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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2003-00358-05

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2003-00358-05

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA la excepción de compensación en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: MODIFÍCANSE los ordinales cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia dictada el 15 de julio de 2020 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así: CUARTO: ordenar seguir adelante la ejecución a favor del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU y en contra de la Sociedad Aguilar y CIA LTDA Construcciones en Restructuración y Compañía Mundial de Seguros S.A., conforme al mandamiento de pago de fecha 5 de marzo de 2003, teniendo en cuenta las excepciones probadas en este proceso, es decir, se deberá tener en cuenta el pago por concepto de anticipo del contrato No. 804 de 1999 por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES pesos moneda legal colombiana ($969.903.603.) frente al cual se deberán calcular los intereses de mora desde el 18 de enero de 2002 , y teniendo en cuenta Página 18 de 19 Radicado: 25000-23-26-000-2003-00358-05 (66681) Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU cada uno de los abonos realizados hasta el último pago realizado el 13 de julio de 2006, y la compensación de la suma de MIL SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.071’882.155) que el Instituto de Desarrollo Urbano adeuda a la mencionada sociedad. QUINTO: liquidar el crédito en la forma indicada en el artículo 521 del C.P.C. modificado por el artículo 32 de la Ley 1395 de 2010, teniendo en cuenta las excecpciones que se probaron en este proceso. TECERO: CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia del 15 de julio de 2020 dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO: ABSTIÉNESE de imponer condena en costas en esta instancia. QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2003-00358-05

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

1 de diciembre de 2025

Radicado: 25000-23-26-000-2003-00358-05 (66681)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2003-00358-05 (66681)
Ejecutante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Ejecutados: Compañía Mundial de Seguros S.A. y Sociedad Aguilar y Cía.
Ltda. Construcciones
Naturaleza: Ejecutivo - CCA

La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los integrantes del
extremo ejecutado contra la sentencia dictada el 15 de julio de 2020 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que ordenó seguir adelante la ejecución.

La Subsección es competente para conocer del recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 181 del Decreto 01 de 1984,
Código Contencioso Administrativo (en adelante “CCA”). A su vez, el tribunal era
competente para conocer el proceso en primera instancia en razón de la cuantía,
de acuerdo con el numeral 7 del artículo 132 del CCA.

SÍNTESIS

El Instituto de Desarrollo Urbano promovió proceso ejecutivo contra la sociedad
Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones y contra la Compañía Mundial de Seguros S.A.,
con fundamento en las Resoluciones 013 y 3781 de 2001, mediante las cuales
declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y mal manejo del anticipo
en el Contrato 804 de 1999. La Sala modifica la sentencia de primera instancia,
declara probada la excepción de compensación alegada por el extremo ejecutado,
y ordena seguir adelante la ejecución por los valores que resulten una vez
descontadas las sumas parcialmente pagadas y compensadas.

I. ANTECEDENTES

A.- La posición de la parte ejecutante

1. El 7 de febrero de 2003, el Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante “el IDU”),
promovió demanda ejecutiva contra la sociedad Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones
y la Compañía Mundial de Seguros S.A., en la que formuló las siguientes
pretensiones1:

1 Cuaderno No. 1, folios 2 a 11.

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Radicado: 25000-23-26-000-2003-00358-05 (66681)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Solicito al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, libre
mandamiento de pago en contra de los demandados, por las cantidades de dinero
que enseguida se determinan, para que sean canceladas dentro de los cinco (5)
días siguientes a la ejecutoria del auto que así lo ordene:
1. Por la suma de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS ($1.494'000.000) M/CTE., obligación que corresponde al amparo de
Cumplimiento Garantizado con la Póliza No N-A0023708 del 30 de diciembre de
1999, con vigencia hasta el 30 de marzo de 2001 y con los certificados de
modificación N-A-0047210 del 30/12/99, N-A-0052113 del 18 de septiembre de
2000, vigencia 2000/09/17 al 2001/05/17, N-A-0052690 del 18 de octubre de 2000,
vigencia 2000/09/15 al 2001/08/17, expedidos por la Compañía Mundial de
Seguros S.A. a favor de la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CIA LTDA
CONSTRUCCIONES TNM LIMITED cuyo siniestro fue declarado por la Resolución
No 013 del 11 de enero de 2001 de la Dirección General del Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU.
2. Por los intereses moratorios sobre la suma de UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($1.494'000.000) M/CTE. que
debieron pagarse el 19 de enero de 2002, esto es, al día siguiente de la ejecutoria
de la Resolución No 013 del 11 de enero de 2001 de la Dirección General del
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – y hasta cuando se produzca el pago,
liquidados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° numeral 8° de la Ley 80 de
1993, equivalente a una tasa igual al doble del interés civil sobre el valor histórico
actualizado.
3. Por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS ($969.903.603) M/CTE., obligación que
corresponde al amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, con cargo
a la Garantía Única de Cumplimiento No N-A0023708 y certificados de
modificación Nos. N-A-0047210, N-A-0052113, N-A-0052690 expedidos por la
Compañía Mundial de Seguros S.A. a favor de la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y
CIA LTDA CONSTRUCCIONES TNM LIMITED, constituida con ocasión del
contrato 804 de 1999; cuyo siniestro fue declarado por la Resolución No 013 del
11 de enero de 2001 de la Dirección General del Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU.
4. Por los intereses moratorios sobre la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
($969.903.603) M/CTE., que debieron pagarse el 19 de enero de 2002, esto es, al
día siguiente de la ejecutoria de la Resolución No 013 del 11 de enero de 2001 de
la Dirección General del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – y hasta cuando se
produzca el pago, liquidados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° numeral
8° de la Ley 80 de 1993, equivalente a una tasa igual al doble del interés civil sobre
el valor histórico actualizado.
5. Por las costas del proceso.

2. La entidad ejecutante fundamentó sus pretensiones en las siguientes
afirmaciones:

2.1. El IDU y la Unión Temporal Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones TNM Limited2
(en adelante, “la Unión Temporal”) celebraron el Contrato de Obra Pública No. 804
de 1999, cuyo objeto consistió en la evaluación y rehabilitación de vías en Bogotá
D.C., por un valor de cinco mil quinientos millones de pesos ($5.500.000.000).

2.2. En la cláusula décima segunda del referido contrato, la Unión Temporal se obligó
a constituir una garantía única para respaldar, entre otros aspectos i) el
cumplimiento del contrato, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del

2 Conformada por la sociedad Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones y TNM limited.

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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

valor del contrato, y ii) el buen manejo y correcta inversión del anticipo, por una
suma igual a la totalidad del valor del anticipo. Estos dos amparos debían tener una
vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más.

2.3. Para dar cumplimiento a la anterior obligación, la Unión Temporal constituyó la
póliza No. N-A0023708 del 30 de diciembre de 1999 expedida por Compañía
Mundial de Seguros S.A. (en adelante, “la Aseguradora”), por valor de mil
seiscientos cincuenta millones de pesos ($1.650.000.000), la cual fue modificada
mediante los certificados N-A-0047210, N-A-0052113 y N-A-0052690.

2.4. Por medio de la Resolución No. 013 del 11 de enero de 2001, el IDU declaró la
caducidad del contrato por incumplimiento grave de la Unión Temporal que condujo
a la paralización del servicio público. En el mismo acto declaró ocurridos los
siniestros cubiertos por el amparo de cumplimiento y por el buen manejo y correcta
inversión del anticipo, y ordenó hacerlos efectivos por los valores de mil
cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos ($1.494.000.000) y novecientos
sesenta y nueve millones novecientos tres mil seiscientos tres pesos
($969.903.603) respectivamente, ambos con cargo a la póliza No. N-A0023708 y a
sus modificaciones, en los siguientes términos:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la caducidad del Contrato 804 de 1999 suscrito
entre el IDU y la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA.
CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED, con fundamento en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar ocurrido el siniestro cubierto por el Amparo de
Cumplimiento del Contrato 804 de 1999 suscrito entre el IDU y la UNIÓN
TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA. CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED, con
fundamento en el incumplimiento grave de la Unión Temporal que condujo a la
paralización del servicio público y conforme a lo expresado en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar hacer efectivo el Amparo de Cumplimiento por
un monto igual a UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES
DE PESOS ($1.494'000.000) M/CTE., con cargo a la Garantía Única de
Cumplimiento No. N-A0023708 y certificados de modificación Nos. N-A-0047210,
N-A-0052113 y N-A-0052690, expedidos por la Compañía Mundial de Seguros a
favor de la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA. CONSTRUCCIONES -
TNM LIMITED, constituida con ocasión del Contrato 804 de 1999.
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar ocurrido el siniestro cubierto por el Amparo de
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo del Contrato 804 de 1999 suscrito
entre el IDU y la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA.
CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED, con fundamento en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar hacer efectivo dicho amparo, por un monto igual a
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL
SEISCIENTOS TRES PESOS ($969'903.603) M/CTE., con cargo a la Garantía
Única de Cumplimiento No. N-A0023708 y certificados de modificación Nos. N-A-
0047210, N-A-0052113 y N-A-0052690, expedidos por la Compañía Mundial de
Seguros a favor de la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA.
CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED, constituida con ocasión del Contrato 804 de
1999. (…).

2.5. El IDU confirmó ese acto administrativo mediante la Resolución No. 3781 del 24
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

de diciembre de 2001. No obstante, la entidad precisó que la inhabilidad producto
de la declaratoria de caducidad únicamente comprendía a la sociedad Aguilar y Cía.
Ltda. Construcciones que fue la integrante de la Unión Temporal que incurrió en el
incumplimiento. Esta es la parte resolutiva de la mencionada decisión:

ARTÍCULO PRIMERO.- Confirmar en su totalidad la Resolución 013 del 11 de
enero de 2001, por la cual se declara la caducidad del Contrato 804 de 1999
suscrito entre el IDU y la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA.
CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar al Representante Legal de la UNIÓN
TEMPORAL AGUILAR Y CÍA. LTDA. CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED y al
Representante Legal de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, de acuerdo con
el procedimiento establecido por el Código Contencioso Administrativo en sus
artículos 44 y siguientes, actuación con la cual queda agotada la vía gubernativa.
ARTÍCULO TERCERO.- La declaratoria de caducidad que se confirma con la
presente resolución surte efecto sobre la UNIÓN TEMPORAL AGUILAR Y CÍA.
LTDA. CONSTRUCCIONES - TNM LIMITED; sin embargo, con respecto al
miembro de la unión temporal TNM LIMITED no produce efecto en cuanto a la
inhabilidad que la sanción de caducidad genera, por no haber dado lugar a su
declaratoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo. (…)

2.6. La Resolución No. 3781 del 24 de diciembre de 2001, quedó ejecutoriada el 18
de enero de 2002, y con su expedición se agotó la vía gubernativa. En
consecuencia, los actos administrativos contentivos de obligaciones claras,
expresas y actualmente exigibles, quedaron en firme.

B.- Mandamiento de pago

3. El 5 de marzo de 2003, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento ejecutivo en favor del IDU, en
los siguientes términos:

PRIMERO: Ordénase a la sociedad AGUILAR Y CIA LTDA. CONSTRUCCIONES
EN REESTRUCTURACIÓN y COOMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., que
en el término de cinco (5) días contados a partir del siguiente al de la notificación
de este proveído, paguen al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO I.D.U., la
suma de $1.494.000.000.oo y $969.903.603.oo junto con los intereses moratorios
a la tasa establecida por el numeral 8° del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el
artículo 1° del Decreto 679 de 1994, a partir del 18 de enero de 2022. (…).

C.- Posición de la parte ejecutada

4. En la oportunidad procesal correspondiente, las demandadas propusieron las
siguientes excepciones contra el mandamiento de pago:

4.1. La Aseguradora3 sostuvo que no tenía la obligación de pago que le fue
imputada porque, en síntesis: i) las resoluciones que constituyen el título ejecutivo
eran nulas; ii) no existía la obligación de pagar intereses moratorios; iii) no se había
liquidado el contrato y, en consecuencia no se podía exigir el pago de la póliza; y

3 Cuaderno Principal, folios 73 a 91.

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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

iv) los documentos que servían de base a la demanda no prestaban mérito
ejecutivo.

4.2. La sociedad Aguilar y Cía. Construcciones4 alegó que el título ejecutivo no
contenía una obligación clara, expresa y exigible, entre otras razones, porque: i) la
legalidad de las resoluciones que integraban el título ejecutivo era objeto de debate
en la jurisdicción contencioso administrativa en el marco de un proceso de
controversias contractuales tramitado con la radicación 25000-23-26-000-2001-
00066-00; ii) había realizado un pago parcial de la obligación por el concepto de
anticipo; y iii) la acción ejecutiva estaba caducada, pues, a pesar de que la demanda
se presentó en 2003, dicha sociedad fue notificada hasta el 14 de julio de 2007, por
lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 905 del Decreto 1400 de 1970,
Código de Procedimiento Civil (en adelante “CPC”) la inoperancia de la caducidad
tuvo lugar hasta que se efectuó la notificación. Agregó que el cobro de intereses
moratorios era improcedente porque la póliza de cumplimiento no autorizaba dicho
cobro, y que no eran aplicables los intereses moratorios previstos en el numeral
octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 19936 porque éstos regulaban exclusivamente
lo concerniente al mantenimiento de la ecuación económica contractual.

D.- Sentencia recurrida

5. En la sentencia del 15 de julio de 2020, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

PRIMERO: Rechazar por improcedente las excepciones propuestas por el
ejecutado denominadas excepción de falta de jurisdicción o competencia y de
contrato no cumplido- Exceptio non adimpleti contractus, conforme a la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: se declara probada la excepción de pago parcial frente al valor de la
devolución del anticipo por la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES pesos moneda legal
colombiana ($969.903.603).
TERCERO: Negar las excepciones denominadas "Excepción de facultad legal
para declarar la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y
correcta inversión del anticipo y consecuencial nulidad por desviación o abuso de
poder por parte del IDU, al expedir las resoluciones No. 013 de 11 de enero de
2001 y 3781 de 24 de diciembre del mismo año", "caducidad de la acción ejecutiva
y pérdida de la fuerza ejecutoria de la misma" y "El título ejecutivo carece de
eficacia y exigibilidad ya que el incumplimiento por parte de Aguilar que condujo a
la declaratoria de caducidad, es una situación no cierta que se debate entre la
jurisdicción contenciosa administrativa" conforme a la parte motiva de esta
sentencia.

4 Cuaderno Principal, folios 156 a 187.
5 Artículo 90.Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación

de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que
el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias,
por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la
notificación al demandado. (…).
6 Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que

trata el artículo anterior, las entidades estatales:(…)
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se
aplicará la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. (…).
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

CUARTO: ordenar seguir adelante la ejecución a favor del Instituto de Desarrollo
Urbano - IDU y en contra de la Sociedad Aguilar y CIA LTDA Constricciones en
Restructuración y Compañía Mundial de Seguros S.A, conforme al mandamiento
de pago de fecha 5 de marzo de 2003, teniendo en cuenta la excepción probada
en este proceso, es decir, se deberá tener en cuenta el pago por concepto de
anticipo del contrato No. 804 de 1999 por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES pesos
moneda legal colombiana ($969.903.603.) frente al cual se deberán calcular los
intereses de mora desde el 18 de enero de 2002 , y teniendo en cuenta cada uno
de los abonos realizados por la sociedad Aguilar y CIA LTDA Constricciones en
Restructuración y la fecha de los mismos señalados en el numeral 2.14 , hasta el
pago total realizado el 13 de julio de 2006.
QUINTO: liquidar el crédito en la forma indicada en el artículo 521 del C.P.C
modificado por el artículo 32 de la Ley 1395 de 2010, teniendo en cuenta la
excepción que se probó en este proceso.
SEXTO: condena en costas a la parte ejecutada, por secretaría liquídense las
mismas.
SÉPTIMO: se fijan como agencias en derecho la suma de catorce millones
novecientos cuarenta mil pesos $ 14.940.000.

5.1. Preliminarmente, el tribunal concluyó que no operó la caducidad de la acción
porque de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 del artículo 136 del CCA7 en
la acción ejecutiva dicho término es de cinco (5) años, y en el caso concreto la
Resolución no. 3781 de 24 de diciembre de 2001, que resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución 013 de 2001, quedó ejecutoriada el 18
de enero de 2002, de manera que la demanda ejecutiva se debía presentar hasta
el 18 de enero de 2007 y se instauró el 7 de febrero de 2003. También precisó que
no resulta aplicable lo contemplado en el CPC respecto a la notificación del auto
que admite la demanda y la interrupción del término de caducidad porque hay norma
especial en el CCA.

5.2. Precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en los
procesos ejecutivos cuyo título base de recaudo está constituido por actos
administrativos, solo es procedente proponer las excepciones previstas en el
artículo 509 del CPC, a saber, pago, compensación, confusión, novación, remisión,
prescripción o transacción. Con base en este argumento rechaza la excepción de
contrato no cumplido.

5.3.El a quo explicó que en los procesos ejecutivos no son procedentes las
excepciones dirigidas a cuestionar la legalidad de los actos administrativos que
conforman el título ejecutivo, ya que estos gozan de presunción de legalidad y
ejecutividad mientras no son anulados.

5.4. Precisó que algunas de las excepciones propuestas fueron resueltas en la
providencia que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto que libró
mandamiento de pago, y que ese proveído fue confirmado por el Consejo de Estado
mediante el auto dictado el 8 de noviembre de 2012.

7 Artículo 136. Caducidad de las acciones. (…) 11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales
proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad del
respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial
(…).
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

5.5. El a quo determinó que el título ejecutivo complejo que obra en el expediente
contiene una obligación clara, expresa y exigible, y que a pesar de que existe un
proceso de controversias contractuales en el que se discute la legalidad de las
resoluciones, dichos actos administrativos no han sido suspendidos y tampoco se
han declarado nulos, por lo que al momento de dictar la sentencia de primera
instancia gozan de presunción de legalidad y ejecutividad.

5.6. El tribunal declaró probada la excepción por pago parcial respecto de la suma
de novecientos sesenta y nueve millones novecientos tres mil seiscientos tres pesos
($969.903.603), pero dispuso que la ejecución continuara para cobrar los intereses
desde la fecha de ejecutoria de la Resolución 3781 de 2001, es decir, desde el 18
de enero de 2002. El a quo precisó que estos intereses debían ser calculados
conforme a los abonos efectuados y su fecha de pago “total” realizado el 13 de julio
de 2006.

E.- Recurso de apelación de la parte ejecutada

6. La Aseguradora solicitó revocar la sentencia de primera instancia con base en
los siguientes reparos concretos:

6.1. Sostuvo que los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo eran
ilegales, pues ya existía un fallo de primera instancia en el proceso de controversias
contractuales tramitado con la radicación 25000-23-26-000-2001-00066-00 en el
que se declaró la nulidad parcial de las resoluciones 013 de 11 de enero de 2001 y
3781 de 24 de diciembre de 2001 que conforman el título ejecutivo en este proceso.
A su juicio, resulta contradictorio que: i) pese a la declaratoria de nulidad de tales
actos, se considerara ajustada a derecho la declaratoria del siniestro de
cumplimiento y del amparo del buen manejo del anticipo, y ii) a pesar de que en esa
decisión se liquidó judicialmente el contrato y se reconoció un saldo de ochocientos
cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y seis
pesos ($853.450.436) a favor del IDU, en la resoluciones objeto de recaudo se
pretende una suma superior al mencionado saldo.

6.2. Indicó que como la sentencia dictada en el proceso de controversias
contractuales fue apelada, las obligaciones cobradas en el proceso ejecutivo son
inciertas y, en consecuencia, las resoluciones no prestan mérito ejecutivo.

6.3. Reiteró que la acción ejecutiva era improcedente, dado que la Unión Temporal
estaba en proceso de reestructuración bajo la Ley 550 de 1999 y el IDU no concurrió
al trámite de restructuración.

6.4. Afirmó que la facultad de declarar la ocurrencia de siniestros está limitada a los
casos en que las normas del estatuto de contratación administrativa la señalan y
ello sólo ocurre para el caso del amparo de cumplimiento de la póliza.

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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

6.5. A su juicio, en este caso concreto no resulta aplicable el interés de que trata el
numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 porque esa norma hace referencia a la
preservación del equilibrio económico del contrato.

6.6. Sostuvo que la póliza no podía hacerse efectiva sin antes liquidar el contrato,
pues solo en esa etapa se determinan de manera cierta las obligaciones pendientes
a cargo de las partes.

6.7. Finalmente, señaló que el tribunal no estudió la excepción denominada “Pago
de lo presuntamente adeudado por parte de Aguilar y Cía. Ltda.” la cual fue
planteada en los alegatos de conclusión.

7. La sociedad Aguilar y Cía. Construcciones interpuso recurso de apelación y
formuló los siguientes reparos concretos:

7.1. Insistió en que el IDU carecía de la facultad para declarar la caducidad del
contrato y de hacer efectiva la garantía de cumplimiento porque para cuando lo hizo
ya había vencido la vigencia del contrato

7.2. Afirmó que pagó en su totalidad la obligación relacionada con el anticipo, por lo
cual el Tribunal no debió ordenar el pago de intereses moratorios.

7.3. Reiteró que fue el propio IDU quien incumplió sus obligaciones contractuales y
que dicho incumplimiento conllevó a que la Unión Temporal se retrasara en la
ejecución del contrato, por lo que la entidad no estaba facultada para reclamar el
incumplimiento de la Unión Temporal.

7.4. Respecto de la caducidad adujo que el CCA no contempla ninguna norma
relacionada con la inoperancia del término de caducidad, por lo que es necesario
aplicar el artículo 90 del CPC que establece que la presentación de la demanda
impide que se produzca la caducidad siempre que el mandamiento de pago se
notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación de tal providencia
al demandante, y que pasado ese término dicho efecto solo se produce desde la
notificación del demandado. Precisó que en el caso concreto la demanda fue
presentada el 11 de febrero de 2003, pero la notificación a la Unión Temporal se
realizó el 13 de julio de 2007, esto es, más de cuatro (4) años después de la
presentación de la demanda, por lo que NO operó la suspensión de la acción
ejecutiva..

F.- Trámite relevante de segunda instancia

8.Por proveído del 27 de septiembre de 2021 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la Unión Temporal Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones-
TNM Limited y la Compañía Mundial de Seguros S.A.

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9. Mediante auto de 5 de abril de 20248 el despacho ponente incorporó al expediente
como pruebas documentales la sentencia del 5 de marzo de 2021 dictada por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en la acción de controversias
contractuales tramitada con el radicado 25000-23-26-000-2001-00066-01 (39249) y
el auto proferido el 4 de junio de 2021 mediante el cual se negaron las solicitudes
de aclaración formuladas respecto de esa providencia.

9.1. En la referida decisión9, el Consejo de Estado declaró la nulidad del numeral 1°
de la Resolución 013 de 2001 por falta de competencia temporal del IDU para
declarar la caducidad del contrato, pero mantuvo la validez de los numerales 2° a
5° que declararon la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y del incorrecto
manejo del anticipo. Señaló que la nulidad de la declaratoria de caducidad del
contrato no afectó las declaratorias de los siniestros de incumplimiento y buen
manejo y correcta inversión del anticipo, porque estos estaban probados y cubiertos
por la póliza, precisó que la Ley 550 de 1999 no impedía esas decisiones y que la
liquidación del contrato no era requisito previo para hacer efectivas las pólizas.

9.2. También se modificaron los valores establecidos en los artículos tercero y quinto
de la Resolución 013 del 11 de enero de 2021, mediante los cuales se hicieron
efectivos los amparos de cumplimiento y buen manejo y correcta inversión del
anticipo, en el sentido de establecer que el valor del amparo de cumplimiento es mil
doscientos cincuenta y siete millones setecientos noventa y cinco mil pesos
($1.257’795.000); mientras que el de buen manejo y correcta inversión del anticipo
equivale a ochocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta mil
cuatrocientos treinta y seis pesos ($853’450.436).

9.3. Adicionalmente, el Consejo de Estado determinó que el IDU adeudaba a la
sociedad contratista la suma de mil setenta y un millones ochocientos ochenta y dos
mil ciento cincuenta y cinco pesos ($1.071’882.155) “por los perjuicios materiales
que le causó la expedición de la Resolución 013 del 11 de enero de 2001, mediante
la cual se declaró la caducidad del contrato”.

10. En los alegatos de conclusión presentados por la parte demandada, solicitó que
se declararan probadas las excepciones de compensación y pago total porque
debían tomarse en cuenta i) el pago efectuado por la contratista al IDU por razón
del anticipo, que quedó demostrado en el proceso ejecutivo; y ii) los valores
adeudados por el IDU a la contratista según la sentencia dictada por el Consejo de
Estado en el proceso de controversias contractuales tramitado con la radicación
25000-23-26-000-2001-00066-01 (39249).

8 Índice 23 Samai.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de marzo de 2021, Rad. 25000-23-26-

000-2001-00066-01 (39249), C.P. José Roberto Sáchica.
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II. CONSIDERACIONES

G.- Decisión a adoptar

12. La Sala modificará la sentencia de primera instancia y declarará la prosperidad
de la excepción de compensación, la cual fue expresamente solicitada por la parte
demandada en los alegatos de conclusión. Como lo señaló el tribunal en la
sentencia de primera instancia, no se resolverán las excepciones referidas la
legalidad de las resoluciones 013 de 2001 y 3781 de 2001 porque i) el proceso
ejecutivo no tiene dicha finalidad, y ii) el Consejo de Estado ya resolvió esa cuestión
en el proceso de controversias contractuales en el cual determinó que los numerales
2° a 5° de la Resolución 013 no eran nulos.

13.Contrario a lo señalado por la parte demandada, la acción ejecutiva fue
promovida dentro del término de caducidad establecido en el artículo 136 del CCA,
a saber, cinco (5) años siguientes a la fecha en que quedaron en firme los actos
administrativos que constituyen el título ejecutivo.

13.1. En el presente caso, las Resoluciones 013 del 11 de enero de 2001 y 3781 del
24 de diciembre de 2001 constituyen el título ejecutivo complejo y quedaron en firme
el 18 de enero de 200210, y el IDU presentó la demanda ejecutiva oportunamente el
7 de febrero de 2003.

13.2. En relación con el reparo concreto según el cual el efecto de la inoperancia de
la caducidad solamente se produce cuando se notifica al demandado en los
términos del artículo 90 del CPC, esta Corporación11 ha precisado que la caducidad
tiene su regulación especial en el artículo 143 del CCA el cual no contempla dicha
exigencia y excluye la aplicación de la citada norma del CPC.

H.- Decisión de los reparos concretos formulados por la parte demandada

14. La Subsección se abstendrá de pronunciarse sobre los reparos concretos
dirigidos a controvertir la legalidad de los actos administrativos que integran el título,
a saber, los relacionados con: i) la legalidad de las resoluciones 013 y 3781 de 2001;
ii) la improcedencia del acción ejecutiva porque el IDU no concurrió al trámite de
restructuración de la sociedad Aguilar y Cía. Ltda. Construcciones; iii) la falta de
competencia del IDU para declarar siniestros diferentes al amparo de cumplimiento;
iv) la improcedencia de hacer efectiva la póliza sin antes liquidar el contrato; v) la
imposibilidad de declarar la caducidad del contrato y de hacer efectivo el amparo de
cumplimiento después de vencido su plazo de ejecución; y vi) la imposibilidad de
que el IDU reclame el incumplimiento por haber dado origen a este. Lo anterior, con
base en los siguientes razonamientos:

10 Cuaderno de pruebas, folio 85.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 31 de enero de 2019, Rad. 25000-23-26-

000-2009-00955-01 (49591), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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14.1. La jurisprudencia de esta Sección12 ha señalado de manera pacífica y clara que
el proceso ejecutivo no es el escenario para analizar la legalidad de las resoluciones
cuyo cobro se pretende, pues este corresponde a la acción de controversias
contractuales.

14.2. Adicionalmente, el estudio de la legalidad de las Resoluciones No. 13 de 2001
y 3781 de 2001 ya fue resuelto por la jurisdicción contencioso administrativa en el
proceso contractual promovido por la Unión Temporal y la sociedad Aguilar y Cía.
Construcciones que se tramitó con la radicación 25000-23-26-000-2001-00066-01
(39249).

14.3. En efecto, en la sentencia del 5 de marzo de 2021 13, el Consejo de Estado
declaró la nulidad del numeral 1° de la Resolución 013 de 2001 por falta de
competencia temporal del IDU para declarar la caducidad del contrato. Sin embargo,
confirmó la validez de los numerales 2° a 5° de la misma resolución, en los cuales
se declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y de manejo indebido
del anticipo, así como la efectividad de los amparos correspondientes en la póliza.

14.4. Esta Corporación explicó que la nulidad de la caducidad no afectaba estas
declaratorias de siniestros, porque el incumplimiento de la Unión Temporal estaba
probado y el riesgo se encontraba efectivamente cubierto por la póliza de garantía.

14.5. Por lo anterior, es claro que esta Corporación se pronunció expresamente sobre
los argumentos relacionados con la legalidad de la resoluciones 013 y 3781 de
2001, y que dicha decisión quedó en firme, por lo que los reparos relacionados con
este tópico no serán analizados en esta providencia.

a) El reparo concreto atinente a que las obligaciones carecen de certeza porque
se está tramitando un proceso de controversias contractuales en el que se
discute la legalidad de la resoluciones que constituyen el título ejecutivo

15. La Subsección advierte que este reparo no está llamado a prosperar porque,
como se indicó en precedencia, el proceso de controversias contractuales en el que
se discutió la validez de los actos administrativos que constituyen el título ejecutivo
en este proceso, tramitado con la radicación 25000-23-26-000-2001-00066-01
(39249), ya culminó con sentencia de segunda instancia que quedó en firme, y se
decidió que los numerales en los que se declararon los siniestros son válidos.

b) Los reparos concretos relacionados con la aplicación de los intereses
moratorios de previstos en la Ley 80

16. La Sala no acogerá los argumentos de las ejecutadas conforme a los siguientes
razonamientos:

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto del 7 de diciembre de 2010, Rad.

08001-23-31-000-2009-00019-02(IJ), C.P. Enrique Gil Botero.
13 Dictada dentro del radicado 25000-23-26-000-2001-00066-01 (39249)

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16.1. Advierte la Subsección que en la demanda el IDU solicitó que se librara
mandamiento de pago por los intereses moratorios determinados en el numeral
octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y que en esos términos el tribunal dictó
la orden ejecutiva.

16.2. Las ejecutadas excepcionaron que el pago de estos intereses era improcedente
porque: i) no están previstos en el título ni en la póliza, y ii) esa tasa de interés solo
es aplicable en relación con la preservación del equilibrio económico del contrato.
Estos argumentos fueron reiterados en la alzada que se interpuso contra la
sentencia de primera instancia.

16.3. En la decisión de primera instancia el a quo concluyó que, como las partes no
pactaron un interés convencional, resulta aplicable el interés establecido en el
numeral octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 por ser la norma que rige el
contrato.

16.4. La Subsección advierte que el reparo concreto no está llamado a prosperar
porque el numeral octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 expresamente
determina que cuando no se pactan intereses moratorios, debe aplicarse la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico adeudado, en los
siguientes términos:

Artículo 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la
consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades
estatales:(…)
Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse
pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés
legal civil sobre el valor histórico actualizado.

16.5. En el caso concreto, las partes no pactaron intereses moratorios, por lo que,
conforme a la jurisprudencia de esta Corporación14, resulta aplicable la tasa prevista
en la norma previamente citada.

c) Los reparos concretos de pago y compensación propuestos por la parte
demandada

17. En los alegatos de conclusión, la parte demandada alegó que las excepciones
de pago total y compensación estaban probadas y debían ser declaradas, con base
en la sentencia dictada por el Consejo de Estado en el proceso de controversias
contractuales que se tramitó con la radicación con la radicación 25000-23-26-000-
2001-00066-01 (39249).

18.Respecto de los rubros que interesan para este proceso ejecutivo, en la
sentencia dictada el 5 de marzo de 2021 el Consejo de Estado tómo las siguientes
decisiones:

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 25000-23-26-000-1997-03663-

01(17214), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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i) Modificó los valores correspondientes a las sumas consignadas en las
resoluciones 013 y 3781 de 2001, las cuales constituyen el título ejecutivo que se
reclama en este proceso, así: a) en relación con el amparo de cumplimiento,
determinó que su valor ascendía a la suma de mil doscientos cincuenta y siete
millones setecientos noventa y cinco mil pesos ($1.257.795.000), y b) respecto del
amparo correspondiente al buen manejo y correcta inversión del anticipo, fijó su
valor en ochocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta mil
cuatrocientos treinta y seis pesos ($853.450.436).

ii) Determinó que el IDU debía pagar a la sociedad contratista la suma de mil
setenta y un millones ochocientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos
($1.071’882.155) “por los perjuicios materiales que le causó la expedición de la
Resolución 013 del 11 de enero de 2001, mediante la cual se declaró la caducidad
del contrato”.

19. Ahora bien, de conformidad con el mandamiento de pago dictado el 5 de marzo
de 2003, las sumas de dinero contenidas en las resoluciones 013 y 3781 de 2001
empezaron a generar los intereses moratorios previstos en el numeral octavo del
artículo 4 de la Ley 80 de 1993 a partir del 18 de enero de 2022. Sin embargo, la
Sala aclara que dichos intereses se deberán calcular sobre los montos reconocidos
por el Consejo de Estado en la sentencia del 5 de marzo de 2021, a saber, mil
doscientos cincuenta y siete millones setecientos noventa y cinco mil pesos
($1.257.795.000) por el amparo de cumplimiento, y ochocientos cincuenta y tres
millones cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos
($853.450.436) por concepto de amparo de buen manejo y correcta inversión del
anticipo.

20. Realizadas las anteriores precisiones, la Subsección estudiará si en el caso
concreto se configura el pago de las obligaciones reclamadas ejecutivamente, y si
hay lugar a aplicar la compensación.

Del pago:

21. En relación con el pago del anticipo, la Sala advierte que esta excepción fue
reconocida por el tribunal en primera instancia, y dicha decisión será confirmada en
la presente providencia.

21.1. En efecto, en el proceso ejecutivo quedó demostrado que la parte demandada
pagó la suma total de novecientos sesenta y nueve millones novecientos tres mil
seiscientos tres pesos ($969.903.603) en favor del IDU, lo cual consta en una
certificación expedida por el contador de la entidad15 que acredita que la sociedad
Aguilar Construcciones pagó cuatro (4) cuotas por concepto del amparo de buen
manejo del anticipo, así:

15 Cuaderno de pruebas, folio 190.

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• El 4 de octubre de 2004 pagó trescientos treinta y nueve millones
cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos sesentaiún pesos $339.466.261.
• El 16 de junio de 2005 pagó ciento ochenta y nueve millones ciento treinta y
un mil doscientos tres pesos ($189.131.203).
• El 21 de diciembre de 2005 pagó doscientos cuarenta y un millones
trescientos seis mil ciento treinta y nueve pesos ($241.306.139).
• El 13 de julio de 2006 pagó doscientos millones de pesos ($200.000.000).

21.2. Es necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la sentencia del Consejo de
Estado referida en el acápite anterior, el valor del amparo de buen manejo del
anticipo es ochocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta mil
cuatrocientos treinta y seis pesos ($853.450.436), y que ese capital ha generado
los intereses moratorios establecidos en el numeral octavo del artículo 4 de la Ley
80 de 1993 desde el 18 de enero de 2002, conforme se decidió en el auto
mandamiento de pago.

21.3. En este punto, la Subsección precisa que el hecho de que el Consejo de Estado
haya modificado las sumas establecidas en las resoluciones 013 y 3781 de 2001
mediante la decisión dictada el 5 de marzo de 2021 no altera la fecha desde la cual
se han causado intereses, a saber, a partir del 18 de enero de 2002, porque esa
determinación judicial fue ordenada en el auto mandamiento de pago y quedó en
firme.

21.4.Ahora bien, a efectos de determinar los intereses moratorios, el artículo
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015 establece:

Artículo 2.2.1.1.2.4.2. De la determinación de los intereses moratorios. Para
determinar el valor histórico actualizado a que se refiere el artículo 4, numeral 8 de
la Ley 80 de 1993, se aplicará a la suma debida por cada año de mora el
incremento del índice de precios al consumidor entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año anterior. En el evento de que no haya transcurrido un año
completo o se trate de fracciones de año, la actualización se hará en proporción a
los días transcurridos.

21.5. Así las cosas, es necesario realizar la imputación del pago de los novecientos
sesenta y nueve millones novecientos tres mil seiscientos tres pesos
($969.903.603) realizado por el contratista por concepto de amparo de buen manejo
y correcta inversión del anticipo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1653
del Código Civil, que preceptúa:

Articulo 1653. Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente
a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al
capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se
presumen éstos pagados.

21.6. Por lo anterior, se debe: i) indexar el capital adeudado y calcular los intereses
generados por dicho capital para cada una de las fechas en las que se realizaron
abonos; ii) imputar cada una de las cuotas pagadas por el contratista a los intereses

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causados hasta el momento en que realizó el pago de cada cuota; y iii) en caso de
que la cuota pagada exceda el monto adeudado por concepto de intereses, imputar
dicho saldo al capital adeudado, así:

Índice Índice Tasa
Capital Indexación Desde Hasta Días Total intereses
inicial final Interés
46,95 49,83 $853.450.436,00 $905.802.667,22 18/01/02 31/12/02 347 0,12 $98.715.767,10

50,42 53,07 $905.802.667,22 $953.410.304,43 1/01/03 31/12/03 360 0,12 $108.696.320,07

53,54 55,66 $953.410.304,43 $991.162.075,91 1/01/04 3/10/04 276 0,12 $87.713.748,01

55,66 55,99 $946.821.650,09 $952.435.217,18 4/10/04 31/12/04 88 0,12 $27.773.435,07

56,45 58,18 $952.435.217,18 $981.624.108,69 1/01/05 15/06/05 165 0,12 $52.383.936,94

58,18 58,7 $872.650.277,70 $880.449.833,30 16/06/05 20/12/05 187 0,12 $54.395.200,64

58,7 58,7 $693.538.894,94 $693.538.894,94 21/12/05 31/12/05 10 0,12 $2.311.796,32

58,7 60,73 $693.538.894,94 $717.523.289,43 1/01/06 12/07/06 360 0,12 $83.224.667,39

21.6.1. Para el 4 de octubre de 2004, fecha en que el contratista pagó una cuota de
trecientos treinta y nueve millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos
sesenta y un pesos ($339.466.261), adeudaba novecientos noventa y un millones
ciento sesenta y dos mil setenta y cinco pesos con noventa y un centavos
($991.162.075,91) por capital y doscientos noventa y cinco millones ciento
veinticinco mil ochocientos treinta y cinco pesos con dieciocho centavos
($295.125.835,18) por intereses. Así las cosas, dicho pago cubrió la totalidad de
los intereses causados hasta ese momento, y el excedente de cuarenta y cuatro
millones trescientos cuarenta mil cuatrocientos veinticinco pesos con ochenta y dos
centavos ($44.340.425,82) se debe imputar al capital adeudado hasta el momento,
lo cual da un total de novecientos cuarenta y seis millones ochocientos veintiún mil
seiscientos cincuenta pesos ($946.821.650) por concepto de capital.

21.6.2. El 16 de junio de 2005, cuando el contratista pagó la segunda cuota de ciento
ochenta y nueve millones ciento treinta y un mil doscientos tres pesos
($189.131.203), adeudaba novecientos ochenta y un millones seiscientos
veinticuatro mil ciento ocho pesos con sesenta y nueve centavos ($981.624.108,69)
por capital y ochenta millones ciento cincuenta y siete mil trescientos setenta y un
pesos con noventa y cuatro centavos ($80.157.371,94) por intereses. Por lo
anterior, el pago cubrió la totalidad de los intereses, y el excedente de ciento ocho
millones novecientos setenta y tres mil ochocientos treinta y un pesos
($108.973.831) se imputa al capital, lo cual arroja un valor total de capital
equivalente a ochocientos setenta y dos millones seiscientos cincuenta mil
doscientos setenta y siete pesos con setenta centavos ($872.650.277,70).

21.6.3. Para el 21 de diciembre de 2005, fecha en que el contratista pagó una cuota
de doscientos cuarenta y un millones trescoentos seis mil ciento treinta y nueve
pesos ($241.306.139), adeudaba ochocientos ochenta millones cuatrocienos
cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y tres pesos con treinta centavos
($880.449.833,30) por capital y cincuenta y cuatro millones trescientos noventa y
cinco mil doscientos pesos con sesenta y cuatro centavos ($54.395.200,64) por
intereses, por lo que dicho pago cubrió la totalidad de los intereses causados hasta
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ese momento, y el excedente de ciento ochenta y seis millones novecientos diez
mil novecientos treinta y ocho pesos con treinta y seis centavos ($186.910.938,36)
se debe imputar al capital adeudado hasta el momento, lo cual da un total de
seiscientos noventa y tres millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos
noventa y cuatro pesos con noventa y cuatro centavos ($693.538.894,94) por
concepto de capital.

21.6.4.El 13 de julio de 2006, cuando el contratista pagó la cuarta cuota de
doscientos millones de pesos ($200.000.000), adeudaba setecientos diecisiete
millones quinientos veintitrés mil doscientos ochenta y nueve pesos con cuarenta y
tres centavos ($717.523.289,43) por capital y ochenta y cinco millones quinientos
treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con setenta y un centavos
($85.536.463,71) por intereses. Así las cosas, el pago cubrió la totalidad de los
intereses, y el excedente de ciento catorce millones cuatrocientos sesenta y tres
mil quinientos treinta y seis pesos con veitinueve centavos ($114.463.536,29) se
imputa al capital, lo cual arroja un valor total adeudado por concepto de capital
equivalente a seiscientos tres millones cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta
y tres pesos con catorce centavos ($603.059.753,14) para el 13 de julio de 2006.

21.6.5. Conforme a lo anterior, la Subsección concluye que, en relación con el
amparo de correcto manejo del anticipo, debe continuarse la ejecución por la suma
que se obtenga de indexar el saldo de seiscientos tres millones cincuenta y nueve
mil setecientos cincuenta y tres pesos con catorce centavos ($603.059.753,14)
desde el 13 de julio de 2006, más los intereses moratorios causados desde esa
fecha de acuerdo con el numeral octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.

De la compensación:

22. Tal y como se precisó anteriormente, en los alegatos de conclusión la ejecutada
solicitó la compensación de la suma de mil setenta y un millones ochocientos
ochenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos ($1.071’882.155) la cual, de
acuerdo con la sentencia proferida por el Consejo de Estado en el proceso de
controversias contractuales, el IDU le adeuda.

23. Preliminarmente, la Subsección aclara que, a pesar de que la compensación no
fue alegada como una excepción propiamente dicha en el momento procesal
oportuno, el artículo 305 del CPC permite que en la sentencia se tengan en cuenta
los hechos modificativos del derecho sustancial sobre los que versa el litigio
ocurridos con posterioridad a la presentación de la demanda, siempre que se
encuentren probados y sean alegados por la parte interesada, a más tardar, en los
alegatos de conclusión. Por lo anterior, resulta viable analizar la procedencia de la
compensación.

24. La Subsección encuentra que en el caso concreto se cumplen los requisitos de
la compensación previstos en los artículos 1714 a 1716 del Código Civil, los cuales
establecen:

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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Articulo 1714. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre
ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que
van a explicarse.

Articulo 1715. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin
conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente
hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúnen las
calidades siguientes:
1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual
género y calidad.
2.) Que ambas deudas sean líquidas; y
3.) Que ambas sean actualmente exigibles.
Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación; pero esta disposición
no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor.

Articulo 1716. Para que haya lugar a la compensación es preciso que las dos
partes sean recíprocamente deudoras.(…).

En efecto:

24.1.El IDU y Aguilar y Cía Ltda. Construcciones son deudores y acreedores
recíprocos.

24.2. Ambas deudas son de carácter dinerario.

24.3. Las deudas son líquidas, pues su cuantía está determinada o es determinable
mediante las operaciones aritméticas relativas a la indexación y a la estimación de
los intereses causados.

24.4. Ambas deudas son actualmente exigibles, pues las resoluciones que contienen
la obligación reclamada por el IDU se encuentran en firme a partir del 18 de enero
de 2002; mientras que la sentencia del Consejo de Estado que contiene la
obligación dineraria reclamada por la ejecutada también se encuentra debidamente
ejecutoriada16, y ya transcurrió el término de dieciocho (18) meses previsto en el
artículo 177 del CCA para efectos de que la condena se pueda reclamar
ejecutivamente.

25. Por lo anterior, se declarará la prosperidad de la excepción de compensación
respecto de la suma de mil setenta y un millones ochocientos ochenta y dos mil
ciento cincuenta y cinco pesos ($1.071’882.155) que el IDU adeuda a la sociedad
Aguilar y Cía Ltda. Construcciones.

I.- Conclusión

26. De acuerdo con los argumentos expuestos en precedencia, la Sala declarará la
prosperidad de las excepciones de pago parcial y compensación, y ordenará seguir
adelante la ejecución por:

16 En efecto, el auto que negó la solicitud de aclaración de la sentencia de segunda instancia fue notificado por

estado el 13 de julio de 2021.
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

26.1. La suma que se obtenga de indexar el saldo de seiscientos tres millones
cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos con catorce centavos
($603.059.753,14) desde el 13 de julio de 2006, más los intereses moratorios
causados desde esa fecha de acuerdo con el numeral octavo del artículo 4 de la
Ley 80 de 1993, por concepto del saldo del amparo de buen manejo del anticipo.

26.2. La suma de mil doscientos cincuenta y siete millones setecientos noventa y
cinco mil pesos ($1.257.795.000) debidamente indexada, más los intereses que
dicho monto haya generado en concordandia con lo establecido en el numeral
octavo del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, a partir del 18 de enero de 2002, por
concepto del amparo de cumplimiento.

27. A los anteriores montos deberá deducirse la suma de mil setenta y un millones
ochocientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos ($1.071’882.155) que
el IDU adeuda a la sociedad Aguilar y Cía Ltda. Construcciones, a título de
compensación, con los correspondientes intereses causados de acuerdo con lo
establecido en el artículo 177 del CCA, si a ello hubiere lugar.

J.- Condena en costas

28. El artículo 171 del CCA preceptúa que “en todos los procesos, con excepción de
las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las
partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso,
en los términos del Código de Procedimiento Civil”. Como la Sala no advirtió mala
fe de las partes, se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA la excepción de compensación en los
términos indicados en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFÍCANSE los ordinales cuarto y quinto de la sentencia de primera
instancia dictada el 15 de julio de 2020 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedarán así:

CUARTO: ordenar seguir adelante la ejecución a favor del Instituto de Desarrollo
Urbano-IDU y en contra de la Sociedad Aguilar y CIA LTDA Construcciones en
Restructuración y Compañía Mundial de Seguros S.A., conforme al mandamiento
de pago de fecha 5 de marzo de 2003, teniendo en cuenta las excepciones
probadas en este proceso, es decir, se deberá tener en cuenta el pago por
concepto de anticipo del contrato No. 804 de 1999 por valor de NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS
TRES pesos moneda legal colombiana ($969.903.603.) frente al cual se deberán
calcular los intereses de mora desde el 18 de enero de 2002 , y teniendo en cuenta
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cada uno de los abonos realizados hasta el último pago realizado el 13 de julio de
2006, y la compensación de la suma de MIL SETENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
($1.071’882.155) que el Instituto de Desarrollo Urbano adeuda a la mencionada
sociedad.

QUINTO: liquidar el crédito en la forma indicada en el artículo 521 del C.P.C.
modificado por el artículo 32 de la Ley 1395 de 2010, teniendo en cuenta las
excecpciones que se probaron en este proceso.

TECERO: CONFÍRMASE en todo lo demás la sentencia del 15 de julio de 2020
dictada por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

CUARTO: ABSTIÉNESE de imponer condena en costas en esta instancia.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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