RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2005-00906-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-00906-01

Acción de controversias contractuales: accede parcialmente

Fecha
30 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-00906-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REQUERIR al abogado, Cesar Augusto Osorio Carmona portador de la Tarjeta Profesional No. 224.959 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en el término improrrogable de 5 días realice la presentación personal de los poderes. SEGUNDO: NO RECONOCER personería al abogado, Cesar Augusto Osorio Carmona portador de la Tarjeta Profesional No. 224.959 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de las sociedades Instituto de Diagnóstico Médico S.A. (IDIME S.A.), Virrey Solís I.P.S. S.A. y Centro Policlínico del Olaya (CPO S.A.), de conformidad con el artículo 65 del C.P.C. hasta tanto no se lleve a cabo la presentación personal de los poderes por parte del mencionado abogado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2005-00906-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

30 de mayo de 2019

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - Accede parcialmente

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL - Hecho no probado / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS MEDICAMENTOS / APELANTE ÚNICO - Alcance / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DAÑO DERIVADO DE CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE CONTRATO ESTATAL - Actualización de renta

SÍNTESIS DEL CASO: [L]as partes celebraron un contrato de prestación de servicios de salud que el demandante considera incumplido pues su contraparte no pagó en forma oportuna y completa las obligaciones derivadas del acuerdo.

PROBLEMA JURÍDICO: En consideración a los hechos probados y a los motivos de la apelación, la Sala deberá establecer si Cajanal incumplió las obligaciones de pago derivadas del contrato Nº 246 de 2003 en los términos señalados por la demandante

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - De conocer recurso de apelación / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Es competente para conocer de controversias contractuales

El presente asunto es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por tratarse de un proceso donde se pretende, a través de la acción contractual, la declaratoria del incumplimiento contractual por parte de una entidad pública. 38. El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - Hecho no probado / CONTRATO ESTATAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA - Carga probatoria del interesado / CARGA DE LA PRUEBA

Pactaron como modalidad de pago el sistema de pago por capitación, y como valor por los servicios prestados, el 65% (…) para las actividades de promoción y prevención de la salud se pactó el 4.17% (…) además, que la contratante pagaría el valor de la capitación por todos los servicios objeto del contrato, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la factura en debida forma (…) del acervo probatorio se concluye que los valores pendientes por pagar corresponden a las glosas realizadas por Cajanal frente a los pagos debidos por las capitaciones, y no frente a la totalidad de los conceptos de capitación, actividades de promoción y prevención que fueron ejecutadas en virtud del contrato celebrado (…) El saldo solo debía ser pagado, se insiste, en la medida en que las glosas eran aclaradas (…) aunque en el expediente no obra prueba de las aclaraciones respectivas a las glosas, un análisis probatorio integral permite observar que algunas sí fueron objeto de pago posterior, consideración que refuerza la importancia de conocer el alcance de las aclaraciones para que pueda proceder una eventual condena por incumplimiento (…) se evidencia que las pruebas allegadas no permiten concluir que el saldo pretendido por el demandante correspondiera a una obligación contractual que podía ser exigida, diferente al resultado del ejercicio de Cajanal de presentar glosas a las respectivas facturas y cuentas de cobro que le fueron presentadas, glosas que no fueron aclaradas por el demandante, como era su deber y carga procesal (…) no existe pruebas en el expediente que permitan predicar que fuesen aclaradas en debida forma (…) ante la ausencia de prueba, la Sala no podrá acceder a las súplicas de la demanda (…) a juicio de la Sala, el material probatorio estudiado resulta a todas luces insuficiente para despachar favorablemente la pretensión relativa al pago de la recapitación, toda vez que no fue posible determinar el número de usuarios

APELANTE ÚNICO - Alcance / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA - Actualización de renta / INTERESES MORATORIOS

El juez de primera instancia consideró de “vital importancia” el dictamen pericial en punto al tema del cobro de los medicamentos. Por ello, frente a las señaladas 40 facturas que fueron presentadas para este particular, por valor de $17.903.965, señaló (…) lo que en entender de la Sala conllevó necesariamente a no pagar los valores facturados en el término de los 2 meses establecidos en el contrato 246 de 2003.” Basado en las anteriores consideraciones el Tribunal accedió a esta pretensión. 76. Como este elemento no fue objeto de apelación (el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por la parte demandante), además de las consideraciones sobre la prohibición de reforma en perjuicio del apelante único, esta Sala se limitará a pronunciarse sobre lo que fue objeto del recurso, al tiempo que confirmará esta decisión y procederá a realizar la debida actualización del valor reconocido. 77. Para el realizar cálculo, el juez de primera instancia tomó el valor que estableció el dictamen pericial y lo actualizó a la fecha del fallo; luego tomó el valor actualizado y calculó sobre él un interés moratorio correspondiente a 18 meses de mora; sin embargo, esta Sala se apartará del cálculo realizado pues la suma inicial sobre la que se parte, que fue calculada por el dictamen pericial, ya contenía un cálculo “por intereses de mora y devaluación de la moneda actualizados a enero de 2007”, lo que impide que se calculen nuevos intereses de mora a una suma sobre la que se había realizado lo propio. Por ello, lo que corresponde es actualizar la cifra del dictamen, tomada por el juez de primera instancia, a la fecha del presente fallo

LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - Procedente / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE CONTRATO ESTATAL

De conformidad con la pretensión que apuntan a la liquidación judicial del contrato, la misma se despachará favorablemente pues, con apoyo en las normas del Estatuto Contractual, al ser un contrato de tracto sucesivo, y ante la falta de liquidación bilateral durante el término de 8 meses, o de liquidación unilateral, la Administración perdió la competencia para hacerlo. Por lo anterior, la pretensión de liquidación judicial está llamada a prosperar y así se realizará en parte resolutiva de la presente providencia

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 65 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 171 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1608 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1615 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00906-01(36338)

Actor: UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS I.P.S. S.A.

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL)

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (SENTENCIA)

Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Síntesis del caso: las partes celebraron un contrato de prestación de servicios de salud que el demandante considera incumplido pues su contraparte no pagó en forma oportuna y completa las obligaciones derivadas del acuerdo.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de 13 de agosto de 2008, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones – 3. Decisión

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda y su trámite de primera instancia – 1.2. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

1.1. La demanda y su trámite de primera instancia

El 11 de abril de 2005, a través de apoderado judicial, la Unión Temporal Virrey Solís presentó demanda en contra de la Caja Nacional de Previsión Social SA EPS en liquidación (Cajanal), en ejercicio de la acción contractual, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones relacionadas con el Contrato Nº 246 de 2003: 1) Cajanal incumplió su obligación de liquidar y pagar en debida forma las capitaciones; 2) Cajanal incumplió la obligación pactada al no destinar los recursos necesarios suficientes para cubrir el valor del contrato y realizar los pagos en forma oportuna y completa para los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003; 3) Cajanal incumplió la obligación de pagar en debida forma el valor de las actividades de promoción y prevención de acuerdo con lo contemplado en las Resoluciones 0412 y 3384 de 2000 del Ministerio de Salud; 4) Cajanal incumplió su obligación al no destinar recursos para cubrir el pago oportuno de las actividades de promoción y prevención; 5) Cajanal incumplió su obligación al negarse a pagar el valor correspondiente a los medicamentos “No Pos” homologados y no homologados del Plan Obligatorio de Salud dentro del plazo convenido que fueron oportunamente suministrados por la demandante a los usuarios y sus beneficiarios; 6) Cajanal incumplió sus obligaciones al negarse, de manera injustificada, a pagar la capitación en los meses de marzo a octubre de 2003 por todos los usuarios contenidos en la base de datos que estaban en situación de inactivos por errores de la demandada; 7) que como consecuencia de las declaraciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Cajanal está obligada a pagar las sumas adeudadas junto con los intereses legales y la indexación o corrección monetaria de las mismas; 8) que, con relación a las pretensiones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, se declare que la Unión Temporal Virrey Solís IPS y las sociedades que la conforman cumplieron con sus obligaciones; 9) Cajanal está obligada a pagar los perjuicios materiales causados por el incumplimiento de sus obligaciones, perjuicios representados en los rendimientos financieros que debieron reportar las sumas impagadas; 10) que el término para liquidar el contrato de mutuo acuerdo o de manera unilateral se encuentra vencido; 11) condenar en costas a Cajanal; 12) condenar en agencias en derecho a Cajanal.

La demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se realizaran las siguientes condenas (se trascribe):

“PRIMERA: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS al pago de la suma ($1.355.660.588.oo), valor que corresponde a los saldos de las capitaciones de los usuarios de Cajanal- EPS, obligaciones pactadas en las cláusulas séptima y quinta del contrato en los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003, más la indexación o corrección monetaria de dicha suma, de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística –DANE- al momento en que se profiera el laudo arbitral. Así mismo condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS al pago de los intereses legales por mora por los valores correspondientes a los saldos por capitación así:
SALDOS POR PAGOS NO EFECTUADOS POR LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL-CAJANAL-EPS POR CONCEPTO DE CAPITACIÓN

“FACTURADO POR CAPITACIÓN
Nº FACTURA
TOTAL
Saldo por capitación de abril
175
$6.266.222.00
Saldo por capitación junio
197
$23.879.901.00

Saldo por capitación julio
215
$149.051.917.00
Saldo por capitación agosto
217
$153.525.977.00
Capitación septiembre
240
$510.459.803.00
Capitación octubre
242
$512.476.768.00
TOTAL

$1.355.660.588.00
“TOTAL SALDOS POR CAPITACIÓN A FAVOR DE LA U.T.VIRREY SOLÍS ($1 .355 660.880)

“Los intereses que deberán liquidarse a las tasa establecida en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible (los días 15 de cada mes y a partir del mes de noviembre de 2000) y hasta el día en que se profiera el fallo en el presente proceso.

“SEGUNDA: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS- al pago de la suma ($85.645.178.oo) valor que corresponde a los saldos de las actividades de Promoción y Prevención de la enfermedad efectuadas a los usuarios de CAJANAL-EPS-, obligaciones pactadas en las Cláusulas Séptima y Quinta del contrato estatal de prestación de servicios de salud n.º 246 del 28 de febrero de 2003, al no destinar los recursos necesarios para cubrir el valor del contrato y a realizar los pagos en forma oportuna y de manera completa a la UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS-IPS las actividades de Promoción y Prevención de acuerdo con lo contemplado en las Resoluciones 0412 y 3384 de 2000 del Ministerio de Salud en los meses de julio, agosto, septiembre, y octubre de 2003; más la INDEXACIÓN o corrección monetaria de dicha suma, de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística D.A.N.E. al momento en que se profiera el laudo arbitral. Así mismo condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS- al pago de los intereses legales por mora por los valores correspondientes a los saldos por capitación así:

“FACTURADO UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PENDIENTE DE PAGO

FACTURADO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
N.º Factura
TOTAL
ACTIVIDADES P Y P JULIO
216
$22.008.753.00
ACTIVIDADES P Y P AGOSTO
218
$22.086.317.00
ACTIVIDADES P Y P SEPTIEMBRE
241
$20.698.053.00
ACTIVIDADES P Y P OCTUBRE
243
$20.852.055.00
TOTAL

$85.645.178.00

“TOTAL SALDOS POR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A FAVOR DE LA U.T.VIRREY SOLIS ($85.645.178).

Los intereses que deberán liquidarse a la tasa establecida en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible a los 15 días hábiles de cada mes a partir de la radicación de la cuenta y hasta el día en que se profiera el fallo en el presente proceso.

“TERCERA: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL S.A.-EPS- al pago de los intereses por mora por el incumplimiento de la obligación pactada en la Cláusula Séptima del contrato Estatal de prestación de servicios de salud N.º 246 del 28 de febrero de 2003, al liquidar y pagar las capitaciones y las actividades de promoción y prevención de la enfermedad por fuera del plazo de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de las facturas del mes al que se prestó el servicio y se radicaron de acuerdo con lo pactado con la UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS IPS de los siguientes meses:

“NO FACTURA
VALOR FACTURA
FECHA DE RADICAIÓN
FECHA DE PAGO PARCIAL
MESES DE RETRAZO
175/Cap abril
$543.445.279
19/05/03
18/07/03
22
197/Cap junio
$534.428.035
14/0703
03/09/03
20
215/Cap julio
$535.355.332
14/08/03
22/12/03
19
217/Cap agosto
$538483.149
29/09/03
31/12/03
18
240/Cap sept
$510.459.803
21/10/03
Sin pago
17
242/Cap oct.
$546.466.222
11/11/03
Sin pago
16
216/PyP julio
$22.008.753
14/08/03
Sin
19

218/ PyP agosto
$22.086.317
29/09/03
Sin pago
18
241/ PyP sep
$20.698.053
21/10/03
Sin pago
17
243/PyP oct.
$20.852.055
10/11/03
Sin pago
16

“CUARTA: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS- al pago de la suma de ($17.903.965.00) M7CTE., valor que corresponde al costo de los medicamentos homologados y no homologados suministrados por la UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS IPS a los usuarios de CAJANAL-EPS y cuya obligación estaba pactada en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Primera y el Parágrafo tercero de la Cláusula Sexta del contrato; más la INDEXACIÓN o corrección monetaria de dicha suma, de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística D.A.N.E. al momento en que se profiera el fallo. Así mismo condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS, al pago de los intereses legales moratorios que causen cada una de las cuentas de cobro por concepto de los medicamentos NO POS de conformidad con los siguientes valores:

SALDOS POR MEDICAMENTOS NO POS AUTORIZADOS POR CAJANAL EPS

FACTURA
FECHA DE FACTURA
FECHA DE RADICACIÓN
TOTAL
186
Junio 19/03
Junio/24/03
198.932.00
187
Junio 19/03
Junio 24/03
370.529.00
188
Junio 19/03
Junio 24/03
524.396.00
189
Junio 19/03
Junio 24/03
80.805.00
190
Junio 19/03
Junio 24/03
207.404.00
191
Junio 19/03
Junio 24/03
84.000.00
192
Junio 19/03
Junio 24/03
279.708.00
193
Junio 19/03
Junio 24/03
387.016.00
194
Junio 19/03
Junio 24/03
138.870.00
195
Junio 19/03
Junio 24/03
138.870.00
206
Julio 25/03
Julio 28/03
216.011.00
207
Julio/25/03
Julio/28/03
451.572.00
208
Julio/25/03
Julio/28/03
113.572.00
209
Julio/25/03
Agosto/25/03
270.473.00
210
Agosto/21/03
Agosto/25/03
55.106.00
211
Agosto/21/03
Agosto/25/03
1.101.567.00
212
Agosto/21/03
Agosto/25/03
297.700.00
213
Agosto/21/03
Agosto/25/03
83.661.00
214
Agosto/21/03
Agosto/25/03
424.602.00
219
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
370.529.00
220
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
345.204.00
221
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
84.000.00
222
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
297.700.00
223
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
345.204.00
224
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
216.011.00
225
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
95.622.00
226
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
110.000.00
227
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
198.932.00
228
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
93.848.00
229
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
237.030.00
230
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
4.508.616.00
231
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
1.865.612.00
232
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
318.753.00
233
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
55.106.00
234
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
207.404.00
235
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
297.700.00
236
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
1.101.567.00
237
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
632.045.00
238
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
270.473.00
239
Septiembre/29/03
Octubre/1/03
216.216.00

INTERESES POR MORA

691.691
TOTAL

17.903.965.00

“TOTAL SALDOS POR MEDICAMENTOS NO POS A FAVOR DE LA U.T.V.S. ($17.903.965).

Los intereses que deberán liquidarse a la tasa establecida en el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, desde la fecha en que la obligación se hizo exigible con la presentación de las facturas y hasta el día en que se profiera el fallo en el presente proceso.

“QUINTA: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS, al pago de la suma (148.312.417) M/CTE., valor que corresponde a los porcentajes del 65% de las UPC DE LAS CAPITACIONES de los usuarios de CAJANAL EPS, obligaciones pactadas en las Cláusulas Segunda y Séptima del contrato Estatal de prestación de servicios de salud n.º 246 de febrero de 2003, al negarse de manera injustificada a pagar de manera completa a la UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS IPS la capitación en los meses de marzo a octubre de 2003, por todos los usuarios contenidos en la base de datos que estaban en la situación de inactivos por errores de CAJANAL EPS, pero estos usuarios si eran compensados adicionalmente al sistema posteriormente al ponerse al día el usuario en sus aportes de salud, pero no cancelados posteriormente a la Unión Temporal a pesar que el porcentaje del 65% de UPC por estos usuarios le corresponden al contratista; más la INDEXACIÓN o corrección monetaria de dicha suma, de conformidad con el índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Nacional de Estadística –D.A.N.E. al momento en que se profiera el laudo arbitral. Así mismo, condenar a CAJANAL EPS, al pago de los intereses legales por mora por los valores correspondientes a estos valores.

“SEXTA: Condenar a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-EPS a pagar los perjuicios materiales causados a la UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS IPS por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales; perjuicios representados en los rendimientos financieros que debieron reportar las sumas impagadas, desde el momento en que debían cancelarse y hasta el día en que proceda el pago efectivo de los mismos.

“SÉPTIMA: Condenar en costas a la entidad Promotora de Salud CAJANAL S.A. EPS por obligar a la Unión Temporal Virrey Solís IPS a concurrir a este mecanismo judicial para resolver sus pretensiones.

“OCTAVA: Amparado en la sentencia de la Honorable Corte Constitucional de fecha 28 de julio de 1999 (C-539) del expediente n.º D2313 mediante la cual se declaró inexequible la excepción de condenas en agencias en derecho en favor de la Nación y las demás entidades territoriales, por constituir un tratamiento discriminatorio que viola el principio de la igualdad (artículo 13 de la Constitución Política) de que trata el inciso 2 de numeral 1 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil solicito respetuosamente al Honorable Tribunal se sirva condenar en agencia en derecho a la Entidad Promotora de Salud CAJANAL EPS entidad demandada, en cuantía que considere pertinente y en favor de mis representados.

“NOVENA: Ordenar la liquidación en sede judicial del contrato estatal de prestación de servicios de salud n.º 246 de 28 de febrero de 2003, incluyendo en la misma, los valores que se reconozcan a la UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS IPS, en virtud de las condenas relacionadas en las pretensiones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima del presente acápite”.

En la demanda la parte actora narró, en síntesis, los siguientes hechos:

1) La Unión Temporal Virrey Solís Ips y Cajanal-EPS suscribieron el contrato Nº 246 de 28 de febrero de 2003, para la prestación, en forma directa, de los servicios de salud contemplados en los niveles I, II y III en el Plan Obligatorio de Salud P.O.S., cuya ejecución inició el 1 de marzo de 2003.

2) Una vez iniciada la ejecución del contrato, Cajanal le entregó al contratista, en una lista magnética y física, la población usuaria a la que se debía prestar el servicio.

3) La demandante adujo que Cajanal no pagó de manera oportuna, dentro del término de 20 días hábiles, la liquidación mensual de los servicios de salud capitados para los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2003 por los usuarios que le fueron asignados en el comprobador magnético; como consecuencia se le adeudaba la suma de $1.355.660.588.

4) Cajanal expidió autorizaciones para que fueran atendidos usuarios que no se encontraban dentro del comprobador de derechos, para lo cual Cajanal pagaría por evento los servicios prestados a tarifas SOAT. Esta práctica generó que no se le reconociera a la Unión Temporal (U.T.) los valores que contractualmente le pertenecen por haberle garantizado a los usuarios la accesibilidad al servicio, lo que hizo que la U.T. dejara de percibir $148.312.417 que deben ser liquidados a su favor.

5) Las inconsistencias tenían su origen en los errores de información contenidos en la lista magnética entregada por la entidad promotora de salud cada mes, en la que, “de manera inexplicable” desaparecían los usuarios de la base de datos al momento de la expedición de la certificación para el pago en la fecha en que eran atendidos, y aparecían nuevamente en otro mes posterior en situación de activos, variaciones que producían la diferencia de usuarios certificados por Cajanal.

6) Cajanal tampoco pagó de manera completa y oportuna los servicios de salud de las actividades de promoción y prevención de la enfermedad para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2003, argumentando la existencia glosas a los servicios, las cuales no habían sido aclaradas por el interventor o supervisor del contrato. Como consecuencia de esta omisión, se le adeudaba a la U.T. la suma de $85.645.178 por ese concepto.

7) La suma de $17.903.965, correspondiente al costo de medicamentos homologados y no homologados suministrados por la U.T. no había sido pagada por Cajanal.

8) Para la demandante, Cajanal causó un grave e injustificado perjuicio a la U.T. al negarse a pagar oportunamente los servicios prestados por los conceptos de capitación, el no pago por las diferencias en la capitación, las actividades de promoción y prevención de la enfermedad y los medicamentos fuera del POS.

El 18 de mayo de 2005, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B admitió la demanda.

Cajanal contestó la demanda, oportunidad en la que se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas, por considerar que las obligaciones pactadas en el contrato Nº 246 de 2003 habían sido cabalmente cumplidas por parte de la entidad contratante, teniendo en cuenta que se cancelaron al contratista las sumas acordadas en el contrato.

Afirmó que no se le podía condenar al pago de $1.355.660.588 que, por concepto de saldo en el pago de capitaciones, imputó la entidad demandante, pues no se había explicado de dónde se desprendía ese valor, en especial, cuando la Tesorera General de Cajanal S.A. EPS en liquidación certificó los pagos por las capitaciones que se pretendían cobrar. Indicó, además, que el valor de $85.645.178 correspondiente a saldos de actividades de promoción y prevención de la enfermedad que la IPS reclamaba, le habían sido canceladas, de conformidad con la certificación expedida por la Tesorera General.

Señaló la imposibilidad de reconocer los intereses solicitados en la demanda, en tanto la entidad demandada cumplió oportunamente con el pago de las obligaciones pactadas que no hubieran presentado glosas, por lo que no existía ninguna obligación pendiente.

Refirió que el reconocimiento y pago, por concepto de medicamentos homologados y no homologados, debió cumplir los requisitos contractualmente pactados, además de la condición de no haber sido glosados, requerimientos exigidos por el Fosyga para su posterior recobro.

Estimó que la Unión Temporal Virrey Solís había confundido los procesos de capitación y compensación, el primero referido a un sistema de pago entre la IPS contratada y la Entidad Promotora de Salud (EPS), y, el segundo, proceso que se surte entre la EPS y el Sistema de Seguridad Social en Salud, sin que el altísimo porcentaje de glosas sobre la población a compensar hubiese obstado, a la entidad contratante, para realizar el pago por la prestación de los servicios de salud suministrados por la IPS.

Por último, se opuso a la condena en costas y agencias en derecho solicitadas por la demandante, pues, en su entender, no se había demostrado incumplimiento alguno de las obligaciones contraídas por la contratante, toda vez que las diferencias presentadas correspondían a las glosas efectuadas.

El 13 de agosto de 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección, B profirió sentencia de primera instancia mediante la cual declaró que Cajanal incumplió parcialmente el contrato ya que no había realizado el pago oportuno de los medicamentos “No Pos” y, como consecuencia, la condenó a pagar $38.777.082; declaró liquidado judicialmente el contrato, con un saldo a favor del contratista de $32.861.934; y denegó las demás pretensiones.

Para arribar a su decisión, el juez de primera instancia, valoró las pruebas, excluyendo aquellas documentales que fueron allegadas en fotocopias simples pues, en su consideración, carecían de valor probatorio.

De manera previa, el juzgador de primera instancia se pronunció sobre la intervención del Ministerio Público en la que había señalado que, dado que Cajanal había entrado en liquidación, todas las acreencias debían hacerse valer dentro del proceso concursal. Para el Tribunal el concepto del Ministerio Público no debía ser atendido en este punto pues, respecto de los procesos judiciales que cursan contra una entidad pública que ha entrado en liquidación, no debían llevarse a la liquidación los derechos que están siendo debatidos, sino las acreencias que puedan ser exigidas como ocurriría en un proceso ejecutivo, o donde se deban levantar medidas cautelares de embargo sobre bienes de la entidad. Así, el trámite liquidatorio no involucra los procesos en los que está en entredicho la existencia de derechos, como la obligación de la entidad pública de satisfacer sus créditos.

Indicó que, si bien, las partes, en la cláusula 21, estipularon que la solución de las controversias suscitadas en desarrollo del contrato serían resueltas mediante los diversos mecanismos de solución alternativa de conflictos, lo cierto era que, con la presentación y contestación de la demanda, debía entenderse que había operado la renuncia tácita de esta estipulación, por lo que el Tribunal era el competente para conocer de la controversia.

Señaló que los miembros de la Unión Temporal Virrey Solís integraron en debida forma el litisconsorcio necesario a la hora de comparecer al proceso, ya que sus tres integrantes, a través de sus respectivos representantes legales, confirieron poder a un profesional del derecho para que instaurara la acción contractual.

Luego de presentar algunas consideraciones sobre el sistema general de seguridad social en salud, se pronunció sobre la figura de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), para indicar que esta consistía en el valor único estimado por persona, de los costos en los que se debía incurrir por la prestación de servicios de salud.

Finalmente, el Tribunal analizó los posibles incumplimientos contractuales de Cajanal para señalar que, en punto a las pretensiones por incumplimiento de pago, estas no estaban llamadas a prosperar pues las sumas que se reclamaban como insolutas correspondían a los valores glosados en cada una de las facturas relacionadas, tal y como lo había evidenciado el dictamen pericial practicado. Así, el pago de estas glosas, ante la ausencia de estipulación contractual de las partes, debía surtirse conforme a lo establecía el artículo 4 del Decreto 723 de 1997, normatividad que determinó que la IPS se encontraba en la obligación de aclarar las objeciones dentro de los 20 días siguientes a su comunicación formal, pero que, en todo caso, los saldos serían pagados una vez fueren aclaradas las inconsistencias, por lo que no se podía hacer extensivo el plazo pactado para el pago de las facturas no objetadas.

Reprochó el Tribunal que la U.T. no hubiese estructurado sus pretensiones en el sentido de solicitar el pago de los valores objeto de glosa, para lo cual resultaba indispensable el aporte de todos los documentos en los que constara su aclaración, debidamente aceptadas por Cajanal, instrumentos con los cuales pudiese acreditar el retraso en el pago de las referidas sumas, yerro que imposibilitaba que el juez del contrato ordenara el pago de unos servicios médicos frente a los cuales no tenía certeza de su prestación.

En lo que tenía que ver con las pretensiones de pago de las facturas de medicamentos “No Pos”, con apoyo en el dictamen pericial rendido, que no fue objetado por las partes procesales, el juez de primera instancia estableció que la entidad contratante incumplió pagar, dentro del término convenido, las facturas por este concepto, producto del desorden administrativo que presentaba, toda vez que se probó que las cuentas de cobro radicadas cumplían con todos los requerimientos legales exigidos para su cancelación, por lo que no resultaba justificado la retención del dinero por parte de la EPS. Por ello, ordenó el pago de la suma de $38.777.082, producto de la indexación y del cálculo correspondiente a 18 meses de mora.

En lo relativo a la solicitud de desembolso del 65% de la UPC de los meses de marzo a octubre de 2003, por todos los usuarios incluidos en la lista magnética, que se encontraban inactivos, pero que, dado el pago de sus aportes al régimen, eran compensados por el sistema, consideró que tampoco podía accederse a lo pretendido, pues no existía certeza sobre el número de usuarios retirados de las bases de datos por parte Cajanal EPS, por ello, dado que no se habían acreditado, suficientemente, los hechos constitutivos de posible incumplimiento, no accedió a las súplicas de la demanda.

En lo que tiene que ver con la liquidación judicial del contrato de prestación de servicios de salud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a lo pretendido en consideración a que, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el contrato se definía como aquellos de tracto sucesivo, frente al cual la Administración perdió la competencia para liquidarlo por no haber ejercido su prerrogativa dentro de los 2 meses siguientes al plazo convencional de liquidación de 8 meses. Por ello el juez procedió a su liquidación y, como consecuencia, impuso como valor reconocido a favor de la U.T. la suma de $32.861.934 correspondiente al valor del suministro de los medicamentos No Pos.

Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

El 17 de octubre de 2008 el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Reiteró los hechos y pretensiones expresados en la demanda, además de señalar:

Que el Tribunal Administrativo apreció de forma indebida el material probatorio que obra en el expediente, pues se aportó un número importante de documentos que daban cuenta del proceso de reclamación adelantado por la IPS en aras de que fueran pagadas las sumas glosadas por la entidad contratante, proceso que dio como resultado el aval de la EPS para levantar algunas de las objeciones de pago.

Expresó que el fallo desconocía el dictamen pericial que fue solicitado por la parte y decretado por el juez, en el cual se concluía la existencia de saldos por cancelar por parte de Cajanal EPS a favor de la U.T. por valor de $1.224.695.915 en relación con las facturas de la capitación; la suma de $85.645.178 en relación con los servicios capitados de promoción y prevención de la enfermedad; y la suma de $185.793.559.00 en relación con la recapitación, experticia que no fue objetada por la demandada.

Apreció que el pronunciamiento del Tribunal había constituido “una vía de hecho al no darse aplicación a normas procesales como son los artículos 187 y 241 del Código de Procedimiento Civil, esto como resultado de un hecho determinante como fue la no apreciación de la prueba de manera objetiva de acuerdo al principio de la sana crítica y la no consideración de forma integral del dictamen pericial, lo que condujo a no haber optado el resultado final del mismo, ni las pruebas allegadas por la demandada CAJANAL EPS”.

Las partes presentaron los respectivos alegatos de conclusión en los que reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso. Cajanal en liquidación reiteró que no incumplió las obligaciones derivadas del contrato suscrito que le endilgaba la U.T., toda vez que el no pago oportuno de los servicios prestados tuvo su origen en las glosas realizadas al momento de verificar la procedencia del pago, las cuales no fueron solventadas por la prestadora del servicio, tal cual se lo imponía, no solo el acuerdo de voluntades, sino la ley misma. Por su parte, la Unión Temporal Virrey Solís reiteró en su integridad los argumentos esbozados en el recurso de apelación impetrado.

El Ministerio Público emitió concepto en el que señaló que “coincide con la evaluación realizada por el a quo [pues] los elementos aportados al proceso no dan lugar a establecer los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones negadas por el a quo y referidas a la recapitación, mora en el pago de las glosas de las cuentas y perjuicios materiales ocasionados […] la carga de la prueba le corresponde a la parte que alega un hecho, y en este caso la situación fáctica en que se funda las pretensiones de la demanda no fue acreditada con los medios de convicción allegados al proceso y por ello, es dable confirmar la sentencia de primera instancia respecto de las pretensiones negadas”.

Mediante Auto de 7 de mayo de 2010, el Consejero Ponente (E) Mauricio Fajardo Gómez, resolvió no tener como pruebas los documentos aportados con el escrito de sustentación del recurso de apelación, pues las partes estaban llamadas a cumplir con su carga probatoria en su respectiva etapa procesal y, en este caso, la oportunidad para aportarlas habría precluido.

El magistrado Ramiro Pazos Guerrero manifestó su impedimento para conocer del asunto por haber participado en la decisión de primera instancia, impedimento que le fue aceptado mediante Auto de 23 de julio de 2008.

Mediante Auto de 23 de julio de 2018, la Consejera (E), Stella Conto Díaz del Castillo, resolvió tener como sucesor procesal de Cajanal EPS a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, en observancia de los establecido en el Decreto 4409 de 2004, artículo 18, parágrafo 2.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Jurisdicción y competencia – 2.2. Hechos probados - 2.3. Caso concreto - 2.4. Sobre el incumplimiento contractual - 2.6. Sobre la condena en costas

2.1. Jurisdicción y competencia

El presente asunto es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por tratarse de un proceso donde se pretende, a través de la acción contractual, la declaratoria del incumplimiento contractual por parte de una entidad pública .

Si bien, en punto a la eventual cláusula compromisoria que había sido pactada por las partes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que, con la presentación de la demanda y su contestación, había operado la renuncia tácita, debe advertirse que los términos de la cláusula pactada no permitían entender la preexistencia de una cláusula compromisoria, pues se limitaron a señalar (se trascribe): “CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. – SOLUCIÓN DE CONTROVERSISAS: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por cualquiera de los mecanismos de solución directa de controversias autorizada por la ley”.

El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Hechos probados

Frente a los medios probatorios que obran en el expediente, el Tribunal Administrativo decidió limitar su análisis a aquellas pruebas que fueron aportadas en copia auténtica, pues consideró que las fotocopias simples carecían de valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del CPC; sin embargo, esta Sala estudiará y se pronunciará sobre las pruebas que fueron aportadas en copia simple, pues, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, se reconoce el valor probatorio de los documentos allegados en copia simple siempre que reúnan los requisitos establecidos, esto es, que fueran aportados oportunamente, que hayan obrado a lo largo del proceso, que no hayan sido tachados u objetados por falsedad y que no versen sobre asuntos en los que la ley exige la prueba mediante copias auténticas.

En consideración a los medios de prueba regularmente aportados al proceso, se acreditaron los siguientes hechos relevantes:

En el año 2003 se suscribió entre Cajanal –EICE- y la Unión Temporal Virrey Solís IPS S.A., el contrato de prestación de servicios de salud Nº 246. Su objeto se encontraba circunscrito a la prestación de servicios de salud por parte del IPS Virrey Solís correspondientes a los niveles I a III completos del Plan Obligatorio de Salud, incluidos los medicamentos POS y los no POS para los niveles contratados y los programas de promoción y prevención de la enfermedad de conformidad con la normatividad vigente para ese momento y los planes de Cajanal.

La población beneficiada con la prestación del servicio estaba constituida por: 1) las personas acreditadas e identificadas como afiliados de Cajanal -cotizantes y beneficiarios-, personal que debía constar en una lista magnética entregada por la contratante que a la fecha del convenio figurara en estado activo, 2) personal que figurara en las listas entregadas en un estado diferente al activo pero que presentara los dos últimos recibos de pago y 3) población con certificación individual emitida por autoridad competente.

Pactaron como modalidad de pago el sistema de pago por capitación, y como valor por los servicios prestados, el 65% de la misma por grupo etáreo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud vigente; para las actividades de promoción y prevención de la salud se pactó el 4.17% del valor de la UPC mensual que correspondía al valor anual asignado por el Fosyga, adicional al valor de la cuota moderadora o el copago. Estipularon, además, que la contratante pagaría el valor de la capitación por todos los servicios objeto del contrato, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la presentación de la factura en debida forma.

La Unión Temporal Virrey Solís S.A. solicitó, el 24 de febrero, el 9 de septiembre y 8 de noviembre de 2004, la liquidación del contrato ante el acaecimiento del término pactado para ese fin, liquidación que, de acuerdo a la cláusula 26, debía surtirse dentro de los 8 meses siguientes a su terminación. Indicó que, a la fecha de los requerimientos, se encontraban saldos pendientes de pago por la suma de $1.503’322.660 correspondientes a capitaciones y actividades de promoción y prevención de la enfermedad.

La coordinadora del grupo de tesorería y pagaduría de Cajanal certificó el pago efectivo de distintos rubros, constancia que fue expedida con ocasión del contrato 246/03, cuyo valor neto corresponde a la suma de $2.563.098.342.

Obra en el expediente la relación de la población activa adscrita a Virrey Solis IPS en los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre, para efectos de determinar la población capitada.

La directora seccional de Cundinamarca y Bogotá expidió certificaciones, para los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, en las que se señaló que la IPS Virrey Solis prestó los servicios asistenciales a los afiliados reportados en el comprobador de derechos. No obstante, en las mismas certificaciones se señaló que el valor a descontar por los servicios no prestados por la IPS debía ser determinado por el Nivel Central, pues la Seccional no contaba con esa información. Debe recordarse que el demandante pretendió el pago de los saldos pendientes correspondientes a la UPC por la prestación de servicios de salud para los meses de abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre; y de la capitación por las actividades de promoción y prevención para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Por lo anterior, solo serán valoradas las certificaciones y facturas que correspondan a los meses en los que se pretende el cobro de los pretendidos saldos, por lo que no se valorarán, en consecuencia, certificaciones que correspondan, bien a la ejecución de otros contratos distintos al que origina la presente controversia, bien a certificaciones de población de meses en los que no se está realizando reclamación alguna.

La Secretaría General de Cajanal certificó la población capitada para los meses de julio de 2003, agosto de 2003, septiembre 2003 y octubre de 2003, documentos donde se indicaba que la respectiva certificación de población era la “única válida para el cobro de los servicios prestados por capitación”.

De la valoración probatoria, cuando se estudian las diversas certificaciones, se observa que, de la mano de los certificados de la Secretaría General, obran en el expediente otras certificaciones de la Oficina de Informática, que tenían como fuente la Oficina de Afiliaciones y Novedades, que permitirían identificar la población objetivo para el resto de meses, esto es, para los meses de abril y junio. Debe señalarse que, en estas certificaciones se indicó que las poblaciones activas adscritas a la IPS estaban en todo caso sometidas a un posterior proceso de verificación pues, tal y como se señaló en las notas respectivas que acompañaban las anotadas certificaciones: “la población arriba anotada está sujeta a corrección toda vez que está pendiente por aclarar los registros duplicados de la población afiliada y afiliados fallecidos. Una vez identifica la IPS de estos afiliados, se procederá a descontar su capitación a la IPS donde No corresponda”.

Con base en la certificación expedida por Cajanal, el contratista presentaba las respectivas cuentas de cobro para la capitación por la prestación de los servicios de salud y la capitación por actividades de promoción y prevención.

Para el mes de abril de 2003 se evidenció cómo, de la mano de la certificación expedida por la Auditoría de Cuentas de Capitación, del número inicial de personas que generó el cobro por capitación, se realizaron glosas respectivas en el valor a pagar.

En punto a la revisión que hacía la entidad luego de que fueran revisadas y justificadas las razones para las glosas, algunas eran levantadas; no obstante, en el expediente obra el levantamiento de algunas glosas que corresponden a contratos diferentes celebrados entre las mismas parte en litigio, que fueron ejecutados con anterioridad al contrato que originó la presente demanda.

Escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que la Contadora General de Cajanal EPS en liquidación, como respuesta al numeral 2 del acápite de pruebas, informó sobre las facturas cobradas, el valor glosado, el pago, el saldo y el concepto pago parcial de las glosas relacionadas con el contrato 246.

Factura
Vr. Bruto
Vr. Glosado
Vr. Pagado
Saldo
Observación
175
543,445,279
162,437,480
537,179,057
6,266,222
Se pago parcialmente la glosa
197
534,428,035
23,879,901
510,548,134
23,879,901
Ei saldo corresponde al valor Glosado
215
535,655,333
149,051,917
386,603,416
149,051,917
El saldo corresponde al valor Glosado
216
22,008,753
13,393,600
8,615,153
13,393,600
El saldo corresponde al valor Glosado
217
538,483,149
153,525,977
533,317,601
5,165,548
Se pago parcialmente la glosa
218
22,086,317
15,336.000
6,750,317
15,336,000
El saldo corresponde al valor Glosado
241
20,698,053
16,306,100
4,391,953
16,306,100
El saldo corresponde al valor Glosado

“De las facturas del ítem 1 números 172, 240, 242, 243, las facturas relacionadas en el ítem 2 de su comunicado y la cuenta de cobro 1543, no se halla información alguna en el software contable ADFI”.

Testimonio rendido por Rodolfo Ernesto Gutiérrez Parra, auditor de cuentas del contrato, en el que informó sobre el cobro por recapitación presentado y la forma en que este operaba.

El dictamen pericial rendido por Nubia Belén Moreno Rivera, como perito contador, prueba solicitada por la parte actora. En él se dio cuenta, entre otros, de la imposibilidad del perito de localizar en las instalaciones de Cajanal la cuenta de cobro UT-1543 que correspondería al cobro por recapitación.

El dictamen señaló además que, de conformidad con las normas aplicables al caso, vigentes para la época, en particular el Decreto 723 de 1997, y ante los vacíos frente a la forma de pago del contrato, se debía entender:

“Que a partir de la entrada en vigencia, las entidades promotoras de salud deberían comunicar a los prestadores de servicios, el mes en el cual recibirían las facturas o cuentas de cobro, periodo que sería de 10 días calendario.
Que la EPS contaría con un plazo de 20 días calendario, contados a partir del vencimiento del periodo anterior, para revisar integralmente la cuenta y aceptarla u objetarla.
En caso de no objeción, la EPS debería pagar la cuenta de cobro dentro de los 10 días calendario siguientes al vencimiento del plazo estipulado en el numeral precedente.
En caso de objeciones, las EPS debería pagar al prestador de los servicios de salud cuando la factura fuera objetada total o parcialmente, el 60% del monto objetado dentro del término estipulado en el numeral 3º del artículo anterior, salvo que se pacte otra forma de pago. El saldo será cancelado una vez se aclaren por parte del prestador del servicio las objeciones efectuadas por la entidad promotora. Las sumas no objetadas deberán ser canceladas en su totalidad.”

2.3. Caso concreto

En consideración a los hechos probados y a los motivos de la apelación, la Sala deberá establecer si Cajanal incumplió las obligaciones de pago derivadas del contrato Nº 246 de 2003 en los términos señalados por la demandante.

2.4. Sobre el incumplimiento contractual

Los incumplimientos alegados por la parte actora pueden ser divididos de la siguiente manera, a efectos de que la Sala pueda realizar el correspondiente estudio y pronunciarse sobre ellos en debida forma:

El incumplimiento del valor y la forma de pago de los servicios prestados por capitación.
Incumplimiento en el pago de las capitaciones por las actividades de promoción y prevención.
El incumplimiento en el pago de los medicamentos “No Pos”.
Las diferencias entre la Unidad de Pago por Capitación correspondiente a las personas que se encontraban en las bases de datos.
Pago de intereses por incumplimiento.
Que se liquide el contrato 246 de 2003.

El incumplimiento del valor y la forma de pago de los servicios prestados por capitación

En punto al primer grupo de pretensiones, del acervo probatorio se concluye que los valores pendientes por pagar corresponden a las glosas realizadas por Cajanal frente a los pagos debidos por las capitaciones, y no frente a la totalidad de los conceptos de capitación, actividades de promoción y prevención que fueron ejecutadas en virtud del contrato celebrado.

El contrato suscrito por las partes contiene, en sus cláusulas 6 y 7, el valor y la forma de pago de la capitación por todos los servicios prestados dentro del contrato; sin embargo, no señala el procedimiento para el pago. La UPC corresponde al valor per cápita reconocido a las EPS y a la ARS por la prestación de servicios de salud. La obligación de pago, ante las generalidades establecidas por las partes en el contrato, debe ser estudiada y complementada conforme al Decreto 723 de 1997, vigente para la época de la celebración y ejecución de la convención.

Según el artículo 3 del Decreto 723 de 1997: “cuando en los contratos se pacte por conjunto de atención integral por actividad y no se establezcan los términos para el pago, deberá observarse el siguiente procedimiento: (…)”. El procedimiento incluye: 1) la comunicación a los prestadores del servicio del período en el que se reciben las facturas; 2) el plazo de 20 días para que la entidad promotora de salud revise integralmente la cuenta y la acepte o la objete; 3) en caso de no objeción, la entidad promotora de salud debería cancelar la cuenta dentro de 10 calendario siguientes; 4) se consideraba prohibido la devolución de las cuentas de cobro o las facturas de servicio sin el correspondiente pago de las partes que no habían sido glosadas, glosas frente a las cuales el mismo Decreto señaló: “La radicación de la factura no implica la aceptación de la misma. Las instituciones prestadoras de servicios de salud tendrán la obligación de aclarar ante las entidades promotoras de salud y demás a que aluden el inciso anterior, las glosas debidamente fundamentadas, dentro de los veinte (20) días siguientes a su comunicación formal. El saldo frente a las correspondientes glosas será cancelado en la medida en que estas sean aclaradas.” (negrillas fuera de texto).

El procedimiento reseñado permite dar cuenta de la forma en que se debían pagar las facturas y cuentas de cobro, las mismas que, presentadas en debida forma, y sin ser glosadas, generaban la obligación de pago por parte de la entidad. Cosa distinta ocurre frente a las cuentas que eran glosadas por Cajanal, pues en este caso, en el pago se descontaba el valor correspondiente a las glosas. El saldo solo debía ser pagado, se insiste, en la medida en que las glosas eran aclaradas.

La demandante argumentó que presentaron aclaraciones, sin embargo, no obra en el expediente los montos de las aclaraciones a las glosas, ni las fechas en las que fueron respondidas, ni el levantamiento de las mismas que debía realizar la entidad, elementos que permitirían determinar si la parte demandada verdaderamente incumplió con sus obligaciones contractuales. Esta situación hace que, las pretensiones sobre el incumplimiento, no estén llamadas a prosperar, pues, tal y como lo señaló el juez de primera instancia:

“los valores enlistados en la demanda dentro del acápite denominado “III. LO QUE SE DEMANDA”, y que son objeto de reclamación, corresponden sin lugar a dudas a los valores que fueron glosados en cada una de las facturas relacionadas, como así lo pone de presente, y en detalle, el dictamen pericial practicado (…) luego entonces, como los valores reclamados son precisamente aquellos que fueron objetados (…) la IPS tiene la obligación de aclarar las glosas dentro de los 20 días siguientes a su comunicación formal, pero que en todo caso dichos saldos serían pagados en la medida en que las inconsistencias fueran resueltas” (negrilla fuera de texo)

De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, le corresponde a la parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, carga probatoria que, para el caso en estudio, se materializa en el deber de demostrar el incumplimiento contractual que se le endilga a Cajanal. Por ello, si lo que pretendía la parte actora era que se le reconociera y pagara la diferencia producida por los valores objeto de glosa, lo que procedía era acompañar a su demanda la documentación que permitiera valorar en debida forma la aclaración y el levantamiento de las respectivas glosas, aceptadas por la entidad, situación que permitiría predicar un eventual incumplimiento contractual por parte de la entidad demanda.

Ahora bien, la parte actora, tanto en el recurso de apelación como en los alegatos de conclusión, sostuvo que “existen excepciones frente al anterior principio donde la carga de la prueba se traslada, motivado en manifestación de alguna de las partes, como es el caso de las NEGACIONES INDEFINIDAS, donde la parte quien las invoca está exenta mientras la carga de prueba se traslada a la contraparte a quien le corresponde demostrarla si pretende desvirtuarla”. Por lo anterior, consideró el demandante que, dado que radicó en forma oportuna las facturas, y que, frente a las mismas “no ha procedido un pago efectivo”, debe entonces deducirse que existe una obligación pendiente de pago que debe ser reconocida por el juez.

Al respecto debe señalarse que, más allá de las consideraciones probatorias sobre las negaciones indefinidas, para que pueda constituirse la obligación de pago de la que se pudiera derivar un eventual incumplimiento, la obligación debía ser exigible; no obstante, la constitución de las glosas por la entidad impedían acceder al pago completo hasta tanto las mismas no fueran aclaradas. Así, solo se entendería que las facturas fueron presentadas en debida forma y serían exigibles, como para predicar de ellas un incumplimiento contractual por su falta de pago, si las mismas no hubiesen sido glosadas por la entidad. Esto es, la entidad tendría una eventual carga de probar que realizó el pago que se le endilga, si el no haber procedido al pago se derivara de un verdadero incumplimiento contractual de sus obligaciones y no, como en realidad ocurre en el caso en estudio, del hecho de haber presentado objeciones a los cobros, objeciones que tenía el derecho, e incluso el deber de presentar, cuando evidenciaba posibles inconsistencias, como las que observó frente al número real de usuarios atendidos.

A similar conclusión llegó el Ministerio Público, para quien, de manera coincidente con el fallador de primera instancia, “los elementos aportados al proceso no dan lugar a establecer los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones negadas por el a quo y referidas a la recapitación, mora en el pago de las glosas de las cuentas y perjuicios materiales ocasionados”.

Sumado a las anteriores consideraciones, la certificación presentada por Contadora de Cajanal en liquidación permite evidenciar que algunos de los cobros que se pretenden en la demanda, que se tildan de no haber sido pagados, no se ajustan a la realidad, pues, frente a una factura como la Nº 217, correspondiente al mes de agosto, si bien la demanda pretende la declaratoria de incumplimiento por valor de $153.525.977, se observa que, en realidad, existió un pago parcial a la glosa que hizo que el saldo en disputa se redujera a $5.165.548, como también ocurrió para el pretendido incumplimiento del pago por las actividades de promoción y prevención que se estudiarán a continuación. Así, aunque en el expediente no obra prueba de las aclaraciones respectivas a las glosas, un análisis probatorio integral permite observar que algunas sí fueron objeto de pago posterior, consideración que refuerza la importancia de conocer el alcance de las aclaraciones para que pueda proceder una eventual condena por incumplimiento.

Precisamente en lo que tiene con ver con la factura 217, el dictamen pericial permite además evidenciar que, de los $5.165.548 que son el resultado del valor que fue efectivamente pagado, $4.925.755 debían ser descontados pues “se comprobó el pago de los servicios prestados a los pacientes que no fueron atendidos según lo pactado en el contrato de capitación”. De esta manera, el valor pretendido por la factura 217, que en la demanda se estimó en $153.525.977, producto de la valoración probatoria, se reduce a $239.793; valor que, para llegar a ser reconocido, tiene que someterse a las mismas consideraciones arriba mencionadas, esto es, la prueba de que las glosas fueron explicadas y levantadas en debida forma, lo que permitiría que existiera, en cabeza de la demandante, una obligación exigible; sin embargo, las pruebas del expediente no permiten concluir que las glosas no reconocidas hayan sido finalmente justificadas y levantadas.

Así, se evidencia que las pruebas allegadas no permiten concluir que el saldo pretendido por el demandante correspondiera a una obligación contractual que podía ser exigida, diferente al resultado del ejercicio de Cajanal de presentar glosas a las respectivas facturas y cuentas de cobro que le fueron presentadas, glosas que no fueron aclaradas por el demandante, como era su deber y carga procesal.

Incumplimiento en el pago de las capitaciones por las actividades de promoción y prevención

El demandante también pretendió que le sean reconocidos y pagados los cobros relacionados con las capitaciones por las actividades de promoción y prevención adelantadas. Por ello, para resolver esta pretensión se acude, primero, a lo señalado en el apartado anterior frente a la omisión del actor de probar las aclaraciones que se presentaron por parte de Cajanal en las respectivas glosas, esta vez, frente a los cobros por las actividades de promoción y prevención. Sin embargo, existen consideraciones adicionales que llevan a que esta pretensión no esté llamada a prosperar.

El actor pretende una condena a Cajanal por valor de $85.645.178 correspondiente a los saldos de las actividades de promoción y prevención; no obstante, del análisis probatorio integral (que según el actor no fue realizado en debida forma por el juez de primera instancia), frente a estos saldos pendientes, se observa que fueron pagados en todos los casos, descontando el valor de las respectivas glosas que presentó la entidad.

Nº Factura
Valor cobrado
Glosas
Valor pagado
216
22,008,753
13,393,600
8,615,153
218
22,086,317
15,336.000
6,750,317
241
20,698,053
16,306,100
4,391,953
243
20,852,055
10.068.800
10.783.255
Total
85.645.178
55.106.500
30.540.678

Cuadro construido con información recaudada, tanto de la certificación de la Contadora General de Cajanal en liquidación, como del dictamen pericial.

Frente a este punto, en similar sentido se pronunció el Ministerio Público, para quien “respecto de la pretensión de las actividades de promoción y prevención, constata esta Agencia del Ministerio Público, que en la demanda se señala como no pagados los valores por estos conceptos cobrados mediante facturas 216, 218, 241 y 243, pero en la contestación de la demanda se adjunta certificación sobre el pago de las mismas, situación que se verifica con el dictamen pericial, quedando pendiente de pago los valores glosados, sobre los cuales, como se expresó antes, no se encuentra prueba de que la parte actora los haya aclarado, siendo esta una obligación de ella”.

Por lo anterior, no solo se debe tener en cuenta que, del valor pretendido por concepto de actividades de promoción y prevención, fue pagado un monto importante, total frente al que no podría pretenderse una declaratoria incumplimiento, sino que el restante no correspondió a nada diferente a las glosas presentadas por Cajanal, frente a las que no existe pruebas en el expediente que permitan predicar que fuesen aclaradas en debida forma.

El incumplimiento en el pago de los medicamentos “No Pos”

El juez de primera instancia consideró de “vital importancia” el dictamen pericial en punto al tema del cobro de los medicamentos. Por ello, frente a las señaladas 40 facturas que fueron presentadas para este particular, por valor de $17.903.965, señaló, con apoyo en el dictamen, que cada una contaba con los soportes exigidos en el contrato. A ello sumó lo que evidenció como un “caso típico de desorden administrativo en consideración a la importancia misma de los servicios contratados, para satisfacer las demandas de salud de la población en general, lo que en entender de la Sala conllevó necesariamente a no pagar los valores facturados en el término de los 2 meses establecidos en el contrato 246 de 2003.” Basado en las anteriores consideraciones el Tribunal accedió a esta pretensión.

Como este elemento no fue objeto de apelación (el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por la parte demandante), además de las consideraciones sobre la prohibición de reforma en perjuicio del apelante único, esta Sala se limitará a pronunciarse sobre lo que fue objeto del recurso, al tiempo que confirmará esta decisión y procederá a realizar la debida actualización del valor reconocido.

Para el realizar cálculo, el juez de primera instancia tomó el valor que estableció el dictamen pericial y lo actualizó a la fecha del fallo; luego tomó el valor actualizado y calculó sobre él un interés moratorio correspondiente a 18 meses de mora; sin embargo, esta Sala se apartará del cálculo realizado pues la suma inicial sobre la que se parte, que fue calculada por el dictamen pericial, ya contenía un cálculo “por intereses de mora y devaluación de la moneda actualizados a enero de 2007”, lo que impide que se calculen nuevos intereses de mora a una suma sobre la que se había realizado lo propio. Por ello, lo que corresponde es actualizar la cifra del dictamen, tomada por el juez de primera instancia, a la fecha del presente fallo:

VP = VH * Índice Final/Índice Inicial

VP = VH (29.753.141) * 102,11886/61,80255

VP = 49.163.321

Las diferencias entre la Unidad de Pago por Capitación correspondiente a las personas que se encontraban en las bases de datos

Sobre el número de personas que fueron atendidas, la demandante sostuvo que existió una anomalía durante toda la ejecución del contrato, consistente en la diferencia entre los usuarios que se encontraban activos pero que no fueron certificados.

Ahora bien, de nuevo, las pruebas aportadas no permiten acreditar la ocurrencia de ese hecho, ni calcular el valor de lo que eventualmente podría predicarse como un posible incumplimiento. No existe certeza sobre la diferencia en el número de usuarios, o la diferencia de la población que no hacían parte de las bases de datos, sobre los cuales, en criterio del demandante, debía ser reconocido el valor de las UPC, por ello, ante la ausencia de prueba, la Sala no podrá acceder a las súplicas de la demanda.

Frente a la factura UT-1543, que se indicó fue presentada para el cobro por la recapitación, al igual que el juzgador de primera instancia, esta Sala se apartará de la forma en la que el perito tasó el valor adeudado pues, aunque se reconoció la falta de información “relacionada esa cuenta de cobro”, se procedió a su cálculo. De la información valorada no se puede conocer si los usuarios excluidos estaban o no inactivos y fuera de la base de datos, por ello se soporta la afirmación del juez de primera instancia cuando señaló que “no existe certeza sobre el número de los usuarios retirados de las bases de datos por parte de CAJANAL EPS, y sobre los cuales –en criterio del actor- debía reconocérseles el valor de las UPC, por cada uno de ellos, como para proferir condena por este rubro”, por esto, dado que no se encuentra acreditado el hecho constitutivo de incumplimiento contractual, la Sala se abstendrá de acceder a esta pretensión del demandante.

Debe recordarse además que la propia prueba pericial indicó (se transcribe):

“La recapitación de los usuarios excluidos de las bases de datos reportados a Unión Temporal Virrey Solís, asciende a un total de 1.441 usuarios, que deben verificarse con las planillas de los pagos a la EPS de Cajanal. Por la complejidad de la información y la cantidad de usuarios afiliados para esa fecha, fue imposible realizar el trabajo directamente con planillas y bases de datos.
Procedo a liquidar los perjuicios materiales únicamente con base al radicado, sin constatar que efectivamente los 1.442 usuarios estuvieron inactivos y fuera de la base de datos reportada mensualmente”.

De la lectura de este aparte del dictamen, la Sala advierte que sus apreciaciones se sirvieron tan solo de la información aportada por quien solicitó la prueba, en este caso la demandante, de lo que resulta que sus conclusiones tan solo atendieron a su interés en el proceso, falencia que permea la prueba de parcialidad y que imposibilita la acreditación del hecho que se intenta probar, pues, se insiste, la validación del número de usuarios que fueron excluidos por un presunto error de la base de datos entregada por Cajanal, pero que fueron compensados por el sistema general, una vez cancelaron los aportes atrasados, corresponde a un medio de prueba que, necesariamente, debe ser contrastado con la información que reposa en los archivos de la EPS, datos que no fueron escrutados por la complejidad que demandada el proceso, tal como lo afirmó la perito en su dictamen.

En síntesis, a juicio de la Sala, el material probatorio estudiado resulta a todas luces insuficiente para despachar favorablemente la pretensión relativa al pago de la recapitación, toda vez que no fue posible determinar el número de usuarios que efectivamente fueron compensados y cuya falta de determinación constituye el objeto de la controversia.

Pago de intereses por incumplimiento

De la mano de las pretensiones dinerarias, el demandante pretende que le sean reconocidos los intereses de mora por el incumplimiento de Cajanal en el pago de las prestaciones respectivas.

Ahora, si bien el dictamen pericial realizó un ejercicio para el cálculo de los intereses de mora por el no cumplimiento en plazo de la obligación dineraria, debe recordarse que para que pueda predicarse la mora, el Código Civil, en su artículo 1608, establece que el deudor está en mora, entre otras consideraciones: “cuando no ha cumplido su obligación dentro del término estipulado”, disposición a la que se suma el artículo 1615, que establece que “se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora”.

Frente a este particular, se reitera que la mora se produce desde que la obligación se hace exigible, por lo que, para el caso en estudio, bastará con recordar que la falta de pago de los saldos reclamados no se debió a un incumplimiento de Cajanal sino a las glosas que fueron oportunamente presentadas, frente a las cuales, como se ha dicho ya en varias oportunidades, no se presentaron las debidas aclaraciones; situación que llevará a la Sala a denegar las pretensiones tendientes al reconocimiento del pago por intereses derivados del incumplimiento.

Que se liquide el contrato 246 de 2003

De conformidad con la pretensión que apuntan a la liquidación judicial del contrato, la misma se despachará favorablemente pues, con apoyo en las normas del Estatuto Contractual, al ser un contrato de tracto sucesivo, y ante la falta de liquidación bilateral durante el término de 8 meses, o de liquidación unilateral, la Administración perdió la competencia para hacerlo. Por lo anterior, la pretensión de liquidación judicial está llamada a prosperar y así se realizará en parte resolutiva de la presente providencia.

2.5. Sobre la condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas pues no se configuran los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo requeridos.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 13 de agosto de 2008 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

SEGUNDO: DECLARAR que la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal en liquidación, cuya sucesora procesal es la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, incumplió parcialmente el contrato de prestación de servicios 246 de 2003, en lo referente al pago oportuno de los medicamentos No Pos, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva.

TERCERO: CONDÉNASE a la Caja Nacional de Previsión Social- Cajanal en liquidación, cuya sucesora procesal es la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social, a pagar a favor de las sociedades que conforman la Unión Temporal Virrey Solis, esto es, las sociedades Virrey Solís I.P.S. S.A., Centro Policlínico del Olaya S.A. CPO S.A. y el Centro de Diagnóstico Médico S.A. IDIME, la suma de $49.163.321.

CUARTO: DECLARAR liquidado judicialmente el contrato de prestación de servicios 246 de 2003, suscrito entre la Unión Temporal Virrey Solis y Cajanal EPS, con un valor a favor del contratista de $49.163.321.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta Sentencia, EXPEDIR copias con destino a las partes.

Por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN BERMUDEZ MUÑÓZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

AUTO QUE NO RECONOCE PERSONERIA - Procedencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00906-01(36338)

Actor: UNIÓN TEMPORAL VIRREY SOLÍS I.P.S. S.A.

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL)

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (SENTENCIA)

Temas: No reconoce personería y requiere a apoderado Judicial.

La parte actora, Unión Temporal Virrey Solís, compuesta por las sociedades Instituto de Diagnóstico Médico S.A. (IDIME S.A.), Virrey Solís I.P.S. S.A. y Centro Policlínico del Olaya (CPO S.A.) confirieron poder al abogado Cesar Augusto Osorio Carmona, para que asuma su representación judicial en el presente proceso. No obstante, se evidencia en los poderes allegados, que el mencionado abogado no realizó la presentación personal de los poderes conferidos para actuar dentro del proceso de la referencia, de conformidad con el artículo 65 del C.P.C. El despacho, como consecuencia de las consideraciones expuestas,
RESUELVE
PRIMERO: REQUERIR al abogado, Cesar Augusto Osorio Carmona portador de la Tarjeta Profesional No. 224.959 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en el término improrrogable de 5 días realice la presentación personal de los poderes.
SEGUNDO: NO RECONOCER personería al abogado, Cesar Augusto Osorio Carmona portador de la Tarjeta Profesional No. 224.959 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de las sociedades Instituto de Diagnóstico Médico S.A. (IDIME S.A.), Virrey Solís I.P.S. S.A. y Centro Policlínico del Olaya (CPO S.A.), de conformidad con el artículo 65 del C.P.C. hasta tanto no se lleve a cabo la presentación personal de los poderes por parte del mencionado abogado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Constituida legalmente por las sociedades Virrey Solís I.P.S. S.A., Centro Policlínico del Olaya S.A. CPO S.A. y el Centro de Diagnóstico Médico S.A. IDIME. La liquidación se realizó de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4409 de 2004, Por el cual se dispone la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal S.A., EPS.
“ARTÍCULO 1o. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. Dispóngase la disolución y liquidación de la Sociedad Cajanal S.A., EPS, sociedad por acciones del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. En consecuencia, a partir de la vigencia del presente Decreto, dicha entidad entrará en proceso de disolución y liquidación, el cual deberá concluir a más tardar e n un plazo de dos (2) años, prorrogables hasta por un plazo igual y, para todos los efectos, utilizará la denominación "Cajanal S.A., EPS en Liquidación". ARTÍCULO 18. PROCESOS JUDICIALES. El Liquidador deberá continuar atendiendo dentro del proceso de liquidación los procesos judiciales y demás reclamaciones en curso y los que llegaren a iniciarse dentro del término de la liquidación, hasta tanto se efectúe la entrega de los mismos. Asimismo, deberá presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Defensa Judicial de la Nación y al Ministerio de la Protección Social, tres (3) meses después de su posesión, un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la Entidad, así como también, cuando ello sea procedente, deberá archivar los procesos y reclamaciones con sus respectivos soportes y en los términos señalados en las disposiciones vigentes.
(…)
“Parágrafo 2o. El Ministerio de la Protección Social asumirá, una vez culminada la liquidación, los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte Cajanal S.A., EPS, al igual que las obligaciones derivadas de estos”. Folio 27 del cuaderno 1. Folios 40-44 del cuaderno 1. Folios 169-219 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 221 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 295 y 296 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 297-308 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 309-316 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 318-320 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 360 y 361 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 362 y 363 del cuaderno del Consejo de Estado. Artículos 75 de la Ley 80 de 1993 y 82 del Código Contencioso Administrativo. La Caja Nacional de Previsión –Cajanal- fue creada mediante la Ley 6 de 1945 como un Establecimiento Público del orden nacional, naturaleza jurídica que luego varió, en virtud de lo establecido en la Ley 490 de 1998, a la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Su régimen contractual corresponde al de las EICE establecido por la Ley 80 de 1993. Situación que sería predicable del caso en estudio pues la demanda se presentó el 11 de abril de 2005, con anterioridad a que fuese adoptada la Sentencia de unificación jurisprudencial sobre la renuncia expresa a la cláusula compromisoria: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 18 de abril de 2013, exp. 17.859. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25.022. Folios 25-37 del cuaderno 2. Folios 42-44, cuaderno 2. Folio 64, cuaderno 2. Folio 67, cuaderno 2. Folio 51, cuaderno 2. Folios 60-68 del cuaderno 3. Folios 275-296 del cuaderno 3. Folio 77 del cuaderno 2. Folio 79 del cuaderno 2. Folio 81 del cuaderno 2. Folio 85 del cuaderno 2. Folios 292-295 del cuaderno 3. Folio 72 del cuaderno 2. Los documentos que darían cuenta de los descuentos respectivos por las glosas realizadas solo obran para el mes de abril de 2003, que corresponde a la factura 175.

Certificación de 17 de septiembre de 2003, que levanta la glosa de 3.034.700, relacionada con el contrato 951 de 2002 (folio 129-137 del cuaderno 3). Folio 391 del cuaderno 2. Folios 385 y 386 del cuaderno 2. Cuadernos 3 y 4 titulados “dictamen pericial”. Folio 315 (reverso) del cuaderno del Consejo de Estado. Ver cuadro numeral 45. Folio 316 del cuaderno del Consejo de Estado. Artículo 357 del Código de Procedimiento Civil
Folios 369, 379 y 388 del cuaderno del Consejo de Estado. Conviene aclarar que, el Código de Procedimiento Civil es el régimen procesal de integración residual aplicado por los despachos de la Sección Tercera a los procesos que se rigen por el Código Contencioso Administrativo. Véanse, entre otros, auto de 28 de enero de 2015. No. Interno: 44.655. MP: Guillermo Sánchez Luque; auto de 30 de agosto de 2017, No. Interno: 55.065. MP: Danilo Rojas Betancourth; auto de 12 de febrero de 2019. No. Interno: 59.029. MP: Ramiro Pazos Guerrero. Todo ello, en desarrollo de lo dispuesto en el Auto de Unificación de 25 de Junio de 2014. No. Interno: 49.299.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.