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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2003-02409-01

Acción de repetición

Fecha
9 de julio de 2021
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2003-02409-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2003-02409-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPETICIÓN – Niega

ACCIÓN DE REPETICIÓN / SENTENCIA CONDENATORIA – Por adjudicación irregular de contrato de suministro / ELEMENTO OBJETIVO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – No se debe exigir manifestación expresa del beneficiario de la indemnización para dar por probado el pago / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – Acreditación del pago con certificado expedido por el tesorero de la entidad / ACCIÓN DE REPETICIÓN – Acreditación de los elementos subjetivos de la culpa grave o el dolo / CULPA GRAVE – Acreditación de la conducta gravemente culposa / SENTENCIA CONDENATORIA – No puede tenerse en cuenta para acreditar la conducta del demandado en acción de repetición porque no le es oponible al demandado comoquiera que no fue vinculado a ese proceso / CULPA GRAVE – No probada

SÍNTESIS DEL CASO: Se demandó en acción de repetición a la junta directiva del Fondatt y a un empleado público del distrito quienes, con sus actuaciones, adjudicaron irregularmente una licitación de un contrato de suministro. La empresa perjudicada con la adjudicación interpuso demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto de adjudicación y el contrato. El juez accedió a las pretensiones, y condenó al Fondatt.

CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN /

La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente. En este asunto, el pago se realizó el 19 de septiembre de 2002, antes de los 18 meses desde la ejecutoria de la Sentencia que corrieron hasta el 9 de enero de 2003. En consecuencia, los 2 años se deben contar a partir del pago hasta el 20 de septiembre de 2004. Dado que la demanda se interpuso el 25 de noviembre de 2003, se radicó dentro del término.

ACCIÓN DE REPETICIÓN – Determinación del régimen jurídico aplicable / ACCIÓN DE REPETICIÓN – Improcedencia de la presunción de dolo o culpa grave

Por otra parte, como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso no se aplicarán las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con anterioridad a su vigencia.

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001

ELEMENTO OBJETIVO / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – No se debe exigir manifestación expresa del beneficiario de la indemnización para dar por probado el pago / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN – Acreditación del pago con certificado expedido por el tesorero de la entidad

Frente al pago la Sala concluye que el requisito exigido por el a quo, relativo a la necesidad de manifestación expresa del beneficiario de la indemnización para dar por probado el pago, carece de fundamento legal. En el expediente reposa, la certificación del tesorero según el cual el 19 de septiembre de 2002, con cheque No. 51236 del Banco de Occidente, se dio cumplimiento a la Sentencia condenatoria de 22 de junio de 2001, demandante Pintuco S.A. por la suma de $ 38.563.030. De igual forma, en virtud de la prueba de oficio, se allegó el Memorando SDM-SF 251477 de 19 de noviembre de 2019, suscrito por el subdirector financiero de la Secretaría de Movilidad, en el que remitió copia del extracto de la Cuenta Corriente No. 25302074-7 del Fondatt en el que se registró: “Día 02, Cheque pagado canje, 51236, $ 38.563.030” y agregó: “el registro anterior corresponde al número de cheque y valor del pago realizado a PINTUCO S.A.”. En consecuencia, pese a que no reposaba prueba que acreditara que Pintuco S.A. recibió el dinero, lo cierto es que, con los documentos aportados, –que son documentos públicos con presunción de autenticidad– es posible probar el pago.

ELEMENTO OBJETIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Se debe acreditar la calidad de agente estatal del demandado / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – No acreditada la calidad de gente estatal de todos los demandados

Respecto de la calidad de agente, se observa que la repetición se dirigió en contra de 8 demandados, quienes, a juicio del Fondatt, adoptaron la decisión de descalificar a la firma Pintuco S.A. y adjudicar irregularmente el contrato a la Fira Sevial Ltda. Pasa la Sala a revisar si se probó la calidad de agentes de los demandados. No se probó la calidad de agentes del Estado de 3 de los demandados; Jaime Bogotá Marín, Guillermo Solórzano y Francisco Vargas Arango. De acuerdo con los hechos, los 3 eran representantes del Concejo de Bogotá en la junta directiva del Fondatt, sin que se haya probado tal calidad. Incluso se pidió oficiar a esa Corporación y a la Registraduría para lograr su identificación, petición que no fue atendida por el magistrado sustanciador. El único documento que hace alusión a que tenían un vínculo con el Concejo de Bogotá –sin determinar cuál- es el Acta No. 21 de 3 de diciembre de 1991. Además aunque, previa presentación de la demanda, el Fondatt ofició al Concejo para que le informara sobre las 3 personas, la Secretaria General de esa Corporación respondió que, con los datos, no se había podido ubicarlos. A pesar de ello, remitió un acta en donde se “los mencionaba”. Revisado el documento, se trata del Acta de 9 de agosto de 1990, de una comisión pública del Concejo de Bogotá. De ese documento no es posible determinar esa calidad porque, además de estar incompleta, sin que se logre comprender el contexto y sin si quiera contar con la hoja de firmas, no se especificó su vinculación o el cargo. Ello sin contar que su fin no era dar constancia del tipo de vinculación de los demandados sino levantar un registro de una reunión. Se probó la calidad de agente de Germán Olano Becerra, Edgar Sánchez Gaitán, Diego Pérez Ossa, Jaime Gómez Díaz y Jorge Augusto Gómez Ricardo.

ACCIÓN DE REPETICIÓN – Acreditación de los elementos subjetivos de la culpa grave o el dolo / CULPA GRAVE – Acreditación de la conducta gravemente culposa / CULPA GRAVE – No probada

Acreditada la condena, el pago y la calidad de agentes de los aludidos funcionarios se pasa a revisar si se acreditó una conducta gravemente culposa como se alegó en la demanda. Para ello se estudiará, en primer lugar, la conducta de Germán Olano Becerra, Edgar Sánchez Gaitán, Diego Pérez Ossa, miembros de la junta directiva del Fondatt, en segundo lugar, de Jorge Augusto Gómez Ricardo secretario de la junta directiva del Fodatt y en tercer lugar, de Jaime Gómez Díaz jefe de división semaforización, señalización y demarcación, que suscribió un concepto según el cual la pintura de Pintuco S.A. no tenía un tiempo de secado adecuado que, según la demandante, influyó en la decisión de la junta directiva. […] Con las pruebas aportadas, no se logra probar la culpa grave de los demandados que pertenecieron a la junta directiva en adjudicar a la empresa Sevial Ltda. la licitación No. 15-91 porque no se acreditó, en este proceso, que Pintuco S.A. tenía un mejor derecho que Sevial Ltda. dado que no se allegó ni el pliego, ni su propuesta, ni la evaluación de los proponentes. Luego, no puede concluirse que los demandados actuaron con absoluta negligencia y desapego de los mandatos legales, especialmente, de lo previsto en el Decreto Ley 222 de 1983 y el Código Fiscal del Bogotá vigentes para la época.

SENTENCIA CONDENATORIA – No puede tenerse en cuenta para acreditar la conducta del demandado en acción de repetición porque no le es oponible al demandado comoquiera que no fue vinculado a ese proceso / CULPA GRAVE – No acreditada

En primer lugar, debe indicarse que las Sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al Fondatt no pueden ser tenidas en cuenta para resolver este asunto porque no les son oponibles a los demandaos comoquiera que ellos no fueron vinculados a ese proceso y, porque, en todo caso, el juez de la repetición no se encuentra condicionado por el contenido de la sentencia que condenó al Estado. Además, esas decisiones se basaron en documentos con los que la Sala no cuenta, como el pliego de condiciones de la Licitación No. 15 de 1991, la propuesta allegada por Pintuco S.A. y la evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas participantes. En ese orden, la Sala concluye que no se puede valorar su contenido máxime cuando se deriva de pruebas que no fueron allegadas a este expediente. En segundo lugar, del Acta No. 21 de 3 de diciembre de 1991 y la certificación de 10 de diciembre de 1991, no se puede establecer una conducta gravemente culposa. Si bien, ahí se anotó que la junta directiva unánimemente inhabilitó a la empresa Pintuco y adjudicó la licitación a Sevial Ltda, en ella no se registró la evaluación de los proponentes que mostrara su calificación y permitiera concluir que la selección no respondía a criterios objetivos. […] [D]espués de valorar las propuestas, la junta directiva del Fondatt adjudicó la licitación a Sevial Ltda. Para la Sala, el contenido del acta y de la certificación no deja al descubierto que se haya elegido, contra su deber legal, a la empresa menos favorable o a la que no hubiera cumplido con las condiciones del pliego. Distinto sería si en el Acta se hubiera dejado constancia de la calificación de las propuestas, de tal suerte que se hubiera podido verificar la adjudicación de la licitación a una propuesta con deficiencias técnicas, financieras o jurídicas. Sin embargo, incluso, en el Acta se señaló que, aparte de la empresa Edificar, las demás sí cumplían “jurídicamente con los requisitos”. Luego, con los aludidos documentos no resulta posible concluir que los demandados conocían que la oferta de Pintuco era más favorable que la de Sevial y que, pese a ello, le adjudicaron a esta última la licitación contrariando el ordenamiento jurídico. En tercer lugar, las demás pruebas no dan cuenta de la actuación de la junta directiva. La Resolución No. 159 de 1989 se limita a señalar la competencia de este cuerpo colegiado para definir la adjudicación, la Resolución No. 385 de 9 de diciembre de 1991, suscrita por Germán Olano y Jorge Gómez Ricardo, a través de la cual se adjudicó la licitación, adopta la decisión tomada por la junta directiva y, finalmente, el Concepto técnico de la Licitación No. 15-91, no involucra una decisión de la junta directiva sino del señor Jaime Gómez Díaz, jefe de división de señalización, semaforización y demarcación. En cuarto lugar, aunque la parte demandante pidió el traslado del expediente No. 92-D-7865 instaurado por la compañía Pintuco S.A. en contra del Fondatt, mediante Auto de 18 de septiembre de 2012 , se negó la prueba por considerar que las Sentencias ya reposaban en el expediente, sin que la parte actora hubiera recurrido. En consecuencia, con las pruebas obrantes, no se puede concluir que los señores Germán Olano Becerra, Edgar Sánchez Gaitán y Diego Pérez Ossa miembros de la junta directiva del Fondatt obraron con culpa grave al adjudicar la licitación a Sevial Ltda. […] Finalmente, con las pruebas aportadas, no se logra probar la culpa grave del demandado Jaime Gómez Díaz, jefe de división semaforización, señalización y demarcación, que suscribió un concepto según el cual la pintura de Pintuco S.A. no tenía un tiempo de secado adecuado por dos razones.

Porque él no adoptó la decisión de adjudicar la licitación a Sevial Ltda. […] Por lo expuesto, al no encontrar probada la culpa grave de ninguno de los demandados, se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones y que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en primera instancia.

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia / TEMERIDAD – Definición / MALA FE – Definición

La Sala se abstendrá de condenar en costas debido a que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de la entidad demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El artículo 74 del CPC, establece en su numeral primero que ha existido temeridad o mala fe cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad. En la demanda de repetición, la entidad actora solicitó el traslado del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento que, consideraba, podía demostrar el dolo o la culpa grave en la conducta del demandado, y su calidad de agente. Al final, la entidad no cumplió con la carga de la prueba respecto de este supuesto porque no se cercioró de que las piezas procesales fueran efectivamente trasladadas durante el periodo probatorio y convalidó el auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Para la Sala, si bien esta circunstancia significó el incumplimiento de una carga probatoria, no implica que la demanda haya sido temeraria, debido a la entidad demandante podía considerar razonablemente que contaría con elementos de convicción para fundamentar las pretensiones.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 74

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., nueve (9) julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2003-02409-01(48454)

Actor: FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL FONDATT

Demandado: GERMÁN OLANO BECERRA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN –DECRETO 1 DE 1984-

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –No se aplican presunciones de Ley 678 de 2001 – no se acredito culpa grave o dolo – análisis de junta directiva – adjudicación de licitación

Síntesis del caso: se demandó en acción de repetición a la junta directiva del Fondatt y a un empleado público del distrito quienes, con sus actuaciones, adjudicaron irregularmente una licitación de un contrato de suministro. La empresa perjudicada con la adjudicación interpuso demanda de nulidad y restablecimiento contra el acto de adjudicación y el contrato. El juez accedió a las pretensiones, y condenó al Fondatt.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, contra la Sentencia de 20 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

Posición de la parte demandante

El 25 de noviembre de 2003, el apoderado del Fondo de Educación y Seguridad Vial Fodatt interpuso acción de repetición contra los señores Germán Alonso Olano Becerra, Jaime Bogotá Marín, Guillermo Solórzano Laverde, Francisco Vargas Arango, Edgar Sánchez Gaitán, Diego Gerardo Pérez Ossa, Jaime Gómez Díaz, Jorge Augusto Gómez Ricardo. Fueron sus pretensiones (se trascribe):

“PRIMERA: DECLARAR responsables a título de dolo o culpa grave en su actuar a los Doctores JAIME BOGOTA MARIN, EDGAR SÁNCHEZ GAITAN, JAIME GÓMEZ DIAZ, DIEGO PÉREZ OSSA, GUILLERMO SOLÓRZANO LAVERDE, FRANCISCO VARGAS ARANGO, JORGE AUGUSTO GÓMEZ RICARDO Y GERMAN OLANO BECERRA, de los perjuicios ocasionados al FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL –FONDATT- de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. derivado de la condena pagada a la COMPAÑÍA PINTUCO S.A, contenida en fallo de segunda instancia proferido el 22 de junio de 2001, por la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Tercera- del Consejo de Estado, en el cual se estableció el irregular comportamiento de la Junta Directiva del FONDATT, al rechazar la propuesta de PINTUCO S.A. y adjudicar la Licitación 15 de 1991, a la firma SEVIAL LTDA.

SEGUNDA: CONDENAR a los señores JAIME BOGOTA MARIN, EDGAR SÁNCHEZ GAITAN, JAIME GÓMEZ DIAZ, DIEGO PÉREZ OSSA, GUILLERMO SOLÓRZANO LAVERDE, FRANCISCO VARGAS ARANGO, JORGE AUGUSTO GÓMEZ RICARDO Y GERMAN OLANO BECERRA, al pago de TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS ($ 38.563.030)MCTE, suma que fue cancelada por el FONDATT, a la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo judicial condenatorio del Consejo de Estado.

TERCERA: CONDENAR, a los demandados JAIME BOGOTA MARIN, EDGAR SÁNCHEZ GAITAN, JAIME GÓMEZ DIAZ, DIEGO PÉREZ OSSA, GUILLERMO SOLÓRZANO LAVERDE, FRANCISCO VARGAS ARANGO, JORGE AUGUSTO GÓMEZ RICARDO Y GERMAN OLANO BECERRA, al pago de intereses comerciales a favor del FONDATT, a partir del pago de la sentencia a la COMPAÑIA PINTUCO, hasta la fecha en que se ponga fin al presente proceso.

CUARTA: ACTUALIZAR el monto de la condena impuesta a los demandados, desde el momento en que el FONDATT hizo el desembolso de los TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS ($38.563.030).MCTE, para cumplir la sentencia judicial, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin a este proceso, en aplicación de lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO: Que la sentencia con la cual concluya el presente proceso, reúna los requisitos exigidos por los artículos 68 del Código Contencioso Administrativo y 488 del Código de Procedimiento Civil, donde conste una obligación c\ara expresa y exigible.

QUINTO: Que se me reconozca personería para actuar como apoderado del FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL -FONDATT- de la Secretaría de Tránsito Y Transporte de Bogotá. D. C.

SEXTA: Que se decreten las medidas cautelares que solicitaré en un escrito separado.

SÉPTIMA: Condenar en costas a los demandados.”

Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

1) El Fondo de Educación y Seguridad Vial –en adelante Fondatt-, el 28 de junio de 1991, abrió la Licitación Pública No. 15, cuyo objeto era el suministro de 12.000 galones de pintura blanca y 1.500 galones de pintura amarilla; el 18 de noviembre de ese año, se cerró la licitación y se verificó que presentaron 4 ofertas –de las compañías Edificar, Compañía Pintuco S.A., Electrograrantía y Sevial Ltda-.

2) Mediante Acta No. 21, suscrita por Jaime Bogotá Marín (Presidente Delegado de la junta directiva del Fondatt) y Jorge Gómez Ricardo (secretario del Fondatt), en representación de la junta directiva de esa entidad, se dispuso descalificar a la firma Pintuco S.A. por razones de calidad y adjudicar la licitación a la compañía Sevial LTDA.

3) Quienes adoptaron la decisión fueron:

1. German Olano Becerra (Director ejecutivo del Fondatt – miembro junta directiva)
2. Jaime Bogotá Marín (Representante Concejo de Bogotá – miembro junta directiva)
3. Guillermo Solórzano Laverde y 4. Francisco Vargas Arango (Suplentes del Concejo de Bogotá – miembros junta directiva),
5. Edgar Sánchez (Delegado del Secretario de Obras Públicas – miembro junta directiva),
6. Diego Pérez Ossa (Delegado del Secretario de Salud – miembro junta directiva),
7. Jaime Gómez Díaz (Jefe de división señalización, semaforización y demarcación de la Secretaría de tránsito y transporte de Bogotá),
8. Jorge Augusto Gómez Ricardo (Secretario junta directiva),

4) Mediante la Resolución 385 de 9 de diciembre de 1991, el Director Ejecutivo del Fondatt, señor German Olano Becerra, ratificó la adjudicación de la Licitación No. 15 de 1991 a la firma Sevial Ltda. Posteriormente suscribió el contrato No. 117 de 1991 con la firma Sevial Ltda.

5)La firma Pintuco S.A., inconforme con la decisión de la junta directiva del Fondatt, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declarara la nulidad del acto de adjudicación y se restableciera su derecho como legítimo ganador de la licitación.

6) A través de Sentencia de 2 de octubre de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por la Sentencia de 22 de junio de 2001, proferida por el Consejo de Estado, se declaró la nulidad de la Resolución No. 385 de 9 de diciembre de 1991 y, se ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el pago de una indemnización a favor de Pintuco S.A., por el valor de $ 37.626.204. En la Sentencia se indicó que la adjudicación obedeció a comentarios y circunstancias ajenas a los estudios técnicos y jurídicos y fue producto de “impresiones personales de los miembros de la Junta Directiva”.

7) La Directora Ejecutiva del Fondatt, a través de la Resolución No. 431 de 9 de octubre de 2002, ordenó dar cumplimiento a la sentencia. Con orden de pago No. 16847 de 19 de septiembre de 2002, se pagó a Pintuco S.A. la suma de $ 38.563.030.

A juicio de la parte demandante, el señor Olano Becerra, en su condición de Director Ejecutivo del Fondatt, participó en 3 actuaciones determinantes para la condena. a) Suscribió la Resolución 385 que adjudicó la licitación, b) Coadyuvó a la aprobación colegiada de rechazar la propuesta de Pintuco S.A. y adjudicar el contrato a SEVIAL Ltda. c) Suscribió el contrato No. 117 de 1991 con SEVIAL Ltda. Agregó que las “las decisiones administrativas en que participó el mencionado funcionario estaban revestidas de irregularidades que llevaron a las decisiones jurisdiccionales adversas para el Fondatt, en tal sentido se puede calificar su conducta como gravemente culposa (…)”.

El Señor Gómez Ricardo, en su condición de secretario de la junta directiva, actuó con culpa grave porque tuvo pleno conocimiento de los términos en que se desarrolló la licitación y, por supuesto, de la ilegalidad de la misma. Agregó que “El hecho de refrendar con su firma el acto administrativo declarado ilegal por la justicia contenciosa, permite colegir que este funcionario actuó con culpa grave”

Respecto de “los otros miembros de la junta directiva del Fondatt” Adujo que Jaime Bogotá Marín, Guillermo Solórzano Laverde, Francisco Vargas Arango, Edgar Sánchez Gaitán y Diego Pérez Ossa decidieron de manera unánime rechazar la propuesta de la Compañía Pintuco S.A. decisión que fue contraria a derecho y que atentó contra los principios de objetividad y transparencia que rigen en la contratación estatal, “por lo que se puede concluir que su actuación se hizo a título de culpa grave”

Finalmente, el señor Gómez Díaz, en su condición de Jefe de división señalización, semaforización y demarcación de la Secretaría de tránsito y transporte de Bogotá, allegó al proceso contractual el concepto técnico No. DSSD-3563 en el cual registró respecto de la oferta de la pintura ofrecida por Pintuco S.A. “… pero su tiempo de secado no es el adecuado (25 minutos)”, observación que llevó a que los miembros de la junta directiva a que consideraran “contraproducente” aceptar el producto de Pintuco S.A.

Dado que la Secretaria General del Concejo de Bogotá informó que los señores Jaime Bogotá Marín, Guillermo Solórzano Laverde y Francisco Vargas Arturo no aparecieron registrados como funcionarios y/o contratistas de esa corporación ni del Distrito de Bogotá, el demandante le pidió al juez que se oficie al Concejo de Bogotá y a la Registraduría para que informe los datos de los aludidos señores.

Posición de la parte demandada

Germán Alonso Olano, Jaime Bogotá Marín, Guillermo Solórzano Laverde, Francisco Vargas Arango, Diego Gerardo Pérez Ossa fueron emplazados y no comparecieron. En consecuencia, se les nombró curadores ad litem, quienes contestaron la demanda y, en síntesis, indicaron que se atenían a lo que se probara y decidiera en el proceso.

Jaime Gómez Díaz, Jorge Gómez Ricardo, y Edgar Sánchez se notificaron personalmente. El primero se abstuvo de contestar. El segundo alegó que en su actuación no existió culpa grave porque no fue quien profirió la decisión, ni votó o intervino para que se adoptara. Adujo que, en su condición de secretario de la junta directiva del Fondatt, se limitó a cumplir una función “secretarial”. Agregó que su cargo carecía de voto y se enmarcaba en refrendar o certificar la autenticidad y veracidad de las actas. Propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la conducta gravemente culposa y falta de legitimación pasiva en la causa. El tercero, aunque contestó, el magistrado sustanciador, mediante Auto de 18 de septiembre de 2012, resolvió no tener en cuenta esa actuación dado que la misma no reposaba en el expediente y, pese a las diligencias para lograr su reconstrucción, no se pudo incorporar.

Trámite relevante de primera instancia

La demanda se presentó el 25 de noviembre de 2003 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera. El 5 de febrero de 2004 se negó la petición de oficiar para obtener información de 3 demandados y el 20 de mayo de 2004 se admitió contra todos los demandados. En agosto de 2006, en virtud de la entrada en funcionamiento de los Juzgados Administrativos, se remitió el asunto. El 8 de septiembre de 2006, el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá (Sección Segunda) declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de la Sección Tercera. El 20 de febrero de 2007, el Juzgado 32 Administrativo de Bogotá (Sección Tercera) avocó conocimiento y abrió el proceso a pruebas. El 17 de marzo de 2009 corrió traslado para alegar de conclusión. El 7 de julio de 2009 expuso que el Cuaderno No. 4 con 73 folios no reposaba. En consecuencia, se adelantaron varias diligencias para reconstruir el expediente. Dado que todas fracasaron porque no se pudo obtener los documentos perdidos, mediante Auto de 18 de enero de 2011, se ordenó continuar el trámite e ingresar el asunto para proferir fallo. El 5 de julio de 2011 se profirió el fallo el cual fue apelado.

Con Auto de 21 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, declaró la nulidad de lo actuado por considerar que el competente funcional para resolver el asunto era esa Corporación. Previa fijación en lista, apertura de pruebas y traslado para alegar de conclusión, se profirió el fallo de primera instancia el 20 de junio de 2013.

Sentencia de primera instancia

En Sentencia de 20 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B se negaron las pretensiones de la demanda porque no se probó el pago. Se concluyó que no obraba certificación proveniente de la Sociedad Pintuco S.A. que acreditara que recibió el dinero pagado por el Fondatt. Agregó que únicamente reposaba la certificación de la tesorería, según la cual, se hizo una consignación mediante Cheque No. 51236 del Banco de occidente, en cumplimiento de la Sentencia condenatoria. Sin embargo, no reposa la constancia del banco en la que se indicara que el valor de la condena se consignó en una cuenta cuyo titular hubiera sido Pintuco S.A.

En la Sentencia se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares dispuestas por Auto de 20 de enero de 2004, modificado por Auto de 6 de octubre de 2005.

1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

La parte demandante apeló el fallo de primera instancia. Aseguró que el pago estaba acreditado porque se allegó la certificación de la tesorería del Fondatt en la que se registró el pago de $ 38.563.030 con ocasión de la Sentencia proferida el 22 de junio de 2001 por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Respecto de la conducta de los demandados señaló que el comportamiento de los miembros de la junta directiva del Fondatt refleja que violaron la ley y los principios de orden Constitucional, porque, de manera irregular, descalificaron a la empresa Pintuco S.A. y le adjudicaron el contrato de Sevial Ltda. En los alegatos de conclusión insistió en que el pago estaba demostrado con la certificación de la tesorería.

Uno de los demandados, esto es, Jorge Augusto Gómez Ricardo presentó alegatos de conclusión en esta instancia. Insistió en los argumentos de la contestación. Que no tenía poder de voto y, en consecuencia, no adoptó la decisión que causó la condena del Fondatt. Su función, como secretario, se limitaba a autenticar las actas que recogían lo sucedido en las reuniones de la junta directiva del Fondatt.

Mediante Auto de 3 de diciembre de 2018, de oficio, se decretó una prueba consistente en ordenar que se allegara la certificación expedida por la entidad bancaria donde se hizo efectivo el pago a Pintuco S.A. El 25 de junio de 2019, el 11 de septiembre de 2019 y el 22 de enero de 2020 se insistió en las pruebas pedidas. La entidad dio respuesta a todos los requerimientos.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. El elemento subjetivo; 2.3. Perjuicios; 2.4. Costas.

2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán

La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó oportunamente. En este asunto, el pago se realizó el 19 de septiembre de 2002, antes de los 18 meses desde la ejecutoria de la Sentencia que corrieron hasta el 9 de enero de 2003. En consecuencia, los 2 años se deben contar a partir del pago hasta el 20 de septiembre de 2004. Dado que la demanda se interpuso el 25 de noviembre de 2003, se radicó dentro del término.

La Sentencia de primera instancia consideró no acreditado el pago. Esta Sala revocará esa decisión, toda vez que, con la prueba pedida de oficio, se logró demostrarlo.

Por otra parte, como el régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso no se aplicarán las presunciones legales de la Ley 678 de 2001, porque los hechos ocurrieron con anterioridad a su vigencia.

Ya que, en primera instancia, únicamente se estudió lo relativo al pago, que será revocado, la Sala estudiará en esta oportunidad, los 3 elementos objetivos, existencia de condena, pago y calidad de agente y, finalmente, centrará su análisis en el elemento subjetivo de la acción de repetición. Con ese fin, estudiará si concurrió la culpa grave o dolo de los demandados.

2.2. Elementos objetivos

La existencia de la condena, está demostrada con las Sentencias de primera y segunda instancias, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y Consejo de Estado, Sección Tercera, el 2 de octubre de 1997 y el 22 de junio de 2001 respectivamente. En esta última, que cobró ejecutoria el 9 de julio de 2001, se resolvió condenar al Fondatt a pagar a favor de la Compañía Pintuco S.A. a título de indemnización la suma de $ 37.626.204.

Frente al pago la Sala concluye que el requisito exigido por el a quo, relativo a la necesidad de manifestación expresa del beneficiario de la indemnización para dar por probado el pago, carece de fundamento legal. En el expediente reposa, la certificación del tesorero según el cual el 19 de septiembre de 2002, con cheque No. 51236 del Banco de Occidente, se dio cumplimiento a la Sentencia condenatoria de 22 de junio de 2001, demandante Pintuco S.A. por la suma de $ 38.563.030. De igual forma, en virtud de la prueba de oficio, se allegó el Memorando SDM-SF 251477 de 19 de noviembre de 2019, suscrito por el subdirector financiero de la Secretaría de Movilidad, en el que remitió copia del extracto de la Cuenta Corriente No. 25302074-7 del Fondatt en el que se registró: “Día 02, Cheque pagado canje, 51236, $ 38.563.030” y agregó: “el registro anterior corresponde al número de cheque y valor del pago realizado a PINTUCO S.A.”. En consecuencia, pese a que no reposaba prueba que acreditara que Pintuco S.A. recibió el dinero, lo cierto es que, con los documentos aportados, –que son documentos públicos con presunción de autenticidad– es posible probar el pago.

Respecto de la calidad de agente, se observa que la repetición se dirigió en contra de 8 demandados, quienes, a juicio del Fondatt, adoptaron la decisión de descalificar a la firma Pintuco S.A. y adjudicar irregularmente el contrato a la Fira Sevial Ltda. Pasa la Sala a revisar si se probó la calidad de agentes de los demandados.

No se probó la calidad de agentes del Estado de 3 de los demandados; Jaime Bogotá Marín, Guillermo Solórzano y Francisco Vargas Arango. De acuerdo con los hechos, los 3 eran representantes del Concejo de Bogotá en la junta directiva del Fondatt, sin que se haya probado tal calidad. Incluso se pidió oficiar a esa Corporación y a la Registraduría para lograr su identificación, petición que no fue atendida por el magistrado sustanciador. El único documento que hace alusión a que tenían un vínculo con el Concejo de Bogotá –sin determinar cuál- es el Acta No. 21 de 3 de diciembre de 1991. Además aunque, previa presentación de la demanda, el Fondatt ofició al Concejo para que le informara sobre las 3 personas, la Secretaria General de esa Corporación respondió que, con los datos, no se había podido ubicarlos. A pesar de ello, remitió un acta en donde se “los mencionaba”. Revisado el documento, se trata del Acta de 9 de agosto de 1990, de una comisión pública del Concejo de Bogotá. De ese documento no es posible determinar esa calidad porque, además de estar incompleta, sin que se logre comprender el contexto y sin si quiera contar con la hoja de firmas, no se especificó su vinculación o el cargo. Ello sin contar que su fin no era dar constancia del tipo de vinculación de los demandados sino levantar un registro de una reunión.

Se probó la calidad de agente de Germán Olano Becerra, Edgar Sánchez Gaitán,Diego Pérez Ossa, Jaime Gómez Díaz y Jorge Augusto Gómez Ricardo.

2.3. Elemento subjetivo

Acreditada la condena, el pago y la calidad de agentes de los aludidos funcionarios se pasa a revisar si se acreditó una conducta gravemente culposa como se alegó en la demanda. Para ello se estudiará, en primer lugar, la conducta de Germán Olano Becerra, Edgar Sánchez Gaitán, Diego Pérez Ossa, miembros de la junta directiva del Fondatt , en segundo lugar, de Jorge Augusto Gómez Ricardo secretario de la junta directiva del Fodatt y en tercer lugar, de Jaime Gómez Díaz jefe de división semaforización, señalización y demarcación, que suscribió un concepto según el cual la pintura de Pintuco S.A. no tenía un tiempo de secado adecuado que, según la demandante, influyó en la decisión de la junta directiva.

Para demostrar la culpa grave se allegaron 1) la Resolución No. 159 de 1989 según la cual la junta directiva del Fondatt era la facultada para hacer las adjudicaciones de las licitaciones, 2) el Acta No. 21 de 3 de diciembre de 1991, suscrita por Jaime Bogotá Marín y Jorge Gómez Ricardo, en representación de la junta directiva del Fondatt que registró que se adjudicó la Licitación No. 15-91 a la compañía Sevial Ltda, 3) una certificación de 10 de diciembre de 1991, según la cual, la junta directiva decidió, por unanimidad y por condiciones generales, adjudicar la licitación a Sevial Ltda, 4) la Resolución No. 385 de 9 de diciembre de 1991, suscrita por Germán Olano y Jorge Gómez Ricardo, a través de la cual se adjudicó la licitación, 5) el Concepto técnico de la Licitación No. 15-91, suscrito por Jaime Gómez Díaz, jefe de división de señalización, semaforización y demarcación, según el cual, el tiempo de secado de la pintura Pintuco no es el adecuado 6) las Sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al Fondatt a indemnizar a Pintuco S.A..

Con las pruebas aportadas, no se logra probar la culpa grave de los demandados que pertenecieron a la junta directiva en adjudicar a la empresa Sevial Ltda. la licitación No. 15-91 porque no se acreditó, en este proceso, que Pintuco S.A. tenía un mejor derecho que Sevial Ltda. dado que no se allegó ni el pliego, ni su propuesta, ni la evaluación de los proponentes. Luego, no puede concluirse que los demandados actuaron con absoluta negligencia y desapego de los mandatos legales, especialmente, de lo previsto en el Decreto Ley 222 de 1983 y el Código Fiscal del Bogotá vigentes para la época.

En primer lugar, debe indicarse que las Sentencias de primera y segunda instancia que condenaron al Fondatt no pueden ser tenidas en cuenta para resolver este asunto porque no les son oponibles a los demandaos comoquiera que ellos no fueron vinculados a ese proceso y, porque, en todo caso, el juez de la repetición no se encuentra condicionado por el contenido de la sentencia que condenó al Estado. Además, esas decisiones se basaron en documentos con los que la Sala no cuenta, como el pliego de condiciones de la Licitación No. 15 de 1991, la propuesta allegada por Pintuco S.A. y la evaluación jurídica, técnica y financiera de las propuestas participantes. En ese orden, la Sala concluye que no se puede valorar su contenido máxime cuando se deriva de pruebas que no fueron allegadas a este expediente.

En segundo lugar, del Acta No. 21 de 3 de diciembre de 1991 y la certificación de 10 de diciembre de 1991, no se puede establecer una conducta gravemente culposa. Si bien, ahí se anotó que la junta directiva unánimemente inhabilitó a la empresa Pintuco y adjudicó la licitación a Sevial Ltda, en ella no se registró la evaluación de los proponentes que mostrara su calificación y permitiera concluir que la selección no respondía a criterios objetivos. Por resultar importante se trae las conclusiones de la junta directiva frente a esta licitación:

“(…)
Licitación Pública No. 15
El secretario de la Junta Directiva informa que, para esta licitación pública presentaron propuestas las firmas Edificar Distribuidora Ltda., Ferretería Electro Garantía, Compañía Pintuco S.A., Sevial Ltda.
A continuación el doctor Jorge Gómez Ricardo, anota que para la presente licitación, existe una disponibilidad presupuestal de $ 205.000.000 y que como excepciones y desviaciones de carácter jurídico, se destacan las encontradas para la firma Edificar Ltda., así:

(…)

Las demás firmas cumplen jurídicamente con los requisitos exigidos por la entidad.
(…)
A continuación el doctor Edgar Sánchez dice que en una Junta anterior, la doctora María Isabel Uribe Rivas, había manifestado que haciendo averiguaciones con Secretarios de Tránsito y Transporte de otros Departamentos, se había encontrado que las especificaciones de la pintura que presenta Pintuco, no reunían las condiciones de durabilidad que requieren las vías que generalmente soportan un alto flujo vehicular. En concordancia con lo anterior, el doctor Solórzano, recuerda que en la primera adjudicación que se había hecho de esta licitación, el concepto técnico para las pinturas nacionales era desfavorable.

Acto seguido, el Dr. Edgar Sánchez, sugiere que por razones de calidad, también sea inhabilitada la firma Pintuco.

Quedando así de esta forma, inhabilitada para competir de esta licitación las firmas Pintuco S.A. y Edificar Ltda., por razones de tipo técnico y jurídico respectivamente.

A continuación el Dr. Edgar Sánchez, expresa que es preferible contratar la pintura con una firma especializada en asuntos de señalización vial, y además agrega que por razones de durabilidad, debería adquirirse una pintura importada que siguen rigurosos esquemas de control de calidad.

Seguidamente los doctores Francisco Vargas y Guillermo Solórzano, se adhieren a lo propuesto por el Dr. Edgar Sánchez con la propuesta adicional de solicitarle a la firma que se adjudique una garantía de durabilidad del producto de 12 meses, tal y cual como había quedado en la junta anterior.
(…)
Seguidamente el Dr. Edgar Sánchez, anota que la pintura que ofrece la firma Sevial presenta mejores condiciones de viscosidad y de secado que ofrece la firma Ferretería Elctro Garantía.

Teniendo en cuenta las anteriores anotaciones y después de haber realizado un análisis minucioso de las propuestas, la Junta Directiva adjudica a la firma Sevial Ltda., la adquisición de 12.000 galones de pintura reflectiva blanca para tráfico y 1.500 galones de pintura reflectiva amarilla para trafico sin microesfera por valor de $ 194.292.000 (…)”

De acuerdo con lo expuesto, después de valorar las propuestas, la junta directiva del Fondatt adjudicó la licitación a Sevial Ltda. Para la Sala, el contenido del acta y de la certificación no deja al descubierto que se haya elegido, contra su deber legal, a la empresa menos favorable o a la que no hubiera cumplido con las condiciones del pliego. Distinto sería si en el Acta se hubiera dejado constancia de la calificación de las propuestas, de tal suerte que se hubiera podido verificar la adjudicación de la licitación a una propuesta con deficiencias técnicas, financieras o jurídicas. Sin embargo, incluso, en el Acta se señaló que, aparte de la empresa Edificar, las demás sí cumplían “jurídicamente con los requisitos”. Luego, con los aludidos documentos no resulta posible concluir que los demandados conocían que la oferta de Pintuco era más favorable que la de Sevial y que, pese a ello, le adjudicaron a esta última la licitación contrariando el ordenamiento jurídico.

En tercer lugar, las demás pruebas no dan cuenta de la actuación de la junta directiva. La Resolución No. 159 de 1989 se limita a señalar la competencia de este cuerpo colegiado para definir la adjudicación, la Resolución No. 385 de 9 de diciembre de 1991, suscrita por Germán Olano y Jorge Gómez Ricardo, a través de la cual se adjudicó la licitación, adopta la decisión tomada por la junta directiva y, finalmente, el Concepto técnico de la Licitación No. 15-91, no involucra una decisión de la junta directiva sino del señor Jaime Gómez Díaz, jefe de división de señalización, semaforización y demarcación.

En cuarto lugar, aunque la parte demandante pidió el traslado del expediente No. 92-D-7865 instaurado por la compañía Pintuco S.A. en contra del Fondatt, mediante Auto de 18 de septiembre de 2012, se negó la prueba por considerar que las Sentencias ya reposaban en el expediente, sin que la parte actora hubiera recurrido.

En consecuencia, con las pruebas obrantes, no se puede concluir que los señores Germán Olano Becerra, Edgar Sánchez Gaitán y Diego Pérez Ossa miembros de la junta directiva del Fondatt obraron con culpa grave al adjudicar la licitación a Sevial Ltda.

Respecto de Jorge Augusto Gómez Ricardo, secretario de la junta directiva del Fondatt, la demandante indicó que “El hecho de refrendar con su firma el acto administrativo declarado ilegal por la justicia contenciosa, permite colegir que este funcionario actuó con culpa grave”, afirmación que además de ser excesivamente ligera para los fines que se persiguen, deja entrever que este funcionario no tenía voto sino que, cómo lo indicó el propio Gómez Ricardo en sus alegatos, se limitaba a autenticar las actas que recogían lo sucedido en las reuniones de la junta directiva. En consecuencia, no es posible atribuirle al secretario de la junta una culpa grave en la adjudicación de la licitación a Sevial Ltda, cuando no tenía poder decisión al interior de la junta.

Finalmente, con las pruebas aportadas, no se logra probar la culpa grave del demandado Jaime Gómez Díaz, jefe de división semaforización, señalización y demarcación, que suscribió un concepto según el cual la pintura de Pintuco S.A. no tenía un tiempo de secado adecuado por dos razones.

Porque él no adoptó la decisión de adjudicar la licitación a Sevial Ltda. en la medida que no hacía parte de la junta directiva y porque, incluso, de acuerdo con el Acta No. 21, su concepto no fue tenido en cuenta por la junta directiva para inhabilitar a Pintuco S.A.. De acuerdo con lo trascrito, para esa decisión, la junta directiva se basó en lo comentado por María Uribe Rivas y en un concepto técnico desfavorable para pinturas nacionales utilizado en “la primera adjudicación”, sin que resulte posible concluir que se trataba de ese concepto.

Por lo expuesto, al no encontrar probada la culpa grave de ninguno de los demandados, se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones y que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en primera instancia.

2.4. Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas debido a que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de la entidad demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

El artículo 74 del CPC, establece en su numeral primero que ha existido temeridad o mala fe cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

En la demanda de repetición, la entidad actora solicitó el traslado del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento que, consideraba, podía demostrar el dolo o la culpa grave en la conducta del demandado, y su calidad de agente. Al final, la entidad no cumplió con la carga de la prueba respecto de este supuesto porque no se cercioró de que las piezas procesales fueran efectivamente trasladadas durante el periodo probatorio y convalidó el auto que corrió traslado para alegar de conclusión. Para la Sala, si bien esta circunstancia significó el incumplimiento de una carga probatoria, no implica que la demanda haya sido temeraria, debido a la entidad demandante podía considerar razonablemente que contaría con elementos de convicción para fundamentar las pretensiones.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS (E)

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

Folios 6 - 21 del cuaderno 1. De conformidad con el Acuerdo 9 de 1989, establecimiento público descentralizado del orden distrital con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. De acuerdo con la Resolución 159 de 1989 compuesta por: 1. El alcalde mayor o su delegado, 2. El director ejecutivo del Fondatt, 3. Dos representantes del Concejo de Bogotá con sus respectivos suplentes. 4. El Director del Departamento de Planeación Distrital o su delegado. 5. El secretario de obras públicas del distrito o su delegado. Folio 161 del Cuaderno No. 1
Folio 114 del Cuaderno No. 1
Folio 162 del Cuaderno No. 1
Folio 149 del Cuaderno No. 1
Folio 111 del Cuaderno No. 1
Folios 67, 68 y 70 del Cuaderno No. 1
Folio 178 del Cuaderno No. 1
Folio 7 a 21 del Cuaderno No. 2
Folio 30 a 31 del Cuaderno No. 2
Folios 46 a 53 del Cuaderno del Consejo de Estado. Folios 55 a 57 del Cuaderno del Consejo de Estado. Folios 93 a 97 del Cuaderno del Consejo de Estado. Folios 98 a 99 del Cuaderno del Consejo de Estado. Folios 163 a 168, 187 a 194 del Cuaderno del Consejo de Estado e índice 92 Samai. El término de caducidad de 2 años, está establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y el numeral 9 del artículo 136 del CCA, modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0446_1998_pr001.html" \l "44" 44 de la Ley 446 de 1998. Folio 110 del Cuaderno No. 5
Resuelto el recurso de apelación, la Sentencia cobró ejecutoria el 9 de julio de 2001 (18 meses: 9 de enero de 2003). Folio 21 del Cuaderno No 1. Folios 163 a 168, 187 a 194 del Cuaderno del Consejo de Estado e índice 92 Samai. Folios 116 a 140 del Cuaderno No. 5
Folios 141-162 del Cuaderno No. 5
Folio 110 del Cuaderno No. 5. (De acuerdo con el Comprobante No. 10, de cuentas por pagar, $ 37.626.204 por capital y $ 936.826 por intereses (Fl. 168 Cuaderno del Consejo de Estado)
Folios 187 a 194 d. el Cuaderno del Consejo de Estado. En ella se señaló: “asistieron los siguientes miembros e invitados (…) Dr. Jaime Bogotá Marín, Representante principal del Honorable Concejo de Bogotá (...), Guillermo Solórzano Laverde, Representante suplente del Honorable Concejo de Bogotá (…) y Francisco Vargas Arango Representante suplente del Honorable Concejo de Bogotá”. Folio 79 del Cuaderno No. 5
Folio 80 del Cuaderno No. 5
Folio 81 a 82 del Cuaderno No. 5
Folios 95 a 99 del Cuaderno No. 5. Se allegó su nombramiento de 9 de noviembre de 1991 y su posesión de 13 de noviembre de 1991, como secretario de tránsito y transporte de Bogotá
Folios 87 a 90 del Cuaderno No. 5. Se allegó su nombramiento de 29 de junio de 1990 y su posesión de 3 de julio de 1990, como subsecretario de gabinete – subsecretario de obras públicas de Bogotá
Folios 92 a 93 del Cuaderno No. 5. Se allegó su nombramiento de 16 de agosto de 1990 y su posesión sin fecha, como Jefe XIIC (jefe de división administrativa) – División Administrativa – 114 de Bogotá
Folios 100 a 103 del Cuaderno No. 5. Se allegó su nombramiento de 3 de julio de 1991 y su posesión de 9 de julio de 1991, como jefe XII-jefe de división semaforización, señalización y demarcación, Unidad de Vigilancia de Bogotá
Folios 83 a 86 del Cuaderno No. 5. Se allegó su nombramiento de 3 de julio de 1991 y su posesión de 5 de julio de 1991, como subsecretario de la Secretaría de Planeación de Bogotá. Folios 34 a 67 del Cuaderno No. 5
“Por la cual se adoptan los estatutos del Fondo de Educación y Seguridad Vial del Datt-Fondatt”,
Folios 74 a 75 del Cuaderno No. 5
Folios 54 a 67 del Cuaderno No. 5
Folio 53 del Cuaderno No. 5
Folios 51 a 52 del Cuaderno No. 5
Folios 116 a 162 del Cuaderno No. 5
Artículo 33.De los criterios para la adjudicación. La adjudicación deberá hacerse, previos los estudios del caso y efectuado el análisis comparativo, al licitador o concursante cuya propuesta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de condiciones o términos de referencia, según el caso.

En la evaluación de las propuestas deberán tenerse en cuenta, en forma rigurosa, los criterios de adjudicación y las ponderaciones de esos criterios conforme a lo establecido en el pliego de condiciones correspondiente, con fundamento, entre otros, en los siguientes factores el precio, el plazo, la calidad, cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes. En las licitaciones internacionales se tendrá en cuenta, además, la situación de la balanza comercial con el respectivo país con el objeto de buscar la reciprocidad comercial correspondiente. Se tendrá en cuenta, así mismo, la protección al trabajo y a la industria nacionales en los términos de este estatuto y la distribución equitativa de los contratos suscritos que se estén tramitando o ejecutando en la entidad licitante. La entidad contratante podrá hacer adjudicación parcial si de ello se derivan beneficios para la administración, siempre y cuando esta posibilidad hubiere sido prevista en el pliego de condiciones o términos de referencia, según el caso. En igualdad de condiciones, deberá preferirse la propuesta que ofrezca mejor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores condiciones globalmente consideradas; y en igualdad de condiciones y precios, se tendrá en cuenta la distribución equitativa de los negocios. Acuerdo 6 de 1985. Artículo 236. De los criterios para la adjudicación La adjudicación deberá hacerse previos los estudios del caso y hecho el análisis comparativo, al licitador cuya oferta se estime más favorable y esté ajustada al pliego de condiciones. En la evaluación de las ofertas deberán tenerse en cuenta entre otros los siguientes factores precio, plazo, calidad, seriedad y cumplimiento en contratos anteriores, solvencia económica, capacidad técnica, experiencia, organización y equipo de los oferentes. En igualdad de condiciones, debe preferirse la propuesta que ofrezca mejor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores calidades y condiciones global mente consideradas; y, en igualdad de condiciones, calidades y precios, se tendrá en cuenta la distribución equitativa de los negocios. PARÁGRAFO: Se tendrán en cuenta así mismo, la protección al trabajo y a la industria nacionales. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de marzo de 2020, Radicación número: 11001-03-26-000-2013-00038-01(49107). Folios 29 a 31 del Cuaderno No. 2

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