Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-00426-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2004-00426-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-00426-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2004-00426-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 25000-23-26-000-2004-00426-01 (58434) ACUMULADO
Demandante: UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES Y OTRA
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: CONTRATO NO CUMPLIDO – Excepción que impide el reconocimiento de
perjuicios por inobservancias de la contraparte / ANTICIPO – Naturaleza –
amortización – reintegro / GIRO DEL ANTICIPO – Ejecución del contrato no estaba
condicionada a esa operación / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Los
elementos de su ruptura son distintos al incumplimiento del negocio jurídico /
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / No procede de oficio.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos, separadamente, por ambos
extremos de la litis, contra la sentencia dictada el 23 de julio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de
Descongestión, y en la cual se resolvieron los procesos acumulados 2003-02138 y
2004-00426, con las siguientes determinaciones:
PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad de la acción dentro del
expediente 2004-4246, para la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS
CONFIANZA S.A., respecto de las Resoluciones N° 280 del 09 de marzo de
2001, mediante la cual se impone una multa [a] la contratista, y de su
confirmatoria N° 2363 de 25 de septiembre de 2001 (...).
SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de indebido agotamiento de
la vía gubernativa propuesta por el IDU (...).
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos
[proferidos por el IDU] (...): Resolución N° 280 del 09 de marzo de 2001;
Resolución N° 2363 de 25 de septiembre de 2001; Resolución N° 1308 del 16
de mayo de 2001; Resolución N° 815 del 8 de marzo de 2002; Resolución N°
12433 del 19 de diciembre de 2002 y Resolución N° 6230 del 11 de agosto de
2003.
CUARTO: [DECLÁRASE] que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
no podrá cobrar a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES (...) el monto de la
multa impuesta mediante Resolución N° 280 del 09 de marzo de 2001 y su
confirmatoria N° 2363 de 25 de septiembre de 2001 (...), y en caso de haberse
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
hecho a la fecha de ejecutoria de esta providencia, deberá reintegrar su valor,
debidamente actualizado, según la fórmula que para el efecto emplea esta
jurisdicción.
QUINTO: DECLARAR que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU no
podrá hacer efectiva la garantía única número G U01 0 1078198 de fecha 31 de
diciembre de 199 (sic) (...) a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS
CONFIANZA S.A. (...), en razón de la nulidad de las Resoluciones N° 1308 del
16 de mayo de 2001 y su confirmatoria parcialmente N° 815 del 8 de marzo de
2002, y en caso de haberse hecho a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
deberá reintegrar su valor, debidamente actualizado, según la fórmula que para
el efecto emplea esta jurisdicción.
SEXTO: ORDENAR CANCELAR el reporte de la sanción impuesta mediante
Resoluciones N° 1308 del 16 de mayo de 2001 y (...) N° 815 del 8 de marzo de
2002, en el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en la Cámara
de Comercio, de los señores RÓMULO TOBO USCÁTEGUI; AURELIO
GUTIÉRREZ CASTILLO; y la sociedad SODEIC LTDA.
SÉPTIMO: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a
pagar a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES (...), por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
PESOS M/CTE (...).
OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (...).
I. SÍNTESIS DEL CASO
La unión temporal Obras Viales demandó la nulidad de los actos administrativos en
los que el IDU -entidad contratante- le impuso una multa por el incumplimiento,
declaró la caducidad del contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999 y liquidó
unilateralmente dicho negocio jurídico. De igual manera, alegó en juicio el
incumplimiento contractual de la Administración, la ruptura del equilibrio económico
del contrato y la subsiguiente indemnización de perjuicios.
Declarada la nulidad de todos los actos enjuiciados por falta de competencia y por
liquidarse el contrato con base en dos decisiones infractoras del ordenamiento, en
la sentencia de primer grado se dispuso no liquidar judicialmente el contrato, por lo
cual, en la presente instancia, se debate la legalidad misma de los actos acusados,
la procedencia de ese balance económico en sede judicial y si hay lugar a que se
reconozcan o no a favor de la demandante quince (15) conceptos económicos que,
en pretensión separada, pidió incluir en dicha liquidación, por la suma total de
$865’140.522.15.
2
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
II. A N T E C E D E N T E S
1. LAS DEMANDAS Y SU TRÁMITE PREVIO A LA ACUMULACIÓN
1.1. Proceso N° 2003-021381
1.1.1. La demanda
El 6 de octubre de 2003, la unión temporal Obras Viales2 interpuso demanda de
controversias contractuales contra el IDU a efectos de que se declarara la nulidad
de los siguientes actos administrativos (expedidos por la entidad demandada en el
marco del contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99 del 31 de diciembre de 1999).
a) Resoluciones 280 del 9 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de noviembre del mismo
año, en las cuales el IDU impuso una multa a la unión temporal Obras Viales (en
adelante, Obras Viales o “la UT”) por la suma de $87’074.140, y confirmó dicha
decisión.
b) Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, por
las cuales el IDU dispuso y confirmó las declaratorias de incumplimiento y de
caducidad del contrato IDU-UEL 7-8-805-99, así como la ocurrencia de varios
siniestros cubiertos por la garantía respectiva, la que, además, ordenó hacer
efectiva bajo distintos conceptos.
c) Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de
2003, por las cuales el IDU liquidó el contrato en forma unilateral y confirmó tal
decisión.
En subsidio de la pretensión primera, en la que se incorporaron todas las solicitudes
hasta aquí indicadas, deprecó la nulidad de la Licitación Pública IDU-LP-UEL-081-
1999, el pliego de condiciones y demás instrumentos de ese proceso de selección,
así como del contrato mismo, celebrado con la unión temporal.
Como segundo punto del petitum, solicitó que “se ordene al Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU liquidar el contrato número IDU-UEL-7-8-805-99”, teniendo en cuenta
“el estado financiero” y los valores indicados por la propia demandante, que fueron
los siguientes (transcripción literal):
1 Radicación N° 250002326000200302138.
2 Integrada por la empresa Sodeic Ltda. y los señores Rómulo Tobo Uscátegui y Aurelio Gutiérrez
Castillo.
3
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Tabla 1
Valor consignado por concepto de anticipo $607.493.974,00
Valor neto pagado por el acta N° 6 de estudios y diseños $18.335.206,00
Valor neto pagado por el acta N° 9 de estudios y diseños $26.888.593,00
Valor neto pagado por el acta N° 10 de recibo parcial de obra N° 1 $29.137.320,00
Valor neto pagado por el acta N° 11 de Reajustes 1R $4.573.088,00
Valor de los estudios y diseños y obra ejecutada, recibida por el IDU $302.668.076,00
Valor neto del anticipo que se reintegró $287.504.758,00
Valor de las quince (15) reclamaciones $713.401.842,33
Saldo a favor del contratista a mayo 14/01 $617.146.495,33
Saldo a favor del contratista actualizado a junio /03 $865.140.522,15
En la pretensión tercera se aludió al incumplimiento contractual del IDU y se hicieron
solicitudes de condena, en los siguientes términos:
TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones demandadas y el incumplimiento del contrato IDU-UEL-7-8-805-
99 de diciembre 31 de 1999, se declare responsable y se condene al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a mis representados
los daños, perjuicios materiales que le fueron causados, a título de daño
emergente y lucro cesante y de los perjuicios morales causados a mis
representados, los cuales se tasan y discriminan en las sumas de dinero
siguientes, las que fueron actualizadas monetariamente a junio de 2003:
1.- La suma de $8.077’272.784.86 (...) en razón de los perjuicios materiales
causados por la inhabilidad para contratar durante cinco años, según lo
establecido por la Ley 80 de 1993, por concepto de la Administración,
Imprevistos y Utilidad, costos indirectos y honorarios dejados de percibir durante
este período.
2.- La suma de $62’139.678.94 (...) en razón de los perjuicios morales causados
por la inhabilidad para contratar (...).
3.- La suma de $865’140.522.15 (...) en razón de saldo a favor del contratista
que queda por concepto de la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las
quince reclamaciones formuladas.
Las demás pretensiones de la demanda se encaminaron, en esencia, a los
siguientes objetivos:
• El reconocimiento de que, por cuenta del incumplimiento contractual del IDU,
la contratista no pudo ejecutar la totalidad de los ítems pactados.
• La supresión de los registros de multa, caducidad e inhabilidad, del Registro
Único de Proponentes de cada miembro de la unión temporal contratista.
• La actualización de los valores que integran la condena y la fijación de
intereses moratorios sobre ellos.
4
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Como hechos fundantes de tales pretensiones, la unión temporal relató, en síntesis,
lo siguiente:
El 31 de diciembre de 1999, el IDU y la UT Obras Viales celebraron, previa licitación
pública, el contrato IDU-UEL-7-8-805-99, con el objeto de adelantar los estudios,
diseños y construcción de varias vías en las localidades de Bosa y Kennedy, en la
ciudad de Bogotá, todo ello por el valor de $2.024’979.912 y por un plazo de
ejecución de 10 meses, luego de los cuales se contaría con 2 meses más para
realizar la respectiva liquidación.
El contrato debía ceñirse al Decreto Distrital 176 de 1998 y sus modificatorios
posteriores, normativa que, entre otras cosas, obligaba a cada entidad distrital a
contar con las respectivas licencias, permisos y presupuestos, previo a la ejecución
de cualquier proyecto. Asimismo, debía cumplir con lo establecido en materia de
planeación, en los decretos distritales 449 y 739 de 1999, entre otros. Sin embargo,
el IDU dio apertura a la licitación y celebró el contrato desatendiendo dichas normas,
al no delimitar clara ni oportunamente las vías objeto del contrato, y al cambiar sobre
la marcha las reglas de juego relativas a la entrega del anticipo, afectando de esa
manera la forma de pago de la totalidad del negocio jurídico.
Así, el IDU incluyó en el contrato IDU-UEL-7-8-805-99 el estudio, diseño y
construcción de vías en barrios ilegales, e impartió respecto de éstos los avales
técnicos y jurídicos a sabiendas de las irregularidades existentes y de las
prohibiciones normativas que al respecto operaban en la época del contrato.
La entidad remitió tardíamente la ficha técnica del proyecto al DAMA3, ocasionando
que la licitación pública se abriera sin contar con el visto bueno de esa entidad, y
que la ejecución del contrato, en lugar de iniciar en enero de 2000, lo hiciera en
mayo de ese año, pues sólo en febrero de 2000, el IDU envió al DAMA la aludida
ficha técnica, de suerte que este organismo únicamente pudo impartir directrices
para el cumplimiento del Manual de Manejo de Proyectos de Mínimas Implicaciones
Ambientales ―aplicable a la obra materia de contratación― mediante Resolución
684 del 12 de abril de 2000.
Tal incumplimiento del IDU derivó en el desequilibrio contractual, pues por haber
iniciado la ejecución del contrato en mayo de 2000 y no antes, debió prolongarse
3 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, entidad hoy convertida en Secretaría Distrital de
Ambiente de Bogotá.
5
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
hasta los primeros meses de 2001, generando pasivos y varias contingencias
presupuestales en el pago de la última cuenta de estudios y diseños, así como las
cuentas de obra de diciembre de 2000 y enero, febrero y marzo de 2001.
Adicionalmente, aunque la Resolución 684 de 2000, expedida por el DAMA, cobijó
de manera exclusiva las vías inicialmente contratadas por el IDU, esta entidad
incluyó en la obra otros tramos ajenos al negocio jurídico y al pliego de condiciones,
en el momento de especificar -por solicitud del interventor- la nomenclatura de las
calles comprometidas en el proyecto, en la localidad de Bosa. Ello implicó que la
contratista debiera realizar el estudio, diseño y construcción de elementos no
cobijados con disponibilidad ni reserva presupuestal.
Por otro lado, en la cláusula sexta del contrato se modificó indebidamente la forma
de pago fijada en el pliego de condiciones para los estudios y diseños, pues
inicialmente la Administración previó un “pago anticipado del cincuenta por ciento”
del valor de los estudios y diseños, mientras que en el acuerdo de voluntades se fijó
como porcentaje del anticipo el 30% del “valor del contrato”. En esa medida, la
contratista, según la demanda, “no pudo disponer de manera anticipada del (...) 50%
del valor de los estudios y diseños”, pese a que así estaba dispuesto en el pliego de
condiciones.
El 4 de septiembre de 2000, cuando habían transcurrido cuatro meses desde el
inicio del contrato, el IDU consignó tardíamente el anticipo, infringiendo el artículo
19 del Decreto 2150 de 1995, pese a que la contratista había cumplido los requisitos
respectivos desde enero de 2000. Tal demora obedeció a que la entidad contratante
condicionó la entrega del anticipo a que se cumplieran exigencias no establecidas
en la ley ni en el contrato.
El IDU también incurrió en incumplimientos por inducir la variación de los estudios
y diseños, no entregar correcta ni oportunamente los planos, redes y certificaciones
de servicios públicos -instrumentos que estaban a su cargo-, aceptar la ejecución
de obras no previstas sin pactar sus precios (la contratista no aceptó las sumas
propuestas y fijadas por el IDU), modificar el diseño de vías a punto de concluir,
suspender en dos ocasiones los giros de la cuenta de anticipo y no pagar la totalidad
de las cuentas de estudios, diseños y obra.
De igual manera, el IDU negó injustificadamente las siguientes solicitudes de la
contratista, presentadas en múltiples ocasiones con amplios fundamentos: i)
6
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
suspensión de la ejecución del contrato, ii) prórroga del negocio jurídico, y iii) uso
de mecanismos de solución directa de controversias.
La entidad debió dar respuesta oportuna a las peticiones que durante 2000 y 2001
presentó la unión temporal para el restablecimiento del equilibrio contractual -
alterado especialmente por las desmesuradas alzas en los insumos de construcción
con asfalto y al inicio tardío de la ejecución por culpa del IDU-, y no esperar a
pronunciarse 14 meses después del vencimiento del plazo del contrato, pues sólo
el 7 de mayo de 2002 reconoció el desequilibrio, únicamente por la variación del
precio de los asfaltos.
El IDU expidió las Resoluciones 280 del 9 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de
noviembre del mismo año, imponiendo y confirmando una multa a la unión temporal,
bajo inexactitudes e inconsistencias que no consultaron la realidad del contrato,
pues adujo un atraso que nunca existió en el programa general de la obra, ya que
si bien la Administración aseveró que los estudios y diseños debían entregarse en
menos de 10 meses, los plazos previstos en las cláusulas no señalaban tal limitante,
y en todo caso, los estudios y diseños fueron presentados oportunamente, antes de
finalizar el término del negocio jurídico, y pese a las inobservancias en que incurrió
el IDU. En punto de ello, cuestionó que la Resolución de cierre, es decir, la N° 2363
del 25 de noviembre de 2001, se hubiera proferido por fuera del término contractual,
lo que implicaba, en su criterio, falta de competencia del IDU para ese efecto.
Posteriormente, la contratante emitió las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de
2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, en las que declaró y confirmó la caducidad del
contrato, violando el debido proceso en la actuación que precedió a tales actos,
desconociendo sus propias omisiones y faltando a la verdad en cuanto al abandono
de las obras que le endilgó a la contratista -y que nunca tuvo lugar-, así como a los
demás incumplimientos que sin fundamento le imputó. La entidad, además, obró sin
competencia, dado que ejerció la potestad exorbitante de la caducidad cuando
había expirado el término legal para hacerlo, esto es, por fuera de la vigencia del
contrato.
Mediante las Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de
agosto de 2003, el IDU realizó y confirmó la liquidación unilateral del contrato,
señalando -sin ser cierto- que el valor que se podía ejecutar era de $1.230’111.937.
No obstante, del valor inicial del contrato, es decir, $2.024’979.912, sólo podía
ejecutarse la suma de $566’448.957,80, equivalente al 27.97% del total, debido a
7
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
que los ítems no cubiertos por ese monto carecían de la debida reserva
presupuestal, o correspondían a vías no aptas para pavimentar, según las
certificaciones existentes.
De otra parte, según el acto de liquidación unilateral, el valor ejecutado ascendió a
$302’668.076, pero el IDU adoptó esa conclusión sin tener en cuenta que quedaron
sin resolver 15 reclamaciones4 que, según la demanda, se relacionaron con los
siguientes temas (fl. 94, c-5):
[E]studios y diseños ejecutados y no recibidos por el IDU, estudios y diseños
que ya se encontraban ejecutados en anteriores contratos del IDU, obra
ejecutada y no recibida por el IDU, reajustes de la obra ejecutada y no recibida
por el IDU, diferencia entre los precios unitarios de la obra no prevista
reconocidos por el IDU y los solicitados por el contratista, reajustes al valor del
anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) de la obra no prevista recibida
por el IDU, reajustes al valor del anticipo equivalente al treinta por ciento (30%)
de las actas de recibo parcial de obra, restablecimiento del equilibrio de la
ecuación económica del contrato, mayor valor de la utilidad dejada de percibir
sobre el valor de la totalidad de la obra que no se pudo ejecutar, mayor valor
pagado por la legalización del contrato, mayor valor a deducir por el impuesto
de emergencia económica sobre el saldo del anticipo a reintegrar [y] saldos en
proveedores por anticipos pagados con cargo a la cuenta conjunta de anticipo.
De acuerdo con las actas de obra, las actas de estudios y diseño, las actas de
reajustes y obra no prevista, el valor de los ítems ejecutados del contrato y recibidos
por el IDU sí ascendió a $302’668.076, pero el valor de las reclamaciones de la
unión temporal era de $713’401.842,33.
Si bien ambas partes tenían por cierto que lo recibido por el IDU alcanzó un valor
de $302’668.076, para la contratista debían reconocerse, adicionalmente, los
diseños, estudios y obra que se ejecutaron pero no se pagaron -por considerar la
entidad que la unión temporal había incumplido, y que ello acarreaba las sanciones
de multa y caducidad-, así como otros conceptos contenidos en varias
reclamaciones hechas en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
12433 del 19 de diciembre de 2002.
Los actos administrativos expedidos por el IDU, especialmente el de declaratoria de
caducidad del contrato, ocasionaron perjuicios económicos a los miembros de la
4 En algunos hechos de la demanda, la parte actora refirió 15 reclamaciones, y en otros, 16. Pudo
obedecer a que, si bien fueron 16 las reclamaciones hechas -como se verá en el análisis de los
hechos probados-, una de ellas no aludía al reconocimiento de sumas de dinero, sino que se
encaminaba a que el IDU tomara equipos e instrumentos comprados por el contratista con cargo a
la cuenta del anticipo.
8
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
unión temporal contratista, siendo de particular magnitud los que derivaron de la
inhabilidad para celebrar contratos con el Estado durante cinco años.
-. Como cargos de nulidad contra cada uno de los actos demandados, la actora
adujo la falsa motivación y la violación del debido proceso, además de insistir en
que, si bien las resoluciones expedidas por el IDU se fundaron en el supuesto
incumplimiento contractual de la unión temporal, lo cierto fue que las obligaciones
pactadas fueron desatendidas únicamente por la entidad contratante.
Frente al acto de declaratoria de caducidad, resaltó, además, que el IDU había
obrado sin competencia, por ejercer esa facultad excepcional por fuera del plazo del
contrato, lo que también ocurrió con la expedición de la Resolución N° 2363,
referente a la multa, al dictarse sólo el 25 de noviembre de 2001.
En particular, frente al acto de liquidación unilateral del contrato -contenido en la
Resolución N° 12433 de 2002 y su confirmatoria N° 6230 de 2003- reprochó que se
hubieran desestimado las 15 reclamaciones formuladas por la contratista,
igualmente sobre la base de su supuesto incumplimiento, pese a que fue el IDU
quien desatendió lo estipulado en el negocio jurídico y el pliego de condiciones.
1.1.2. Trámite inicial
-. El 3 de diciembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda interpuesta por los miembros de la unión temporal y decretó la suspensión
provisional de las Resoluciones 1308 de 2001 y 815 de 2002, en las que el IDU
declaró la caducidad del contrato (fls. 281-288, c.5). Esta última decisión fue confirmada
por el Consejo de Estado en auto del 23 de junio de 2005 (fls. 402-408, c.5).
-. En la misma providencia del 3 de diciembre de 2003, el Tribunal vinculó de oficio,
como litisconsorte necesario, a la compañía aseguradora Confianza S.A., que
coadyuvó la demanda primigenia en escrito del 27 de noviembre de 2007 (fls. 447-490,
c.5).
-. El Instituto de Desarrollo Urbano contestó la demanda proponiendo las
excepciones que denominó “inexistencia de vicios que invaliden la provisión (sic) de
legalidad de los actos administrativos acusados (...)” y “pleito pendiente”5.
5 Respecto del proceso N° 2004-426, que para el momento de esa contestación ya se encontraba
en curso, y que fue posteriormente acumulado a esta misma causa.
9
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Sostuvo que todos los actos enjuiciados se ajustaban a derecho y se fundamentaron
en múltiples incumplimientos de la contratista, quien generó un retraso aproximado
del 41% de la obra al dejar transcurrir más de seis meses del plazo total de ejecución
-que era de diez- sin entregar los estudios y diseños objeto del contrato. A la par
con ello, relató las restantes inobservancias en que, según su dicho, incurrió la unión
temporal, y que afectaron gravemente el cabal desarrollo del contrato.
-. El 20 de febrero de 2008 fueron decretadas las pruebas del proceso (fls. 675-676,
c.3).
-. El 12 de abril de 2012, se dispuso acumular el proceso N° 2004-00426, el cual fue
suspendido hasta que el N° 2003-02138 alcanzara la misma fase, esto es, la de
alegatos de conclusión (fls. 3-6 c.1).
-. El 24 de marzo de 2015 se corrió el traslado para alegar de conclusión, y para la
rendición del concepto del Ministerio Público (fls. 135, c.34).
-. El Procurador Primero Judicial II Administrativo, en concepto de fecha 30 de junio
de 2015, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por considerar que los
actos acusados se ajustaban a derecho (fls. 203-222, c.34).
-. La unión temporal Obras Viales refirió el contenido de varias pruebas obrantes en
la causa y manifestó que estaban demostrados los hechos y cargos señalados en
la demanda. Por su parte, el IDU se ratificó en lo señalado al contestar la demanda
(fls. 136-189, c.34).
1.2. Proceso N° 2004-004266
1.2.1. Demanda
-. El 11 de febrero de 2004, la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.
(en lo sucesivo, Confianza S.A.) instauró la acción de controversias contractuales
contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para que se acogieran en sentencia
de mérito las pretensiones de nulidad de las mismas resoluciones demandadas por
la unión temporal Obras Viales.
6 Radicación N° 250002326000200400426.
10
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Pretendió igualmente que, como consecuencia de ello, se declarara que la
aseguradora Confianza S.A. no estaba obligada a cumplir con lo dispuesto en los
actos censurados, por lo que no procedía la efectividad de la garantía que afianzó
el contrato IDU-UEL 7-8-805-99.
A título de pretensiones subsidiarias, solicitó que se declarara: i) el incumplimiento
contractual del IDU, ii) que por tal conducta de la entidad, la UT Obras Viales no
pudo ejecutar la totalidad de los ítems pactados; iii) “que el IDU no procedió a
restablecer el equilibrio económico del contrato No. IDU-UEL 7-8-805-99, estando
obligado a hacerlo”; iv) que la unión temporal debía ser indemnizada debido al
incumplimiento de la Administración y a la ruptura de la ecuación financiera
contractual; v) la consiguiente procedencia de la excepción de contrato no cumplido,
a favor de la unión temporal; vi) la compensación de cualquier obligación recíproca
entre las partes, surgida del contrato y bajo los requisitos de esa modalidad extintiva
de las obligaciones; vii) que el valor de la indemnización a cargo de Confianza S.A.
no podía exceder la suma asegurada ni el de los perjuicios sufridos por el IDU, como
tampoco ningún rubro por concepto de lucro cesante.
Por último, e igualmente como pretensión subsidiaria, pidió que se condenara al IDU
a la restitución de los dineros que Confianza S.A. hubiera pagado o llegara a pagar
en virtud de lo dispuesto en las resoluciones enjuiciadas.
-. En la fundamentación fáctica de la demanda, Confianza S.A. refirió, en síntesis,
la celebración del contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99 del 31 de diciembre de
1999, por el valor de $2.024’974.912 y un período de ejecución de 10 meses,
contados a partir de la fecha del acta de iniciación o de la orden que para el efecto
impartiera el Director Técnico de Malla Vial. Según la aseguradora, dado que el acta
de iniciación fue suscrita el 15 de mayo de 2000, el término de ejecución estaba
llamado a expirar el “14 de marzo de 2001”, plazo que en ningún momento fue
modificado ni extendido por las partes.
Por lo demás, relató el desarrollo de la relación contractual entre el IDU y la unión
temporal, reprobando supuestas irregularidades en lo concerniente al anticipo, la
eliminación del programa de construcción en tres vías objeto del contrato, errores
en la nomenclatura de algunos tramos para intervenir, dilaciones para entregar los
avales técnicos de los proyectos, no satisfacción de los requisitos de dichos avales,
inclusión en el contrato de algunos ítems que no habían sido materia de la
respectiva licitación y solicitud de obras de infraestructura en barrios no legalizados,
11
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
así como el incumplimiento de requisitos en materias de redes y de programación
presupuestal, en varios puntos objeto de las obras. Señaló, igualmente, demoras en
el pago de cuentas por recibo parcial de obra y en la adopción de medidas para
restablecer el equilibrio económico del contrato.
Reseñó el contenido de los actos demandados y recalcó que los incumplimientos
atribuidos por el IDU a la contratista aludían a los estudios y diseños que ésta debía
entregar en el marco de sus compromisos contractuales, mientras que las sanciones
pecuniarias se calcularon, no obstante, sobre el valor total del contrato, que también
incluía actividades de construcción. En punto de ello, reprochó las decisiones del
IDU, en particular, la imposición de multas y la posterior declaratoria de caducidad
del negocio jurídico.
Como cargos de nulidad, expuso la falta de competencia del IDU para expedir los
actos enjuiciados, la violación de normas de la Ley 80 de 1993 y del Código de
Comercio, la falsa motivación de las resoluciones demandadas y la infracción de los
artículos 25 (numerales 6 y 13) y 41 de la Ley 80 de 1993, por adelantarse la
contratación de las obras sin contar con la debida disponibilidad presupuestal.
1.2.2. Trámite de primera instancia
-. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A
admitió la demanda el 22 de abril de 2004 (fl. 52, c.1).
-. El IDU aceptó como cierto el hecho relativo al plazo de ejecución del contrato,
precisando que, de los diez meses pactados para ese efecto, cuatro correspondían
a la fase de estudios y diseños, mientras que los seis restantes a la etapa de
construcción.
Afirmó que la entrega del anticipo no contemplaba porcentajes específicos, aunque
sí montos máximos, en tanto que el alegado retraso en su desembolso era un
asunto que no le constaba a la entidad.
Recalcó que si bien el incumplimiento imputado a la unión temporal tuvo que ver
con los estudios y diseños, la multa debía tasarse sobre la base del valor total del
contrato, ya que éste era uno sólo por más que incluyera, adicionalmente, una etapa
de construcción.
12
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Propuso la excepción que denominó “oportunidad, legalidad y validez de la potestad
de imposición de multas por parte del IDU”, argumentando que las cláusulas del
contrato en que se pactó la posibilidad de que la entidad impusiera esa sanción
pecuniaria, mediante acto administrativo, eran suficientes para establecer su
competencia en ese punto, vale decir, que el pacto de las partes en cuanto a la
multa unilateral al contratista habilitaba de manera suficiente a la Administración.
Formuló, además, como restantes excepciones de mérito, las siguientes: “legalidad
plena de las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de
2002”, “indebido agotamiento de la vía gubernativa” e “inexistencia de modificación
unilateral del contrato IDU-UEL-7-8-805 de 1999”.
-. En auto del 4 de noviembre de 2004 fueron decretadas las pruebas del proceso,
mientras que el 15 de febrero de 2007 se ordenó correr el traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para la rendición de su concepto (fl. 211,
c.1).
-. En dicha etapa procesal, la aseguradora demandante reiteró lo planteado en el
libelo y reseñó el contenido de algunas pruebas practicadas en la causa, a efectos
de recalcar que las mismas demostraban los hechos relatados por la actora.
-. El IDU, por su parte, defendió la legalidad de los actos acusados alegando que no
existían elementos que desvirtuaran la presunción de que los mismos se ceñían al
ordenamiento jurídico. Adicionalmente, refirió los informes de interventoría y otras
probanzas que evidenciaban, en su criterio, los incumplimientos de la unión
temporal, al tiempo que refutó los hechos de la demanda y los cargos de nulidad
formulados en ella.
2. La sentencia impugnada
El 23 de julio de 2015, la Sección Tercera - Subsección C de Descongestión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó el conocimiento del asunto y profirió
fallo de fondo, en los términos anteriormente señalados.
Al examinar la oportunidad de las demandas interpuestas, determinó que se había
configurado la caducidad respecto de la pretensión formulada por Confianza S.A.
para la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 280 y 2363 de 2001 -relativas a
la multa impuesta por el IDU a su contratista-, por cuanto la decisión de cierre había
13
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
quedado ejecutoriada el 8 de octubre de 2001, merced a la notificación personal
realizada en esa fecha a la aseguradora, no obstante lo cual, ésta sólo interpuso la
demanda el 11 de febrero de 2004, cuando ya había expirado el plazo legal para
hacerlo. Frente a las demás pretensiones de Confianza S.A. y la demanda de la
unión temporal, el a quo tuvo por establecido que fueron llevadas en tiempo a
instancia judicial.
Al abordar el fondo del asunto, comenzó por señalar que las excepciones 1, 2, 3, 4
y 6 formuladas por el IDU -entre éstas, la de “oportunidad, legalidad y validez de la
potestad de imposición de multas por parte del IDU”- no serían tenidas por tales, ya
que no referían hechos nuevos que enervaran las pretensiones de la parte actora,
sino que eran argumentos orientados simplemente a negar el derecho alegado en
cada una de las demandas.
En relación con las indicadas Resoluciones 280 y 2363 de 2001, el Tribunal
determinó que, siguiendo lo establecido en la Ley 80 de 1993, única normativa
imperante en ese momento, la entidad carecía de competencia para imponer en
forma directa la sanción económica, ya que, si bien las partes podían
legítimamente pactar las multas en el contrato respectivo, su efectividad o
cobro sólo eran procedentes por vía judicial.
Dijo:
[La Ley 80 de 1993] no sólo derogó el Decreto 222 de 1983 (…), sino que restringió
la aplicación de cláusulas excepcionales al derecho común, estableciendo criterios
más exigentes para imponerlas, limitando aquellos contratos para los cuales procede
su inclusión (…). Como se observa, [ni en el artículo 14] ni en ninguna otra disposición
de la misma Ley 80 se establece la facultad del Estado para incluir como cláusulas
excepcionales la de multas o la penal pecuniaria, de donde se infiere que la
derogatoria que se hizo del Decreto 222 incluyó así mismo la de estas dos figuras
(…)
En cuanto a la declaratoria de caducidad del contrato materia de juicio, consideró
que la presunción de su legalidad se había desvirtuado igualmente por falta de
competencia del IDU, esta vez en el ámbito temporal, por cuanto, a la luz de la
jurisprudencia y de las normas aplicables, la entidad sólo estaba habilitada para
declarar la caducidad del negocio jurídico mientras estuviera vigente, pero no
después de haber finalizado el término de ejecución de las obras pactadas, como
aconteció en el caso analizado. En punto de ello, precisó que el tiempo destinado a
la ejecución expiraba el 15 de marzo de 2001, razón por la cual, al haberse
declarado la caducidad del contrato el 16 de mayo siguiente, la decisión era nula.
14
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Con base en los anteriores razonamientos, estableció que también se oponían a la
ley las resoluciones en que se dispuso y confirmó la liquidación unilateral del
contrato, por haberse cimentado sobre la multa previamente impuesta por el IDU y
las declaratorias de incumplimiento y caducidad del acuerdo de voluntades,
decisiones que serían expulsadas del ordenamiento mediante declaratoria de
nulidad.
Con todo, resolvió abstenerse de liquidar judicialmente el contrato, fundándose en
los siguientes argumentos:
[E]sta Subsección encuentra inconveniente liquidar el contrato No. IDU-UEL-7-8-805-
99 (...), teniendo en cuenta que la pretensión elevada por [la unión temporal] no insta
a que el mismo sea liquidado en sede judicial, por el contrario, su petición va
encaminada a que se ordene al IDU liquidar el contrato (...), lo que le impide a esta
Sala entrar a liquidarlo de oficio (...).
[T]ampoco es procedente ordenar al IDU realizar la liquidación del contrato
nuevamente, pues independientemente del decaimiento (sic) de los actos
administrativos mediante el cual (sic) se decretó la caducidad del contrato y mediante
el cual se liquidó el contrato, el límite temporal con el que cuenta la administración
para esta clase de actuaciones ya se encuentra fenecido, es decir, la administración
ya perdió competencia para lo de su cargo, y ni siquiera por decisión judicial puede
ordenarse revivir términos y mucho menos investirlo de competencia temporal, pues
lo correcto era que la actora hubiera pedido en su demanda que como consecuencia
de la nulidad de los actos aquí demandados se procediera a su liquidación en sede
judicial.
Respecto del resarcimiento de los perjuicios, el a quo señaló que estaba
demostrado el lucro cesante solicitado por la parte actora - contratista, derivado de
la inhabilidad en que se hizo incurrir a los integrantes de la unión temporal Obras
Viales por la declaratoria de caducidad del contrato, de suerte que, vistas las
pruebas documentales, especialmente el acuerdo de voluntades y los precios y
porcentajes de utilidad que en él se pactaron, procedía reconocer la suma de
$1.924’708.405, como valor del “lucro cesante”. Por último, denegó el
reconocimiento de los perjuicios morales solicitados, por no encontrarlos probados
en el juicio, y se abstuvo de analizar los restantes temas debatidos en la causa.
3. Los recursos de apelación
3.1.- La unión temporal Obras Viales interpuso recurso de apelación contra el
anterior fallo, haciendo recaer su inconformidad sobre el numeral octavo del acápite
resolutivo, cuya modificación solicitó para que, en lugar de disponer la denegación
parcial de las pretensiones de la demanda, se procediera a la liquidación del
contrato, “tal como expresamente se solicitó en la pretensión segunda”, transcrita
en el recurso, incluyendo la solicitud de reconocimiento de $865’140.522.15,
15
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
correspondientes al supuesto “saldo a favor” que debió arrojar la liquidación del
contrato, y que cubrían las quince (15) reclamaciones económicas que, en su
criterio, debían estudiarse y acogerse en el juicio.
Así, cuestionó que el litigio se resolviera dejando sin liquidación el negocio en
controversia, más cuando la Ley 80 de 1993 establecía como obligatorio tal balance
de cuentas, el que, además, era necesario para restablecer el derecho conculcado
con la expedición de las resoluciones declaradas nulas por el a quo.
Afirmó que si bien la providencia apelada señalaba la falta de competencia actual
del IDU para liquidar el contrato, en realidad la habilitación de la entidad surgiría en
virtud del mandato judicial expreso, y que aun desechándose esa posibilidad, en
todo caso, el juez de la causa estaría en el deber de efectuar tal liquidación, so pena
de vulnerar los derechos patrimoniales de la contratista afectada con la nulidad de
los actos enjuiciados.
3.2.- El IDU apeló igualmente la sentencia de primer grado y expresó como punto
central de reparo el no haber analizado el Tribunal los argumentos de defensa
expuestos en la contestación de la demanda, ni considerar que la conducta
desplegada por la unión temporal fue la que contribuyó eficazmente a la expedición
de las resoluciones acusadas. Así, recalcó que las sanciones impuestas a la
contratista surgieron por su propio incumplimiento, por lo que no podía reputarse
falso ni ilegal lo decidido por la Administración. Agregó:
Los actos administrativos sancionatorios declarados nulos por el fallador de
instancia se encuentran debidamente motivados, respetaron todos los
elementos de audiencia y defensa previstos en el ordenamiento y se profirieron
con apego y cumplimiento de las normas vigentes. En efecto, dichos actos
administrativos, a los cuales pretende endilgárseles visos de ilegalidad, son
proferidos en desarrollo de los principios rectores de la contratación pública, las
leyes que los desarrollan y los mandatos constitucionales, otorgándole al
contratista la posibilidad de ejercer su defensa como efectivamente se puede
constatar.
Seguidamente, reiteró que la unión temporal Obras Viales fue la parte que
desatendió las obligaciones pactadas en el contrato, especialmente por retrasar la
entrega de los diseños y el avance mismo de la obra, por lo que el fallador de
primera instancia debió examinar las pruebas que demostraban tales
inobservancias, sin omitir su valoración.
16
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
4. Trámite en segunda instancia
4.1. Los recursos de apelación fueron concedidos en audiencia de fecha 28 de
octubre de 20167 y admitidos por esta Corporación el 29 de octubre del mismo año
(fl.317 c. ppal).
4.2. En proveído del 16 de marzo de 2017, se corrió traslado del proceso a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto (fl. 319).
4.3 La parte actora se ratificó en los planteamientos y cargos de la demanda y
solicitó que el fallo apelado fuera confirmado, salvo en lo relativo a la denegación
de las pretensiones relacionadas con la liquidación del contrato materia de juicio,
punto respecto del cual pidió nuevamente que se revisara, para proceder a liquidar
judicialmente el indicado negocio.
4.4. El IDU, a su turno, reprodujo algunos apartes jurisprudenciales relacionados
con el término legal para el ejercicio de las potestades excepcionales, al tiempo que
señaló que la “multa” impuesta a la contratista se dispuso durante la vigencia del
negocio jurídico y no por fuera de ella, de suerte que era palmaria la competencia
de la entidad para el “ejercicio de la potestad sancionatoria”.
Refirió, asimismo, otros extractos jurisprudenciales en los que resaltó el alegado
criterio de que, en la etapa de liquidación del contrato, no podía estar ausente la
potestad de autotutela de la administración para declarar incumplimientos e imponer
sanciones al contratista.
Con base en tales basamentos de la jurisprudencia, solicitó que fuera revocado el
fallo de primera instancia.
4.5. El Ministerio Público guardó silencio.
7 En la que, además, se declaró fallida la conciliación judicial prevista en el artículo 70 de la Ley 1395
de 2010.
17
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
II.- CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales
1.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de este proceso en segunda
instancia, en los términos del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por la Ley 446 de 1998 –en vigor para la fecha de interposición de la
demanda-. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la
nulidad de las resoluciones de imposición de multas, declaratoria de caducidad y
liquidación del contrato IDU-UEL 7-8-805-99 de 1999, en el que fungió como
contratante el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, cuya naturaleza es la de un
establecimiento público del orden distrital, creado mediante el Acuerdo Nº 19 del 6
de octubre de 1972, todo lo cual hace palmaria la naturaleza pública de la entidad
demandada y habilita, por consiguiente, a esta jurisdicción para resolver el presente
asunto.
En cuanto a la vocación del proceso para ser tramitado en segunda instancia, en el
sub judice se cumplen los presupuestos de ley puesto que, aun la menor de las
pretensiones económicas formuladas en los dos procesos acumulados supera los
500 S.M.L.M.V.8, establecidos en el artículo 132, numeral 5, del C.C.A., vigente en
la fecha en que fue incoado este proceso. En efecto, la pretensión más baja fue la
estimada por los integrantes de la unión temporal, quienes solicitaron la suma de
$865’140.522,15 como saldo actualizado de la liquidación del contrato9.
1.2. Oportunidad para demandar
De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal d), del C.C.A., en las acciones
relativas a contratos que requieran liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente
por la entidad estatal contratante, el término de caducidad de dos años establecido
en esa norma comienza a correr desde la ejecutoria del acto que apruebe la
liquidación unilateral.
8 Es decir, $166’000.000 para 2003 y $179´000.000 para 2004. En efecto, el salario mínimo legal
mensual que rigió en 2003 -año en que se interpuso la primera demanda acumulada- era de
$332.000 (Decreto 3232 de 2002), mientras que en 2004, tal concepto fue fijado en $358.000
(Decreto 3770 de 2003).
9 La cuantía total de la demanda N° 2003-02138 fue fijada en $9.004’552.985,95 (fl. 275, c.5).
18
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
En el presente caso, el contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99, sobre el cual recae
la controversia, fue liquidado mediante la Resoluciones 12433 del 19 de diciembre
de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, ésta última notificada mediante edicto
desfijado el 9 de septiembre de 2003 (fl. 143, c. 30), de suerte que el término de
caducidad comenzaba a correr el 10 de septiembre del mismo año y estaba llamado
a culminar el 10 de septiembre de 2005.
No está de más destacar que tanto las resoluciones de multa como las de caducidad
del contrato, demandadas en el sub lite, estaban directamente relacionadas con la
liquidación misma del negocio jurídico, lo cual hace aún más palmaria la
procedencia de contabilizar el plazo de caducidad con base en las reglas especiales
antes anotadas.
Dado que la demanda N° 2003-02138 (interpuesta por la unión temporal hoy
apelante) fue presentada el 6 de octubre de 2003, se advierte que respecto de ella
no operó el fenómeno de la caducidad.
Respecto de la demanda radicada con el N° 2004-00426, incoada por Confianza
S.A., debe darse aplicación a la regla fijada en el artículo 136, numeral 10, literal d),
del C.C.A., pues el supuesto de contabilización específica de caducidad que allí se
señala es el que se cumple en el sub lite, esto es, que se trate de un contrato que
requiera liquidación y ésta se haya efectuado unilateralmente por la entidad. Así, el
término respectivo vencía, como se anotó, el 10 de septiembre de 2005, y la
demanda de la aseguradora Confianza S.A. fue interpuesta el 11 de febrero de
2004, es decir, sin sobrepasar el plazo legal, razón por la cual se revocará el ordinal
primero del fallo apelado, dado que el presupuesto procesal de presentación
oportuna de la demanda fue cumplido por la indicada compañía garante.
2. Caso concreto
2.1. Problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos por las partes en sus recursos de
apelación, le corresponde a la Sala establecer: i) si se desvirtúa lo resuelto en la
sentencia de primer grado, en cuanto a la nulidad de las resoluciones en las que el
IDU impuso una multa a su contratista y declaró la caducidad del contrato. En ese
sentido, deberá establecerse: a) si la entidad era o no competente para adoptar las
indicadas decisiones -cuestión que el a quo resolvió de manera negativa-, y b) si al
19
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
ser afirmativo lo anterior, los incumplimientos que la entidad estatal alega en la
apelación justificaban la expedición de las resoluciones mencionadas; ii) si se
desvirtúa lo resuelto en el fallo apelado, frente a la declaratoria de nulidad del acto
de liquidación unilateral del contrato, emitido por el IDU; iii) si hay lugar a liquidar
judicialmente el contrato estatal debatido, y iv) si se debe acceder a las 15
reclamaciones económicas formuladas por la demandante ante el IDU, y en este
juicio.
2.2. Hechos Probados
Los medios de prueba que obran en el proceso fueron aportados en legal forma por
ambas partes y acreditan los hechos relevantes que se señalarán en esta
sentencia. Se mencionan a continuación los de carácter más general, con el
propósito de dar contexto al análisis que efectuará la Sala respecto de los puntos
específicos debatidos por los apelantes, así como de las reclamaciones invocadas
en el recurso interpuesto por la actora, frente a todo lo cual se referirán eventos
más puntuales demostrados en esta causa.
a) La licitación y el contrato
-. En octubre de 1999, el IDU abrió la licitación pública IDU-LP-UEL-081-1999, con
el objeto de contratar el estudio, diseño y construcción de 40 vías de la localidad de
Bosa y 6 vías de la localidad de Kennedy, cuya nomenclatura y medida enlistó en
el pliego de condiciones bajo la advertencia de que se podrían excluir de tal relación
algunas vías mencionadas, e incluir otras, “conservando las metas físicas objeto
del presente pliego” (fls. 1001-1002, c.7).
De acuerdo con los datos de la lista presentada por el IDU, la longitud total de las
vías objeto de contratación sería de 3.134 metros, mientras que el ancho total
diseñado y construido debía ser de 282,8 metros.
-. La entidad señaló como presupuesto oficial estimado, la suma de $1.676’900.000
para la localidad de Bosa, y $348’079.912 para la localidad de Kennedy. De
acuerdo con la minuta del contrato, anexa al pliego de condiciones, el valor del
contrato se establecería con la modalidad de precio global fijo para los estudios y
diseños, y la de precios unitarios para el componente de construcción (fl.105, c.9).
20
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. En el numeral 1.16 del pliego de condiciones se advirtió que los estudios y diseños
a cargo del contratista se adelantarían de acuerdo a los requerimientos del IDU, e
incluirían las siguientes diez áreas técnicas:
● Estudios de tránsito, capacidad y niveles de servicio.
● Estudios y diseños geométricos.
● Estudios y diseños de espacio público.
● Estudios y diseños del drenaje y subdrenaje.
● Estudios y diseños de las redes de servicios públicos.
● Estudios y diseños geotécnicos viales y de pavimento
● Estudios y diseños geotécnicos para fundaciones de puentes y otras
estructuras.
● Estudios y diseños estructurales de puentes, estructuras de drenaje,
contención, pasos peatonales y demás obras complementarias.
● Estudios y diseños de dispositivos de control, señalización y seguridad de
tráfico e iluminación.
● Especificaciones técnicas de las obras, análisis de precios unitarios (si fuere
necesario), presupuesto y otra información técnica que se requiere para el
inicio de la construcción.
El pliego describió ampliamente el alcance completo de los estudios y diseños en
cada una de las indicadas áreas técnicas, señalando las responsabilidades
específicas del contratista, que comprendían, v.gr., en los estudios de tránsito,
determinación de la demanda e identificación de las condiciones operacionales de
flujo vehicular, con miras a formular alternativas de solución a problemas de tráfico
y transporte, para todo lo cual sería de su cargo “efectuar la recopilación y análisis
de toda la información que represente o sea de alguna utilidad para el proyecto,
contenida en estudios preliminares, bien sea del IDU o cualquiera otra entidad de
carácter pública o privada (sic)” (fl. 1049, c.7).
Asimismo, para los estudios y diseños geométricos, el contratista debería “realizar
las consultas necesarias ante el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital (D.A.P.D.) para informarse de la ubicación del corredor destinado para la
construcción de los proyectos y sus características de ancho, sección transversal,
usos del suelo, etc.” (fl. 1050), lo cual implicaba la carga de establecer la tipología
definida por ese organismo, para cada una de las vías.
Sobre estas obligaciones del contratista, indicó también el documento regulatorio
(fl. 1050):
Deberá recopilar y analizar la información existente, incluyendo proyectos viales
o trazados preliminares o urbanísticos en la zona de influencia de las obras
objeto de estudio, igualmente deberá consultar con las empresas de servicios
públicos sobre los planes de éstas en materia de construcciones de redes,
consultará con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sobre las
21
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
redes de alcantarillado (...), lo mismo que sobre las redes de acueducto y
estructuras para el cruce de canales (...).
Toda la información suministrada deberá ser verificada y analizada por
parte del consultor. (Énfasis fuera de texto).
De otro lado, pero igualmente para cada área técnica, el contratista debía presentar
un informe que incluyera “la metodología seguida para la ejecución de los estudios
y diseños efectuados, la memoria de las alternativas planteadas y cálculos
efectuados, indicando los parámetros utilizados, el análisis de los resultados
obtenidos, las conclusiones y todo aspecto relevante que sea justificativo del
contenido de los planos de construcción” (fl. 1048, c.7). Asimismo, debía suministrar
un archivo magnético de los planos y mapas, con información de campo sobre la
geometría de las vías y sus zonas, sistema de drenaje existente, secciones
transversales, perfiles longitudinales “y toda la demás información recolectada que
sea de utilidad para cumplir con el propósito anotado”.
-. Como resultado de toda la fase de estudios y diseños, el contratista debía
presentar las cantidades de obra, el presupuesto y las “Especificaciones
Particulares para cada uno de los tramos evaluados”. En línea con tales
previsiones, le correspondería consultar con las entidades competentes los
documentos que permitieran el desarrollo del objeto contractual, así como asumir
íntegramente los costos de la etapa de estudios y diseños.
Sobre la fase de construcción, advirtió la entidad (fl. 1009, c. 7):
Una vez realizado el diseño de las vías a construir, y previa aprobación por parte
de la Interventoría y del IDU, el Contratista iniciará la ejecución de las obras
objeto del contrato (…).
El desarrollo de la obra deberá cumplir con las especificaciones técnicas y
económicas que se presenten en los Estudios y Diseños, y que sean aprobadas
por la Interventoría (…).
Asimismo, de conformidad con el numeral 1.17, las obras debían ser ejecutadas
siguiendo el orden de prelación indicado por el IDU, sin perjuicio de adelantar las
respectivas labores en ambos frentes de trabajo (localidades de Bosa y Kennedy)
de manera simultánea.
-. El mismo numeral 1.17 del instrumento licitatorio reguló lo concerniente al manejo
de recursos, advirtiendo que en aquellos casos en que se emitiera certificado de
disponibilidad presupuestal para un ítem u obra específica, sólo podría emplearse
22
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
para ese efecto, sin que con tal instrumento pudiera ampararse en ningún caso
obras distintas, aunque las mismas pertenecieran a la misma localidad.
-. De conformidad con el numeral 3.2.13 del documento precontractual, el
proponente seleccionado estaría en la obligación de presentar, al suscribir el
contrato, la metodología de los estudios y diseños, especialmente en cuanto al
levantamiento topográfico, el estudio de suelos y evaluación de pavimentos, el
estudio de tránsito, el diseño estructural, las cantidades de obra y las
especificaciones. Asimismo, debería entregar el enfoque y metodología de la
construcción.
Seguidamente, se advirtió que la oferta debía incluir, para cada ítem de pago, el
análisis de precios unitarios, el cual se obtendría con la información de los costos
básicos de la región, en equipos, materiales y mano de obra, entre otros conceptos,
“teniendo en cuenta además los factores de producción y las condiciones de la
región como el régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de
explotación y producción de los agregados pétreos y todos aquellos factores que
puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems” (fl. 31, c.9).
La contratación, según el numeral 3.2.14.2, preveía el reajuste de los precios
unitarios para la fase de construcción. Al respecto, se indicó que los mismos debían
cubrir materiales, mano de obra en jornadas diurna y nocturna y días feriados,
prestaciones sociales, herramientas, maquinaria y demás gastos inherentes al
contrato, incluyendo los elementos del AIU.
Por otro lado, la entidad advirtió que el contrato de obra estaría sujeto al pago de la
contribución especial prevista en la Ley 104 de 1993 y a distintas categorías de
impuestos.
-. En lo relativo a la forma de pago, el pliego de condiciones indicó en el numeral
5.5 que, para la fase de estudios y diseños, se efectuaría un “pago anticipado”
equivalente al 50% del valor propuesto para ese componente del contrato, una vez
cumplidos los requisitos de su perfeccionamiento y legalización, mientras que el
restante 50% del mismo valor de los estudios y diseños se pagaría cuando fueran
recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y el IDU.
Por su parte, la fase de construcción se cubriría con un giro inicial del anticipo por
el 30% “del valor estimado de construcción”, mientras que el siguiente 60% se
23
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
pagaría “mediante presentación de actas mensuales por obra ejecutada,
formuladas por el contratista de acuerdo con las cantidades (...) aceptadas por la
interventoría”, y a satisfacción del IDU. Finalmente, el 10% restante se pagaría al
recibirse y firmarse a satisfacción las actas de terminación “y liquidación” (fl. 51, c.9).
Se señaló en el numeral 5.6 del pliego de condiciones que no se supeditaría al giro
del anticipo el inicio de las obras ni el cumplimiento de ninguna obligación
contractual, dada la capacidad económica que previamente habría acreditado el
contratista (fl. 51, c.9).
-. De otro lado, en el numeral 5.2 se precisó que en cada acta mensual de obra se
descontaría, del valor neto allí reconocido, el porcentaje correspondiente al anticipo,
y que la suma obtenida sería ajustada de acuerdo con la siguiente fórmula (fl. 52 c.
9):
P1 = Po × ɪ/ɪo
Donde,
P1 = Valor ajustado del acta de obra.
Po = Valor básico del acta, calculado según las cantidades de obra ejecutada, a los precios
unitarios consignados en la “Lista de Cantidades de Obra, Precios Unitarios y Valor Total”.
ɪ = Valor del índice del Grupo de Obras 2, proyectado por el IDU para el mes de ejecución
de las obras.
ɪo = Valor del mismo índice, correspondiente al mes de cierre de la licitación.
-. El pliego de condiciones previó múltiples aspectos para las fases de estudios,
diseño y construcción. Para ésta última, estableció la posibilidad de pactar ítems
adicionales en caso de que la interventoría estableciera su necesidad (numeral 6.3),
evento en el cual el contratista estaría obligado a ejecutarlos, previo pacto de
nuevos precios, “en los términos de la Ley 80 de 1993” (fl. 85, c.9).
A ese respecto, se precisó que los precios que se pactaran serían los acordados
entre el contratista y la interventoría, teniendo en cuenta los valores vigentes en el
mercado en la fecha del estudio económico respectivo, “sin variar los porcentajes
AIU de la propuesta”. Correría a cargo del contratista la presentación del Análisis
de Precios Unitarios, respecto de la cual la interventoría podría solicitar su
modificación o aclaración.
24
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. En el numeral 6.15 del instrumento de selección, se estableció (fl. 86 c.9):
En el evento de presentarse circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista deberá dar aviso de tal hecho al IDU y al Interventor, adjuntando las
pruebas que tipifiquen el hecho como tal, para que el IDU considere la
posibilidad de exonerarlo. Las causas que lo motivaron y la diligencia con que
el contratista actuó ante ellos deberán haberse hecho constar dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas
suscritas por el interventor y el contratista, las cuales requerirán la aprobación
del IDU (...). Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza
mayor deberán ser consignadas en acta. El contratista deberá asumir los
sobrecostos resultantes, tales como los correspondientes a lucro cesante y
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de su propiedad. En el evento
en que el IDU concluya que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán
además por cuenta del contratista, todas las reparaciones, reconstrucciones e
indemnizaciones a que haya lugar.
-. El 31 de diciembre de 1999, el IDU y la unión temporal Obras Viales celebraron
el contrato IDU-UEL.7-8-805-99 (fls. 255-261, c.9), para adelantar el estudio, diseño y
construcción de las vías relacionadas en el numeral 1.1 del pliego de condiciones
referido, en las localidades de Bosa y Kennedy. Se reiteró en el parágrafo segundo
de la cláusula primera, que el IDU podría excluir de ese numeral una o más de las
vías contratadas, o bien, incluir otras en la misma localidad, “conservando las metas
físicas” del pliego de condiciones.
Por lo demás, el contratista debía cumplir el objeto contractual siguiendo lo
señalado en la licitación pública.
-. De conformidad con la misma cláusula primera, los estudios y diseños se
contrataron bajo la modalidad de precio global fijo, mientras que la construcción se
ejecutaría bajo precios unitarios.
-. La cláusula tercera estableció las obligaciones de la unión temporal frente a los
estudios y diseños. Así, entre otras cosas, le correspondía a la contratista: i)
ejecutar los diseños geométricos, estudio de suelos, estudio de tránsito, evaluación
de redes y evaluación de pavimento; ii) como resultado de tales estudios y diseños,
debía “presentar las cantidades de obra, presupuesto de obra y especificaciones
particulares para cada uno de los tramos evaluados”; iii) hacer las correcciones
indicadas por la interventoría y atender sus observaciones, “hasta obtener la
aprobación final de los diseños”, para lo cual tendría un plazo de cinco días
calendario a partir de cada corrección solicitada; iv) presentar informes quincenales
ante la interventoría, así como un informe final, sobre el avance de los estudios y
diseños.
25
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. Se previó en la cláusula cuarta que, en relación con la obra, el contratista tendría
la obligación de ejecutarla a los precios unitarios cotizados en la propuesta, y
hacerse cargo de la adquisición (que comprendía la eventual importación),
transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas
las máquinas, equipos y demás elementos necesarios para la realización de sus
labores. Asimismo, debía proceder a la reparación de las vías de acceso a las zonas
intervenidas y tramitar ante las empresas de servicios públicos domiciliarios la
constancia de recibo a satisfacción de las respectivas redes.
-. De acuerdo con la cláusula novena contractual, el plazo de ejecución de todo el
objeto pactado sería de 10 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio o
de la orden que en tal sentido impartiera la Dirección Técnica de Malla Vial del IDU
(fl. 255, c.9). Con todo, la vigencia total del negocio jurídico abarcaría dos meses
adicionales, según lo dispuesto en el parágrafo de la misma cláusula.
No se incluyeron en el contrato estipulaciones atinentes a su prórroga ni a su
suspensión.
-. El valor total del contrato fue establecido en la cláusula quinta, por la suma de
$2.024’979.912, de los cuales, $136’511.577 corresponderían a los estudios y
diseños -incluido el IVA- y $1.888’468.335, a las obras de construcción (fl. 0257, c.9).
Sin perjuicio de ello, se recalcó que el valor final de la obra construida sería el que
resultara de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas, por los precios
unitarios señalados en la oferta para la fase de construcción.
En cuanto a la forma de pago, se dispuso en la cláusula sexta:
El IDU pagará al CONTRATISTA el valor pactado en la cláusula anterior, de la
siguiente manera: 1) un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
del contrato una vez se hayan cumplido los requisitos legales para iniciar su
ejecución. 2) Un sesenta por ciento (60%) del valor del contrato mediante la
presentación de diez (10) actas mensuales por obra ejecutada, según el
plazo de ejecución del contrato, las cuales serán formuladas por el
CONTRATISTA de acuerdo con la cantidad de obra aceptada por la
interventoría y a satisfacción del IDU. 3) El diez por ciento (10%) restante,
previo recibo a satisfacción y suscripción de las actas de terminación y
liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Al valor del acta mensual de
obra se le descontará el valor correspondiente al anticipo, y al valor así obtenido,
se le efectuará el ajuste respectivo en lo que se refiere a construcción, conforme
lo señalado en el numeral 5.8 del pliego de condiciones. (Destaca la Sala).
Las partes advirtieron, además, en el parágrafo segundo ibídem, lo relativo a la
cuenta bancaria especial destinada al anticipo, y a su manejo conjunto entre la
26
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
contratista y la firma interventora, llevando ambos sujetos un registro de la cuenta,
que demostrara inequívocamente el saldo y las bases que lo conformaran. Se
añadió que los dineros del anticipo sólo podrían utilizarse siguiendo el programa de
inversiones, ajustado y debidamente aprobado por la interventoría, la que además
debía aprobar o improbar las cuentas de inversión y de relación de gastos.
Cualquier diferencia entre el saldo bancario consignado en el extracto y el registro
de gastos o el programa de inversiones, ameritaría el cobro del amparo de buen
manejo y correcta inversión del anticipo, incluido en las garantías del contrato (fl. 257,
c.9).
-. En la cláusula séptima se subrayó que los impuestos y retenciones surgidos del
contrato correrían enteramente por cuenta de la contratista, para lo cual el IDU haría
las retenciones del caso, de acuerdo con la Ley.
-. La cláusula décima tercera estableció la facultad para el IDU de imponer multas a
la contratista, en caso de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, por el
equivalente al uno por mil diario del valor del contrato, sin exceder el 30% de ese
total (fl. 260, c.9). A su vez, la cláusula décima quinta estableció la pena pecuniaria
del 30% del valor del contrato, cuando la interventoría presentara informe de
incumplimiento del contratista.
-. A su vez, la cláusula décima sexta previó la declaratoria de caducidad del contrato,
y la décima séptima, el ejercicio de las facultades de terminación, modificación e
interpretación unilaterales.
En cuanto a la liquidación, se señaló en la cláusula décima novena que se llevaría
a cabo siguiendo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (fl. 260, c.9).
-. Por último, en la cláusula vigésima primera las partes estipularon lo relativo a la
solución de controversias, en el sentido de que, frente a cualquier diferencia o
discrepancia surgida por la celebración, ejecución, desarrollo, terminación y
liquidación del contrato, se acudiría a los mecanismos de solución directa, previstos
en el Capítulo VIII de la Ley 80 de 1993.
-. De acuerdo con lo consignado en el informe final de interventoría, suscrito en
marzo de 2001, pese a que el contrato se celebró para 46 vías en las localidades
de Bosa y Kennedy, sólo resultó viable la ejecución de algunas de ellas.
27
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Indicó la firma interventora (fl. 4023, c.4):
El objeto del contrato en la parte de construcción, al igual que el de los estudios
y diseños, era de 40 vías en la localidad de Bosa y 6 en la localidad de Kennedy.
Una vez aprobadas por la EAAB las vías que podían pavimentarse, tramitadas
las autocertificaciones y elaborados los presupuestos correspondientes a cada
una de las vías, se definieron las vías que podían pavimentarse. Como
resultado de este estudio, se obtuvo que solamente 20 vías cumplían con el
presupuesto y la viabilidad técnica; 4 vías tenían presupuesto parcial y eran
viables técnicamente, y 21 vías no se podían intervenir por no cumplir con una
o dos de las condiciones.
Como se indicó en la resolución de declaratoria de caducidad, (que la Sala referirá
más adelante), el valor de las obras posibles de ejecutar era de $1.116’711.770.
-. Las partes suscribieron múltiples actas de avance, seguimiento y de recibo de
obra, éstas últimas con inclusión de los reajustes al valor de los ítems ejecutados y
recibidos en cada período (cuaderno 4). Se destaca en primer lugar la de inicio de la
fase de estudios y diseños, suscrita el 15 de mayo de 2000, y que constituyó el
punto de partida de la ejecución de todo el contrato; en dicha acta de inicio se
advirtió que el término para la entrega total del primer componente (estudios y
diseños) sería de cuatro meses, que expirarían el 14 de septiembre de 2000. En
actas de seguimiento 8 y 9, suscritas respectivamente el 12 y el 18 de julio de 2000,
se acordó no realizar los estudios y diseños de las vías 2, 39, 40 y 17, por
haberse evidenciado que ya contaban con esa consultoría, en el marco de contratos
anteriores.
-. Desde el informe periódico de la interventoría correspondiente a junio de 2000,
se evidenciaron incumplimientos de la contratista por falta de contratación de
personal y atrasos en la entrega de los Programas Generales de Diseño, Obra y de
Inversiones, así como en la entrega de los estudios y diseños y de los informes
periódicos que al respecto debía presentar la unión temporal (fls. 3885-3901, c.13). En
las Actas de Seguimiento 8 y 9, se le advirtió a la contratista que estaba registrando
demoras considerables en varias áreas técnicas y subcomponentes de los estudios
y diseños, tales como la topografía, ensayos de laboratorio, análisis de
cimentaciones, cálculo de cantidades de obra, análisis de pavimentos y estudios de
tráfico y capacidad vial (fl. 0694 y 0700, c.4). Ya en el informe final de interventoría,
elaborado en marzo de 2001, se detallaron las fallas del contratista al entregar los
distintos elementos de los estudios y diseños, en varios casos después de la fecha
de terminación del contrato.
28
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Precisó la firma interventora que, a fin de facilitar la entrega de los estudios y
diseños y propiciar el inicio oportuno de los trabajos de construcción, se
distribuyeron las vías contratadas en cinco grupos, atendiendo a la cercanía entre
ellas, las prioridades de la alcaldía y la aprobación técnica por parte de la EAAB.
Tras reiterar la interventoría lo relatado en las actas e informes anteriores, señaló
que, en reunión de descargos celebrada el 9 de agosto de 2000, se convino ampliar
en un mes la fase de los estudios y diseños10, que por consiguiente debía culminar
el 14 de octubre de ese año, sin perjuicio de que se entregaran antes, el 23 de
agosto de 2000, los estudios y diseños del Grupo N° 1 y se iniciaran trabajos de
pavimentación el 15 de septiembre.
Agregó (fl. 4026, c.13):
Los compromisos no se cumplieron, y los estudios y diseños continuaron su
atraso. Pero dada la necesidad de iniciar los trabajos de obra, y teniendo en
cuenta el estado de los estudios y diseños de los grupos 1 y 2, la interventoría,
con la aprobación del IDU, los aceptan (sic), con el conocimiento y el
compromiso de que al diseño geométrico se le harían los ajustes que fueran
necesarios (…). A pesar de la posición positiva de la interventoría y del IDU, de
colaborar con el contratista para que pudiera cumplir con el contrato, no hubo
la reciprocidad que se esperaba, pues los estudios y diseños nunca llegaron a
terminarse y completarse, como lo exigían los pliegos de la licitación.
Seguidamente, describió de manera general las falencias y aciertos de los estudios
entregados, en los frentes de topografía, tránsito y capacidad vial, suelos y
pavimentos, estudio del diseño geométrico, demarcación y señalización, espacio
público, y redes y servicios públicos.
De acuerdo con los cuadros anexos al informe final (fls. 4099-4107, c.13), las fallas
principales fueron las siguientes:
• ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS: No se entregaron planos digitalizados en
medio magnético; no se entregó la materialización y la referenciación en
campo de los proyectos definitivos, para casi la totalidad de las vías. Faltó
recopilación de información a cargo de la contratista ante el Departamento
10 Si bien no reposa en el plenario el “acta de descargos” del 9 de agosto de 2000, referida por el
IDU, se tiene que el 25 de septiembre de ese año, la actora le entregó a la entidad, y a la firma
interventora, la Reprogramación General de Estudios, Diseños y Construcción, en la cual se
comprometió a culminar la fase consultora de estudios y diseños, el 15 de octubre de 2000 (fls 2588-
2590, c.11). Adicionalmente, el acta de inicio de la etapa de construcción se suscribió, en efecto, el
15 de octubre de 2000, precisándose esa fecha, en los datos generales del contrato, como el punto
de inicio de la etapa constructiva, definido previamente (fl. 517, c.4).
29
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
de Planeación Distrital (DAPD), acerca de la tipología de una de las vías (N°
35).
• ESTUDIOS DE TRÁNSITO: Entrega tardía.
• DISEÑOS GEOMÉTRICOS: Falta de claridad en los límites, en cinco vías
(5, 8, 9 y 31 de Bosa, y N° 2 de Kennedy); diseño no válido por tramo
equivocado, en vía 36; diseño errado en tipología de vía N° 35 por falta de
consulta ante el DAPD; diseño de sólo media calzada en vía N° 38; sin
arreglar secciones transversales en vías 1 y 4 de Kennedy; errores en una
parte de la vía N° 6 de Kennedy, por falta de recomendaciones del consultor
respecto de la necesidad de adquirir predio; otros errores en vías 10, 11, 21,
33, 36 y 37.
• DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN: Quedó pendiente de corrección casi la
totalidad de las vías, excepto las 16 y 32, y las números 1 a 4 de Kennedy.
• DISEÑO DE ESPACIO PÚBLICO: Se hizo anotación en casi la totalidad de
las vías, de no haberse entregado diseño alguno, y en los casos en que sí
hubo entrega, quedaron pendientes algunas correcciones. Sólo los estudios
y diseños de la vía N° 40 quedaron sin comentarios de fallas.
• DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS: Fallas
de diversa índole en vías 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 29, 33, 34,
38, y N° 2 de Kennedy.
• DISEÑO DE REDES DE ENERGÍA, GAS Y TELÉFONO: Planos sin firmas,
entrega de copias sin originales. Con todo, se precisó que las empresas
prestadoras informaron que no se requerirían trabajos en esos servicios.
• CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES:
Aunque no se hicieron comentarios en vías individuales, se hizo el siguiente
comentario general: “Faltaron informes de topografía, diseño geométrico,
señalización y demarcación, de espacio público y completar redes de
alcantarillado. Especificaciones faltaron de espacio público y demarcación y
señalización” (fl. 4107, c.13).
• ESTUDIOS DE SUELO Y PAVIMENTOS: Sin comentarios de la interventora.
b) La resolución de multa
El 9 de marzo de 2001, el IDU dictó la Resolución N° 280, por la cual impuso a la
contratista una multa de $87’074.140, como sanción por haber incumplido con “los
estudios y diseños encargados a la firma Sodeic Ltda.” (fls. 44-51, c. 30).
30
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
La Administración subrayó que, para el 15 de noviembre de 2000 -fecha en que la
firma interventora presentó un informe de incumplimiento al IDU-, el contrato
presentaba un atraso considerable, entre otras razones, por: i) no avanzarse en el
Programa General de Diseño y Obra -que en un 41% estaba sin cubrir-; ii) falta de
coordinación en el componente de estudios y diseños; iii) falta de experiencia de la
firma diseñadora Sodeic Ltda., especialmente en la consecución de la información
con las empresas de servicios públicos, los trabajos de campo de la topografía y
los criterios para el diseño vial y de espacio público; y iv) las falencias en el
aprovisionamiento de espacios para oficina y para la instalación de personal de la
firma diseñadora, lo que paralizó diversas labores a su cargo.
Sostuvo la entidad que, en reunión efectuada el 11 de diciembre de 2000 -el marco
procedimiento para la aplicación de multas-, la unión temporal manifestó que los
problemas presentados con el contrato obedecieron a los cambios en la forma de
pago del anticipo, pues se estipularon bases distintas a las previstas en el pliego
de condiciones, frente a lo cual el IDU manifestó, en la misma reunión, que en todo
caso la contratista aceptó los cambios mencionados, al suscribir el negocio jurídico.
Agregó que si bien la contratista también adujo tardanzas en la entrega del anticipo,
la entidad manifestó que las demoras obedecieron a errores en el diligenciamiento
de las actas por parte de la unión temporal.
Transcribió un concepto emitido por la Dirección Técnica de Malla Vial el 15 de
enero de 2001, que incluyó lo siguiente (fl. 47, c. 30):
[E]l Contratista se encontraba a un (1) mes de terminar la etapa de Estudios y
Diseños, y de acuerdo con el atraso presentado se decidió otorgarle un mes
adicional al Diseñador para la entrega de los Estudios y Diseños de todas las
vías, es decir, el 15 de octubre de 2000; sin modificar la fecha de terminación
del contrato. Fecha que no se cumplió debido a que el contratista sólo entregó
los grupos Nos. 1 y 2 de los cinco (5) paquetes de vías que conforman el
contrato.
Sólo hasta el 27 de noviembre de 2000 se recibieron la (sic) totalidad de los
grupos para revisión por parte de la Interventoría. Sin embargo (...), la
Interventoría informó al Contratista que dentro de los paquetes entregados
hacían falta grupos de estudios y diseños, así mismo solicitaba hacer llegar a la
Interventoría nuevamente los estudios que se encontraban en correcciones (...).
El concepto de la Dirección Técnica de Malla Vial, acotado por el IDU, señaló que
la indicada demora en la entrega de los estudios y diseños derivó en el atraso del
programa de obra, a tal punto que, a dos meses de finalizar el plazo contractual,
31
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
sólo se habían ejecutado 7 vías, de todas las proyectadas, requiriéndose una
prórroga de tres meses con el subsiguiente incremento del valor en $43’108.100.
Concluyó el IDU que los descargos rendidos por la contratista no desvirtuaron su
incumplimiento, y que, con base en el instrumento de la Dirección Técnica
mencionada, evidenciaba que los días de atraso en la entrega de los estudios y
diseños transcurrieron entre el 15 de octubre y el 26 de noviembre de 2000, es
decir, 43 días calendario, por lo que el valor total de la multa pactada en el contrato
ascendía a $87’074.140.
-. La compañía de seguros Confianza S.A. interpuso recurso de reposición contra
el acto impositivo de la multa y argumentó, en primer término, que el plazo pactado
en el contrato era de 10 meses, sin haberse establecido ninguna limitación ni
distinción entre el tiempo destinado a los estudios y diseños y el empleado en la
realización de la obra, de suerte que el contrato no podía reputarse incumplido, ya
que la contratista entregó los estudios y diseños en noviembre de 2000, cuando
sólo se habían cumplido 6 meses de plazo, y no los 10 establecidos en las
cláusulas.
Por lo demás, expuso inconformidades relacionadas con las reglas del seguro, al
aducir que el ente afianzado -IDU- no había evitado la propagación del siniestro, no
demostró la cuantía del mismo y no dió aviso oportuno de su ocurrencia a la
aseguradora.
-. El IDU confirmó la imposición de la multa en Resolución N° 2363 del 25 de
septiembre de 2001, señalando que si bien el negocio jurídico estableció un término
de ejecución de 10 meses, era igualmente cierto que la contratista debía ceñirse a
las fases propias de un contrato de construcción de vías, como lo eran la
determinación de los parámetros de la obra, la realización del diseño respectivo y
su realización en campo, lo cual ameritaba la elaboración de un programa de obra
que garantizara la organización y el control del contrato, y que por tanto debía ser
también cumplido por la unión temporal, lo que no ocurrió. Igualmente, la entidad
desestimó los restantes argumentos de la recurrente Confianza S.A. (fls. 80-90, c.30).
c) La declaratoria de caducidad del contrato.
-. Mediante Resolución 1308 del 16 de mayo de 2001 -antes de confirmar la
imposición de la multa-, el IDU declaró el incumplimiento del contrato y la caducidad
32
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
administrativa del mismo, ordenó su liquidación, declaró ocurrido el siniestro de
buen manejo y correcta administración del anticipo por $209’682.149, ordenó
descontar esa suma del acta de liquidación respectiva sin perjuicio de ejecutar la
garantía correspondiente y dispuso hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria por
un monto de $276’002.026 (fls. 57-58, c. 30).
Asimismo, adoptó las siguientes decisiones (fl. 56, c.30):
ARTÍCULO QUINTO: Declarar que de la suma total del contrato que se puede
ejecutar, es decir, MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO ONCE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.230’111.937) M/CTE, el
contratista dejó de ejecutar la suma de NOVECIENTOS VEINTE MILLONES
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (920’006.755)
M/CTE (...), suma que deberá ser pagado (sic) con cargo a la garantía única (...)
o descontada del acta de liquidación respectiva.
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que [la suma] total dejada de ejecutar sólo
puede ser cubierta hasta el monto del amparo, es decir, la suma de
SEISCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($607’493.973), la suma restante
será demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (...).
ARTÍCULO SÉPTIMO: Ordenar demandar11 ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo la suma de TRESCIENTOS DOCE MILLONES
QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
($312’512.782) M/CTE, suma que resulta de descontar del total de la suma
dejada de ejecutar por el contratista ($920’006.755) (...) la suma asegurada
mediante el amparo de cumplimiento ($607’493.973).
La entidad determinó que los incumplimientos de la contratista se evidenciaron con
los informes de interventoría, que revelaron un atraso del 41% en el Programa
General de Obra para el mes de noviembre de 2000, por causas tales como la falta
de experiencia de la firma diseñadora Sodeic Ltda. (miembro de la unión temporal),
la paralización de trabajos de estudio y diseño por carencia de recursos de la
contratista y falencias en la coordinación de la fase de estudios y diseños, del lado
de la unión temporal.
Señaló que los productos de estudios y diseños nunca fueron entregados
oportunamente, y que en las entregas parciales, los productos de la contratista
debieron ser devueltos por la interventoría para su corrección, sin retroalimentación
de la unión temporal ni de su firma integrante Sodeic Ltda., encargada de la primera
fase.
11 En este proceso no se tuvo noticia, en primera ni en segunda instancia, de que el IDU hubiera
promovido la demanda ordenada en el artículo séptimo del acto administrativo reseñado.
33
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
En respaldo de ello, transcribió apartes de una comunicación remitida por la
interventora el 21 de febrero de 2001, y en la cual, según el IDU, se indicó (fl. 310,
c.9):
A finales del mes de diciembre de 2000 y comienzos de enero de 2001, esta
Interventoría solicitó las últimas correcciones a la mayor parte de los estudios y
diseños, y ante el incumplimiento de la Contratista, la Interventoría le envió una
comunicación solicitándole que entregara los estudios y diseños el 5 de febrero,
contestando que no podía cumplir con esa fecha; se le citó nuevamente para el
7 de febrero, pero igualmente se excusó diciendo que por cambio de oficinas
no podía hacer entrega de los diseños; se le citó por última vez para el 12 de
febrero, y respondió que por dificultades económicas no podía entregar ese día,
pero que en el transcurso de la (...) semana estaría entregando los diseños
faltantes.
En cuanto a la etapa de construcción, y de conformidad con el mismo informe, su
inicio sólo tuvo lugar el 17 de octubre de 2001, un mes después de la fecha prevista
en el Programa General de Obra, atraso que había obedecido esencialmente a la
falta de entrega oportuna de los estudios y diseños del Grupo 1 de las vías
contratadas, lo que llevó en su momento a la interventora a aceptar la topografía y
el diseño geométrico existentes en ese momento, con el compromiso de que los
ajustes respectivos se hicieran mientras la obra estuviera en marcha.
Agregó (fl. 312, c.9):
Esta aceptación se dio en la Reunión de Seguimiento N° 19 del 6 de octubre de
2000, con el fin de no demorar más la iniciación del contrato (...).
La orden de iniciación de la construcción se da para la vía N° 17, puesto que
esta contaba ya con los estudios y diseños aprobados bajo otro contrato del IDU
(...).
Frente al estado financiero del contrato, el IDU precisó que, del valor total pactado,
sólo podía ejecutarse la suma de $1.230’111.937, de los cuales, $113’400.167
correspondían a los estudios y diseños, y $1.116’711.770, a la obra. Prosiguió
indicando que, a su vez, del valor total ejecutable, sólo se dio uso efectivo a la suma
de $310’105.182 ($91’145.384 por los estudios y diseños y $218’959.798 por la
construcción), quedando claro, además, que de la suma entregada por concepto
de anticipo, restaba por amortizar el equivalente a $209’682.149,10.
La entidad señaló en forma detallada otros varios incumplimientos que la Sala
ampliará más adelante, en lo pertinente.
-. La contratista interpuso recurso de reposición contra el acto que declaró la
caducidad del contrato, refutando lo relativo al cálculo del anticipo pendiente por
34
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
amortizar, la procedencia del amparo referente a ese anticipo, el debido proceso
para imponer la sanción de caducidad, la alegada falta de competencia del IDU
para ese mismo efecto, incumplimientos del IDU y en general, los mismos cargos
formulados en la demanda sub judice. Por su parte, la compañía aseguradora
garante del contrato también impugnó la decisión de la entidad estatal hoy
demandada.
-. Mediante Resolución N° 815 del 8 de marzo de 2002, el IDU confirmó la
declaratoria de caducidad del contrato.
d) La liquidación unilateral del contrato y las reclamaciones de la contratista
-. El 19 de diciembre de 2002, el IDU liquidó unilateralmente el contrato mediante
Resolución 12433, refiriendo en la parte motiva sólo lo concerniente a la celebración
del contrato, los otros actos administrativos dictados en el marco del mismo y
el trámite fallido de la liquidación bilateral (fls. 151-158, c. 30). Respecto de esto último,
adujo que el 16 de octubre de 2002 la contratista manifestó su total inconformidad
con el proyecto de balance entregado por la Administración, solicitando el
reconocimiento e inclusión de “16 pretensiones económicas” y reiterando su
desacuerdo, tanto con la multa que le fue impuesta como con la declaratoria de
caducidad del contrato.
Frente al acto de imposición de multa, el IDU reiteró que esa sanción se había
tasado en la suma de $87’074.140, y que su aplicación contra la unión temporal
obedeció a los incumplimientos en los que ésta había incurrido durante la fase
correspondiente a los estudios y diseños del proyecto contratado. Asimismo,
recalcó que el acto administrativo había sido confirmado en sede de reposición,
mediante Resolución 2363 del 25 de septiembre de 2001.
Con respecto a la declaratoria de caducidad, tras reseñar el contenido del acto
administrativo inicial y de cierre, señaló que, una vez en firme esa decisión, la
Dirección Técnica de Malla Vial inició las actuaciones tendientes a efectuar la
liquidación del contrato por mutuo acuerdo, sin éxito.
Al adentrarse en el balance del negocio jurídico, la entidad enlistó en el acápite
resolutivo las reservas presupuestales que lo ampararon (entre el 30 de diciembre
de 1999 y el 5 de marzo de 2002), las actas suscritas por las partes -incluyendo 5
35
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
actas de reajuste de obra- y las actas de pagos, con la indicación de sus respectivos
valores, así:
Tabla 2:
ACTAS DE PAGOS
ACTA CONCEPTO VALOR ANTICIPO NETO FACTURADO
N° Amortizado Acta
Pago parcial de estudios y
6 $27.502.807 $9.167.601 $18.335.206
diseños
Pago parcial de estudios y
9 $40.332.894 $13.444.301 $26.888.593
diseños
10 Recibo parcial de obra N°1 $41.624.743 $12.487.423 $29.137.320
11 Reajuste 1R $4.573.088 $0 $4.573.088
Total, valor cancelado al contratista $114.033.532 $35.099.325 $78.934.207
15 Recibo parcial de obra N° 2 $9.410.718 $2.823.215 $6.587.503
16 Reajustes 2R $11.535 $0 $11.535
19 Recibo parcial de obra N° 3 $28.492.517 $8.547.755 $19.944.762
20 Reajustes 3R $2.180.323 $0 $2.180.323
24 Recibo parcial de obra N° 4 $48.597.607 $14.579.282 $34.018.325
25 Reajustes 4R $5.135.510 $0 $5.135.510
26 Recibo parcial de obra N° 5 $9.608.463 $2.882.539 $6.725.924
27 Reajustes 5R $1.087.142 $0 $1.087.142
PU no previstos (informe final
$59.191.954 $16.272.242 $42.919.712
de interventoría)
Saldo Estudios y Diseños
$24.918.775 $7.475.632 $47.443.143
(Informe final de interventoría)
Total, valores ejecutados que se
$188.634.544 $52.580.665 $136.053.379
compensan en la presente liquidación
TOTALES $302.668.076 $87.679.990 $214.988.086
Precisó que, al valor entregado a título de anticipo, se le debían restar todas las
sumas amortizadas, tanto en las cuentas pagadas previamente a la unión temporal
como en las que se compensaban en la liquidación, conforme al indicado recuadro
de “actas de pagos”. A su vez -prosiguió-, al valor obtenido se le debía restar el
36
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
monto del anticipo aún depositado en la cuenta destinada al mismo, dinero que
sería reintegrado al IDU a título de “anticipo no amortizado”.
Agregó:
Dicho anticipo no amortizado debe compensarse con los valores netos de las
cuentas cuyos valores (sic) se compensan en el presente acto y sus reajustes,
así como con aquellos correspondientes a los valores pendientes de pago por
concepto de estudios y diseños y de precios unitarios no previstos, de
conformidad con la evaluación efectuada por la interventoría en su informe final.
El resultado que arrojan las anteriores operaciones corresponde al anticipo que,
no habiendo sido amortizado en obra, no fue susceptible de compensación en
la presente acta de liquidación mediante cruce de cuentas, y por el que deben
iniciarse las acciones tendientes a su cobro, de conformidad con lo ordenado
en la Resolución 1308 del 16 de mayo de 2001, mediante la cual se (...) declaró
la ocurrencia del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo (...) del
anticipo (...), haciéndose efectivo dicho amparo por valor de $209’682.149.
Hecha la indicada operación, se estableció como valor no amortizado ni
compensado del anticipo la suma de $96’255.347. Seguidamente, y por último, el
IDU estableció el siguiente balance del contrato:
Tabla 3:
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
Valor
Concepto Valor contrato Valor pagado
ejecución
Valor inicial del contrato $ 2.024.979.912
Adiciones $0 $0 $0
Reajustes $ 17.938.746 $ 4.573.088
Reconocimientos (si los hay) $0 $0 $0
Valor de los estudios y diseños $0 $ 92.754.476 $ 67.835.701
Valor de la obra $0 $ 191.974.854 $ 41.624.743
Valor no ejecutado a favor del IDU $ 1.722.311.836
Valor pendiente de pago al contratista
$0 $ 188.634.544
(compensadas)
Valor total contrato $ 302.668.076 $ 302.668.076 $ 302.668.076
37
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Tabla 4:
SALDOS A FAVOR DEL IDU
Valor a favor del IDU por concepto del anticipo no
amortizado en obra ni compensado en la presente $ 96.255.347
liquidación
Valor a favor del IDU por concepto de multa $ 87.074.140
valor que deberá pagarse al IDU por incumplimiento
del contrato, de conformidad con el artículo quinto de $ 920.006.755
la Resolución 1308 del 16 de mayo de 2001
TOTAL $ 1.103.336.242
-. La unión temporal Obras Viales interpuso recurso de reposición contra el acto
liquidatorio mencionado y cuestionó, entre otras cosas, que no se incluyera en las
“actas de pagos”, valores causados por el “no recibo de estudios y diseños, de obra
ejecutada y no [recibida] por el IDU, y por los graves incumplimientos de este
instituto”.
Señaló que dichas materias estaban contenidas en 16 reclamaciones formuladas
en el mismo recurso, aunque, en su criterio, debieron en todo caso incluirse en la
resolución impugnada, al ameritar pronunciamiento expreso por tratarse de
cuestiones “ampliamente conocidas por el IDU”.
Las denominadas reclamaciones consistieron, en términos generales, en lo
siguiente:
1) Reconocimiento y pago de la suma de $27’949.060,37 “por concepto de los
estudios y diseños ejecutados y no recibidos por el IDU y por [la] mayor área
diseñada respecto de la contratada”.
2) La suma de $23’111.410, por concepto de los estudios y diseños que ya estaban
ejecutados en anteriores contratos del IDU, pertenecientes a varias vías de Bosa y
Kennedy, cuyas tipologías, según la contratista, cambiaron cuando ya se estaban
construyendo.
3) Un monto de $16’755.974, correspondiente a obras ejecutadas y no recibidas
por el IDU, por disponer indebidamente su rechazo.
38
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
4) El valor de $2.’708.’345, correspondiente al 100% de los reajustes de la obra
ejecutada y no recibida por el IDU.
5) El pago de $19’177.086 como la diferencia entre los precios unitarios de la obra
no prevista reconocidos por el IDU, y los solicitados por la unión temporal.
6) El pago de $3’099.680, como reajuste de la diferencia entre los precios unitarios
reconocidos por el IDU respecto de las obras no previstas, y los solicitados por la
contratista.
7) La suma de $2’630.156, como reajuste del anticipo equivalente al 30% de la obra
no prevista reconocida por el IDU.
8) El reconocimiento del monto que corresponda, por concepto del reajuste al
anticipo causado sobre “las actas 10, 15, 19, 24 y 26 de recibo parcial Nos. 1, 2, 3,
4, 5, respectivamente, suscritas y tramitadas por el IDU” (fl. 456, c.9).
9) El pago de $45’692.390 a título de restablecimiento del equilibrio económico del
contrato, para todas las actividades de obra ejecutadas con componente de
concreto en cemento portland, debido al alza en el precio de los insumos, que no
fue cubierta con otros reajustes del contrato.
10) La suma de $302’139.852, por concepto del mayor valor de la administración
de la obra durante el tiempo de ejecución del contrato.
11) El monto de $201’426.568, como utilidad dejada de percibir sobre el valor de la
totalidad de la obra no ejecutada (...) por los incumplimientos del IDU.
12) El pago de $21’227.138 “por concepto de mayor valor pagado por la legalización
del contrato, incluyendo pólizas de seguro, garantía única de cumplimiento,
impuesto de timbre y publicación en el diario oficial, debido a la reducción de su
valor y a la obra que no se pudo ejecutar por los incumplimientos del IDU” (fl. 461,
c.9).
13) Una suma de $469’156.143, como “mayor valor deducido por el impuesto de
guerra o contribución especial, debido a que la totalidad del anticipo no fue girado
para la ejecución de la obra, ya que la parte restante se reintegrará al IDU” (fl. 462,
c.9).
39
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
14) La cuantía de $865.110 como “mayor valor a deducir por el impuesto de
emergencia económica sobre el saldo del anticipo que se reintegra al IDU” (fl. 462,
c.9).
15) La inclusión en el balance final, de $27’218.474, por concepto de “saldos en
proveedores”.
16) “Que se reciba en la liquidación el equipo y material comprado con recursos de
la cuenta corriente conjunta de anticipo del contrato, que se encuentra en bodega”,
por la suma de $14’050.031.
-. El IDU resolvió el indicado recurso mediante Resolución N° 6230 del 11 de agosto
de 2003, desestimando cada uno de los argumentos de la contratista,
especialmente las reclamaciones antes mencionadas, bajo conclusiones que se
detallarán en el estudio y solución de la controversia (fls. 163-188, c.30).
2.3. Análisis de la Sala
Como quedó señalado, el Tribunal de primera instancia declaró la nulidad de los
actos administrativos expedidos por el IDU para imponer multa a su contratista
(Resoluciones 280 y 2363 de 2001), declarar la caducidad del contrato
(Resoluciones 1308 de 2001 y 815 de 2002) y liquidarlo unilateralmente
(Resoluciones 12433 de 2002 y 6230 de 2003), considerando opuestas a derecho
las dos primeras decisiones por falta de competencia, y la última, por haberse
expedido con fundamento en las anteriores.
El IDU, en su apelación, insiste en que los actos enjuiciados se ajustaron a derecho,
de suerte que no debió declararse su nulidad, en particular, por no haber reparado
el juez de la causa en el incumplimiento contractual de la unión temporal
demandante.
2.3.1. De la nulidad de los actos en que la Administración impuso multa a su
contratista y declaró la caducidad del contrato
-. Respecto de la falta de competencia del IDU para imponer multa mediante las
Resoluciones 280 del 9 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de noviembre del mismo
año, se tiene que la entidad, al proponer en su momento la excepción de
40
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
“oportunidad, legalidad y validez de la potestad de imposición de multas por parte
del IDU”, recalcó que la finalidad de la cláusula contractual en que se pactó esa
medida pecuniaria fue garantizar la procedencia de una sanción para el contratista,
en caso de que incurriera en incumplimiento, y que esa misma previsión de las
partes traía aparejada para la entidad una facultad que entrañaba el ejercicio de
función administrativa, bajo los principios de eficacia y celeridad. Asimismo, adujo
que la Administración había procedido con la imposición de multa dentro del término
contractual.
Para la Sala, no le asistió razón al Tribunal de primera instancia al sostener que,
pese a estar habilitadas las partes para estipular en el contrato la aplicación de
multas por incumplimiento del colaborador de la Administración, no era procedente
hacerlas efectivas en forma unilateral, por no existir norma legal expresa que así lo
permitiera.
Ciertamente, conforme al principio de legalidad, que emerge entre otras normas con
el artículo 121 de la Constitución Política, “ninguna autoridad del Estado podrá
ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.
Bajo el actual ordenamiento, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las
entidades estatales para fijar mediante acto administrativo, contra su contratista
incumplido, multas que hayan sido pactadas en el negocio jurídico con el objeto de
conminarlo a cumplir con sus obligaciones. Dicha norma no estaba vigente cuando
se celebró el negocio materia de controversia (31 de diciembre de 1999) ni cuando
el IDU impuso la multa debatida en el sub judice (año 2001); sin embargo, para esa
época la jurisprudencia reconocía la competencia de las entidades estatales para
imponer unilateralmente las multas que estipularan en sus contratos regidos por la
Ley 80 de 1993.
Así, aunque la línea que inicialmente trazó la jurisprudencia tras la promulgación de
la Ley 80 de 1993, fue considerar que ésta no preveía expresamente la multa como
prerrogativa exorbitante, de suerte que su efectividad sólo podría procurarse por la
vía judicial12, lo cierto es que en posteriores oportunidades el mismo Consejo de
12 Dijo la Corporación: “[L]a Sala llama la atención en que la Ley 80 de 1993 no consagra ni multas
ni cláusula penal pecuniaria, como cláusulas implícitas en el contrato con el alcance de poderes
exorbitantes o estipulaciones extraordinarias. Por consiguiente, cuando se pretenda utilizar esas
figuras deberán ser expresamente convenidas por las partes y las circunstancias que las estructuren
habrán de ser declaradas judicialmente. Cuando se alegue infracción a la conducta reprimida por la
cláusula penal, deberá ser el juez del contrato quien la declare, porque el poder coactivo de la
administración, que le permitía frente a determinados contratos imponer por sí mismo, las sanciones
41
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Estado modificó su postura, al considerar que la imposición unilateral de multas
pactadas en contratos regidos por la Ley 80 de 1993 debía entenderse como una
facultad válida de la Administración, materializada en acto administrativo y surgida
no sólo por el pacto en las cláusulas del contrato sino por los poderes de dirección
y control que la misma Ley 80 les confirió a las entidades públicas, de cara a los
fines de la contratación estatal plasmados en ese ordenamiento, y como un
desarrollo de las funciones que en tal virtud se le asignaron en el artículo 4 ibidem.
Ello, de la mano con el atributo de ejecutividad de los actos administrativos,
reconocido por ese entonces en el artículo 64 del Código Contencioso
Administrativo, norma que, para la jurisprudencia, le permitía a la autoridad pública
contratante no sólo limitarse a declarar el incumplimiento, sino hacer efectiva la
multa que el mismo acarreaba, según lo establecido en la cláusula respectiva.
Señaló la jurisprudencia13:
Definido como está que las multas pueden estipularse en los contratos estatales
a manera de sanción ante el incumplimiento del contratista, el punto a
considerar es si ese incumplimiento lo debe declarar el juez o si puede hacerlo
directa y unilateralmente la administración a través de la expedición de un acto
administrativo. Para la Sala, la administración sí tiene competencia para
imponer por sí y ante sí, sin necesidad de acudir al juez, las multas
pactadas en un contrato estatal, en virtud del carácter ejecutivo que como
regla otorga el art. 64 del decreto ley 01 de 1984 a todos los actos
administrativos. En efecto, de conformidad con el art. 77 de la Ley 80 de 1993
‘en cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las
normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa,
serán aplicables en las actuaciones contractuales’ (...).
Si la contratación estatal en los términos del artículo 3º de la ley 80 de 1993 se
dirige a que se cumplan ‘los fines estatales, la continua y eficiente prestación
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados’, bien podrá la entidad pública contratante utilizar la cláusula de
multas pactada en el contrato para sancionar en forma directa la tardanza o el
incumplimiento del contratista (...).
Es cierto que la reiterada posición de la Sala es la de que los poderes
exorbitantes, hoy excepcionales, otorgan a la entidad una competencia también
excepcional, que debe ser ejercida dentro de la vigencia del contrato para
brindarle seguridad jurídica a la relación contractual, al punto que estarán
viciados de nulidad los actos en los que se ejercitan tales poderes cuando se
expiden por fuera del plazo del contrato, que es a la vez el término de vigencia
de la competencia de la entidad pública para ejercer directamente sus poderes,
puesto que una vez vencidos, ya será al juez del contrato al que le corresponda
calificar los incumplimientos. Este principio ha sido recogido en muchos de sus
fallos (...). Las razones que justificaban la limitación en el ejercicio de las
de multas o cláusula penal pecuniaria, establecidas en el Decreto 222 de 1983, desapareció por
derogatoria expresa que de ese decreto hizo la Ley 80 de 1993, artículo 81, sin que fueran
reemplazadas por esta ley.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, auto de 20 de febrero de 1997, exp. N° 12.669).
13 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 4
de junio de 1998, exp. N° 13.988. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
42
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
potestades de la entidad contratante siguen teniendo vigencia bajo el
nuevo régimen de contratación administrativa (Ley 80 de 1993).
En este orden de ideas, cualquiera hubiera sido la fecha de terminación del
plazo del contrato, sea la fecha de vencimiento que aduce la demandada en los
actos acusados o la del contratista de resultar fundados sus motivos de
justificación, el contrato estaba vencido para el 17 de abril de 1995 cuando se
expidió la resolución que impuso la multa, facultad de la que pudo haber hecho
uso la entidad pública demandada con fundamento en sus potestades
sancionatorias hasta antes de vencerse el término de duración del contrato
establecido en la cláusula séptima, que era de un mes posterior al vencimiento
del plazo que tenía el contratista para la entrega de las obras, lapso dentro del
cual debió haber evaluado los incumplimientos que se presentaron en el
contrato para conminar al contratista a cumplir, a través de la causal de multas
estipulada en el literal b de la cláusula décimo séptima del contrato (destaca la
Sala).
Bajo ese mismo entendimiento, de que la competencia para imponer las multas
provenía de la ley, además de las cláusulas, se contenía en un acto administrativo
y ponía de manifiesto el ejercicio de una potestad pública, reiteró la Corporación
más adelante14:
Frente a la imposición de multas en el contrato estatal, como quiera que la ley
80 de 1993 no las incluyó dentro de las cláusulas excepcionales al derecho
común, la Sala definió que ‘la administración tiene competencia para imponer
unilateralmente, sin necesidad de acudir al juez, las multas pactadas en un
contrato estatal, en virtud del carácter ejecutivo que como regla otorga el art. 64
del decreto ley 01 de 1984 a todos los actos administrativos’ (auto de 4 de junio
de 1998, expediente No. 13.988). Lo cual significa que la administración
puede en uso de sus poderes y prerrogativas públicas, sancionar
directamente al contratista con la imposición de multas y cuando así
actúa, su decisión adquiere las connotaciones propias del acto
administrativo (...).
Frente a las multas estipuladas en el contrato estatal si nada se dice sobre la
forma o el procedimiento que debe seguirse para imponerlas o aplicarlas, la
entidad pública contratante tiene la prerrogativa para decidir autónomamente si
se configura o no el incumplimiento; o como lo expresó el recurrente ‘las
entidades estatales conservan el privilegio de hacer efectivas las multas y la
cláusula penal pecuniaria cuando se las hubiere convenido y tiene el Estado
contratante en este caso la potestad de determinar cuándo acontece el
fenómeno del incumplimiento y la prerrogativa de adoptar, en consecuencia y a
su favor las sanciones pecuniarias que se hubieren convenido’ (...).
Dicho en otras palabras, con la inclusión de las multas en el contrato
estatal la entidad pública queda facultada para imponerlas
autónomamente y en forma unilateral, caso en el cual los actos que expida
para hacerlas efectivas son verdaderos actos administrativos, producidos
en uso de las potestades públicas otorgadas por la ley, pero nada obsta a
que por acuerdo interpartes se convenga un procedimiento para ello y en la
medida en que se desplace la verificación de las circunstancias de
incumplimiento al juez, que puede ser el transitoriamente investido de
jurisdicción por las partes (los árbitros), se excepciona la potestad legal de que
la administración actúe unilateral y directamente (autotutela declarativa)
(énfasis fuera de texto).
14 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Auto del 20 de
junio de 2002, exp. N° 11001-03-26-000-2000-00004-01 (19.488). C.P. Ricardo Hoyos Duque.
43
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Tales eran las premisas que, durante un tiempo, y particularmente en las fechas de
celebración del contrato y expedición del acto acusado en el sub judice, llevaron a
la Corporación a considerar que las multas pactadas en los contratos estatales,
como imponibles unilateralmente por la entidad pública contratante, resultaban
procedentes por atender al principio de autonomía de la voluntad, que debía ser
garantizado sin dejar de lado que, simultáneamente, la unilateralidad de tales
sanciones pecuniarias provenía del poder de autotutela de la Administración
pública15.
Cabe anotar que, si bien la indicada postura fue revisada y modificada nuevamente
por el Consejo de Estado en sentencia del 20 de octubre de 2005 16 -en la cual se
indicó que la Administración carecía de competencia para imponer unilateralmente
las multas pactadas en sus contratos, por no obrar habilitación legal en tal sentido,
no siendo suficiente la cláusula respectiva-, lo cierto es que, en criterio de esta Sala,
los cambios de precedente jurisprudencial deben operar preferentemente hacia el
futuro, so pena de poner en injustificado y grave riesgo los derechos de quienes
expidieron o ejecutaron actos con contenido jurídico, fundados en lo que en su
momento constituía el criterio jurisdiccional de los altos tribunales, máxime teniendo
en cuenta el atributo de presunción de legalidad de que gozan los actos
administrativos, independientemente de la postura jurisprudencial operante en el
momento en que se expiden17.
A la luz de todo lo anterior, es palmario que en el presente caso, y para la época de
los hechos materia de controversia -año 2001-, le asistía al IDU la competencia para
imponer la multa pactada en contrato IDU-UEL-7-8-805-899 de 1999.
15 En ese sentido, en sentencia dictada el 11 de diciembre de 2002, la Corporación precisó: “En
efecto: cuando es la administración el beneficiario del contrato de seguro, está normado, que como
aquélla está privilegiada de la decisión previa - es decir que no tiene que acudir ante la rama judicial
para que declare la existencia de la obligación del asegurador-, puede mediante acto administrativo,
artículo 68 numerales 4 y 5 del C. C. A., reconocer la existencia del siniestro y requerir al asegurador
a cumplir la obligación indemnizatoria. Esa decisión queda dotada como todo acto administrativo de
las cualidades presuntas, de legalidad, en cuanto al derecho, y de veracidad, en cuanto a los
hechos.” (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia
del 11 de diciembre de 2002, proceso ejecutivo N° 25000-23-26-000-1999-02326-01/22511- C.P.
María Elena Giraldo Gómez).
16 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Expediente N°
25000-23-26-000-1995-01670-01(14579). C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
17 En sentencia del 5 de marzo de 2021, la Subsección destacó que “el principio de seguridad jurídica
tiene un mayor peso específico que la facultad que tienen los jueces de rectificar su jurisprudencia”,
y que en relación con ello, la presunción de legalidad del acto administrativo “es una manifestación
del principio de conservación del derecho que busca garantizar la estabilidad de las relaciones
jurídicas creadas a su amparo” (expediente N°25000232600020010006601/39.249. C.P. José
Roberto Sáchica Méndez).
44
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Ahora bien, dicho esto, se aprecia además que no fueron desvirtuadas en el proceso
las motivaciones esbozadas por el IDU para imponer la mencionada sanción
pecuniaria, pues la actora no demostró haber cumplido con las obligaciones que la
Administración echó de menos al establecer la procedencia de la multa.
En efecto, las inobservancias reprochadas por el IDU consistieron en la no entrega
a satisfacción de los estudios y diseños que hacían parte del objeto contractual,
pues para el 15 de noviembre de 2000 no se había completado el Programa General
de Diseño y Obra, mientras que sí se registraron contingencias con ese componente
del contrato, que luego repercutieron en el avance de la obra misma.
No obra en el proceso prueba alguna de que el Programa General de Diseño y Obra
se hubiera cumplido de manera adecuada ni oportuna, como tampoco se aportó
elemento alguno de convicción que desvirtuara el concepto de la Dirección Técnica
de Malla Vial del 15 de enero de 2001, según el cual, para el 15 de octubre de 2000,
cuando se cumplía la ampliación del plazo que previamente se le había otorgado a
la contratista, sólo se habían entregado los estudios y diseños para dos de los cinco
grupos de vías cobijadas por el contrato, además de lo cual, cuando se completó la
entrega de la totalidad de ese componente, varios estudios y diseños fueron materia
de observaciones, recomendaciones y solicitudes de mejora que no fueron
atendidas por la unión temporal.
Detalles de los incumplimientos en que incurrió la contratista frente a sus
obligaciones relacionadas con los estudios y diseños, serán examinados por la Sala
al analizar la reclamación económica N° 1, de la parte actora, como se precisará
más adelante.
En esa medida, deberá revocarse el numeral tercero del fallo apelado, en cuanto
declaró la nulidad de las Resoluciones 280 y 2363 de 2001, por lo cual debe
mantenerse incólume la multa allí impuesta y confirmada, por la suma de
$87’074.140.
-. No obstante, en lo que atañe a la declaratoria de caducidad del contrato, dispuesta
por el IDU en las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo
de 2002, encuentra la Sala que sí le asistió razón al Tribunal de primera instancia al
señalar que la entidad obró sin competencia temporal, pues ejerció esa potestad
excepcional cuando ya había expirado el término de ejecución del contrato.
45
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
De conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, la finalidad de la caducidad
contractual es facilitar a la Administración la adopción de medidas para conjurar el
riesgo de paralización del contrato, cuando el mismo sobrevenga por el
incumplimiento de las obligaciones del contratista, que afecte de manera grave y
directa, precisamente, “la ejecución” del objeto pactado18. Dado tal supuesto de
procedencia de esa prerrogativa extraordinaria, es palmario que su ejercicio
únicamente puede operar dentro del plazo de ejecución del contrato, y no por fuera
de éste, pues en tal caso ya no se dan los elementos fácticos que la ley contempla
como requisitos y objeto de la caducidad.
Como lo establece el inciso segundo de la misma norma, cuando ante la afectación
grave de la ejecución del contrato y el riesgo de su paralización, la entidad se
abstiene de declarar la caducidad, le asiste el deber de adoptar medidas de
intervención “que garanticen la ejecución del objeto contratado”, lo que implica el
deber de gestionar la continuidad del servicio que se había contratado, justamente
para evitar que cese antes del término previsto para ello, cuestión que a su vez
excluye, por falta de competencia, la posibilidad de que pueda declararse la
caducidad cuando haya expirado el tiempo convenido para el desarrollo de las
obligaciones asumidas por el contratista.
En ello se insiste porque, al examinarse con detenimiento las finalidades
expresamente establecidas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sólo puede
establecerse que, al encaminarse la caducidad del contrato, entre otras cosas, a
darlo por terminado de manera anticipada y evitar la paralización del servicio objeto
del mismo, tal potestad debe ejercerse antes del vencimiento del plazo de ejecución
del negocio jurídico. En ese sentido, es la propia Ley 80 de 1993 la que, en su
artículo 18, contiene elementos que delimitan la competencia pro tempore de la
entidad estatal, para hacer recaer sobre el contrato la medida excepcional anulada
en el sub judice por el sentenciador de primer grado.
18 Establece la norma: “La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de
los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización,
la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará
su liquidación en el estado en que se encuentre.
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de
control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria
de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista,
a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor
a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”.
46
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Cabe anotar, además, que en la sentencia C-949 de 2001 la Corte Constitucional,
al declarar exequible el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, reiteró que la declaratoria
de caducidad era una “herramienta de uso excepcional cuya finalidad es evitar la
paralización o afectación grave del servicio con prevalencia del interés público
social”, lo cual pone aún más en relieve que esa prerrogativa sólo podía operar en
las excepcionales circunstancias fijadas en la misma norma, vale decir, durante el
término de ejecución del contrato, para evitar su interrupción19.
Así las cosas, es claro que el IDU obró sin competencia al declarar la caducidad del
contrato, dado lo cual deberá confirmarse, en este punto, la sentencia apelada.
-. Dicho lo anterior, se tiene que no hay lugar a revisar, en sede de la apelación del
IDU, la conducta contractual que específicamente le fue imputada a la unión
temporal Obras Viales en el acto de declaratoria de caducidad, pues careciendo la
entidad de competencia para ejercer esa potestad excepcional, los eventuales
incumplimientos de su contratista -distintos a los que ameritaron la multa- no
revivían la facultad legal que en el presente juicio se echó de menos, siendo ello
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de la resolución misma de
caducidad, expedida por el ente demandado.
Cosa distinta es que, revisados los argumentos de apelación de la unión temporal,
se encuentre que en contra de ésta pueda operar la excepción de contrato no
cumplido, dadas sus propias inobservancias frente a las obligaciones que en virtud
del contrato había asumido a favor del IDU. Sin embargo, la Sala advierte que esa
eventualidad no tornaría legal el acto administrativo de caducidad, dictado sin
competencia por la Administración, en el presente caso.
2.3.2. La nulidad del acto de liquidación unilateral
Como quedó señalado en la reseña de los hechos probados, la Resolución N°
12433 del 19 de diciembre de 2002, junto con el acto que la confirmó (Resolución
6230 del 11 de agosto de 2003) se fundamentaron, en lo relativo a los saldos a favor
del IDU, en los actos de multa y caducidad del contrato, anteriormente analizados.
19 Al respecto, consultar la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, el 11 de septiembre de 2020. Exp. N°
250002326000200901062 01 (44804).
47
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Al exponer las consideraciones pertinentes en el acto de liquidación, el IDU refirió
lo acontecido con las mencionadas sanciones, y en el balance final incluyó en el
saldo a su favor el valor de $87’074.140 “por concepto de multa” y la suma de
$920’006.755, a cargo del contratista “por incumplimiento del contrato, de
conformidad con el artículo quinto de la Resolución 1308 del 16 de mayo de 2001”.
Asimismo, determinó que el anticipo no amortizado equivalía a $96’255.347, monto
que si bien fue menor al establecido en la declaratoria de caducidad (en la que se
advirtió que faltaba por amortizar la suma de $209’682.149,10), correspondió a un
concepto previamente examinado en las Resoluciones 1308 de 2001 y 815 de 2002.
-. Dado que la liquidación unilateral del contrato efectuada por el IDU se cimentó
sobre las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002,
cuya presunción de legalidad se desvirtuó en sede de juicio, debe confirmarse la
declaratoria de nulidad que, respecto de ese balance, efectuó el a quo en la
sentencia impugnada.
Sin perjuicio de ello, debe advertir la Sala que en el ordenamiento jurídico aplicable
al contrato permanece incólume lo dispuesto en las Resoluciones 280 del 09 de
marzo de 2001 y 2363 del 25 de septiembre del mismo año, en las cuales el IDU
impuso a su contratista la multa anteriormente analizada, lo cual indica que los
demandantes, en tanto miembros de la unión temporal destinataria de la sanción,
adeudan a la entidad demandada la suma de $87’074.140, como anteriormente se
precisó.
2.3.3. La liquidación judicial del contrato y las pretensiones económicas de la
demandante
En el presente asunto también se abordará y resolverá de fondo el numeral 3 de la
pretensión tercera de la demanda, relativo al pago de $865’140.522,15, suma que,
según la apelante, debía corresponderle a la contratista como “saldo a favor” en la
liquidación del contrato. Con todo, no se efectuará la liquidación judicial que la
actora solicitó en el recurso, como tampoco se impondrá orden alguna al IDU, en tal
sentido.
En principio, le asistió razón al a quo en cuanto señaló que el IDU ya no tenía
competencia alguna para liquidar el contrato, dado que hizo uso de esa prerrogativa
en una única oportunidad, al dictar las Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de
48
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, acusadas en el sub lite. Así, una vez ejercida
la facultad en dicha ocasión, quedó de esa manera clausurada, más cuando se
demandó en el presente juicio lo resuelto por la entidad en el acto liquidatorio hoy
examinado.
Ciertamente, el artículo 87 del CCA habilita a quien está legitimado para instaurar
demanda de controversias contractuales para solicitar que “se hagan otras
declaraciones y condenas”, previsión que si bien puede constituir una disposición
“en blanco” para formular diversas pretensiones relacionadas con el contrato estatal
materia de juicio, no puede ser empleada para sobrepasar los límites que la ley
misma establezca para el ejercicio de funciones, facultades y prerrogativas del
Estado, o de los derechos de los administrados. Por ello, esa indicada habilitación
legal no implica que al juez le esté permitido asignar o revivir competencias que la
entidad pública ya no tiene, bien porque no se las ha atribuido el legislador, o
porque, habiéndolas ejercido en el marco de la ley, no puede volver sobre ellas. Por
ello, no existiendo ya competencia del IDU para liquidar nuevamente el contrato, no
había lugar a ordenarle a la entidad que efectuara ese balance por segunda vez.
La solución que al respecto establece el mismo C.C.A. está en el artículo 170,
conforme al cual, al declararse en sentencia judicial la nulidad de un acto
administrativo, y “para restablecer el derecho particular, los organismos de lo
contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de
las acusadas, y modificar o reformar éstas”.
Ahora bien, la unión temporal Obras Viales, pese a haber demandado la nulidad del
acto de liquidación, no solicitó que fuera el juez quien directamente realizara el
balance del contrato, prefiriendo encauzar sus pretensiones a que fuera el IDU el
conminado a liquidar, en la forma solicitada por la actora. En el recurso de apelación
defendió ese punto, denegado por el a quo, aunque también pidió que, de no
encontrarse procedente ordenar al ente demandado efectuar la liquidación, ésta
fuera llevada a cabo en sentencia de segunda instancia. Dicha solicitud, en lo que
atañe concretamente al balance del contrato, constituye una variación
extemporánea del petitum, razón por la cual la Sala no procederá a liquidar el
contrato, por no haberse planteado esa petición en las pretensiones materia de
juicio, ni haberse agotado respecto de ella todo el juicio correspondiente en la
primera instancia.
49
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Con todo, frente a la declarada nulidad del acto de liquidación, es viable revisar la
solicitud económica que la demandante sí planteó expresamente desde el escrito
inaugural del proceso, y que no fue resuelta en concreto por el juez de primer grado,
al no encontrar procedente la impartición de órdenes al IDU: reitera la Sala que se
trata del reconocimiento y pago de $865’522.140,15, como saldo a favor de la
contratista. Así, es verdad que la parte actora desacertó al solicitar en la demanda
que se ordenara al demandado liquidar el contrato; pero aun por encima de tal
falencia técnica, no es posible desconocer que el abordaje íntegro de la pretensión
lleva a concluir, sin duda alguna, que en ella se le solicitó al juez establecer unos
valores indemnizatorios, para luego imponérselos al IDU. En otras palabras: aunque
la apelante pidió equivocadamente que fuera la Administración la exhortada a
liquidar el contrato, en ese marco solicitó al juez declarar que en el balance debían
incluirse unos valores y conceptos determinados como indemnización de los
perjuicios materiales causados por los presuntos incumplimientos del IDU, lo que es
indicativo de que, en todo caso, el órgano judicial mantuvo la competencia para
establecer la procedencia o no de tales reconocimientos.
Así entonces, siendo evidente que la demanda, a pesar del equívoco señalado, se
encaminó a que en sede jurisdiccional se determinara la procedencia de los montos
referidos en las pretensiones segunda y tercera -numeral 3- del libelo, tal será el
estudio que se haga en esta instancia, por cuanto fue omitido por el juez de primer
grado, al estimar suficiente el cargo de falta de competencia para anular todos los
actos enjuiciados -incluyendo el de liquidación unilateral-, y al concluir que no era
procedente impartir al IDU la orden de liquidación solicitada por el demandante.
Ahora, toda vez que el saldo de $865’522.140,15, solicitado por la actora surge de
las denominadas “reclamaciones” que efectuó ante la entidad estatal contratante,
estas se examinarán y resolverán, como sigue.
a) Reclamación 120
Alusiva al reconocimiento y pago de la suma de $27’949.060,37 “por concepto de
los estudios y diseños ejecutados y no recibidos por el IDU y por [la] mayor área
diseñada respecto de la contratada”.
20 Abordada y resuelta por la entidad junto con la reclamación N° 2, en una misma respuesta, al
confirmar la liquidación unilateral del contrato.
50
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
En el recurso de reposición contra el acto de liquidación unilateral, la hoy
demandante refirió que el valor de los estudios y diseños previsto en el contrato fue
de $136’511.577, aunque el IDU sólo recibió tales ítems en el equivalente a
“$92’754.476”, quedando sin reconocer, entre otros conceptos, la suma de
$20’645.691, correspondiente a los “estudios y diseños ejecutados y no recibidos
por el IDU”.
Sobre ese ítem, adujo que si bien la firma interventora (Ponce de León y Asociados
S.A.) devolvió en varias oportunidades los estudios entregados, con observaciones
injustificadas, tales componentes del contrato se entregaron atendiendo a lo
exigido, pese a lo cual el IDU se negó a pagarlos.
Por otro lado, manifestó haber estudiado y diseñado un área mayor a la contratada
ya que, según lo consignado por la interventora en oficio GT-IG-123-0101-08-01
del 9 de mayo de 2001, la topografía realizada en campo evidenció que la medida
de las vías diseñadas fue de 25.593,80 m2, lo que superó en 5.411,75 m2 lo
establecido en el contrato, obedeciendo tal diferencia al hallazgo de una mayor
longitud de las vías diseñadas.
De esta manera, reiteró que el valor de la reclamación número 1 era de
$27’949.060,37, de los cuales, $20’645.691 correspondieron a los estudios y
diseños ejecutados y no recibidos por el IDU, y $7’303.369,37, a la mayor área
diseñada.
-. En la Resolución N° 6230 del 11 de agosto de 2003, el IDU señaló que era la
interventoría el estamento encargado de remitir a la Administración los estudios y
diseños aprobados, correspondiéndole a la contratante hacer únicamente el pago
de esos ítems provistos de aprobación. Recalcó, en punto de ello, que sólo el
informe final de la interventora era el instrumento idóneo para valorar lo ejecutado
por la contratista, tanto en obra como en estudios y diseños.
Añadió (fl. 175, c.30):
Se considera entonces que los estudios y diseños no fueron ejecutados y
aprobados en su totalidad, por lo que el valor reconocido y pagado por dicho
concepto no podía corresponder al valor global fijo, sino proporcional a la labor
efectivamente desarrollada (...); si el contratista no cumplió con la ejecución de
los diseños susceptibles de ser elaborados, mal puede solicitar el pago de
aquellos cuya ejecución no se requirió y que por ende no fueron elaborados.
51
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
En la demanda, la unión temporal reiteró lo expuesto en el recurso interpuesto
contra el acto de liquidación del contrato, y respecto de la mayor área diseñada,
agregó que los pliegos de condiciones establecieron una longitud total de 3.891,60
metros, un ancho promedio de diseño de 6.15 metros y un “área a diseñar según
contrato” de 24.295,10 metros cuadrados, mientras que el “área de vías diseñadas”
por la unión temporal fue de 25.593,80 metros cuadrados, sobrepasando con ello
las medidas contratadas, en un 5.35% (fls. 152-153, c.5).
Frente a la RECLAMACIÓN 1, la Sala establece:
-. De conformidad con la cláusula sexta del contrato, para el pago del contrato se
reconocería primeramente un anticipo del 30% del valor total cuando se cumplieran
los requisitos para iniciar la ejecución, y posteriormente, el 60% de dicho precio
contractual se reconocería con abonos, previa presentación de 10 actas mensuales
por obra ejecutada, aprobada por la interventora y recibida a satisfacción por el IDU.
A la par con ello, es pertinente anotar que el numeral 5.6 del pliego de condiciones
previó que, ni el inicio de las obras ni el cumplimiento de obligación alguna fijada
en el contrato, estarían condicionados al giro del anticipo.
Acerca de los estudios y diseños recibidos por el IDU, pero no pagados, la actora
debate no sólo el monto que, a su juicio, se le adeuda por tales productos, sino
también, en trasfondo de ello, la no aprobación de esas entregas por parte de la
entidad y de la interventoría, pues sustenta su reclamación en el hecho de que las
devoluciones de esos estudios y diseños se hicieron bajo objeciones injustificadas,
sirviendo éstas de base al IDU para negar los pagos echados de menos por la
contratista.
En esa medida, le correspondía a la actora especificar los productos entregados y
devueltos para su corrección, demostrar la enmienda de los mismos y probar que
el IDU los hubiera recibido sin efectuar el respectivo pago; de igual manera, debía
demostrar los errores y equívocos en que incurrió la interventora al formular
observaciones y cuestionamientos a esos componentes del contrato.
Sin embargo, la unión temporal no precisó ninguno de esos aspectos en la
apelación, en la demanda ni en los recursos administrativos interpuestos contra los
actos acusados. Sólo reiteró en esas actuaciones que cumplió oportunamente y a
cabalidad con todos los estudios y diseños objeto del contrato, y que si bien en
“muchos casos” le fue devuelto material “con observaciones injustificadas por parte
52
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
de la interventoría”, las mismas fueron atendidas sin obtener la contratista la
retribución correspondiente.
En la demanda, la actora refirió este puntual asunto únicamente en los hechos
22.1.2 y 24.6.6, en los siguientes términos (fls. 127 y 152, c.5):
La correspondencia enviada por la firma Sodeic Ltda. (...) muestra que todos
los estudios y diseños fueron entregados a la Interventoría. Ocurrió en muchos
casos que estos fueron devueltos con observaciones injustificadas por parte de
la Interventoría, las cuales tuvo que atender el contratista en numerosas
ocasiones. Prueba del hecho que todos los estudios y diseños fueron
entregados desde antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato
(marzo 14 de 2001) lo constituye lo señalado por el IDU en la resolución 280
(...) de 2001 (...), en cuanto dice: ‘Sólo hasta el 27 de noviembre de 2000 se
recibieron la (sic) totalidad de los grupos para revisión por parte de la
Interventoría’ (...).
Los estudios y diseños fueron entregados a la Interventoría, tal como se señaló
en reiteradas comunicaciones enviadas a dicha firma, Ponce de León y
Asociados S.A., estos (sic) eran devueltos en muchos casos con observaciones
injustificadas, pero finalmente fueron entregados atendiendo a lo solicitado y a
pesar de ello el IDU se negó a reconocerlos y pagarlos.
Pese a insistir en ello, no señaló cuáles fueron los estudios y diseños no cubiertos
por el pago efectivamente realizado por el IDU, ni indicó las pruebas que
acreditaban su oportuna presentación, junto con los errores técnicos de la
interventoría al objetar el trabajo de la contratista.
Ante tal silencio de la parte interesada, no le es dable al juez sondear en todo el
material probatorio las observaciones de la interventoría -no determinadas por la
actora-, ni mucho menos establecer por su cuenta cuáles de ellas estaban o no
justificadas, como tampoco indagar el origen y posible causación o procedencia de
las cifras solicitadas en la reclamación, pues no se señalaron ni precisaron esos
aspectos con la claridad exigida en las normas procesales, por lo que mal puede
acogerse en el sub judice esta primera solicitud económica de la unión temporal,
no habiéndose indicado ni demostrado el derecho al reconocimiento de las sumas
pretendidas.
Agréguese a lo anterior que, lo que sí se aprecia en el proceso, es el contenido de
los informes de interventoría -especialmente el que correspondió al mes de junio
de 2000 y el informe final-, en los cuales se pusieron de presente los
incumplimientos de la contratista en la fase de estudios y diseños, al no entregarlos
correctamente ni en forma íntegra, en los plazos establecidos en el contrato o en
las actas, ni a la terminación del contrato. La actora no desvirtuó las inobservancias
anotadas por la interventoría en los documentos que hoy reposan en el proceso,
53
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
especialmente el informe final elaborado en marzo de 2001, medios que
evidenciaron omisiones de la contratista en algunas de las entregas -especialmente
en el área de diseño de espacio público- y fallas en los frentes de diseños
geométricos, diseño de señalización, diseño de redes de alcantarillado de aguas
lluvias, cantidades de obra, presupuesto y especificaciones; por lo cual, al no
demostrar la contratista el cabal cumplimiento de sus propias obligaciones, mal
puede aducir el no pago de lo que, según su versión, fue entregado correcta y
oportunamente al IDU, sin haber demostrado tal observancia.
A lo largo de la demanda -en los hechos ajenos a los de las reclamaciones que en
esta instancia resuelve la Sala-, la actora señaló que la no ejecución total del objeto
pactado obedeció al incumplimiento del IDU. Sin embargo, ninguna de las falencias
atribuidas a la entidad -relacionadas con los certificados de disponibilidad
presupuestal para cada frente de trabajo, las diligencias ante el DAMA, la definición
y clarificación temprana de las vías contratadas, la modificación de la forma de pago
del contrato, las inconsistencias en la solicitud de algunos diseños y los pagos del
anticipo- guardó conexión directa con las fallas que la interventoría estableció como
imputables a la contratista, en particular porque, si bien en algunos casos la
conducta de la Administración contribuyó a retrasos en la entrega de estudios y
diseños, al ser éstos recibidos con posterioridad al 14 de octubre de 2000, en todo
caso presentaron las falencias informadas por la interventoría, las cuales, para la
fecha de terminación del contrato (31 de marzo de 2001), no habían sido corregidas
por la unión temporal.
Es de anotar, en este punto, que además de los informes de la interventoría, se
allegaron al proceso las actas de seguimiento del contrato, instrumentos éstos que
revelan, por ejemplo, que para el 6 de diciembre de 2000, la contratista no había
entregado copia de los estudios y diseños de la obra, pese a que se habían puesto
en marcha algunas de las obras contratadas, dada la premura del servicio;
circunstancia que persistió en los días siguientes, tal como se adujo en el acta de
seguimiento del 13 de diciembre del mismo año, en la cual se resaltó, además, que
la unión temporal continuaba incumpliendo con la entrega de las correcciones
hechas a los informes ya entregados (fls. 0762-0766, c.4).
-. Respecto de la solicitud de pago de $7’303.369,37 como valor de la “mayor área
diseñada”, tampoco se aprecia que las cantidades referidas por la actora, ni su
valor, se hubieran demostrado en esta causa, pues si bien se aduce que la
interventoría reconoció expresamente que el área de las vías diseñadas superó “lo
54
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
establecido en el contrato”, no existe coincidencia entre lo expresado por la firma
interventora y lo señalado en las actas respectivas del contrato, así como en el
informe final de supervisión.
En efecto, para respaldar este segundo componente de la “reclamación N° 1”, la
demandante acudió al oficio GT-IG123-0101-08-01-0700 del 9 de mayo 2001,
instrumento que reposa en el plenario y en el cual la interventoría reportó el valor
de los estudios y diseños efectivamente presentados por la contratista, expresando
(fls. 2516-2518, c.11):
Se tuvo en cuenta el valor equivalente de las vías a las cuales no se les deberían
hacer los estudios y diseños; tampoco la parte de los estudios y diseños que el
contratista no presentó, y las deficiencias encontradas en los estudios y diseños
presentados (falta de informes, falta de aprobación de los diseños ante el
DAPD, deficiencias en el diseño de algunas vías, etc.).
• Valor estudios y diseños según Contrato —------------- $136’511.577,00
• Valor estudios y diseños no realizados —--------------- $23’111.410,00
• Valor estudios y diseños ejecutables —------------------ $113’400.167,00
• Valor calculado de los estudios y diseños presentados: $91’145.384,21
Vale la pena aclarar que, de acuerdo a la topografía realizada en campo, el
área resultante de las vías que se diseñaron es de 25.593,80 m2, área
mayor en 5.411,75 m2 a la establecida en el contrato, de las vías que se
podían ejecutar. Este mayor valor se estableció teniendo en cuenta que se
encontró una mayor longitud y un mayor ancho promedio, de las vías
diseñadas. (Destaca la Sala).
Al respecto, se precisa en primer lugar que si bien la interventora expuso que el
área de las vías diseñadas era mayor “a la establecida en el contrato”, es
igualmente cierto que en ese mismo acápite de su informe estimó el valor de los
estudios y diseños efectivamente entregados o presentados por la unión temporal,
sin excluir del cálculo los diseños del área que excediera las medidas
supuestamente fijadas en el contrato, sino otros ítems, tales como los estudios y
diseños de las vías no ejecutables y aquellos que la contratista simplemente omitió
entregar.
Valga agregar a lo anterior que, según lo consignado en el pliego de condiciones,
la longitud total inicial de las vías objeto de contratación era de 3.134 metros,
mientras que el ancho total fue de 282,8 metros, sin haberse establecido en ese ni
en ningún instrumento del contrato, el área total contratada, ni el área específica
que luego fue estimada como “no ejecutable” por distintas causas.
55
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
El informe final de interventoría, entregado en marzo de 2001, dejó en claro que si
bien se licitó el estudio, diseño y construcción de 40 vías en la localidad de Bosa y
de 6 en la localidad de Kennedy, la EAAB sólo aprobó la pavimentación de 20 vías,
dejando otras 4 con aprobación parcial. Con todo, no se aprecia en el proceso el
área exacta de las vías excluidas, ni es posible contrastar la misma con la medida
de las vías correcta y efectivamente diseñadas por la contratista, hoy demandante.
Ahora, tampoco obra en el caudal probatorio basamento alguno que justifique el
hecho de que la demandante hubiera procedido a efectuar el estudio y diseño de
las vías en proporciones mayores a las establecidas en el contrato y su pliego de
condiciones, sabiendo de antemano las medidas de longitud y de ancho, fijadas
desde un comienzo por el IDU.
En todo caso, lo que evidencian los informes entregados por la firma interventora
es que la unión temporal no cumplió con la totalidad de los estudios y diseños
establecidos en el pliego de condiciones y en el contrato, por lo que no es posible
concluir que haya ejecutado, en esa consultoría, una medida mayor a la pactada
en el negocio jurídico.
Dadas las anteriores circunstancias, no existe mérito para reconocer la suma
solicitada por la actora, por concepto de la “mayor área diseñada”.
b) Reclamación N° 2
Se refiere a la suma de $23’111.410, por concepto de los estudios y diseños de las
vías 2, 17, 39 y 40 de la localidad de Bosa y de la vía N° 5 de la localidad de
Kennedy, habiéndose negado el pago de las primeras por contar con estudios
hechos en anteriores contratos del IDU, y de la última, por haberse modificado su
tipología (de vía V-9 a V-4), según la demandante, cuando ya estaba culminando
la consultoría. A este respecto, la actora señaló que no había lugar a descuento
alguno de los valores de esos estudios y diseños, puesto que su realización se
había pactado a precio global fijo en el contrato hoy en juicio, y las obras, en todo
caso, se adelantaron sobre todas las vías en él especificadas.
El IDU dio respuesta a esa reclamación en el mismo acápite en que se pronunció
sobre la número 1, en la Resolución N° 6230 del 11 de agosto de 2003; es decir,
subrayó que sólo era procedente pagar los estudios y diseños expresamente
aprobados por la interventoría, y que el único elemento idóneo para evaluar el grado
56
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
de cumplimiento del contratista eran los informes rendidos por ella, de suerte que
al no haberse entregado la totalidad de ese componente, no podía exigir la unión
temporal el pago de toda la suma pactada como precio global fijo (fl. 175, c.30).
En la demanda, la unión temporal reprochó nuevamente que el IDU hubiera
denegado el pago de las vías 2, 17, 39 y 40 (Bosa), solo por evidenciar que ya
contaban con diseño previo, y que tampoco hubiera tenido en cuenta el diseño de
la vía N° 5, de la localidad de Kennedy, por haber modificado su tipología el
entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD).
Concluyó ese punto, exponiendo:
[L]as cuatro vías que ya tenían diseño en otro contrato del IDU y la vía a la cual
se le suspendió el diseño cuando éste se estaba concluyendo, representan un
costo de $23’111.410, que de ninguna manera se le pueden descontar al
contratista por cuanto el contrato para estudios y diseños se realizó a precio
global fijo y el contratista diseñó mayor área de la contratada.
Sobre la RECLAMACIÓN 2, considera la Sala:
Examinado el plenario en lo relativo a los diseños que el IDU no tuvo en cuenta
para su pago, por contar las vías con estudios y diseños previos hechos en otros
contratos, se advierte que si bien se trató de una inobservancia de la Administración
frente a sus propias obligaciones con el contratista y frente al deber de planeación,
no se dan los elementos para indemnizar a la hoy demandante por esa
circunstancia.
Como se ha venido anotando, en el pliego de condiciones correspondiente al
contrato IDU-UEL 7-8-805-99 de 1999 se dispuso que el componente de los
estudios y diseños se remuneraría bajo la modalidad de precio global, la cual
entraña, en efecto, el pago de una única suma fija que comprende todos los costos
directos e indirectos, inherentes al trabajo o servicio contratado, por lo que los
riesgos surgidos por la magnitud del objeto o el tiempo empleado para ejecutarlo
van comprendidos en ese precio global, sin perjuicio, claro está, de los
reconocimientos a que haya lugar por el eventual desequilibrio económico del
contrato.
De acuerdo con la jurisprudencia, el precio global fijo implica que el trabajo del
contratista se remunera con una única suma, con la que se ha estimado ex ante el
valor total del objeto pactado y es vinculante para ambos partícipes del negocio
57
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
jurídico, por lo cual no le es dable a la Administración pagar el contrato firmado a
precio global, bajo porcentajes o abonos proporcionales a las prestaciones que
paulatinamente se vayan cumpliendo, y menos por unidades o “grupos de
productos” que vaya entregando el contratista, para al final disponer el pago de
sumas menores a las pactadas21; entre otras cosas porque, si con el precio global
fijo, dicho contratista asume los riesgos de mayores cantidades o tiempos, la
Administración asume por su parte los riesgos de menores cantidades o menor
tiempo.
Sin embargo, la modalidad de precio global acentúa de manera especial la
obligación a cargo del contratista, de ejecución total del objeto, pues sólo de esa
manera surge para el Estado contratante la obligación del pago íntegro de la suma
fija convenida.
Ello también ha sido recalcado por esta Corporación, en los siguientes términos22:
En estos contratos [los de precio global fijo] el contratista asume el deber de
terminar la obra en las condiciones inicialmente pactadas (...). [L]a obra es vista
como un todo (como algo indivisible) que debe ser culminada con los recursos
que al efecto se estimaron desde el inicio. En consecuencia, al contratista le
corresponde precaver que el valor del contrato debe incluir un margen de
solvencia que le permita asumir los costos directos e indirectos del proyecto, lo
que no excluye la posibilidad de que surja la responsabilidad contractual por
incumplimiento o el desequilibrio económico del contrato.
En esa medida, el precio global sólo puede tenerse por vinculante y fijo, para
cuando se cumple la totalidad de lo pactado.
En el presente asunto, y en lo que cabe atribuir al IDU, se tiene que la entidad pactó
con la unión temporal la realización de los estudios y diseños de 46 vías del Distrito
Capital a precio global fijo, pese a lo cual, después de haberse suscrito el acta de
inicio de dicha fase (el 15 de mayo de 2000 -recalcando las partes que la fecha
límite para culminar la entrega y aprobación sería el 14 de septiembre de ese
año23), fue la propia Administración quien evidenció que 4 vías ya contaban con ese
trabajo, por lo que solicitó a la hoy demandante abstenerse de realizar los estudios
21 Ver, al respecto: Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera -
Subsección A. Sentencias del 1 de octubre de 2014 -exp. N° 25000-23-26-000-2002-00186-
01(27382). C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera- y el 8 de junio de 2022 -exp. N°
250002336000201500519 01 (56.399). C.P. José Roberto Sáchica Méndez-.
22 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C.
Sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. N° 25000-23-36-000-2012-00724-01(52430). C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas.
23 Folios 513 y s.s. c.4
58
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
y diseños de esos segmentos de futura obra: ello aconteció al suscribirse el acta de
seguimiento N° 8 del 12 de julio de 2000, en la cual, una funcionaria de la Dirección
de Malla Vial del IDU informó que, al recopilar documentación sobre las vías objeto
del contrato, estableció que cuatro de ellas, pertenecientes a la localidad de Bosa,
ya tenían estudios aprobados, a saber: las vías 2, 39, 40 y 17, ésta última con
faltantes en un solo tramo, razón por la cual los firmantes del acta de seguimiento
decidieron “no realizar estudios y diseños en las vías 2, 39 y 40”, y adelantarlos en
la vía 17, únicamente en el segmento de la Calle 8 entre Carreras 23 y 23 A (fls. 0696-
0697, c.4). Dicha acta fue suscrita por el ingeniero Rómulo Tobo Uscátegui, en calidad
de representante legal de la contratista, además de figurar la firma de otros
integrantes de esa unión temporal, pero no fue firmada por el representante legal
del IDU ni por ningún funcionario que hiciera sus veces.
Posteriormente, en acta de seguimiento del 18 de julio de 2000, se reiteró que las
vías 2, 17, 39 y 40 ya contaban con estudios y diseños, por lo que se dispuso,
nuevamente con la firma del representante legal de la contratista, pero sin la del
representante IDU, “no realizar estudios y diseños en las vías 2, 17, 39 y 40” (fl. 0701,
c.4).
Así, pese a lo evidenciado por el IDU sobre los estudios ya existentes, no se celebró
ninguna modificación al contrato, en la que se dispusiera la eliminación de las vías
mencionadas y el subsiguiente cambio en la remuneración del primer componente
del negocio jurídico.
No obstante lo anterior, en lo que le correspondía a la contratista en la fase de
estudios y diseños, sólo suministró algunos de los informes que hacían parte de
ese componente, pero no la totalidad de sus elementos, por lo cual no le es dable
reclamar el precio global ni el alcance patrimonial “pleno” que tiene esa tipología de
remuneración. Esa misma razón conduce a que el perjuicio que pudiera derivar del
incumplimiento del IDU sólo podría haberse configurado si la contratista hubiera
satisfecho íntegramente sus compromisos contractuales -dada no sólo la
connotación sinalagmática del contrato sino justamente la modalidad del precio que
se pactó-, y no siendo ello así, no puede exigir pago alguno que sobrepase lo
realmente ejecutado.
59
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Lo propio debe concluirse respecto de la vía N° 5 de la localidad de Kennedy,
acerca de la cual, la interventoría informó, en oficio del 7 de noviembre de 2000,
dirigido al IDU (fl. 2503, c.11):
Hechas las diligencias en el DAPD por parte del diseñador, el plano anexo
muestra que la vía N° 5 de Kennedy (...) corresponde [a] una tipología V-4,
equivalente a un ancho de 25 metros. Según el decreto 323 de mayo 29 de
1992 (...) las vías de tipología V-4 son vías locales suburbanas.
Dado lo anterior, les solicitamos nos informen si esta vía debe diseñarse y
pavimentarse, para proceder con las instrucciones pertinentes al diseñador (...).
No se tiene noticia de que el IDU hubiera dado respuesta a esa solicitud, mientras
que sí obra copia del oficio de fecha 9 de mayo de 2001, en el cual la interventoría
rindió informe sobre el valor de los estudios y diseños efectivamente ejecutados, y
anotó que al no aclarar la contratante la situación descrita, quedó suspendido el
diseño de la vía N° 5 de Kennedy mientras se obtenía respuesta (fl. 2517, c.11).
Con todo, la suspensión de ese diseño en desarrollo del contrato (por evidenciarse
que la tipología de la vía N° 5 de Kennedy, definida por el DAPD, no correspondía
a las categorías de vías contratadas por el IDU), aun erigiéndose en un hecho ajeno
a la contratista, no puede significar la indemnización de perjuicios a favor de la
unión temporal, ya que ésta incumplió con múltiples elementos restantes de
estudios y diseños, por lo que mal puede exigir retribución por el precio global fijo
pactado para ese componente del contrato.
c) Reclamaciones 3 y 424
3) La reclamación número 3 de la demandante aludió al pago de $16’755.974,
correspondiente a obras ejecutadas y no recibidas por el IDU. Según la unión
temporal, si bien se suscribieron actas de obra en los meses de febrero y marzo de
2001, varios ítems relacionados en ellas como ejecutados fueron rechazados por
la interventoría por considerar que no se habían concluido, sin ser ello cierto.
4) En la reclamación número 4 se indica la suma de $2.708’345, correspondiente
al 100% de los reajustes de la obra ejecutada y no recibida por el IDU.
-. El IDU dio una única respuesta a las reclamaciones 3 y 4, señalando en primer
término que, durante la relación contractual, fue reconocida y pagada la totalidad
de la obra que ejecutó la contratista y que la entidad recibió a satisfacción, de
24 Resueltas por el IDU en un mismo acápite.
60
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
conformidad con lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato y el numeral 5.5 del
pliego de condiciones.
Subrayó que la modalidad de pago convenida para la etapa de construcción era la
de precios unitarios, lo cual implicaba que sólo podían reconocerse las cantidades
ejecutadas de cada ítem, cuestión ésta que era verificable únicamente con los
informes de aprobación emitidos por la interventoría. De igual manera, recalcó que
no era posible reclamar, en un contrato a precios unitarios, pagos totales por
actividades inconclusas, deficientes o con especificaciones distintas a las trazadas
previamente, y que en el caso concreto, se evidenció que casi todos los trabajos
desarrollados en las vías 23, 24 y 28 del proyecto, quedaron sin terminar, como lo
señaló el interventor en su informe final.
En la demanda, y reiterando lo expuesto en sede administrativa, la unión temporal
reprochó que el IDU y la interventoría del contrato hubieran rechazado las
siguientes obras, cabalmente ejecutadas, según la actora:
Tabla 5:
ACTA DE FEBRERO DE 2001
CANTIDAD
ADUCIDA
VALOR
ÍTEM CONCEPTO POR LA UT VALOR TOTAL
UNITARIO
COMO
EJECUTADA
Excavación manual entre 0 y 2 mt
2.3 5,54 m3 $17.350,00 $96.119,00
• redes (vía 28)
Construcción de sumidero de
2 PNP 4 unid. $744.291,00 $2.977.164,00
entrada lateral tipo SI-100 EAAB
Construcción de tapas para cajas
7 PNP de aguas negras, en vías 24, 23 y 39 unid. $24.586,00 $958.854,00
30.
Nivelación de cajas de medidores
12 PNP de acueducto, en vías 24, 23, 36, 67 unid. $7.786,00 $521.662,00
19 y 30.
Nivelación caja de inspección de
13 PNP aguas negras, en vías 24, 23, 36 y 88 hiladas. $15.259,00 $1.342.792,00
30.
Demolición de caja de inspección
14 PNP 60 hil. $4.228,00 $253.680,00
de aguas negras, en vías 36 y 30.
61
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Sumidero lateral de 1,50 x 0,50
20 PNP 4 unid. $830.216,00 $3.320.864,00
mts en vías 36, 19, y 30.
TOTAL NO RECONOCIDO EN ACTA DE FEB. 2001 $9.471.135,00
Tabla 6:
ACTA DE MARZO DE 2001
CANTIDAD
ADUCIDA
VALOR
ÍTEM CONCEPTO POR LA UT VALOR TOTAL
UNITARIO
COMO
EJECUTADA
Excavación mecánica entre 0 y 2
2.1 112,20 m3 $9.780,00 $1.097.316,00
mts., en vía 35.
Suministro, extendido y
3.1 compactación sub-base granular 50,67 m3 $23.220,00 $1.176.557,00
tipo 13A - IDU, en vía 24.
Construcción pozo de
4.2 1 unid. $400.150,00 $400.150,00
alcantarillado tipo A, en vía 24.
Demolición de placa de concreto
11.3 1,17 m3 $13.100,00 $15.237,00
en vía 22.
Construcción de nueva placa de
5.5 1,17 m3 $236.710,00 $276.951,00
concreto en vía 22
Construcción de sumidero de
2 PNP entrada lateral tipo SL 100, en vía 2 unid. $744.291,00 $1.488.582,00
34.
Juntas de dilatación en llenante
9 PNP 91,04 MI $4.421,00 $402.488,00
asfáltico, en vía 17.
Nivelación de caja de inspección
13 PNP 4 hil. $15.259,00 $61.036,00
de aguas negras, en vía 34.
Suministro y colocación de
15 PNP geotextil tipo T 2400 o similar, en 245 m2 $4.614,00 $1.130.430,00
vía 24.
"Factor de afectación del 20% por
volumen perdido en la colocación
11.5 de la piedra rajón en el material 39,22 m3 $31.510,00 $1.235.822,00
blando, establecido en los
diseños aprobados".
TOTAL NO RECONOCIDO EN ACTA DE MARZO DE 2001 $7.284.569,00
TOTAL, OBRAS EJECUTADAS Y NO PAGADAS: $16.755.704
62
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
La actora refirió igualmente las discrepancias comunicadas entre la interventora, la
contratista y el IDU, respecto de la ejecución completa de las obras mencionadas,
y señaló que las pruebas de su debida culminación eran los registros fotográficos,
los oficios en los que la interventoría reconoció las labores realizadas en algunos
ítems, constancias de ejecución y otros documentos.
Acerca de los reajustes solicitados en la reclamación N° 4, refirió que los mismos
se calculaban sin deducción del anticipo, toda vez que, entre la presentación de la
oferta y el inicio de la fase contractual de construcción transcurrieron 11 meses,
interregno cuya prolongación sin inicio de obra fue culpa del IDU, y en cuyo curso
se registró un alza considerable en los insumos de construcción.
-. Frente a las RECLAMACIONES 3 y 4, se pronuncia la Sala, como sigue:
Sea lo primero señalar que, de conformidad con la cláusula cuarta, numeral 1, del
contrato IDU-UEL-7-8-805-99, la contratista estaba en la obligación de “llevar a
cabo todos los proyectos, instalaciones y obras materia [del negocio jurídico] al
precio unitario cotizado en su propuesta (...) y rehacer a sus expensas cualquier
obra que resulte mal ejecutada o que no cumpla con las especificaciones a juicio
del interventor”.
Lo segundo que se advierte en este punto es que en el proceso no reposa el informe
de la contratista, relativo a las especificaciones técnicas de la obra, con el
señalamiento de cada uno de sus ítems y las cantidades para ejecutar en cada vía.
Tal instrumento, como se evidenció con anterioridad, debía ser elaborado por la
unión temporal como resultado de los estudios y diseños previamente adelantados,
pero no obra en el expediente. Lo propio acontece con el análisis de precios
unitarios no previstos, que si bien figura de manera general como anexo del informe
final de la interventoría, no fue acompañado con la especificación ni cantidades de
los ítems de obra no prevista que, según la demanda y lo señalado por el IDU en la
Resolución N° 6230 de 2003 (fl. 500, c.9), se convino ejecutar en cada frente objeto del
contrato25.
25 Como se subrayará más adelante, no obra en el proceso acta, acuerdo ni instrumento alguno
suscrito por las partes, en las que aparezcan los ítems no previstos que las partes, según el IDU,
convinieron ejecutar. Sin embargo, las actas parciales de obra incluyeron el recibo por parte de la
entidad, de dichos ítems no previstos, cuyo valor se tasó en cada acta, según se advierte en el juicio,
únicamente con base en las cifras propuestas por la interventoría, a falta de arreglo con la contratista.
63
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Por ello, al no figurar en el expediente ninguno de los indicados documentos con la
descripción de obra contratada y de obra no prevista (para cada vía o grupo de
vías), no se cuenta con el parámetro principal de las actividades que la interventoría
calificó como inconclusas en las actas de recibo parcial suscritas en febrero y marzo
de 2001, por lo que no puede determinarse, con las demás pruebas, si la contratista
ejecutó completamente las labores desestimadas por la firma interventora. En todo
caso, tampoco se demuestran con las demás pruebas los errores o equívocos que
la actora le atribuye a la interventoría en el rechazo de las obras que se reputaron
inconclusas, durante la supervisión respectiva.
-. Así, v.gr., respecto del ítem 2.3. (Excavación manual entre 0 y 2 mts. - redes), en
el acta N° 24 del contrato26 se señaló que su valor unitario era de $17.350, y que
las unidades totales definidas fueron 6.114,65 m3, recibiéndose en esa oportunidad
-28 de febrero de 2001- la ejecución parcial de 83.90 m3 (fl. 0597, c.4).
Aparece como documento anexo a dicha acta, el resumen de la “preacta” de recibo
parcial N° 4, en la que se relacionaron todos los ítems recibidos el mismo 28 de
febrero de 2001, precisando las vías en que se desarrollaron (17, 19, 22, 23, 24,
28, 30 y 36). El ítem 2.3 sólo se ejecutó en las vías 17 y 30 (fl. 0600, c.4).
A su turno, el acta N° 26 del contrato, correspondiente al recibo parcial de obra N°
5, firmada el 15 de marzo de 2001, registró como recibida la ejecución del ítem 2.3
en 6 m3 (fl. 0608, c.4), señalándose en la preacta respectiva que la totalidad de esas
unidades se ejecutó únicamente en la vía 34 (fl 611 ib).
En oficio del 26 de marzo de 2001, la interventora manifestó haber revisado los
soportes de las mencionadas actas y que no certificaría, entre otras obras, la del
ítem 2.3, por apreciarse inconclusa “en las vías Nos. 28 y 34” (fl. 2212, c.11).
El 27 de abril de 2001, la contratista solicitó que fueran recibidas y pagadas las
obras calificadas como inconclusas, y relacionó las cantidades ejecutadas en cada
período (febrero y marzo de 2001), indicando, respecto del ítem 2.3, haber
ejecutado 5.54 m3 en la vía 28 (fl. 1900, c.8), sin referir ningún número de unidades
cumplidas en la vía 34 (fl.1903 c.8).
26 Correspondiente al recibo parcial de obra N° 4 y suscrita el 28 de febrero de 2001.
64
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
No obra evidencia escrita de la ejecución alegada por la unión temporal, pero aún
si se contara con tal probanza, no está acreditado que los 5.54 m3 que adujo como
trabajados en la vía 28, correspondieran cabalmente a la medida señalada en las
especificaciones técnicas que la propia contratista debió definir para ese segmento
específico de la obra. Con respecto a la no ejecución del ítem 2.3 en la vía 34, es
claro que la relación de obras entregada por la propia contratista no revela la
realización de excavaciones manuales en el tramo mencionado.
-. En torno al ítem 2.1 (Excavación mecánica entre 0 y 2 mts), se tiene que no figura
como ejecutado en acta alguna del contrato, pese a que la actora manifiesta haber
adelantado esa actividad en la vía N° 35, excavando 112.20 m3 -sin que se
tenga noticia, se reitera, de cuál era el total de unidades establecidas para dicha
vía- .
El cuestionamiento de la interventora fue expresado en oficio del 17 de mayo de
2001, en los siguientes términos (fl. 2227, c.11):
Con respecto a las obras que según el contratista no han sido incluidas en
ninguna de las actas de obra, hacemos las siguientes aclaraciones (...).
Excavación mecánica entre 0 y 2 mts: obra que ejecutó el contratista sin
autorización de la Interventoría, por cuanto no se habían realizado actas de
vecindad.
Este reparo de la interventora no fue desvirtuado por la unión temporal con prueba
alguna, y por el contrario, manifestó en la demanda que la realidad de lo acontecido
con ese ítem fue que “se aprobaron los estudios y diseños para una tipología de
vía que finalmente no correspondía, según planeación”, cuestión ésta que, de
acuerdo con el pliego de condiciones, debía ser verificada por la contratista, ante el
DAPD, precisamente durante la fase de estudios y diseños.
-. En torno al ítem 3.1 (Suministro, extendido y compactación sub-base granular
tipo 13A - IDU), el 17 de mayo de 2001 la interventora cuestionó que, en la vía 24,
se ejecutara sin compactación ni “cereo”, labores que eran importantes para la
estabilidad de la obra, razón por la cual, al no garantizar su conservación en las
condiciones técnicas requeridas, debía calificarse como inconclusa (fl. 2227, c.11).
Aunque la unión temporal aportó al proceso copia de un registro fotográfico en el
que informa que la primera imagen que allí se aprecia corresponde a la vía 24
después de culminar el ítem 3.1 (fl. 2850, c.12), ello no es indicativo de yerro alguno
de la interventoría, pues no demuestra la realización de las labores específicas
65
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
echadas de menos en la comunicación del 17 de mayo de 2001, ni que éstas no
fueran indispensables para garantizar la estabilidad de la obra.
-. El ítem 4.2 (Construcción pozo de alcantarillado tipo A) no fue demostrado,
porque si bien la actora manifestó haber ejecutado la cantidad de 1,00 en la vía 24,
sólo aportó como prueba un registro fotográfico (y las comunicaciones en las que
insistió haber cumplido con esa actividad) que no permite establecer que esa obra
hubiera quedado completamente terminada, por lo que no se desvirtuó la
calificación dada por la interventoría, sobre la no conclusión adecuada de ese
trabajo.
-. Acerca de los ítems 11.3 y 5.5 (Demolición de placa de concreto y Construcción
de placa de concreto, respectivamente), la actora sostuvo en la demanda que, el
22 de diciembre de 2000, el concreto despachado para la construcción inicial no
alcanzó a cubrir, en la vía N° 22, el volumen total para lograr la separación entre
juntas de diseño, razón por la cual la interventoría ordenó su demolición al día
siguiente, cuando ello no era necesario (fl. 163, c.5). Igualmente manifestó haber
ejecutado la construcción de la placa en 1.17 m3, sobre la indicada vía N° 22.
En torno a ese componente de la obra, la interventora cuestionó (fl.2226, c.11):
Como consta en el Libro de Obra, el contratista fundió en horas de la noche, y
sin autorización de la interventoría, la placa de concreto para la calzada,
dejando la última sección con una longitud de 2,20 m sin cumplir con la relación
de esbeltez establecida, por lo que la Interventoría ordenó su demolición. Al
respecto, no encontramos ningún sustento técnico cuando afirma que esta
demolición no era necesaria, máxime cuando en el Estudio de Suelos y Diseño
de Pavimentos, elaborado por la Unión Temporal Obras Viales, se establece:
‘Las juntas de construcción imprevistas no se deben considerar como de
contracción y se deben evitar, retirando el concreto si es del caso, cuando
queden a menos de 3 m de la última junta transversal de contracción realizada’.
No obra en el proceso una prueba técnica que desvirtúe las conclusiones de la firma
interventora, por lo que no es posible refutar que los ítems mencionados hayan
quedado inconclusos, como aquella lo señaló en las comunicaciones del 26 de
marzo y el 17 de mayo de 2001.
-. Lo propio acontece respecto de los restantes ítems objeto de las reclamaciones
3 y 4, pues las conclusiones de la interventoría debieron contrastarse con medios
de convicción de carácter técnico, o bien, con las especificaciones trazadas durante
el desarrollo del contrato, como resultado de los estudios y diseños y al fijarse el
análisis de precios unitarios de obras no previstas, según el caso. No obrando
66
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
ninguno de tales elementos de convicción, no resultan avantes en este juicio las
aludidas reclamaciones 3 y 4, reiteradas en la alzada.
Cabe recalcar que si bien se practicaron en el juicio dos dictámenes periciales,
ninguno de ellos hace referencia a las conclusiones específicas que la interventoría
esbozó para tener por inconclusas las obras mencionadas, menos para
desvirtuarlas bajo necesarias consideraciones técnicas.
En la experticia rendida por el perito Edgar Alfonso Parrado Granados sólo se
reiteraron y actualizaron los valores solicitados por la demandante en las
reclamaciones 3 y 4, y se señaló que la unión temporal Vergel Castellanos y
Asociados, contratista del IDU con posterioridad al negocio sub judice, no ejecutó
las obras que el IDU le rechazó a la unión temporal Obras Viales, lo cual indicaba
que tales actividades, pese a haberse calificado como inconclusas, fueron tan
definitivas que no fue necesario que el nuevo contratista las volviera a realizar (fls.
126-127, c.22). Esta conclusión se aprecia insuficiente para establecer que la unión
temporal hoy demandante cumplió de manera íntegra con los ítems descalificados
por la interventoría y el IDU, pues si bien obra el contrato IDU-UEL-7-681-00-2000,
celebrado entre la entidad demandada y la mencionada agrupación Vergel
Castellanos y Asociados, así como la licitación respectiva y otros instrumentos de
ese negocio jurídico (fls. 4223-4404, c. 9), lo cierto es que las vías objeto de estudio,
diseño y construcción correspondientes a ese acuerdo de voluntades no coinciden
con las del contrato objeto del presente proceso, pese a ubicarse en la localidad de
Bosa27, y en todo caso, la no inclusión en ese nuevo contrato, de los ítems que le
fueron rechazados a la hoy demandante, no es prueba directa de ningún yerro
atribuible a la interventora ni al IDU, como tampoco conduce necesariamente a que
las obras ejecutadas por Obras Viales fueron culminadas en forma idónea.
Por tanto, no hay lugar a conceder las sumas solicitadas por la demandante por
concepto de las obras ejecutadas no recibidas por el IDU, ni los valores tasados
como reajuste de aquellas.
Cabe anotar, respecto de esto último, que en cada una de las actas de recibo de
obra que reposan en el expediente se reconocieron los respectivos reajustes al
valor de la obra recibida (c.4); por lo cual, más allá del alegado incremento en el
precio de los insumos, la reclamación de reajustes adicionales a los reconocidos
27 Cfr. folio 4223 del c. 19 con fl. 1001 del c.7.
67
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
en el acta debe aparejarse con la prueba de que los primeros fueron insuficientes
para mantener el equilibrio financiero del contrato. En todo caso, no es posible
reconocer reajustes a la obra no recibida por el IDU, por no haberse desvirtuado
ninguna de las objeciones que sobre tales trabajos formuló la interventora y acogió
la entidad hoy demandada.
d) Reclamaciones 5 y 6
En la reclamación N° 5, la actora afirmó que se le adeudaban $19’177.086, como
la diferencia entre los precios unitarios de obras no previstas, reconocidos por el
IDU, y los propuestos por la unión temporal. Según el recurso de reposición contra
el acto liquidatorio, entre las partes no hubo acuerdo sobre tales conceptos, pese a
las múltiples reuniones adelantadas con ese propósito.
Por su parte, en la reclamación N° 6 se aludió al pago de $3’099.680, como reajuste
de la diferencia entre los precios unitarios reconocidos por el IDU respecto de las
obras no previstas, y los solicitados por la contratista.
En este punto, el IDU reconoció que no se logró arreglo sobre el valor de las obras
no previstas, y que la propia interventoría dio cuenta de las discrepancias en el
informe final (marzo de 2001), del cual resaltó, en particular, el hecho de que dicha
interventora hubiera elaborado un “acta unilateral” de precios unitarios no previstos.
Con todo, señaló que ese desacuerdo no podía ser resuelto acogiendo sin más los
argumentos de la contratista, pues estaba solicitando el pago de valores no
ajustados a las circunstancias reales de ejecución ni a los referentes del mercado.
En la demanda, la parte actora enunció las comunicaciones en las cuales la unión
temporal manifestó su desacuerdo con los precios propuestos por la interventoría,
y presentó un cuadro con las diferencias entre los “precios del IDU” y los “precios
de la contratista”.
-. En torno a las RECLAMACIONES 5 y 6, la Sala considera:
Aunque la unión temporal relacionó un total de 23 ítems no previstos, en cuyos
precios unitarios hubo discrepancias con el IDU, y adujo que las cuantías finalmente
definidas por la entidad y la interventora no se ajustaban a las referencias del
mercado de la construcción, lo cierto es que no demostró su aserto.
68
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
En dictamen pericial rendido en el proceso (fls. 131-133, c.22), el profesional Edgar
Alfonso Parrado Granados manifestó haber consultado la lista de precios publicada
en marzo de 2001 por Construdata, “una prestigiosa revista que publica
constantemente los precios de construcción”, y señaló que los datos encontrados
en dicha fuente permitían establecer los precios de dos (2) ítems, a saber: i) capa
de mejoramiento (Relleno Seleccionado) Tipo Sección 13 IDU, y ii) Sardinel 15 x
20 en concreto.
Tanto en la demanda como en el dictamen pericial, se señalaron las siguientes
diferencias de precios, en los ítems mencionados por el perito:
• CAPA DE MEJORAMIENTO:
Precio unitario de la contratista: $48.260
Precio unitario del IDU: $40.277
• SARDINEL 15 x 20 EN CONCRETO:
Precio unitario de la contratista: $18.763
Precio unitario del IDU: $11.966.
El perito señaló que los “precios de Construdata” fueron de $43.552,35 para la capa
de mejoramiento, y de $26.477,55 para el sardinel, razón por la cual los precios
más “justos” eran los propuestos por la unión temporal contratista, por ser, en
criterio del profesional, los más cercanos a los valores de mercado entregados por
Construdata.
No obstante lo anterior, la Sala evidencia que el anexo del dictamen, consistente
en la copia de un extracto de la revista especializada aludida por el perito (fls. 203-
206, c.22), no señala análisis de precios que directamente aludan a los ítems antes
mencionados, sino que revelan los valores estimados para distintos insumos,
equipos, gastos de construcción, mano de obra y un grupo actividades del sector,
que no es posible relacionar con los precios finalmente plasmados en el instrumento
pericial, en el que tampoco se explica en forma alguna la metodología seguida para
obtener los precios sugeridos en el dictamen, con fundamento en la revista de
Construdata.
69
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Aunado a ello, el perito expuso en la experticia (fl. 132, c.22):
Sólo se encontraron precios para estos dos ítems, puesto que para los demás
ítems relacionados (...), son demasiado especializados y hay que advertir que
Construdata es una revista de carácter general en construcción.
Por lo demás, el perito reiteró que la diferencia entre los precios unitarios no
previstos propuestos por la contratista y los definidos por el IDU, para la totalidad
de los ítems debatidos, era de $19’177.086, según se evidenciaba en las
comunicaciones intercambiadas entre las partes durante la ejecución del contrato.
Es decir, fijó en su experticia los mismos planteamientos de la demandante, sin
sustentarlos con elementos técnicos sino sólo con la correspondencia traída al
plenario como prueba documental.
En esa medida, no obrando en el proceso basamento alguno que de manera idónea
permita establecer que los precios sugeridos por la unión temporal fueron los que
debieron reconocerse por la Administración, no es posible acoger de manera
favorable las reclamaciones 5 y 6, reiteradas por la actora en su apelación.
Cabe anotar, además, que en el proceso se echa de menos el acta, acuerdo,
instrumento o modificación del contrato en que figure consignada la relación de
ítems no previstos establecidos por las partes para el desarrollo del proyecto objeto
del negocio jurídico, y que en parte fueron relacionados y pagados en las actas de
entrega parcial de obra (cuaderno 4), lo cual impide aún más establecer la procedencia
de los reconocimientos que en estos puntos solicita la demandante.
e) Reclamaciones 7 y 8
En ellas, respondidas en un mismo acápite por el IDU, la contratista solicitó lo
siguiente:
7) La cuantía de $2’630.156 como reajuste del anticipo, equivalente al 30% de la
obra no prevista reconocida por el IDU.
8) El reconocimiento de “la suma que corresponde” por concepto del reajuste al
anticipo causado sobre “las actas 10, 15, 19, 24 y 26 de recibo parcial Nos. 1, 2, 3,
4, 5, respectivamente, suscritas y tramitadas por el IDU” (fl. 456, c.9).
70
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Para desestimar dichas peticiones en el acto que confirmó la liquidación unilateral,
la entidad contratante expresó:
En relación con tales solicitudes, se considera que la fórmula establecida para
efectuar los ajustes [fue prevista en] el pliego de condiciones, en el cual se
dispuso claramente que al valor de las actas mensuales de obra ejecutadas se
le descontaría el porcentaje correspondiente al anticipo, para luego ajustar el
valor obtenido con la fórmula (P1 = Po x I/Io).
La fórmula de ajuste fue establecida precisamente como medida para evitar que
los precios pactados perdieran actualidad con el paso del tiempo, por lo que el
lapso comprendido entre la presentación de la oferta y la ejecución de la obra
tiene como contrapeso el mecanismo de ajuste, el cual excluye el porcentaje
correspondiente al anticipo, en el entendido que con dicho dinero el contratista
tiene la posibilidad de asegurar el precio de los insumos al menos hasta por un
monto equivalente al anticipo.
De todas formas, no se encuentra demostrado un aumento inusitado y general
de los insumos de construcción que pudiera dar lugar a la modificación de la
fórmula de ajuste pactada en el contrato, sin que el simple transcurso del tiempo
entre la época de presentación de la oferta y la ejecución de las obras sea
suficiente para su revisión por lo cual deben desestimarse las peticiones del
contratista.
En la demanda (y reiterando argumentos del mismo recurso administrativo de
reposición), la unión temporal recalcó que los reajustes a los anticipos indicados en
las reclamaciones 7 y 8 debían reconocerse en un 100%, sin deducciones, dado
que la demora en el inicio de ejecución del contrato fue culpa del IDU, y durante el
interregno transcurrido entre la presentación de la oferta y el comienzo de los
trabajos se registraron alzas considerables en los precios de los insumos.
A juicio de la actora, se debía tener en cuenta, además, que el anticipo sólo fue
pagado el 4 de septiembre de 2000, es decir, 11 meses después “de la licitación”,
por lo cual, el poder adquisitivo de la suma entregada se vio mermado debido al
mencionado incremento de precios de insumos.
En desarrollo de la reclamación N° 8, afirmó que debían reconocerse las siguientes
sumas: i) $1’696.625 como reajuste del anticipo registrado en el acta N° 10 de
recibo parcial N° 1; ii) $268.213 para reajustar el anticipo causado según el acta N°
15 de recibo parcial N° 2; iii) $934.424, para reajustar el anticipo correspondiente al
acta N° 19 de recibo parcial N° 3; iv) $2’200.933 como reajuste del anticipo
registrado en el acta N° 24 de recibo parcial N° 4; y v) $465.918, cubriendo el mismo
concepto frente al acta N° 26 de recibo parcial N° 5.
71
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
La Sala resolverá las RECLAMACIONES 7 y 8, en los siguientes términos:
Dos previsiones vinculantes para las partes en el sub judice resultan medulares en
lo concerniente a los solicitados reajustes de anticipo: la primera está contenida en
el numeral 5.6 del pliego de condiciones, que advirtió que “la iniciación de las obras
o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están
supeditadas en ningún caso al giro del anticipo por parte del IDU” (destaca la
Sala); y la segunda previsión fue precisamente la del reajuste periódico por acta de
obra, que se estableció en el numeral 5.8 del mismo instrumento precontractual (fl.
52 c.9) y luego se corroboró en el parágrafo primero de la cláusula sexta contractual,
indicándose que, al valor de cada acta se le descontaría el monto del anticipo, y a
la suma obtenida se le efectuaría tal reajuste “en lo que se refiere a construcción”
(fl. 257, c.9).
En ese sentido, siendo responsabilidad de la contratista comenzar las obras por su
cuenta, es decir, sin que ello dependiera del anticipo, mal puede solicitar reajustes
del mismo por el hecho de haberse girado en septiembre del año 2000, cuando el
contrato fue suscrito el 31 de diciembre de 1999; y en todo caso, lo que era materia
de recálculo, según lo pactado -previa advertencia expresa en el pliego de
condiciones-, era el valor neto reconocido en cada acta de recibo parcial,
precisamente después de efectuarse la amortización del anticipo, no sujeto éste a
ajuste alguno.
Ahora, la demandante aduce que fue el incumplimiento del IDU lo que ocasionó el
comienzo tardío de las obras, y hace derivar de ello perjuicios patrimoniales
específicamente por el alza en los precios de los insumos durante el lapso anterior
a la etapa constructiva; pero aun demostrándose que las obras sólo pudieron
empezar en noviembre de 2000 y no antes, por causa imputable a la
Administración, los reajustes previstos para conjurar tales eventualidades no se
aplicaban al anticipo -como ya se anotó-, y de cualquier manera, para indemnizar
el perjuicio ocasionado por esos hechos se debía acreditar no sólo la
responsabilidad exclusiva del IDU en tal postergación del período de las obras, sino
también que los reajustes periódicos efectivamente reconocidos no cubrieron
adecuadamente el incremento de los precios de la construcción durante 2000 y
2001, en detrimento de la contratista.
72
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
En todo caso, no son procedentes los reconocimientos de reajuste de anticipo,
referidos en las reclamaciones 7 y 8, por no ajustarse a lo establecido frente a esas
materias, en el contrato y en el pliego de condiciones.
f) Reclamación N° 9
El objeto de esta solicitud fue el pago de $45’692.390 a título de “restablecimiento
del equilibrio económico del contrato”, para todas las actividades de obra
ejecutadas con componente de concreto en cemento Portland. En el recurso
interpuesto contra el acto administrativo de liquidación, la unión temporal manifestó
que tal desequilibrio tuvo lugar debido al alza en el precio de los insumos, que no
fue cubierta con los reajustes pactados en el contrato.
Frente a ello, en la Resolución N° 6230 del 11 de agosto de 2003, el IDU respondió,
en síntesis, lo siguiente:
-. No era del todo preciso afirmar que la Administración había reconocido la
ocurrencia de desequilibrio en el memorando DTL-6000- 204 del 23 de abril de
2002, pues lo que allí se indicó era que no se había presentado tal alteración de la
ecuación contractual, en los “ítems o actividades correspondientes a concretos”.
-. Si bien, en el memorando aludido, se aclaró que los precios de los asfaltos sí
fueron extraordinarios e imprevistos, lo cierto fue que tal incremento anormal no
tuvo incidencia en la ejecución del contrato, pues incluso en la fecha de vencimiento
del plazo y con posterioridad a la declaratoria de caducidad, no se había ejecutado
“obra o cantidad de obra alguna que se enmarcara dentro de los ítems o actividades
correspondientes a asfaltos, luego no había lugar (...) a efectuar restablecimiento
alguno por tal concepto”.
-. Que, no obstante haberse incrementado el precio de los concretos un 24.63%
entre la fecha de presentación de la oferta y la ejecución de las obras, era
igualmente cierto que la fórmula de reajuste prevista en el contrato corrigió “el valor
contractual con un incremento del 10%, observándose además que el aumento
verificado no excedía las previsiones que debió efectuar el entonces oferente, dado
que en el período comprendido entre 1995 y 1999, la variación anual de precios fue
de similar magnitud a la ocurrida durante la ejecución del contrato”.
73
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
-. En la demanda, la actora señaló que desde el 12 de octubre de 2000 solicitó al
IDU el restablecimiento del equilibrio contractual o, en defecto de ello, la
terminación del contrato por mutuo acuerdo, teniendo en cuenta que las causas de
ruptura de dicha ecuación se centraron en incumplimientos de la propia
Administración y en hechos no imputables a la contratista, todo lo cual redundó en
el atraso de las obras, con perjuicio para la unión temporal.
Manifestó que sólo en memorando del 23 de abril de 2002, el IDU aceptó de manera
tardía la existencia del desequilibrio, y únicamente en cuanto a las obras con
asfalto, cuando ha debido pronunciarse durante el desarrollo del contrato y no 14
meses después del vencimiento de su plazo. En punto de ello, adujo que el
desequilibrio surgió de manera preponderante por las alzas desmesuradas en los
precios de los insumos y por la demora del IDU en dar la orden de inicio de los
trabajos.
Afirmó que el atraso para iniciar el contrato, y especialmente la fase de
construcción, ocurrió por las siguientes contingencias:
● La oferta fue presentada el 29 de octubre de 1999, el contrato se adjudicó el 10
de diciembre del mismo año y su celebración tuvo lugar el 31 de diciembre
siguiente.
● La unión temporal legalizó el contrato el 12 de enero de 2000, con la radicación
de los documentos respectivos ante el IDU.
● Sólo el 23 de febrero de 2000, la entidad contratante radicó en el DAMA las
fichas técnicas de las localidades de Bosa y Kennedy, correspondientes al
contrato IDU-UEL-7-8-805-99. El DAMA, por su parte, expidió la Resolución N°
0684 del 12 de abril de 2000, avalando las obras desde el punto de vista
ambiental y exigiendo que en su desarrollo se aplicara el Manual de Manejo
para Proyectos de Mínimas Implicaciones Ambientales.
● El acta de inicio de los estudios y diseños se firmó el 15 de mayo de 2001.
● El anticipo sólo fue consignado el 4 de septiembre de 2000, “después de casi
cuatro meses de iniciado el contrato, por causas imputables al IDU”.
74
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
● La primera acta de inicio de la etapa de construcción se suscribió el 17 de
noviembre de 2000.
Consideró la demandante que el IDU debió contar con la resolución del DAMA,
respecto de las fichas técnicas del contrato, desde la fecha de apertura de la
licitación, y que, de haber procedido la entidad oportunamente, el contrato habría
iniciado en enero de 2000, cumpliéndose toda la ejecución de las obras dentro de
ese mismo año, sin los contratiempos que surgieron en 2001 con los certificados
de disponibilidad presupuestal, que atrasaron también los pagos del contrato.
Manifestó que las alzas en los precios de los insumos, registradas entre la fecha de
apertura de la licitación y el mes de finalización del contrato (marzo de 2001), no
fueron cubiertas con los reajustes establecidos en el contrato, por cuanto éstos se
realizaron con los Índices de Ajustes en Construcción de Carreteras, expedidos por
el Invías, tomando como base el Grupo de Obras 2, que “nada tenía que ver con
los concretos” (fl. 177, c.5).
Con el propósito de especificar las obras en las que, según su versión, ocurrió la
ruptura de la ecuación contractual, adujo (ib):
El cuadro que se presenta a continuación muestra el desequilibrio de la
ecuación económica del contrato para las actividades de obra ejecutadas con
componente de concreto en cemento Portland. Para el caso más crítico se
muestra un desequilibrio del 64,89% para la placa de pavimento en concreto
MR, igual a 43 kg/M2; esto en razón a que los ajustes sobre el cien por cien
(100%) del grupo 2 del boletín 71 del Invías (...) representan un 16.16%,
mientras el valor actualizado de esta actividad de obra representa un
incremento en un precio del 81.5%
A continuación, plasmó la siguiente tabla:
Tabla 7:
ÍTEM Descripción Un. V. unitario V. actualiz. Variac. Ajustes Desequi- Cantidad Valor
según Mar-01 sobre ejecut. a restablecimiento
propuesta % 100% librio % marzo 01 del equilibrio de
a Oct-26- Grupo 2 la ecuación
1999 Boletín económica
71 de
marzo
13-01
(%)
4,00 REDES DE
ACUEDUCTO Y/O
ALCANTARILLADO
75
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
4,10 Sum/coloc. ml $44.080 $69.779 58,30 16,16 42,14 59,00 $1.095.964,65
Tubería concreto
simple D=12
4,6 Sum/coloc. m3 $223.240 $380.266 70,34 16,16 54,18 22,70 $2.745.574,44
Concreto simple
base atraque /
recubr. Tuberías
f'c=2000 psi
5,00 PAVIMENTACIÓN
5,1 Placa pavimento m3 $236.710 $428.559 81,05 16,16 64,89 219,40 $33.699.108,80
concreto MR= 43
Kg/cm2
6,00 ANDENES Y
SARDINELES
6,1 Sardinel 15x45 ml $21.830 $34.557 58,30 16,16 42,14 34,00 $312.775,25
en concreto
f'c=3000 psi
6,2 Andén e=10 cms m2 $24.640 $41.879 69,96 16,16 53,8 591,30 $7.838.968,17
F'c = 210 Kg/cm2
9,00 ESTRUCTURAS EN
CONCRETO
9,1 Concreto para m3 $236.390, $406.669 72,03 16,16 55,87 0,00 $0,00
muros y
misceláneas,
fc=210 Kg/cm2
TOTAL, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA $45.692.390,59
En el dictamen pericial rendido por el ingeniero civil Edgar Alfonso Parrado
Granados, se cuestionó que el IDU calculara los reajustes a los precios unitarios
con base en los Índices de Ajuste en Construcción de Carreteras - Grupo de Obras
2, expedido periódicamente por el Invías. Al respecto, el perito subrayó que el
indicado grupo no guardaba ninguna relación con actividades con concretos (fl. 146,
c.22). Por lo demás, señaló que los precios que debieron aplicarse fueron los
publicados por Premezclados S.A. (algunos de ellos, obrantes en el proceso),
reprodujo lo expuesto por la parte actora en su demanda y actualizó la suma allí
solicitada ($45’692.390,59), estableciendo un valor final de $127’419.299,81.
-. Obran en el proceso unas listas de precios expedidas por Cementos
Premezclados S.A., para las siguientes categorías de materiales: Concretos
tradicionales (grava 25mm y recargos por m3 de 19 mm y 12,5 mm), concretos
especiales (con distintos rangos según su permeabilidad), concretos de alta
resistencia inicial - ARI, pavimento rígido, morteros (estructural, grout y “pega y
76
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
pañete”) y relleno fluido. Las vigencias de estos precios, aportadas al proceso,
datan de abril y noviembre de 1999, septiembre de 2000 y enero y junio de 2001.
No se allegaron precios del mes de marzo de 2001.
-. De igual manera figuran en el plenario los boletines expedidos por el Invías con
los Índices (mensuales) de Ajuste en Construcción de Carreteras (IACC),
registrados entre junio y diciembre de 1999, y los años 2000 y 2001, para nueve
Grupos de Obras de construcción (fls. 2744, c.10). De acuerdo con tales instrumentos,
el Grupo 228 correspondió a actividades de “sub-bases y bases”, que
comprendieron: sub-base y base granulares; mejoramiento de afirmado existente;
excavaciones para reparación del pavimento existente; conformación y
compactación de bermas; bases estabilizadas con aditivos y perfilado de
pavimentos.
Atendiendo a lo consignado en dichos boletines se tiene que, para el Grupo 2 de la
clasificación del Invías, el IAAC del mes de enero de 2000 fue 388,2, mientras que
el mismo indicador, para diciembre de ese año, fue de 423,1, evidenciándose así
un incremento del 8,99% durante el año 2000.
Por lo demás, en cuanto a los índices Invías para el Grupo 2 de Actividades de
Construcción de Carreteras, en los meses registrados en sus listas de precios por
Cementos Premezclados S.A., se tiene lo siguiente:
IAAC en junio de 1999: —--------------------------- 345,2
IAAC en noviembre de 1999: —------------------- 385,3
Variación entre junio y noviembre de 1999: —------- 11.61%.
IAAC en septiembre de 2000: —------------------- 422.9
Variación entre noviembre de 1999 y sept. de 2000: ---- 9.75%
IAAC en enero de 2001: —-------------------------------------- 438.0
Variación entre sept de 2000 y enero de 2001: —----------- 3.5%
Variación entre noviembre de 1999 y enero de 2001: —-- 13.67%
-. En punto de la RECLAMACIÓN N° 9, se considera:
La parte demandante cimenta su solicitud económica, simultáneamente sobre dos
bases, a saber: el incumplimiento contractual del IDU y el desequilibrio económico
28 Establecido por el IDU como el índice empleado en la fórmula de reajuste del contrato.
77
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
del contrato; fenómenos éstos que son, sin embargo, disímiles, razón por la cual el
perjuicio que alega la actora debe tener un estudio, presupuestos, elementos y
consecuencias distintas, en uno y otro evento.
Así, como lo ha dicho la Sala en otras oportunidades29, dado que el incumplimiento
de uno de los contratantes entraña, ciertamente, la afectación de la parte cumplida,
puede pensarse que el incumplimiento contractual de la Administración da lugar al
rompimiento del equilibrio económico del contrato, máxime cuando el numeral 1º
del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 señala el incumplimiento como una de las
causas de tal ruptura. Sin embargo, el incumplimiento contractual debe manejarse
con mayor propiedad bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por cuanto se
trata de dos “...instituciones distintas en su configuración y en sus efectos”30, puesto
que la responsabilidad contractual se origina en el daño antijurídico que es
ocasionado por la parte incumplida del contrato, lo que hace surgir a su cargo el
deber de indemnizar en forma plena los perjuicios ocasionados, es decir, que para
el afectado surge el derecho a obtener una indemnización integral, lo que no sucede
en todos los eventos de rompimiento del equilibrio económico del contrato31, en los
cuales, no cualquier desventaja patrimonial puede dar lugar a su configuración ni
reconocimiento.
-. Examinada la reclamación desde el punto de vista del desequilibrio financiero del
contrato, se recalca en primer lugar que, al presentar su oferta, la unión temporal
Obras Viales aceptó las reglas fijadas en el pliego de condiciones, en cuyo numeral
5.8 se precisó que el parámetro empleado en los reajustes de precios unitarios sería
el Índice de Ajustes a la Construcción, establecido periódicamente por el Invías para
el “grupo de obras 2”; cuestión que no fue refutada por la hoy demandante, quien
la asumió no sólo con la oferta sino también con la celebración misma del contrato.
En esa medida, la aplicación de ese índice por parte del IDU no constituyó una
circunstancia sobreviniente, presentada con posterioridad a la celebración del
acuerdo de voluntades, imprevista ni imprevisible para las partes.
29 Sentencia del 31 de enero de 2019, exp. N° 25000-23-26-000-2003-00650-01(37910).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de
abril de 2005, expediente 28.616, C.P.: Germán Rodríguez Villamizar.
31 Sobre las diferencias entre el incumplimiento del contrato y el rompimiento del equilibrio
económico del contrato, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de marzo de 2014, expediente
29214, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 27 de enero de 2016, expediente 38449, C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 46297, entre otras.
78
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Si bien los boletines del Invías que fueron aportados al proceso con la publicación
de los mencionados índices señalan que el aludido grupo 2 corresponde a las sub-
bases y bases, comprendiendo “afirmados, sub-base granular, base granular,
mejoramiento de afirmado existente, excavaciones para reparación del pavimento
existente (...)” y otras actividades distintas a las reclamadas por la unión temporal,
no es menos cierto que fue ese el indicador fijado desde un comienzo para todos
los reajustes del contrato, por lo que no es admisible su cuestionamiento técnico,
en sede de juicio. En todo caso, la demandante tampoco probó, en los términos del
artículo 4.8 de la Ley 80 de 1993, que hubieran fracasado los supuestos e hipótesis
empleados para la aplicación de la fórmula de reajuste de los precios unitarios, al
punto de generar una alteración del equilibrio por no compensar el aumento de los
costos directos y causar una situación de pérdida global.
En segundo lugar, no se evidencia que el IDU hubiera “aceptado la existencia del
desequilibrio”, como lo adujo la demandante al referir en su libelo el memorando de
fecha 23 de abril de 2002, pues lo expresado por la entidad en dicho documento -
emitido por la Dirección Técnica Legal- fue que, si bien era palmario el incremento
de los precios del concreto y el asfalto, por encima de los aumentos reconocidos
en el contrato y sus actas, era igualmente cierto que el registro de alzas en el
mercado no configuraba per se la ruptura del equilibrio financiero contractual.
Dijo la entidad (fls. 2421 y ss. c11):
[E]l informe presentado por la Dirección Técnica de Malla Vial, que a su vez se
fundamenta en aquel presentado por el Interventor, expresa que los precios del
concreto y el asfalto se incrementaron en un promedio de 24.63% y 27.17%
respectivamente (...), mientras que el reajuste a aplicar implicaría un incremento
del precio de apenas un 10.20%, por lo que en principio se habrían presentado
aumentos desmesurados en el precio de los insumos referidos.
En forma paralela al análisis anterior, la DTMV analizó el presunto desequilibrio
en los insumos mencionados (...) a partir de la diferencia entre el valor
reajustado de los precios contractuales y el precio de los insumos en el mercado
para la época de realización del análisis, previa disminución de este último valor
del 16%, porcentaje que habría asumido como riesgo el contratista al presentar
su oferta, (en tanto el precio de estos insumos incluido en la propuesta era
inferior en una (sic) 16% al precio del mercado para dicha época), arrojando el
valor del presunto desequilibrio, proyectado frente a la hipotética ejecución de
las cantidades de obra previstas.
No obstante lo anterior, se precisa que el solo aumento de los precios por
encima del factor de ajuste pactado no configura por sí mismo un desequilibrio
financiero, puesto que dicho aumento debería resultar extraordinario; es decir,
que fuera razonablemente imprevisible al momento de presentación de la oferta,
aspecto que queda descartado en relación con los concretos, cuyo aumento
porcentual habría sido inferior durante la ejecución del contrato, frente al
79
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
incremento histórico mostrado por dicho material con anterioridad a la
celebración del contrato.
A continuación subrayó que, en esa medida, “únicamente se presentaría un
desequilibrio frente a los asfaltos”. Sin embargo, leída esa expresión en contexto
con el restante contenido del memorando, se aprecia que sólo se esbozó de
manera hipotética, ya que seguidamente la Dirección Técnica Legal del IDU reiteró
que no hubo tal desequilibrio en la realidad del contrato, por faltar el elemento de la
imprevisibilidad y por tratarse de la mera variación de precios, frente a las
específicas cantidades realmente ejecutadas por la contratista.
Por consiguiente, no existen elementos para deducir del aludido memorando un
pronunciamiento expreso del IDU, favorable al reconocimiento del desequilibrio
contractual alegado por la unión temporal.
En tercer lugar, aunque la parte actora aportó al proceso unas listas de precios de
insumos, expedidas por la sociedad Cementos Premezclados S.A. en diferentes
períodos entre 1999 y 2001, lo cierto es que dicho material probatorio no es
suficiente para establecer que los incrementos de esos valores fueran anormales,
ni que sobrepasaran los límites previstos o los razonablemente previsibles para las
partes en el momento de contratar.
Ello, por las siguientes razones:
i) Debían demostrarse las cifras que efectivamente pagó la unión temporal para
adquirir los insumos que aduce en la reclamación, pero no se aportaron a este
proceso las facturas ni los comprobantes respectivos, de suerte que, al
desconocerse cuál fue el gasto real en que incurrió la contratista por concepto de
los insumos, mal puede concluirse la ruptura del equilibrio contractual, como
tampoco es posible hacer estimación alguna del perjuicio alegado.
ii) No obra la explicación técnica o científica, ni otro elemento idóneo para
establecer la relación entre los precios unitarios de “marzo de 2001”, tasados por la
actora para los ítems señalados en la tabla 7, y los insumos referenciados por
Cementos Premezclados S.A., pues en las listas hechas por esa firma aparecen
distintas categorías de cada insumo, y en el proceso no se identificó, para cada
caso, cuál fue específicamente la tipología empleada en las obras objeto de la
reclamación N° 9. Se agrega a ello que los precios unitarios del contrato debían
incluir, además de los insumos, la mano de obra y otros gastos de la actividad,
80
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
cuyos costos específicos no aparecen en la causa, lo que impide aún más medir el
mayor valor en cada ítem y su incidencia en el equilibrio del contrato.
iii) No se acreditaron los precios registrados en marzo de 2001, período de
actualización de valores, solicitado por la demandante.
iv) No es posible establecer con certeza si los precios de los insumos referidos por
Concretos Premezclados S.A. podían cubrirse o no con los reajustes del contrato,
por no poderse comparar unos elementos con otros, en el período solicitado por la
actora (marzo de 2001) ni en determinados lapsos del contrato. Así, aunque la
demandante señaló que el IAAC empleado en los reajustes (Grupo 2 -Invías) no
cubrió las alzas desmedidas de los precios de los insumos, no aportó los registros
de uno y otro ítem (IAAC vs. precios) en períodos coincidentes, sino distintos, lo
cual imposibilita su comparación.
Si bien no se cuenta con elementos para relacionar tales listas de materiales con la
de “precios unitarios actualizados” que alegó la actora, a modo de ilustración se
presenta el siguiente recuadro con la evolución y el promedio de precios de cuatro
de los insumos referidos por Concretos Premezclados S.A.:
Tabla 8:
PROMEDIO DE PRECIOS UNITARIOS DE INSUMOS (Concretos Premezclados S.A.)
Junio Nov. Marzo
Material Abril de Octubre Nov. de Sept. de Enero de
de de de
cotizado 1999 de 1999 1999 2000 2001
1999 2000 2001
Concreto
tradicional de
210 kgf/cm2 $169.000 -- -- $191.000 $208.100 -- $220.600 --
psi 3000,
grava 25 mm
Concreto
tradicional
140 kgf/cm2 $154.400 -- -- $174.500 $190.000 -- $201.500 --
psi 2000,
grava 25 mm
Pavimento
rígido MR 43 $188.400 -- -- $215.200 $240.500 -- $254.900 --
kgf/cm2
Concreto ARI
de 210
kgf/cm2 psi
$236.700 -- -- $267.500 $299.000 -- $316.900 --
3000, grava
25 mm, “36
horas”
81
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
PROMEDIOS: $187.125 $212.050 $234.400 $248.475
En cuanto a las fluctuaciones del IAAC – Grupo 2, se imposibilita su comparación con
las cifras de la tabla anterior (8), por cuanto hubo periodos en los que sólo se demostró
una de las variables comparables:
Tabla 9:
FUENTE PARA
Junio Nov. Marzo
REAJUSTES Abril de Octubre Nov. de Sept. de Enero de
de de de
/PERÍODOS 1999 de 1999 1999 2000 2001
1999 2000 2001
REGISTRADOS
IAAC INVÍAS -- 345,2 384,2 385,3 422,9 418,0 438,0 445,2
PROMEDIO PU
$187.125 -- -- $212.050 $234.400 -- $248.475 --
INSUMOS
v) No se evidencia que las alzas reportadas en el precio de los materiales durante
los distintos períodos referenciados hubieran alcanzado o rebasado márgenes
previsibles para el demandante.
En efecto, se resumen los incrementos en los períodos relevantes para el análisis,
en el siguiente recuadro:
Tabla 10:
PORCENTAJES DE INCREMENTO DE PRECIOS UNITARIOS DE INSUMOS (Concretos
Premezclados S.A.)
Noviembre de Noviembre de
Material cotizado /Períodos Abril a noviembre
1999 a septiembre 1999 a enero de
para ponderar de 1999
de 2000 2001
Concreto tradicional de 210
13,01% 8,95% 16,00%
kgf/cm2 psi 3000, grava 25 mm
Concreto tradicional 140
13,01% 8,88% 15,40%
kgf/cm2 psi 2000, grava 25 mm
Pavimento rígido MR 43 kgf/cm2 14,20% 11,70% 18,00%
Concreto ARI de 210 kgf/cm2 psi
13,01% 11,70% 18,40%
3000, grava 25 mm, “36 horas”
La actora no demostró los precios vigentes en octubre de 1999, mes que propone
como punto de partida para señalar que el aumento de precios registrado desde
82
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
ese momento y hasta la finalización del contrato, afectó el equilibrio económico. Sin
embargo, celebró el negocio jurídico el 31 de diciembre de 1999, conociendo que
entre abril y noviembre de ese año (lo que representa un lapso total de siete meses),
los precios de los insumos tuvieron alzas que oscilaron entre el 13,01% y el 14,20%.
De esa manera, la demandante asumió el riesgo de la fluctuación de los valores en
ese rango de porcentajes, por lo que no se aprecia que las variaciones presentadas
en el período noviembre 1999 – enero 2001, que equivale a 14 meses, y que
alcanzaron entre el 16% y el 18,4%, hubieran superado el margen previsible bajo
el lapso de 7 meses antes señalado.
En otras palabras, si bien los precios referidos por Cementos Premezclados S.A.
registraron incrementos entre 1999 y 2001, tales variaciones no rebasaron los
límites del riesgo que en ese punto asumió la unión temporal al celebrar el contrato,
pues habiéndose demostrado los porcentajes de aumento presentados durante los
siete meses anteriores al contrato, no se probó que las alzas reportadas con
posterioridad a la firma del acuerdo de voluntades, y en el doble de tiempo (14
meses), hubieran también doblado, y menos superado en mayor magnitud, los
porcentajes iniciales. En esa medida, no es posible establecer que la ecuación
financiera del contrato se hubiera alterado por razón de haber iniciado las obras en
noviembre de 2000, y no antes, mientras se incrementaban los precios de los
insumos requeridos para las actividades con concretos.
Por último, reitera la Sala que, en punto del desequilibrio financiero que alega la
demandante (y como lo señaló el IDU en la respuesta brindada a la unión temporal
contratista), el aumento de los precios de los materiales en los reportes de los
referentes del mercado no tiene por sí solo la virtualidad de alterar la ecuación
económica del contrato, pues debe acreditarse, además, el carácter anormal o
extraordinario de tal incremento, así como la concurrencia de los restantes
elementos configurativos de la teoría de la imprevisión, lo que no aconteció en el
sub judice, como ya se anotó.
-. En cuanto al alegado incumplimiento de la entidad contratante en el caso sub
judice, no existe certeza de la inobservancia específica que alega la demandante,
de cara a la reclamación que en este acápite se analiza. Así, la unión temporal
aduce que el IDU, debiendo contar desde antes de la licitación con el visto bueno
del DAMA para las obras materia del contrato, sólo inició las gestiones pertinentes
el 23 de febrero de 2000, cuando el negocio ya se había celebrado, todo lo cual
derivó en que el trámite respectivo tomara un tiempo que, a juicio de la actora, debía
83
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
destinarse a la ejecución del objeto y no a la espera de la respuesta del DAMA.
Agrega que, por esa circunstancia, el acta de inicio del contrato no pudo firmarse
antes del 15 de mayo de 2000, lo que a su vez ocasionó que la etapa constructiva
comenzara en noviembre de 2000, y no en una fecha anterior que permitiera
culminar todas las obras dentro de esa misma anualidad.
Frente a la obligación exigible al IDU se tiene que, no estando previsto en el pliego
de condiciones ni el contrato, que la obtención de las aprobaciones del DAMA
corriera a cargo de la contratista, debía entenderse que ese trámite sí estaba en
cabeza de la Administración; y ciertamente, se evidencia que la entrega de las
fichas técnicas al órgano ambiental se realizó con posterioridad a la celebración del
contrato materia de controversia, todo lo cual permitiría concluir que hubo un trámite
necesario para el inicio de las obras, bajo responsabilidad del IDU, y que esa
entidad le dió inicio después de haberse suscrito el negocio jurídico, y no antes.
Así, al respecto, se probó que mediante oficio STPL-4300-498 del 23 de febrero de
2000, el IDU entregó al DAMA las fichas técnicas de las localidades de Bosa y
Kennedy, “correspondientes al contrato de la referencia” (fl. 2537, c.11), y que en
Resolución N° 0684 del 12 de abril 2000, el DAMA señaló que calificaba como
“técnicamente viable desde el punto de vista ambiental, aprobar el manual de
manejo para proyectos de mínimas implicaciones ambientales, para el proyecto
mencionado” (fls. 1048-1052, c.)
No obstante, aunque lo anterior puede ser indicativo de que la circunstancia
descrita pudo conllevar a que se postergara por varios meses (es decir, de enero a
mayo de 2000) el inicio del contrato, lo cierto es que tampoco se advierte la
existencia de norma alguna que impusiera tramitar la aprobación del DAMA antes
de la licitación y no después de suscribirse el contrato de obra respectivo, pues no
aparece establecido en la Ley 99 de 1993, en el Acuerdo Distrital 9 de 1990 -en el
que fue creado el DAMA y se le asignaron funciones- ni en el Decreto 673 de 1995
-por el cual se le asignaron también funciones a ese organismo y se fijó su
reestructuración-.
A ello se suma que, aun debiendo esperarse razonablemente que las obras del
contrato iniciaran en mayo de 2000, por haberse firmado tal acuerdo de voluntades
en diciembre de 1999 y corresponder la primera etapa a las actividades de estudios
y diseños, no es menos cierto que, al suscribirse el acta de inicio el 15 de mayo de
ese año, se determinó que las obras debían comenzar en septiembre siguiente, lo
que no aconteció debido a la ocurrencia de hechos imputables a la unión temporal,
84
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
como anteriormente quedó señalado. De esa manera, aún estableciéndose una
conducta contractual irregular por parte del IDU, todo lo acontecido evidenciaría un
incumplimiento recíproco que, en esa medida, también impide hacer
reconocimientos para la contratista.
A la par con ello se advierte que, además de no probarse en este punto el
incumplimiento que la actora le atribuyó al IDU, se tiene que, en todo caso, tampoco
habría lugar al reconocimiento de los perjuicios, por no obrar en el proceso, tal como
antes se advirtió, facturas ni documentos comprobantes del precio que real y
materialmente pagó la contratista en la adquisición de los insumos necesarios para
las comentadas actividades de asfalto.
Por consiguiente, resulta claro que en el sub examine no se dan los elementos para
el reconocimiento de perjuicios por el supuesto incumplimiento que alega la
demandante.
g) Reclamaciones 10 y 11
10) La suma de $302’139.852, por concepto del mayor valor de la administración
de la obra durante el tiempo de ejecución del contrato. Según la contratista, ese
componente de administración “se proyectó y ejecutó como si evidentemente la
totalidad del contrato se hubiese ejecutado, pero ello no fue así por la obra que no
se pudo ejecutar (...). En conclusión, el contratista dispuso de la misma
administración como si hubiera ejecutado el cien por cien (sic) (100%) de la obra,
pero (...) la ejecución (...) llegó a la suma de $209’913.599” (fl. 460 c.9).
11) El monto de $201’426.568, como utilidad dejada de percibir sobre el valor de
toda la obra no ejecutada debido a los incumplimientos del IDU.
Como respuesta a las reclamaciones 10 y 11, el ente demandado señaló:
-. Que la sola disminución del valor ejecutado no generaba para la contratista el
derecho al pago de lo no facturado, o de una proporción de ello.
-. Que para la procedencia de tal reconocimiento era indispensable que la no
ejecución de las obras surgiera por hechos totalmente ajenos al reclamante, lo que
no aconteció en el caso concreto, debido a que: i) “[por] circunstancias ajenas al
contratista, éste no pudo intervenir parte de las vías, hecho que a su vez le impedía
85
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
ejecutar el valor total presupuestado, a pesar de lo cual debió ejecutar obra por
$1.230’111.937”; ii) el contratista sólo construyó una porción mínima de la obra
susceptible de ser ejecutada, dando lugar con ello a la declaratoria de caducidad
del contrato.
-. No era posible reconocer los costos indirectos de la obra cuya inejecución le fue
imputable a la contratista. Si ésta hubiera construido las vías susceptibles de
intervención, habría facturado los costos directos e indirectos de las mismas, que
son los que ahora reclama.
Agregó:
“No obstante lo anterior, si se considera que de los $1.230’111.937 que debían
invertirse en el cumplimiento del objeto del contrato se ejecutaron apenas
$302’6683076 por causas imputables al contratista, se observa que la
disminución inicial del valor susceptible de ejecución no pudo causar una
alteración de la ecuación financiera del contrato”.
En la demanda, la parte actora reiteró el argumento del recurso de reposición y
precisó que el costo de administración incluido en la propuesta era de
$339’924.300,30, mientras que el mayor valor solicitado por ese rubro era de
$302’139.852,48, el cual se obtenía al “deducirle al costo total de la administración,
el valor de la administración sobre la obra ejecutada, recibida por el IDU” (fl. 178, c.5).
-. Se resuelven las RECLAMACIONES 10 y 11, bajo las siguientes consideraciones:
La Sala comienza por subrayar que la demandante no aportó al proceso la prueba
de los gastos en que incurrió durante la ejecución del contrato, pues se echan de
menos los soportes de pago de la nómina, equipos, elementos de oficina y demás
rubros administrativos afectos al cumplimiento del objeto pactado en el negocio
jurídico.
Siendo ello suficiente para negar, en específico, la reclamación N° 10, no está de
más anotar que, en todo caso, la unión temporal no demostró que hubiera cumplido
íntegramente las obligaciones que había asumido, y que podían cumplirse pese a
las contingencias presentadas en el contrato; como tampoco probó que la no
ejecución de las obras calificadas como viables hubiera obedecido a
incumplimientos del IDU.
86
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Es verdad que, en desarrollo del contrato, se estableció que, de las 46 vías
contratadas, sólo algunas resultaron posibles de ejecutar. Como quedó indicado al
reseñarse el informe de interventoría, ello obedeció a que, una vez la EAAB impartió
aprobación a las vías que podían pavimentarse, se determinó que esa actividad
sólo podía desarrollarse totalmente en algunas de ellas, y parcialmente en otras,
de ahí que debiera prescindirse de las respectivas obras. Sin embargo, se
determinó que el valor de las obras de posible desarrollo fue de $1.116’711.770, de
los cuales la unión temporal únicamente ejecutó $218’959.798 (fl. 59, c.30).
En el informe final del contrato, la interventoría destacó (fl. 4031, c.4):
Sólo hasta el 17 de octubre de 2000, el contratista inició los trabajos de
construcción con la vía 22 (...), con el replanteo de la topografía, y el 1 de
noviembre inició los trabajos de excavación. De las 46 vías contempladas en el
contrato, 20 podían ejecutarse completamente, 4 parcialmente y 20 no cumplían
los dos o ningún requisito de presupuesto y viabilidad técnica.
En desarrollo del contrato 805/99, el contratista ejecutó obra en nueve (9)
vías pertenecientes a la localidad de Bosa (...).
De las nueve (9) vías intervenidas, todas en la Localidad de Bosa, solamente
las vías 17 y 22 quedaron terminadas a nivel de placa de concreto y andenes.
En la vía N° 22 quedó faltando la demarcación del pavimento y en la vía N° 17
la señalización vertical y demarcación.
La vía N° 34 quedó a nivel de placa de concreto, faltando andenes y tapas de
los pozos y sumideros.
Las vías 19, 30 y 36 quedaron a nivel de sub-base y las vías Nos. 23, 24 y 28,
a nivel de material de mejoramiento. En los dos últimos días se estaba
colocando geotextil y subbase.
La vía N° 35 quedó excavada la caja (sic) estructural, la cual fue suspendida
(...). (Resaltado fuera de texto).
Por tanto, es claro que si bien durante el desarrollo del contrato, y por causas
concernientes a su planeación, fue necesario suprimir las obras de varias vías
pactadas, lo cierto es que, por una parte, la unión temporal contratista no ejecutó la
totalidad de las obras que sí resultaban viables, sin demostrar, además, que tal
circunstancia hubiera tenido como causa alguna inobservancia del IDU; y por otro
lado -reitera la Sala-, no acreditó la cuantía de los gastos de administración que
cubrió para cumplir con las obras que sí resultaban viables.
Esa misma circunstancia, relativa a la no ejecución por parte de la contratista, de la
totalidad de las obras que finalmente se estimaron posibles de adelantar, impide
hacer reconocimientos por concepto de “utilidad dejada de percibir”, que la actora
hizo derivar de la supresión de varios frentes pactados en el contrato, pues dicha
utilidad sólo procedía bajo el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por
la hoy demandante, lo que no se demostró.
87
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
h) Reclamaciones 12 y 13
En ellas la actora solicitó la devolución proporcional de las sumas que pagó por
concepto de cargas tributarias del contrato (legalización, impuesto de timbre,
publicación, contribución “de guerra”) y de las garantías del mismo.
Así, la reclamación N° 12 se refiere al pago de $21’227.138 “por concepto de mayor
valor pagado por la legalización del contrato, incluyendo pólizas de seguro, garantía
única de cumplimiento, impuesto de timbre y publicación en el diario oficial, debido
a la reducción de su valor y a la obra que no se pudo ejecutar por los
incumplimientos del IDU” (fl. 461, c.9). La actora adujo que ese “mayor valor” de la
legalización se obtenía al multiplicar el monto del contrato ejecutado y recibido por
el IDU ($302’668.075), por el total de los costos de legalización ($24’957.460), y
dividir el resultado entre el precio total del contrato ($2.024’979.902).
A su turno, la reclamación N° 13 se refiere a la suma de $13’834.484, como “mayor
valor deducido por el impuesto de guerra o contribución especial, debido a que la
totalidad del anticipo no fue girado para la ejecución de la obra, ya que la parte
restante se reintegrará al IDU” (fl. 462, c.9). Señaló que el tributo aplicado al anticipo
consignado fue de $28’327.025, equivalente al 5% del total de ese rubro, es decir,
$566’540.501; pero debido a la reducción del valor del contrato derivada de la no
ejecución de obras -por culpa del IDU-, debía reintegrarse a la contratista la
proporción del tributo que le fue aplicado, y que según su aserto, correspondió a
$13’834.484.
-. Frente a estas solicitudes, el IDU señaló que los impuestos y contribuciones
señalados por la contratista se causaron por el hecho de haberse celebrado el
contrato, acto que se constituía precisamente como el hecho generador de tales
gravámenes, por lo que no era acertado señalar que un menor valor en la obra daba
lugar al reintegro de sumas pagadas por concepto de tributos. Agregó que tampoco
podían hacerse reconocimientos por los gastos de constitución de garantía del
contrato, ya que se trataba de expensas propias de legalización del negocio jurídico
y conformaban la estructura de costos que se preveían en el momento de
presentarse la oferta. Para la entidad, fue el incumplimiento de la unión temporal la
causa generadora del detrimento argumentado.
La actora reiteró en la demanda lo aducido en las reclamaciones mencionadas.
88
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Sobre las indicadas RECLAMACIONES 12 y 13, la Sala señalará lo siguiente:
Como quedó demostrado con anterioridad, el valor total del contrato fue
inicialmente pactado en $2.024’979.912, suma que debía cubrir los estudios, diseño
y construcción de 46 vías del Distrito Capital. De tales vías, 20 debieron suprimirse
de manera total y 4 de manera parcial, por cuanto la Administración encontró que
no cumplían íntegramente con la viabilidad técnica y el presupuesto requeridos para
el proyecto. Tal supresión de los indicados segmentos de trabajo -no acordada por
las partes pero sí advertida por la interventoría y el IDU- derivó en que el valor del
negocio jurídico ejecutable se redujera a $1.230’111.937, de los cuales,
$113’400.167 correspondían a los estudios y diseños, y $1.116’711.770, a la fase
constructiva.
Esta circunstancia tuvo como causa el hecho de que la EAAB hubiera desaprobado
la pavimentación de las vías suprimidas, sólo después de que el IDU gestionara la
autocertificación requerida para adelantar el contrato. Con ello quedó en evidencia
que, al iniciarse la licitación y celebrarse el negocio jurídico, la entidad contratante
no tenía claridad sobre la viabilidad técnica de todas y cada una de las vías objeto
del acuerdo de voluntades que luego suscribió con la unión temporal, y que apenas
después de la firma del acuerdo de voluntades, y sobre la marcha del mismo, se
determinó de manera definitiva cuáles eran las vías posibles de construcción.
De esta manera, siendo esa disminución del valor del contrato un evento imputable
al IDU y a su inobservancia al principio de planeación (el pliego de condiciones
previó la posibilidad de eliminar algunas vías, pero ello estaba condicionado a que
se conservaran las metas físicas del proyecto), puede estimarse razonable, en
principio, que todo perjuicio ocasionado a la contratista por tal irregularidad debe
ser reparado, incluyendo lo que pagó por concepto de tributos y demás cargas
legales del contrato, en proporción al valor que luego debió disminuirse por culpa
del IDU.
Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, y de que la disminución de los frentes
para ejecutar no fue pactada por las partes en un otrosí ni un instrumento
modificatorio, la contratista, al persistir en la ejecución, aceptó ese cambio en el
contrato, pese a que el porcentaje de disminución (superior al 20% del valor inicial),
así la entidad lo hubiera fijado unilateralmente a través de un acto administrativo, le
habría permitido a la unión temporal renunciar a la continuación de la ejecución (art.
16, Ley 80/93).
89
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
El hecho de que el contratista hubiera persistido en la ejecución del contrato a pesar
de las nuevas condiciones, lo obligaba a cumplir con la parte que sí se determinó
ejecutar, en la forma y tiempo debidos.
Por lo anterior, dado que la unión temporal incumplió, por su parte, con actividades
que corrían a su cargo y que eran posibles de adelantar o ejecutar aun al margen
de los equívocos del IDU, surge con ello un punto de quiebre que impide imputar a
la entidad la “pérdida” de lo excesivamente pagado por la unión temporal por esos
conceptos y cargas antes señalados; pues habiéndose demostrado que, de
$1.116’711.770 de obra factible, la actora sólo ejecutó $218’959.798, tal panorama,
sumado al incumplimiento de la unión temporal con los estudios y diseños, impide
que se le puedan reconocer a la hoy demandante los mayores valores pagados por
impuestos y legalización del contrato, como perjuicio derivado de la disminución del
objeto contractual, derecho este que perdió por su propio desacato a los
compromisos que había asumido al celebrar el negocio jurídico, y que, se reitera,
continuaban siendo exigibles incluso tras la eliminación de las vías antes
mencionadas.
En las conclusiones y recomendaciones del informe final la interventoría recalcó
que, “antes de sacar una licitación de esta naturaleza, el IDU debería verificar la
viabilidad técnica y presupuestal de las vías objeto del contrato”, ya que en el
negocio jurídico materia de juicio, “esa falta de verificación trajo muchos
inconvenientes” y malestar en el contratista de obra por no poder ejecutar el
presupuesto. Sin embargo, también subrayó que, por el lado de la unión temporal,
tanto la firma encargada de los diseños como la constructora, mostraron desde el
inicio una actitud reticente para ejecutar el contrato, no sólo por negarse
reiteradamente a solucionar las dificultades que surgieron y rechazar en forma
íntegra todas las alternativas propuestas, sino también por no aceptar ninguna
modificación a los precios unitarios, dejar de asistir a las citaciones hechas por la
Dirección Técnica Legal y disminuir considerablemente sus actividades en los
últimos 15 días del mes de marzo de 2001, además de no proponerse “terminar las
9 vías que había iniciado” (fl. 4072, c.3).
Sabido es que, de conformidad con el artículo 1609 del Código Civil, “en los
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora de cumplir lo
pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la
forma y tiempo debidos”. Por ello, aún después de determinarse que sólo una parte
90
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
de las vías contratadas era de posible ejecución, la actora debió proceder en
consecuencia, pero al haber limitado las actividades a una mínima cantidad, incurrió
en un incumplimiento que ahora impide reconocer los conceptos de estas
reclamaciones objeto de análisis.
i) Reclamación 14
Con ella se pretendió el pago de $865.110 como “mayor valor a deducir por el
impuesto de emergencia económica sobre el saldo del anticipo que se reintegra al
IDU” (fl. 462, c.9). En este punto, la unión temporal manifestó que ese saldo equivalía
a $288’369.868, de acuerdo con la resolución de liquidación unilateral, y que, en
razón a la obligación de reintegro de esa suma al IDU, la contratista no tenía por
qué pagar el impuesto de emergencia económica que le fue descontado en el
momento de la consignación.
Al resolver ese planteamiento del recurso interpuesto contra el acto de liquidación,
el IDU expuso:
[L]a razón por la cual deberá efectuarse el reintegro del saldo del anticipo (...)
estriba en que dicha suma dejó de ser invertida en obra por el contratista, hecho
que en su momento dio lugar a la declaratoria de caducidad del contrato (...).
[S]i la conducta contractual de la unión temporal se hubiese ajustado a sus
obligaciones (...), los dineros entregados a título de anticipo habrían sido
invertidos en obra y su valor debería haberse amortizado en las diferentes
cuentas, situación que no se presentó por la desavenencia del contratista a lo
pactado en el acuerdo de voluntades, por lo que no puede ahora pretender que
el IDU asuma los costos que derivan de su incumplimiento.
En la demanda, la actora señaló que el descuento por el impuesto de emergencia
económica sólo resultaba válido si el total del anticipo se hubiera destinado a la
ejecución de la obra, pero no fue ello así, ya que hubo obra que no pudo ejecutarse
a causa del incumplimiento de la propia entidad contratante, por lo que mal podía
asumir la unión temporal el valor de dicho impuesto. En punto de ello reiteró que,
de conformidad con la Resolución N° 12433 del 19 de diciembre de 2002, el saldo
existente en la cuenta bancaria del anticipo era de $288’369.868, y reprochó que
se pretendiera descontar de ese monto la suma de $865.110 por concepto del
impuesto del 3 x 1.000 por emergencia económica, no siendo obligación de la
contratista “pagar” tal tributo, cuando el saldo del anticipo será reintegrado al IDU
por culpa de la propia entidad, al incurrir en incumplimientos que impidieron la
ejecución total de las obras y, por consiguiente, la destinación íntegra del anticipo
para ese objetivo.
91
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Agregó:
Sería válido computar dicho descuento si el giro se hubiese hecho para la
ejecución del contrato pero ello no fue así, esta reclamación también es
generada por la reducción al valor del contrato por parte del IDU y por los
numerosos incumplimientos de ese instituto.
-. Frente a la RECLAMACIÓN N° 14, la Sala considera:
No prospera la solicitud de la demandante, por cuanto recae sobre un tributo cuyo
pago no se le impuso a la contratista, sino que lo asumió la propia entidad, al
ordenar el reintegro del saldo del anticipo, existente en la cuenta bancaria, y que
no hizo parte de los valores cobrados a la unión temporal por concepto de
amortizaciones pendientes.
En la Resolución N° 12433 de 2002, el IDU refirió, en efecto, que el saldo
mencionado -se reitera, existente en el banco- era de $288’369.868, el cual debía
ser reintegrado a la Tesorería Distrital, previo descuento de $865.100 por concepto
del impuesto de 3 x 1000. Es decir, el descuento se hizo con cargo a unas sumas
que nunca salieron del patrimonio del IDU, por cuanto se trató de un anticipo no
ejecutado, amortizado ni amortizable, que por ello debía regresar a las cuentas de
la Tesorería Distrital, sin haber incrementado ni disminuido el patrimonio de la
contratista. En suma, el descuento efectuado para cubrir el impuesto del 3 x 1000
recayó en un dinero que nunca dejó de pertenecer a la entidad estatal, porque
además, no estaba comprendido en la contabilización hecha por el IDU, del anticipo
pendiente de amortización.
Es claro, de esta manera, que el indicado tributo no le fue cobrado a la unión
temporal, a quien sólo se le ordenó compensar el anticipo no amortizado,
equivalente a $96’255.347, monto que a su vez cubrió varios conceptos, ninguno
de ellos correspondiente al denominado impuesto por emergencia económica.
Tales conceptos cobrados al contratista en el saldo del anticipo no amortizado,
fueron únicamente los siguientes (fls. 149-151, c.30): i) cuentas pendientes de las actas
15, 19, 24 y 26; ii) saldo por “ajustes de las Actas de Reajustes Nos. 16, 20, 25 y
27”; iii) Valor neto de los estudios y diseños recibidos y aprobados por la
interventoría, y, iv) Valor neto por concepto de APU de ítems no previstos. Y la
suma resultante -$96’255.347- no fue incluida en el saldo registrado en el banco,
por lo cual -reitera la Sala- no se aprecia que el descuento hubiera recaído sobre la
92
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
remuneración de la unión temporal o sobre las compensaciones que se le aplicaron
en el cálculo de la amortización pendiente.
Por tanto, mal puede reclamar la hoy demandante el pago de $865.100 como
descuento por concepto del tributo denominado 3 x 1000, cuando dicha carga no
afectó su propia remuneración ni su patrimonio, sino el del IDU. Por lo demás, ha
quedado evidenciado que la no ejecución de las obras del contrato IDU-UEL-7-8-
805-99 tuvo como una de sus causas el incumplimiento de la propia contratista,
tanto en la fase de estudios y diseños como en la etapa constructiva, de suerte que
tampoco le es imputable al IDU la circunstancia de no haberse podido invertir la
totalidad del anticipo en las obras que se pactaron en dicho acuerdo de voluntades,
y menos derivarse de ello indemnización alguna por concepto del impuesto del 3 x
1000.
j) Reclamación 15
Como última solicitud dineraria, elevada en sede administrativa y luego reiterada
en la demanda, la contratista pidió al IDU que incluyera en la liquidación del contrato
el monto de $27’218.474, por concepto de “saldos en proveedores”, por haber
realizado la unión temporal varias compras de materiales con cargo a la cuenta
corriente conjunta del anticipo, de suerte que, en criterio de la impugnante, los
mencionados saldos debían ser reintegrados al IDU directamente por los
proveedores.
Como respuesta, el IDU sostuvo que la única forma válida de amortización del
anticipo era la que operaba mediante descuentos en las órdenes de pago, una vez
suscritas las correspondientes actas de recibo, pues sólo en éstas figuraban las
cantidades ejecutadas en cada ítem contractual, que al multiplicarse por sus
respectivos precios unitarios arrojaban el valor de la construcción adelantada en el
período pagado; valor que, a su vez, al ir disminuyendo en la misma proporción del
anticipo previamente entregado, iba amortizándolo.
Añadió la entidad:
De manera que la amortización del anticipo no es otra cosa que un mecanismo
de compensación regulado en el contrato, para efectuar un cruce de cuentas
entre los dineros de la administración que aquel recibe para invertir en la
ejecución de la obra, y las sumas que se causan a favor del contratista y a cargo
de la administración por el valor de la construcción y recibo de la respectiva obra
(...). [E]l anticipo no amortizado debe ser recuperado por la entidad estatal, bien
93
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
sea (...) reintegrado directamente por el contratista o en su defecto por su
garante.
En la demanda, la unión temporal insistió en que las compras de materiales que
llevó a cabo se cargaron a la cuenta del anticipo, no pudiendo disponer la contratista
de tales insumos sino para la ejecución de la obra, de tal manera que, al haberse
cumplido el plazo contractual y dejado de ejecutar una parte de lo pactado, “los
saldos existentes en proveedores son de propiedad del IDU”, de suerte que debían
ser reintegrados directamente a esa entidad. Agregó que la razón por la que aún
existían tales “saldos en proveedores” era el incumplimiento contractual del IDU,
cuya conducta impidió ejecutar la totalidad del proyecto contratado.
-. Respecto de la RECLAMACIÓN N° 15, establece la Sala lo siguiente:
La demandante señala expresamente que los saldos certificados por los
proveedores son en dinero y no en materiales, y que tales saldos deben ser
reintegrados al IDU por corresponder al anticipo que, habiendo sido girado por la
entidad a la cuenta bancaria respectiva, fue utilizado por la contratista para la
adquisición de los elementos de construcción. Bajo esa línea, señala que las
indicadas sumas deben ser reintegradas por los mismos proveedores, a la entidad
hoy demandada.
En forma preliminar se precisa que, con la lectura de esta reclamación, no se aprecia
que la solicitud de la actora deba o pueda entenderse como encaminada a que se
incluya a título de “anticipo amortizado” la suma aducida como saldo “en
proveedores”. En todo caso, aún considerando que ese es el propósito perseguido
por la unión temporal, no resultaría procedente acceder a ello, por cuanto la
amortización del anticipo opera cuando el mismo se ejecuta en la realización de la
obra, lo que evidentemente no ocurrió con los saldos registrados por los
proveedores de insumos que refirió la hoy demandante.
Ahora bien, siguiendo lo manifestado en forma explícita por la actora, se evidencia
que su reclamación alude a unos valores que, en sus propias palabras, deben ser
reintegrados al IDU, lo que se opone a que tales montos se incorporen en la suma
total que a título de “saldos a favor de la contratista”, se pidió en el numeral 3 de la
pretensión tercera de la demanda. Se trata además de unos saldos que, proviniendo
de la cuenta conjunta del anticipo, pueden reintegrarse al IDU sin haber afectado el
patrimonio de la contratista, por lo que mal puede ésta aducir esas sumas como
parte de la indemnización que, en su criterio, se le debió reconocer en el juicio.
94
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Finalmente, dado que se trata de sumas que se encuentran en poder de las
proveedoras de los materiales, que no hicieron parte en el presente proceso, no es
posible impartir orden alguna para que tales empresas reintegren dichos
remanentes a la Administración.
Por todo lo anterior, no prospera la reclamación N° 15, formulada por la actora.
En virtud de lo hasta aquí señalado, es claro que se debe denegar la totalidad de
las reclamaciones económicas examinadas en la presente instancia, por las
razones que en cada una de ellas esbozó la Sala.
3. Conclusiones
De conformidad con las consideraciones antes esbozadas, se debe establecer que
en el presente caso no fue desvirtuada la presunción de legalidad de los actos
administrativos en los que se le impuso a la unión temporal contratista una multa
por incumplimiento, aunque por otro lado, permanecerá incólume la declaratoria de
nulidad de los actos administrativos en los que se declaró la caducidad del contrato
materia de controversia y se dispuso su liquidación unilateral. Ahora bien, sin
perjuicio de ello, no hay lugar a liquidar judicialmente el contrato, por no haberse
formulado pretensión en tal sentido, en sede del presente juicio. Por lo demás, no
se demostraron los supuestos para acceder a ninguna de las quince (15)
reclamaciones económicas que integraron la pretensión tercera, numeral 3, de la
demanda, y cuyo estudio fue solicitado en el recurso interpuesto por la parte actora.
En ese sentido, la sentencia apelada deberá modificarse, incluyendo la
actualización de la condena impuesta en ella, y que no fue objeto de apelación, bajo
lo consignado en el acápite siguiente.
4. Actualización de la condena impuesta en primera instancia
En el numeral séptimo de la sentencia impugnada, el Tribunal de primera instancia
condenó al IDU a pagar a la unión temporal la suma de $1.924’708.400, a título de
lucro cesante derivado de la inhabilidad en que se hizo incurrir a los integrantes del
conglomerado, con ocasión de la declaratoria de caducidad del contrato IDU-UEL-
7-805-99, materia de controversia.
95
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
Dado que dicha condena no fue objetada en sede de apelación, se procederá a
actualizar su valor desde la fecha del fallo impugnado (23 de julio de 2015) a la
fecha de esta sentencia, de acuerdo con el IPC reportado por el DANE, como sigue:
VP = Vh * Índice final32
------------------
Índice inicial
VP = $1.924’708.400 * 147,90
----------
85,37
VP = $3.334.477.830
5. Costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998
–aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para
resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente
caso no se evidencia que alguna de las partes haya actuado temerariamente o que
de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad procesal, no habrá lugar a
su imposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de
Descongestión el 23 de julio de 2015; providencia que quedará así:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de indebido agotamiento de la
vía gubernativa, propuesta por el IDU.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos
proferidos por el Instituto de Desarrollo Urbano: Resolución N° 1308 del 16 de
32 Índice final: IPC registrado y vigente en la fecha de la presente sentencia. Índice inicial: IPC
vigente el 23 de julio de 2015, según el reporte del DANE.
96
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
mayo de 2001; Resolución N° 815 del 8 de marzo de 2002; Resolución N° 12433
del 19 de diciembre de 2002 y Resolución N° 6230 del 11 de agosto de 2003.
TERCERO: DECLARAR que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
no podrá hacer efectiva la garantía única número G U01 0 1078198 de fecha 31
de diciembre de 1999 y a su certificado modificatorio 155751 del 4 de julio de
2000, a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A., en
razón de la nulidad de las Resoluciones N° 1308 del 16 de mayo de 2001 y su
confirmatoria parcialmente N° 815 del 8 de marzo de 2002, y en caso de haberse
hecho a la fecha de ejecutoria de esta providencia, deberá reintegrar su valor,
debidamente actualizado, según la fórmula que para el efecto emplea esta
jurisdicción.
CUARTO: ORDENAR CANCELAR el reporte de la sanción impuesta mediante
Resoluciones N° 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002,
en el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en la Cámara de
Comercio, de los señores RÓMULO TOBO USCÁTEGUI; AURELIO
GUTIÉRREZ CASTILLO; y la sociedad SODEIC LTDA.
QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a
pagar a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES, por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE
($3.334.477.830).
SEXTO: NEGAR la pretensión formulada por los integrantes de la unión temporal
Obras Viales, relativa a la nulidad de las Resoluciones 280 del 09 de marzo de
2001 y 2363 de 25 de septiembre de 2001, por las cuales el Instituto de
Desarrollo Urbano impuso una multa a dicha agrupación. Ello por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: Sin condena en costas.
97
Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.
Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Acción de controversias contractuales
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/validador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
VF
98
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.