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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-00945-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-00945-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 26 de marzo de 2009 por la Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: Sin CONDENA en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2004-00945-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de mayo de 2022

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros
Demandado: Nación – Ministerio de la Protección Social –
Superintendencia Nacional de Salud – Distrito Capital
Secretaría de Salud

Tema: Responsabilidad patrimonial por omisión en el ejercicio de la
función de inspección, vigilancia y control a una entidad
promotora de salud. Se confirma la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda porque no
está probado el nexo causal entre la acción u omisión de la
demandada y el daño.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 26 de marzo de 2009 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la que se hicieron las
siguientes declaraciones:

<<PRIMERO.- Declarar probada la excepción de caducidad propuesta por la
Fundación Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos en
Liquidación Forzosa Administrativa, y, por la Superintendencia Nacional de
Salud, referida a las pretensiones de responsabilidad administrativa acaecidas
antes del inicio del trámite liquidatorio, según los considerandos de la presente
decisión.

SEGUNDO.- Declarar no probada la excepción de falta de legitimación por pasiva
propuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con la
parte motiva de la presente providencia.

TERCERO.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva
propuesta por el Ministerio de la Protección Social, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

1

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

CUARTO.- Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el Distrito Capital – Secretaría de Salud, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

QUINTO.- Declarar la falta de legitimación en la causa por activa (sic) de la
Fundación Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos en Liquidación Forzosa
Administrativa, de conformidad con la parte motiva de este fallo.

SEXTO.- Negar las pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO.- Sin condena en costas.>>

La Sala es competente para proferir esta providencia conforme al artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo, por tratarse de un recurso de apelación
interpuesto contra una sentencia dictada en primera instancia por un tribunal
administrativo, dentro de un proceso de reparación directa por la omisión de
vigilancia y control por parte de las autoridades demandadas. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A conoció el
proceso en primera instancia por la cuantía de la demanda, según lo dispuesto
en el numeral 6 del artículo 132 del mismo código.

El recurso de apelación se interpuso el 17 de abril de 2009 y fue admitido
mediante providencia del 15 de septiembre de 20091. En el auto del 2 de octubre
de 2009 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión2. Las partes presentaron sus alegaciones finales3, y el
Ministerio Público emitió concepto4.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- La demanda fue interpuesta el 5 de mayo de 2004 por Marlen Acevedo
Benavides y 290 trabajadores, extrabajadores y pensionados del Hospital
Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos. Se dirigió contra la Nación -
Ministerio de Protección Social (hoy Ministerio de Salud y de la Protección
Social), Superintendencia Nacional de Salud y Distrito Capital Secretaría de
Salud, para pedir la indemnización por el daño derivado de la imposibilidad de
pago de los salarios, mesadas pensionales y prestaciones sociales por parte del
Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos como consecuencia de
la omisión de intervención en la que habrían incurrido las entidades accionadas,
en el ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control al hospital.

1
Fl. 168 cuaderno 7.
2 Fl. 683 cuaderno 7.
3 Fls. 685 a 710 cuaderno 7
4 Fls. 711 a 745 cuaderno 7

2

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

Por auto del 17 de junio de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A5 ordenó vincular al Hospital Infantil Universitario
Lorencita Villegas de Santos en Liquidación Forzosa como parte demandada.

2.- En el escrito de la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA: Declarar Administrativamente y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN –MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD, BOGOTÁ D.C. –SECRETARÍA DE SALUD por los perjuicios
materiales y fisiológicos causados a todos y cada uno de los demandantes, por los
perjuicios derivados de la omisión, ineficiencia, y ausencia de control de estas entidades
frente a la FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO LORENCITA
VILLEGAS DE SANTOS EN LIQUIDACIÓN.

2. Consecuencialmente se condene a las demandadas a pagar a los demandantes a
título de perjuicio materiales y morales, las sumas de dinero que se señalan a
continuación con la debida actualización teniendo en cuenta la variación porcentual del
índice de precios al consumidor para la fecha de la sentencia:

a.- Perjuicios Morales:

1.- Para ACEVEDO MARLENY (sic) y 290 trabajadores, extrabajadores y pensionados,
como víctimas afectadas el equivalente a mil salarios mínimos legales o de la que
resulte probada en el proceso por concepto de perjuicios morales.
(…)
b.- Perjuicios Materiales:

Los perjuicios materiales causados a todos y cada uno de los demandantes en este
proceso se derivan de la imposibilidad de pago de la Fundación Hospital Infantil
Universitario Lorencita Villegas de Santos por la falla en el servicio por parte del
Estado frente a la institución prestadora de servicios de salud tal y como sustenta
esta demanda de las sumas de dinero por concepto de las prestaciones sociales,
indemnizaciones y demás acreencias laborales cuyos montos ya se encuentran
precisados por la misma entidad liquidadora mediante las Resoluciones No. 001 del
23 de septiembre de 2003 y 017 de Enero 23 de 2004, que corresponde al Auto de
calificación y graduación de los créditos, en el que se contempla lo que corresponde a
cada uno de los ex trabajadores del Hospital por Salarios y Prestaciones Sociales (ítem
1.3) y la que repone el auto y ordena incluir los intereses correspondientes y en los
términos que consigna la citada resolución.

Conforme a lo anterior, el valor concreto de los perjuicios materiales solicitados por los
291 demandantes, son los siguientes:

DEMANDANTE VALOR TOTAL PERJUICIO
MATERIAL
ACEVEDO BENAVIDES MARLEN $24.623.188
(…)

Que la demandada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176,
177 y 178 del C.C.A.>>

3.- En las pretensiones anteriores se persigue que las entidades demandadas
sean condenadas a pagar las deudas laborales que no podrán ser canceladas
por el Hospital porque el valor de los bienes incluidos en la liquidación no alcanza

5 Fls. 396 a 397 cuaderno 1

3

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

para pagar los valores reconocidos como adeudados a los trabajadores. Y
aunque en el recuento de hechos se señala que el proceso liquidatorio fue
adelantado primero por un juzgado y luego por la Superintendencia, lo que se
imputa a las demandadas es la omisión en el control y vigilancia del Hospital que
permitió que tuviera que ser liquidado. Las afirmaciones relevantes de la
demanda son las siguientes:

3.1.-. La mayoría de los demandantes son trabajadores del Hospital Infantil
Universitario Lorencita Villegas de Santos (en adelante, el Hospital); otros tienen
la condición de pensionados y algunos son extrabajadores.

3.2.- El 1º de marzo de 1999 la junta directiva del Hospital -de la que era parte la
Secretaría de Salud Distrital-, en reunión extraordinaria decidió por unanimidad
declarar la disolución y liquidación de la entidad, y designó un agente liquidador.

3.3.- El 8 de marzo de 1999 el gerente liquidador del Hospital solicitó la
autorización para el cierre definitivo de la empresa y la liquidación de los contratos
de trabajo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social - Dirección Regional
de Bogotá y Cundinamarca. Los trabajadores se opusieron a esta solicitud y el
ministerio la remitió al Gobierno nacional mediante auto del 31 de mayo de 1999,
por falta competencia para resolverla.

3.4.-. El presidente de la República, mediante el Decreto 1369 del 28 de julio de
1999 resolvió <<conceder permiso para el cierre definitivo>> del Hospital y la
<<consecuente liquidación de los contratos de trabajo>>. También dispuso que
la autorización <<no eximía al gerente liquidador ni a los miembros de la junta
directiva de la Fundación Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de
Santos, de dar estricta observancia a lo dispuesto en los decretos 1469 de 1978,
artículo 37, 2677 de 1971 artículo 2 y 1088 de 1991 artículos 8 y 59, los dos
primeros relacionados con el otorgamiento de la caución o garantía que acredite
el pago de las obligaciones laborales y pensionales y, el último, referido a la
vigilancia de la autoridad distrital de salud durante el proceso de disolución>>.

3.5.- El 24 de mayo de 1999 la junta directiva del Hospital facultó al gerente
liquidador para presentar la demanda de liquidación obligatoria de esa entidad.
El Juzgado 15 Civil del Circuito conoció del asunto, se declaró no competente y
remitió la demanda a la Superintendencias de Sociedades y de Salud que
también se declararon no competentes. El conflicto negativo de competencias fue
resuelto por la jurisdicción disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
mediante auto del 8 de octubre de 2001. En esta decisión se declaró que la
competencia correspondía al juzgado. Este último asumió el conocimiento de la
demanda y designó un agente liquidador.

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Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

3.6.- El Juzgado 15 Civil del Circuito declaró incorporados al proceso de
liquidación obligatoria (i) los créditos presentados oportunamente, y (ii) los
procesos laborales iniciados por los trabajadores y extrabajadores del Hospital
que cursaban en un juzgado laboral.

3.7.- El 15 de octubre de 2002 la Superintendencia Nacional de Salud expidió la
Resolución 1945, en la que resolvió avocar conocimiento del proceso liquidatorio
y ordenó la toma de posesión para liquidar el Hospital. Para los demandantes,
esta decisión demuestra que la Superintendencia Nacional de Salud era la
indicada para adelantar el proceso liquidatorio a través del mecanismo de
intervención forzosa. Los demandantes enfatizaron que la intervención fue
pedida por los trabajadores desde 1999, pero la misma sólo ocurrió en esta fecha.

3.8.- El 23 de septiembre de 2003 el agente liquidador designado por la
Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución No. 001, en la que
calificó y graduó los créditos de los aquí demandantes. Esta decisión fue recurrida
por los demandantes para que se incluyeran los intereses ordenados por el
juzgado laboral que tramitó las demandas ejecutivas laborales presentadas por
los trabajadores. El recurso fue resuelto favorablemente y se incluyeron dichas
sumas.

3.9.- El agente liquidador realizó la diligencia de inventarios y avalúos de los
bienes que conformaban la masa liquidatoria del Hospital. Los bienes fueron
avaluados en la suma de diecisiete mil doscientos sesenta y un mil millones
doscientos siete mil doscientos cincuenta y seis pesos ($17.261.207.256). La
deuda reconocida en relación con los créditos de primera clase quedó establecida
en la suma de sesenta y un mil quinientos setenta y dos millones seiscientos
sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos ($61.572.664.831).

3.10.- Se estableció que el Hospital adeudaba a los pensionados (i) por concepto
de mesadas pensionales, la suma de siete mil trescientos dieciocho millones
cuatrocientos cuarenta y seis mil noventa y nueve pesos ($7.318.446.099); (ii)
por concepto de conmutación pensional, la suma de treinta y seis mil
cuatrocientos cuarenta y seis millones ochocientos noventa y un mil ochocientos
sesenta y seis pesos ($36.446.891.866), y (iii) por cotizaciones al seguro social,
la suma de cuatro mil cuatrocientos veinticuatro millones seiscientos ochenta y
seis mil novecientos veintinueve pesos ($4.424.686.929). Esto, según los
demandantes, deja en evidencia que el inventario y el avalúo debidamente
aprobado por el liquidador no alcanzaba para cubrir el valor adeudado a los
pensionados por concepto de mesadas pensionales, ni el cálculo actuarial.

3.11.- Según los demandantes, las entidades demandadas no intervinieron de
manera oportuna con lo cual incumplieron sus funciones de inspección, vigilancia
y control sobre el Hospital. Esta omisión llevó a que se produjeran su cierre y su
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Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

liquidación y, en consecuencia, la desprotección de los derechos laborales de los
trabajadores. En el hecho No. 57 de la demanda se afirma textualmente: <<Las
entidades demandadas no cumplieron con sus obligaciones constitucionales y
legales de inspección, vigilancia y control que les correspondía ejercer sobre el
Hospital Lorencita Villegas de Santos, generando con esa conducta omisiva, no
solo el cierre intempestivo del hospital sino la total desprotección de los derechos
laborales de los trabajadores de la misma>>

B.- Posición de la parte demandada

4.- El Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos en Liquidación,
que fue vinculado oficiosamente al proceso por el Tribunual, contestó la
demanda6. Advirtió que contra el Hospital se adelanta un proceso de liquidación
forzosa, el cual se ha desarrollado cumpliendo las etapas que la ley ha
establecido para tal fin. En esa medida, los pagos realizados se hicieron teniendo
en cuenta la prelación de créditos definida en las resoluciones 001 y 017 de 2003.
Así mismo, los bienes del Hospital, desde el cierre, quedaron consignados como
prenda general de los acreedores y los pagos efectuados se destinaron a cubrir
mesadas pensionales y aportes a salud de este grupo.

4.1.- El Hospital propuso como excepción la caducidad de la acción, porque el
daño causado ocurrió con ocasión de la expedición del Decreto 1369 de 1999,
que autorizó el cierre del mismo. Esta decisión se publicó el 2 de agosto de 1999,
por lo que al momento de la presentación de la demanda –año 2004- ya habían
transcurrido más de dos años.

5.- La Superintendencia Nacional de Salud contestó la demanda7. Esta entidad
se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso los siguientes argumentos:

5.1.- En primer lugar, los demandantes no presentaron elementos constitutivos
de la presunta omisión por parte de esta entidad. De manera general expusieron
unos hechos, pero no refirieron cuáles eran las omisiones de vigilancia y control
en las que habría incurrido la entidad.

5.2.- Expuso que antes del cierre del Hospital, esa entidad (i) ejerció vigilancia y
control sobre los aspectos financieros y contables del Hospital; (ii) le solicitó al
Hospital presentar un plan de desarrollo para reducir costos y gastos y
maximización de utilidades; (iii) solicitó a la revisoría fiscal informar la situación
económica y financiera del Hospital; (iv) solicitó al Hospital sanear sus activos,
registrarlos en cuentas apropiadas y registrar las provisiones y valorizaciones
correspondientes al cierre de cada período, lo cual debía mostrarse en los
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 1998.

6 Fls. 408 a 414
7 Fls. 421 a 444 cuaderno 1

6

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

5.3.- Aclaró que fue el Gobierno nacional y no la Superintendencia Nacional de
Salud, quien ordenó el cierre del hospital.

a.- Así, su intervención en el proceso liquidatorio ocurrió cuando la ley se lo
permitió, y cumplió con las funciones de su competencia, a saber: (i) avocar
conocimiento del proceso liquidatorio, (ii) ordenar la toma de posesión y (iii)
designar el agente liquidador.

b.- Por otra parte, las órdenes de intervención dadas por la Corte Constitucional
se dirigieron a los Ministerios de Salud y del Trabajo.

c.- Adujo que la responsabilidad que pueda surgir de alguna eventualidad dentro
del proceso liquidatorio es del agente liquidador y no de esta entidad, pues el
liquidador no es subordinado de la Superintendencia.

5.4.- Propuso como excepciones (i) la inexistencia de la obligación, (ii) la falta de
legitimación por pasiva y (iii) la caducidad de la acción. La primera, porque no
está probado que la Superintendencia de Salud hubiese omitido el ejercicio de
sus funciones de vigilancia y control. La segunda, porque no es de competencia
de la Superintendencia de Salud adelantar el proceso liquidatorio, de modo que
las omisiones que se presenten en ese proceso son responsabilidad del agente
liquidador. Y la última, teniendo en cuenta que la declaratoria de disolución y
liquidación del hospital ocurrió el 1º de marzo de 1999; por lo tanto, el plazo para
interponer la demanda venció el 2 de marzo de 2001, de modo que al haber sido
interpuesta en el año 2004 se configuró la caducidad de la acción.

6.- El Ministerio de Salud contestó la demanda8. Esta entidad se opuso a las
pretensiones bajo el supuesto de que esa cartera cumplió sus funciones en
relación con el hospital. Planteó las excepciones de (i) inexistencia de la
obligación y (ii) falta de legitimación por pasiva.

6.1.- En la relación con la primera, expuso que no está dentro de sus
competencias responder por pasivos provenientes de liquidaciones de entidades
cuyas sumas adeudadas resulten mayores a los activos de la entidad en
liquidación. Por otra parte, el ejercicio de la función de intervención a las
entidades prestadoras de servicio de salud quedó confiado a las
Superintendencia de Salud, según el Decreto 788 del 28 de abril de 1998.

6.2.- En cuanto a la segunda, manifestó que no existe <<nexo causal entre el
actuar del Ministerio y el resultado dañoso que alega el demandante y las
situaciones de hecho que fundamentan las pretensiones de la demanda, que

8 Fls. 471 a 486 cuaderno 1

7

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Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

permitan predicar solidaridad entre esta entidad y los demás demandados por
ser personas jurídicas diferentes, totalmente autónomas y con funciones
claramente determinadas por la normatividad vigente>>.

7.- La Secretaría de Salud del Distrito Capital contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones9 porque no existe una obligación legal entre esta y el Hospital.
Esta entidad no tiene dentro sus competencias el pago de acreencias laborales
por el cierre del Hospital. Propuso como excepciones (i) la ineptitud sustantiva de
la demanda, y (ii) la falta de legitimación por pasiva.

7.1.- Para sustentar las excepciones, en relación con la primera manifestó que
esa entidad no tuvo injerencia en la decisión del cierre del Hospital. Esa decisión
hizo parte de la autonomía legal con la que contaba la entidad privada. Por otra
parte, el manejo de los recursos del Hospital no requería autorización de esta
entidad; por lo tanto, ellos podían disponer la disolución y liquidación de la
empresa.

7.2.- En cuanto a la segunda, afirmó que la función de vigilancia para con el
Hospital era respecto del cumplimiento de los requisitos higiénico-sanitarios y la
prestación del servicio de salud. Es cierto que esta entidad hizo parte de la junta
directiva del Hospital, pero con relación a las decisiones solo tenía voz y no voto.

C.- Sentencia recurrida

8.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en sentencia del 26 de marzo de 2009 10, adoptó las siguientes decisiones (i)
declaró probada la excepción de caducidad de acción propuesta por la Fundación
Hospital Infantil Universitario Lorencita Villegas de Santos en Liquidación Forzosa
Administrativa y por la Superintendencia Nacional de Salud; (ii) declaró probada
la falta de legitimación por pasiva del Ministerio de Salud, del Hospital en
Liquidación y la Secretaría de Salud Distrital de Bogotá y, finalmente, (iii) negó
las pretensiones de la demanda contra la Superintendencia de Salud.

8.1.- Respecto a lo primero, expuso que en los fundamentos de la demanda se
afirmó que la Superintendencia Nacional de Salud conocía el desorden
administrativo del Hospital desde 1994. Sin embargo, esa entidad omitió sus
funciones y permitió que se llegara a su cierre. En consecuencia <<el evento
dañoso que según los accionantes consolidó el daño lo constituye el Decreto
1369 de 1999>> el cual se publicó el 2 de agosto de 1999, de modo que al
interponerse la demanda el 5 de mayo de 2004, habían transcurrido más de dos
(2) años.

9 Fls. 503 a 506 cuaderno 1

10 Fls.647 a 666 cuaderno 7

8

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

8.2.- Respecto a la pretensión <<por el actuar tardío de la administración pública
en avocar y tramitar el procedimiento liquidatorio del hospital, que trajo como
consecuencia la eventual imposibilidad material y jurídica de que los trabajadores
de la Fundación pudieran cobrar sus acreencias laborales y pensionales>>,
estimó que para la fecha en la que se presentó la demanda, 5 de mayo de 2004,
aún no había terminado dicho proceso liquidatorio. Además, los demandantes
solo conocieron de la ausencia de recursos por parte del Hospital para cumplir
con los pagos cuando se les comunicó la Resolución No. 001 del 23 de
septiembre de 2003, por lo que para la fecha en la que se interpuso la demanda,
esa pretensión se encontraba en término.

8.3.- El tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva
propuesta por el Ministerio de Salud y el Distrito Capital de Bogotá–Secretaría de
Salud. En relación con la pretensión indemnizatoria por la ausencia de recursos
por parte del Hospital para hacer los pagos de los salarios y prestaciones de los
demandantes, constató que estas entidades <<no intervinieron material ni
jurídicamente, en el proceso liquidatorio, por cuanto que la vigilancia y control del
mismo se encontraba en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud>> por
disposición legal.

8.4.- En el mismo sentido se pronunció respecto de la legitimación por pasiva del
Hospital, entidad que fue llamada oficiosamente por el tribunal. Estimó que como
la pretensión indemnizatoria estaba dirigida a la evaluación del trámite liquidatorio
de esa entidad, en estricto sentido esas actuaciones eran de competencia del
agente liquidador, quien desarrollaba los trámites y procedimientos para efectuar
el reconocimiento y pago de las acreencias. En consecuencia, el llamado a
responder por las irregularidades en ese trámite era el agente liquidador y no el
Hospital. Bajo ese análisis declaró su falta de legitimación por pasiva.

8.5.- Por último, negó las pretensiones de la demanda porque consideró (i) que
no podía configurarse un error en el proceso liquidatorio cuando este no ha
terminado, y que solo es posible determinar las consecuencias del daño cuando
finalice el trámite; (ii) de las pruebas allegadas sobre la gestión del liquidador se
verificó que este ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la ley y a las
obligaciones impuestas en la Resolución 1965 de 2002. Adicionalmente, estimó
que no puede estructurarse una falla en el servicio por la <<divergencia material
entre los activos del hospital y los pasivos laborales y pensionales reconocidos
puesto que ello solo se puede advertir cuando se ordene la disolución de la
entidad>>. Por último, la parte demandante no demostró la existencia de un daño
antijurídico cierto.

D.- Recurso de apelación

9

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

9.- En su escrito de apelación los demandantes solicitan que se revoque
integralmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, se concedan las
pretensiones de la demanda. En relación con la caducidad de la acción,
señalaron que la demanda se presentó en término, pues solo cuando se
expidieron las resoluciones que calificaron y graduaron las reclamaciones, los
demandantes tuvieron <<pleno conocimiento y definitivo de la totalidad de los
activos y pasivos laborales de la Fundación>>. Por consiguiente, la caducidad de
la acción debe contarse a partir del 23 de septiembre de 2003, fecha en que se
expidieron las referidas resoluciones y se consolidó el daño.

9.1.- No comparten la falta de legitimación por pasiva declarada por el tribunal
puesto que en el proceso se demostró que las demandadas tenían a su cargo la
vigilancia, supervisión e inspección del Hospital, y no lo hicieron. La Secretaría
de Salud del Distrito de Bogotá formaba parte de la junta directiva y al mismo
tiempo era un ente de control, pero no ejerció dicha función. Distintos jueces
ordenaron al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud intervenir al
Hospital antes de la liquidación, pero estos no lo hicieron.

9.2.- Por último, manifiestan que si hubiese existido una intervención oportuna de
las entidades demandadas, tal como lo ordenaron las autoridades judiciales, muy
seguramente se hubiese evitado el perjuicio ocasionado a los demandantes, que
no recibieron el pago de sus derechos prestacionales.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala se pronunciará en el mismo sentido en que lo hizo en la sentencia
del 8 de septiembre de 2021, proceso 250002326000200501420 02 (43718), en
razón a que este asunto comprende los mismos hechos y pretensiones, y las
mismas entidades demandadas; la diferencia radica en que en este caso los
demandantes son otro grupo de trabajadores afectados por el proceso de
liquidación de la ESE Lorencita Villegas de Santos.

E.- Caducidad de la acción

11.- La Sala considera que, tal como lo estableció el tribunal, operó la caducidad
de la acción respecto de la imputación hecha al Ministerio de Protección Social y
a la Secretaría de Salud de Bogotá, pues el término debe contabilizarse a partir
de la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1369 11 que autorizó el cierre
definitivo del Hospital y la terminación de los contratos de trabajo, es decir, desde
el 3 de agosto de 1999 12 , por cuanto las omisiones que se les imputa en la

11
Obrante a fls.47-51, C.2, pruebas.
12
El Decreto 1369 fue expedido el 28 de julio de 1999, pero fue publicado en el Diario Oficial No.43652 del
3 de agosto de 1999, fecha en la que entró en vigencia.
10

Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

inspección, vigilancia y control del Hospital se concretaron antes de que iniciara
la liquidación del mismo. Por lo anterior, no se estudiará la imputación hecha a
estas entidades.

12.- En cuanto a la Superintendencia de Salud, la Sala considera que la acción
no está caducada, pero precisa que el término de caducidad debe contabilizarse
a partir de la fecha en la que terminó la liquidación del Hospital Lorencita Villegas
de Santos y no fue posible pagar las acreencias laborales y pensionales de los
demandantes porque los activos patrimoniales del Hospital eran insuficientes
para cubrirlas, pues en ese momento se consolidó el daño que reclaman.

12.1.- En el expediente obra la Resolución 109 del 22 de septiembre de 2008,
expedida por el agente liquidador designado por la Superintendencia de Salud
que declaró terminada la existencia y representación legal del Hospital. A partir
de ese momento se consolidó el daño, pues hasta esa fecha los demandantes
tuvieron certeza de que no iban a obtener el pago de sus acreencias. El término
de caducidad no puede computarse desde la resolución que calificó y graduó los
créditos, esto es, desde el 23 de septiembre de 2003, como lo afirman los
accionantes, ya que en esta resolución se les reconoció un derecho pero no
tenían certeza de que tal expectativa no pudiera verse satisfecha por falta de
recursos para el pago. En consecuencia, la demanda fue presentada
oportunamente el 5 de mayo de 2004, cuando el proceso de liquidación aún
estaba en curso y por tanto no había transcurrido el término de 2 años previsto
en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A.

F.- Decisión a adoptar

13.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque no está probado
que la Superintendencia de Salud haya intervenido tardíamente al Hospital
Lorencita Villegas de Santos y que su intervención hubiese causado el daño
alegado por los demandantes.

13.1.- En el expediente está probado que, a instancias de la junta directiva del
Hospital, mediante el Decreto 1369 de 1999 el Ministerio de Salud autorizó el
cierre definitivo del Hospital Lorencita Villegas de Santos, la liquidación de los
contratos de trabajo y la terminación de la prestación del servicio de salud 13.
También está acreditado que una vez el ministerio autorizó el cierre del Hospital,
el liquidador, con autorización de la junta directiva, presentó demanda de
liquidación obligatoria ante la jurisdicción ordinaria, según consta en la
Resolución 1905 del 15 de octubre de 2002 expedida por la Superintendencia de

13 Fls. 47-51, C.2, pruebas.

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Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

Salud14 y en la rendición final de cuentas del proceso liquidatorio del Hospital
suscrita por la liquidadora Nohora Alba Rubio15.

13.2.- Igualmente, está demostrado que la Superintendencia Nacional de Salud
tomó posesión y ordenó la liquidación del Hospital mediante Resolución 1905 del
15 de octubre de 2002, determinación que adoptó como consecuencia de la
remisión por competencia realizada por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá
por auto del 24 de junio de 200216.

13.3.- De lo anterior, la Sala concluye que la intervención tardía del Hospital
alegada por los demandantes no es imputable a la Superintendencia Nacional de
Salud, pues la entidad solo pudo adoptar competencia de la liquidación a partir
del 15 de octubre de 2002, ya que anteriormente la liquidación se estaba
tramitando ante la jurisdicción ordinaria; además, cuando la Superintendencia
avocó conocimiento de la liquidación, ya el Ministerio de Salud, desde julio de
1999, había autorizado el cierre del Hospital y la liquidación de los contratos de
trabajo, decisión que la Superintendencia no podía modificar por falta de
competencia para ello.

14.- Ahora bien, los demandantes alegan que debido a la actuación tardía de la
Superintendencia de Salud hubo un detrimento de los activos patrimoniales de la
institución que les impidió obtener el pago de las acreencias pensionales y
laborales reconocidas en la Resolución 001 del 23 de septiembre de 2003 que
calificó y graduó los créditos.

14.1.- Sin embargo, no precisaron en qué consistió la acción u omisión de la
Superintendencia que generó el detrimento patrimonial y, como consecuencia, el
daño; se limitaron a señalar que la entidad incumplió unas obligaciones legales
previas al trámite de liquidación, pero no cuestionaron la actuación de la
Superintendencia dentro del proceso de liquidación.

14.2.- Los accionantes no alegaron ni aportaron pruebas que demuestren la
acción u omisión de la demandada que hubiese afectado el patrimonio del
Hospital, como sería la inadecuada integración de la masa de liquidación, el
embargo tardío de bienes, la mala calificación de los créditos, no hacer las
apropiaciones para el pago de los pasivos o no tomar las medidas necesarias
para recuperar los activos; eventos en los cuales es clara la responsabilidad del
liquidador por el detrimento del patrimonio de la liquidada.

14 Fls. 367-377, C.2, pruebas.
15 Fls. 4-17, C.4, pruebas.
16 Fls. 168, C.2, pruebas.

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Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

En ese sentido, la jurisprudencia ha considerado que es necesario que haya una
irregularidad en la actuación del liquidador que cause el daño, así: “La falta de
pago no fue resultado de una irregularidad de la Superintendencia Nacional
de Salud en el marco del proceso de liquidación, sino porque los recursos
disponibles fueron destinados a las obligaciones laborales y los gastos
administrativos, contingencia que no fue el resultado de una falla en el servicio
de la Superintendencia Nacional de Salud, sino de la aplicación de la normativa
establecida para tal fin”17.

14.3.- Las pruebas obrantes en el expediente demuestran que cuando se inició
la liquidación forzosa administrativa no había recursos para realizar el proceso y
que el agente liquidador expidió la Resolución 001 del 23 de septiembre de 2003
de calificación y graduación de créditos en la que reconoció que el Hospital
adeudaba por concepto de acreencias pensionales y laborales la suma de
cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho millones novecientos seis mil
novecientos cuarenta y un pesos ($54.258.906.941)18.

14.4.- También se encuentra acreditado que pese a que el proceso de liquidación
forzosa fue prorrogado en cuatro ocasiones, la masa de liquidación solo alcanzó
para cubrir el pago de los aportes de pensiones y las mesadas pensionales
ordenadas por fallos de tutela, por un monto de veintitrés mil cuatrocientos ocho
millones noventa y nueve mil quinientos ochenta y ocho pesos
($23.408.099.588)19 y que no fue posible constituir las reservas para cubrir los
demás pasivos del Hospital por falta de recursos, lo cual llevó a que se hiciera el
cierre contable y operativo el 9 de junio de 2008, quedando registrados como
pasivos insolutos. Lo anterior consta en la rendición final de cuentas suscrita por
la liquidadora Nohora Alba Rubio20 y en la Resolución 109 de 2008, expedida por
el agente liquidador, que declaró terminada la existencia y representación legal
del Hospital 21.

15.- De este modo, los medios probatorios obrantes en el proceso resultan
insuficientes para probar la omisión alegada, lo que quiere decir que la parte
actora no asumió la carga de demostrar los hechos que alegó como fundamento
de su pretensión de reparación.

16.- Finalmente, la Sala precisa que la falta de pago de las acreencias de los
demandantes no fue resultado de una irregularidad de la Superintendencia de
Salud en el proceso de liquidación, pues los únicos recursos disponibles fueron
destinados al pago de las obligaciones pensionales ordenadas en fallos de tutela

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, expe.65995, C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico.
18 Según consta en la rendición final de cuentas obrante a fls. 4-13, C.4, pruebas.
19 Rendición final de cuentas, fls. 8 reverso y 9, C.4, pruebas.
20 Fls. 4-17, C.4, pruebas.
21 Fls. 2-106, C.4, pruebas.

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Radicado: 25000-23-26-000-2004-00945-01 (37435)
Demandantes: Marlen Acevedo Benavides y otros

y a los gastos de administración. Los pagos insolutos no se ocasionaron por
acción u omisión de la Superintendencia, de manera que no se puede deducir la
causalidad entre la actuación de la Superintendencia Nacional de Salud y el daño
alegado por los demandantes.

G.- Costas

17.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 26 de marzo de 2009 por la
Subsección A, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

14

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