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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-01282-01

Caducidad del medio de control de controversias contractuales

Fecha
21 de octubre de 2021
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2004-01282-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. No hay lugar a la fijación de agencias en derecho en segunda instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2004-01282-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

21 de octubre de 2021

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / ECOPETROL

El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto el demandante pretende que se declare el incumplimiento contractual de la entidad contratante y/o el rompimiento del equilibrio económico del contrato, y que, como consecuencia, se condene a ECOPETROL al pago de mayores costos en que incurrió. Así las cosas, de acuerdo con las pretensiones y el fundamento fáctico de la demanda, la controversia sometida a decisión es, sin duda, un conflicto surgido entre las partes contratantes con ocasión de la ejecución del contrato estatal por ellas celebrado, correspondiendo, por tanto, al medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del Estatuto Procesal Administrativo.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 141

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO

El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone que el medio de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera. Al respecto, resulta pertinente destacar que el derecho común no contempla la liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos estatales sujetos a régimen exceptuado la misma no se requiere, a menos que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, hubieren acordado llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato, en cuyo caso el plazo convenido para dicho efecto deberá tenerse en cuenta en el conteo del término preclusivo, sin contemplar el término para liquidar unilateralmente el contrato, puesto que, en tratándose de negocios jurídicos regidos por el derecho privado, las partes no pueden atribuirse esta potestad, comoquiera que la misma requiere habilitación legal y las normas de derecho privado no prevén dicha posibilidad (…) A partir de las anteriores premisas la Sala encuentra establecido que en el presente asunto la acción fue ejercida en tiempo oportuno (…)

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 164 - NUMERAL 2 LITERAL J)

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 6 de diciembre de 2010, Expediente No. 38344; Sentencia del 14 de octubre de 2015, Expediente 48502; Sentencia del 24 de febrero de 2016, Expediente 46185; Sentencia de 29 de noviembre de 2017, Rad. 25000-23-26-000-2004-01282-01 (35271); Auto de 8 de agosto de 2018, Rad. 25000-23-36-000-2015-00574-01 (57780); Sentencia del 1 de junio de 2020, Rad.05001-23-31-000-2000-03439-01(47101)

CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATOS DE ECOPETROL / ECOPETROL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN FISCAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / DERECHO PRIVADO / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

En relación con el régimen jurídico que gobierna los contratos celebrados por ECOPETROL, en virtud de lo establecido por el legislador, tal como lo ha reiterado esta Corporación, dicho régimen lo constituyen, de modo preferente, las normas propias del Derecho Privado y no las del Derecho Administrativo o del Estatuto de Contratación Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1118 de 2006 (…) Resulta claro, en suma, que el régimen jurídico preferentemente aplicable a los contratos celebrados por ECOPETROL es el régimen común, regla que sin duda se predica en relación con el Contrato objeto de la litis, sin perjuicio, claro está, de la obligación de observar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

FUENTE FORMAL: LEY 1118 DE 2006 - ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 267

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 57394 de julio 19 de 2017, Rad. 57.394

PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / CONTRATOS DE ECOPETROL / ECOPETROL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE

[C]onviene comenzar por señalar que las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual, se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas, de tal suerte que, si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico. Con todo, debe anotarse que no toda variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que la equivalencia prestacional puede verse afectada: (i) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; y (iii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”. Ahora bien, en relación con lo anterior, la Sala encuentra pertinente realizar dos precisiones. En primer lugar, debe anotarse que mientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. En otras palabras, aun cuando se advierte cierta confusión en la propia legislación y la jurisprudencia, que en torno al tema tampoco ha sido del todo consistente, pues en algunas decisiones se ha identificado el incumplimiento del contrato como una de las causas generadoras de la ruptura del equilibrio económico, no deben confundirse la responsabilidad contractual y la teoría del equilibrio o equivalencia económica del contrato, dadas las diferencias que se advierten no solo en los presupuestos, sino también en los efectos o consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso. La segunda precisión que debe efectuarse consiste en recordar que, tratándose de contratos sujetos al derecho privado, la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente, que como se ha indicado es distinta de la responsabilidad por incumplimiento contractual, no se abre paso desde la perspectiva del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, sino a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional , de conformidad con lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio.

En este sentido, para que se estructure la teoría de la imprevisión, se requiere: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato. De acuerdo con lo anterior, de conformidad con las pretensiones y hechos de la demanda, la Sala observa que en el libelo introductorio se solicita el pago de sobrecostos en los que el actor aduce haber incurrido por el incumplimiento por parte de ECOPETROL en la entrega del denominado derecho de vía. Por este motivo, aun cuando el actor afirma que dicho incumplimiento produjo la ruptura del equilibrio económico del contrato, la Sala no realizará el análisis del caso sub judice desde la perspectiva de la teoría de la imprevisión, sino bajo el marco de la responsabilidad contractual. En suma, la Sala enmarca el conflicto sometido a decisión en el campo de la responsabilidad contractual, por lo que, a la vista de las pruebas obrantes en el proceso, procederá a examinar el contenido y alcance de la obligación que el actor alega incumplida y el comportamiento que frente a la misma observaron las partes durante la ejecución contractual, no sin antes indicar que, en el marco de la responsabilidad por incumplimiento, la prosperidad de las pretensiones supone encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue incumplida, que dicho incumplimiento es imputable al deudor y que el acreedor sufrió un perjuicio a consecuencia de mismo, a propósito de lo cual conviene recordar, además, que en principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, el incumplimiento de la obligación y el perjuicio.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 868 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Rad.: 52666. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 15 de julio de 2020. Rad.:28794. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 15 de febrero de 1999, Rad. 11194 y del 21 de junio de 1999, Rad.: 14943. Sentencia del 21 de septiembre de 2020, Rad.: 47106. Sobre la responsabilidad por el incumplimiento del contrato, ver: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Sentencia del 9 de marzo de 2001, rad. 5659.

DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / FOTOGRAFÍAVALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA

[D]entro del proceso reposa el documento denominado “INFORME TÉCNICO TRASIEGO DE MATERIALES GEOTECNICA SUR-NARIÑO” (…) Frente al anterior documento aportado con la demanda, la Sala encuentra que se trata de un escrito descriptivo proveniente del propio Contratista, a la vez parte demandante en el sub judice, que no tiene el carácter de dictamen pericial ni tampoco de informe o concepto técnico proveniente de un tercero experto ajeno a la controversia, al que pudiera entonces atribuírsele mérito probatorio para acreditar la ejecución de las actividades que allí se describen y mucho menos para demostrar el valor de los sobrecostos que la parte actora, tanto en la demanda como en su “INFORME TÉCNICO TRASIEGO DE MATERIALES GEOTECNICA SUR-NARIÑO”, afirma haber incurrido y cuyo reconocimiento pretende. (…) En tal virtud, dicho informe no tiene eficacia probatoria, pues no solo es un documento elaborado por la propia parte, sino, además, no fue acompañado de soportes que fundamenten y respalden lo que allí se manifiesta, tales como facturas, recibos de pago, planillas de nómina u otro tipo de soportes contables y técnicos que permitan establecer la veracidad de lo que se expresa por parte del Contratista. Además, el demandante tampoco acudió a otros medios de prueba, como dictámenes periciales, inspección judicial o testimonios, a partir de los cuales pueda cotejarse lo afirmado en punto a la descripción de actividades realizadas y sobrecostos incurridos con ocasión del traslado e ingreso de los materiales y equipos a los 19 puntos que, según se aduce, presentaban difícil acceso. En este sentido, con el documento solamente fueron incluidas unas fotografías que presuntamente dan cuenta del traslado e ingreso de materiales y equipos a las diferentes zonas de remediación geotécnica, a las cuales la Sala no les dará mérito probatorio, pues tan solo dan cuenta del registro de varias imágenes frente a las cuales no existe plena convicción acerca de la persona que las realizó, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas, toda vez que carecen de georeferenciación y en su mayoría no es posible, tampoco, determinar la fecha en la que fueron tomadas, tal como lo ha señalado la Jurisprudencia de la Corporación.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las fotografías, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad.: 28832.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATOS DE ECOPETROL / ECOPETROL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / COSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Con arreglo a estas cláusulas, concluye la Sala, en primer lugar, que el texto contractual es claro al establecer que todos los costos derivados del cumplimiento del objeto contractual, incluido el transporte de materiales, equipos y personal hasta los puntos de estabilización geotécnica donde se llevarían a cabo las obras, se encontraban incluidos dentro del valor pactado, sin que al efecto se hubiera distinguido el medio de transporte a ser utilizado o se hubiera comprendido dentro de los precios acordados únicamente el transporte a las áreas de fácil acceso o en las que el ingreso pudiera efectuarse mediante vehículos. Lo anterior fue objeto de aclaración expresa por parte de ECOPETROL durante el proceso de selección (…) Como se observa, con anterioridad a la presentación de las propuestas y previo a la celebración del Contrato, los participantes en el proceso de selección llevado a cabo por la entidad recibieron información precisa, clara y suficiente en punto al transporte de materiales, equipos y personal hasta los sitios de las obras, habiendo sido manifestado en forma reiterada por parte de ECOPETROL que en las tarifas se encontraba comprendido el transporte, independientemente del medio utilizado y del fácil o difícil acceso a las áreas de trabajo. También se precisó que el Contratista sería autónomo en la utilización de los medios de transporte que empleara. Además, de las preguntas formuladas y las respuestas que la entidad proporcionó, resulta explícito el conocimiento que tenían los proponentes acerca de la necesidad de recurrir a medios de transporte no convencionales y de la necesidad de contemplar en la propuesta todos los costos que implicaba el acarreo hacia los distintos sitios en los que se llevarían a cabo las obras, así como la existencia de accesos que ofrecían especial dificultad, aunado a la realización de las visitas a las distintas áreas de ejecución de los trabajos, que tuvieron por objeto, precisamente, conocer las condiciones de la zona en la que se ejecutaría el contrato, incluidos los accesos a los distintos puntos de estabilización geotécnica. No sobra reiterar que lo anterior quedó expresamente reflejado en lo acordado en el Contrato (…) las partes convinieron que cada precio unitario pactado comprendía la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de las obras y actividades contratadas, incluido dentro de ellos el transporte de personal, equipos y materiales y se plasmó que no se reconocerían costos adicionales en los que pudiere incurrir el Contratista y que fueren previsibles al tiempo de presentación de la propuesta. (…) concluye la Sala que se encontraba a cargo de ECOPETROL obtener las servidumbres y permisos para el ingreso de los equipos, materiales y personal a los puntos de estabilización geotécnica en los que se llevarían a cabo los trabajos y que el Contratista utilizaría los accesos y zonas de circulación dispuestos por ECOPETROL, en cada uno de los cuales la entidad tenía la obligación de contar con las servidumbres y permisos necesarios, salvo que el Contratista optare por utilizar accesos distintos, en cuyo caso le correspondía obtenerlos y asumir los costos inherentes a dichos trámites. Por su parte, al analizar las pruebas recaudadas en el proceso, se observa que con posterioridad a la suscripción del acta de inicio del contrato (…) la Gestoría Técnica del Contrato hizo entrega de la “información relacionada con la ejecución del contrato, donde se identifican los sitios y actividades a realizar” (…) tal como ECOPETROL lo puso de presente en distintos oficios que envió al Contratista.

Adicionalmente, encuentra la Sala que no obra en el expediente prueba alguna de la que pueda desprenderse que el Contratista no pudo utilizar los accesos y zonas de circulación o movilización autorizados por ECOPETROL porque no se hubiera contado con las servidumbres y permisos necesarios, pues a dicho efecto ninguna prueba fue aportada al proceso, de suerte que no encuentra la Sala acreditado el incumplimiento de la obligación a cargo de ECOPETROL de entregar el derecho de vía y disponer de los permisos y servidumbres requeridos para que el contratista pudiera acceder a los puntos de ejecución de las obras a través de las zonas de ingreso y movilización dispuestas por ECOPETROL. Ahora bien, lo que se desprende claramente, tanto de lo manifestado por la parte actora en su demanda y los distintos escritos presentados en el curso del proceso, así como en las comunicaciones que presentó a ECOPETROL formulando su reclamación, es que el incumplimiento de obligación de entregar el derecho de vía y sus accesos a los zonas de trabajo que le reprocha a la entidad contratante, no consiste en la imposibilidad de hacer uso de los accesos dispuestos por la entidad ante la ausencia de servidumbres y permisos, sobre lo cual, como se anotó, ninguna prueba obra al expediente, sino en la circunstancia de no haber podido ingresar a 19 puntos mediante vehículos, debiendo recurrir al uso de malacates, mulas y trabajadores en cadena con el fin de trasladar los equipos y materiales por trayectos que oscilaron entre los 100 y 2.200 metros desde los distintos lugares de descargue vehicular y hasta las áreas de trabajo. (…) Así las cosas, la Sala no encuentra demostrado en el proceso el incumplimiento de la obligación de ECOPETROL de hacer entrega del derecho de vía y los accesos a los sitios de las obras y lo que concluye es que el demandante confunde el transporte de mano de obra, equipos y materiales, cuyo costo se encontraba a cargo del Contratista con independencia del medio de transporte empleado y del grado de dificultad que se llegare a presentar, con la obtención de servidumbres y permisos por parte de los propietarios de las áreas a las que fuera necesario ingresar o en las que debía transitar para llevar a cabo el traslado de insumos y la ejecución de las obras, obligación esta que se encontraba a cargo de ECOPETROL y frente a la cual el demandante no manifestó observación o reproche alguno y tampoco aportó ninguna prueba encaminada a acreditar su eventual incumplimiento por parte de la demandada. En suma, la Sala encuentra que no se demostró incumplimiento de obligaciones que se encontraran a cargo de ECOPETROL y que los sobrecostos que se reclaman por el extremo activo corrían a cargo del Contratista, pues se refieren al transporte de materiales, equipos y mano de obra que, como ha quedado suficientemente expuesto, debían ser contemplados en su propuesta y en cualquier caso estaban incluidos dentro de los precios unitarios pactados.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1602 / CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 871

CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FALTA DE PRUEBA
[S]e condenará en costas a la parte demandante, que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó el recurso que formuló, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem. En relación con la agencias en derecho en segunda instancia, que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, la Sala no estima procedente su fijación en esta instancia, comoquiera que en el caso concreto no se encuentra acreditada su causación, pues la parte demandada no ejerció actuación alguna ante esta Corporación durante el trámite de la segunda instancia.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO -ARTÍCULO 365 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO -ARTÍCULO 366

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 52001-23-33-000-2016-00340- 01(63490)

Actor: JORGE SANTAMARÍA QUIROGA

Demandado: ECOPETROL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas:
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – diferencia con el incumplimiento del contrato. CONTRATOS ESTATALES REGIDOS PREFERENTEMENTE POR EL DERECHO PRIVADO – Teoría de la imprevisión – Incumplimiento contractual. - PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. PACTA SUNT SERVANDA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante.

I. SÍNTESIS DEL CASO

ECOPETROL S.A. y JORGE SANTAMARÍA QUIROGA suscribieron el Contrato No. MA-0018137, cuyo objeto consistió en la realización de las “OBRAS DE REMEDIACIÓN GEOTÉCNICA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE ECOPETROL S.A. EN LA ZONA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO O&M SUR”.

El demandante afirma que el difícil acceso a 19 de los 39 puntos de estabilización geotécnica a lo largo del Oleoducto Transandino impidió el ingreso de vehículos a las áreas de trabajo, debiendo llevarse a cabo mediante trabajadores en cadena, en mulas y/o con malacates o tarabitas, lo cual implicó la utilización de mano de obra y equipos no presupuestados. Considera que ECOPETROL S.A. incumplió la obligación de entregar el “derecho de vía” y solicita que, como consecuencia, se condene a la entidad contratante al pago de los costos en que incurrió en cada uno de los puntos de difícil acceso, teniendo en cuenta los diferentes medios de transporte que tuvo que emplear, el tiempo y la distancia desde los sitios de descargue vehicular hasta las áreas de ejecución.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 El 25 de mayo de 2016, JORGE SANTAMARÍA QUIROGA, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de controversias contractuales, presentó demanda en contra de ECOPETROL S.A., en adelante ECOPETROL. La demanda fue inadmitida, subsanada por la parte actora y posteriormente admitida por el Tribunal mediante auto del 10 de noviembre de 2016.

1.2 En la demanda subsanada, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“1.1. Principales

A título de pretensiones principales solicitamos:

1.1.1. Que se declare que ECOPETROL S.A. dejo de reconocer a favor de JORGE SANTAMARIA QUIROGA, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.102.512 de Bogotá en desarrollo del contrato No. MA-0018137 valores correspondientes a gastos no presupuestados.

1.1.2. Que se declare que ECOPETROL S.A. no hizo entrega del DERECHO DE VIA a favor de JORGE SANTAMARIA QUIROGA en desarrollo del contrato No. No. MA-0018137, tal como lo establecía el contrato suscrito.

1.1.3. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que ECOPETROL S.A. generó unos costos y gastos en contra de JORGE SANTAMARÍA QUIROGA en desarrollo del contrato No. MA-0018137 quien debió suplir la falta de entrega del Derecho de Vía haciendo uso de sus propios recursos.

1.1.4. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que ECOPETROL S.A. generó un desequilibrio contractual en contra de JORGE SANTAMARÍA QUIROGA en desarrollo del contrato No. MA-001813.

1.1.5. Que se ordene como consecuencia de la(sic) anterior reconocer a favor de JORGE SANTAMARIA QUIROGA, por parte de ECOPETROL S.A. la suma de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE ($2.236.559.074,12), cifra que corresponde a la sumatoria por los costos de cada uno de los puntos donde se ingresó material, atendiendo los diferentes medios de transporte, tiempo de ejecución, distancia desde el punto de acceso al sitio de la obra, el valor unitario dependiendo del tipo de transporte y el valor total, de conformidad con el siguiente cuadro:

1.1.6. Que como consecuencia de lo anterior solicitamos se reconozca a favor de JORGE SANTAMARÍA QUIROGA sobre la cifra total señalada en el numeral anterior los intereses causados de conformidad con la tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera, desde el día 28 de abril de 2014, fecha en que se suscribió el Acta de liquidación del contrato MA-0018137 y se formalizó la negativa a reconocer estos dineros.

1.1.7. Que se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.1.8. Que se ordene a la entidad demandada al pago de las costas procesales y las agencias en derecho.

1.2. Subsidiarias

En caso de no ser aceptadas las pretensiones señaladas con anterioridad, solicitamos que a título de subsidiarias se señale:

1.2.1. Que se declare que ECOPETROL no hizo entrega del DERECHO DE VIA a favor de JORGE SANTAMARIA QUIROGA en desarrollo del contrato No. No. MA-0018137, tal como lo establecía el contrato suscrito.

1.2.2. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que ECOPETROL S.A. generó unos costos y gastos en contra de JORGE SANTAMARÍA QUIROGA en desarrollo del contrato No. MA-0018137 quien debió suplir la falta de entrega del Derecho de Vía haciendo uso de recursos propios.

1.2.3. Que como consecuencia de lo anterior, se reconozca a título indemnizatorio el valor de MIL SESICIENTOS OCHENTA Y UNO MILLONES SESCIENTOS (sic) VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.681.623.364.oo) por los costos invertidos para contar con el Derecho de Vía.

1.2.4. Que como consecuencia de lo señalado en numerales precedentes se reconozcan a favor de JORGE SANTAMARIA QUIROGA, sobre la cifra señalada en el numeral 1.2.3., los intereses causados de conformidad con la tasa máxima legal autorizada por la Superintendencia Financiera, desde el 28 de abril de 2004, fecha en que se suscribió el Acta de liquidación del contrato MA-0018137 y se formalizó la negativa a reconocer estos dineros.

1.2.5. Que se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.2.6. Que se ordene a la entidad demandada al pago de las costas procesales y las agencias en derecho.”

1.3 Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte actora enunció los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1 El 26 de octubre de 2012 ECOPETROL y JORGE SANTAMARÍA QUIROGA suscribieron el contrato No. MA 0018137, cuyo objeto fue la realización de las “OBRAS DE REMEDIACIÓN GEOTÉCNICA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE ECOPETROL S.A. EN LA ZONA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO O&M SUR”. El contrato de obra fue celebrado por el sistema de precios unitarios y el plazo de ejecución acordado fue de 365 días calendario.

En la Cláusula 5ª del Contrato se pactó lo siguiente:

“Cuando por causas NO imputables o atribuibles al CONTRATISTA y/o sus Subcontratistas, diferentes a las generadas por lluvias, las actividades objeto del Contrato se vean afectadas (suspendidas, paralizadas, etc.), ECOPETROL hará un reconocimiento económico al CONTRATISTA, correspondiente exclusivamente al costo de personal y equipos que se vean directamente involucrados en tal afectación. […]”

1.3.2 Mediante acta del 21 de diciembre de 2012 se dio inicio al contrato No. MA 0018137.

1.3.3 El 3 de enero de 2014 las partes suscribieron el acta de finalización del contrato.

1.3.4 El 28 de abril de 2014 las partes liquidaron de común acuerdo el contrato, mediante acta en la que se dejó constancia expresa de las reclamaciones del contratista relacionadas con el reconocimiento económico de sobrecostos causados en la ejecución del contrato, por valor total de $2.659.231.294, reservándose el derecho a su cobro por vía judicial.

1.3.5 Afirma que de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, el contratista utilizaría como acceso y zona de circulación o movilización, el derecho de vía de ECOPETROL y los accesos autorizados, los cuales serían entregados por la Gestoría, añadiendo que fue necesario realizar trabajos adicionales en los accesos para llegar al derecho de vía, los cuales ocasionaron mayores costos cuyo valor no fue reconocido por la entidad, rompiendo el equilibrio económico del contrato. Textualmente concluye:

“Debe aclararse en este punto que los accesos para llegar a los llamados derecho de vía requerían trabajos adicionales, razón por la cual el contratista cumpliendo su responsabilidad de ejecutar a cabalidad el objeto contractual, realizó los trabajos necesarios y pertinentes para llegar a los puntos de trabajo, pero ante la negativa de reconocimiento económico por parte de Ecopetrol frente a estas obras no previstas y necesarias que tuvo que asumir el contratista, se ha constituido un desequilibrio contractual y económico en la ecuación matemática del contrato, donde pierde el contratista y gana Ecopetrol S.A.”

1.3.6 Señala que las obras de remediación geotécnica, las cuales tenían por objeto la estabilización de deslizamientos de tierra mediante el control del agua tanto superficial como subterránea, fueron realizadas a lo largo de las líneas de oleoductos en los departamentos de Putumayo y Nariño, e indica que, puntualmente, “el desequilibrio económico se produjo en ejecución de la línea del OLEODUCTO TRANSANDINO (en adelante OTA), que inicia en el Departamento de Putumayo – Municipio de Orito y finaliza en el municipio de Tumaco – Departamento de Nariño, en una extensión de 300 KM y en la planta general estación de bombeo los ALISALES ubicada a lo largo del OTA”.

1.3.7 Manifiesta que fueron 19 los puntos de ejecución de obra a lo largo del Oleoducto Transandino (OTA), en los que “se tuvo un alto grado de dificultad para ingresar materiales, equipos y herramientas al NO contar con el acceso al derecho de vía” y añade que en varios de estos puntos debieron construirse elementos auxiliares, denominados “malacates”, que son utilizados para el traslado de cargas de un lugar a otro cuando no existe ninguna posibilidad de paso vehicular, peatonal o en mula, todo lo cual comportó un alto costo de mano de obra y equipos.

1.3.8 Indica que puso en conocimiento de ECOPETROL los sobrecostos en los que incurrió por concepto de mano de obra y elementos utilizados como consecuencia de los hechos antes mencionados y solicitó su reembolso, no obstante lo cual la entidad contratante negó las solicitudes elevadas por el contratista.

1.3.9 Pone de presente que, aunado a lo anterior, ECOPETROL incumplió su deber de entregar los diseños para la construcción el día de la firma del acta de inicio, pues lo que entregó fueron “hallazgos u observaciones de estructura, litología y riesgos geológicos y ambientales de puntos definidos a lo largo del derecho de vía de los oleoductos de la zona sur”, que no eran planos o diseños de construcción de obra. Señala que, por tal motivo, tuvo que “iniciar un recorrido con replanteo y medición real de cárcavas y áreas a remediar, para plasmar en planos las estructuras y/o obras ambientales […] lo cual modificó e hizo bastante diferente las condiciones de inicio del contrato”.

1.3.10 Además, afirma que ECOPETROL demoró el pago de las facturas 130, 138, 149, 150, 159, 163, 166, 276 y 277, causándose intereses de mora.

1.3.11 Finalmente, indica que con el fin de demostrar lo reclamado en la demanda se elaboró un “informe técnico trasiego de materiales de geotecnia sur-Nariño” que allega con la demanda y que respalda las afirmaciones realizadas.

1.4. Como fundamentos jurídicos de su demanda, la parte actora invocó el artículo 90 de la Constitución Nacional, los artículos 4, 27, 28, 50 y 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011.

Señaló que era deber de ECOPETROL mantener las condiciones económicas del contrato y que dicho equilibrio se vio alterado al dejar de reconocerle al contratista los costos adicionales en los que incurrió al ejecutar el contrato en condiciones distintas a las inicialmente convenidas.

Afirmó que ECOPETROL debe indemnizar los daños causados, con fundamento en los principios de “garantía de la integralidad del patrimonio”, buena fe y legalidad y añadió que, dado que el contratista “desplegó toda su capacidad para la ejecución del respectivo contrato, incursionando en costos y gastos, sumado a las expectativas del ingreso esperado […] ha existido un detrimento patrimonial en el mismo, detrimento que no es otro que lo que se esperaba recibir en la totalidad del contrato, pues era la cifra pactada como valor del contrato lo que entraría a las arcas de JORGE SANTAMARÍA QUIROGA […]”

Finalmente, tras referirse a las fuentes del desequilibrio económico del contrato estatal y a la teoría de la imprevisión, señaló que en el presente caso “existe evidencia suficiente para soportar los costos adicionales en que incurrió el Contratista como consecuencias (sic) del incumplimiento de las obligaciones por parte de ECOPETROL”, concluyendo:

“[…] es claro que las obligaciones a cargo de ECOPETROL, en particular garantizar el derecho de vía, es el criterio que llevó a generar el desequilibrio que hoy se reclama […]
De este modo, con base en la jurisprudencia y en las explicaciones referidas no cabe duda que Ecopetrol S.A. debe compensar a JORGE SANTAMARÍA QUIROGA por hechos que le son imputables, en tanto que este tipo de eventos constituye una clásica situación de ruptura del equilibrio económico del Contrato […]”

2. Contestación de la demanda

Por Auto del 10 de noviembre de 2016, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la notificación personal a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

2.1 Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2007 ECOPETROL contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad de todas las pretensiones. En cuanto a los hechos, negó unos, dijo que algunos otros no le constaban y frente a los restantes indicó que se atenía a lo pactado en el contrato o a lo que resultara probado en el proceso.

Sostuvo que, de acuerdo con lo plasmado en el contrato, en las Condiciones Genéricas de Contratación, en los Términos de Referencia y en las Especificaciones Técnicas, eran de conocimiento de la parte demandante las condiciones en las que se ejecutaría el contrato, incluida la topografía de los terrenos y las vías de acceso, todo lo cual fue tenido en cuenta en la propuesta presentada por el contratista.

Indicó que en las tarifas pactadas estaban comprendidos todos los costos asociados a la ejecución de las actividades a cargo del contratista, incluidos materiales, salarios, transporte, equipos y, en general, todos los insumos requeridos para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, por lo que no tenía cabida la solicitud del contratista de reconocimiento de sobrecostos por parte de ECOPETROL.

Al respecto, concluyó:

“De acuerdo a lo contemplado en las especificaciones técnicas, en las condiciones genéricas de contratación y en el texto del contrato, el contratista tenía pleno conocimiento de todas las circunstancias o condiciones dentro de las cuales iba a manejar la ejecución del contrato, incluyéndose en tal conocimiento lo relacionado con la topografía de los terrenos y las vías de acceso, aspectos que fueron tenidos en cuenta en la propuesta presentada por el contratista ante ECOPETROL S.A., razón suficiente para afirmar que carece de fundamento pretender ahora que se asuma por la entidad demandada unos costos que debieron cubrirse conforme aparece estipulado en el contrato, ya que en este caso no se generaron sobrecostos que le deban ser reconocidos y cancelados.

Lo afirmado anteriormente se acredita con lo indicado en los Términos de referencia de la selección directa, que en su numeral quinto estipula que la propuesta se debe sujetar a lo requerido en la carta que contiene la invitación, en los términos de referencia y en la minuta del contrato. Se contempla que con la presentación de la propuesta, el proponente acepta y declara que conoce las condiciones del sitio donde se desarrollará el objeto del contrato y que en la estructura de su oferta debe tener en cuenta las características determinantes que incidirán en la ejecución del contrato.”

De igual modo, afirmó que, previo a la presentación de las propuestas, se realizó una visita al lugar de ejecución del contrato, con el fin de que los oferentes tuvieran conocimiento detallado de todas las condiciones de la zona, a efectos de estructurar su oferta teniendo en cuenta las características y circunstancias que incidirían en la realización de las actividades a llevar a cabo.

Por otra parte, sostuvo que no hay lugar al pago de costos relacionados con el tiempo perdido en la “Planta Alisales” por gestiones operativas, por cuanto las horas que el contratista reclamó ante Ecopetrol como perdidas son imputables a aquel, toda vez que, si bien ECOPETROL programó diferentes estrategias de prevención, intervención y aseguramiento, tales como simulacros y charlas, el personal contratado por el contratista no cumplía con las condiciones estipuladas.

Finalmente, indicó que se presentó un paro agrario que implicó la suspensión del contrato de conformidad con lo estipulado en las cláusulas 23 y 24 del mismo, en relación con lo cual se pactó “que cuando se presentara esa clase de situaciones, ninguna de las partes tendría derecho a compensaciones o indemnización alguna, y que el contratista renunciaría a toda pretensión de reconocimiento económico con razón y ocasión de la firma del acta de suspensión”.

3. Alegatos de conclusión

Mediante auto proferido en audiencia del 22 de mayo de 2018, el Tribunal corrió traslado para alegar de conclusión.

3.1. En sus alegatos de conclusión, la parte demandante afirmó que en el proceso ECOPETROL pretendía excusar la ocurrencia de los hechos que fundamentan la demanda “en el conocimiento que tenía el contratista de la zona y del riesgo que esta asumía al firmar un contrato con cláusulas que le atribuían aguantar y acoger cualquier cambio así este fuese inesperado o propio del accionar del contratante”, no obstante lo cual mal podía la entidad justificar “su falta de acción en considerar que el contratista fuese conocedor de lo que podría presentarse en la ejecución del contrato, dejando a un lado su responsabilidad como director del proceso contractual y limitándose a hacer afirmaciones sin que demuestre las mismas […]”.

Sostuvo que el contratista cumplió con lo pactado en el contrato y que, si bien la entidad reconoció algunas de las sumas que reclamó, en todo caso dejaron de reconocerse valores no presupuestados que asumió el Contratista y que se encontraban a cargo de ECOPETROL.

Indicó que las pretensiones de la demanda no fueron desvirtuadas y, antes bien, quedaron soportadas y evidenciadas mediante el informe técnico que aportó con la demanda, el cual “no ha sido debatido, cuestionado u objetado por la contraparte, ni mucho menos controvertido con uno de similares características, lo cual hace del mismo una herramienta probatoria que soporta técnicamente los hechos expuestos, entregando soporte evidente a las pretensiones de la demanda, por lo que habrá de ser acogido en su totalidad por el juzgador dado que al no existir elemento que lo controvierta y cumplir con los parámetros para ser tenido como prueba técnica, el mismo arroja elementos de convencimiento y orientación para adoptar una decisión favorable al demandante”.

Añadió que “escuda su defensa la demandada en que el contratista aceptaba conocer las condiciones topográficas del contrato, así como los llamados derechos de vía, sin embargo, no está probado que ECOPETROL cumpliera con la entrega de los mismos al tenor de las condiciones contractuales acordadas” y particularmente de conformidad con el numeral 5.2.2. de las especificaciones técnicas del contrato, de acuerdo con el cual el derecho de vía y los accesos autorizados serían entregados oficialmente por la Gestoría.

Finalmente, se refirió al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Reiteró que se vio forzado a construir “los llamados malacates, para permitir el paso de los obreros, los vehículos o las mulas, todos ellos medios de transporte para trasladar los materiales requeridos para construir la obra, que, de haber sido informado a tiempo al contratista, seguramente hubiese tenido en cuenta dichos costos en el presupuesto propuesto”, y resaltó que la entidad contratante dejó de cumplir sus obligaciones contractuales, lo cual llevó al desequilibrio que se reclama en el proceso.

3.2. ECOPETROL en su escrito señaló que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, a propósito de lo cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, enfatizando que la entidad se ajustó a lo pactado en el Contrato y que el Contratista conoció las condiciones dentro de las cuales se debía ejecutar el Contrato. Añadió que lo previsto en las Especificaciones Técnicas del Contrato y en las Condiciones Generales de Contratación hace parte integral del Contrato No. MA-001813 y en tal virtud contiene la legítima voluntad de los contratantes y es vinculante, de conformidad con los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, entre otros, a cuyo tenor las partes deben cumplir con lo acordado por ellas.

Manifestó que el presente caso no se enmarca dentro de las situaciones que darían lugar a la aplicación de la teoría de la imprevisión, la cual “no viene al caso porque el contratista conocía los términos del contrato, a tal punto que lo reclamado está previsto en su misma propuesta inicial”, e indicó, por último, que “en toda actividad económica se presentan áleas normales e inherentes al funcionamiento de una organización empresarial, que se imputan exclusivamente al contratista y no se pueden trasladar a la entidad contratante (ordinariamente se consideran en el rubro de imprevistos”, concluyendo que lo reclamado por la parte actora no constituye un álea anormal de la ejecución contractual.

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

Al respecto, el a quo comenzó señalando que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, por cuanto la parte demandante no acreditó que el derecho de vía y los accesos al sitio de las obras no fueron otorgados por ECOPETROL, así como tampoco se demostró el desequilibrio económico del contrato celebrado entre las partes. Como fundamento de lo anterior, puso de presente que en el caso concreto se advertía que:

(i) No se demostró en el proceso el incumplimiento de la obligación de ECOPETROL de otorgar el derecho de vía y los accesos autorizados, a propósito de lo cual indicó que no debía “confundirse el concepto de costos de transporte de materiales con el concepto de obtención de permisos por parte de los propietarios donde se ejecutarían las obras”.

(ii) De acuerdo con lo estipulado en el contrato, todos los costos derivados del cumplimiento del objeto contractual, incluido el transporte de materiales, se encontraban comprendidos dentro de las tarifas o precios unitarios pactados, en relación con lo cual señaló que este punto fue objeto de expresa aclaración por parte de ECOPETROL durante la etapa precontractual.

(iii) Fue realizada una visita previa al sitio de las obras, con el fin de que los proponentes conocieran, antes de la presentación de las ofertas, las condiciones del área en la que se ejecutaría el contrato y lo concerniente al derecho de vía.

(iv) Según lo acordado, antes de dar inicio a la ejecución del contrato y a su finalización el contratista debía verificar el estado de los accesos y vías autorizadas, consignando los hallazgos en un informe en el que, entre otros aspectos, debía especificar el estado de las vías o su ausencia en determinado tramo y, además, en caso de requerir trabajos en las vías de acceso los mismos debían ser aprobados previamente por la entidad.

(v) Si bien en las reclamaciones elevadas a la entidad el contratista pretendió distinguir el transporte de materiales a los sitios de ejecución de las obras y el reclamo del derecho de vía, lo cierto es que “en el fondo siempre reclama son los sobrecostos por transporte […] esto es, simplemente reclama el pago de costos por traslado de material para la ejecución de obra distinta a volquetas y camiones”, no obstante lo cual el transporte está incluido dentro de las tarifas pactadas y “en los términos del contrato no puede distinguirse o interpretarse que exista diferencia entre si el medio de transporte es motorizado o simplemente con horas hombre”.

En este orden de ideas, concluyó:

“Todos los aspectos hasta aquí relacionados […] llevan al Tribunal a concluir que los presuntos sobrecostos reclamados por el contratista demandante no son aspectos imprevisibles o que se hubiesen pactado reconocer adicionalmente por el contratante ECOPETROL S.A.”, comoquiera que el contratista “[…] conoció o conoce el texto del contrato cuando se advierte que las tarifas o valores del contrato incluían todos los conceptos, entre ellos el transporte de materiales para la ejecución del contrato”. Además, “[…] si el contratista en la visita a la obra, en la audiencia informativa y por supuesto con los pliegos de condiciones conocía el valor del contrato y los conceptos que incluían la ejecución de ese contrato, aceptó las tarifas y los valores del mismo, es claro que no se puede hablar de una situación imprevisible, sino que se sujetó a lo ofertado por el contratante ECOPETROL S.A.

[…]

[…] debe indicarse que según las condiciones pactadas en el contrato, no se encuentra demostrado el incumplimiento de las obligaciones por parte de ECOPETROL S.A., en tanto se demostró que al momento de realizarse la convocatoria para la celebración del contrato No. MA-0018137, era deber de los oferentes realizar una visita a los terrenos por donde transitarían materiales para la ejecución de las obras objeto del contrato, y de esta forma incluir dichos gastos dentro de su propuesta.

Es entonces que los oferentes-contratistas debían conocer y conocieron las condiciones sobre las cuales se ejecutaba el contrato, y de esta forma conocer e incluir dentro de su propuesta los gastos que, en este caso en particular, implicaba el transporte de materiales para la ejecución de la obra.

[…] Encuentra este Tribunal que los gastos alegados por el demandante como los sobrecostos, eran previsibles, igualmente, debe indicarse que no obra en el expediente prueba que demuestre el incumplimiento de la demandada. Por otra parte, la parte actora tampoco allegó prueba que indique la negativa de ECOPETROL S.A. de otorgar el derecho a vía. Correlativamente no se demostró el desequilibrio económico del contrato.”

5. Recurso de apelación

El demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 8 de febrero de 2019 y admitido el 21 de junio de 2019.

En su recurso, la actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, indicando que el Tribunal no tuvo en consideración los efectos de la no entrega del derecho de vía, a propósito de lo cual señaló que este concepto no se relaciona única y exclusivamente con el transporte de elementos, sino que “se entiende como tal la viabilidad que otorga Ecopetrol al contratista de transitar por predios que le son ajenos y sobre los cuales ya Ecopetrol ha acordado una contraprestación para garantizar el paso por el mismo para desarrollar actividades de su interés”.

Afirmó que ECOPETROL no demostró la entrega oficial de los derechos de vía por parte de la Gestoría y señaló que el a-quo en su sentencia “se limita a interpretar erradamente la carga del contratista como si este tuviese que asumir los costos de transporte, personal, material, que estaba incluido en el costo contractual, pero desecha el considerar la atención del llamado derecho de vía, esto es la facilidad que brindaba Ecopetrol al contratista para cumplir el contrato”.

De igual modo, resaltó que el Tribunal no tuvo en consideración el informe técnico presentado con la demanda, en el cual “no solo se hace una valoración técnica de los costos en que se incurrió por no cumplir Ecopetrol la tarea contractual, sino que además se allegan fotografías de las labores que se tuvieron que realizar ante la negligencia de la Gestoría de Ecopetrol de entregar los Derechos de vía”. Además, puso de presente que, de acuerdo con el numeral 5.2.2. de las condiciones contractuales, el contratista utilizaría como acceso el derecho de vía de ECOPETROL y los accesos autorizados que serían entregados oficialmente por la Gestoría, de tal suerte que “ECOPETROL en forma previa a la contratación y para el desarrollo del contrato ha solventado y resuelto el tránsito del contratista, sus subalternos e incluso el material necesario, por dichos terrenos, facilitando el acceso a las zonas donde se requiere el desarrollo de los trabajos contratados […] pues ello garantizaba lo que hoy se discute en el presente asunto, los sobrecostos, los gastos adicionales en que se incurrió para cumplir con el contrato”.

Finalizó resaltando que en el expediente obran comunicaciones mediante las cuales el contratista informó a la entidad contratante los inconvenientes presentados, los cuales, además, quedaron consignados en el acta de liquidación del Contrato y concluyó que el Tribunal en su fallo “se equivocó y erradamente negó las pretensiones sin tener de forma clara el concepto de lo que se reclamaba, llevando a solicitar al Honorable Consejo de Estado, el que revoque la decisión de primera instancia y conforme a lo pretendido conceda las peticiones que motivan el litigio”.

6. Actuación en segunda instancia

6.1 Mediante providencia del 19 de julio de 2019, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.2 En el término otorgado la parte actora descorrió el traslado, presentando escrito con sus alegaciones finales. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

6.3 En sus alegatos de conclusión el demandante reiteró lo expuesto en el escrito mediante el cual formuló el recurso de apelación, haciendo énfasis en que la presente controversia se origina “ante el quebrantamiento contractual que tuvo ECOPETROL para cumplir con el otorgamiento del denominado ‘derecho de vía’” […] llevando a que mi representado asumiera costos que no tenía por qué asumir y con ello afectándole patrimonialmente”.

Añadió que “el juez de primera instancia se limitó a conjeturar y presumir hechos que no están debidamente probados” y “que si bien el contratista si asistió a la denominada visita técnica, esto no implicaba, ni traía consigo la entrega de los derechos de vía”, reiterando que en el proceso ECOPETROL no demostró la entrega oficial del derecho de vía por parte de la Gestoría.

Finalmente, señaló que el Tribunal orientó erradamente las pretensiones de la demanda, valoró equivocadamente las pruebas y “dejó de exigir aquellas que soportaban la posición del demandado”, concluyendo que si bien “el contratista, tal como obra en los antecedentes del contrato, verificó las vías de acceso, estuvo presente en las zonas y sabía cuáles y como eran las vías autorizadas, de hecho así se exigía para ser adjudicatario, pero lo que no se esperaba, lo que deja de reconocer el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO y se equivoca en la apreciación, es que no se entregara los derechos de vía […].”

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) acción procedente; (3) legitimación en la causa; (4) caducidad; (5) problema jurídico; (6) análisis de la Sala; (6.1) régimen Jurídico aplicable a los contratos celebrados por ECOPETROL; (6.2); precisiones en torno al desequilibrio económico del contrato, la teoría de la imprevisión y el incumplimiento contractual; (6.3) hechos probados; (6.4) pruebas adicionales; (6.5) análisis del caso concreto; y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción en lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial.

En efecto, el presente litigio versa sobre un contrato celebrado por una entidad estatal, a propósito de lo cual conviene resaltar que, al margen del régimen de contratación aplicable a ECOPETROL, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 1118 de 2006, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dada la vocación de doble instancia del proceso teniendo en cuenta que la cuantía de la pretensión mayor excede los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el 2016, año en el cual se presentó la demanda. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 5° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. Acción procedente

El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas.

En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada, por cuanto el demandante pretende que se declare el incumplimiento contractual de la entidad contratante y/o el rompimiento del equilibrio económico del contrato, y que, como consecuencia, se condene a ECOPETROL al pago de mayores costos en que incurrió.

Así las cosas, de acuerdo con las pretensiones y el fundamento fáctico de la demanda, la controversia sometida a decisión es, sin duda, un conflicto surgido entre las partes contratantes con ocasión de la ejecución del contrato estatal por ellas celebrado, correspondiendo, por tanto, al medio de control de controversias contractuales previsto en el artículo 141 del Estatuto Procesal Administrativo.

3. Legitimación en la causa

En el caso sub examine, está acreditado que el 26 de octubre de 2012 ECOPETROL S.A. y JORGE SANTAMARÍA QUIROGA suscribieron el Contrato No. MA-0018137, según consta en copia de dicho negocio jurídico.

Bajo el anterior contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, según el cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que Jorge Santamaría Quiroga y ECOPETROL S.A. están legitimadas por activa y por pasiva, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.

4. Caducidad

El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone que el medio de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera.

Al respecto, resulta pertinente destacar que el derecho común no contempla la liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos estatales sujetos a régimen exceptuado la misma no se requiere, a menos que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, hubieren acordado llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato, en cuyo caso el plazo convenido para dicho efecto deberá tenerse en cuenta en el conteo del término preclusivo, sin contemplar el término para liquidar unilateralmente el contrato, puesto que, en tratándose de negocios jurídicos regidos por el derecho privado, las partes no pueden atribuirse esta potestad, comoquiera que la misma requiere habilitación legal y las normas de derecho privado no prevén dicha posibilidad.

A partir de las anteriores premisas la Sala encuentra establecido que en el presente asunto la acción fue ejercida en tiempo oportuno, toda vez que, una vez revisados los documentos aportados por las partes, se advierte lo siguiente:

4.1 El 26 de octubre de 2012 las partes suscribieron el Contrato No. MA-0018137, como consta en copia auténtica del mismo (hecho probado 6.3.6). En las cláusulas 2ª y 34ª del Contrato, las partes acordaron el plazo del Contrato y las reglas atinentes a su liquidación. Al respecto, convinieron que el plazo de ejecución del contrato sería de 365 días calendario que correrían desde la suscripción del acta de inicio del contrato o desde la fecha que en esta se indique y, en cuanto a la liquidación, estipularon un término de cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución para efectuarla de mutuo acuerdo.

4.2 El 21 de diciembre de 2012 se suscribió el Acta de inicio del Contrato (hecho probado 6.3.7), en la que las partes, de conformidad con lo estipulado en el Contrato, consignaron un plazo de ejecución de los trabajos de 365 días calendario.

4.3 El día 3 de enero de 2014 las partes suscribieron Acta de Finalización del Contrato (hecho probado 6.3.24), dando por terminados los trabajos objeto del Contrato.

4.4 El día 28 de abril de 2014 las partes efectuaron de común acuerdo la liquidación del Contrato, como consta en copia auténtica del acta de liquidación bilateral (hecho probado 6.3.28).

De acuerdo con lo anterior, se concluye que la demanda fue presentada dentro de los dos años de que trata literal j) del numeral 2º del 164 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que: (i) el acta de liquidación de mutuo acuerdo se suscribió el 28 de abril de 2014, de tal manera que la oportunidad para interponer la demanda vencía el 29 de abril de 2016; (ii) este término se suspendió con la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la demandante el 2 de febrero de 2016, esto es, cuando faltaban 2 meses y 27 días para que operara el fenómeno de la caducidad del medio de control; (iii) la conciliación extrajudicial finalizó el 21 de abril de 2016, cuando se declaró fallida; y (iv) la demanda se radicó el 25 de mayo de 2016.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si en el presente caso ECOPETROL incumplió el contrato subjudice y si se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual.

6. Análisis de la Sala

Para resolver el problema jurídico sobre el que versa la controversia, en primer lugar la Sala encuentra pertinente establecer el régimen jurídico aplicable al Contrato No. Ma-0018137 materia de la controversia y realizar algunas precisiones en torno a las figuras del equilibrio económico del contrato, la teoría de la imprevisión y el incumplimiento contractual, con el fin de determinar el tratamiento jurídico que debe dispensarse para resolver el caso concreto.

En segundo lugar, en el marco del régimen legal aplicable al Contrato y lo convenido por los contratantes, la Sala, de acuerdo con las pruebas del proceso, entrará a analizar si se encuentra acreditado el incumplimiento alegado por la demandante y, en caso afirmativo, si este es imputable a ECOPETROL y si a consecuencia del mismo hay lugar a condenar a la entidad demandada al pago de los valores reclamados por el actor.

6.1 Régimen Jurídico aplicable a los contratos celebrados por ECOPETROL

En relación con el régimen jurídico que gobierna los contratos celebrados por ECOPETROL, en virtud de lo establecido por el legislador, tal como lo ha reiterado esta Corporación, dicho régimen lo constituyen, de modo preferente, las normas propias del Derecho Privado y no las del Derecho Administrativo o del Estatuto de Contratación Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 1118 de 2006, a cuyo tenor:

“Artículo 6: Régimen jurídico aplicable a Ecopetrol S.A.: Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de Ecopetrol S. A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social de la empresa”.

La jurisprudencia de la Corporación se ha pronunciado en distintas oportunidades acerca del régimen de contratación de ECOPETROL S.A., señalando que:

“…. a través la ley 1118 del 27 de diciembre de 2006, la Empresa Colombiana de Petróleos se organizó como una Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, de orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, también denominada Ecopetrol S.A. estableciéndose que a todos sus actos jurídicos, contratos y demás actuaciones encaminadas al desarrollo de su objeto social se les aplicaría de forma exclusiva las normas de derecho privado, con independencia del porcentaje de participación del estado en su capital social. Ahora bien, en el presente asunto se encuentra que para la época en la que se celebró el contrato que dio lugar al presente litigio, esto es, el 3 de diciembre de 2007, la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol S.A., ostentaba la naturaleza jurídica de Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial y que sus actos y contratos se rigen por las normas de derecho privado.

(…) Pues bien, tal cómo se señaló en líneas anteriores a los actos y contratos celebrados por Ecopetrol le son aplicables las normas de derecho privado, régimen que se funda primordialmente en la autonomía dispositiva o negocial, entendida ésta como el poder o facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce a las personas para autoregular o disponer de sus intereses a través de actos o negocios jurídicos”

Resulta claro, en suma, que el régimen jurídico preferentemente aplicable a los contratos celebrados por ECOPETROL es el régimen común, regla que sin duda se predica en relación con el Contrato objeto de la litis, sin perjuicio, claro está, de la obligación de observar los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, tal como lo establece el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.

6.2. Precisiones en torno al equilibrio económico del contrato, la teoría de la imprevisión y el incumplimiento contractual

La Sala considera necesario hacer referencia a estos aspectos, teniendo en cuenta el régimen jurídico aplicable al Contrato y la circunstancia de que en la demanda los hechos que fundamentan la reclamación de la parte actora son invocados como fuente, al mismo tiempo, de desequilibrio económico del contrato y de incumplimiento contractual, confundiendo la ruptura de la conmutatividad del contrato que sobreviene por causas ajenas a las partes, con la responsabilidad por incumplimiento del contrato.

En este orden de ideas, conviene comenzar por señalar que las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual, se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas, de tal suerte que, si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico. Con todo, debe anotarse que no toda variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que la equivalencia prestacional puede verse afectada: (i) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; y (iii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”.

Ahora bien, en relación con lo anterior, la Sala encuentra pertinente realizar dos precisiones. En primer lugar, debe anotarse que mientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. En otras palabras, aun cuando se advierte cierta confusión en la propia legislación y la jurisprudencia, que en torno al tema tampoco ha sido del todo consistente, pues en algunas decisiones se ha identificado el incumplimiento del contrato como una de las causas generadoras de la ruptura del equilibrio económico, no deben confundirse la responsabilidad contractual y la teoría del equilibrio o equivalencia económica del contrato, dadas las diferencias que se advierten no solo en los presupuestos, sino también en los efectos o consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso.

La segunda precisión que debe efectuarse consiste en recordar que, tratándose de contratos sujetos al derecho privado, la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente, que como se ha indicado es distinta de la responsabilidad por incumplimiento contractual, no se abre paso desde la perspectiva del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, sino a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio.

En este sentido, para que se estructure la teoría de la imprevisión, se requiere: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato.

De acuerdo con lo anterior, de conformidad con las pretensiones y hechos de la demanda, la Sala observa que en el libelo introductorio se solicita el pago de sobrecostos en los que el actor aduce haber incurrido por el incumplimiento por parte de ECOPETROL en la entrega del denominado derecho de vía. Por este motivo, aun cuando el actor afirma que dicho incumplimiento produjo la ruptura del equilibrio económico del contrato, la Sala no realizará el análisis del caso sub judice desde la perspectiva de la teoría de la imprevisión, sino bajo el marco de la responsabilidad contractual.

En suma, la Sala enmarca el conflicto sometido a decisión en el campo de la responsabilidad contractual, por lo que, a la vista de las pruebas obrantes en el proceso, procederá a examinar el contenido y alcance de la obligación que el actor alega incumplida y el comportamiento que frente a la misma observaron las partes durante la ejecución contractual, no sin antes indicar que, en el marco de la responsabilidad por incumplimiento, la prosperidad de las pretensiones supone encontrar demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado fue incumplida, que dicho incumplimiento es imputable al deudor y que el acreedor sufrió un perjuicio a consecuencia de mismo, a propósito de lo cual conviene recordar, además, que en principio es carga del actor demostrar todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, el incumplimiento de la obligación y el perjuicio.

6.3 Hechos probados

En el caso concreto, la Sala analizará los documentos aportados al proceso en copia, de conformidad con lo previsto en el artículo 246 del C.G.P.

En este orden, de acuerdo con las pruebas allegadas se encuentran establecidos los siguientes hechos que interesan al presente caso:

6.3.1 Se encuentra demostrado que ECOPETROL adelantó proceso de selección encaminado a la contratación de las “obras de remediación geotécnica en la infraestructura de la vicepresidencia de transporte y logística de Ecopetrol S.A. en la zona correspondiente al Departamento O&M vigencia años 2012-2013”, según se desprende de lo consignado en varios documentos obrantes en el expediente, tales como el “Acta de Audiencia Informativa 19072012 Aceptación Tarifas Aprobadas por Ecopetrol” y las consideraciones preliminares del Contrato No. MA-0018137.

6.3.2 También quedó probado que en las Especificaciones Técnicas del referido proceso de selección, ECOPETROL presentó a los interesados la información concerniente al objetivo general, alcance de los trabajos, equipo mínimo requerido y especificaciones generales y particulares de la obra a ejecutar, entre otros aspectos.

6.3.3 Quedó establecido, sin fecha determinada en el expediente, que en el curso del proceso de selección se efectuaron visitas a los sitios donde se llevarían a cabo las actividades objeto del contrato, según se desprende de lo consignado en el Acta de Audiencia Informativa de fecha 6 de agosto de 2012 y en el documento denominado “Respuestas a las observaciones presentadas a la aceptación de tarifas aprobadas por Ecopetrol”. Por lo demás, se trata de un hecho afirmado por ambas partes en distintos escritos presentados en el proceso.

6.3.4 En el marco del proceso anterior, el día 6 de agosto de 2012 tuvo lugar una audiencia informativa, con la asistencia de ECOPETROL y las firmas participantes en el proceso, en la cual, según se dejó consignado en acta, ECOPETROL precisó que “en el proceso de Aceptación de Tarifas, pone a consideración de las firmas de ejecución de obras civiles, tarifas unitarias para cuarenta y cinco ítems, las cuales de ser aceptadas por alguno(s) de los Interesados y que cumpla(n) con los requisitos exigidos en el Anexo No. 1 del proceso, se espera asignar un contrato para cada Departamento de Operación y Mantenimiento, mediante sorteo[…]”. A su vez, la entidad precisó que “[a]nte las inquietudes formuladas en las visitas de obra llevadas a cabo, acerca de la obtención de permisos de los proyectos de los predios en donde se ejecutarán obras, éstos serán tramitados por ECOPETROL, y entregados por intermedio de la GESTORÍA”.

De igual modo, en la audiencia en mención, se recibieron las preguntas, observaciones y solicitudes de aclaraciones formuladas por los asistentes, para su posterior respuesta por parte de ECOPETROL.

6.3.5 Mediante documento del 24 de agosto de 2012, ECOPETROL dio respuesta a las preguntas presentadas a la aceptación de tarifas aprobadas por ECOPETROL y observaciones realizadas en torno a las visitas de obra a las distintas zonas, dando respuesta a un total de 271 preguntas.

6.3.6 El 26 de octubre de 2012 las partes suscribieron el Contrato No. MA-0018137, como consta en copia auténtica del mismo. El objeto del Contrato, al tenor de su cláusula 1ª, consistió en la ejecución de las “obras de remediación geotécnica en la infraestructura de la Vicepresidencia de Transporte y Logística de ECOPETROL S.A. en la zona correspondiente al Departamento O&M Sur”. El Contrato fue pactado por el sistema de precios unitarios, a propósito de lo cual se acordó en la cláusula 3ª que cada precio unitario pactado “[…] comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del Contrato. Incluye, entre otros, los salarios, descansos remunerados, prestaciones sociales del personal y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del Equipo de Trabajo del CONTRATISTA; equipos, herramientas y materiales; licencias de software; impuestos a cargo del CONTRATISTA, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este Contrato, por lo cual incluye el AIU (administración, imprevistos ordinarios y utilidad)”, añadiéndose en el parágrafo tercero de esta misma cláusula que no habría lugar a reconocimientos económicos presentados solicitados por el Contratista “[…] por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el Contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta”

Por su parte, en las cláusulas 2ª y 34ª del Contrato, las partes acordaron que el plazo del Contrato sería de 365 días calendario que correrían desde la suscripción del acta de inicio del contrato o desde la fecha que en esta se indique y, en cuanto a la liquidación, estipularon un plazo de cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución para efectuarla de mutuo acuerdo, a cuyo vencimiento ECOPETROL podría efectuarla de modo unilateral en un término de 2 meses.

6.3.7 El 21 de diciembre de 2012 se suscribió el Acta de inicio del Contrato, en la que las partes, de conformidad con lo estipulado en el Contrato, consignaron que el plazo de ejecución de los trabajos es de 365 días calendario, indicando como fecha de finalización de los mismos el 21 de diciembre de 2013.

6.3.8 El 27 de diciembre de 2012, mediante comunicado SGS-ETSA-ORI-JSQ-ORI-001-12, la Gestoría Técnica del Contrato, a cargo de la empresa Estudios Técnicos S.A.S. remitió la “información relacionada con la ejecución del contrato, donde se identifican los sitios y actividades a realizar”.

6.3.9 Mediante oficio del 5 de marzo de 2013, ECOPETROL dio respuesta al Contratista frente a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del Contrato, indicando que el 27 de diciembre de 2012 la Gestoría Técnica del Contrato había realizado la entrega de diseños e identificación de “Pks” objeto del contrato, de tal manera que se había dado cumplimiento a la cláusula 8ª del Contrato, en el sentido de entregar “la información técnica y toda aquella requerida para la ejecución de las actividades”. Además, señaló que, de conformidad con el numeral 4.1. de las Especificaciones Técnicas, correspondía al Contratista entregar a ECOPETROL y a la Gestoría Técnica las cantidades reales de ejecución, para dar trámite a los respectivos planes de trabajo y avance de actividades.

6.3.10 El 28 y 29 de mayo de 2013, el Contratista presentó a ECOPETROL la relación de los costos ocasionados en la realización de actividades preliminares llevadas a cabo entre el 21 de diciembre de 2012 y el 6 de febrero de 2013 “con el fin de determinar cantidades a ejecutar y revisión de los sitios y diseños entregados de cada PK PRIORIDAD UNO y finiquitar el inicio de las obras en cada uno de los PK”.

6.3.11 El 21 de junio de 2013, ECOPETROL dio respuesta a varios comunicados remitidos por el Contratista solicitando el reconocimiento de gastos por distintos conceptos. En el oficio en mención la entidad señaló, en lo que guarda relación con la controversia sub examine, que la información técnica necesaria para la ejecución de las actividades fue entregada al Contratista el 27 de diciembre de 2012 e indicó que de conformidad con lo pactado en el parágrafo tercero de la cláusula tercera del Contrato, ECOPETROL no despacharía favorablemente reclamaciones por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que fueren previsibles al momento de la presentación de la propuesta. De igual modo, se remitió a las respuestas que en la etapa precontractual fueron proporcionadas frente a las preguntas y observaciones presentadas por los proponentes.

6.3.12 El 4 de julio de 2013 se suscribió Acta de Suspensión Parcial del Contrato No.1, en virtud de la cual las partes acordaron “suspender Parcialmente el Contrato respecto de las actividades de la zona de Ricaurte Nariño” a partir del 2 de julio de 2013, hasta que se supere la situación que originó la suspensión y que consistió en el “paro organizado por las comunidades indígenas de la zona”. En el Acta las partes convinieron que la suspensión parcial del Contrato “[…] no genera efectos económicos para las partes. En consecuencia ninguna de las partes tendrá derecho a compensaciones o indemnización alguna […]”

6.3.13 El 9 de julio de 2013 se suscribió Acta de reinicio del Contrato, dejando constancia que a partir de las 7:00 horas del 9 de julio de 2013 se reinician las obras en el área de Ricaurte – Nariño, incluyendo nuevamente la estipulación atinente a la improcedencia de reconocimientos económicos derivados de la suspensión parcial del Contrato.

6.3.14 El 21 de agosto de 2013, debido a “Paro Agrícola”, se suscribió Acta de Suspensión No. 2 del Contrato, a partir del 20 de agosto de 2013 y hasta que se supere la situación que generó la suspensión. El 23 de agosto de la misma anualidad, el Contratista remitió el acta firmada, indicando frente a la misma que no compartía la cláusula relativa a la renuncia a solicitudes de reconocimiento económico fundadas en la suspensión del Contrato, invocando como fundamento el principio del equilibrio económico del Contrato.

6.3.15 El 4 de septiembre de 2013 se suscribió Acta de reinicio del Contrato, indicando que a partir de las 7:00 horas del 3 de septiembre de 2013 se reiniciaron las obras. De igual modo, en el acta se indicó que “Las partes convienen en dar a los acuerdos contenidos en el presente documento el alcance de transacción […] y que “La suspensión y reinicio del contrato MA-0018137, no genera efectos económicos a las partes […]”.

6.3.16 Mediante comunicación del 5 de septiembre de 2013, el Contratista hizo entrega del Acta de reinicio del Contrato firmada, indicando como salvedades: i) que no está de acuerdo y solicita que se retire del acta, el numeral del acta en el cual se indica que la suspensión y reinicio del contrato no genera efectos económicos y que, en consecuencia, no habrá lugar a compensaciones e indemnizaciones originadas en la misma; y ii) que el acta de reinicio solamente se refiere a unos determinados puntos, en la medida que el “reinicio del OTA 10 y demás PK está supeditado al despacho de Tubería y otros materiales desde la Ciudad de Cali e interior del país. Igualmente se informa que en la Planta Alisales se reiniciarían las actividades en lo posible para el lunes 09 de septiembre de 2013, dependiendo de la superación de la normalidad del paro en cuestión”.

6.3.17 El 12 de septiembre de 2013 ECOPETROL envió al Contratista la comunicación, en la que, frente a las salvedades informadas por este último en el oficio anterior, puso de presente que la solicitud de suspensión del Contrato presentada por el Contratista se fundaba en la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor y que, por tal motivo, de conformidad con lo pactado en el Acta de Suspensión No. 2 y en la cláusula 24ª del Contrato, no había lugar a compensaciones o indemnizaciones con ocasión de la misma. Adicionalmente señaló que desde el 3 de septiembre de 2013, de acuerdo con verificación realizada por la Gestoría Técnica, el Contratista se encontraba realizando actividades en los puntos ubicados en la zona de Ricaurte, por lo que “no hay impedimento para reinicio del contrato”.

6.3.18 El 27 de septiembre de 2013 el Contratista envió a la firma Estudios Técnicos S.A.S., a cargo de la Gestoría Técnica del Contrato, una comunicación presentando a consideración de esta última “el valor del precio del transporte de los materiales desde el punto de acceso más inmediato hasta el punto donde se ejecutan las actividades en la realidad”. En la mencionada comunicación, el Contratista indicó que “el acceso de los materiales en muchas situaciones no existe, por lo tanto se optó por ingresar los materiales utilizando el transporte mular, en vista de que en muchas ocasiones ni siquiera se podía ingresar el material con mulas causa de las dificultades de acceso, nos vimos en la obligación de construir estructuras como malacates”. Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento del “sobrecosto que genera este transporte a los sitios de las obras”.

6.3.19 Mediante oficio del 10 de octubre de 2013 , ECOPETROL se pronunció frente a la solicitud del Contratista en punto al reconocimiento de gastos relacionados con “1) APU del transporte mular, 2) Transporte de materiales con malacate, 3) Formato donde se calculó el peso de los materiales utilizados en cada PK [y] 4) Resumen final de sobrecosto adicional generado por ingreso de los materiales”, indicando que de conformidad con el numeral 5 de las Especificaciones Técnicas del Contrato, el transporte de materiales se encuentra incluido en las tarifas pactadas y que dicha circunstancia fue precisada por la entidad al dar respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes el 24 de agosto de 2012, puntualmente frente a las preguntas 20, 55 y 212.

6.3.20 El 22 de noviembre de 2013 el Contratista solicitó una ampliación del plazo del Contrato equivalente a 30 días, en atención a las Actas de Suspensión 1 y 2 firmadas por las partes.

6.3.21 El 27 de noviembre de 2013, ECOPETROL dio respuesta a la anterior solicitud, mediante oficio en el que indicó que, atendiendo a la suspensión del Contrato entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre de 2013, que fue acordada por las partes en Acta No.2 por motivos de orden público generados por el paro nacional, la nueva fecha de finalización del Contrato sería el 3 de enero de 2014. Por su parte, respecto de la suspensión parcial pactada en Acta No. 1, puso de presente que la misma no daba lugar a la ampliación del plazo del Contrato, por cuanto “esta suspensión fue parcial y no afectó el desarrollo de la totalidad de los trabajos”.

6.3.22 El 16 de diciembre de 2013 el Contratista presentó a ECOPETROL la comunicación ECO-JSQ-MA0018137-812-13, mediante la cual reiteró la solicitud de reconocimiento económico de los sobrecostos en horas hombres y elementos utilizados para la ubicación de materiales (puesta en sitio) por valor de $1.970.352.974, incluido el AIU. En este documento el Contratista, tras referirse a la respuestas dada por ECOPETROL frente a la solicitud, indicó que la misma no hacía referencia al reconocimiento del valor del transporte de materiales “en volqueta, ó camión, o férreo o fluvial”, pues “estos valores están incluidos dentro de las tarifas aceptadas” y precisó que su reclamación “debe ser entendida por las diversas actividades realizadas con la totalidad del personal contratado de las veredas, para ejecutar con machete, palas, picas, rastrillos, carretas, barras, sogas, guayas, poleas, tableros de carga, con Horas Hombre de la propia nómina, los accesos para ingresar el material. Los accesos hubo que ejecutarlos, desmontando con machete para abrir paso, apisonado con pisón manual, cortando con pala y pica para conformación del (sic) escalones, adicionando madera rolliza para asegurar el paso por la lluvia y evitar enterramiento”.

Finalizó poniendo de presente el “alto grado de dificultad que se tuvo para el ingreso de los materiales para la ejecución de las actividades en cada uno de los puntos PK” y concluyó que “si bien es cierto que la firma pagó los transportes de los materiales a los sitios de trabajo desde las diferentes ciudades, efectuados con CAMIONES, VOLQUETAS, estos NO se deben confundir con el sobrecosto generados (sic) en el PAGO DE NOMINA HORAS HOMBRE para abrir paso por los cultivos a los mismos materiales, para que se hicieran llegar al sitio de instalación”.

6.3.23 El 17 de diciembre de 2013, las partes suscribieron el Acta de Acuerdo No. 1, con el propósito de reconocer al Contratista el valor del reajuste por concepto de IPC, de acuerdo con las cantidades ejecutadas a 15 de noviembre de 2013.

6.3.24 El día 3 de enero de 2014, las partes firmaron el Acta de Finalización del Contrato, mediante la cual dieron por finalizadas las actividades objeto del Contrato.

6.3.25 El 27 de enero de 2014, el Contratista envió a ECOPETROL comunicación a través de la cual remitió su propuesta para el acta de liquidación del Contrato, en la que presentó, entre otros conceptos, la “Solicitud de inclusión en Acta de Liquidación de pago de sobrecostos por traslado de materiales a los sitios del derecho de vía”.

6.3.26 El 14 de febrero de 2014, ECOPETROL dio respuesta a la reclamación económica presentada por el Contratista, indicando que no existía mérito para su procedencia, a excepción del reajuste salarial al que tenía derecho el Contratista y convocó al Contratista para llevar a cabo la firma del acta de liquidación el 24 de febrero del mismo año. En la comunicación ECOPETROL se refirió a los riesgos normales e inherentes a la ejecución del Contrato y se pronunció frente a cada uno de los conceptos reclamados por el Contratista.

En lo que respecta a la solicitud de inclusión en el acta de liquidación del valor correspondiente a los sobrecostos por traslado de materiales a los sitios del derecho de vía, indicó que en las Especificaciones Técnicas se estipuló que las tarifas del contrato incluían la totalidad de los costos asociados a la ejecución de las obras, comprendiendo el transporte hasta el sitio de los trabajos, los materiales, mano de obra, equipos y demás insumos necesarios. Además, puso de presente la realización de la visita previa al lugar de ejecución, para concluir que “es claro para su Empresa el pleno conocimiento de las áreas de influencia de ejecución del Contrato y los procedimientos para tratar y manejar los temas de índole social, de orden público y de transporte, entre otros, aspectos que se consideran incluidos en su propuesta económica”.

6.3.27 Mediante comunicación del 28 de febrero de 2014 el Contratista dio respuesta al oficio anterior, en la que solicitó plasmar en la liquidación que “El contratista se reserva el derecho de presentar reclamación ante los medios alternativos de solución de conflictos o ante instancias judiciales”, en consideración a la negativa de ECOPETROL frente a los reclamos presentados por concepto de: 1) Sobrecostos por traslado de material para la ejecución de las actividades de Geotecnia en los diferentes puntos del Oleoducto Trasandino, 2) Solicitud de pago de tiempo perdido en Planta Alisales, 3) Solicitud de pago de nómina del personal disponible en Paro Agrario del 20 de agosto al 3 de septiembre de 2013, 4) Solicitud de pago de nómina del personal disponible en Paro Indígena, 5) Solicitud de pago de nómina del personal disponible en el paro de la comunidad por falta de pago a proveedores de ECOPETROL y ajenas al contratista, y 6) Solicitud de pago de personal y recursos causados para el recorrido en apoyo al finiquito de la elaboración por parte de la Gestoría de replanteos y cantidades de obra para el inicio del proyecto,

6.3.28 El día 28 de abril de 2014 las partes efectuaron de común acuerdo la liquidación del Contrato, como consta en copia auténtica del acta de liquidación bilateral. En la referida acta, tras el recuento de los principales aspectos del contrato y del desarrollo contractual, se realizó el balance económico del contrato, incluyendo los valores facturados y pagados, como resultado de lo cual el saldo final a favor del contratista fue de $102.616.656, correspondiente a actividades ejecutadas pendientes de pago, reajuste salarial y reajuste IPC.

En el numeral 5.8 del acta, denominado “Reclamaciones del Contratista”, se relacionaron las comunicaciones presentadas por el contratista, la respuesta de la Entidad frente a las mismas y el oficio del Contratista del 28 de febrero del mismo año en el que solicitó insertar en el acta la salvedad de reservarse el derecho a reclamar judicialmente el reconocimiento de los conceptos solicitados y no reconocidos por ECOPETROL. De igual modo, en el punto 7 del Acta se consignó lo siguiente:

“7. DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

ECOPETROL S.A. y la Firma Contratita JORGE SANTAMARIA QUIROGA, dejan constancia que el valor de la Liquidación final del Contrato No. MA-0018137, se encuentra contenida y reconocida la totalidad de la obra ejecutada en desarrollo del Contrato, y se declaran conformes con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo manifiestan, que el Contratista no se encuentra de acuerdo con la respuesta otorgada a su reclamación Económica por valor de $2.659.231.294 la cual fue evaluada conforme a la respuesta emitida el 04 de febrero de 2014 por medio del comunicado No. 2-2014-044-884; el Contratista considera que tiene derecho a esta compensación económica por tal razón se reserva el Derecho de presentar reclamación ante medios alternativos de solución de conflictos o ante instancias judiciales, por tanto se deja consignado en esta acta como una salvedad.”

6.4 Pruebas adicionales

Además de las pruebas documentales que dan cuenta de los hechos probados anteriormente referidos, dentro del proceso reposa el documento denominado “INFORME TÉCNICO TRASIEGO DE MATERIALES GEOTECNICA SUR-NARIÑO”, de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por Jorge Santamaría Quiroga y presentado junto con la demanda.

El referido documento, según se indica en el punto 3 del mismo, describe “al detalle la dificultad en la actividad que se presentó al ingresar 4112,58 toneladas en los puntos en donde no existía ningún tipo de acceso para el ingreso de materiales al derecho de vía (DDV)”. En este sentido, el referido informe señala que 20 de los 39 puntos de estabilización geotécnica “poseían el acceso al derecho de vía normalmente por vía vehicular, es decir el acceso de los equipos, materiales y herramientas no tuvieron un alto grado de dificultad para ingresar”, a diferencia de los 19 puntos restantes, materia de la controversia, los cuales “presentaron un alto grado de dificultad para el ingreso de equipos, materiales y herramientas al NO contar con el acceso al derecho de vía”. Frente a estos últimos, el informe relaciona respecto de cada uno de ellos la distancia entre el sitio de descargue vehicular y el punto de estabilización geotécnica a ser intervenido, los materiales que fueron ingresados y la forma de transporte utilizada para dicho efecto, afirmándose que ECOPETROL no dio cumplimiento a su obligación de entregar el derecho de vía con sus accesos para ingresar equipos, materiales y personal, generando sobrecostos por cuanto “el ingreso de los equipos, materiales y mano de obra, se hubo de trasladar con medios alternos que no estaban contemplados dentro de la tarifa presupuestal para su ejecución. Llámese medios alternos, trabajadores en cadena, tracción animal, sistema de tiro con malacate por el sistema de gravedad, sistema de tiro de malacate con motor”. Asimismo, se presenta la relación de los costos reclamados, los cuales ascienden a un total de $2.236.559.074,12, de acuerdo con el siguiente cuadro, que coincide con la pretensión 1.1.5 de la demanda:

Frente al anterior documento aportado con la demanda, la Sala encuentra que se trata de un escrito descriptivo proveniente del propio Contratista, a la vez parte demandante en el sub judice, que no tiene el carácter de dictamen pericial ni tampoco de informe o concepto técnico proveniente de un tercero experto ajeno a la controversia, al que pudiera entonces atribuírsele mérito probatorio para acreditar la ejecución de las actividades que allí se describen y mucho menos para demostrar el valor de los sobrecostos que la parte actora, tanto en la demanda como en su “INFORME TÉCNICO TRASIEGO DE MATERIALES GEOTECNICA SUR-NARIÑO”, afirma haber incurrido y cuyo reconocimiento pretende.

En tal virtud, dicho informe no tiene eficacia probatoria, pues no solo es un documento elaborado por la propia parte, sino, además, no fue acompañado de soportes que fundamenten y respalden lo que allí se manifiesta, tales como facturas, recibos de pago, planillas de nómina u otro tipo de soportes contables y técnicos que permitan establecer la veracidad de lo que se expresa por parte del Contratista. Además, el demandante tampoco acudió a otros medios de prueba, como dictámenes periciales, inspección judicial o testimonios, a partir de los cuales pueda cotejarse lo afirmado en punto a la descripción de actividades realizadas y sobrecostos incurridos con ocasión del traslado e ingreso de los materiales y equipos a los 19 puntos que, según se aduce, presentaban difícil acceso.

En este sentido, con el documento solamente fueron incluidas unas fotografías que presuntamente dan cuenta del traslado e ingreso de materiales y equipos a las diferentes zonas de remediación geotécnica, a las cuales la Sala no les dará mérito probatorio, pues tan solo dan cuenta del registro de varias imágenes frente a las cuales no existe plena convicción acerca de la persona que las realizó, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron tomadas, toda vez que carecen de georeferenciación y en su mayoría no es posible, tampoco, determinar la fecha en la que fueron tomadas, tal como lo ha señalado la Jurisprudencia de la Corporación.

6.5 Análisis del caso concreto

El conflicto sometido a decisión, de acuerdo con las precisiones realizadas precedentemente, versa sobre la eventual responsabilidad contractual de ECOPETROL por el incumplimiento de la obligación de realizar la entrega del denominado “derecho de vía”, que, según afirma la parte actora, ocasionó sobrecostos para el Contratista al efectuar el traslado e ingreso de equipos y materiales a 19 de los 39 puntos de estabilización geotécnica objeto del Contrato, debido al difícil acceso que presentaban y que hizo necesario acudir al transporte al hombro, con mula y/o mediante la utilización de malacates o tarabitas.

En el marco de lo anterior, a efectos de dilucidar la presente controversia lo que se impone es volver a los textos contractuales, para pasar luego a los demás medios de prueba que, valorados en conjunto, permiten establecer lo acaecido en punto a las obligaciones que se aduce incumplidas y a los compromisos a cargo de las partes.

En este sentido, se observa que en la cláusula 3ª del Contrato las partes acordaron lo siguiente:

“CLÁUSULA TERCEERA.- VALOR INDETERMINADO DEL CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS

El presente Contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien), los cuales remuneran la totalidad de las actividades (trabajos, servicios) y/o suministros constitutivos de su objeto, de conformidad con lo pactado.

Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del Contrato. Incluye, entre otros, los salarios, descansos remunerados, prestaciones sociales del personal y aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del Equipo de Trabajo del CONTRATISTA; equipos, herramientas y materiales; licencias de software; impuestos a cargo del CONTRATISTA, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el CONTRATISTA para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este Contrato, por lo cual incluye el AIU (administración, imprevistos ordinarios y utilidad).

[…]

El valor real del Contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas por el CONTRATISTA a satisfacción de ECOPETROL, por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem, los cuales se consignan en el Anexo 01 Valor del Contrato.

[…]

PARÁGRAFO TERCERO: REAJUSTES.- ECOPETROL no despachará favorablemente reclamos o solicitudes de reajuste efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el Contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta.
ECOPETROL reconocerá reajuste al Contrato, únicamente al valor de las Tarifas Aprobadas por Ecopetrol, se incrementarán de manera automática a partir del 1º de enero de cada año, de acuerdo con el IPC del año inmediatamente anterior.” (resaltado dentro del texto)

A su turno, en las “Especificaciones Técnicas para las obras de remediación geotécnica en la infraestructura de la Vicepresidencia de Transporte y Logística de ECOPETROL S.A. en la zona correspondiente al Departamento O&M”, documento que forma parte integral del Contrato al tenor de lo pactado en cláusula 28ª del mismo, se indicó que el objetivo general del proyecto consistía en “Acometer las obras para asegurar la estabilidad del Derecho de Vía de los Oleoductos, Poliductos y estaciones de bombeo de la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A., con el propósito de garantizar la integridad de las líneas de transporte” y se describió su alcance en los siguientes términos:

“4.1. ALCANCE
Con base en estas especificaciones se deben realizar todos los trabajos requeridos en materia de Estabilización Geotécnica de los Oleoductos y Poliductos de la Vicepresidencia de Transporte y Logística de Ecopetrol S.A., específicamente:

Ejecución de obras de protección geotécnica sobre fenómenos tales como: deslizamientos, erosiones, socavaciones, etc.
Ejecución de obras para liberación de cargas externas sobre las tuberías.

El Administrador del contrato por parte de ECOPETROL S.A., será el encargado de entregar al CONTRATISTA, los insumos que en cuanto a diseños de detalle existan en cada zona. Las cantidades originalmente proyectadas, son solo una aproximación que debe ser precisada una vez el CONTRATISTA establezca las cantidades reales y éstas sean aprobadas por la GESTORÍA y/o el (sic) ECOPETROL S.A.”

En relación con el precio total de las actividades y las tarifas, en el punto 5, denominado “Especificaciones Generales”, se consignó lo siguiente:

“5. ESPECIFICACIONES GENERALES
[…]
El precio total de las actividades de Obras de Estabilización Geotécnica detallado en las tarifas, considera todos los costos en que se incurrirá para realizar todas las actividades, razón por la cual, será el único reconocimiento que se haga por la obra ejecutada.
En las tarifas, se incluyen, entre otros, materiales, salarios, horas extras, alimentación, transporte del personal, los materiales, equipos, herramientas y demás insumos necesarios, transportados hasta el sitio de los trabajos, igualmente la disposición final de material sobrante. Todo lo anterior, para la ejecución de las actividades objeto del contrato”. (subrayado fuera del texto)

Por su parte, con relación al Derecho de Vía y el acceso a los sitios de las obras, en el glosario se definió el “Derecho de vía” como la “Franja de terreno donde se ubica las líneas de transporte, cuyo uso es restringido de acuerdo con la servidumbre pactada con el propietario” y, de igual modo, en el numeral 5.2.2. se indicó:

“5.2.2. Vías de acceso a los sitios de las obras:
Para realizar las labores objeto de este contrato EL CONTRATISTA utilizará como acceso y zona de circulación o movilización, el derecho de vía de ECOPETROL S.A. y los accesos autorizados los cuales serán entregados oficialmente por la GESTORÍA. Si el CONTRATISTA decide por su cuenta utilizar otra ruta de movilización, deberá notificarlo previamente a la GESTORÍA, y los costos de adecuación, fajas, permisos y servidumbres deben ser negociados a su nombre y pagados por EL CONTRATISTA, como también serán de su cargo los daños que cause.

Previo al inicio de los trabajos objeto del Contrato La GESTORÍA y el CONTRATISTA verificarán el estado inicial de las vías autorizadas para el acceso a los sitios de trabajo, con el fin de asegurar que al salir del área, el CONTRATISTA entregue las vías públicas y privadas que utilice, en iguales o mejores condiciones a las iniciales.

El CONTRATISTA deberá guardar máxima diligencia para no causar daño en las vías públicas y privadas que utilice, para lo cual empleará los vehículos y topes de carga que sean permitidos por las autoridades.

Durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, en donde se afecte la operación normal de la vía o zonas aledañas a comunidades, se debe aplicar la normatividad vigente en cuanto a señalización de vías y carreteras emitida por el Ministerio de Transporte.

En caso de requerirse trabajos en las vías de acceso, estos deberán ser aprobados previamente por ECOPETROL S.A., y las cantidades de obra serán cuantificadas previa aprobación de la GESTORÍA”. (subrayado fuera del texto)

Finalmente, en las Especificaciones Técnicas se incluyeron algunos otros asuntos generales, dentro de los que cabe resaltar el numeral 16, de acuerdo con el cual “Todo trabajo adelantado por el CONTRATISTA debe realizarse mediante una Planeación y programación de Orden de Trabajo generada por ECOPETROL S.A. o la GESTORÍA. Estas Órdenes de Trabajo deben planearse, programarse y presupuestarse. Posterior a este proceso se ejecutan, documentan en ELLIPSE y cierran, previo a lo cual se deben recalcular los costos con el objeto de llevar un control efectivo sobre la ejecución del contrato y posibilitar el costeo real del mantenimiento en la Herramienta informática Ellipse […] Para la aprobación del Acta de liquidación mensual, el CONTRATISTA debe: * Incluir dentro de su facturación todas las Órdenes de Trabajo cerradas y documentadas en ese período y autorizadas por la GESTORÍA. […]”

Con arreglo a estas cláusulas, concluye la Sala, en primer lugar, que el texto contractual es claro al establecer que todos los costos derivados del cumplimiento del objeto contractual, incluido el transporte de materiales, equipos y personal hasta los puntos de estabilización geotécnica donde se llevarían a cabo las obras, se encontraban incluidos dentro del valor pactado, sin que al efecto se hubiera distinguido el medio de transporte a ser utilizado o se hubiera comprendido dentro de los precios acordados únicamente el transporte a las áreas de fácil acceso o en las que el ingreso pudiera efectuarse mediante vehículos.

Lo anterior fue objeto de aclaración expresa por parte de ECOPETROL durante el proceso de selección mediante documento del 24 de agosto de 2012, al dar respuesta a las preguntas y observaciones formuladas por los participantes (hecho probado 6.3.5), dentro de las que se destacan, entre otras, las siguientes preguntas y respuestas en punto al asunto que se analiza:

“20) ¿El transporte de materiales, equipos están contemplados en los análisis de precios unitarios?

RESPUESTA:

En las tarifas se han considerado, entre otros, materiales, salarios, horas extras, alimentación, transporte del personal, los materiales, equipos, herramientas y demás insumos necesarios hasta el sitio de los trabajos, así como el transporte y disposición final del material sobrante, y todos los costos necesarios para la adecuada ejecución de cada actividad”.

“36) En los sitios de difícil acceso y que cuenten con línea de ferrocarril cercana se puede transportar insumos en moto garrucha?

RESPUESTA:
Ese medio de transporte no está autorizado por ECOPETROL S.A.
El CONTRATISTA es autónomo en utilizar el medio de transporte de insumos a los sitios de obra, siempre y cuando éstos se efectúen en forma segura, cumpliendo con las directrices emitidas por ECOPETROL y la normatividad exigida por el Ministerio de Transporte y entidades competentes al transporte ferroviario.”

“55)¿Favor aclarar si el costo del transporte de los materiales a cada uno de los puntos fue considerado en las tarifas, ya que en determinados puntos el montaje o logística es demasiado costosa?

RESPUESTA:
Las tarifas aprobadas y publicadas por ECOPETROL S.A., se (sic) incluyen, entre otros, materiales, salarios, horas extras, alimentación, transporte del personal, los materiales, equipos, herramientas y demás insumos necesarios hasta el sitio de los trabajos, así como el transporte y disposición final del material sobrante. Todo lo anterior, para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

Cada una de las Tarifas aprobadas por Ecopetrol s.a. y puestas a consideración de los Interesados, aplicarán en cada departamento de O&M (Zona) en cualquier punto de su área de cobertura, y será única, tanto en sitios de fácil como de difícil acceso”.

“89) ¿Se debe tener en cuenta ítems como acarreo de materiales por medios no convencionales (lomo de mula, como tracción animal, carreteras entre otros)?

RESPUESTA:
De acuerdo con lo establecido en el Numeral 5 “ESPECIFICACIONES GENERALES” de las “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
El precio total de las actividades de Obras de Estabilización Geotécnica detallado en las tarifas, considera todos los costos en que se incurrirá para realizar todas las actividades, razón por la cual, será el único reconocimiento que se haga por la obra ejecutada.

En las tarifas, se incluyen, entre otros, materiales, salarios, horas extras, alimentación, transporte del personal, los materiales, equipos, herramientas y demás insumos necesarios, transportados hasta el sitio de los trabajos, igualmente la disposición final de material sobrante”.

“156) ¿Tiene ECP establecido valores para pago de grupo de arriero, contra arriero, y mulares para el transporte de cargas?

RESPUESTA:
En el tema del transporte mular ECOPETROL S.A. no tiene establecidas tarifas.
El CONTRASTISTA es autónomo y responsable en la contratación de los servicios de transporte de materiales a los sitios de ejecución de las obras, independientemente del medio que desee utilizar.”

“212) Los transportes desde los sitios de acopio hasta el sitio de la obra no son homogéneos, pudiendo ser mular, férreo, fluvial o multimodal. Es posible establecer una franja adicional para cuando estos acarreos superen los 500 mts?

RESPUESTA:
Las tarifas aprobadas por ECOPETROL tiene (sic) contemplado el transporte de materiales y demás insumos hasta el sitio de las obras, independientemente del medio que utilice el CONTRATISTA. No se harán reconocimientos adicionales.” (subrayado y negrilla fuera del texto)

Como se observa, con anterioridad a la presentación de las propuestas y previo a la celebración del Contrato, los participantes en el proceso de selección llevado a cabo por la entidad recibieron información precisa, clara y suficiente en punto al transporte de materiales, equipos y personal hasta los sitios de las obras, habiendo sido manifestado en forma reiterada por parte de ECOPETROL que en las tarifas se encontraba comprendido el transporte, independientemente del medio utilizado y del fácil o difícil acceso a las áreas de trabajo. También se precisó que el Contratista sería autónomo en la utilización de los medios de transporte que empleara.

Además, de las preguntas formuladas y las respuestas que la entidad proporcionó, resulta explícito el conocimiento que tenían los proponentes acerca de la necesidad de recurrir a medios de transporte no convencionales y de la necesidad de contemplar en la propuesta todos los costos que implicaba el acarreo hacia los distintos sitios en los que se llevarían a cabo las obras, así como la existencia de accesos que ofrecían especial dificultad, aunado a la realización de las visitas a las distintas áreas de ejecución de los trabajos, que tuvieron por objeto, precisamente, conocer las condiciones de la zona en la que se ejecutaría el contrato, incluidos los accesos a los distintos puntos de estabilización geotécnica.

No sobra reiterar que lo anterior quedó expresamente reflejado en lo acordado en el Contrato, puntualmente en su cláusula 3ª, de acuerdo con la cual, según atrás se anotó, las partes convinieron que cada precio unitario pactado comprendía la totalidad de los costos directos e indirectos asociados a la ejecución de las obras y actividades contratadas, incluido dentro de ellos el transporte de personal, equipos y materiales y se plasmó que no se reconocerían costos adicionales en los que pudiere incurrir el Contratista y que fueren previsibles al tiempo de presentación de la propuesta.

En segundo lugar, en punto al denominado derecho de vía y los accesos a los distintos puntos de estabilización geotécnica, observa la Sala que en las Especificaciones Técnicas del Contrato se dispuso que aquel hacía referencia a las franjas de terreno donde se ubican los oleoductos, poliductos y estaciones de bombeo “cuyo uso es restringido de acuerdo con la servidumbre pactada con el propietario” y se precisó que para la ejecución de las obras y actividades objeto del Contrato, el Contratista utilizaría “como acceso y zona de circulación o movilización, el derecho de vía de ECOPETROL S.A. y los accesos autorizados los cuales serán entregados oficialmente por la GESTORÍA”, señalándose que “de requerirse trabajos en las vías de acceso, estos deberán ser aprobados previamente por ECOPETROL S.A., y las cantidades de obra serán cuantificadas previa aprobación de la GESTORÍA”.

Por su parte, en la audiencia informativa llevada a cabo el 6 de agosto de 2012 (hecho probado 6.3.4), ECOPETROL precisó que “[a]nte las inquietudes formuladas en las visitas de obra llevadas a cabo, acerca de la obtención de permisos de los proyectos de los predios en donde se ejecutarán obras, éstos serán tramitados por ECOPETROL, y entregados por intermedio de la GESTORÍA” y, de igual modo, en las respuestas dadas por ECOPETROL frente a las preguntas y observaciones que formularon los proponentes durante el proceso de selección (hecho probado 6.3.5), se observa que, en punto a los permisos y servidumbres para el ingreso y tránsito de equipos, materiales y personal, ECOPETROL indicó que los mismos estaban a cargo de la entidad, anotando al respecto que serían entregados al Contratista por la Gestoría del Contrato. En efecto, en el documento del 24 de agosto de 2012, al respecto se indicó:

“10) ¿Los permisos a ingresos a predios son tramitados por ECOPETROL o por el contratista?

RESPUESTA:
Para realizar las labores objeto de este contrato, ECOPETROL S.A.., tramitará los permisos de ingreso a los predios donde se ejecutarán las obras. Estos permisos serán entregados oficialmente por la GESTORÍA.
Si el CONTRATISTA decide por su cuenta, utilizar otra ruta de movilización, deberá notificarlo previamente a la GESTORÍA, y los costos de adecuación, fajas, permisos y servidumbres deben ser negociados a su nombre y pagados por EL CONTRATISTA, como también serán a su cargo los daños que cause.
El CONTRATISTA, será responsable por los daños ambientales causados por su culpa o negligencia. También EL CONTRATISTA responderá por los perjuicios que se les puedan ocasionar a los propietarios de las fincas por. No cerrar los broches y de esta forma permitir el extravío de ganado. Así mismo será responsable por todo daño que ocasiones en los sectores no autorizados del (sic) y por su cuenta deberá ejecutar las reparaciones en: cercas, canales de riesgo (sic), líneas eléctricas, daño a semovientes, cultivos, entre otros.”

“189) ¿Los accesos al derecho de vía para ejecutar los trabajos, deben ser únicamente por el derecho de vía o Ecopetrol ha negociado accesos por terrenos y vías privadas?

RESPUESTA:
ECOPETROL S.A., para acceder al DDV, utiliza vías públicas (Primarias, secundarias, terciarias, veredales, caminos reales entre otras), vías con servidumbre constituida y los derechos de vía, los cuales tienen constituidas servidumbre.
En las Especificaciones Técnicas, en el numeral 5.2.2. Vías de acceso a los sitios de las obras, están establecidos los parámetros para acceder al derecho de vía de los sistemas en donde se ejecutarán las obras.” (subrayado fuera del texto)

A partir de lo anterior, concluye la Sala que se encontraba a cargo de ECOPETROL obtener las servidumbres y permisos para el ingreso de los equipos, materiales y personal a los puntos de estabilización geotécnica en los que se llevarían a cabo los trabajos y que el Contratista utilizaría los accesos y zonas de circulación dispuestos por ECOPETROL, en cada uno de los cuales la entidad tenía la obligación de contar con las servidumbres y permisos necesarios, salvo que el Contratista optare por utilizar accesos distintos, en cuyo caso le correspondía obtenerlos y asumir los costos inherentes a dichos trámites.

Por su parte, al analizar las pruebas recaudadas en el proceso, se observa que con posterioridad a la suscripción del acta de inicio del contrato, la cual tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012 (hecho probado 6.3.7), el 27 de diciembre del mismo año la Gestoría Técnica del Contrato hizo entrega de la “información relacionada con la ejecución del contrato, donde se identifican los sitios y actividades a realizar” (hecho probado 6.3.8), tal como ECOPETROL lo puso de presente en distintos oficios que envió al Contratista.

Adicionalmente, encuentra la Sala que no obra en el expediente prueba alguna de la que pueda desprenderse que el Contratista no pudo utilizar los accesos y zonas de circulación o movilización autorizados por ECOPETROL porque no se hubiera contado con las servidumbres y permisos necesarios, pues a dicho efecto ninguna prueba fue aportada al proceso, de suerte que no encuentra la Sala acreditado el incumplimiento de la obligación a cargo de ECOPETROL de entregar el derecho de vía y disponer de los permisos y servidumbres requeridos para que el contratista pudiera acceder a los puntos de ejecución de las obras a través de las zonas de ingreso y movilización dispuestas por ECOPETROL.

Ahora bien, lo que se desprende claramente, tanto de lo manifestado por la parte actora en su demanda y los distintos escritos presentados en el curso del proceso, así como en las comunicaciones que presentó a ECOPETROL formulando su reclamación, es que el incumplimiento de obligación de entregar el derecho de vía y sus accesos a los zonas de trabajo que le reprocha a la entidad contratante, no consiste en la imposibilidad de hacer uso de los accesos dispuestos por la entidad ante la ausencia de servidumbres y permisos, sobre lo cual, como se anotó, ninguna prueba obra al expediente, sino en la circunstancia de no haber podido ingresar a 19 puntos mediante vehículos, debiendo recurrir al uso de malacates, mulas y trabajadores en cadena con el fin de trasladar los equipos y materiales por trayectos que oscilaron entre los 100 y 2.200 metros desde los distintos lugares de descargue vehicular y hasta las áreas de trabajo.

En otras palabras, el incumplimiento en la entrega del derecho de vía y sus accesos para la ejecución de las obras que alega el Contratista, consiste en la dificultad que encontró para ingresar a 19 sitios de trabajo por la necesidad de recurrir a medios de transporte no convencionales que le ocasionaron sobrecostos en el traslado de material, equipos y personal, frente a lo cual la Sala encuentra que, de acuerdo con lo pactado en el Contrato, todos los costos derivados del cumplimiento del objeto contractual, incluido el transporte, se encontraban comprendidos dentro de las tarifas o precios unitarios pactados y debían ser contemplados por los oferentes en su propuesta.

Así las cosas, la Sala no encuentra demostrado en el proceso el incumplimiento de la obligación de ECOPETROL de hacer entrega del derecho de vía y los accesos a los sitios de las obras y lo que concluye es que el demandante confunde el transporte de mano de obra, equipos y materiales, cuyo costo se encontraba a cargo del Contratista con independencia del medio de transporte empleado y del grado de dificultad que se llegare a presentar, con la obtención de servidumbres y permisos por parte de los propietarios de las áreas a las que fuera necesario ingresar o en las que debía transitar para llevar a cabo el traslado de insumos y la ejecución de las obras, obligación esta que se encontraba a cargo de ECOPETROL y frente a la cual el demandante no manifestó observación o reproche alguno y tampoco aportó ninguna prueba encaminada a acreditar su eventual incumplimiento por parte de la demandada. En suma, la Sala encuentra que no se demostró incumplimiento de obligaciones que se encontraran a cargo de ECOPETROL y que los sobrecostos que se reclaman por el extremo activo corrían a cargo del Contratista, pues se refieren al transporte de materiales, equipos y mano de obra que, como ha quedado suficientemente expuesto, debían ser contemplados en su propuesta y en cualquier caso estaban incluidos dentro de los precios unitarios pactados.

Al respecto, conviene reiterar que en ejercicio de la autonomía de la que gozan los contratantes, las partes definen el contenido del negocio jurídico que desean llevar a cabo, el cual, una vez celebrado con arreglo al ordenamiento, adquiere fuerza normativa obligando a los partícipes a satisfacer sus prestaciones en la forma y tiempo debidos.

Es así como las partes, conocedoras de sus propios recursos y capacidades y expertas en la actividad que se proponen, se encuentran en la mejor posición para contemplar anticipadamente las contingencias que pueden afectar la ejecución de sus obligaciones futuras y de allí que resulte perfectamente lícito y por demás deseable que los propios contratantes incorporen las estipulaciones que encuentren idóneas para definir el alcance de sus obligaciones y distribuir los riesgos que ellas mismas han identificado y que puedan alterar, aún sin su culpa, los resultados económicos de la operación.

Pues bien, en esas circunstancias, si las partes han acordado las obligaciones a cargo de cada una de ellas y han definido con antelación a quién corresponde absorber las afectaciones negativas resultantes de los riesgos que han asumido, habrá de estarse a lo pactado por ellas, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto y siempre que el contrato no adolezca de vicio alguno y que las partes hayan procedido con observancia de los deberes objetivos de conducta derivados de la buena fe.

Con base en lo anterior, a la vista de los hechos probados en el caso sub examine y de acuerdo con el alcance de los compromisos acordados por las partes contratantes, la Sala concluye que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, pues no se acreditó el incumplimiento de las obligaciones a cargo de ECOPETROL, así como tampoco se encuentra demostrado que los sobrecostos alegados hubieran sido ocasionados por la imposibilidad de acceder a vías cuyo acceso debía garantizar Ecopetrol. Por el contrario, observa la Sala que le correspondía al Contratista efectuar por su cuenta y riesgo el transporte de los insumos necesarios para ejecutar las actividades contratadas, asumiendo la totalidad de los costos asociados al mismo, con independencia de los medios de transporte empleados y del mayor o menor grado de dificultad que en la práctica se presentara al llevarlo a cabo, circunstancias estas que el Contratista debió contemplar en su propuesta tras realizar la visita previa en la que se verificó el estado de los accesos y vías autorizadas, según quedó estipulado en el Contrato, todo lo cual, por demás, fue objeto de expresa aclaración por parte de ECOPETROL durante la etapa precontractual, lo que permite observar que el contratista, antes de presentar su propuesta y suscribir el contrato, conocía todos componentes que se incluían en las tarifas pactadas, entre ellos el transporte de materiales hasta el lugar de la obra, así como la necesidad de recurrir a distintos medios de transporte, entre ellos al hombre como mano de obra, el transporte mecánico, mular, férreo, fluvial, etc.

A la anterior conclusión arriba la Sala partiendo, en primera instancia, de la fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado entre los contratantes y del deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados. El principio enunciado –pacta sunt servanda–, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta, descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente.

En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes.

Con base en lo anterior, en suma, la Sala concluye que ECOPETROL no incumplió el Contrato celebrado con Jorge Santamaría Quiroga. Por tanto, comoquiera que para la Sala no se configuró incumplimiento contractual, no hay lugar a ocuparse de los demás elementos o presupuestos de la responsabilidad contractual.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 5 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en esta providencia.

7. Costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Bajo este entendido, se condenará en costas a la parte demandante, que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó el recurso que formuló, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem.

En relación con la agencias en derecho en segunda instancia, que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, la Sala no estima procedente su fijación en esta instancia, comoquiera que en el caso concreto no se encuentra acreditada su causación, pues la parte demandada no ejerció actuación alguna ante esta Corporación durante el trámite de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 5 de diciembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso.

No hay lugar a la fijación de agencias en derecho en segunda instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de la Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado

NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado

GC
Fl. 30 (reverso) y Fl. 196, C.1
Fls. 1 a 30, C.1
Fl.199 y 200, C.1
Fl. 203 a 217, C.1
Fl. 222 a 226, C.1
Fl. 222 a 226, C. 1
Fl. 280 a 286, C.1
Fl. 534 a 539, C. 2
Fl. 544 a 552, C.2
Fl. 540 a 543, C. 2
Fl. 553 a 572, C. Ppal. Fl. 575 a 578, C. Ppal. Fl. 580 y 581, C. Ppal. Fl. 589, C. Ppal. Fl. 593, C. Ppal. Fl. 595 a 602, C. Ppal. En efecto, ECOPETROL es una Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya participación del Estado es superior al 50%, y, por otro lado, de conformidad con el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en concordancia con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer y decidir, entre otros, los litigios relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable, así como las controversias relativas a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. Ley 1118 de 2006, “Artículo 1o. Naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. Autorizar a Ecopetrol S. A., la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o parcialmente las acciones de que trata la presente Ley, la sociedad quedará organizada como una Sociedad de Economía Mixta de carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía; se denominará Ecopetrol S. A., su domicilio principal será la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá establecer subsidiarias, sucursales y agencias en el territorio nacional y en el exterior (…).”
“ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS. Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. La cuantía de la pretensión mayor es de $2.236.559.074,12. La demanda se presentó el 25 de mayo de 2016, año para el cual el salario mínimo legal mensual fue de $689.455. Información obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia HYPERLINK "https://www.banrep.gov.co/es/salarios" https://www.banrep.gov.co/es/salarios.
“Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda instancia. El Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”
“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…) 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)”
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Artículo 141. Controversias contractuales.

Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. (…)”
Fl.66 a 83, C.1
“ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr003.html" \l "137" 137 y  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr003.html" \l "138" 138 de este Código, según el caso. El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.”
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 6 de diciembre de 2010, Expediente No. 38344; Sentencia del 14 de octubre de 2015, Expediente 48502; Sentencia del 24 de febrero de 2016, Expediente 46185; Sentencia de 29 de noviembre de 2017, Rad. 25000-23-26-000-2004-01282-01 (35271); Auto de 8 de agosto de 2018, Rad. 25000-23-36-000-2015-00574-01 (57780); Sentencia del 1º de junio de 2020, Rad.05001-23-31-000-2000-03439-01(47101)
Fl. 464 a 484, C.2
Fl. 84 y 85, C.1 y Fl. 462 y 463, C.2
Fl. 86 y 87, C.1. Fl. 352 a 365, C. 2
Fl.192 a 194, C.1
Fl.192 a 194, C.1
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 57394 de julio 19 de 2017, Rad. 57.394
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html" \l "209" 209 y  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html" \l "267" 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.

En el ordenamiento jurídico colombiano el principio pacta sunt servanda se encuentra contenido en el artículo 1602 del Código Civil, de acuerdo con el cual todo contrato acordado entre las partes tiene fuerza de ley para quienes lo celebran, de tal suerte que las obligaciones que de él emanan no pueden ser desconocidas ni modificadas por uno solo de los contratantes. Su observancia, por tanto, es piedra angular de la seguridad jurídica. Cfr. Hinestrosa, Fernando. “El principio del pacta sunt servanda: y la estipulación de intereses”. Con-Texto (12), 32-38. 2001. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el principio del rebus sic stantibus “postula la implícita inclusión en su contenido de una condición necesaria, esencial, fundamental e imprescindible para el cumplimiento, atañedera a la permanencia constante del marco de circunstancias fácticas o jurídicas, o estado de cosas primario, a cuya invariabilidad sujeta su obligatoriedad, y aún cuando, hay distintas posturas acerca de su exacto origen, suele atribuirse a la escuela del derecho medieval inspirada en las fuentes romanas”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de febrero de 2012. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2018. Rad.: 52666. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de enero de 2016. Rad.: 38449. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 15 de julio de 2020. Rad.:28794
Por ejemplo, en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 al disponer que “si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 15 de febrero de 1999, Rad. 11194 y del 21 de junio de 1999, Rad.: 14943. Sobre la necesaria distinción entre estas figuras, en Sentencia del 15 de julio de 2020, Rad.:28794, esta Subsección precisó:
“La teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica pretende garantizar que, en desarrollo del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento en que fue celebrado. Dicho equilibrio puede verse afectado por factores externos a las partes o por diversas causas que pueden ser imputables a la Administración como consecuencia o por razón de la expedición de actos administrativos en ejercicio legítimo de su condición de autoridad. En el incumplimiento, en cambio, se estudia el comportamiento de las partes frente a la ejecución del contenido obligacional, esto es, si fue tardío, defectuoso o conforme con lo que libre y voluntariamente acordaron, aspecto que debe analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad contractual. Esta diferencia no es simplemente conceptual, pues la tasación económica en uno y otro caso es distinta. En la ruptura del equilibrio económico del contrato lo que se pretende es evitar puntos de pérdida (art. 5 de la Ley 80 de 1993), sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al hecho del príncipe, y, en el incumplimiento, la indemnización plena de los perjuicios que se derivan de la desatención de las obligaciones del contrato. En el incumplimiento, además, se faculta a la entidad pública para sancionar al contratista mediante la declaratoria de caducidad administrativa del contrato, o para imponer multas y declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal incluida en el contrato (artículos 60 y 70 del Decreto Ley 22 de 1983, 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 y 17 de la Ley 1150 de 2007).”
En el mismo sentido, véase Sentencia del 21 de septiembre de 2020, Rad.: 47106
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de 2020. Rad.: 39386; Sentencia del 19 de marzo de 2020. Rad.: 63572; Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.: 15476.
“Artículo 868.

Revisión del Contrato por Circunstancias Extraordinarias. Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea.”
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de septiembre de 2011. Rad.: 15476; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de febrero de 2012. Exp. 11001-3103-040-2006-00537-01. Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:
(…) Trátese aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabilidad civil contractual, razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer término, de la celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segundo lugar, de los elementos que son propios a aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona a quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado.
(…)
Si los contratos legalmente celebrados ‘son una ley para los contratantes’ (art. 1602 C.C.) y, por consiguiente, ‘deben ejecutarse de buena fe’ y ‘obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella’ (art. 1603 ib.), lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado por la ley misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para solicitar, por una parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, cuando la infracción le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma accesoria a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible, (…). Sobre el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: ‘El contrato legalmente celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo éstos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o consecuencial (arts. 1546 y 1818 del C.C.), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados” (Subrayado fuera del texto original). Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, Sentencia del 9 de marzo de 2001, rad. 5659.
“Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente”. Fl. 460 y 461, C.2
Fl.464, C.2. Fl. 96 a 151, C.1
Fl. 460 y 461, C, 2. Fl. 438 a459, C.2
Fl. 460 y 461, C.2
Fl.438 a 459, C. 2
Fl. 464 a 484, C.2
“CLAUSULA SEGUNDA:

PLAZOS DEL CONTRATO
La vigencia del Contrato se iniciará a partir de su perfeccionamiento, y comprenderá el plazo previsto para el cumplimiento de los requisitos de ejecución, el plazo de ejecución y el de liquidación. El plazo de ejecución de este Contrato es de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días calendario que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción el Acta de Inicio o de la fecha que en esta se indique. El plazo de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato es de cuatro (4) meses contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución o desde la fecha de terminación de la ejecución por cualquier otra causa; y el plazo de liquidación unilateral es de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo. ECOPETROL queda expresamente facultada para realizar la liquidación de manera unilateral, en caso de que no fuere posible realizarla de mutuo acuerdo dentro del plazo señalado para el efecto. La ampliación del plazo de ejecución o del de liquidación sólo se podrá realizar mediante acuerdo de voluntades de las Partes, y siempre y cuando aquel(los) se encuentre(n) vigente(s).”
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Concluida la ejecución del Contrato, el Gestor y el Contratista suscribirán el Acta de Finalización de la ejecución, y dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la firma de aquella, el CONTRATISTA procederá a cancelar los pagos pendientes a Subcontratistas y proveedores; salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal a su cargo que hubiere sido contratado para la ejecución del Contrato. Las partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Terminación de la ejecución. En caso de que el CONTRATISTA no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término antes citado, aquel faculta expresamente a ECOPETROL para que proceda a realizar la liquidación unilateral en el término de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo.
[…]”
Fl. 84 y 85, C.1 y Fl. 462 y 463, C.2
Fl.332 y 411, C.2
Fl.412 y 413, C.2
Fl. 414 y 420, C.2
Fl. 399 a 405, C.2
Fl. 425 a 427, C.2
Fl. 428 a 430, C.2
Fl. 298 a 300, C.1 y Fl. 432 a 434, C.2
Fl. 431, C.2
Fl. 435 a 436, C.2
Fl.393, C.2
Fl. 315 y 316, 391 y 392, C.2
Fl. 154, C.1
Fl. 317 a 319, C.2
Fl. 390, C.2
Fl. 389, C.2
Fl. 155 a 157, C.1
Fl.421 a 424, C.2
Fl. 86 y 87, C.1
Fl. 387 y 388, C.2
Fl 301 a 314 y 378 a 385, C.2. Fl 162 a 164, C.1 y 375 a 377, C.2
Fl. 352 a 365, C. 2 y Fl. 88 a 94, C.1. Fl. 165 a 191, C.1
Frente a la valoración de las fotografías, se ha sostenido que “Sobre la posible valoración de las fotografías que fueron allegados al proceso por el demandante, y que pretenden demostrar la ocurrencia de un hecho, debe precisarse que éstas sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad.: 28832. Este efecto consiste, como señala la doctrina:
“(…) que las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con su tenor, en su conjunto y en cada una de sus cláusulas.
(…) En el fondo, en la observancia del contrato y en la ejecución, reside el resultado práctico del contrato; es el resultado para cuya consecución se estipuló este.

Y que el contrato deba ser observado, es decir, que las partes cumplan con lo que se estableció en él, es un principio que deriva de aquel (de orden ético) del respeto a la palabra dada y de la consideración de que (aún prescindiendo del hecho de que el contrato es por lo común de prestaciones recíprocas y que, por consiguiente, la observancia por uno de los contratantes es el presupuesto de la observancia por el otro) el contrato suscita legítimas expectativas en cada uno de los contratantes; expectativas que no deben ser defraudadas…” Messineo, Francisco: Doctrina general del contrato. EJEA: Buenos Aires. 1952, p. 143 y ss.

El artículo 1602 del Código Civil dispone: “LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio, dispone: “PRINCIPIO DE BUENA FE. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
“3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado […] Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará”.
“4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

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