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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-01273-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2005-01273-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró de oficio la caducidad de la acción. SEGUNDO: Sin CONDENA en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2005-01273-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

10 de junio de 2022

Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 250002326000200501273 01(48078)
Demandantes: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro
Demandados: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la
Nación y otros

Tema: Responsabilidad del Estado porque en un proceso penal
el sindicado aparece con una cédula cuyo número
corresponde al del demandante. Se confirma la sentencia
de primera instancia que declaró de oficio la caducidad de
la acción, que debe contabilizarse desde la solicitud de
refrendación del certificado judicial porque su no
expedición es el hecho dañoso, en el que se fundamentan
los perjuicios reclamados por los demandantes.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra la
sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró de oficio la
caducidad de la acción y negó las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa
administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa
por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente
en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con
lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación1.

En el trámite de la segunda instancia, la parte actora solicitó que se tuviera como
prueba el registro del Banco de Datos de la Policía Nacional del 14 de mayo de

1 Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

1

Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

2013 donde aún figura la orden de captura con el número de cédula del
demandante, documento que allegó con el recurso de apelación, toda vez que se
produjo después del trámite de la primera instancia. Mediante auto del 17 de
septiembre de 20132 el despacho sustanciador ordenó agregar al expediente
dicho documento, pero advirtió que no sería valorado porque no cumplía con los
requisitos previstos en el artículo 214 del C.C.A. para el decreto de pruebas en
segunda instancia. La parte demandante no recurrió dicha providencia.

El recurso de apelación presentado por la parte demandante fue admitido
mediante providencia del 16 de agosto de 20133. En el auto del 9 de diciembre
de 2013 se dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran
alegatos de conclusión4. La parte demandante5, la Fiscalía6, la Registraduría7, el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 8, la Policía
Nacional9 y el PAR ADPOSTAL en Liquidación10 presentaron sus alegatos
oportunamente. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- El 25 de mayo de 200511, Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y María
Consuelo Huertas Serrano (en adelante, los demandantes) presentaron
demanda para obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la no
expedición del certificado judicial solicitado por el demandante Rafael Eduardo
Lesmes Montenegro. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<UNO.- Declárese a la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación, la
Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, la Nación - Policía
Nacional, la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Municipio
de Chía, la Nación - Ministerio de Comunicaciones - Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom en liquidación), la Nación - Ministerio de
Comunicaciones - Administración Postal Nacional (Adpostal),
administrativamente responsables de los daños causados al señor RAFAEL
EDUARDO LESMES MONTENEGRO y a la señora MARÍA CONSUELO
HUERTAS SERRANO, conforme a los hechos de la demanda.

2 Fl,580 cuaderno principal.
3 Fl.578, cuaderno principal.
4 Fl.595 cuaderno principal.
5 Fls. 694-698, cuaderno principal.
6 Fls.667-670, cuaderno principal.
7 Fls.671-672, cuaderno principal.
8 Fl.673, cuaderno principal.
9 fLS.674-683, cuaderno principal.
10 Fls.692-693, cuaderno principal.
11 Fls.1-11, C.1.

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Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

DOS.- Condénese a la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación, la
Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, la Nación - Policía
Nacional, la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Municipio
de Chía, la Nación - Ministerio de Comunicaciones - Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom en liquidación), la Nación - Ministerio de
Comunicaciones - Administración Postal Nacional (Adpostal) a pagar a favor del
señor RAFAEL EDUARDO LESMES MONTENEGRO, por concepto de perjuicios
materiales en lo que corresponde al daño emergente, la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.000.000).

TRES.- Condénese a la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación,
la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, la Nación - Policía
Nacional, la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Municipio
de Chía, la Nación - Ministerio de Comunicaciones - Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom en liquidación), la Nación - Ministerio de
Comunicaciones - Administración Postal Nacional (Adpostal) a pagar a favor de
la señora MARIA CONSUELO HUERTAS SERRANO, por concepto de perjuicios
materiales en lo que corresponde al daño emergente, la suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.000.000).

CUATRO.- Condénese a la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación,
la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, la Nación - Policía
Nacional, la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Municipio
de Chía, la Nación - Ministerio de Comunicaciones - Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom en liquidación), la Nación - Ministerio de
Comunicaciones - Administración Postal Nacional (Adpostal) a pagar a favor del
señor RAFAEL EDUARDO LESMES MONTENEGRO, por concepto de perjuicios
materiales en lo que corresponde al lucro cesante, la suma de CUARENTA
MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($40.000.000).

CINCO.- Condénese a la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación,
la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, la Nación - Policía
Nacional, la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Municipio
de Chía, la Nación - Ministerio de Comunicaciones - Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom en liquidación), la Nación - Ministerio de
Comunicaciones - Administración Postal Nacional (Adpostal) a pagar a favor de
la señora MARIA CONSUELO HUERTAS SERRANO, por concepto de perjuicios
materiales en lo que corresponde al lucro cesante, la suma de CINCO MILLONES
DE PESOS ($5.000.000).

SEIS.- Condénese a la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación, la
Nación - Ministerio del Interior y de Justicia - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), la Nación - Registraduría Nacional del Estado Civil, la Nación - Policía

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Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

Nacional, la Nación - Rama judicial - Consejo Superior de la Judicatura, Municipio
de Chía, la Nación - Ministerio de Comunicaciones - Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Telecom en liquidación), la Nación - Ministerio de
Comunicaciones - Administración Postal Nacional (Adpostal) a pagar a favor del
señor RAFAEL EDUARDO LESMES MONTENEGRO y a la señora MARIA
CONSUELO HUERTAS SERRANO, por conceptos de perjuicios morales la
cantidad equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la fecha de ejecutoria de la sentencia, para cada uno de los demandantes.

SIETE.- La condena será actualizada de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 178 del CCA.

OCHO.- Para el cumplimiento de la sentencia se dará aplicación a lo dispuesto
por los artículos 176 y 177 del CCA.

NUEVE.- Condénese en costas del proceso a la parte demandada>>.

2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 22 de noviembre de 1994 el señor Guillermo Alfonso Jiménez Gómez
(que no tiene calidad de parte en el proceso) fue condenado por el delito de hurto
calificado y agravado. Jiménez Gómez se había identificado ante las autoridades
con el número de cédula que corresponde al demandante Rafael Eduardo
Lesmes Montenegro.

2.2.- El 23 de diciembre de 1999 el demandante Rafael Eduardo Lesmes
Montenegro solicitó ante el DAS la refrendación de su certificado judicial para
efectos laborales.

2.3.- El demandante fue retenido en las dependencias del DAS durante ocho
horas12 mientras verificaban su situación jurídica, debido a que contra el
condenado Jiménez Gómez, que aparecía portando el número de la cédula de
ciudadanía del demandante, existía orden de captura vigente. Como no fue
posible confirmar su situación jurídica porque era época de vacancia judicial, los
agentes del DAS lo dejaron libre.

2.4.- El 18 de enero de 2000 el demandante presentó una petición ante el
Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá (que profirió la sentencia penal
condenatoria contra el señor Jiménez Gómez), en la que solicitó que se
resolviera su situación. Dicha solicitud fue remitida al Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. Según la parte actora,
las autoridades nunca le dieron respuesta a su petición.

12 Según testimonio obrante en el expediente, fls.13-15, C.2, pruebas.

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Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

2.5.- El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ofició al
DAS para que designara un perito en dactiloscopia con el fin de comparar las
huellas dactilares del demandante con las de Jiménez Gómez, quien estuvo
recluido en la cárcel municipal de Chía y posteriormente en la cárcel Modelo de
Bogotá. Dicha orden fue reiterada en tres ocasiones, pero de acuerdo con el
demandante, el DAS nunca la cumplió.

2.6.- Debido a lo anterior, el 5 de marzo de 2001 el demandante interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad, la cual sustentó en la vulneración a sus derechos al habeas data, a
la honra y buen nombre, al trabajo y al debido proceso.

2.7.- Mediante sentencia del 15 de marzo de 2001, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá negó la acción de tutela por improcedente. Según la
parte actora, no pudo impugnar dicho fallo de tutela porque las empresas
Telecom y ADPOSTAL no le entregaron la comunicación de la notificación de
la providencia.

2.8.- De acuerdo con lo afirmado en la demanda, el señor Rafael Eduardo
Lesmes Montenegro “sufrió las consecuencias de la negligencia e inoperancia
del Estado, al no acreditar que la persona que se identificó con la C.C. 19.200.334
(…) no correspondía a mi mandante, por ende, tanto la Caja Agraria en
Liquidación como el Banco Agrario (…) le cancelaron el contrato de trabajo
porque no cumplió con uno de los requisitos exigidos, como era el certificado
judicial que expide el Departamento Administrativo de Seguridad”.

2.9.- En la subsanación de la demanda13 los accionantes hicieron las siguientes
imputaciones:

a.- Respecto de la Rama Judicial: i) El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad vulneró sus derechos al habeas data, a la honra y buen
nombre, al trabajo y al debido proceso, pues nunca resolvió la situación legal del
demandante. ii) El Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá irresponsablemente
involucró a un ciudadano inocente a un proceso penal, hasta que el 28 de mayo
de 2003 el secretario del juzgado le comunicó al DAS que Rafael Eduardo
Lesmes Montenegro no era la misma persona que había sido condenada y que
dijo ser poseedor del mismo número de cédula del demandante.

b.- La Fiscalía General de la Nación incurrió en error judicial por haber sindicado
al demandante de un delito que no cometió y permitir que el sindicado utilizara la

13 Fls.15-17, C.1.

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Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

identificación del demandante porque nunca estableció la identidad real del
mismo.

c.- El DAS incumplió los requerimientos del Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de designar un perito en dactiloscopia para que
realizara un cotejo de las huellas dactilares del demandante con las del señor
Guillermo Alfonso Jiménez.

d.- El Municipio de Chía, el INPEC y la Policía Nacional permitieron que el
sindicado se fugara, pese a que tenían a cargo la custodia de la cárcel municipal
de Chía.

e.- El INPEC incurrió en irregularidades en la captura del señor Guillermo Alfonso
Jiménez, pues nunca le tomaron huellas dactilares, ni fotografías y fue negligente
en la custodia del recluso, lo que agravó la situación del demandante.

f.- El MINTIC, Telecom en Liquidación y ADPOSTAL no le entregaron al
demandante la comunicación de notificación del fallo de tutela proferido por el
Tribunal Superior de Bogotá y ello le impidió impugnar el fallo.

g.- La Registraduría no tenía identificación alguna del señor Guillermo Alfonso
Jiménez, ni colaboró para realizar confrontaciones dactiloscópicas y ello dificultó
la situación del demandante.

2.10.- En relación con los perjuicios, los demandantes indicaron que sufrieron: i)
perjuicios materiales, pues por no tener el certificado judicial, el Banco Agrario de
Colombia le canceló el contrato de trabajo al demandante y éste se vio obligado
a emigrar a los Estados Unidos junto con su familia por falta de estabilidad
económica y laboral; ii) también sufrieron perjuicios morales porque el
demandante “sufría en sus desplazamientos con su esposa e hijas, con los (…)
retenes realizados, por cuanto figuraba en la base de datos de los organismos de
seguridad del Estado, con orden de captura por hurto calificado y agravado”.
Indicaron que, siempre era retenido y sufría para demostrar que no era la persona
que se identificó con su número de cédula y que estaba siendo buscada por la
justicia, situación que los tenía “sumidos en la angustia, dolor, desastre,
intranquilidad, precupación”.

B.- Posición de las partes demandadas

3.- Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la demanda14
y propusieron las siguientes excepciones:

14 Fls.32-34, 53-62, 74-80, 83-88, 107-112, 113-120, 242-245, 251-258, 259-260 y 266-269, C.1.

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Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

3.1.- Telecom en Liquidación y ADPOSTAL propusieron la excepción de
caducidad de la acción pues el demandante solicitó el certificado judicial el 23 de
diciembre de 1999. En esa fecha sufrió el daño y, por lo tanto, el término de
caducidad debía contabilizarse desde ese momento. En consecuencia, la
demanda presentada el 25 de mayo de 2005 se radicó extemporáneamente.

3.2.- El DAS, la Rama Judicial y la Registraduría propusieron la excepción de
hecho de un tercero porque el daño había sido causado por la suplantación de
cédulas debido a la actuación deshonesta del señor Guillermo Alfonso Jiménez,
quien al ser capturado manifestó tener el número de cédula que correspondía al
aquí demandante.

3.3.- La Policía, el DAS, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía, la Rama
Judicial, el INPEC, Telecom, el MINTIC y la Registraduría propusieron la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, porque los hechos
alegados por los demandantes como causantes del daño eran ajenos a la
actuación de dichas entidades.

3.4.- El DAS, Telecom y el Municipio de Chía propusieron la excepción de falta
de los presupuestos de responsabilidad porque no estaba acreditado el nexo
causal entre el daño alegado y la actuación de las entidades.

C.- Sentencia recurrida

4.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca15 declaró de oficio la caducidad
de la acción porque el hecho dañoso alegado por los demandantes ocurrió el 23
de diciembre de 1999, cuando Rafael Eduardo Lesmes solicitó la refrendación
de su certificado judicial, el cual no fue expedido. En esa fecha el demandante
tuvo conocimiento de que otra persona, contra la cual pesaba una orden de
captura por el delito de hurto calificado y agravado, se había identificado con su
número de cédula. La demanda fue presentada el 25 de mayo de 2005, fuera
del término establecido en el numeral 8° del artículo 136 del CCA, por lo que la
acción estaba caducada.

4.1.- Advirtió que aun si se fallara de fondo, las pruebas obrantes en el expediente
no demostraban el daño alegado por los demandantes. No estaba acreditado que
por falta del certificado judicial el Banco Agrario no lo hubiera contratado o
renovado el contrato de trabajo. Sólo obra una certificación del gerente general
de la empresa Temporal Ltda. en la que consta que el demandante trabajó en
esta entidad del 28 de junio de 1999 al 3 de mayo del 2000. Además, en el

15 Cuaderno principal, fls.544-552.

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Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

expediente obraba un documento suscrito por el jefe de área de Registro de
Capturas e Impedimentos del DAS, en el que constaba que la orden de captura
a nombre de Guillermo Alfonso Jiménez ya había sido cancelada.

D.- Recurso de apelación

5.- La parte demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda16. Su inconformidad se centra
en los siguientes puntos:

5.1.- El tribunal hizo una aplicación indebida del numeral 8° del artículo 136 del
CCA, pues se trata de un daño permanente. Al día de la presentación del recurso
aún figura la orden de captura contra Rafael Eduardo Lesmes en la Interpol y en
la Policía.

5.2.- El Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá libró las comunicaciones al DAS
para que efectuara las anotaciones respecto del demandante el 28 de mayo de
2003. Por lo tanto, la demanda se presentó oportunamente.

5.3.- Sí está probado que el número de cédula 19.200.334 pertenece a Rafael
Eduardo Lesmes y no a Guillermo Alfonso Jiménez.

5.4.- Los testimonios practicados en el proceso son enfáticos en señalar que el
motivo por el cual el demandante no pudo continuar trabajando en el Banco
Agrario fue la falta del certificado judicial. Además, está probado que el
demandante fue retenido en varias ocasiones y esto le causaba problemas
porque debía explicar la situación de tener una orden de captura en su contra.
Alega que lo que está en discusión es que el titular de esta cédula nunca cometió
el delito que se le imputó y que las autoridades aún no han resuelto su situación,
lo que le ha ocasionado perjuicios.

5.5.- Allega el registro del Banco de Datos de la Policía Nacional del 14 de mayo
de 2013 donde aún figura la orden de captura y solicita que sea tenido como
prueba.

II. CONSIDERACIONES

6.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque, tal como lo
estableció el tribunal, operó la caducidad de la acción. El artículo 136 del C.C.A.
dispone que la acción de reparación directa <<caducará al vencimiento del plazo
de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,

16 Cuaderno principal, fls.560-566.

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Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o de
cualquier otra causa>>.

7.- En la demanda, la parte actora solicitó que se declarara la responsabilidad de
la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el INPEC, el DAS, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional, el MINTIC, Telecom
en liquidación, el Municipio de Chía y PAR ADPOSTAL en Liquidación por los
perjuicios materiales y morales causados por la no expedición del certificado
judicial solicitado por el demandante. En efecto, indicó que Rafael Eduardo
Lesmes “sufrió las consecuencias de la negligencia e inoperancia del Estado, al
no acreditar que la persona que se identificó con la C.C. 19.200.334 de Bogotá
no correspondía a mi mandante, por ende, tanto la Caja Agraria en Liquidación
como el Banco Agrario de Colombia le cancelaron el contrato de trabajo porque
no cumplió con uno de los requisitos exigidos, como era el certificado judicial que
expide el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.

8.- De acuerdo con lo afirmado en la demanda, es claro que el hecho dañino que
alegan los accionantes consiste en la no expedición del certificado judicial porque
un condenado por el delito de hurto calificado y agravado se identificó con el
número de cédula del demandante, lo cual le generó perjuicios porque le
cancelaron su contrato de trabajo y se vio obligado a salir del país.

9.- El demandante solicitó la refrendación del certificado judicial el 23 de
diciembre de 1999. Para ese momento, el procedimiento por medio del cual se
solicitaba el certificado judicial era presencial y su expedición era inmediata en
caso de que no hubiese ninguna novedad en los antecedentes del solicitante. No
obstante, el Decreto 2398 de 1986, que regulaba la expedición de certificados
judiciales y de policía, preveía en su artículo 5° que <<cuando los funcionarios
encargados de expedir los certificados judiciales o de policía, tuvieren
conocimiento de que sobre las anotaciones que aparecieren en los archivos
existen fallos definitivos deberán oficiar al funcionario correspondiente,
solicitando el informe respectivo. Si pasados quince (15) días, no se recibiere
respuesta deberá expedirse el certificado judicial en caso de existir petición de
parte, dejando la constancia respectiva de esta solicitud>>.

9.1.- A su vez, el artículo 6° del CCA17 establece que <<las peticiones se
resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de
su recibo>>.

17 Normativa procesal vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

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Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

9.2.- De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en este caso aparecía
una orden de captura vigente en los antecedentes del demandante, el DAS debía
verificar su situación antes de expedir el certificado solicitado. Por lo tanto, la
omisión alegada por el accionantes se configuró cuando venció el término legal
con que contaba la entidad para expedir dicho certificado judicial, esto es, el 14
de enero de 2000. Es a partir de esa fecha que debe contabilizarse la caducidad
porque en ese momento acaeció el daño cuya indemnización se reclama, esto
es, la no expedición de un certificado judicial que acreditara que no tenía
antecedentes judiciales.

9.3.- Por lo anterior, no es de recibo el argumento del apelante según el cual la
caducidad se debe contabilizar a partir del oficio que remitió el Juzgado 34 Penal
del Circuito de Bogotá al DAS el 28 de mayo de 2003 informando que el
demandante no correspondía a la persona condenada penalmente.

10.- Así las cosas, el término de caducidad empezó a correr a partir del 15 de
enero de 2000. La parte actora podía presentar la demanda hasta el 15 de enero
de 2002. Por ello, la demanda presentada el 25 de mayo de 2005 es
extemporánea.

11.- Aunque en la apelación se indica que el demandante fue retenido varias
veces por las autoridades porque aparecía una orden de captura en la que se
indicaba su número de cédula, en la demanda no se reclaman perjuicios por estos
hechos ni se indica cuándo ocurrieron.

12.- Finalmente, la Sala no se pronunciará respecto de las imputaciones hechas
a las demás entidades demandadas porque éstas tienen fundamento en la no
expedición del certificado judicial, pues el demandante únicamente reclama los
perjuicios derivados de dicha omisión. Por lo tanto, toda vez que la acción está
caducada, no resulta necesario el estudio de dichas imputaciones.

E.- Condena en costas

13.- En consideración a la conducta asumida por las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del
C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

DECISIÓN

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Radicado: 250002326000200501273 01(48078)
Demandante: Rafael Eduardo Lesmes Montenegro y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 11 de abril de 2013 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que declaró de oficio la caducidad de la acción.

SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

11

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