuaciones encaminadas a preservar el orden
público, sumado al hecho de que no se probó que los actores hubiesen promovido
13 Folio 222 vto. cdno. apelación – subrayado del original.
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acciones judiciales o policivas para obtener la protección del bien privado y que, en
ese evento, las entidades referidas hubiesen omitido el cumplimiento de sus funciones.
g) En ese orden, acreditada la falla en el servicio de la Agencia Presidencial para la
Cooperación Internacional y la Acción Social estimó que el daño se concretó “en primer
nivel, por la imposibilidad de utilizar o usufructuar por sus propietarios los bienes
inmuebles ocupados, durante el en (sic) tiempo que se mantuvo ocupado de hecho,
pues estos no pudieron ejecutar ningún tipo de actividad comercial o civil sobre ellos”14,
en ese contexto, “el daño sufrido por los demandantes, producto de la ocupación de
los bienes inmuebles objeto de la presente demanda se configura por omisión de las
obligaciones del Estado, en cabeza de Acción Social, que dejó de garantizar
oportunamente los derechos y prerrogativas legales y constitucionales otorgadas al
grupo de personas desplazadas que los ocupó y deterioró, estando claro su deber
legal de garantizar una consolidación y estabilización del desplazado, adoptando la
totalidad de medidas y políticas públicas para tratar de aminorar el efecto dañino que
el conflicto armado interno ha generado en esta población”15.
h) Posteriormente, denegó la objeción por error grave invocada por Acción Social en
contra del dictamen pericial rendido por los auxiliares de la justicia Luis Enrique
Angarita Jiménez y Rafael Enrique Caro Lugo y no se pronunció respecto de las
formuladas por las demás entidades demandadas por carecer de legitimación en la
causa por pasiva.
i) Respecto de la tasación de perjuicios, negó la reclamación del proceso 2002-
0032116 por concepto de daño emergente, consistente en el valor comercial de los
inmuebles para el 10 de junio de 2000, por razón de que en el proceso se probó que
la ocupación fue temporal, de modo que los demandantes no perdieron el derecho de
dominio sobre esos predios, los cuales, si bien sufrieron deterioro, no fueron destruidos
en su totalidad; a la par, negó la indemnización reclamada por valor de las
reparaciones de las zonas comunes del inmueble debido a que con el dictamen pericial
14 Folio 226 cdno. apelación.
15 Folio 227 vto. cdno. apelación.
16 Demandante sociedad Calanda Ltda y otros.
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no se aportó el reglamento de propiedad horizontal del edificio ni se especificaron de
manera detallada las afectaciones a esas áreas, en esa misma línea se rechazaron
las pretensiones referidas al costo de reparación de cada uno de los inmuebles, puesto
que el dictamen no individualizó los arreglos que cada bien requería de manera
particular.
A título de indemnización de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante
reconoció el 1% del valor comercial17 de cada inmueble por cada mes de ocupación
contabilizado desde el 14 de diciembre de 1999 hasta el 22 de diciembre de 2002, con
excepción del local número 1 y las oficinas ubicadas en los pisos 3 y 4 debido a que
sobre estas se probó que el Comité Internacional de la Cruz Roja sufragó los cánones
de arrendamiento hasta el 16 de noviembre de 2000, por lo cual para estos últimos
efectuó el reconocimiento desde el día siguiente a la finalización del contrato de
arriendo.
j) Por su parte, en el proceso número 2002-0162718 negó el daño emergente porque
los valores de reparación determinados en el dictamen elaborado por la auxiliar de la
justicia Haydee Muñoz Sandoval se sustentaron en cotizaciones aportadas en copia
simple, aunado al hecho de que no se aportó medio de prueba sobre la situación
material y física de los bienes para determinar el estado en que debían ser restituidos;
a su vez, concedió una indemnización por lucro cesante en suma equivalente al 1%
del valor comercial de los inmuebles ocupados de conformidad con la tasación
efectuada por la auxiliar de la justicia, por el período comprendido entre el 14 de
diciembre de 1999 y hasta el 22 de diciembre de 2002.
2) En providencia del 25 de marzo de 2010, el tribunal adicionó la parte resolutiva de
la sentencia del 22 de octubre de 2009 para condenar igualmente a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) a
pagar a la señora Inés Elvira Castilla la suma de $32.460.000 por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (fls. 256 a 257 cdno. apelación).
17 Con base en el valor fijado en el dictamen pericial.
18 Demandante Inés Elvira Castilla Uricoechea.
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6. Los recursos de apelación
6.1 Parte demandante – proceso 2002-01671
La Sociedad Alianza Fiduciaria SA solicitó revocar el ordinal tercero de la parte
dispositiva de la sentencia de primera instancia que declaró su falta de legitimación en
la causa por activa, por cuanto su condición de representante del fideicomiso
propietario del “Hotel Hamilton Court” quedó demostrada con la escritura pública no.
9407 de 1991 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá, el testimonio de la gerente
del hotel Alba Julieta Forero González y el dictamen pericial rendido por el auxiliar de
la justicia Luis Guijo Roa, sumado al hecho de que ninguna de las entidades
demandadas controvirtió la condición en que compareció al proceso; al tiempo, refirió
que las accionadas son responsables de los daños reclamados en la demanda por
cuanto no impidieron que un grupo de desplazados por la violencia ocupara en forma
indefinida la vía pública donde se encontraba localizado el referido hotel, y en lugar de
despejar la vía levantaron vallas y talanqueras para impedir el tránsito de peatones y
vehículos en esas calles, lo que condujo a la reducción de la ocupación hotelera y a la
disminución de sus utilidades (fls. 245 a 252 cdno. apelación).
6.2 Parte demandante – proceso 2002-00321
Los actores estructuraron su inconformidad frente al fallo de primer grado en tres
aspectos centrales, los cuales se exponen a continuación (fls. 300 a 327 cdno.
apelación):
1) No se debió absolver a la Presidencia de la República ni al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, si se tiene en cuenta que estas
autoridades tienen a su cargo funciones para la atención, prevención y auxilio al
fenómeno del desplazamiento forzado cuya ejecución incumplieron, tal como se
evidenció en el fallo de tutela T-1635 de 27 de noviembre de 2000 proferido por la
Corte Constitucional; tampoco era procedente exonerar a la Policía Nacional por
cuanto se demostró que su falta de acción determinó que las personas en condición
de desplazamiento forzado tomaran la vía pública y, posteriormente, ocuparan de
hecho las instalaciones del “Edificio Los Laureles”.
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2) La cuantificación de la indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante
presenta yerros porque los períodos a liquidar corresponden a 25 meses y 6 días y a
36 meses y 8 días y no como erradamente lo sostuvo el tribunal a 24,86 meses y a
36,06 meses; además, el aquo omitió indexar las sumas señaladas en los dictámenes
periciales como base del cálculo del perjuicio.
3) El tribunal denegó injustificadamente la reparación del perjuicio por daño emergente
derivado del costo de la reparación de las zonas comunes y privadas del inmueble,
pues, en el proceso se acreditó el coeficiente de copropiedad de los demandantes y el
estado de deterioro en que quedó el edificio luego de la ocupación, así como también
el monto requerido para su adecuación.
6.3 Parte demandada
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) solicitó revocar la
sentencia de primera instancia (fls. 265 a 276 cdno. apelación), en síntesis, por las
siguientes razones:
1) Los demandantes no se encuentran legitimados en la causa por activa porque no
probaron la calidad de propietarios de los inmuebles ocupados en el “Edificio Los
Laureles” debido a que no aportaron al expediente las correspondientes escrituras
públicas constitutivas del título de dominio.
2) No es responsable de los daños reclamados porque estos fueron causados por el
grupo de desplazados que ingresó en forma violenta a las instalaciones de esa
edificación, por lo cual se configuró el hecho de un tercero; además, no es la única
entidad con funciones de atención a la población víctima del desplazamiento forzado
y aunque para la época de los hechos apenas iniciaba su funcionamiento, sin tener
aun a cargo el registro de desplazados, estuvo presente desde el momento de la toma
proponiendo soluciones negociadas y adelantando labores de coordinación con las
demás entidades responsables de la atención.
3) El daño no le es atribuible por ausencia de nexo de causalidad debido a que la
ocupación fue efectuada por un grupo de personas en condición de desplazamiento
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cuya permanencia en el inmueble fue promovida y consentida por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y mantenida porque la Policía Nacional no adoptó
las medidas para conjurar la situación; adicionalmente, la ocupación de esas
locaciones constituye un hecho de fuerza mayor (fls. 288 a 299 cdno. apelación).
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) El 18 de noviembre de 2010 se admitieron los recursos presentados por las
demandantes de los procesos acumulados identificados con las radicaciones número
2002-0032119 y 2002-0167120 y, por la entidad demandada Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) (fl. 329 cdno. apelación).
2) El 3 de diciembre de 2010, la sociedad Calanda Ltda allegó al proceso el acta de
junta de socios del 1 de diciembre de 2009 a través de la cual se dispuso la cesión de
los derechos litigiosos del presente proceso a veinticuatro (24) personas naturales (fls.
331).
3) En proveído del 25 de marzo de 2011 (fl. 409 cdno. apelación) se negó la solicitud
elevada por la sociedad demandante Calanda Ltda; sin embargo, al resolver el recurso
de súplica mediante auto del 27 de julio de 2011 la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó la decisión y, en su lugar, dispuso tener como litisconsortes de la
referida sociedad a las personas naturales que actuaban en condición de cesionarios
de los derechos litigiosos (fls. 416 a 423 cdno. apelación).
4) El 20 de enero de 2012 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por
el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para
que rindiera concepto (fl 428 cdno. apelación).
5) El 24 de octubre de 2012, la sociedad Alianza Fiduciaria aportó al proceso el acta
de terminación y liquidación del Fideicomiso Country Plaza 82 por lo cual solicitó tener
a los antiguos miembros del fideicomiso como titulares de las pretensiones de la
demanda (fls. 482 a 489 cdno. apelación).
19 Sociedad Calanda Ltda y otros.
20 Alianza Fiduciaria SA.
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8. Alegatos de conclusión
8.1 Partes demandantes
1) La Sociedad Alianza Fiduciaria SA21 insistió en los argumentos expuestos en el
recurso de apelación consistentes en que dicha entidad se encontraba legitimada en
la causa por activa en su condición de administradora fiduciaria conforme se acreditó
con la escritura pública no. 9407 del 30 de diciembre de 1991 de la Notaría Sexta del
Círculo de Bogotá, la prueba testimonial y pericial practicadas en el proceso; en ese
contexto, solicitó acceder a las súplicas de la demanda (fls. 429 a 435 cdno. apelación).
2) Por su parte, los demandantes del proceso número 2002-00321 (Sociedad Calanda
Ltda y otros) reiteraron los razonamientos vertidos en su alzada para que se modifique
la sentencia de primera instancia; en esa dirección, requirieron declarar la
responsabilidad de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y de la Policía Nacional, así como también el reajuste
e indexación del lucro cesante reconocido en primera instancia y el reconocimiento del
daño emergente debidamente actualizado (fls. 445 a 461 cdno. apelación).
8.2 Entidades demandadas
1) El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República pidió confirmar el
fallo en cuanto declaró su ausencia de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
no tuvo injerencia ni participación en los hechos descritos en las demandas, toda vez
que su competencia funcional no incluye la atención a la población víctima de
desplazamiento forzado (fls. 463 a 465 cdno. apelación).
2) Por su parte, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) señaló que no
causó los daños reclamados en tanto que estos fueron producto de la actuación de un
grupo de personas en condición de desplazamiento forzado y, en esa óptica, el litigio
debió trabarse entre los demandantes y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), pues, a través de la escritura pública no. 3054 del 16 de junio de 2000 de la
21 Proceso acumulado número de radicación 2002-01671.
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Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
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Notaría Sexta de Bogotá ese organismo se comprometió a responder por los daños
derivados de la ocupación; a su vez, recalcó que los demandantes no probaron su
derecho de dominio sobre los inmuebles afectados, que el CICR contribuyó de manera
eficaz a la permanencia de los ocupantes en el “Edificio Los Laureles” y que el ingreso
a dicha edificación por parte de los desplazados fue un evento de fuerza mayor (fls.436
a 444 cdno. apelación).
9. Concepto del Ministerio Público
El delegado de la Procuraduría General de la Nación refirió que la acción de reparación
directa ejercida se encuentra caducada por cuanto la ocupación de la carrera 14 entre
calles 81 y 82 tuvo ocurrencia el 17 de diciembre de 1999 y la del “Edificio Los Laureles”
el 4 de enero de 2000; en consecuencia, como las demandas correspondientes a los
procesos números 2002-00321, 2002-01627 y 2002-01671 se presentaron el 13 de
febrero de 2002, el 6 de agosto de 2002 y el 2 de julio de 2002, respectivamente,
resultan extemporáneas frente al término de dos años para acudir a la jurisdicción
previsto en el artículo 136 numeral 8 del CCA (fls. 466 a 475 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplido el trámite procesal, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente
derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la
oportunidad de la acción ejercida, 3) análisis de los recursos de apelación y, 4)
condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
En el marco de los recursos de apelación interpuestos, corresponde a la Sala
determinar, por un lado, si la sociedad Alianza Fiduciaria SA, en su condición de
representante del fideicomiso constituido mediante escritura pública no. 9407 del 30
de diciembre de 1991 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá está legitimada en la
causa por activa para reclamar por los daños causados al “Hotel Hamilton Court” y, de
otra parte, si la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades
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demandadas se ve comprometida por la ocupación del “Edificio Los Laureles” y del
espacio público adyacente llevada a cabo por un grupo de personas en situación de
desplazamiento forzado a mediados del mes de diciembre del año 1999 en la ciudad
de Bogotá DC.
La Sala modificará la sentencia de primera instancia; revocará la orden de declarar de
oficio la ausencia de legitimación en la causa por activa del fideicomiso constituido por
la escritura pública no. 9407 de 1991 otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de
Bogotá, representado por la sociedad Alianza Fiduciaria SA, y declarará la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS)22 y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República por la falla del servicio en que incurrieron por omitir la adopción de medidas
serias, idóneas, eficaces y suficientes para atender a la población en situación de
desplazamiento forzado que ocupó de hecho las instalaciones del “Edificio Los
Laureles” y lograr su reubicación.
2. Análisis de la oportunidad de la acción ejercida
1) En relación con la oportunidad para ejercer la acción, el artículo 136-8 del Código
Contencioso Administrativo23 establece que opera la caducidad de la acción
jurisdiccional de reparación directa al vencimiento del plazo de dos (2) años contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
2) Precisado lo anterior, advierte la Sala que en el proceso identificado con la
radicación número 2002-00321 los demandantes pretenden que se declare la
responsabilidad de la Nación – Ministerio del Interior, del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, del Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional y de la Red de Solidaridad Social por el daño antijurídico derivado de la
ocupación permanente de las oficinas y parqueaderos de su propiedad que no fue
22 Anteriormente Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción
Social–.
23 Codificación aplicable en el presente asunto por ser la vigente en la época en que ocurrieron los
hechos (1999 a 2002) y la anualidad en que fueron instauradas las demandas (2002).
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impedida por las entidades demandadas, sino que, por el contrario fue permitida y
auspiciada por ellas “la cual se mantiene desde el día 10 de junio de 2000”; al propio
tiempo, en el proceso con número de radicación 2002-01627 se pidió declarar la
responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, de la Red de
Solidaridad Social y de Bogotá Distrito Capital por la ocupación violenta del inmueble
de su propiedad llevada a cabo por parte de terceros el 4 de enero y el 14 de junio de
2000 debido al incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que le
asistían a las demandadas de mantener, restablecer y proteger el orden público.
3) En la sentencia de primera instancia se declaró impróspera la excepción de
caducidad propuesta por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional porque para la
fecha en que las partes demandantes acudieron a la jurisdicción la ocupación del
“Edificio Los Laureles” persistía.
4) Ahora bien, en el proceso se acreditó que el 14 de diciembre de 1999 un grupo de
personas en condición de desplazamiento forzado invadió la vía pública contigua al
“Edificio Los Laureles”; días después se produjo la ocupación por la fuerza de las
oficinas de esa edificación en las cuales funcionaba la sede del Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR) y, a partir de junio de 2000 se materializó la ocupación total del
edificio, la cual se prolongó hasta el 22 de diciembre de 2002.
La situación revistió grave complejidad por la magnitud de la ocupación, la condición
de sujetos de especial protección constitucional de las personas involucradas, la
situación de hacinamiento en que vivían y la permanencia en el tiempo del fenómeno
presentado, por lo cual, fue necesaria la intervención de la Corte Constitucional que
en el fallo de tutela T -1635 de 27 de noviembre de 2000 le ordenó a algunas de las
entidades acá demandadas (Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República - Ministerio del Interior y Red de Solidaridad Social) que, por tratarse
de un asunto de su competencia, en el plazo de treinta (30) días gestionaran la solución
definitiva y eficaz de la situación creada por la ocupación de las instalaciones de la
institución humanitaria en la ciudad de Bogotá, produciendo la reubicación de las
personas desplazadas por el conflicto armado que se encontraban allí y, el
consecuente, desalojo pacífico de la edificación.
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Así las cosas, en el referido fallo de tutela se explicó que de conformidad con lo previsto
en el artículo 86 de la Carta Política la violación o amenaza de los derechos
fundamentales ocurre no solo por vía de acción, sino que también por omisión y, que
“[e]sa omisión en el presente caso, no obstante las negociaciones que el Ejecutivo
invoca en su defensa -se repite han sido estériles-, resulta palmaria, si se verifica que
ha transcurrido prácticamente un año sin solución a la vista”; además, ante la evidencia
del incumplimiento, la Corte Constitucional concedió un plazo a las autoridades
públicas para que acataran el componente obligacional a su cargo en procura de
solventar la situación.
5) En ese orden, pese a que el hecho generador del daño es la ocupación del
inmueble por parte de la población desplazada, lo cierto es que la imputación
formulada a las autoridades demandadas se estructura en la omisión en el
cumplimiento de las funciones a su cargo para gestionar la atención y reubicación de
la población desplazada que se tomó la edificación, deberes que como se reconoce
en la sentencia T-1635/00 existían con anterioridad a la intervención del juez
constitucional.
6) No obstante, en atención a las particularidades del caso, la oportunidad de la
acción se debe computar a partir del vencimiento del plazo de treinta (30) días
concedido por el juez constitucional en la sentencia T-1635 de 27 de noviembre de
2000 para que las autoridades públicas ejecutaran las medidas necesarias para la
reubicación de la población desplazada y el desalojo pacifico del “Edificio Los
Laureles”, pues, solo a partir de ese momento los demandantes tuvieron certeza del
incumplimiento de las demandadas de las funciones a su cargo.
7) Como la mencionada providencia judicial fue notificada el 12 de enero de 200124,
según certificación expedida por el secretario jurídico de la Presidencia de la
República, es claro que las demandas presentadas el 13 de febrero y el 6 de agosto
de 2002 en los procesos de radicación números 2002-00321 y 2002-01627,
respectivamente, lo fueron en forma oportuna, en tanto que no había fenecido el
término de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA.
24 Folio 835 cdno. de pruebas no. 2 C5.
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8) De otro lado, en el proceso distinguido con el número 2002-1671-01 tampoco se
configuró la caducidad de la acción de reparación directa por cuanto se comprobó que
la ocupación por un grupo de desplazados de la vía pública de la carrera 14 entre
calles 81 y 82 de la ciudad de Bogotá DC, colindante al “Hotel Hamilton Court” se
prolongó entre el 14 de diciembre de 1999 y el 14 de junio de 2000, fecha en que se
restituyó el espacio público afectado quedando solo dos (2) cambuches en la zona
exterior del garaje y sobre el alero del edificio y dos cambuches ubicados en el andén
interior de la misma edificación25; en esta línea, la parte actora tenía plazo para
demandar hasta el 15 de junio de 2002; no obstante, el término de caducidad se
interrumpió con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial el 15 de enero
de 2002, esto es, faltando cinco (5) meses para el vencimiento del plazo, y se reanudó
el 8 de abril de ese mismo año26, de modo que la demanda radicada el 2 de julio de
2002 lo fue en forma oportuna.
3. Análisis de los recursos de apelación
3.1 La legitimación en la causa por activa
1) La entidad demandada Departamento para la Prosperidad Social (DPS) cuestionó
la legitimación en la causa por activa de los demandantes de los procesos con números
de radicación 2002-00321 y 2002-01627 con el argumento de que al proceso no se
aportaron las correspondientes escrituras públicas soporte del título de dominio de los
inmuebles del “Edificio Los Laureles” respecto de los cuales reclaman la declaración
de responsabilidad estatal y la consecuente indemnización de perjuicios por la
ocupación temporal efectuada por un grupo de personas en situación de
desplazamiento forzado.
25 Folio 101 cdno. sin numeración. Además, en oficio no. 0737/DA del 18 de octubre de 2000, suscrito
por la Alcaldesa Local de Chapinero se informó que “[e]s de anotar que con anterioridad ya se había
producido la restitución del espacio público ocupado, por parte de esta Alcaldía y solo resta como ya le
dije, la correspondiente al andén, lo cual se hará en un inmediato futuro” (fl. 24 cdno. 5).
26 Fecha en que se declaró fallida la diligencia prejudicial (fls. 445 a 446, cdno. 2 c. 18).
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2) En relación con la forma de acreditar el derecho de dominio sobre bienes inmuebles
sujetos a la formalidad del registro, la Sección Tercera del Consejo de Estado en
sentencia del 13 de mayo de 201427 unificó su jurisprudencia para establecer que el
derecho real de dominio sobre un inmueble se demuestra válidamente con el
respectivo certificado del Registro de Instrumentos Públicos en el cual conste que el
bien objeto de discusión es de propiedad de quien pretende hacerlo valer en el proceso
judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
3) En la referida providencia, esta corporación indicó que el certificado de tradición y
libertad, -en tanto constancia emitida por el respectivo registrador de instrumentos
públicos sobre la situación jurídica de los bienes inmuebles mediante la reproducción
fiel y total de las inscripciones respectivas, su calificación y clasificación a través de un
procedimiento especial jurídico y técnico-, constituye plena prueba del derecho de
dominio, pues, da fe tanto del título como del modo de adquisición de la propiedad;
además, en su condición de documento público está amparado por la presunción de
legalidad y legitimidad registral, por lo tanto, permite tener como acreditada la
existencia del título; por manera que, la exigencia adicional de la escritura pública para
demostrar la legitimación en la causa desconoce los principios de confianza legítima y
acceso a la administración de justicia, dado que el Estado al asumir la función registral
garantiza la verificación de la legalidad del título, por lo cual este solo será necesario
en aquellos eventos en que se discuta la validez o eficacia del título, del negocio
jurídico o del registro mismo.
4) En ese orden de ideas, con los correspondientes certificados de tradición y libertad
aportados al proceso la Sala encuentra demostrada la legitimación en la causa por
activa de los demandantes María de las Mercedes Restrepo de Buendía28, Ana
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, radicación no.
76001-23-31-000-1996-05208-01 (23.128), CP Mauricio Fajardo Gómez.
28 En condición de propietaria de los siguientes inmuebles del “Edificio Los Laureles” (fls. 71 a 76, cdno.
2): las oficinas 308 (50C-1436961), 401 (50C-1436962) y 408 (50C-1436969), y los parqueaderos 3
(50C-1436889), 24 (50C-1436910) y 31 (50C-1436917); si bien en los certificados de tradición su
nombre aparece registrado como “Restrepo de Buendía María” y no como María de las Mercedes
Restrepo de Buendía, forma en que se identificó en la demanda y en la presentación personal del poder,
al corroborar el número de identificación reportado en los certificados de libertad y tradición coincide
con el indicado en el poder y en su nota de presentación personal, por lo cual se evidencia que se trata
de la misma persona.
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Restrepo de Navas29, Ignacio Restrepo Posada30, María José Samper Gómez31, Belén
Adelaida Samper Kutschbach32, Ana María Uribe Reyes y Rosario Durán Casas33,
Joaquín Enrique Donoso Lombana34, Inés Elvira Castilla Uricoechea35 y sociedad
Calanda Ltda36,
5) De otro lado, recuerda la Sala que el tribunal de primer nivel estimó que la sociedad
Alianza Fiduciaria SA, demandante del proceso número 2002-01671, carecía de
legitimación en la causa por activa debido a que no demostró ser propietaria del “Hotel
Hamilton Court” ni tampoco ejercer su administración, determinación frente a la cual la
parte demandante interpuso recurso de apelación.
Sobre este aspecto, advierte la Sala de Decisión que en el proceso obra copia
auténtica de la escritura pública no. 9407 de diciembre 30 de 1991 de la Notaría Sexta
del Círculo de Bogotá37 a través de la cual se protocolizó el contrato de fiducia
29 Propietaria de las oficinas 402 (50C-1436963), 404 (50C-1436965) y 407 (50C-1436968), así como
de los parqueaderos 25 (50C-1436911), 28 (50C-1436914) y 30 (50C-1436916) del “Edificio Los
Laureles” (fls. 78 a 83, cdno. 2).
30 Como propietario de las oficinas 403 (50C-1436964), 405 (50C-1436966) y 406 (50C-1436967), y
de los parqueaderos 26 (50C-1436912), 29 (50C-1436915), 32 (50C-1436918) y 33 (50C-1436919 del
“Edificio Los Laureles” (fls. 85 a 91, cdno. 2).
31 Propietaria del local 1 (50C-1436942) y del parqueadero 53 (50C-1436939) del “Edificio Los
Laureles” (fls. 93 y 94, cdno. 2).
32 Como propietaria de la oficina 307 (50C-1436960) y del parqueadero 2 (50C-1436888) del “Edificio
Los Laureles” (fls. 96 y 97, cdno. 2).
33 Copropietarias de la oficina 306 (50C-1436959) y del parqueadero 36 (50C-1436922) del “Edificio
Los Laureles” (fls. 99 y 100, cdno. 2).
34 Propietario de la oficina 303 (50C-1436956). Ahora, en la demanda se señala que el demandante
también es propietario del parqueadero 5; sin embargo, respecto de ese bien inmueble no se aportó el
certificado de tradición y libertad, sino únicamente un documento denominado “Formulario de
calificación – constancia de inscripción”, según aparece en el folio 102, cuaderno 2, razón por la cual
para la Sala no está probada su condición de propietario sobre ese bien.
35 Como propietaria de la oficina 507 (50C-1436976) y del parqueadero 21 (50C-1436907) del “Edificio
Los Laureles” (fls. 9 y 10, cdno. 5).
36 Como propietaria de los siguientes inmuebles del “Edificio Los Laureles” (fls. 3 a 69, cuaderno 2): los
locales 2 (50C-1436943) y 3 (50C-1436944); las oficinas 101 (50C-1436945), 201 (50C-1436946), 202
(50C-1436947), 203 (50C-1436948), 204 (50C-1436949), 205 (50C-1436950), 206 (50C-1436951), 207
(50C-1436952), 208 (50C-1436953), 304 (50C-1436957), 305 (50C-1436958), 501 (50C-1436970), 502
(50C-1436971), 503 (50C-1436972), 504 (50C-1436973), 505 (50C-1436974), 506 (50C-1436975), 508
(50C-1436977), 601 (50C-1436978), 602 (50C-1436979), 603 (50C-1436980), 604 (50C-1436981), 605
(50C-1436982), 606 (50C-1436983), 607 (50C-1436984) y 608 (50C-1436985); y los parqueaderos 1
(50C-1436887), 6 (50C-1436892), 7 (50C-1436893), 8 (50C-1436894), 9 (50C-1436895), 10 (50C-
1436896), 11 (50C-1436897), 12 (50C-1436898), 13 (50C-1436899), 14 (50C-1436900), 15 (50C-
1436901), 16 (50C-1436902), 17 (50C-1436903), 18 (50C-1436904), 19 (50C-1436905), 20 (50C-
1436906), 22 (50C-1436908), 23 (50C-1436909), 34 (50C-1436920), 35 (50C-1436921), 37 (50C-
1436923), 38 (50C-1436924), 39 (50C-1436925), 40 (50C-1436926), 41 (50C-1436927), 42 (50C-
1436928), 43 (50C-1436929), 44 (50C-1436930), 45 (50C-1436931), 47 (50C-1436933), 48 (50C-
1436934), 49 (50C-1436935), 50 (50C-1436936), 51 (50C-1436937), 52 (50C-1436938), 54 (50C-
1436940) y 55 (50C-1436941) folios 3 a 69, cuaderno 2.
37 Fls. 13 a 47 cdno. 8.
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Apelación de sentencia
mercantil celebrado entre las sociedades S Pardo & Cía. Ltda, SIC Ingenieros Civiles
Ltda, Akelsberg Perea Inversiones Cía. Ltda, Inversiones Alexandrowich Estrada
Asociados Ltda y los señores Claudio Alberto Gómez Confrier, Isidoro Corkidi, Alberto
Corkidi, Christian Felipe Gerena Castillo, Alexandra Godoy Rodríguez, Carlos Alberto
Arrieta Anillo, Rosa Elvira Castillo, Gloria Patarroyo, Luis Roberto Amador López,
Miguel Alejandro Pardo, Juan Manuel Izquierdo, Hilda María Correa De Laverde, Jorge
Londoño Riani, Nelly Correa Forero, Gilma Correa de Luque, Fernando Izquierdo
Correa en condición de fideicomitentes iniciales y la sociedad Alianza Fiduciaria como
fiduciaria, en los términos de los artículos 1228, 1233 y 1238 del Código de Comercio.
El aludido patrimonio autónomo fue constituido para la construcción, dotación, puesta
en marcha y operación de un alojamiento turístico, propósito para el cual los
fideicomitentes iniciales transfirieron a la fiduciaria el derecho de dominio de una casa
de dos plantas situada en la carrera 14 no. 81 -26 y de una casa de habitación ubicada
en la carrera 14 no. 81 – 20 de la ciudad de Bogotá, así como también la suma de
treinta millones de pesos ($30.000.000); además, se acordó que el proyecto fiduciario
se desarrollaría en cuatro etapas, a saber: i) etapa primera o preliminar, ii) etapa
segunda o de construcción, iii) etapa tercera o de liquidación y, iv) etapa cuarta o de
operación, para esta última etapa las condiciones de funcionamiento se determinarían
mediante un contrato reglamentario cuyo objeto correspondería a la tenencia jurídica
del bien y a la contratación por cuenta del fideicomiso de la administración del
alojamiento turístico, conservando la fiduciaria su obligación de “llevar la personería
para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos” como se pactó en la cláusula
novena (fl. 41 cdno. 8).
Igualmente, en la cláusula décima novena de la escritura pública de constitución del
patrimonio autónomo se estipuló que el referido alojamiento turístico sería operado por
la sociedad Hoteles Ltda con la franquicia de Forte Travelodge, con quien los
fideicomitentes iniciales celebrarían contrato para dichos efectos, el cual sería cedido
por ellos a la fiduciaria mediante el contrato reglamentario.
37
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Adicionalmente, en el expediente obra el documento denominado “Otrosí al contrato
de operación hotelera Hotel Hamilton Court”38 en el cual consta que las sociedades
Alianza Fiduciaria SA y Hoteles Ltda celebraron el 19 de agosto de 1992 el contrato
de administración de operación del entonces Alojamiento Turístico Forte Travelodge
Suites Portal 82, luego denominado Forte Travelodge Hamilton Court ubicado en la
carrera 14 no. 81-20 de la ciudad de Bogotá; posteriormente, el 21 de octubre de 1994
el referido contrato de administración fue cedido a la sociedad “Hotel Hamilton Court”.
En ese orden de ideas, para la Sala el material probatorio permite establecer
claramente que la operación y administración del alojamiento turístico objeto del
contrato de fiducia mercantil referido fue contratada por Alianza Fiduciaria SA, primero,
con la sociedad Hoteles Ltda y, posteriormente, con la sociedad Hamilton Court en
virtud de las obligaciones contractuales asumidas con ocasión del contrato de fiducia
mercantil protocolizado mediante escritura pública no. 9407 de 1991 de la Notaría
Sexta del Círculo de Bogotá DC, de suerte que la legitimación en la causa por activa
de la sociedad Alianza Fiduciaria SA como representante del patrimonio autónomo
está plenamente acreditada y, por ende, la decisión de primer nivel en este aspecto
debe ser revocada.
3.2 La responsabilidad de las entidades demandadas
Definida la presentación oportuna de las demandas, así como también la calidad en
que los demandantes comparecen al proceso, con el propósito de dilucidar los cargos
formulados en los recursos de apelación procede la Sala a abordar el estudio de los
medios de convicción válida y oportunamente practicados en el proceso, con los cuales
se encuentran debidamente probados los hechos que se relacionan en el acápite
siguiente, relevantes para la adopción de la decisión de la controversia.
38 Suscrito el 1º de diciembre de 2003 por Alianza Fiduciaria, en nombre y representación del patrimonio
autónomo constituido mediante contrato de fiducia mercantil según escritura pública no. 9407 del 30 de
diciembre de 1991, y la Sociedad Hotel Hamilton Court en condición de operador (fls. 59 -61 C.13, cdno.
de pruebas no. 3).
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3.2.1 Hechos probados39
La prueba documental, testimonial, pericial y la inspección judicial que obra en los
procesos acumulados acredita los siguientes hechos relevantes para la resolución de
la presente controversia:
1) Los días 6 y 19 de febrero de 1997, el Comité Internacional de la Cruz Roja tomó
en arriendo veinte (20) oficinas localizadas en los pisos tercero y cuarto, igual número
de parqueaderos y el local no. 1 del “Edificio Los Laureles” ubicado en la carrera 14
no. 81 -09 de la ciudad de Bogotá, en los cuales dicho organismo instaló su sede oficial
hasta el 23 de noviembre de 200040.
2) El 14 de diciembre del año 1999, un grupo de personas invadió la carrera 14 entre
calles 81 y 82 de la ciudad de Bogotá DC frente a la sede del Comité Internacional de
la Cruz Roja ubicada en el “Edificio Los Laureles” con el objeto de obtener ayudas para
atender su situación de desplazamiento forzado; días después algunos miembros de
ese colectivo ocuparon por la fuerza las instalaciones de ese organismo humanitario
y, finalmente, a partir de junio de 2000 invadieron la totalidad de dicho inmueble hasta
el 22 de diciembre de 200241.
3) El 4 de enero de 2000, una comisión de la población desplazada que se encontraba
en las instalaciones de la Cruz Roja, el Procurador General de la Nación, el
Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Defensor Regional del Pueblo,
el Director Nacional de Orden Público del Ministerio del Interior, el Alcalde Local de
Chapinero y el Jefe de la Delegación del CICR en Colombia acordaron que el
39 Con fundamento en las reglas procesales vigentes para la época de los hechos, la Sala otorgará valor
probatorio a las copias simples de los documentos aportados al proceso porque no fueron tachadas por
las partes, según reiterada jurisprudencia de esta Sección (Sentencia de 28 de agosto de 2013, rad
25.022); las fotografías aportadas al proceso serán analizadas en conjunto con los demás medios
probatorios y, finalmente, las notas periodísticas se valorarán junto con las demás evidencias que obran
en el expediente debido a que por su carácter meramente representativo del hecho registrado, por sí
mismas no acreditan la existencia o veracidad de lo narrado, salvo cuando reproducen hechos públicos
o notorios.
40 Contratos de arrendamiento, preaviso del 23 del octubre del 2000 y comunicado del CICR de 16 de
noviembre de 2000 en el que le informó a los voceros de los desplazados su decisión de rescindir el
contrato de arrendamiento de las oficinas del “Edificio Los Laureles” y trasladar sus instalaciones a una
nueva sede física (fls. 356 a 358 C5 cdno. 2).
41 Informes rendidos por la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá (fls. 177 a 184 y 216 a 234 C1,
cuaderno 6; 376 a 382 C5, cuaderno 2); testimonios rendidos dentro del proceso (fls.17 a 25, 26 a 33 y
34 a 31 C6 cuaderno 3; 280 a 286, 288 a 302 C11, cuaderno 17); dictamen pericial (fls. 15 a 20 cuaderno
dictamen).
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organismo humanitario no abandonaría el “Edificio Los Laureles” y realizaría un
acompañamiento permanente dentro de la edificación y durante las negociaciones que
se realizaran con la Red de Solidaridad Social, que se permitiría a la población
desplazada disponer de la oficina del centro de información, de los pasillos del cuarto
piso y de la recepción del primer piso; a su vez, los desplazados se comprometieron a
no ejercer actos de violencia y a permitir el libre tránsito del personal que laboraba allí
(fl. 412 cdno. sin numeración).
4) El 7 de enero de 2000, la señora Ángela María Meza promovió una querella de
lanzamiento por ocupación de hecho de la oficina 101 del “Edificio Los Laureles”;
empero, la Inspección de Policía Segunda F de la localidad de Chapinero de la ciudad
de Bogotá DC se abstuvo de decretar el lanzamiento porque el escrito no reunió los
requisitos legales para su trámite, en consecuencia, la actuación fue archivada (fl. 834
cdno. de pruebas no. 2).
5) Por razón de la ocupación llevada a cabo por algunos desplazados, los
demandantes de los procesos acumulados presentaron sendas peticiones a las
entidades demandadas, así lo mismo que a la Procuraduría General de la Nación, la
Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo con el fin de que se adoptaran
medidas encaminadas a superar la situación de ocupación de la vía pública y de los
inmuebles de su propiedad42.
En esa dirección, consta que en comunicación del 7 de junio de 2000 la gerencia del
“Hotel Hamilton Court” informó a la Policía Nacional y al Distrito Capital que debido a
la alteración del orden público con ocasión de la ocupación del “Edificio Los Laureles”
tuvo que cerrar sus instalaciones el 15 de abril de ese año y que el 15 de mayo de la
misma anualidad los ocupantes de la zona destrozaron la fachada del hotel.
6) El 9 de junio de 2000, los voceros de los desplazados, la alcaldía local de
Chapinero y la Policía Nacional suscribieron un acta de concertación a través de la
cual se comprometieron a restituir el espacio público ocupado a partir del 10 de junio
de 2000 y a permanecer en los pisos 3 y 4 del “Edificio Los Laureles”43; el 14 de junio
42 Fls. 106 a 107, 108 a 109 C5, cuaderno 2; 110 a 125 C5; 78 a 89 C9, cuaderno 8).
43 Folios 102 a 103 C11, cdno. 17.
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de 2000 se logró la recuperación pacífica de la mayor parte del espacio público en la
carrera 14 no. 81 - 09 de la ciudad de Bogotá DC44.
7) En sus respectivas respuestas a dichas solicitudes, las entidades demandadas
enunciaron de manera general las acciones que realizaron frente a la ocupación y
destacaron que no estaban facultadas legalmente para realizar desalojos de bienes
públicos o privados; también adujeron que la atención asistencial a los invasores
correspondía a distintas entidades estatales.
En ese sentido, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional puso de presente que brindaba atención humanitaria a los desplazados
y adelantaba acciones para conseguir un desalojo pacífico45 ya que, no podía
realizarse por la fuerza debido a que el Comité Internacional de la Cruz Roja “tiene
carácter inviolable, y su ocupación por parte de la fuerza pública colombiana
constituiría una falta grave a las normas del derecho internacional46”.
La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional en sus distintas réplicas a las
peticiones de los demandantes puntualizaron que el 14 de junio de 2000 se restituyó
el uso del espacio público de la carrera 14 entre calles 81 y 82 de Bogotá que ocupaban
los desplazados; que durante el tiempo que se prolongó la invasión se realizaron
distintas actividades de vigilancia y control sobre la zona invadida, así como también
mesas de concertación para lograr la restitución de los espacios ocupados de hecho;
que no era posible desalojar a los desplazados de la sede del Comité Internacional de
la Cruz Roja debido a que esa instalación tenía inmunidad diplomática; que no era
posible expulsar por la fuerza a los desplazados por su situación humanitaria y la
mediación de distintas autoridades para búsqueda de una salida pacífica; que la
Policía Nacional no era competente para realizar procedimientos de desalojo de
desplazados; además, que la entidad encargada de la problemática del
desplazamiento forzado era la Red de Solidaridad Social y, finalmente, que los actores
44 Acta de la Secretaría Local de Chapinero en la que se indica que “En dicho operativo no se levantaron
2 de los cambuches que se encuentran en la zona exterior del garaje y sobre el alero del Edificio.
Igualmente otros 2 cambuches localizados en el andén interior del mismo Edificio…” (fl. 101 cdno. sin
numeración).
45 Oficios (fls. 129, 131 a 133, 138, 146 C5; 1 a 4, 9 A 13, 14 A 16 C6; 10 a 13 C8; 133 a 174 C9).
46 Folio 78 y 79 cdno. 8).
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debían interponer las acciones judiciales o policivas pertinentes para recuperar sus
inmuebles47.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la
Fiscalía General de la Nación en sus respetivas respuestas a las peticiones de los
actores adujeron, básicamente, que habían adelantado gestiones de mediación y
concertación con las entidades gubernamentales correspondientes con el fin de
encontrar una solución pacífica para superar la situación de los desplazados
ocupantes y que efectuaron los censos de población correspondientes.
De manera particular, la Defensoría del Pueblo subrayó haber instaurado una acción
de tutela ante el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá para proteger los derechos
fundamentales del referido grupo de desplazados; igualmente, le sugirió a los
peticionarios interponer las acciones legales correspondientes para la protección de
sus derechos de dominio, posesión y tenencia de los inmuebles afectados48.
8) En comunicación no. 04-HAM-0281 del 15 de julio de 2004 la Red de Solidaridad
Social informó que el desalojo de las personas que ocupaban el “Edificio Los Laureles”
se produjo el 22 de diciembre de 2002 y relató lo acontecido en los siguientes términos:
“Con relación a la terminación de la ocupación del Edificio Los Laureles por
parte de algunos desplazados, el día 21 de diciembre de 2002, la Red de
Solidaridad Social, fue notificada por la Secretaría de Gobierno del Distrito,
sobre el ingreso de personal de la Fiscalía General de la Nación, la SIJIN, y
la Policía Metropolitana al referido edificio, teniendo en cuenta que se
conoció la intención de los ocupantes de desocupar el edificio; para tal efecto
se dispuso de un operativo, determinándose el acompañamiento
humanitario por parte de funcionarios de la Red de Solidaridad Social.
De otra parte, sin tener en cuenta si se trataba de personas desplazadas
inscritas en el Registro Único de Atención a la Población desplazada, esta
entidad, con el apoyo de la Policía Nacional, procedió a trasladar a las
familias que desalojaron el edificio, a sus viviendas, algunas adquiridas con
los subsidios entregados por el INURBE, otras por la Red de Solidaridad
Social, y por la Organización Internacional para las Migraciones, a las
familias sin vivienda se les proporcionó un lugar temporal, suministrándoles
el valor del canon.
47 Oficios (fls. 64,177 a 184 y 216 a 234 C1, cuaderno 6, 30, 141 a 145, 359 a 429 C5; C7; 3 a 15, 21 a
25, 44 a 35, 50 a 54 C8; 14 a 16 C12; 18 a 19; 28 a 29; 30 a 31 C12); minutas de guardia (C8).
48 Oficios (fls. 127 a 128, 136, 139 a 140 C5; 146 a 160 C9 y C10.
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Así mismo, de los 40 hogares que se encontraban en la (sic) edificio los
Laureles, 19 fueron trasladados con sus enseres a diferentes barrios de la
ciudad, recibiendo un apoyo de 100 mil pesos para cada familia, las 21
familias restantes que no contaban con un lugar en donde pasar la noche,
fueron trasladadas a un hotel en el centro de la ciudad, entregándoles la
suma de 100 mil pesos como apoyo adicional.
La Red de Solidaridad Social, en aras a lograr un acuerdo con las familias
que ocuparon el Edificio Los Laureles, invirtió durante el tiempo de la toma
del referido edificio la suma de Tres Mil Ciento Cincuenta y Ocho Millones
trescientos Sesenta y Nueve Mil pesos. M/Cte. ($3.158.369.000,00)”49.
9) En similar sentido, la Directora de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la
Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá en informe bajo juramento manifestó que
los demandantes no interpusieron querellas ante las autoridades de policía de la
localidad de Chapinero para recuperar la propiedad de sus inmuebles y que el desalojo
del “Edificio Los Laureles” se produjo en un operativo realizado por la Fiscalía General
de la Nación y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá el 21 de diciembre de
2002, en el que se encontró la edificación “… en completo abandono en su interior,
presentando deterioro en los pisos, los enchapes de baños rotos, sin lavamanos,
algunos inodoros estaban en completo desaseo; los muebles de madera (escritorios,
mesas de computadora, etc.) de la Cruz Roja fueron utilizados para guardar zapatos,
había ropa en desorden y algunas familias tenían depósitos de mercancías para ventas
ambulantes (comestibles, cigarrillos, juguetes, anuncios de llamadas por celulares),
las paredes estaban muy sucias, algunas con grafitis, puertas rotas, estado de
salubridad lamentable no apto para seres humanos, hacinamiento absoluto de
mayores con los menores de diferentes familias, que expedía un olor nauseabundo”50.
10) Durante el tiempo que se prolongó la referida ocupación la Policía Nacional
ejerció labores permanentes de vigilancia y control en las zonas invadidas, intervino
en la diligencia de recuperación del espacio público y estructuró un plan para la
seguridad del edificio invadido; asimismo, actuó en forma coordinada con las
autoridades nacionales, distritales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo y el CICR con el objeto de efectuar un desalojo pacífico de los inmuebles y
no agravar la situación humanitaria de los desplazados51.
49 Folios 169 a 170 cdno. 6
50 Folios 177 a 184 cdno. 6.
51 Comunicación, oficio y testimonio (fls. 60 C1, cuaderno 6; 34 a 41 C6, cuaderno 3, 14, 15, 21 a 35,
54, 63 C8.
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11) Mediante sentencia T-1635 de 27 de noviembre de 200052 la Corte
Constitucional concedió la tutela promovida por el Defensor del Pueblo Regional de
Bogotá en favor de los desplazados que ocupaban las instalaciones del “Edificio Los
Laureles”; en consecuencia, le ordenó al Presidente de la República53-, a los ministros
del Interior, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación, de Trabajo y
Seguridad Social, y al Director de la Red de Solidaridad Social que, dentro de la órbita
de sus respectivas competencias, solucionaran en forma definitiva la problemática
derivada de dicha ocupación en un plazo máximo de treinta (30) días con el fin de
lograr la reubicación con el consiguiente despeje pacífico de la sede internacional de
la Cruz Roja, así como también la atención de las necesidades de alimentación,
trabajo, vestuario, salud y vivienda de los desplazados, además de la educación de los
menores que forman parte del grupo ocupante.
Las razones que fundamentaron la orden de amparo fueron las siguientes:
“En consecuencia, para esta Sala, aparece como incontrovertible no
solamente la procedencia de la acción de tutela sino la necesidad urgente de
conceder la protección de manera integral, con miras a obtener que sin más
dilaciones y aplicando los principios constitucionales de respeto a la dignidad
humana, solidaridad y prevalencia del interés general (artículo 1 C.P.),
igualdad, eficiencia, celeridad y eficacia (artículo 209 C.P.), así como el de
prevalencia del Derecho sustancial (art. 228 C.P.) y los postulados básicos
del Estado Social de Derecho (artículo 1 C.P.), se llegue a una solución
definitiva del problema planteado, mediante la reubicación de las personas y
familias que ocupan la sede de la institución humanitaria, el consiguiente
despeje pacífico de la misma y la atención de las necesidades de
alimentación, trabajo, vestuario y salud de los desplazados, además de la
educación de los menores que forman parte del grupo ocupante.
(…)
En el caso al que se refiere la presente acción de tutela, que se ve agravado
no solamente por el desplazamiento en sí mismo -que de suyo amerita la
protección estatal, como acaba de verse- sino por el hacinamiento y por las
deplorables condiciones en que se encuentran los ocupantes de la sede de
la Cruz Roja, según lo probado, no puede otorgarse al Ejecutivo un plazo tan
amplio como el previsto en el aludido Fallo de unificación, dada la urgencia
y apremio que la situación impone.
Además, la Corte debe dejar en claro que esta tutela se concede pese a que
la ocupación en referencia ha tenido lugar por una actuación de hecho de los
desplazados -que se explica pero no se justifica, y que no debe ser prohijada
ni aceptada para eventos futuros-, únicamente en consideración a las
características que hoy, después de varios meses, presenta el fenómeno,
con el innegable y grave compromiso de los derechos fundamentales de
52 Folios 727 a 741 cdno. pruebas no. 2.
53 Por tener a su cargo la coordinación de las acciones indispensables para la solución del asunto.
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numerosos niños, quienes se han constituido en las principales víctimas del
conflicto armado, del desplazamiento y de la ocupación misma, no propiciada
por ellos sino por los mayores. (…)”. (fls. 738 y 739 cdno. pruebas no. 2).
12) El 23 de mayo de 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó una
demanda de acción de cumplimiento instaurada por el señor Camilo Hernando Álvarez
Bernate en contra de los alcaldes mayor de Bogotá y local de Chapinero con el objeto
de que se aplicara el artículo 69 de la Ley 9 de 1989 que prevé que dichas autoridades
podrán iniciar acciones policivas para efectuar el lanzamiento de ocupantes de hecho,
por considerar, en resumen, que dicho mecanismo no era procedente cuando exista
otro instrumento judicial para lograr el cumplimiento efectivo de la norma o acto
administrativo, de suerte que el interesado podía ejercer directamente las acciones
policivas correspondientes54; dicha decisión fue confirmada el 28 de junio de 2001 por
la Sección Tercera del Consejo de Estado por estimar, en síntesis, que el citado
precepto no le imponía a dichas autoridades el deber perentorio de iniciar de oficio las
referidas acciones policivas, sino que, les confería una facultad discrecional para
adelantar los procedimientos tendientes a proteger la propiedad privada en los
supuestos previstos en esa disposición, por tanto, la norma incumplida no contenía
mandatos imperativos e inobjetables exigibles a las autoridades demandadas55.
13) En el curso de la primera instancia del presente proceso se recibieron las
declaraciones de los señores Elizabeth Forero de Méndez, Juan Carlos Ávila Lora,
Andrés Buendía Restrepo, Haylen Omaira Maldonado Serrano, Adriana María Ortiz
Ángulo y Alba Julieta Forero González quienes, entre otros aspectos, relataron los
siguientes acontecimientos y circunstancias:
a) Elizabeth Forero de Méndez56 refirió su condición de empleada de la sociedad
Calanda Ltda y que para la época de los hechos fungía como administradora del
“Edificio Los Laureles”, razón por la cual presenció los hechos relativos a la ocupación
del inmueble por parte de un grupo de desplazados en diciembre de 1999; en esa
dirección, expresó que el Comité Internacional de la Cruz Roja había tomado en
54 Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta - Subsección B, expediente AC 01-156,
MP Álvaro Vera Jaimes (fls. 226 a 242 C11, cuaderno 17).
55 Expediente no. 2001-0156-0, MP Alier Hernández Enríquez (fls. 251 a 262 C11, cuaderno 17).
56 La Presidencia de la República tachó la declaración de la deponente por su vinculación laboral con la
sociedad Calanda Ltda, tacha coadyuvada por la Red de Solidaridad Social.
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arrendamiento en dicha edificación las oficinas del segundo piso, 20 parqueaderos y
69 líneas telefónicas por cinco (5) años a partir del 1º de marzo de 1997, que el 14 de
diciembre de 1999 un grupo de personas desplazadas acudieron a las instalaciones
para solicitar la intervención del CICR y ocuparon la parte exterior y el hall y la portería
del edificio, que la sociedad Calanda Ltda presentó diversas peticiones ante distintas
autoridades desde el momento en que inició la ocupación sin lograr el desalojo del
edificio; agregó que el fallo de acción de tutela que emitió la Corte Constitucional a
través del cual le ordenó al Gobierno Nacional y a la Red de Solidaridad Social
solucionar la problemática derivada de la mencionada ocupación no fue cumplido por
dichas autoridades y que esa situación le ocasionó a la sociedad Calanda Ltda y a los
copropietarios perjuicios económicos, puesto que el CICR dio por terminado el
contrato de arrendamiento e hizo una entrega simbólica de los inmuebles arrendados
en una notaría; además que la ocupación les impidió disponer del inmueble y continuar
su comercialización, aunado al hecho de que el edificio estaba para estrenar y por
razón de los hechos ocurridos quedó prácticamente saqueado57.
b) Juan Carlos Ávila Lora manifestó que conoció del asunto en virtud de la relación
contractual existente entre la Universidad Piloto de Colombia y el Inurbe, entidad que
les solicitó acompañamiento en las mesas de negociación con los desplazados que
ocupaban el edificio sede de la Cruz Roja para buscarles alternativas de vivienda, lo
cual fue imposible por falta de apoyo institucional; sostuvo que la edificación fue
destruida y saqueada por los ocupantes, que dicha situación se extendió entre el 14
de diciembre de 1999 y mediados de diciembre de 2002 y deterioró la seguridad de la
zona58 .
c) Andrés Buendía Restrepo59 aseveró que se desempeñó como apoderado especial
de los copropietarios de los pisos tercero y cuarto del “Edificio Los Laureles” para
administrar el contrato de arrendamiento suscrito entre el CICR y los prenombrados
entre el 1º de marzo de 1997 y el 28 de febrero de 2002, con una renovación
automática de cinco (5) años y un canon de arrendamiento de $ 22.555 por metro
cuadrado; además, precisó que su progenitora y dos tíos son copropietarios del edificio
57 Fls. 17 a 25 C6, cuaderno 3.
58 Fls. 26 a 33 C6, cuaderno 3.
59 El testigo fue tachado de sospechoso por la Presidencia de la República y la Red de Solidaridad
Social debido a sus vínculos profesionales con los demandantes.
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y que, en su condición de apoderado especial de los arrendadores, protocolizó lo
ocurrido entre el 14 de diciembre de 1999 y el 12 de junio de 2000 y coadyuvó en la
elaboración y presentación de algunas peticiones que se enviaron a las distintas
autoridades para que se solucionara la situación generada con la referida ocupación
que duró por un tiempo de tres años y siete días; al tiempo, refirió que el CICR afirmó
que -en coordinación con el Gobierno Nacional- desalojaría el edificio cuando los
invasores estuvieran reubicados, así como también que respondería por todos los
daños ocasionados, por lo cual solicitó que la fuerza pública no interviniera 60.
d) Haylen Omaira Maldonado declaró que para la época en que se presentó la
ocupación del “Edificio Los Laureles” laboraba en la entidad coordinadora del Sistema
de Atención Integral a la Población Desplazada, esto es, la Red de Solidaridad Social,
como asesora del Programa de Atención Integral a la Población Desplazada, condición
en la que integró las mesas de trabajo que se instalaron con los representantes del
grupo de desplazados que invadió dicho inmueble y quienes, en conjunto con otras
entidades estatales, se les brindó asistencia; agregó que el desalojo de la edificación
por parte del grupo de desplazados fue realizado de forma pacífica por la Fiscalía
General de la Nacional en acompañamiento con las autoridades que conforman el
Ministerio Público y que ninguna entidad pública promovió, facilitó o apoyó la conducta
de los invasores61.
e) Adriana María Ortiz Ángulo puntualizó que laboró como jefe de recepción del
“Hotel Hamilton Court” entre los años 1995 y 2003, que la toma de las instalaciones
del Comité Internacional de la Cruz Roja por parte de un grupo de desplazados ocurrió
en diciembre de 1999 y duró un año, es decir, hasta diciembre del 2000; que los
desplazados se ubicaron inicialmente en la calle 14 entre carreras 81 y 82 de la ciudad
de Bogotá, en donde cocinaban y realizaban todas sus necesidades vitales lo cual
convirtió al sector en una zona insegura y afectó la operación comercial del hotel ya
que la Policía Nacional, por razones de seguridad, hizo presencia en el lugar y cercó
la vía con vallas metálicas entre diciembre de 1999 y julio de 2000; por esa razón,
60 (fls. 34 a 40 C6, cuaderno 3).
61 Fls. 281 a 288 C11, cuaderno 17.
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debido a la disminución en la cantidad de huéspedes por las condiciones de seguridad
del sector el hotel tuvo que cerrar por tres (3) meses, de abril a julio del 200062.
f) Alba Julieta Forero González relató que se desempeñó como gerente del “Hotel
Hamilton Court”, localizado frente al edificio del CICR ocupado por parte de un grupo
desplazados entre diciembre de 1999 y diciembre de 2002, que dicha circunstancia
afectó las finanzas del hotel por el descenso inmediato de alojamiento, la reducción de
las tarifas respectivas y el cierre temporal por cuatro (4) meses hasta agosto del año
2000; que en su condición de gerente recibió el hotel en mayo de 2000, cerrado, con
pérdidas operacionales y daños por vandalismo, razón por la cual la gerencia presentó
varias peticiones de intervención a distintas autoridades públicas pero, que las
respuestas fueron evasivas; a su vez, refirió que la Policía Nacional cerró la vía pública
de manera permanente con vallas metálicas por seis (6) meses y, posteriormente,
efectuó un cerramiento nocturno entre las 10 pm y las 6 am hasta la salida definitiva
de los desplazados.
En cuanto a los perjuicios sufridos, declaró que durante el primer año de la mencionada
ocupación los ingresos del hotel descendieron en un 25%, en los años subsiguientes
en un 15% debido a la disminución de la tarifa de alojamiento y, finalmente, un año
después de la salida de los desplazados el hotel tuvo una utilidad similar a la obtenida
cuatro (4) años atrás; también manifestó que el dueño del hotel era el fideicomiso
“Country Plaza 82” manejado por la Fiduciaria Alianza, pero, que desde mayo de 2004
los propietarios son dos sociedades anónimas y un grupo familiar constituido por ocho
(8) personas y que por los hechos descritos no instauraron querella ante la alcaldía63.
14) Igualmente, el 10 de noviembre de 2003 la primera instancia de este proceso
practicó una diligencia de inspección judicial con intervención de peritos al “Edificio Los
Laureles” en la que evidenció que el inmueble ubicado en la carrera 14 # 81-09/19 de
la ciudad de Bogotá consta de seis (6) pisos y dos (2) sótanos, que la entrada peatonal,
el acceso vehicular, los parqueaderos y los seis (6) pisos se encontraban en pésimo
62 Fls. 289 a 295 C11, cuaderno 17.
63 Fls. 295 a 303 C11, cuaderno 17.
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estado, en lamentables condiciones de higiene, saqueados (sin puertas, switches y
rosetas de luz, instalaciones sanitarias, los marcos de las ventanas retirados, vidrios
rotos y los ascensores dañados) y abandonados64.
3.2.2 Análisis del fondo del asunto
1) En el presente caso, los demandantes del proceso identificado con el número
2002-00321 cuestionan la exoneración de responsabilidad de la Presidencia de la
República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y de la
Policía Nacional, al tiempo que la sociedad Alianza Fiduciaria SA sostiene que los
testimonios practicados en el proceso evidencian la responsabilidad de las entidades
accionadas porque en lugar de procurar el desalojo de la calle procedieron a cercar el
paso y a limitar el tránsito mediante el uso de vallas, además de permitir la ocupación
de la vía pública de forma indefinida.
2) En contraste, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
reprocha la condena impuesta en su contra por considerar que la ocupación del
“Edificio Los Laureles” y de la vía pública adyacente fue realizada por terceros sin
vínculo alguno con la administración y que, desde el inicio de los hechos, desplegó
acciones de atención a la población desplazada y de coordinación interinstitucional
con el propósito de superar la situación.
3) En ese contexto, es claro que las partes no debaten el hecho de la ocupación de
la vía pública y del “Edificio Los Laureles” por parte de un grupo de personas en
situación de desplazamiento forzado a finales de diciembre de 1999, sino que, el punto
de la controversia gravita en torno a establecer si el daño alegado por los demandantes
es jurídicamente atribuible a las entidades demandadas por omitir la atención y
reubicación de los ocupantes en forma célere y eficaz.
64 En la diligencia el apoderado de la parte actora aportó 19 fotografías correspondientes al interior del
referido edificio (fls. 45 a 58 C6, cuaderno no. 3).
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4) A propósito de lo anterior, es importante destacar que, en un asunto de contornos
fácticos y jurídicos similares al presente, relacionado con los perjuicios ocasionados a
un hotel de la zona por la misma ocupación del “Edificio Los Laureles”, sede del Comité
Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá, esta corporación se pronunció
en los siguientes términos, los cuales por su pertinencia para este caso en particular
se citan in extenso:
“Se afirmó en la demanda que los perjuicios sufridos por los demandantes
fueron ocasionados como consecuencia del cierre de la vía pública por
varios meses donde funcionaba el Hotel Saint Simon, dada la ocupación del
CICR por parte de un gran número de personas desplazadas, pues la
problemática social de desplazamiento forzado que afronta el país produjo
el cierre de la vía donde funcionaba el hotel que era explotado
económicamente por los demandantes.
(…).
Así las cosas, a partir de tales hechos probados, forzoso resulta
concluir que la magnitud de ese lamentable hecho de desplazamiento
ocurrido en una vía pública de la ciudad de Bogotá -el cual fue
registrado continuamente por medios de comunicación de circulación
nacional-, ameritaba medidas estatales serias, que de manera
contundente y eficaz hubieran evitado dentro de un plazo razonable
agravar esa situación vulneratoria de derechos humanos de la
población desplazada y, de contera, hubiera impedido el cierre de la vía
pública, circunstancia que, precisamente, fue la que produjo los
perjuicios económicos para los vecinos del sector, entre los que se
encontraban los demandantes del presente asunto, quienes se vieron
drásticamente afectados por la imposibilidad de explotar en
condiciones de normalidad el establecimiento de comercio “Hotel
Saint Simon” que habían tomado en arrendamiento.
Ciertamente, de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, tuvo
que transcurrir casi un año de haberse producido la ocupación de la vía
pública y del CICR por parte de las personas desplazadas para que la
Nación, en virtud de una sentencia de tutela proferida por la Corte
Constitucional, procediera a brindar soluciones a dicha problemática social;
sin embargo, según se observa, a pesar de que se brindaron varias ayudas
humanitarias, éstas no resultaron eficaces, pues dicha ocupación se
prolongó por más de dos años.
La Nación, a través del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y de los Ministros correspondientes, debía adelantar todas
aquellas acciones humanitarias necesarias y eficaces tendientes a impedir
que el grupo de personas desplazadas ocuparan la vía pública y, desde el
comienzo de la ocupación, se debió haber brindado ayudas integrales a
través de programas de retorno o de reubicación a sus hogares,
garantizando tanto su seguridad personal, como alimentaria y social, por
manera que si la Nación hubiere decidido brindar esa ayuda integral, bien
habría podido evitar la ocupación de la vía por parte del grupo de
desplazados y, por ende, hubiera podido impedir la causación de los daños
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materiales a los vecinos del sector; no obstante, tales organismos
pertenecientes a la Nación, se abstuvieron de actuar eficazmente y, ante la
desprotección estatal, el grupo de personas desplazadas no tuvo alternativa
diferente a seguir ocupando dichas instalaciones y seguir padeciendo las
penurias del desplazamiento forzado.
(…)
En el caso concreto, de las pruebas aportadas no se puede establecer que
a la Nación a través de los referidos organismos le hubiera sido imposible
atender de forma eficaz y oportuna a la población desplazada que ocupaba
las instalaciones del CICR, imposibilidad que, por el contrario, sí resulta
predicable respecto de la otra entidad territorial demandada (Distrito Capital
de Bogotá), toda vez que de conformidad con Decreto Ley 1421 de 1993, no
tenía la competencia constitucional, ni legal, ni reglamentaria, para atender
dicha problemática social. (…)
Así las cosas, forzoso resulta concluir que el daño padecido por los
demandantes deviene imputable jurídicamente a título de falla del
servicio a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo,
puesto que incumplieron con los deberes de protección y seguridad
que les han sido encomendados constitucional y convencionalmente
respecto de la población desplazada que fueron descritos en esta
sentencia, lo cual repercutió en el hecho de que el grupo de personas
desplazadas hubieran permanecido en la vía pública, afectando con
ello, la explotación económica en condiciones normales del
establecimiento comercial que estaba siendo explotado por los
demandantes.
2.4.4.- Configuración de un daño especial en el presente asunto.
Sin perjuicio de la anterior declaratoria de una falla del servicio
imputable a la Nación en los términos en que fueron descritos, para la
Sala se produjo también un daño especial en contra de los
demandantes, comoquiera que se encuentra acreditado que el daño
que originó la presente acción tuvo lugar en el marco del cierre de la
vía por un grupo numeroso de personas desplazadas, circunstancia
que -como se dijo-, afectó la explotación económica del hotel que
habían tomado en arriendo, razón por la cual, a la luz de las
circunstancias establecidas con el material probatorio allegado al
presente proceso, la Sala considera que es posible determinar
igualmente la configuración de la responsabilidad patrimonial del
Estado, en este caso concreto, como se dijo, a título de daño especial.
(…)
En consecuencia, acreditado como está que el referido daño antijurídico fue
producido por la ocupación de una vía pública por varios meses por un grupo
numeroso de personas desplazadas, en la cual se encontraba ubicado el
establecimiento de comercio “Hotel Saint Simon” que los demandantes
estaban explotando económicamente; asimismo, teniendo en cuenta que,
dadas las especiales circunstancias de vulnerabilidad de esa población
resultaba improcedente su desalojo del lugar, la Sala encuentra en este caso
que se produjo un daño especial a los demandantes, aspecto que, al estar
suficientemente probado en el proceso, impone a la Sala la necesidad de
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declarar la existencia de responsabilidad en cabeza de la Nación
colombiana, por cuanto la obligación indemnizatoria que se deduce proviene
del imperativo de protección de la víctima en aplicación de los principios de
justicia y equidad y, por cuanto para las personas afectadas, el daño
irrogado entrañó una clara ruptura de las cargas públicas que normalmente
debía soportar”65 (negrillas adicionales).
5) De otro lado, resulta pertinente resaltar que el canon constitucional del artículo 5866
garantiza el derecho a la propiedad privada y le reconoce como inherente una función
social que conlleva la imposición de ciertas obligaciones; por su parte, en ejercicio de
su función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución 67 la Corte
Constitucional definió la propiedad privada como “el derecho real que se tiene por
excelencia sobre una cosa corporal o incorporal, que faculta a su titular para usar,
gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las
funciones sociales y ecológicas que le son propias”68.
Igualmente, esa alta corporación judicial caracterizó la propiedad privada como un
derecho real, pleno, exclusivo, autónomo e irrevocable69, cuyas atribuciones
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015, radicación
no. 25000-23-26-000-2001-02697-01 (33.997), CP Hernán Andrade Rincón. En sentencia del 3 de
marzo de 2020 la Sala 15 Especial de Decisión del Consejo de Estado infirmó parcialmente la sentencia
del 22 de octubre de 2015, por lo cual el 4 de junio de 2021 la Subsección A de la Sección Tercera de
esta Corporación emitió sentencia de reemplazo en la cual declaró la falta de legitimación formal (ad
processum) en la causa por pasiva de la Nación, respecto de las siguientes entidades: Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República-DAPRE; Ministerio del Interior, y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público debido a que no fueron demandadas en el proceso y; en lo demás, ordenó
estarse a lo resuelto en la sentencia del 25 de octubre de 2015.
66 Constitución Política de Colombia: “Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá
adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso
respecto del precio”.
67 Constitución Política de Colombia, artículo 241.
68 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-189/06. Referencia: expediente D-5948. MP. Rodrigo
Escobar Gil.
69 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-189/06: “Al derecho de propiedad se le atribuyen
varias características, entre las cuales, se pueden destacar las siguientes: (i) Es un derecho
pleno porque le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer
autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii)
Es un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la
intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista
el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- por su falta de uso;
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comportan el ejercicio de diversos actos materiales y jurídicos encaminados a su
aprovechamiento mediante el uso, el fruto y la disposición o enajenación sobre la
titularidad del bien.
6) En esa dirección, la Corte Constitucional en sentencia de unificación del 5 de mayo
de 202270 precisó que, de conformidad con la línea jurisprudencial fijada por esta
corporación, en los casos de ocupación de hecho de bienes privados el Estado puede
ser declarado responsable incluso si la ocupación fue realizada por terceros, siempre
que se compruebe que en su consolidación intervinieron o participaron entidades
públicas.
Al propio tiempo, señaló que aun cuando el examen de responsabilidad en estos
supuestos se ha analizado en la jurisprudencia del Consejo de Estado como falla en
el servicio, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y daño
especial71, lo cierto es que, todos ellos comparten las siguientes reglas comunes de
cara a establecer la procedencia de las pretensiones:
a) La perturbación o lesión de los atributos del derecho de dominio constituye un daño
susceptible de reparación.
b) El reconocimiento de la vulneración a la posesión ocasionada por la ocupación de
hecho por parte de particulares no comporta la existencia de un régimen general,
absoluto ni automático de responsabilidad estatal, sino que, debe definirse atendiendo
a las particularidades de cada caso y a la actuación del afectado en procura del
restablecimiento de sus derechos.
(iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad de un derecho principal; (v)
Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende por lo
general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo
querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder
jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas”.
70 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-157/22. Referencia: expedientes (i) T-8.403.523 y
(ii) T-8.530.137, MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
71 Sobre este título de imputación la Corte Constitucional en la referida sentencia de unificación
estableció que en los eventos de ocupación de hecho por parte de particulares “el régimen de
responsabilidad por daño especial se basa en el reconocimiento de la afectación al derecho
dominio en los eventos en los que la imposibilidad de proteger la posesión se debe a las
condiciones especiales de la invasión, pues se propende por el mantenimiento del orden público
y social” (Resaltado propio del original).
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c) Cuando con anterioridad a la ocupación exista controversia sobre el ejercicio de la
posesión o la titularidad del derecho de dominio deben agotarse previamente las
acciones judiciales ordinarias de carácter civil.
d) El demandante debe demostrar el agotamiento de una carga de mínima diligencia,
consistente en presentar y promover los mecanismos administrativos y judiciales
pertinentes para la protección de la posesión y del derecho de dominio.
De igual manera, la Corte Constitucional ha reiterado su jurisprudencia en el sentido
de indicar que si bien el derecho constitucional de propiedad (art. 58 CP) presenta dos
dimensiones, una individual que garantiza a su titular el uso, goce y libre disposición
de sus bienes y, otra social que subordina su disfrute al interés general y a la utilidad
pública, lo cierto es que, las restricciones al ejercicio de la propiedad privada por
motivos de interés público y social no pueden ser aplicadas de manera irrazonable,
desproporcionada y arbitraria, pues, deben garantizar un nivel mínimo de goce y
disposición que produzca utilidad económica en su titular; es decir, dichas limitaciones
no pueden vaciar de contenido el núcleo del derecho de propiedad.
7) En ese orden de ideas, para esta Sala de Decisión es claro que el derecho a la
propiedad privada goza de expresa protección constitucional que impone que las
limitaciones a su ejercicio por cuenta de la función ecológica y social 72 no sean
absolutas y anulen por completo su contenido esencial.
8) En ese contexto, a partir de lo acreditado en el plenario es palmario el daño
alegado por los demandantes de los procesos acumulados, pues, la ocupación del
“Edificio Los Laureles” y de la vía pública adyacente por parte de un grupo poblacional
en situación de desplazamiento forzado les impidió el tranquilo, pacífico y libre ejercicio
de los atributos de uso, goce y disposición inherentes al derecho de propiedad.
9) Por otra parte, en cuanto a la imputación de ese daño a las entidades demandadas
es importante referir el especial contexto en que se dio la ocupación del “Edificio Los
Laureles”, esto es, un escenario en el que un numeroso grupo de personas en
condición de desplazamiento forzado (incluidos niños, niñas, adolescentes, personas
de la tercera edad y mujeres en estado de gestación) ocupó por la fuerza la edificación
72 Protección del ambiente y satisfacción del interés general.
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en la que tenía su sede el Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá
DC, como mecanismo de hecho orientado a visibilizar su situación y presionar el apoyo
estatal para lograr el restablecimiento de sus derechos conculcados por la grave
afectación del orden público que los obligó a abandonar sus territorios.
En efecto, aunque es claro que el ingreso inicial de los ocupantes al “Edificio Los
Laureles” no fue ejecutado por las entidades demandadas sino por un numeroso grupo
de personas en condición de desplazamiento forzado, lo cierto es que el acervo
probatorio revela una inercia en la intervención estatal respecto de la especial y grave
situación que se presentaba, la cual exigía un parámetro de diligencia mayor dada la
entidad de la ocupación, su pública notoriedad y la especial protección constitucional
que amparaba a los ocupantes por tratarse de víctimas del desplazamiento forzado;
de suerte que, era ineluctable la adopción de medidas oportunas, suficientes y
coordinadas orientadas a la atención, reubicación y solución efectiva de dicha
contingencia.
Por lo anterior, en el presente caso no resulta aplicable el régimen de responsabilidad
objetivo por daño especial, habida cuenta de que este título de imputación presupone
la existencia de una actuación legítima y lícita de la administración que genera una
afectación a un bien jurídicamente protegido que el afectado no está en el deber de
soportar; elemento que no se configura en el sub-examine, por cuanto el juicio de
responsabilidad se estructura a partir de la omisión en el cumplimiento de los deberes
funcionales a cargo de las entidades demandadas, por ende, el estudio de la
responsabilidad que les asiste se abordará con apoyo en el régimen de falla del
servicio.
En esa dirección, si bien en el expediente se acreditó la existencia de algunas
gestiones tales como mesas de concertación, entregas de ayudas humanitarias a los
núcleos familiares ocupantes, atención en salud, asistencia en proyectos productivos
y vinculación a la educación básica y media de los menores de edad, lo cierto es que
tales acciones resultaron insuficientes de cara a la magnitud del fenómeno presentado
y permitieron que la vía de hecho se tornara en una ocupación de amplia extensión,
pues, se prolongó por más de tres (3) años, con la consecuente afectación al derecho
de dominio de los bienes de los demandantes.
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Tan relevante y evidente fue la insuficiencia de las medidas que se hizo necesaria la
interposición de una acción de tutela por parte del Ministerio Público a través de la
Defensoría del Pueblo con el fin de lograr superar la situación de grave afectación de
los derechos fundamentales de los desplazados, lo que condujo a que el juez
constitucional en la sentencia T-1635 de 2000 ordenara a la Presidencia de la
República por corresponderle la coordinación de las acciones indispensables en ese
caso, a varias carteras ministeriales y a la Red de Solidaridad Social que en el término
de treinta (30) días alcanzaran una solución definitiva y eficaz a la problemática de
ocupación del “Edificio Los Laureles”, lograran la reubicación de los desplazados que
allí se encontraban y el despeje pacífico de la edificación; no obstante, pese a la
perentoriedad de la orden judicial y el alcance de la situación derivada de la invasión
del “Edificio Los Laureles” las entidades cobijadas por la orden de tutela desatendieron
el plazo judicial concedido a tal punto que transcurrieron aproximadamente dos (2)
años para alcanzar su cumplimiento.
Ahora bien, es claro que no era posible el desalojo por la fuerza de los ocupantes tanto
por su condición de sujetos de especial protección constitucional como por la
inmunidad que revestían las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), pero, en todo caso, esa circunstancia no excusaba ni impedía la adopción de
medidas que en el marco de la institucionalidad permitieran la reubicación pacífica y
pronta de los núcleos familiares que ocuparon el edificio, por lo cual, para la Sala es
palmaria la respuesta estatal insuficiente para gestionar esa problemática y lograr una
solución efectiva y definitiva que respetara el derecho de dominio de los demandantes
sobre sus predios.
Así las cosas, concluye esta Sala de Decisión que la omisión en la adopción e
implementación de medidas eficaces, oportunas y coordinadas en procura de la
atención de los desplazados para materializar en forma célere su reubicación y, con
ello, superar la ocupación del “Edificio Los Laureles” comportó una falla del servicio,
en tanto que permitió la prolongación en el tiempo de ese estado de cosas y la
consecuente configuración del daño antijurídico sufrido por los demandantes
consistente en la afectación del derecho de propiedad sobre sus bienes inmuebles,
pues, es claro que por causa de la referida omisión los propietarios de las unidades
inmobiliarias que componían el “Edificio Los Laureles” vieron truncada la posibilidad
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de disponer libremente de sus bienes y usufructuarlos, al paso que el alojamiento
turístico demandante vio afectada su actividad comercial y económica por la presencia
de los desplazados en la vía pública adyacente por un espacio de aproximadamente
seis (6) meses, en condiciones de alta vulnerabilidad (alojamiento en estructuras tipo
cambuches fabricados con cartones y plásticos, cocinas improvisadas en la calle y
disposición inadecuada de residuos y basuras en la zona).
10) En virtud de lo expuesto, el daño por el que se demandó es jurídicamente atribuible
a la Red de Solidaridad Social -hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social -DPS- (entidad demandada en los tres procesos acumulados) en tanto que por
disposición legal73 le correspondía la atención y asistencia primaria a la población en
73 Ley 368 de 1997 "Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales
para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-, y se dictan otras
disposiciones", artículo 3 numerales 2, 3 y 12, que textualmente consagran:
“Artículo 3º. Funciones. La Red de Solidaridad Social desarrollará sus objetivos mediante el
cumplimiento de las siguientes funciones:
(…)
2. Adelantar y coordinar programas que tengan por finalidad promover los derechos constitucionales
y contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas y grupos vulnerables por razones
tales como violencia, condiciones económicas, discapacidades físicas y mentales, o en virtud de la
edad y el sexo, como la niñez, la juventud, la tercera edad, la mujer y la familia.
3. Coordinar con las entidades y organismos públicos nacionales responsables de la ejecución de
programas de la política de inversión social focalizada, la planeación, desarrollo, ejecución,
seguimiento y evaluación, garantizando su armonización con las políticas sociales que determine el
Gobierno Nacional.
(…)
12. Adelantar programas y proyectos para atender a las víctimas y desplazados de la violencia o a los
grupos alzados en armas, las milicias urbanas de carácter político que se hayan reincorporado a la
vida civil”.
Decreto 1225 de 1997 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 368 de 1997”, artículo 1 literal d
y artículo 2 numerales 3, 4 y 5, a cuyo tenor:
“Artículo 1. Objetivos específicos. La Red de Solidaridad Social, establecimiento público creado en
virtud de la Ley 368 de 1997, tendrá como objetivos específicos los siguientes:
(…)
d) Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población pobre y vulnerable del país,
mediante la integralidad de los programas de la política de inversión social focalizada.
Artículo 2. Funciones específicas. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Red de Solidaridad Social
tendrá como funciones específicas las siguientes:
(…)
3. Coordinar programas que propendan por la consolidación de un hábitat adecuado como requisito
fundamental para el desarrollo de los grupos más pobres de la población, mediante la intervención en
materia de construcción y mejoramiento de la vivienda, equipamiento social, saneamiento básico, agua
potable, mejoramiento del entorno y recreación.
4. Adelantar y coordinar programas que tengan como finalidad amparar a las víctimas de la violencia en
materia de asistencia humanitaria, accidentes personales, daños materiales, créditos solidarios y
rehabilitación integral.
5. Atender, en lo de su competencia, la población desplazada por la violencia para que en el marco del
retorno voluntario o el reasentamiento, logre su integración a la sociedad colombiana”.
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situación de vulnerabilidad por causa del desplazamiento forzado, así como también
la formulación, implementación y coordinación de programas de protección social para
garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las personas en esa condición,
es decir, debía desplegar y coordinar las acciones pertinentes para reubicar a los
desplazados por la violencia que habitaban el “Edificio Los Laureles”.
11) En esa misma línea, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-1635 de
2000 precisó que la atención directa y principal de la población desplazada ubicada en
el “Edificio Los Laureles” correspondía a la Red de Solidaridad Social, por considerar
que “precisamente para hacer frente a esta nueva categoría de colombianos [víctimas
de los desplazamientos forzados], el ordenamiento jurídico ha confiado a la Red de
Solidaridad Social -que es un establecimiento público del orden nacional, dotado de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República- la tarea de promover
el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable del
país, de la que indudablemente hace parte la franja de los desplazados”; criterio que,
para esta Sala, refuerza el deber funcional que le asistía al hoy Departamento
Administrativo de Prosperidad Social en relación con la atención de los hechos que
dieron lugar a las presentes demandas.
12) De igual forma, el daño resulta jurídicamente atribuible a la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República por cuanto quedó cobijada por las
órdenes dictadas en el referido fallo de tutela, el cual sobre su compromiso en los
hechos arguyó que “[s]iguiendo la misma línea jurisprudencial trazada en la Sentencia
SU-1150 de 2000, la Corte entiende que la primordial responsabilidad en cuanto a la
solución del caso corresponde al Presidente de la República, de quien depende la Red
de Solidaridad y quien debe coordinar a las demás agencias estatales encargadas de
los distintos aspectos relativos al tema, por lo cual la orden en que consiste la tutela
se impartirá principalmente al Jefe de Estado (…)”; no obstante, como la mencionada
entidad pública únicamente figura como parte demandada en el proceso acumulado
2002-00321 la condena en su contra se circunscribirá exclusivamente a los daños
ocasionados a los demandantes de ese trámite; además, porque para la fecha en que
se emitió la sentencia de tutela T-1635 de 2000 ya había cesado el daño por el cual se
demandó en el proceso 2002-01671, esto es, la ocupación de la vía pública.
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13) En similar sentido, en relación con las carteras ministeriales concernidas en el
cumplimiento de la orden de tutela se advierte que los ministerios de Hacienda y
Crédito Público, Salud, Educación, Trabajo y Seguridad Social no componen la parte
demandada en los procesos acumulados, por lo cual no es posible emitir condena en
su contra debido a que no integran el contradictorio; por su parte, el Ministerio del
Interior fue demandado en el proceso 2002-00321; empero, como la decisión de
primera instancia que declaró la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de
esa entidad no fue objeto del recurso de apelación, esta Sala carece de competencia
para declarar su responsabilidad; sin perjuicio de lo anotado, es importante señalar
que del contenido de la sentencia T-1635 de 2000 se desprende que las principales
autoridades llamadas a conjurar la situación eran, de una parte, la Red de Solidaridad
Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, como entidad
encargada de la atención de la población en condición de desplazamiento y , de otra,
la Presidencia de la República de la cual dependía dicha entidad y a la que le
correspondía la dirección y la coordinación de la acción estatal.
14) A su turno, en lo que respecta a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, no se advierte fundamento para endilgarle responsabilidad en los hechos
objeto de examen, por las siguientes razones:
En primer lugar, porque la ocupación no ocurrió por acción u omisión que le sea
atribuible, en la medida que carecía de competencia para adelantar el desalojo de los
ocupantes en tanto que, como ya se mencionó, su actuación estaba limitada por la
especial condición de protección constitucional de los desplazados presentes en la
zona (entre quienes se encontraban menores de edad, mujeres en estado de gestación
y personas de la tercera edad), así como también por la naturaleza humanitaria de las
instalaciones invadidas, pertenecientes a una organización humanitaria neutral,
independiente e imparcial, amparada por la inmunidad prevista en los artículos III y IV
de la Ley 42 de 1981 que, a su vez, las declaraba inviolables frente a todo
procedimiento judicial o administrativo, razón por la cual el uso de la fuerza resultaba
jurídicamente improcedente; al propio tiempo, esa circunstancia de inmunidad impide
a la Sala hacer cualquier pronunciamiento o juicio de valor sobre el comportamiento
activo u omisivo de ese organismo internacional en los hechos materia de análisis en
este caso concreto.
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En segundo término, porque la atención, manejo y solución de la problemática
generada por la ocupación del inmueble y del espacio público adyacente no
correspondía a la Policía Nacional, sino a la Nación – Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS) como entidades encargadas de adoptar, desarrollar, ejecutar y coordinar
las políticas de asistencia y reubicación a la población víctima de la violencia por el
desplazamiento forzado.
En tercer orden, porque no se probó que los demandantes en su condición de
propietarios de los inmuebles que componían el edificio ocupado hubieran promovido
acciones policivas y que la autoridad de manera injustificada hubiera omitido su
trámite; al respecto evidencia la Sala que la querella instaurada en relación con los
hechos no fue promovida por alguno de los demandantes de los procesos acumulados
y, en todo caso, se archivó por no reunir el lleno de requisitos legales; sin perjuicio de
lo anterior, no puede desconocer la Sala que la ocupación de la edificación sede de la
Cruz Roja se enmarcó en un escenario de público y notorio conocimiento que
comportaba una grave alteración del orden público y que involucraba a sujetos de
especial protección constitucional, lo cual imponía a las autoridades una intervención
institucional diferente al desalojo mediante el empleo de la coacción policial por la
fuerza, aspecto que descarta una omisión en el cumplimiento de los deberes de la
Policía Nacional.
Finalmente, tampoco se demostró que el acordonamiento del sector por parte de la
Policía Nacional mediante el uso de vallas hubiera limitado el acceso al “Hotel Hamilton
Court” o constituido la causa determinante de la disminución en su nivel de ocupación;
por el contrario, lo acreditado en el proceso demuestra que dicha medida fue adoptada
con el propósito de preservar la seguridad de los residentes, transeúntes y visitantes
de la zona, por motivo de la concentración masiva de personas desplazadas en las
inmediaciones del “Edificio Los Laureles”, lo cual en lugar de configurar una falla en su
actuación demuestra el cumplimiento del componente obligacional a su cargo.
15) Idéntica situación se predica respecto del Distrito Capital de Bogotá, pues, el daño
no le resulta atribuible debido a que no tenía a su cargo la formulación, coordinación
ni ejecución de las políticas de atención y reubicación de la población en situación de
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desplazamiento forzado, luego no existe relación de causalidad entre el daño alegado
en las demandas y la actuación del ente distrital.
16) Por último, la Sala no comparte el planteamiento del aquo según el cual el daño
resulta atribuible a la Red de Solidaridad Social a título de falla del servicio por no
prestar asistencia a la población en condición de desplazamiento forzado de manera
anterior y previa a la ocurrencia de la ocupación, pues, lo cierto es que esa
manifestación carece de asidero probatorio en el expediente y, en todo caso, la grave
situación humanitaria de ese grupo poblacional de ninguna manera justifica la vía de
hecho que implicó la ocupación del “Edificio Los Laureles”; es decir, no puede
sostenerse válidamente que la ocupación del referido inmueble y de la vía pública
contigua fue producto de una actuación negligente de la demandada en el
otorgamiento de ayudas a la población en esa condición, dado que para la protección
de sus derechos el ordenamiento jurídico tenía previstos mecanismos y
procedimientos específicos que no se acreditó fueran agotados por los invasores.
17) Desde otro punto de vista, debe anotarse que ni la complejidad social y humanitaria
de la situación ni las dificultades inherentes a la atención de la población desplazada
constituyen justificación jurídicamente atendible que permita exonerar de
responsabilidad a la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), pues,
precisamente la naturaleza del fenómeno presentado imponía una respuesta estatal
organizada, coordinada y eficaz, lo cual no se verificó en el presente evento.
En consecuencia, no puede aceptarse la configuración del hecho del tercero ni de la
fuerza mayor como causales eximentes de responsabilidad que enerven la atribución
del daño a la autoridad demandada dado que, si bien la ocupación del “Edificio Los
Laureles” fue materialmente ejecutada por personas en condición de desplazamiento
forzado, la permanencia del grupo derivó de la omisión en la adopción de medidas
serias y eficientes para reubicar a los desplazados.
18) En suma, concluye la Sala que el daño soportado por los demandantes derivó de
una falla del servicio atribuible a la Nación – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y al Departamento Administrativo para la Prosperidad
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Social (DPS) por la omisión en la adopción e implementación de medidas eficaces,
oportunas y coordinadas para la atención integral de la población desplazada con el
propósito de materializar su reubicación en un término razonable, lo cual permitió la
persistencia del estado de cosas irregular generado por la ocupación del inmueble y
del espacio público adyacente y, con ello, la afectación del derecho de propiedad de
los demandantes, sin que se acreditara la configuración de alguna causal eximente de
responsabilidad que rompiera la relación de causalidad entre el daño y la inactividad
de la administración.
3.2.3 Indemnización de perjuicios
3.2.3.1 Expediente 2002-00321
1) En relación con los perjuicios, el tribunal de primera instancia denegó la reclamación
por daño emergente por considerar que la ocupación de los inmuebles fue de carácter
temporal, de forma que los demandantes no perdieron de manera definitiva el derecho
de dominio sobre sus bienes; de igual manera, negó el decreto y pago de una
indemnización por las reparaciones de las zonas comunes debido a que con el
dictamen pericial no se aportó el reglamento de propiedad horizontal ni se definieron
con precisión las afectaciones de esas áreas y, finalmente, descartó la indemnización
por los arreglos de cada inmueble dado que no se especificaron cuáles eran los
necesarios para su restauración.
De otro lado, reconoció una indemnización por lucro cesante equivalente al uno por
ciento (1%) del valor comercial de cada uno de los inmuebles por cada mes de
ocupación desde el 14 de diciembre de 1999 hasta el 22 de diciembre de 2002, con
excepción de las oficinas ubicadas en los pisos 3 y 4 y el local no. 1 los cuales liquidó
por el período comprendido entre el 17 de noviembre de 2000 y el 22 de diciembre de
2002, ya que sobre estos se probó que el Comité Internacional de la Cruz Roja pagó
los correspondientes cánones de arrendamiento hasta el 16 de noviembre de 2000.
2) Por su parte, los demandantes apelaron la liquidación de perjuicios efectuada en la
sentencia de primer nivel; en cuanto al lucro cesante afirmaron que el tribunal incurrió
en error al determinar los períodos objeto de indemnización y que omitió actualizar el
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valor comercial de los inmuebles establecido en el dictamen pericial que sirvió de base
para el cálculo del perjuicio; además, cuestionó la decisión de negar el pago de una
indemnización por las reparaciones de las zonas comunes y privadas del edificio.
3) A partir de ese escenario, en punto a desatar estos cargos del recurso de apelación
debe señalarse que en el curso de la primera instancia de este proceso se practicó un
dictamen pericial para establecer las afectaciones físicas causadas al “Edificio Los
Laureles” con motivo de la ocupación realizada por un grupo de desplazados en
diciembre de 199974, en dicha experticia i) se verificaron los linderos generales de la
edificación; ii) se estableció el valor comercial de cada inmueble para el 14 de
diciembre de 199975 y esas cifras fueron asimiladas al concepto de perjuicios por daño
emergente, iii) el lucro cesante se estimó sobre el 1% del valor comercial de cada
unidad inmobiliaria entre la fecha mencionada y enero de 200476; iv) se comprobó que
la edificación (en sus áreas comunes y privadas) estaba saqueada, con sus acabados,
enchufes, tableros eléctricos, motor del ascensor, bomba de agua y ducterias de
cableado estructural, eléctrico e hidráulico destruidos, pero con su estructura indemne;
v) se constató que para el momento en que se realizó el dictamen el edificio se
encontraba desocupado y, vi) en el anexo no. 4 del dictamen se determinó el
presupuesto de reconstrucción de cada unidad inmobiliaria y de las zonas comunes77.
4) Dicho dictamen fue objetado por error grave por la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional78, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
74 Dictamen pericial rendido por los peritos Luis Enrique Angarita Jiménez y Rafael Enrique Caro Lugo
en relación con los perjuicios sufridos por los demandantes del proceso 2002-00321.
75 Valores calculados con fundamento en las listas de precios de venta para ese momento, confirmados
con algunas cotizaciones realizadas por los constructores a posibles compradores antes de la ocupación
y con un estudio de la competencia para productos inmobiliarios similares.
76 Fecha de presentación del dictamen.
77 Fls. 1 a 10 C15, cuaderno 6; anexo 1, C16, cuaderno 7; anexo 2, C17, cuaderno 8; anexo 3, C18,
cuaderno 9; anexo 4, C19, cuaderno 10 y, C20, cuaderno 11.
78 La objeción se fundamentó en que los peritos no acreditaron sus calidades técnicas y profesionales
como avaluadores de inmuebles ni las condiciones físicas del edificio antes de la ocupación, así como
tampoco efectuaron un análisis comparativo con soportes del costo y de la calidad de los materiales de
construcción en el año 1999 y en la fecha de elaboración el dictamen para concluir el valor de la
reconstrucción; además, las respuestas dadas por los auxiliares de la justicia carecen de precisión y
claridad, pues, se elaboraron con fundamento en los precios de los materiales y mobiliario para el año
2004 y no para la fecha de desalojo de la edificación, de modo que, en su criterio el valor fijado en la
prueba técnica por concepto de daño emergente es alejado de la realidad y, el definido por lucro cesante
es especulativo (fls. 492 a 498 cdno. 7).
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Internacional -Acción Social-79, el Ministerio del Interior y de Justicia80 y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República81.
5) El tribunal de primer nivel no emitió pronunciamiento respecto de las objeciones por
error grave formuladas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio del Interior y
de Justicia por considerar que esas autoridades no estaban legitimadas en la causa
por pasiva; a su vez, desestimó la elevada por Acción Social por cuanto en la diligencia
de posesión de los auxiliares de la justicia no se cuestionaron sus calidades
profesionales y de experiencia, como tampoco se solicitó la práctica de un nuevo
dictamen pericial que demostrara los yerros alegados por la demandada; empero, el
tribunal precisó que valoraría el dictamen conforme a los principios probatorios de la
sana crítica y de la apreciación racional, determinación que no fue recurrida por la
parte demandada en el recurso de alzada.
6) Sin perjuicio de lo anterior, es preciso destacar que el error grave en una experticia
no se configura, necesariamente, cuando se advierte que el dictamen contiene
defectos sino cuando se procede al estudio de un objeto diferente para el cual fue
decretado, es decir, cuando existe una equivocación de tal gravedad que conduzca a
conclusiones igualmente erróneas o se le atribuyan al objeto examinado cualidades
que este no tiene82.
79 Justificó la objeción en que los peritos al momento de posesionarse no manifestaron su idoneidad y
calidades técnicas y profesionales como tampoco las del personal que colaboró en la práctica de la
prueba técnica (ingeniero civil y arquitecto), además, no se aportaron las pruebas documentales de las
condiciones del edificio antes de la ocupación para así establecer el costo de la readecuación de las
oficinas, omitió precisar en qué consiste la reparación de las zonas comunes y no tuvo en cuenta que
los parqueaderos no presentan afectaciones que hagan necesaria su reconstrucción (fls. 500 a 501
cdno. 7).
80 Señaló que en el dictamen existe un error conceptual en la definición y cuantificación del daño
emergente el cual fue establecido en el 100% del valor comercial del inmueble como si se tratara de la
pérdida total, agregó que el cálculo del lucro cesante carece de bases adecuadas, no se determinan las
especificaciones de las obras de reconstrucción o reparación de las zonas privadas y de uso común, y
no se probaron las calidades profesionales del ingeniero y el arquitecto que apoyaron la elaboración del
dictamen (fls. 502 a 504 cdno. 7).
81 Se opuso al dictamen y advirtió los siguientes yerros: i) no se explicaron las calidades de los
profesionales que asistieron a los peritos, ii) las conclusiones no están soportadas en pruebas
fidedignas, iii) hubo una indebida valoración del costo del arreglo de las zonas comunes y los garajes
del edificio, así como también de los perjuicios tasados (fls. 508 a 510 C1, cuaderno 7).
82 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, radicación
no. 25000-23-26-000-1998-03066-01 (20.912), MP Danilo Rojas Betancourth.
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7) En ese marco de análisis estima la Sala que, como lo determinó en su momento el
tribunal de primera instancia, la objeción por error grave formulada por el extremo
pasivo no tiene vocación de prosperar, pues, respecto de las calidades profesionales
de los peritos no hubo objeción al momento de su designación ni en la diligencia de
posesión ante el tribunal aquo, sumado al hecho de que su nombramiento se dio por
estar incluidos en la lista de auxiliares de la justicia, registro público que permite colegir
su idoneidad, aptitud y suficiencia académica y de experiencia para rendir la experticia
encomendada; en lo demás, la objeción se circunscribe a una inconformidad frente a
las conclusiones a las que arribaron los peritos que rindieron la experticia, sin que se
haya demostrado el yerro o equivocación en su elaboración, como tampoco que esta
circunstancia condujo a unas conclusiones igualmente erradas, por lo cual se
procederá a su apreciación conjunta con los demás medios de prueba allegados al
expediente, de conformidad con las reglas de la sana crítica.
8) Debe igualmente advertirse que las pretensiones de esta demanda se cimentaron
sobre la base de la ocupación permanente del “Edificio Los Laureles” por parte de un
grupo de personas en situación de desplazamiento forzado, pues, para la fecha de
presentación de la demanda (13 de febrero de 2002) el inmueble permanecía invadido;
no obstante, en el curso del proceso se materializó el desalojo definitivo de la
edificación (22 de diciembre de 2002), circunstancia que fue tomada en consideración
por el tribunal aquo al momento de tasar los perjuicios en la sentencia y que, en los
términos del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil83, también debe ser
considerada por esta Corporación por tratarse de un hecho modificativo del derecho
sustancial sobre el cual versa el litigio.
9) En esa dirección, la reclamación por concepto de daño emergente efectuada en la
demanda consistente en el valor comercial de los bienes inmuebles de los
demandantes correspondientes a los locales, oficinas y parqueaderos del “Edificio Los
Laureles” no está llamada a prosperar, habida cuenta de que la ocupación fue temporal
y, en tal medida, no representó para los accionantes la pérdida definitiva del derecho
de dominio sobre sus unidades inmobiliarias.
83 Normativa aplicable en atención a la fecha de radicación del proceso.
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10) Por otra parte, en cuanto al daño emergente derivado de los costos de reparación
de las zonas comunes y privadas del “Edificio Los Laureles”, el dictamen pericial
practicado en el proceso incorpora, de un lado, un anexo en el que se individualizan
los linderos de cada uno de los inmuebles de propiedad de los demandantes y, de otro
lado, un presupuesto pormenorizado que detalla los insumos y actividades necesarias
para la restauración de las áreas sociales y de los espacios privados, junto con su
valoración económica84.
Al propio tiempo, los auxiliares de la justicia dejaron constancia de que realizaron un
recorrido minucioso por las diversas unidades que conforman el “Edificio Los Laureles”
a partir del cual concluyeron su condición de saqueo y de destrucción de acabados,
hallazgos que respaldaron con un anexo fotográfico en el que se observa el deterioro
material de los inmuebles; además, la referida aseveración de la experticia es
coincidente con lo constatado en la inspección judicial que evidenció el pésimo estado
de conservación, saqueo y abandono del edificio en mención, así como también con
lo consignado en el informe bajo juramento rendido por la Directora de Derechos
Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá del 19
de julio de 200485.
11) De este modo, el acervo probatorio revela que todas las unidades inmobiliarias
que componen el “Edificio Los Laureles” fueron gravemente afectadas en su estructura
locativa y quedaron en condición de saqueo por causa directa de la ocupación que se
prolongó por varios años, por lo cual, es clara la causación del perjuicio reclamado a
título de daño emergente, habida consideración de que el estado de conservación en
que quedaron las oficinas, locales, parqueaderos y zonas comunes de la edificación
luego de su desocupación impedía su explotación comercial.
12) Ahora bien, aunque al proceso no se allegó elemento de convicción que demuestre
de manera específica las condiciones de cada unidad inmobiliaria con anterioridad a
84 Valores determinados con fundamento en lo consignado en la revista técnica “Construdata:
Informática para la construcción” edición no. 128 septiembre – noviembre de 2003, aportada al
expediente como anexo del dictamen pericial cdno. 11 C20.
85 Folios 177 a 184 cdno. 6.
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la ocupación de hecho de la edificación, lo cierto es que, por vía indiciaria, es posible
inferir su adecuado estado de conservación y aptitud de uso, pues, respecto de varios
de los locales, oficinas y parqueaderos se acreditó la existencia de contratos de
arrendamiento con el Comité Internacional de la Cruz Roja, al tiempo que la testigo
Elizabeth Forero de Méndez declaró que el edificio estaba prácticamente para
estrenar; luego, en criterio de esta Subsección, los referidos medios de prueba son
indicativos de que el deterioro de los bienes es consecuencia directa de la ocupación
de hecho.
13) De otro lado, no desconoce la Sala que en el expediente no obra el reglamento
de propiedad horizontal en el que se determinen los coeficientes de copropiedad de
cada unidad inmobiliaria; no obstante, dicha circunstancia no impide la determinación
y tasación de los perjuicios, en la medida que en el dictamen pericial se individualizaron
los linderos de las unidades que componen el “Edificio Los Laureles” objeto de la
presente demanda y se precisaron los respectivos coeficientes de participación con
base en el reglamento de propiedad horizontal para efecto de la distribución de los
costos de la restauración de las zonas de uso común; por manera que ante la evidencia
de la magnitud del daño físico de los inmuebles la Sala atenderá la experticia en este
punto.
14) En ese contexto, los valores establecidos en el dictamen pericial 86 para la
reparación de las unidades inmobiliarias individualmente consideradas y para la
restauración de las zonas comunes del “Edificio Los Laureles” serán tenidos en cuenta
por la Sala para efectos de la liquidación del perjuicio material en la modalidad de daño
emergente; dichas sumas serán actualizadas desde la fecha de emisión de la
experticia hasta la de la presente providencia, con el fin de garantizar la reparación
integral del daño causado.
Teniendo en cuenta la información consignada en el dictamen pericial el valor del daño
emergente a indemnizar corresponde a las siguientes sumas:
86 Anexo no. 4 del dictamen pericial, cdno. no. 10.
67
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
Valor de
reconstrucción Valor
Demandante
zonas privadas y actualizado88
comunes87
Sociedad Calanda Ltda $ 1.549.165.286 $ 4.391.134.176
María de las Mercedes Restrepo Buendía $ 134.613.699 $ 381.564.717
Ana Restrepo de Navas $ 139.028.585 $ 394.078.783
Ignacio Restrepo Posada $ 146.882.320 $ 416.340.323
María José Samper Gómez $ 34.365.606 $ 97.409.869
Belén Adelaida Samper Kutschbach $ 43.048.118 $ 122.020.590
Ana María Uribe Reyes y Rosario Durán Casas $ 45.213.903 $ 128.159.543
Joaquín Enrique Donoso Lombana $ 39.755.58589 $ 112.687.852
15) De otra parte, en relación con el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante
es menester recordar que en la demanda el extremo activo solicitó el pago de los
intereses sobre el avalúo comercial de cada una de las unidades inmobiliarias que
componen el “Edificio Los Laureles” causados desde la fecha de la ocupación
permanente de la edificación y hasta el momento de su pago total, petición a la cual
no puede accederse debido a que en este caso se demostró que la ocupación fue de
carácter temporal, en tanto que el 22 de diciembre de 2002 se logró el desalojo
definitivo circunstancia modificatoria del derecho sustancial en litigio que debe ser
observada por el fallador al momento de dictar la sentencia.
16) En efecto, el tribunal de primer grado consideró la descrita circunstancia y, en
atención a ello, estimó procedente fijar el lucro cesante en el uno por ciento (1%) del
87 Sumas extraídas del cuadro de resumen de los valores de reconstrucción visible a folio 6 del dictamen
pericial cdno. no. 6 C15.
88
La actualización de los valores se efectúa siguiendo la fórmula matemática:
Ra = Rh x índice final
índice inicial
En donde el índice inicial corresponde al IPC certificado para el mes de enero de 2004 y el índice
inicial al último IPC conocido a la fecha de emisión de la presente providencia.
89 Dado que el demandante no demostró ejercer el derecho de propiedad sobre el parqueadero no. 5
no es posible ordenar reconocimiento indemnizatorio por los costos de reparación de ese inmueble ni
por el coeficiente de propiedad que deriva de este; en consecuencia, el valor reportado corresponde
únicamente al valor de reconstrucción de la oficina 303 y la proporción por reparación de zonas comunes
teniendo en cuenta el coeficiente de copropiedad asociado a ese inmueble.
68
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
valor comercial de cada unidad inmobiliaria determinado en el dictamen pericial,
durante el tiempo que perduró la ocupación, con excepción del local 1 y de las oficinas
de los pisos 3 y 4, cuyo cómputo inició el 17 de noviembre de 2000, debido a que hasta
el día anterior el Comité Internacional de la Cruz Roja sufragó los cánones de
arrendamiento pactados en los contratos celebrados los días 6 y 19 de febrero de
1997.
17) No obstante lo anterior, el extremo activo cuestiona los períodos de liquidación del
perjuicio por advertir error en su determinación porque, en su criterio, debieron fijarse
en 25 meses y 6 días y en 36 meses y 8 días, y no como se hizo en la sentencia
apelada en 24,86 meses y 36,06 meses, al tiempo que sostiene que los valores
determinados debieron actualizarse desde enero de 2004, fecha en que se rindió el
dictamen pericial.
18) Así las cosas, como la parte demandante discute la liquidación del lucro cesante
realizada en la sentencia impugnada procede esta Subsección a ocuparse de la
tasación del aludido perjuicio, punto sobre el cual debe observarse lo siguiente:
a) En cuanto a los períodos a indemnizar, esta Subsección advierte que estos no
pueden ser uniformes para todas las unidades inmobiliarias, pues, deben distinguirse
dos grupos con condiciones diferentes: el primero, comprende el local no. 1, las
oficinas ubicadas en los pisos tercero y cuarto y los parqueaderos asociados a dichas
unidades y, el segundo, referido a los demás inmuebles que integran el “Edificio Los
Laureles”, por cuanto en el proceso se acreditó que respecto de los primeros el Comité
Internacional de la Cruz Roja sufragó los cánones de arrendamiento hasta el 16 de
noviembre de 2000, circunstancia que obliga a contabilizar el lucro cesante a partir del
día siguiente90, mientras que para las demás unidades el cómputo debe iniciarse desde
el 14 de diciembre de 1999, fecha en la que se produjo la ocupación y, por ende, se
presentó la imposibilidad de ejercer plenamente los atributos inherentes al derecho de
dominio.
90 El período a indemnizar se contabiliza a partir del 17 de noviembre de 2000, debido a que el lapso
comprendido entre el 14 de diciembre de 1999 y el 16 de noviembre de 2000 obedecía a una
reclamación contractual entre el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y los demandantes
propietarios del primer grupo de inmuebles, esto es, el local no. 1, las oficinas 303, 304, 305, 306, 307,
308, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 y 408 y los parqueaderos asociados a dichas unidades.
69
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
En ese contexto, el período a indemnizar para el primer grupo corresponde a 25,2
meses y para el segundo grupo a 36,26 meses.
b) Respecto de las bases para la tasación del perjuicio, debe recordarse que en la
sentencia de primera instancia se fijó la indemnización por concepto de lucro cesante
con fundamento en lo concluido en el dictamen pericial, esto es, en el uno por ciento
(1%) del avalúo comercial de cada unidad inmobiliaria, criterio que esta Subsección
estima coherente, serio y fundado91, únicamente, en relación con el segundo grupo de
inmuebles, debido a que respecto de estos bienes no se probó otro parámetro
económico que permita cuantificar con certeza la renta dejada de percibir; en
consecuencia, empleará como base para definir el monto de la indemnización respecto
del segundo grupo de inmuebles el fijado en el dictamen pericial y acogido en el fallo
de primer grado, pues, se insiste, la ocupación de la edificación implicó para los
demandantes la indisponibilidad de sus bienes, así como también la imposibilidad de
ejercer sobre ellos una explotación comercial.
En cuanto concierne al primer grupo de inmuebles, compuesto por el local no. 1 y las
oficinas de los pisos 3 y 4 junto con parqueaderos, en el expediente se demostró que
para la fecha de los hechos existían contratos de arrendamiento vigentes suscritos con
el Comité Internacional de la Cruz Roja en el mes de febrero de 1997, razón por la que
la Sala considera adecuado el cálculo del lucro cesante con base en el canon de
arrendamiento pactado en dichos contratos, por reflejar de manera más precisa la
renta dejada de percibir durante el período de ocupación; por consiguiente, los valores
fijados en los contratos de arrendamiento serán actualizados de febrero de 1997 al 17
de noviembre de 2000 y, una vez establecido el valor del canon para esa fecha serán
calculados mes por mes hasta el 22 de diciembre de 2002, debidamente actualizados
hasta la fecha de emisión de esta providencia.
Así las cosas, procede la Sala a efectuar la liquidación del lucro cesante para cada uno
de los demandantes:
91 Lo anterior si se tiene en cuenta que el avalúo comercial fue fijado en el dictamen pericial con
fundamento en listas de precios de venta de la época, en cotizaciones efectuadas por los propietarios
antes de la ocupación y en un estudio de la competencia para productos inmobiliarios de similares
características.
70
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
(i) Primer grupo de inmuebles (Local 1 y oficinas pisos 3 y 4):
De acuerdo con lo estipulado en el contrato de arrendamiento celebrado el 19 de
febrero de 1997 el canon del local 192 correspondía a la suma de un millón quinientos
mil pesos ($1.500.000) mensuales, suma que actualizada al 17 de noviembre de 2000
equivale a dos millones trescientos veintitrés mil novecientos veinte pesos
($2.323.92093), por lo anterior la liquidación del perjuicio durante los meses que
perduró la ocupación es la siguiente, debidamente actualizada a la fecha de emisión
de esta providencia:
IPC
Mes Valor H. IPC Final95 Totales
Inicial94
nov-00 (13 días) $ 2.323.920,00 43,07 156,94 $ 3.641.168
dic-00 $ 2.323.920,00 43,27 156,94 $ 8.363.856
ene-01 $ 2.323.920,00 43,72 156,94 $ 8.277.769
feb-01 $ 2.323.920,00 44,55 156,94 $ 8.123.548
mar-01 $ 2.323.920,00 45,21 156,94 $ 8.004.956
abr-01 $ 2.323.920,00 45,73 156,94 $ 7.913.931
may-01 $ 2.323.920,00 45,92 156,94 $ 7.881.186
jun-01 $ 2.323.920,00 45,94 156,94 $ 7.877.755
jul-01 $ 2.323.920,00 45,99 156,94 $ 7.869.190
ago-01 $ 2.323.920,00 46,11 156,94 $ 7.848.711
sep-01 $ 2.323.920,00 46,28 156,94 $ 7.819.880
oct-01 $ 2.323.920,00 46,37 156,94 $ 7.804.703
nov-01 $ 2.323.920,00 46,42 156,94 $ 7.796.296
dic-01 $ 2.323.920,00 46,58 156,94 $ 7.769.516
ene-02 $ 2.323.920,00 46,95 156,94 $ 7.708.287
feb-02 $ 2.323.920,00 47,54 156,94 $ 7.612.622
mar-02 $ 2.323.920,00 47,87 156,94 $ 7.560.143
abr-02 $ 2.323.920,00 48,31 156,94 $ 7.491.287
may-02 $ 2.323.920,00 48,6 156,94 $ 7.446.586
92 Predio de propiedad de la señora María José Samper Gómez, identificado con matrícula inmobiliaria
no. 50C-1436942 (fl. 93 cdno. 5).
93 Ra = Rh ($1.500.000) x índice final / noviembre 2000 (43,04)
índice inicial / febrero 1997 (27,8)
Ra = $ 2.323.920.
94 IPC de cada mes de ocupación del inmueble.
95 Último IPC certificado a la fecha de emisión de la providencia.
71
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
IPC
Mes Valor H. IPC Final95 Totales
Inicial94
jun-02 $ 2.323.920,00 48,81 156,94 $ 7.414.547
jul-02 $ 2.323.920,00 48,82 156,94 $ 7.413.029
ago-02 $ 2.323.920,00 48,87 156,94 $ 7.405.444
sep-02 $ 2.323.920,00 49,04 156,94 $ 7.379.773
oct-02 $ 2.323.920,00 49,32 156,94 $ 7.337.876
nov-02 $ 2.323.920,00 49,7 156,94 $ 7.281.772
Dic-02 (22 días) $ 2.323.920,00 49,83 156,94 $ 5.326.035
$ 194.369.866
En relación con las oficinas del “Edificio Los Laureles” ubicadas en los pisos 3 y 496,
en el contrato perfeccionado el 6 de febrero de 1997 el canon se pactó en quinientos
cincuenta mil pesos ($550.000) por cada unidad inmobiliaria, suma que actualizada al
17 de noviembre de 2000 corresponde a ochocientos cincuenta y dos mil ciento
cincuenta y cuatro pesos ($852.154), por ende, la liquidación del perjuicio a la fecha
de emisión de esta providencia por cada una de las oficinas es la siguiente:
Mes Valor H. IPC Inicial IPC Final Totales
nov-00 (13 días) $ 852.104,32 43,07 156,94 $ 1.345.469
dic-00 $ 852.104,32 43,27 156,94 $ 3.090.577
ene-01 $ 852.104,32 43,72 156,94 $ 3.058.766
feb-01 $ 852.104,32 44,55 156,94 $ 3.001.779
mar-01 $ 852.104,32 45,21 156,94 $ 2.957.957
abr-01 $ 852.104,32 45,73 156,94 $ 2.924.322
may-01 $ 852.104,32 45,92 156,94 $ 2.912.222
jun-01 $ 852.104,32 45,94 156,94 $ 2.910.955
jul-01 $ 852.104,32 45,99 156,94 $ 2.907.790
ago-01 $ 852.104,32 46,11 156,94 $ 2.900.222
sep-01 $ 852.104,32 46,28 156,94 $ 2.889.569
oct-01 $ 852.104,32 46,37 156,94 $ 2.883.961
nov-01 $ 852.104,32 46,42 156,94 $ 2.880.854
dic-01 $ 852.104,32 46,58 156,94 $ 2.870.959
ene-02 $ 852.104,32 46,95 156,94 $ 2.848.333
96 Oficinas 303, 304, 305, 306, 307, 308, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 y 408.
72
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
Mes Valor H. IPC Inicial IPC Final Totales
feb-02 $ 852.104,32 47,54 156,94 $ 2.812.984
mar-02 $ 852.104,32 47,87 156,94 $ 2.793.592
abr-02 $ 852.104,32 48,31 156,94 $ 2.768.148
may-02 $ 852.104,32 48,6 156,94 $ 2.751.631
jun-02 $ 852.104,32 48,81 156,94 $ 2.739.792
jul-02 $ 852.104,32 48,82 156,94 $ 2.739.231
ago-02 $ 852.104,32 48,87 156,94 $ 2.736.428
sep-02 $ 852.104,32 49,04 156,94 $ 2.726.942
oct-02 $ 852.104,32 49,32 156,94 $ 2.711.461
nov-02 $ 852.104,32 49,7 156,94 $ 2.690.729
dic-02 (22 días) $ 852.104,32 49,83 156,94 $ 1.968.054
$ 71.822.728
Finalmente, en cuanto a los parqueaderos, en el contrato celebrado el 6 de febrero de
1997 se acordó como remuneración la suma de cien mil pesos ($100.000) que
actualizados a 17 de noviembre de 2000 corresponden a ciento cincuenta y cuatro mil
novecientos veintiocho pesos con seis centavos ($154.928,06), de modo que la
liquidación por cada uno de los parqueaderos es la que a continuación se relaciona:
Mes Valor H. IPC Inicial IPC Final Valor Actual
nov-00 (13 días) $ 154.928,06 43,07 156,94 $ 244.631
dic-00 $ 154.928,06 43,27 156,94 $ 561.923
ene-01 $ 154.928,06 43,72 156,94 $ 556.139
feb-01 $ 154.928,06 44,55 156,94 $ 545.778
mar-01 $ 154.928,06 45,21 156,94 $ 537.810
abr-01 $ 154.928,06 45,73 156,94 $ 531.695
may-01 $ 154.928,06 45,92 156,94 $ 529.495
jun-01 $ 154.928,06 45,94 156,94 $ 529.264
jul-01 $ 154.928,06 45,99 156,94 $ 528.689
ago-01 $ 154.928,06 46,11 156,94 $ 527.313
sep-01 $ 154.928,06 46,28 156,94 $ 525.376
oct-01 $ 154.928,06 46,37 156,94 $ 524.356
nov-01 $ 154.928,06 46,42 156,94 $ 523.792
dic-01 $ 154.928,06 46,58 156,94 $ 521.992
ene-02 $ 154.928,06 46,95 156,94 $ 517.879
feb-02 $ 154.928,06 47,54 156,94 $ 511.452
mar-02 $ 154.928,06 47,87 156,94 $ 507.926
73
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
abr-02 $ 154.928,06 48,31 156,94 $ 503.300
may-02 $ 154.928,06 48,6 156,94 $ 500.296
jun-02 $ 154.928,06 48,81 156,94 $ 498.144
jul-02 $ 154.928,06 48,82 156,94 $ 498.042
ago-02 $ 154.928,06 48,87 156,94 $ 497.532
sep-02 $ 154.928,06 49,04 156,94 $ 495.808
oct-02 $ 154.928,06 49,32 156,94 $ 492.993
nov-02 $ 154.928,06 49,7 156,94 $ 489.224
dic-02 (22 días) $ 154.928,06 49,83 156,94 $ 357.828
$ 13.058.678
(ii) Segundo grupo de inmuebles:
En cuanto al segundo grupo de inmuebles, como se anunció en párrafos anteriores, la
Sala estima adecuado efectuar el cálculo de la indemnización con fundamento en las
sumas establecidas por el perito en el dictamen correspondiente al periodo
comprendido entre el 14 de diciembre de 1999 y el 22 de diciembre de 2002 (36,26
meses), las cuales serán actualizadas desde la fecha de emisión de la experticia
(enero de 2004) a la fecha de la presente sentencia97, como se expresa a continuación:
1% avalúo
comercial
1% Valor
por número Valor actualizado
comercial
Inmueble de meses de a fecha de la
definido en el
la ocupación sentencia98
dictamen
(36, 26
meses)
Local 2 y parqueaderos 54 y 55 $ 7.560.250 $ 274.134.665 $ 803.561.717
Local 3 y parqueadero 52 $ 4.919.550 $ 178.382.883 $ 522.887.741
97 La actualización de los valores se efectúa siguiendo la fórmula matemática:
Ra = Rh x índice final
índice inicial
En donde el índice inicial corresponde al IPC certificado para el mes de enero de 2004 y el índice
inicial al último IPC conocido a la fecha de emisión de la presente providencia.
98 Ra = Rh x índice final (156,94) marzo 2026
índice inicial (53,54) enero 2004
74
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
Oficina 101 y parqueadero 23 $ 1.128.525 $ 40.920.317 $ 119.948.346
Oficina 201 y parqueadero 37 $ 1.076.550 $ 39.035.703 $ 114.424.042
Oficina 202 y parqueadero 38 $ 1.004.275 $ 36.415.012 $ 106.742.098
Oficina 203 y parqueadero 39 $ 1.060.450 $ 38.451.917 $ 112.712.810
Oficina 204 y parqueaderos 40 y 50 $ 1.589.600 $ 57.638.896 $ 168.954.956
Oficina 205 y parqueaderos 41 y 51 $ 1.499.125 $ 54.358.273 $ 159.338.575
Oficina 206 y parqueadero 42 $ 1.060.450 $ 38.451.917 $ 112.712.810
Oficina 207 y parqueadero 43 $ 1.004.275 $ 36.415.012 $ 106.742.098
Oficina 208 y parqueadero 44 $ 1.076.550 $ 39.035.703 $ 114.424.042
Oficina 501 y parqueadero 22 $ 1.076.550 $ 39.035.703 $ 114.424.042
Oficina 502 y parqueadero 19 $ 1.004.275 $ 36.415.012 $ 106.742.098
Oficina 503 y parqueadero 45 $ 1.060.450 $ 38.451.917 $ 112.712.810
Oficina 504 y parqueaderos 48 y 49 $ 1.589.600 $ 57.638.896 $ 168.954.956
Oficina 505 y parqueaderos 34 y 35 $ 1.499.125 $ 54.358.273 $ 159.338.575
Oficina 506 y parqueadero 47 $ 1.060.450 $ 38.451.917 $ 112.712.810
Oficina 508 y parqueadero 20 $ 1.076.550 $ 39.035.703 $ 114.424.042
Oficina 601 y parqueadero 13 $ 1.076.550 $ 39.035.703 $ 114.424.042
Oficina 602 y parqueadero 1 $ 1.004.275 $ 36.415.012 $ 106.742.098
Oficina 603 y parqueadero 14 $ 1.060.450 $ 38.451.917 $ 112.712.810
Oficina 604 y parqueaderos 15 y 16 $ 57.638.896
$ 1.589.600 $ 168.954.956
Oficina 605 y parqueaderos 8 y 9 $ 1.499.125 $ 54.358.273 $ 159.338.575
Oficina 606 y parqueadero 12 $ 38.451.917
$ 1.060.450 $ 112.712.810
Oficina 607 y parqueadero 17 $ 1.004.275 $ 36.415.012 $ 106.742.098
Oficina 608 y parqueadero 18 $ 1.076.550 $ 39.035.703 $ 114.424.042
(iii) Consolidado por demandantes:
A partir de lo explicado previamente, los valores a reconocer por concepto de lucro
cesante en favor de cada demandante corresponden a los siguientes:
MARÍA DE LAS MERCEDES RESTREPO DE BUENDÍA
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 308 50C-1436961 (fl. 71 cdno.2) $ 71.822.728
Oficina 401 50C-1436962 (fl. 72 cdno. 2) $ 71.822.728
Oficina 408 50C-1436969 (fl. 73 cdno. 2) $ 71.822.728
75
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
Parqueadero 3 50C-1436889 (fl. 74 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 24 50C-1436910 (fl. 75 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 31 50C-1436917 (fl. 76 cdno. 2) $ 13.058.678
Indemnización total: $ 254.644.218
ANA RESTREPO DE NAVAS
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 402 50C-1436963 (fl. 78 cdno. 2) $ 71.822.728
Oficina 404 50C-1436965 (fl. 79 cdno. 2) $ 71.822.728
Oficina 407 50C-1436968 (fl. 80 cdno. 2) $ 71.822.728
Parqueadero 25 50C-1436911 (fl. 81 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 28 50C-1436914 (fl. 82 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 30 50C-1436916 (fl. 83 cdno. 2) $ 13.058.678
Indemnización total: $ 254.644.218
IGNACIO RESTREPO POSADA
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 403 50C-1436964 (fl. 85 cdno. 2) $ 71.822.728
Oficina 405 50C-1436966 (fl. 86 cdno. 2) $ 71.822.728
Oficina 406 50C-1436967 (fl. 87 cdno. 2) $ 71.822.728
Parqueadero 26 50C-1436912 (fl. 88 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 29 50C-1436915 (fl. 89 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 32 50C-1436918 (fl. 90 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 33 50C-1436919 (fl. 91 cdno. 2) $ 13.058.678
Indemnización total: $ 267.702.896
MARÍA JOSÉ SAMPER GÓMEZ
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Local 1 50C-1436942 (fl. 93 cdno. 2) $ 195.880.092
Parqueadero 53 50C-1436939 (fl.. 94 cdno. 2) $ 13.058.678
Indemnización total: $ 208.938.770
BELÉN ADELAIDA SAMPER KUTSCHBACH
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 307 50C-1436960 (fl. 96 cdno. 2) $ 71.822.728
Parqueadero 2 50C-1436888 (fl. 97 cdno. 2) $ 13.058.678
Indemnización total: $ 84.881.406
76
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
ANA MARÍA URIBE REYES Y ROSARIO DURÁN CASAS.
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 306 50C-1436959 (fl. 99 cdno. 2) $ 71.822.728
Parqueadero 36 50C-1436922 (fl. 100 cdno. 2) $ 13.058.678
Indemnización total: $ 84.881.406
JOAQUÍN ENRIQUE DONOSO LOMBANA99
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 303 50C-1436956 (fl. 102 cdno. 2) $ 71.822.728
SOCIEDAD CALANDA LTDA
Folio de matrícula inmobiliaria
Valor Lucro
Inmueble (prueba de la calidad de
cesante
propietario)
Oficina 304 50C-1436957 (fl. 15 cdno. 2) $ 71.822.728
Oficina 305 50C-1436958 (fl. 16 cdno. 2) $ 71.822.728
Parqueadero 6 50C-1436892 (fl. 33 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 7 50C-1436893 (fl. 34 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 10 50C-1436896 (fl. 37 cdno. 2) $ 13.058.678
Parqueadero 11 50C-1436897 (fl. 38 cdno. 2) $ 13.058.678
50C-1436943, 50C-1436940 y
Local 2 y parqueaderos 54 y 55 50C-1436941 (fls. 3 y 68 a 69 $ 803.561.717
cdno. 2)
50C-1436944 y 50C-1436938 (fls. 4
Local 3 y parqueadero 52 $ 522.887.741
y 67 cdno. 2)
50C-1436945 y 50C-1436909 (fls. 5
Oficina 101 y parqueadero 23 $ 119.948.346
y 49 cdno. 2)
50C-1436946 y 50C-1436923 (fls. 6
Oficina 201 y parqueadero 37 $ 114.424.042
y 52 cdno. 2)
50C-1436947 y 50C-1436924 (fls. 7
Oficina 202 y parqueadero 38 $ 106.742.098
y 53 cdno. 2 )
50C-1436948 y 50C-1436925 (fls.
Oficina 203 y parqueadero 39 8 y 54 cdno. 2) $ 112.712.810
50C-1436949, 50C-1436926 y
Oficina 204 y parqueaderos 40 y 50 $ 168.954.956
50C-143936 (fls. 9, 55 y 65 cdno. 2)
50C-1436950, 50C-1436927 y
Oficina 205 y parqueaderos 41 y 51 50C-1436937 (fls. 10, 56 y 66 cdno. $ 159.338.575
2)
50C-1436951 y 50C-1436928 (fls.
Oficina 206 y parqueadero 42 $ 112.712.810
11 a 12 y 57 a 58 cdno. 2)
50C-1436952 y 50C-1436929 (fls.
Oficina 207 y parqueadero 43 $ 106.742.098
13 y 59 cdno. 2)
50C-1436953 y 50C-1436930 (fls.
Oficina 208 y parqueadero 44 $ 114.424.042
14 y 60 cdno. 2)
99 Debido a que el demandante no demostró mediante prueba idónea su titularidad del derecho de
propiedad sobre el parqueadero 5, la Sala está impedida para efectuar reconocimiento por el perjuicio
derivado de la ocupación del parqueadero 5.
77
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
50C-1436970 y 50C-1436908 (fls.
Oficina 501 y parqueadero 22 $ 114.424.042
17 y 48 cdno. 2)
50C-1436971 y 50C-1436905 (fls.
Oficina 502 y parqueadero 19 $ 106.742.098
18 y 46 cdno. 2)
50C-1436972 y 50C-1436931
Oficina 503 y parqueadero 45 $ 112.712.810
(fls. 19 y 61 cdno. 2)
50C-1436973, 50C-1436934 y
Oficina 504 y parqueaderos 48 y 49 50C-1436935 (fls. 20, 63 y 64 cdno. $ 168.954.956
2)
50C-1436974, 50C-1436920 y
Oficina 505 y parqueaderos 34 y 35 50C-1436921 (fls. 21, 50 y 51 cdno. $ 159.338.575
2)
50C-1436975 y 50C-1436933
Oficina 506 y parqueadero 47 $ 112.712.810
(fls. 22 y 62 cdno. 2)
50C-1436977 y 50C-14369906
Oficina 508 y parqueadero 20 $ 114.424.042
(fls. 23 y 47 cdno. 2)
50C-1436978 y 50C-1436899
Oficina 601 y parqueadero 13 $ 114.424.042
(fls. 24 y 40 cdno. 2)
50C-1436979 y 50C-1436887
Oficina 602 y parqueadero 1 $ 106.742.098
(fls. 25 y 32 cdno. 2)
50C-1436980 y 50C-1436900
Oficina 603 y parqueadero 14 $ 112.712.810
(fls. 26 y 41 cdno. 2)
50C-1436981, 50C-1436901 y
Oficina 604 y parqueaderos 15 y 16 50C-1436902 (fls. 27, 42 y 43 $ 168.954.956
cdno. 2)
50C-1436982, 50C-1436894 y
Oficina 605 y parqueaderos 8 y 9 50C-1436895 (fls. 28, 35 y 36 $ 159.338.575
cdno. 2)
50C-1436983 y 50C-1436898
Oficina 606 y parqueadero 12 $ 112.712.810
(fls. 29 y 39 cdno. 2)
50C-1436984 y 50C-1436903
Oficina 607 y parqueadero 17 $ 106.742.098
(fls. 30 y 44 cdno. 2)
50C-1436985 y 50C-1436904
Oficina 608 y parqueadero 18 $ 114.424.042
(fls. 31 y 45 cdno. 2)
$ 4.523.690.167
Indemnización total:
Finalmente, en atención a que mediante auto del 27 de julio de 2011 esta corporación
decidió tener a los señores Pepa Samper de Samper, Julio Gómez Villegas, Silvia del
Pilar Arango de Gómez, Ramón Enrique Villamarín Quintero, Sebastián García
Marulanda, Sebastián Palomares Samper, María Palomares Samper, Camilo Samper
Santamaría, Luz María Gómez de Samper, Juanita Samper de Hosie, María José
Samper Gómez, María Claudia Samper Gómez, Camilo Samper Gómez, Paula
Samper Gómez, Nicolás Samper Santamaría, María Teresa Carreño de Samper, José
Alejandro Samper Carreño, María del Carmen Samper Carreño, Inés Elvira Samper
Carreño, Alfonso Samper Gómez, Cristina Samper Mejía, Juan Pablo Samper Mejía,
Elizabeth Forero de Méndez y Fernando Augusto Trebilcock Barvo como litisconsortes
de la sociedad Calanda Ltda, debido a la cesión de derechos litigiosos celebrada
78
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
mediante acta de junta de socios del 1 de diciembre de 2009, la condena que se emite
en la presente decisión los cobijará a todos ellos.
3.2.3.2 Expediente 2002-01627
En la sentencia de primera instancia se reconoció a la demandante de este proceso
una indemnización por valor de treinta y dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos
($32.460.000) por concepto de lucro cesante100, al tiempo que se negó reconocimiento
por daño emergente; en esa dirección, en tanto que la decisión de primer nivel no fue
impugnada por la señora Inés Elvira Castilla Uricoechea ni por las entidades
demandadas en lo atinente a ese punto, se impone su confirmación con la precisión
de que se actualizará el monto de la condena con el fin de corregir la depreciación del
dinero por el paso del tiempo, con fundamento en la siguiente fórmula matemática:
Ra = Rh x índice final /marzo de 2026101
índice inicial / octubre de 2009102
Ra = $32’460.000 x 156,94
71,19
Ra = $ 71.558.820
De esta manera el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-
debe pagar la cantidad de setenta y un millones quinientos cincuenta y ocho mil
ochocientos veinte pesos ($ 71.558.820), en favor de la demandante Inés Elvira
Castilla Uricoechea.
3.2.3.2 Expediente 2002-01671
1) En la demanda se solicitó condenar a las demandadas al pago de los perjuicios
causados al fideicomiso constituido mediante la escritura pública no. 9407 del 30 de
100 Suma que corresponde al uno por ciento (1%) del valor comercial asignado por la auxiliar de la
justicia a la oficina 507 y al parqueadero 21, tasado en noventa millones de pesos ($90.000.000),
multiplicado por el número de meses durante los cuales el bien permaneció ocupado.
101 Último índice de precios conocido a la fecha de la presente providencia.
102 Fecha de emisión de la sentencia de primera instancia.
79
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
diciembre de 1991 de la Notaría Sexta del Círculo de Bogotá en cuantía equivalente a
$800.000.000 por concepto de lucro cesante y de $500.000.000 por daño emergente.
2) Con el fin de acreditar los perjuicios en el proceso se practicó un dictamen pericial
relativo a las afectaciones del “Hotel Hamilton Court” con motivo de la ocupación de la
carrera 14 entre calles 81 y 82 por parte de un grupo de desplazados en diciembre de
1999, en la referida prueba103 se establecieron las siguientes conclusiones:
a) La reducción de la ocupación del hotel frente a la ocupación presupuestada para
los años 2000, 2001 y 2002 correspondió a 31,96%, 10,61% y 12,15%,
respectivamente, cifras a las que arribó el perito por efecto de sustraer en cada
vigencia el porcentaje real de ocupación del porcentaje presupuestado; a su vez,
expuso que el promedio de ocupación de otros hoteles del sector 104 para los años
2000, 2001 y 2002 fue superior al del “Hotel Hamilton Court”,
b) El ingreso por habitación pasó de $52.853 en el año de 1999 a $ 26.668 en el año
2000, lo que comportó una disminución de utilidades para los inversionistas del
fideicomiso,
c) En rendimientos el hotel presentó una pérdida por $25’111.583 para el año 2000;
sin embargo, para el año 2001 registró una recuperación representada en la obtención
de utilidades por $249’437.188, suma que en todo caso fue inferior a la causada en el
año 1999 por $251´187.576 y a la proyectada para ese año 2001 de $359’763.851,
d) La reducción de las tarifas promedio para los años 2000, 2001 y 2002 fue de
$14.238, $20.712 y $21.077, respectivamente,
e) De los presupuestos de funcionamiento proyectados para los años 2000, 2001 y
2002 se extrae que los ingresos presupuestados eran de $1’179.758.202,
103 Dicha experticia fue presentada el 5 de noviembre de 2004 por el auxiliar de la justicia Luis María
Guijo Roa (posesionado en diligencia del 29 de junio de 2004, fl. 460 C1, cdno. 7) y complementada
con memorial del 25 de mayo de 2005, a través del cual se aportaron los cuadros que condensan los
cálculos efectuados por el perito (fls. 547 a 557 C1, cdno. 7).
104 Sin especificar ni identificar cuáles fueron los otros hoteles comparados, como tampoco las bases
consultadas ni las características que tornaban viable su comparación con el “Hotel Hamilton Court”,
más allá de la genérica y abstracta referencia estar ubicados en el mismo sector.
80
Expedientes acumulados nos. 25000-23-26-000-2002-00321-02 (38.876)
25000-23-26-000-2002-01671-01
25000-23-26-000-2002-01627-01
Actor: Sociedad Calanda Ltda y otros
Reparación directa – CCA
Apelación de sentencia
$1´329.512.927 y $1´498.228.117, mientras que lo realmente percibido en esos años
fue $358’656.240, $921’416.485 y $1´028.734.720, por lo cual, los ingresos dejados
de percibir actualizados a la fecha de emisión de la experticia corresponden a las
sumas de $1´056.324.622, $ 487’724.238 y 524´435.208 para un total de
$2´068.484.067.
f) Las utilidades probables dejadas de percibir para los años 2000, 2001 y 2002
fueron de $418’422.605, $131’853.605 y $209’866.643, respectivamente, para un
consolidado de $760’142.852 para ese período; en consecuencia, la pérdida
patrimonial se estableció en la suma de $3’318.080.580, la cual se dedujo sobre los
activos fijos del hotel (edificio, muebles y enseres), menos la depreciación y la venta
de dicho establecimiento ocurrida en abril de 2004.
3) Respecto del dictamen el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República formuló objeción por error grave por considerar que carecía de pruebas que
sustentaran las conclusiones probatorias a las que arribó el perito; en esa dirección,
indicó que el cálculo de la reducción hotelera se fundó en supuestos especulativos sin
evidencia que acredite que ese hecho y la disminución de las tarifas obedecieron única
y exclusivamente a la ocupación de las instalaciones del Comité Internacional de la
Cruz Rojas; además, que el perito tomó como base cierta para el cálculo de los
perjuicios un presupuesto efectuado por el mismo hotel para los años 1999 a 2002, es
decir, una prueba constituida por la demandante, lo que implica que los perjuicios
futuros fueron indebidamente calculados; adicionalmente, el hecho de que el hotel
haya sido vendido en una suma inferior a la expresada en los libros contables no puede
ser imputada al Estado105.
4) En similar sentido, Acción Social (actualmente Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social) objetó por error grave el dictamen pericial por cuanto con la
experticia no se allegaron los documentos soporte de los cálculos efectuados por el
perito lo que impide determinar la veracidad de las cifras señaladas por concepto de
perjuicios106.
105 Fls. 529 a 533 C1, cuaderno 7.
106 Fls. 536 a 540 cdno. 7.
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5) A propósito de lo anotado, la Sala advierte que los reparos que sustentan las
objeciones por error grave coinciden en sostener que las conclusiones del perito
carecen de soporte probatorio porque los cálculos se apoyaron en supuestos no
demostrados, en presupuestos elaborados por la propia demandante y en cifras sin
documentos que permitieran verificar su veracidad; en este sentido, para esta
Subsección los cuestionamientos respecto de las conclusiones de la prueba pericial
no se originan en que el perito hubiera analizado un objeto distinto al decretado ni que
la finalidad del estudio hubiera sido distinta de la encomendada, por lo cual las
objeciones por error grave no están llamadas a prosperar.
6) Lo antedicho no significa que la referida prueba pericial deba ser acogida
íntegramente por esta Corporación, pues, aun cuando su contenido no puede
catalogarse como constitutivo de error grave, lo cierto es que presenta otros defectos
que le restan credibilidad y, por ende, su fuerza suasoria se ve reducida al punto que
no puede ser empleado por la Sala para liquidar los perjuicios reclamados en la
demanda.
7) En efecto, el auxiliar de la justicia manifestó que para la elaboración de su concepto
revisó “…la demanda presentada, los antecedentes y soportes pertinentes. Así mismo
(sic), se estudió el expediente y se tomaron fotocopias de algunos documentos objeto
de la pericia. Se visitaron las oficinas de Hotel Hamilton Court, ubicado en la carrera
14 número 81-20 y entrevisté a la Gerente Alba Julieta Forero. Se obtuvo información
contable y antecedentes del contrato”; empero, advierte la Subsección que con el
dictamen pericial no se aportó el contenido de la entrevista sostenida con la gerente
del hotel para establecer los puntos sobre los que versó, tampoco se anexaron los
antecedentes contables y financieros consultados por el perito como base de su
análisis ni el presupuesto de funcionamiento efectuado por el hotel “Hamilton Court”
para los años 1999 a 2001 que le sirvió de base para estimar los ingresos y utilidades
supuestamente dejados de percibir y menos aún los respectivos soportes del ejercicio
de comparación efectuado con lo que denominó “otros hoteles del sector”; de modo
que, las referidas falencias le privan a la prueba técnica de la solidez requerida para
formar el convencimiento de la Sala en cuanto a los perjuicios causados.
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8) Sin perjuicio de lo anterior, es del caso resaltar que al proceso se aportaron 6
comunicaciones suscritas el 11 de enero y el 9 y 10 de febrero de 2000 por diferentes
empresas107 a través de las cuales le informaron a la gerencia del “Hotel Hamilton
Court” la necesidad de cancelar, esto es, dejar sin efectos, las reservas hoteleras y
abstenerse de efectuar nuevas debido a la situación presentada con ocasión de la
ocupación del edificio del Comité Internacional de la Cruz Roja; igualmente, a partir de
los testimonios de las señoras Alba Julieta Forero González y Adriana María Ortiz
Delgado y de la comunicación del 7 de junio de 2000108 es posible establecer que la
operación del hotel fue suspendida desde el 15 de abril hasta finales del mes de julio
de 2000.
9) Por lo anterior, debido a que se acreditó la afectación padecida por el extremo
demandante pero no fue posible su estimación en concreto es necesario emitir una
condena en abstracto conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del CCA, para que en
el trámite incidental se determine el monto del lucro cesante causado por las reservas
hoteleras cuya cancelación se acreditó en el proceso y por la utilidad dejada de percibir
durante los meses en que estuvo cerrado el hotel, con la salvedad de que cualquier
otra reclamación no será susceptible de reparación en el incidente en tanto que no fue
demostrada su ocurrencia en este proceso y, por lo tanto, carece del elemento de
certeza que torne procedente su indemnización.
Para el referido propósito debe practicarse o allegarse al proceso prueba idónea y
suficiente a través de la cual sea posible constatar los siguientes aspectos:
a) En relación con las seis (6) reservas de hospedaje o de convenios de hospedaje
cuya cancelación se encuentra demostrada mediante las comunicaciones obrantes en
el expediente109, el interesado deberá aportar la información relativa a la tarifa aplicable
al momento de cada reserva, el número de noches inicialmente previstas, la categoría
107 Las aludidas empresas son Schlumberger, Bogotá Emerald Mart Ltda, Banco de Crédito, Planes
Naranja, SC Johnson & Son Colombiana SA y SGS Colombia SA (fls. 103 a 110 cdno. 8).
108 Remitida por la gerencia del “Hotel Hamilton Court” a la Policía Nacional y al Distrito Capital.
109 Folios 103 a 110 cdno. 8.
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de habitación y los registros internos que permitan establecer el precio asociado a cada
una de ellas, a partir de esa documentación se fijará el valor bruto, esto es, el ingreso
total que el hotel habría recibido por la prestación del servicio; de la suma obtenida se
deducirán los gastos operativos evitados por la no prestación del servicio, de modo
que el resultado corresponda a la utilidad neta que el establecimiento habría obtenido
si la estancia se hubiera prestado.
b) En cuanto al lucro cesante derivado del cierre total del hotel deberá establecerse la
utilidad neta promedio mensual que el establecimiento generaba en condiciones
normales de operación, esto es, la diferencia entre los ingresos efectivamente
percibidos y los costos operacionales propios de la actividad hotelera, para lo cual se
tomará como referente el año anterior a la situación de anormalidad derivada de la
ocupación del edificio sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, es decir, de
diciembre de 1998 a noviembre de 1999; las utilidades netas correspondientes a cada
uno de esos meses se promediarán con el fin de obtener un valor representativo que
sirva como parámetro para calcular lo dejado de percibir por el cierre del alojamiento,
el lapso a indemnizar será aquel que se pruebe que el hotel permaneció totalmente
inoperante el cual, en todo caso, no podrá superar el período comprendido entre el 15
de abril y el 31 de julio de 2000.
10) De otro lado, observa la Sala que en las pretensiones de la demanda se solicitó el
reconocimiento indemnizatorio por daño emergente y por perjuicios morales; no
obstante, en el libelo inicial no se explicó en qué consistieron tales afectaciones ni la
forma en que se causaron, aunado al hecho de que en el proceso no obra elemento
de convicción que demuestre su configuración, razón por la cual no hay lugar a
decretar una indemnización por los referidos conceptos.
11) Finalmente, evidencia esta Subsección que el 24 de octubre de 2012110 el
apoderado judicial de la sociedad Alianza Fiduciaria SA allegó al proceso el acta de
terminación y liquidación del contrato de fiducia mercantil111 constitutivo del
110 Folios 482 a 489 cdno. apelación.
111 Suscrita el 4 de septiembre de 2012.
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Fideicomiso Country Plaza 82 y su contrato reglamentario, contenidos en escrituras
públicas nos. 9407 de 30 de diciembre de 1991 y 5299 de 19 de agosto de 1992, por
lo cual, solicitó tener a los antiguos miembros del fideicomiso112 como titulares de las
pretensiones de la demanda113.
En atención a la referida comunicación, en proveídos del 22 de febrero de 2013114 y
del 22 de enero de 2015115 esta Corporación requirió a las entidades demandadas para
que se pronunciaran respecto de la cesión de derechos litigiosos formulada por Alianza
Fiduciaria116; sin embargo, dicha solicitud no ha sido resuelta.
Pues bien, aunque el despacho instructor del proceso tramitó el memorial del 24 de
octubre de 2012 como una cesión de derechos litigiosos y en tal sentido corrió traslado
a los demás sujetos procesales para que se pronunciaran, lo cierto es que, en realidad,
jurídicamente se trata de una situación de sucesión procesal por el hecho de la
liquidación y terminación del fideicomiso Country Plaza 82, por lo cual procederá a
declararse en la sentencia la sucesión procesal.
Empero, advierte la Sala que el anexo que acompaña el acta de terminación y
liquidación del Fideicomiso Country Plaza 82 enlista a 236 personas (naturales y
112 Relacionados en el anexo del acta de terminación y liquidación del 4 de septiembre de 2012 (fls. 485
a 489 cdno. apelación).
113 En los antecedentes del acta de terminación del fideicomiso consta que mediante escritura pública
no. 9407 del 30 de diciembre de 1991 se celebró el contrato de fiducia mercantil constitutivo del
Fideicomiso Country Plaza 82, cuyo objeto consistía en que Alianza Fiduciaria SA como vocera y
administradora del patrimonio autónomo mantuviera la titularidad jurídica de los bienes fideicomitidos y
permitiera a los fideicomitentes iniciales, por su cuenta y riesgo, efectuar la construcción y dotación del
alojamiento turístico Travelodge Suites 82, así como promover la vinculación de fideicomitentes
posteriores que aportaran dinero para la construcción, dotación y para la operación de dicho alojamiento,
una vez finalizadas las etapas de construcción y dotación (fls. 483 cdno. apelación).
114 Folio 490 cdno. apelación.
115 Folio 528 cdno. apelación.
116 Las partes se pronunciaron así: el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
invocó la inexistencia de causa jurídica para manifestarse en tanto que en la sentencia de primera
instancia se declaró su ausencia de legitimación en la causa por pasiva (memorial presentado el 22 de
marzo de 2013, fl. 492 cdno. apelación); por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional solicitó
desestimar la petición por tratarse de un asunto privado entre el apoderado y sus poderdantes (escrito
radicado el 11 de marzo de 2015, fls. 530 a 531 cdno. apelación); al paso que la Agencia Presidencial
para la Acción Social -Acción Social- se opuso a la cesión de derechos litigiosos debido a que la
sociedad Alianza Fiduciaria SA no acreditó su legitimación en la causa por activa (comunicación del 13
de abril de 2015, fls. 538 a 539 cdno. apelación).
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jurídicas) en condición de fideicomitentes y beneficiarios; no obstante, no hay claridad
sobre su identificación e individualización, pues, respecto de algunos de los allí
incluidos no se precisó el tipo o clase de documento que los identifica, tampoco se
adjuntó el soporte documental acerca de su existencia ni de su representación legal
en el caso de las personas jurídicas; adicionalmente, no se aportó el contrato o
documento equivalente que soporta su vinculación al negocio fiduciario ni que permita
establecer el porcentaje de participación correspondiente conforme a la condición
reportada en el mencionado listado.
Por lo anterior, debido a que en relación con las pretensiones del Fideicomiso Country
Plaza 82 se emite condena en abstracto, la cual deberá liquidarse por la primera
instancia, se dispondrá que dentro del mencionado trámite incidental se determinen e
individualicen los sucesores procesales del referido fideicomiso para lo cual los
interesados deberán comparecer al proceso y aportar copia del documento de
identificación para las personas naturales y del certificado de existencia y
representación legal o su equivalente para las jurídicas, así como también del contrato
o documento que haga sus veces en que conste su vinculación al negocio fiduciario,
en qué condición lo efectuaron y qué porcentaje de participación poseen, para que con
base en esa información se efectúe el cálculo de la condena.
4. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en este caso
concreto una actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de
la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena por este concepto.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA:
1º) Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
• Sección Tercera – Subsección A el 22 de octubre de 2009 y adicionada mediante
providencia del 25 de marzo de 2010, la cual queda así:
“PRIMERO: TENER como parte demandada al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- en virtud de la
transformación ordenada en el artículo 1 del Decreto 4155 de 2011.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social -DPS- patrimonial
extracontractualmente responsable de los daños ocasionados a los
demandantes, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-, al pago de los
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente causados
en favor de los demandantes del proceso 25000-23-26-000-2002-
00321-02, en las cuantías que se relacionan a continuación:
• Para María de las Mercedes Restrepo de Buendía la suma de
trescientos ochenta y un millones quinientos sesenta y cuatro mil
setecientos diecisiete pesos ($ 381.564.717).
• Para Ana Restrepo de Navas la suma de trescientos noventa y
cuatro millones setenta y ocho mil setecientos ochenta y tres pesos
($ 394.078.783).
• Para Ignacio Restrepo Posada la suma de cuatrocientos
dieciséis millones trescientos cuarenta mil trescientos veintitrés
pesos ($416.340.323).
• Para María José Samper Gómez la suma de noventa y siete
millones cuatrocientos nueve mil ochocientos sesenta y nueve
pesos ($97.409.869).
• Para Belén Adelaida Samper Kutschbach la suma de ciento
veintidós millones veinte mil quinientos noventa pesos
($122.020.590).
• Para Ana María Uribe Reyes y Rosario Durán Casas la suma
de ciento veintiocho millones ciento cincuenta y nueve mil
quinientos cuarenta y tres pesos ($128.159.543).
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• Para Joaquín Enrique Donoso Lombana la suma de ciento doce
millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y
dos pesos ($112.687.852).
• Para la Sociedad Calanda Ltda y los litisconsortes reconocidos
en el proceso señores Pepa Samper de Samper, Julio Gómez
Villegas, Sylvia del Pilar Arango de Gómez, Ramón Enrique
Villamarín Quintero, Sebastián García Marulanda, Sebastián
Palomares Samper, María Palomares Samper, Camilo Samper
Santamaría, Luz María Gómez de Samper, Juanita Samper de
Hosie, María José Samper Gómez, María Claudia Samper
Gómez, Camilo Samper Gómez, Paula Samper Gómez, Nicolás
Samper Santamaría, María Teresa Carreño de Samper, José
Alejandro Samper Carreño, María del Carmen Samper Carreño,
Inés Elvira Samper Carreño, Alfonso Samper Gómez, Cristina
Samper Mejía, Juan Pablo Samper Mejía, Elizabeth Forero de
Méndez y Fernando Augusto Trebilcock Barvo la suma total de
cuatro mil trescientos noventa y un millones ciento treinta y cuatro
mil ciento setenta y seis pesos ($4.391.134.176).
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República y al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social -DPS-, a pagar en favor de los
demandantes que se enlistan a continuación por concepto de
perjuicio material en la modalidad de lucro cesante las siguientes
sumas de dinero:
• Para María de las Mercedes Restrepo de Buendía la suma de
doscientos cincuenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y
cuatro mil doscientos dieciocho pesos ($ 254.644.218).
• Para Ana Restrepo de Navas la suma de doscientos cincuenta y
cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil doscientos
dieciocho pesos ($ 254.644.218).
• Para Ignacio Restrepo Posada la suma de doscientos sesenta y
siete millones setecientos dos mil ochocientos noventa y seis pesos
($267.702.896).
• Para María José Samper Gómez la suma de doscientos ocho
millones novecientos treinta y ocho mil setecientos setenta pesos
($208.938.770).
• Para Belén Adelaida Samper Kutschbach la suma de ochenta
y cuatro millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos seis
pesos ($84.881.406).
• Para Ana María Uribe Reyes y Rosario Durán Casas la suma
de ochenta y cuatro millones ochocientos ochenta y un mil
cuatrocientos seis pesos ($84.881.406).
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• Para Joaquín Enrique Donoso Lombana la suma de setenta y
un millones ochocientos veintidós mil setecientos veintiocho pesos
($71.822.728).
• Para la Sociedad Calanda Ltda y los litisconsortes reconocidos
en el proceso señores Pepa Samper de Samper, Julio Gómez
Villegas, Sylvia del Pilar Arango de Gómez, Ramón Enrique
Villamarín Quintero, Sebastián García Marulanda, Sebastián
Palomares Samper, María Palomares Samper, Camilo Samper
Santamaría, Luz María Gómez de Samper, Juanita Samper de
Hosie, María José Samper Gómez, María Claudia Samper
Gómez, Camilo Samper Gómez, Paula Samper Gómez, Nicolás
Samper Santamaría, María Teresa Carreño de Samper, José
Alejandro Samper Carreño, María del Carmen Samper Carreño,
Inés Elvira Samper Carreño, Alfonso Samper Gómez, Cristina
Samper Mejía, Juan Pablo Samper Mejía, Elizabeth Forero de
Méndez y Fernando Augusto Trebilcock Barvo la suma total de
cuatro mil quinientos veintitrés millones seiscientos noventa mil
ciento sesenta y siete pesos ($4.523.690.167).
QUINTO: CONDENAR al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social -DPS-, a pagar en favor de Inés Elvira Castilla
Uricoechea la suma de setenta y un millones quinientos cincuenta
y ocho mil ochocientos veinte pesos ($ 71.558.820).
SEXTO: DECLARAR la sucesión procesal del fideicomiso
constituido mediante escritura pública no. 9407 del 30 de diciembre
de 1991 representado por Alianza Fiduciaria SA; en consecuencia,
para los efectos de esta sentencia se tienen como sucesores
procesales a los fideicomitentes y beneficiarios del Fideicomiso
Country Plaza 82, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
SÉPTIMO: CONDENAR en abstracto al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social -DPS-, al pago de los
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante causados en
favor de los sucesores procesales del fideicomiso constituido
mediante escritura pública no. 9407 del 30 de diciembre de 1991
representado judicialmente por la sociedad Alianza Fiduciaria SA
en calidad de representante en los términos indicados en la parte
considerativa de esta providencia.
La tasación concreta de ese perjuicio deberá realizarse a través de
un trámite incidental dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
ejecutoria de la presente sentencia, de conformidad con los
parámetros consignados en la parte considerativa de esta
providencia.
OCTAVO: Negar las demás pretensiones de las demandas”.
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2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Aclara voto
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Presidente de Subsección
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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