Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2006-00637-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Distrito Capital– Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora S.A. Compañía de Seguros y QBE Central de
Seguros S.A.
Proceso: Controversias Contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia – Decreto 01 de 1984,
subrogado por la Ley 446 de 1998, modificado por la Ley 954
de 2005 –
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-En este caso el cómputo inicia desde
que el accionante tuvo conocimiento del daño. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DERIVADA
DEL CONTRATO DE SEGURO-Reiteración jurisprudencial sobre las diferencias. CONTRATO DE SEGURO
ESTATAL-El contrato de seguro en el que el tomador sea una entidad pública de aquellas sometidas a la Ley
80 de 1993, es un contrato estatal y se rige por las disposiciones civiles y comerciales, salvo en lo
particularmente regulado en el Estatuto General de la Contratación. PÓLIZA CON AMPARO DE INFIDELIDAD
DE EMPLEADOS-El riesgo asegurado son los actos deshonestos de los empleados que causen un menoscabo
patrimonial. OCURRENCIA DEL SINIESTRO-Inicia con la comisión de actos fraudulentos de los empleados.
DEMOSTRACIÓN DEL SINIESTRO Y RECLAMACIÓN-Requisitos para la demostración de su ocurrencia.
PÓLIZAS DE OCURRENCIA-Amparan los siniestros que inicien durante su vigencia. PÓLIZAS DE
DESCUBRIMIENTO-Dependen de la libertad negocial de las partes en los amparos de infidelidad de
empleados, y amparan siniestros descubiertos durante su vigencia. MORA DEL ACREEDOR-Si el renuente a
recibir el pago es el acreedor, no se causan intereses moratorios sobre la obligación debida. INTERESES
MORATORIOS-Aplican las normas del Estatuto General de la Contratación Pública para el cálculo de intereses
moratorios.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
demandadas en contra de la sentencia de 28 de abril de 2011, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que condenó a QBE Central de Seguros
S.A. y a La Previsora S.A. a pagar a la parte actora la indemnización derivada de la
ocurrencia de siniestros amparados en múltiples pólizas de seguros, expedidas por
éstas. La decisión fue la siguiente:
“PRIMERO. Declarar no probada la objeción por error grave formulada por la parte actora
contra el dictamen pericial practicado en el proceso.
SEGUNDO. Declarar no probadas las excepciones: -Inexistencia del amparo de los
siniestros reclamados, por la Póliza de Seguro de Manejo para entidades oficiales
92100000100, - Inexistencia del amparo de los siniestros reclamados, por la Póliza de
Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros 93100000040 por no ocurrencia del riesgo
asegurado, - Inexistencia de la obligación de indemnizar pérdidas ocurridas como
consecuencia de no haber vitado [sic] el asegurado la extensión y propagación del
siniestro, - Doble amparo y – reticencia con ocasión de la declaración del tomador sobre
el estado del riesgo, formuladas por la parte demandada QBE Central de Seguros.
TERCERO. Declarar parcialmente probada la excepción de Reconocimiento “ab initio”
por parte de La Previsora S.A. de la obligación de indemnizar uno de los siniestros,
formulada por la demandada QBE Central de Seguros.
CUARTO. Declarar no probada la excepción de falta de prueba de la ocurrencia de un
delito contra la administración pública, formulada por la parte demandada La Previsora
S.A.
QUINTO. Declarar probada la excepción de Inexistencia de cobertura por riesgo no
amparado, formulada por La Previsora S.A.
SEXTO. Condenar a la sociedad QBE Central de Seguros S.A. a pagar a la demandante
la suma de $239.262.392,55 por concepto de la ocurrencia del siniestro amparado por la
Póliza 92100000100.
SÉPTIMO. Condenar a la sociedad QBE Central de Seguros S.A. a pagar a la
demandante la suma de $223.175.831,58 por concepto de intereses moratorios sobre la
anterior suma.
OCTAVO. Condenar a la sociedad QBE Central de Seguros S.A. a pagar a la
demandante la suma de $257.340.912,45 por concepto de la ocurrencia del siniestro
amparado por la Póliza 92100000040.
NOVENO. Condenar a la sociedad QBE Central de Seguros S.A. a pagar a la
demandante la suma de $265.233.896,27 por concepto de intereses moratorios sobre la
anterior suma.
DÉCIMO. Condenar a la sociedad La Previsora S.A. a pagar a la demandante la suma
de $34.964.177,4 por concepto de la ocurrencia del siniestro amparado por la Póliza No.
1002898.
DÉCIMO PRIMERO. Condenar a la sociedad La Previsora S.A. a pagar a la demandante
la suma de $28.315.047,68 por concepto de intereses moratorios sobre la anterior suma.
DÉCIMO SEGUNDO. Negar las demás pretensiones.
DÉCIMO TERCERO. Sin condena en costas.
DÉCIMO CUARTO. Ejecutoriada la presente providencia, archívese la actuación.”1
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al alegado incumplimiento de las obligaciones
indemnizatorias por parte de las aseguradoras demandadas, en el marco de los
contratos de seguro con amparo de infidelidad de los empleados, que la Secretaría
Distrital de Hacienda suscribió con cada aseguradora. En este sentido, se discute
si el siniestro ocurrió, cuándo acaeció y si se demostraron sus elementos
constitutivos, para efectos de determinar si la obligación nació y, en dado caso,
cuándo surgió, con cargo a cuál póliza se debe indemnizar y cuál es el deducible
1 Folio 385 cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
aplicable.
También se debate si, en caso de que las obligaciones existan y sean exigibles,
existe alguna causal que implique la reducción de la obligación indemnizatoria,
como reticencia o incumplimiento del deber de mitigación del daño.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El 20 de febrero de 2006, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Hacienda2,
por medio de apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio de la acción de
controversias contractuales, en contra de QBE Central de Seguros S.A. y La
Previsora S.A., con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:
“DECLARATIVAS
Primera: Que se declare que entre QBE Central de Seguros S.A. y la Secretaría de
Hacienda Distrito Capital existen los siguientes Contratos de Seguros: Póliza de
Manejo para entidades Oficiales No. 92100000100 y la Póliza de Infidelidad de
[sic] Riesgos Financieros Póliza No. 92100000040 [sic].
Segunda: Que se declare que entre La Previsora S.A. y la Secretaría de Hacienda
– Distrito Capital existe el contrato de seguros Póliza de Manejo Global No.
102898.
Tercera: Que se declare que los riesgos que se precisan en los hechos de la
demanda ocurrieron total o parcialmente y se encuentran amparados por las pólizas
de que tratan las pretensiones anteriores.
Cuarta: Que se declare que QBE Central de Seguros y La Previsora S.A. estaban
obligadas a responder en las proporciones y valores que, de conformidad con sus
respectivos contratos y lo que resulte probado, les corresponde asumir.
Quinta: Que se declare que QBE Central de Seguros incumplió la obligación de
pagar las indemnizaciones a que se obligaron de conformidad con lo pactado en la
Póliza de Manejo para entidades Oficiales No. 92100000100 y la Póliza de
Infidelidad de [sic] Riesgos Financieros Póliza No. 92100000040 [sic].
Sexta: Que se declare que La Previsora S.A. incumplió la obligación de pagar las
indemnizaciones a que se obligaron de conformidad con lo pactado en la Póliza de
Manejo Global No. 102898.
DE CONDENA:
Primera: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene a La
Previsora S.A. y QBE Central de Seguros S.A. a pagar en su valor actualizado las
indemnizaciones que de acuerdo con lo probado les corresponda asumir, por virtud
de la Póliza de Manejo Global No. 102898 para La Previsora S.A. y Póliza de
Manejo para entidades Oficiales No. 92100000100 para QBE Central de Seguros
Así mismo, a pagar la suma debida que no resulte cubierta por las citadas pólizas de
manejo, de conformidad con lo pactado en la Póliza de Infidelidad de [sic] Riesgos
2 Folio 23 cuaderno 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
Financieros Póliza No. 92100000040 [sic] expedida por esta última aseguradora.
Segunda: Que se condene a QBE Central de Seguros S.A. y a La Previsora S.A.
a pagar los intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida por el artículo 1080
del C. de Co, [sic] contabilizados desde el mes siguiente a la fecha de presentación
de la reclamación, esto es desde la fecha que determinen los H. Magistrados.
Tercera: Que se condene a QBE Central de Seguros S.A. y a La Previsora S.A. a
pagar las costas del proceso, en las proporciones que el Tribunal considere que cada
una debe asumir.”
Hechos
El Distrito Capital – Secretaría de Hacienda fundamentó sus pretensiones en que,
en virtud de unos presuntos actos de falsificación llevados a cabo por unos
empleados de la Secretaría, se materializaron los riesgos amparados por las pólizas
expedidas por las aseguradoras demandadas, a saber: la Póliza de Manejo Global
para Entidades Oficiales 102898, expedida por La Previsora S.A.; la Póliza de
Manejo para Entidades Oficiales 9210000010, y la Póliza de Seguro de Infidelidad
y Riesgos Financieros 93100000040, ambas expedidas por Central de Seguros S.A.
(hoy QBE Central de Seguros S.A.).
Sobre el particular, indicó que, en febrero de 2004, evidenció que las novedades de
nómina reportaban incrementos inusuales de las liquidaciones de reconocimiento
de la pensión, cuestión que condujo a la Secretaría a realizar una revisión
exhaustiva de los actos administrativos de reconocimiento de pensión, a partir de la
cual estableció que 20 resoluciones carecían de firmas auténticas o del expediente
de soporte documental para el reconocimiento de la respectiva pensión. Manifestó
que, con base en los hallazgos descritos, la entidad promovió múltiples
investigaciones penales, disciplinarias y fiscales, al tiempo con lo que ordenó al
Consorcio F.P.B. —encargado de administrar el Fondo de Pensiones Públicas de
Bogotá D.C.— suspender los pagos por concepto de reconocimientos pensionales.
Expuso que, no obstante, entre el 4 de noviembre de 2003 y el 6 de enero de 2005,
el Consorcio F.P.B. ya había efectuado el pago de 7 de las 20 resoluciones de
reconocimiento de pensión, con soporte en los citados documentos presuntamente
falsos. De ahí que, según el cálculo de la demandante, el Distrito Capital –
Secretaría de Hacienda había sufrido un menoscabo patrimonial por esos 7 pagos,
equivalente a $713’711.391.
Manifestó que, una vez la Secretaría de Hacienda tuvo certeza del detrimento
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
patrimonial, presentó las respectivas reclamaciones a las aseguradoras
demandadas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de
Comercio.
Añadió que, después de varios cruces de información entre la entidad y QBE Central
de Seguros S.A., la aseguradora objetó la reclamación efectuada por la Póliza de
Manejo Global para Entidades Oficiales 92100000100 sobre la base de que el
siniestro había ocurrido, realmente, con la expedición de las resoluciones y no con
los pagos de reconocimiento pensional, de manera que el riesgo se había
materializado con anterioridad a la entrada en vigencia de la póliza. La parte actora
expuso que, luego de que le solicitara la reconsideración, QBE le informó que la
Secretaría no había acreditado plenamente que los hechos fueran atribuibles a sus
empleados.
Alegó que, por su parte, La Previsora S.A. aceptó la reclamación, para lo cual
adjuntó la liquidación de la indemnización por la suma de $32’264.177.
Y, finalmente, que, respecto de la Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros
93100000040, QBE no había hecho pronunciamiento alguno que demostrara su
ausencia de responsabilidad indemnizatoria o mediante la cual reconociera la
indemnización.
Así pues, la actora manifestó que, ante la divergencia de posiciones de las dos
aseguradoras, decidió no aceptar la indemnización propuesta por La Previsora y,
en cambio, formuló la solicitud de conciliación prejudicial para que, por medio de
ese trámite, las aseguradoras dispusieran del pago del siniestro que, en su sentir,
estaba cubierto en su totalidad en virtud de las tres pólizas.
Oposición de la parte demandada
QBE Central de Seguros S.A.3 excepcionó (i) caducidad de la acción, en la que
alegó que, como quiera que la fuente del daño cuya indemnización se reclamaba
eran los actos administrativos de reconocimiento pensional, el conteo del término
para presentar la demanda iniciaba con las respectivas fechas de expedición, en
virtud del literal b) del artículo 136 del CCA – reformado por la Ley 446 de 1998 –.
3 Folio 59 Cuaderno 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
Y, en el entendido de que las 7 resoluciones de las que se derivó el menoscabo
patrimonial fueron expedidas entre el 9 de agosto de 2003 y el 10 de noviembre de
2003, la demanda —presentada el 20 de febrero de 2004— fue extemporánea.
También alegó (ii) inexistencia del amparo de los siniestros reclamados por la Póliza
92100000100 (póliza de Seguro de Manejo para Entidades Oficiales), en cuya virtud
manifestó que QBE no tenía obligación indemnizatoria, pues el siniestro había
ocurrido antes de que la póliza entrara en vigencia. Lo anterior, toda vez que el
siniestro consistente en el detrimento patrimonial tuvo su origen en la expedición de
las resoluciones supuestamente falsas, cosa que ocurrió antes de que la póliza
entrara en vigencia. En esta misma línea, alegó que, si en gracia de discusión se
concluyera que el daño ocurrió como consecuencia de la expedición de las
resoluciones supuestamente falsas y con los respectivos desembolsos posteriores,
entonces, en virtud de los artículos 1072 y 1073 del Código de Comercio, le
correspondía a La Previsora S.A. responder por los daños, en consideración a la
Póliza de Manejo Global 100298.
Asimismo, QBE alegó que no tenía obligación indemnizatoria, pues no existía
prueba de que los hechos que condujeron al supuesto detrimento patrimonial
hubieran sido cometidos por servidores de planta, supernumerarios o contratistas
de la Secretaría de Hacienda, que es un requisito indispensable para que se
configure el siniestro amparado. En este sentido, esgrimió que la Secretaría de
Hacienda no había probado la ocurrencia del siniestro en los términos del artículo
1077 del Código de Comercio.
Igualmente, presentó la excepción de (iii) inexistencia del amparo de los siniestros
reclamados por la Póliza 93100000040 (póliza de Seguro de Infidelidad y Riesgos
Financieros), mediante la cual, con sustento en las mismas razones expuestas para
la póliza de manejo de entidades oficiales, expuso que no existía prueba de que los
hechos fraudulentos hubieran sido cometidos por personas bajo el control de la
Secretaría de Hacienda, de manera que no existía evidencia del siniestro según lo
consagrado en el artículo 1077 del Código de Comercio. Manifestó que, hasta la
fecha de la contestación, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Personería o
Contraloría distritales habían determinado la responsabilidad penal o sancionatoria
de persona alguna por estos hechos, lo que conducía, en los términos de los
artículos 170 y 171 del Código de Procedimiento Civil, a suspender el proceso en
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
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Asunto: Controversias Contractuales
espera de la decisión del proceso penal.
(iv) Inexistencia del amparo de los siniestros por la Póliza 93100000040 por la no
ocurrencia del riesgo asegurado, en virtud de la cual manifestó que las 7 pérdidas
constituían eventos de daño autónomos, con fuente en cada una de las 7
resoluciones, independientemente expedidas y, por tanto, debían ser tratadas así
para efectos de los términos del amparo, particularmente, del valor asegurado y del
valor del deducible. En consideración a que el deducible era de $100.000 USD
(aproximadamente $224’900.000) por evento, y a que la mayor pérdida fue de
$150’442.877, debía concluirse que ningún evento de daño fue superior al valor del
deducible y, en consecuencia, la aseguradora no tenía la obligación de reparar.
v) Reconocimiento “ab initio” de La Previsora de la obligación indemnizatoria,
mediante la cual alegó que el reconocimiento que la Previsora S.A. hizo de su
responsabilidad aseguraticia por la pérdida patrimonial derivada de la Resolución
2036 de 18 de septiembre de 2003, equivalente a $35’849.086, implicó su
aceptación de la obligación de indemnizar la totalidad de los daños reclamados,
pues generó que, para el momento de tomar los seguros con QBE, ya conociera la
materialización del riesgo y, en consecuencia, no fuera objeto de cobertura.
En virtud de la excepción de (vi) inexistencia de obligación de indemnizar porque el
asegurado no evitó la extensión y propagación del riesgo, QBE explicó que la
Secretaría de Hacienda conoció de las resoluciones representativas de los 7
siniestros antes del 27 de febrero del 2004 y, no obstante, no ordenó al Consorcio
F.P.B. (encargado de realizar los pagos con base en las resoluciones) suspender
los desembolsos inmediatamente. Señaló que, de acuerdo con el artículo 1074 del
Código de Comercio, el asegurador no tiene la obligación de indemnizar el mayor
daño ocurrido como como consecuencia de tal omisión, que, en este caso,
corresponde a los desembolsos efectuados entre el 3 y 5 de marzo de 2004,
correspondientes a $11’456.426.
En cuanto a la excepción de (vii) doble amparo, QBE sostuvo que el Consorcio
F.P.B. constituyó una póliza que amparaba los siniestros discutidos y que estaba
vigente para la fecha de los desembolsos. Así las cosas, que si en realidad el
siniestro lo constituía el desembolso por parte del Consorcio F.P.B. —y no la
expedición de las resoluciones de reconocimiento pensional—, la obligación
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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indemnizatoria recaía entonces en la aseguradora que hubiera expedido la póliza
correspondiente. Asimismo, afirmó que ante la imposibilidad de que más de un
contrato de seguro ampare un mismo riesgo, el daño no podía reclamársele a QBE,
aunado al hecho de que los desembolsos fueron efectuados por personal ajeno a la
Secretaría de Hacienda, situación que desvirtuaría la cobertura por parte de las
pólizas expedidas por QBE.
También alegó (viii) reticencia, en la que expuso el tenor del artículo 1058 del Código
Civil, para alegar que al no haber revelado el tomador el verdadero estado del
riesgo, QBE únicamente estaba obligado a pagar el porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al de la prima que hubieran cobrado de haber conocido el
verdadero estado del riesgo, monto que habría de demostrarse por la prueba
pericial.
Finalmente, excepcionó (ix) la imposibilidad de acumular el reconocimiento de
intereses moratorios y la indexación, pues la tasa del interés moratorio de la Ley 80
de 1993 incluye la indexación.
Por su parte, La Previsora Compañía de Seguros S.A. 4 formuló la excepción de
(i) inexistencia de cobertura por riesgo no amparado, en la que manifestó que la
Póliza 1002898 respaldaba únicamente las pérdidas patrimoniales ocurridas
durante la vigencia de la póliza, materializadas con los desembolsos. En esta línea,
únicamente dos pagos se efectuaron en vigencia de la póliza expedida por la
Previsora, cuya pérdida asciende a $35’849.086, y respecto de la cual la
aseguradora reconoció cobertura y ofreció el pago de $32’264.177, teniendo en
cuenta el valor del deducible a cargo del asegurado por $3’584.909.
Y (ii) falta de prueba de la ocurrencia de un delito contra la Administración Pública
o fallos de responsabilidad fiscal, en virtud de la cual alegó que el asegurado no
había demostrado que sus empleados hubieran participado en las conductas de las
cuales se derivó la pérdida, condición exigida para que procediera la obligación
indemnizatoria. Expuso que tampoco probó que dichos comportamientos se
tipificaran como delitos contra la Administración Pública o que existieran fallos de
responsabilidad fiscal.
4 Folio 80 cuaderno 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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Como excepciones subsidiarias formuló (iii) prescripción de la acción bajo el
contrato de seguro, en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio, pues
ya había transcurrido el término de dos años desde el momento en el que el
interesado tuvo o debió tener conocimiento del hecho que fundamenta la acción.
También invocó la excepción de (iv) límite de valor asegurado, con base en la cual
solicitó considerar que el límite de la indemnización a la que estaba obligado era de
$300’000.000, menos el deducible dispuesto en la póliza.
Y (v) disponibilidad del valor asegurador, en cuya virtud pidió que, en caso de
condena, se permitiera que La Previsora verificara y certificara el valor disponible
de la póliza, que pudo haberse afectado por reclamaciones o sentencias previas a
la sentencia del presente proceso.
Finalmente, en la excepción de (vi) deducible pactado, La Previsora esgrimió que
había pactado un deducible correspondiente al 10% por la afectación del amparo
de personal no identificado, que el Despacho debía considerar en caso de proferir
fallo condenatorio.
Fundamentos de la providencia recurrida
Mediante sentencia de 28 de abril de 20115, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca condenó a QBE Central de Seguros S.A. a pagar al demandante la
suma de $239’262.392,55 en virtud de la póliza 92100000100 de Seguro de Manejo
para Entidades Oficiales, y $257’340.912,45 por la póliza 93100000040 de Seguro
de Infidelidad y Riesgos Financieros, y condenó a La Previsora S.A. a pagar al
demandante la suma de $34’964.177,4 por la póliza 1002898 de Seguro de Manejo
Sector Oficial, más intereses moratorios sobre todas las sumas.
Para los efectos, en primer lugar, despachó desfavorablemente la objeción por error
grave del dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia. Seguidamente,
analizó la caducidad, para lo cual fundamentó su estudio en el numeral 10 del
artículo 136 del CCA, que dispone un término de dos años desde la ocurrencia de
los hechos que le sirven de fundamento. Sin embargo, el Tribunal concluyó que,
según el artículo 1081 del Código de Comercio, el conteo debía hacerse desde que
5 Folio 361 cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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el interesado conoció o debió conocer de la ocurrencia del daño. Encontró probado
que la entidad demandante tuvo conocimiento de los hechos de reconocimiento
pensional irregular entre el 23 y 27 de febrero de 2004 y, en consecuencia, tomó el
24 de febrero de 2004 como fecha de inicio del término de caducidad; de contera,
concluyó que la demanda – presentada el 20 de febrero de 2006 –, había sido
oportuna.
En el análisis de fondo, el Tribunal consideró que, con apego al texto de las pólizas
92100000100 de Seguro de Manejo para Entidades Oficiales, expedida por QBE, y
1002898 de Seguro de Manejo Sector Oficial, librada por La Previsora, el riesgo
asegurado se había concretado con el efectivo desembolso de los recursos, y no
con la expedición de los actos administrativos.
Aún más, determinó que el siniestro sí había quedado demostrado, pues era
evidente que el trámite necesario para la expedición de los actos administrativos
supuestamente fraudulentos estaba a cargo de funcionarios de la Subdirección de
Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda Distrital, sin que fuera
indispensable que existiera un fallo de responsabilidad penal, ni una identificación
plena de las personas cuyos actos hubieran desencadenado el reconocimiento
injustificado de las pensiones.
En cuanto a la póliza 93100000040 de Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros,
expedida por QBE, el Tribunal dispuso que, al ser una póliza de descubrimiento, la
aseguradora debía responder por los siniestros que fueron descubiertos durante su
vigencia, que corrió desde el 5 de diciembre de 2003 hasta el 27 de marzo de 2005,
con independencia de la fecha de ocurrencia del siniestro. En esta línea, estimó que
QBE debía responder, en virtud de esta póliza, por el detrimento patrimonial que
superara la cifra asegurada en la póliza 92100000100 de Seguro de Manejo para
Entidades Oficiales.
Asimismo, consideró que el menoscabo económico que constituyó el riesgo
asegurado era uno solo, conformado por los pagos que se realizaron de forma
individual, de manera que el deducible de $100.000 USD, aplicable a esta póliza,
debía apreciarse con referencia al monto total de la pérdida y, por ende, la pérdida
era superior al deducible.
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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De otra parte, argumentó que el hecho de que La Previsora hubiera reconocido el
siniestro derivado del pago de la Resolución 2036 de 18 de septiembre de 2003,
equivalente a $35’849.086 no implicaba que el riesgo fuera conocido por el
asegurado al momento de celebrar el contrato con QBE. Así, la obligación
indemnizatoria en cabeza de QBE, por las dos pólizas que expidió, no desaparecía.
Desestimó el incumplimiento del deber de evitar la propagación del riesgo por parte
de la Secretaría Distrital de Hacienda, según lo alegado por QBE, pues advirtió que
la negligencia de la Secretaría confirmaba el acaecimiento del riesgo. Añadió que la
circunstancia descrita no constituía una causal de exclusión prevista en los
contratos de seguro.
También desechó la excepción de doble amparo alegada por QBE, pues estimó que
no existía tal figura, ni la coexistencia de seguros sobre un mismo interés
asegurable, en virtud de que las pólizas expedidas por La Previsora y QBE cubrían
vigencias sucesivas. Aseguró que, incluso si se probara la coexistencia de seguros,
no habría lugar a la terminación del contrato en el caso particular, pues la pérdida
podría recaer sobre distintas partes de los activos de la entidad, y era imposible
conocer de antemano su valor.
Determinó que no procedía la excepción de reticencia, toda vez que no era cierto
que, al momento de suscribir los contratos de seguro con QBE, el asegurado
conociera la irregularidad de las resoluciones que darían lugar a los desembolsos
con los que se concretaría el detrimento patrimonial.
En cuanto a la excepción de prescripción de la acción propuesta por La Previsora,
el a quo reiteró los argumentos expuestos al analizar la caducidad y concluyó que
la demanda había sido presentada de forma oportuna.
Así pues, el fallador de primer grado consideró que La Previsora debía indemnizar
al demandante por el siniestro ocurrido —los pagos efectuados— durante la
vigencia de su póliza 1002898, esto es, entre el 11 de octubre de 2002 y el 1 de
diciembre de 2003. Por su parte, QBE debía indemnizar a la parte actora en los
mismos términos, en el marco de la póliza 92100000100 de Seguro de Manejo para
Entidades Oficiales, esto es, por los desembolsos realizados entre el 1 de diciembre
de 2003 y el 30 de marzo de 2005. También consideró que QBE debía indemnizar
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a la Secretaría de Hacienda en virtud de la póliza 93100000040 de Seguro de
Infidelidad y Riesgos Financieros por los daños sufridos que superaran el valor
asegurado de la póliza de Seguro de Manejo para Entidades Oficiales, expedida por
la misma aseguradora.
Sobre estos valores, la primera instancia ordenó que las aseguradoras debían
reconocer los intereses moratorios sobre los valores adeudados, calculados desde
la fecha de exigibilidad de la obligación que, en virtud del artículo 1080 del Código
de Comercio, era un mes después de que el asegurado hubiera presentado la
respectiva reclamación. Advirtió que no procedía la acumulación de los intereses
moratorios e indexación, pues el cálculo previsto por el numeral 8 del artículo 4 de
la Ley 80 de 1993 de intereses moratorios incluía la indexación.
Salvamento de Voto
El Magistrado Alfonso Sarmiento Castro se apartó de la posición mayoritaria6, por
considerar que correspondía declarar probadas las excepciones de inexistencia del
amparo de los siniestros reclamados por la póliza de Seguro de Manejo para
Entidades Oficiales 92100000100, y por póliza de Seguro de Infidelidad y Riesgos
Financieros 93100000040 alegadas por QBE, y la de inexistencia de cobertura por
riesgo no amparado, formulada por La Previsora.
En efecto, el salvamento de voto concluyó que los daños reclamados corresponden
a hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la póliza 92100000100 (Seguro
de Manejo para Entidades Oficiales) expedida por QBE, de manera que ésta no los
ampara.
Sumó a lo anotado que, según el texto de la Póliza 1002898 expedida por La
Previsora, el amparo procedía con la comprobación de los riesgos que implicaran
menoscabo de fondos y bienes que, para declararse, requería de la constatación de
la actuación fraudulenta generadora del siniestro (actos administrativos falsos), y la
existencia del detrimento patrimonial, materializada en los pagos7. En este sentido,
como quiera que los pagos se dieron con posterioridad a la vigencia de la póliza, el
siniestro ocurrió por fuera de la cobertura del seguro y, en consecuencia, La
Previsora no tenía obligación indemnizatoria.
6 Folio 387 cuaderno principal.
7 Folio 390 cuaderno principal.
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Por otra parte, que la entidad demandante no probó que los actos deshonestos o
fraudulentos que condujeron al detrimento patrimonial hubieran sido cometidos por
empleados de la Secretaría de Hacienda, que era un elemento exigido por todas las
pólizas suscritas, de manera que no se había probado el siniestro.
Recurso de apelación
Las dos demandadas impugnaron la sentencia de primera instancia.
La Previsora S.A.8 alegó que el contrato de seguro estipulaba que el riesgo
amparado era aquel derivado del menoscabo de fondos y bienes, causados por sus
empleados en el ejercicio de los cargos amparados, por actos que se tipifiquen
como delitos contra la Administración Pública o fallo con responsabilidad fiscal. Y,
no obstante, en el proceso no se probó que hubieran sido los empleados de la
Secretaría de Hacienda, en el marco de sus funciones, los que hubieran causado el
detrimento patrimonial, pues no se aportó ningún pronunciamiento de la justicia
penal que tipificara la conducta de los funcionarios, ni fallo disciplinario.
Aún más, alegó que la acción había caducado pues, si el siniestro había ocurrido el
4 de noviembre de 2003 con el pago a favor del señor Néstor Riveros Celeita, la
entidad debió detectar el faltante a más tardar el 31 de diciembre de 2003, en virtud
del corte contable anual al que está obligado, de manera que la acción habría
caducado el 31 de diciembre de 2005.
Alegó que la condena por intereses moratorios resultaba improcedente, en los
términos del artículo 1609 del Código Civil, pues La Previsora siempre estuvo
dispuesta a indemnizar el siniestro, y fue la entidad demandante quien, de manera
injustificada, se negó a recibir el pago.
QBE9 impugnó la decisión de primera instancia con fundamento, en primer lugar,
en que el Tribunal confundió y mezcló indebidamente la institución procesal de la
caducidad, regulada en este caso por el artículo 136 del CCA, con la de la
prescripción, que es sustancial y que, en este caso, se informa del artículo 1081 del
Código de Comercio. En este sentido, alegó el impugnante, que el a quo no podía
8 Folio 393 cuaderno principal.
9 Folio 399 cuaderno principal.
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interpretar el artículo 136 del CCA con el tenor del 1081 del Código de Comercio,
para determinar que el conteo del término de caducidad debía iniciar en el momento
en el que el asegurado conoció o debió conocer del hecho que da base a la acción.
Por el contrario, según el impugnante, el término de caducidad, a la luz del numeral
10 del artículo 136 del CCA, es de dos años desde la ocurrencia de los motivos de
hecho o de derecho que le sirven de fundamento.
Así pues, QBE alegó que la causa eficiente de cada defraudación la constituyó la
expedición de cada resolución, de manera que era desde cada una de esas fechas
que debía contarse el término de caducidad. Y, toda vez que la última resolución
fue expedida el 10 de noviembre de 2003, resultaba imperioso concluir que el conteo
del término había iniciado, en el mejor de los casos, el 11 de noviembre de 2003,
de manera que el 20 de febrero de 2006, la acción ya había caducado.
Pero, según el impugnante, aún si se aceptara que los desembolsos constituyeron
el origen del daño, igualmente, corresponde la declaratoria de la caducidad de la
acción, pues salvo por el pago de $11’456.426, todos ocurrieron con más de dos
años de anterioridad a la presentación de la demanda.
Adicionalmente, el apelante QBE alegó que no se habían probado las condiciones
necesarias para que procediera el amparo de las pólizas expedidas por ella. En
efecto, la póliza de Seguridad de Manejo para Entidades Oficiales 92100000100,
según la condición primera, amparaba los riesgos que implicaran menoscabo de
fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u
omisiones que se tipificaran como delitos contra la Administración Pública o fallos
con responsabilidad fiscal. Pero la entidad demandante, teniendo la carga de la
prueba, no demostró que alguno de sus funcionarios hubiera sido condenado por la
justicia penal o por un fallo de responsabilidad fiscal, elemento indispensable para
activar el amparo de dicha póliza.
Igualmente, la indeterminación respecto de la autoría de los supuestos delitos
generaba idénticos efectos en el amparo de la póliza 93100000040 de Seguro de
Infidelidad y Riesgos Financieros.
QBE expuso que, incluso, si como lo determinó la decisión de primera instancia, no
había identificación plena de los individuos que cometieron el delito, el porcentaje
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del deducible, en los términos de la póliza 92100000100, se elevaba al 12%.
Por otra parte, censuró la conclusión del Tribunal de que el detrimento patrimonial
había sido uno solo, conformado por 7 pagos distintos, pues lo cierto es que cada
una de las resoluciones y de sus respectivos desembolsos constituyó un evento
aislado, autónomo e individual. Y si cada resolución y pago correspondía a un caso
autónomo, el deducible previsto en la póliza 93100000040 debía aplicarse a cada
uno individualmente considerado, con lo que cada supuesto detrimento sería inferior
al monto del deducible.
En cuanto a la inexistencia de la obligación de indemnizar pérdidas ocurridas como
consecuencia de que el asegurado no evitó la extensión y propagación del siniestro,
QBE expuso que, según la decisión de primera instancia, la Secretaría de Hacienda
había conocido de los posibles actos defraudatorios el 24 de febrero de 2004 y, sin
embargo, la suma de $11’456.426 había sido girada del 3 al 5 de marzo de 2004,
sin que la Secretaría impidiera el desembolso. En este sentido, adujo que la
demandante había obrado de manera negligente, al no haber evitado que el
siniestro se extendiera, razón por la cual los daños causados no debían ser
reconocidos por la aseguradora.
Finalmente, alegó que la Colegiatura de origen había errado al no valorar el
dictamen pericial rendido por el auxiliar designado, pues, de haberlo hecho, habría
encontrado que hubo reticencia en el estado del riesgo declarado, situación que
derivó en un infraseguro del 50%. En consecuencia, en virtud del artículo 1078 del
Código de Comercio, habría concluido que QBE estaba obligada a reconocer,
únicamente el valor de la pérdida porcentual representativo de la prima
efectivamente cobrada, respecto de la que habría cobrado, si hubiera conocido el
verdadero estado del riesgo. En otras palabras, manifestó que, en caso de que se
concluya la existencia de obligación indemnizatoria, ésta debe ser reducida en un
50%.
Trámite de segunda instancia
Después de formulado el recurso de apelación, QBE presentó una solicitud de
pruebas10, con fundamento en el artículo 212 del CCA —reformado por el artículo
10 Folio 421 cuaderno principal.
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67 de la Ley 1395 de 2010—. El 7 de julio de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concedió el recurso de apelación11. El 18 de julio de 2011, el
apoderado de QBE presentó memorial mediante el cual resaltó que el Despacho
había admitido el recurso propuesto por la parte actora, pero nada dijo respecto del
recurso presentado por QBE, de manera que solicitó al Despacho el respectivo
pronunciamiento12. Mediante auto de 4 de agosto de 201113, el Despacho dejó sin
efectos el auto de 7 de julio de 2011 y, en su lugar, dispuso fijar fecha y hora para
la audiencia prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. El 29 de septiembre
de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia de
conciliación prevista en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201014, que fue suspendida
y reanudada el 13 de octubre de 201115. En curso de esa diligencia, La Previsora
manifestó tener ánimo conciliatorio, mientras que el apoderado del Distrito Capital
– Secretaría de Hacienda no se presentó. El 18 de enero de 2012, el apoderado del
Distrito Capital – Secretaría de Hacienda aportó al proceso la certificación del comité
de conciliación de la entidad, en la que recomendó no conciliar16. El 24 de mayo de
2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró agotado el trámite del
artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 y concedió los recursos de apelación
presentados por las demandas17. El 5 de julio de 2012, el Consejo de Estado admitió
la impugnación18.
El 2 de agosto de 2012, esta Corporación negó la solicitud de pruebas en segunda
instancia presentada por QBE19. El 30 de agosto de 2012, se corrió traslado a las
partes por un término común de 10 días para que presentaran sus alegaciones
finales y se ordenó que, en caso de que el Ministerio Público lo solicitara, se surtiera
el trámite previsto en el artículo 59 de la Ley 446 de 199820.
El 25 de septiembre de 2012, el Procurador Primero Delegado ante el Consejo de
Estado solicitó que le fuera concedido el traslado especial al que se refiere la Ley
446 de 199821. El 9 de octubre de 2012, el Ministerio Público presentó el Concepto
11 Folio 441 cuaderno principal.
12 Folio 442 cuaderno principal.
13 Folio 460 cuaderno principal.
14 Folio 460 cuaderno principal.
15 Folio 471 cuaderno principal.
16 Folio 479 cuaderno principal.
17 Folio 487 cuaderno principal.
18 Folio 487 cuaderno principal.
19 Folio 489 cuaderno principal.
20 Folio 491 cuaderno principal.
21 Folio 520 cuaderno principal.
16
Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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No. 273 de 201222 en el que solicitó que se confirmara la sentencia de primera
instancia, en virtud de que el siniestro había ocurrido, y así se había probado por la
entidad demandante, con los desembolsos que generaron el detrimento patrimonial,
sin que para el nacimiento de la obligación indemnizatoria a cargo de las
aseguradoras fuera necesario que existiera fallo de responsabilidad penal o fiscal.
El 20 de septiembre de 2012, QBE presentó sus alegatos finales23 en los que reiteró
los argumentos expuestos en la impugnación.
Por su parte, el Distrito Capital – Secretaría de Hacienda los presentó el 25 de
septiembre de 201224 en los que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
con fundamento en que, para la época de los hechos, la Secretaría de Hacienda
tenía amparado los hechos en los que se basa la reclamación. Asimismo, que QBE
había presentado unas exigencias para la demostración del siniestro que no hacían
parte de los términos de la póliza, tales como los fallos disciplinarios, fiscales o
penales.
La parte actora desmintió la caducidad de la acción, en virtud de que, en su sentir,
el término debía contarse desde la ocurrencia del siniestro. Alegó que, contrario a
lo sostenido por QBE, no era cierto que el monto del deducible fuera inferior al monto
del siniestro. También, respecto del argumento de reticencia, que la prima pactada
con las aseguradoras correspondía al verdadero estado del riesgo, en el que el
proceso de reconocimiento pensional del Distrito Capital fue certificado por la norma
ISO 9001.
La Previsora S.A. no presentó alegatos de conclusión.
IV. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Régimen procesal del litigio
1. Teniendo en consideración que la demanda fue presentada el 20 de febrero de
2006, el régimen procesal aplicable a la causa será el regulado por el Decreto 01
22 Folio 521 cuaderno principal.
23 Folio 492 cuaderno principal.
24 Folio 515 cuaderno principal.
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de 1984 – CCA – con la subrogación de la Ley 446 de 1998 y la modificación
introducida por la Ley 954 de 2005, por lo que serán las reglas allí plasmadas las
llamadas a disciplinar los aspectos referentes a los presupuestos procesales.
2. Jurisdicción y competencia
2. El artículo 82 del CCA – modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998,
vigente para el momento de presentación de la demanda – dispone que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las
controversias originadas en la actividad de Entidades Públicas. El numeral 1° del
artículo 2° de la Ley 80 de 1993 establece que, para los efectos del Estatuto de
Contratación de la Administración Pública, el Distrito Capital es una entidad estatal.
3. La Secretaría Distrital de Hacienda es una entidad del orden central de Bogotá
D.C., que, a su vez, es una entidad pública en los términos del artículo 82 del CCA
y la Ley 80 de 1993. En consecuencia, la jurisdicción competente para resolver esta
controversia es la Contencioso Administrativa.
4. Adicionalmente, de conformidad con el numeral 5 del artículo 132 del CCA –
subrogado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, en concordancia con el artículo
1 de la Ley 954 de 2005 –, los Tribunales Administrativos son competentes para
conocer en primera instancia de los procesos referentes a contratos de las
entidades estatales en sus distintos órdenes, cuando la cuantía exceda de 500
salarios mínimos legales mensuales25.
5. El artículo 129 del CCA – subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 –
dispone que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias que hayan sido dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Así, pues, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer
de este asunto en primera instancia, y el Consejo de Estado lo es para decidirlo en
25 Para la fecha de la presentación de la demanda, 20 de febrero de 2006, el salario mínimo mensual legal
vigente era de $408.000, por lo que la cuantía necesaria para que el asunto tuviera virtualidad de doble instancia
equivalía a $204’000.000, suma inferior a la estimada en el presente proceso que ascendió a $713’711.391. En
el caso que nos ocupa, la demanda reclamó la declaratoria de incumplimiento de los contratos de seguro
suscritos con las aseguradoras demandadas, y el pago del siniestro amparado por las pólizas expedidas, cuyo
monto estimó en $713’711.391.
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segunda instancia.
3. Demanda en tiempo
6. La oportunidad en la que la demanda fue presentada es, en este caso, no sólo
un presupuesto procesal que el juez debe estudiar incluso oficiosamente26, sino que
también constituye, en parte, los motivos de impugnación en contra de la sentencia
de primera instancia, razón por la cual la Sala precisará lo atinente.
7. Sea lo primero resaltar que, para la época de los hechos de la demanda, la norma
vigente en materia de caducidad27 era el artículo 136 del CCA – subrogada por la
Ley 446 de 1998, cuyo numeral 10 disponía la siguiente regla genérica:
“En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se
contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.”
8. El Tribunal de primera instancia fundamentó su estudio en esta norma; no
obstante, la interpretó en concordancia con el artículo 1081 del Código de Comercio,
que regula la institución sustancial de la prescripción. Tal imprecisión fue expuesta
en el recurso de apelación interpuesto por QBE, con fundamento en argumentos
que esta Sala comparte en cuanto al reproche del manejo equiparable que se
dispensó por el a quo, pero que no modifican el fallo de instancia en este punto.
9. En efecto, según ha sido decantado por la jurisprudencia28, existen múltiples y
profundas diferencias entre la figura de la caducidad y de la prescripción que hacen
impropia su combinación, tanto así que la ocurrencia de una no anula la existencia
de la otra. En ese sentido, se ha considerado que distinción principal radica en que
la “prescripción consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio se refiere a
la extinción del derecho, al paso que la caducidad de la acción contractual
establecida en el Código Contencioso Administrativo implica la improcedencia de la
acción, por manera que la prescripción constituye una defensa de carácter
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 9
de febrero de 2012. Exp: 21.060. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
27 Al tenor del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, los términos que hubieren empezado a correr se rigen por la
ley vigente en el momento en el que empezó su conteo.
28 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 19 de febrero de 2009. Exp: 24609, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 6 de diciembre de 2017. Exp:
54635, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Corte Constitucional, sentencias C-666 de 1996, C-662 de 2004 y C-
227 de 2009; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 8 de noviembre de 1999. Exp:
6185. M.P. Jorge Santos Ballesteros.
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renunciable, al paso que la caducidad se debe tener como un presupuesto de la
competencia del Juez para entrar a conocer el caso y, por lo tanto, de carácter
irrenunciable”29. Así, compete al juzgador estudiar cada figura de manera separada,
junto con las normas que las regulan, al margen de que eventualmente ambas
puedan tener ocurrencia en un momento coincidente.
De ahí que en este apartado corresponda referirse al instituto de la caducidad de la
acción en cuanto fenómeno que, de ocurrir, se opondría al análisis de fondo de
asunto.
10. El numeral 10° del artículo 136 del CCA determina que el término se “contará a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les
sirvan de fundamento”, supuesto que lleva a que su cómputo inicial se ubique desde
que el accionante tuvo conocimiento del daño —y no desde su ocurrencia—, pues
lo contrario implicaría una limitación injustificada del derecho de acción de que
corriera para el interesado un término cuyos fundamentos desconoce 30.
Según la sentencia de primera instancia, “los hechos que sirven de base para la
presente acción fueron conocidos por la entidad en el mes de febrero de 2004 (…),
particularmente, entre el 23 y 27 de febrero de 2004”. Esta conclusión está
fundamentada en el acervo probatorio y, además, no fue censurada ni desvirtuada
por los impugnantes.
El 23 de febrero de 2004 se tomará como la primera fecha en la que los
demandantes tuvieron conocimiento de los hechos base de la reclamación, que
estriban en que unas resoluciones de reconocimiento pensional fueron falsificadas
y que, con sustento en unas de ellas, el consorcio encargado efectuó los pagos de
pensiones que generaron un menoscabo patrimonial en la entidad.
Ahora bien, la impugnación de La Previsora sostiene que la Secretaría Distrital de
Hacienda ha debido tener conocimiento de los pagos irregulares, a más tardar, el
31 de diciembre de 2004, pues el pago efectuado el 4 de noviembre de 2003 —
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 19 de febrero de
2009. Exp: 24609. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5
de marzo de 2020. Exp: 46869. M.P. María Adriana Marín. Posición reiterada, entre otras, en Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 19 de julio de 2020. Exp:
55394. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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único desembolsado en vigencia de esta póliza— ha debido revelarse al corte del
ejercicio fiscal.
Esta Sala se aparta de esta apreciación pues, para la época de los hechos, dentro
de las funciones de la Secretaría Distrital de Hacienda, como expondremos
extensamente más adelante, estaba la de emitir los actos administrativos de
reconocimiento pensional y, con base en ellos, ordenar al Consorcio encargado el
desembolso de los dineros. En otras palabras, era ordinario y común que, en
ejercicio de sus funciones, se efectuaran pagos mensuales de pensión a los
beneficiarios. Fue únicamente en febrero de 2004 que, a partir de unos controles
internos en la Subdirección, la entidad advirtió la existencia de unas resoluciones
falsificadas y, en los días siguientes, que descubrió que unas decisiones
fraudulentas ya habían fundamentado unos pagos.
Por otra parte, la Sala no encuentra que existan pruebas dentro del proceso que
den cuenta, o si quiera indiquen, que la Secretaría hubiera podido conocer los
hechos antes de febrero de 2004.
Así las cosas, el término de caducidad debe iniciar su conteo el 24 de febrero de
2004, tal como fue reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De
este modo, los dos años con los que contaba la actora para presentar la demanda
fenecían el 24 de febrero de 2006.
En conclusión, la demanda fue presentada oportunamente el 20 de febrero de 2006.
Así, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia en lo referente a la
excepción de caducidad de la acción.
4. Legitimación en la causa
11. La Secretaría Distrital de Hacienda está legitimada en la causa por activa, en su
calidad de parte tomadora31 de los contratos de seguro cuyo incumplimiento se
debate. En la relación contractual sustancial es la llamada a ser indemnizada por la
aseguradora, en caso de que se pruebe el incumplimiento. Por su parte, QBE y La
Previsora están legitimadas en la causa por pasiva, en su calidad de aseguradoras
en los contratos de seguro celebrados por cada una. Asimismo, son los eventuales
31 Artículo 1037 del Código de Comercio.
21
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deudores —en caso de que así se pruebe— de la obligación de indemnizar al
tomador.
II. Cargos de la Apelación
1. Problemas Jurídicos
12. En consideración a los cargos presentados en las apelaciones, la Sala pasará
a resolver los siguientes problemas jurídicos:
a) ¿En qué consiste el riesgo asegurado en el contrato de seguro que
ampara la infidelidad de los empleados, cuándo acaece el siniestro
materia de cobertura y qué se requiere para su demostración de cara a
las pólizas otorgadas en el asunto objeto de controversia?
b) ¿Se causan intereses moratorios cuando el deudor se allana a pagar, y
el acreedor se niega a recibir?
2. Análisis de la Sala
2.1. Régimen aplicable
13. Previo a abordar el análisis de fondo que corresponde, precisaremos el régimen
jurídico aplicable al contrato que nos ocupa. En primer lugar, debe resaltarse que
es un contrato de seguro en el que una de las partes es la Secretaría Distrital de
Hacienda, en calidad de tomador. Como quiera que la Secretaría es una entidad
pública de las enlistadas en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, el contrato adquiere
la connotación de estatal y, por tanto, está sometido a las reglas de dicha
normatividad, tal y como lo ha precisado la Sección Tercera de esta Corporación32.
14. En esta línea, el artículo 13 de la Ley 80 establece que los contratos que
celebren las entidades sujetas a sus normas se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en lo particularmente regulado en dicha Ley.
En tanto el Estatuto General de la Contratación Pública no regula, de manera
particular, la tipología contractual del seguro, las normas que para los efectos de la
resolución de este caso se aplicarán serán las que de manera especial regulan esta
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5
de marzo de 2020. Exp: 63861. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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tipología en el Estatuto Mercantil.
2.2. Sobre la materialización del riesgo asegurado en los contratos de seguro
que amparan la infidelidad de los empleados y los requisitos para la
demostración del siniestro
15. Se recuerda que, en este punto, el debate consiste en que, para el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el siniestro lo constituyeron los desembolsos
indebidos, mientras que para QBE, el eventual siniestro habría ocurrido con la
falsificación de las distintas resoluciones que sirvieron de fundamento a esas
erogaciones.
Asimismo, para el fallador de primera instancia, la comprobación del siniestro no
requería de una condena penal o de responsabilidad fiscal, pues bastaba con que
se estableciera —como en efecto concluyó— que el detrimento se había producido
como consecuencia de las acciones u omisiones de los servidores de la entidad
asegurada, en ejercicio de sus funciones. Por el contrario, QBE y La Previsora
alegan que, para la declaratoria del siniestro, era indispensable un fallo de
responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria —que no se probó en el proceso— que
determinara que el menoscabo había sido causado por una conducta típica de los
funcionarios de la entidad, en el ejercicio de sus funciones.
16. Para estudiar este punto, la Sala trazará un orden esquemático que iniciará por
referirse a (i) la caracterización general de los contratos de seguro que amparan la
infidelidad de los empleados, el riesgo que aseguran, los requisitos necesarios para
la demostración del siniestro, y la distinción entre las pólizas de ocurrencia y las de
descubrimiento. Posteriormente, (ii) estudiará los hechos probados en el proceso
que interesan en este punto para (iii) analizar la responsabilidad de las
aseguradoras, según la vigencia de la póliza, (iv) y según la demostración del
siniestro. Finalmente, (v) concluirá con el examen alusivo a la obligación
indemnizatoria a cargo de cada aseguradora.
2.2.1. Sobre el contrato de seguro de manejo y de infidelidad y riesgos
financieros, que amparan la infidelidad de los empleados
17. Los seguros de manejo y de infidelidad y riesgos financieros tienen su génesis
en la póliza global bancaria del derecho anglosajón33, en cuya virtud las entidades
33 NARVAEZ, J.E.; RODRÍGUEZ, S. y VENEGAS, A. Póliza Global Bancaria. En: Ensayos sobre seguros.
Bogotá, FASECOLDA, 1992. P. 293.
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bancarias y financieras trasladan a las aseguradoras el riesgo de que su patrimonio
sea afectado por conductas fraudulentas de sus empleados34. Se denomina global
en consideración a que una póliza puede reunir distintos amparos, disímiles entre
sí, entre los cuales está, usualmente, el de infidelidad de los empleados, que cobija
el riesgo de los actos desleales de éstos dirigidos a impactar negativamente los
intereses económicos del ente empleador35.
En Colombia, la Ley 225 de 193836 consagró por primera vez este esquema
mediante “seguros de manejo o infidelidad para las personas que prestaban sus
servicios a las entidades públicas”37 destinado a amparar la recta administración de
los recursos de la asegurada.
Actualmente, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 2003),
en su artículo 203, consagra el seguro de manejo, así:
“1. Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá
uno que tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores
de cualquier clase que se confíen a los empleados públicos o a los
particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean
responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos
y al cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos. (…)”
(Negrillas fuera del texto original).
Si bien la norma se refiere a los seguros de cumplimiento y de manejo
indistintamente, como si se tratara de la misma figura, la jurisprudencia se ha
encargado de diferenciar y precisar sus respectivos elementos constitutivos38, de
manera que:
“El riesgo que figuradamente se traslada al asegurador en esta clase de seguro
34 VENEGAS FRANCO, A. Cuestiones de seguros. Colombo editores. Bogotá, 1996. P. 124.
35 NARVÁEZ BONNET. J.E. El contrato de seguro en el sector financiero. Librería Ediciones del Profesional,
segunda edición. Bogotá. 2004. Págs. 27-28.
36 Artículo 2°: “El seguro (…) tendrá por objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier
clase que se confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas ante
las cuales sean responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al
cumplimiento de obligaciones que emanen de leyes o de contratos.”
37 NARVAEZ, J.E.; RODRÍGUEZ, S. y VENEGAS, A. Póliza Global Bancaria. En: Ensayos sobre seguros.
Bogotá, FASECOLDA, 1992. P. 293.
38 “El seguro de manejo, por su parte, también fue creado por la precitada ley 225 de 1938, que en su artículo
2° señala que aquel tiene por objeto garantizar ‘el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que
se confíen a los empleados públicos o a los particulares, a favor de las entidades o personas ante las cuales
sean responsables’, tratamiento legis que, ab initio, permite apreciar que el de manejo, stricto sensu, es un
instituto algo divergente del seguro de cumplimiento, con perfiles y contornos más propios que impiden, de por
sí, confundirlos o asimilarlos integralmente, por elementos en común que compartan, aunque en ocasiones, es
cierto, se utilice la expresión seguro de manejo y cumplimiento, como si se tratara, en efecto, siempre e
indefectiblemente, de un solo negocio jurídico, a sabiendas que la teleología y, sobre todo el riesgo, no es
simétrico en cada uno de estos tipos negociales aseguraticios”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencia de 24 de julio de 2006. Exp: 00191. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
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[de manejo] y que delimita por ende su responsabilidad frente al beneficiario (art.
1056 C.Co), no es la satisfacción de obligaciones que emanan de un determinado
negocio jurídico o de la ley –como acontece en el seguro de cumplimiento-, sino el
de infidelidad de la persona a quien se han confiado las sumas de dinero o
valores, infidelidad que ‘puede tener su origen en uno de estos actos; el
desfalco, el robo, el hurto, la falsificación y el abuso de confianza. Actos
intencionales, dolosos’ (…)”39.
(Negrillas fuera del texto original).
En esta misma línea, esta Sección ha definido que, por una parte, el seguro de
manejo es aquel en el cual:
“(…) las entidades públicas o privadas se precaven frente a los perjuicios que
pueden sufrir en su patrimonio con ocasión de la pérdida de sus fondos y bienes,
proveniente de las actuaciones de sus empleados en ejercicio de sus cargos y como
consecuencia de la administración, custodia o manejo de los bienes por parte de
dichos servidores.
Tratándose de las entidades estatales, el seguro de manejo las ampara de los
actos que sean tipificados como delito contra la administración pública, es
decir que en estos casos, el riesgo está fundado en la administración dolosa
o gravemente culposa de los bienes y valores confiados al funcionario en
razón de su cargo”40.
(Negrillas fuera del texto original).
Y, por otra parte, el seguro de infidelidad y riesgos financieros cumple el propósito
de:
“(…) proteger a las empresas de los perjuicios que pueden sufrir como consecuencia
de la infidelidad de sus empleados, por fraudes, el hurto calificado, en el transporte
de valores, por la falsificación o alteración de firmas, por el dinero falso, el crimen
por computador, etc.; (…)”41.
Se deriva de lo anotado que, sin perjuicio de las diferencias que puedan existir entre
los dos contratos de seguro bajo análisis, resulta evidente que el amparo de
infidelidad —que puede hacer parte de ambos— tiene el propósito de proteger al
empleador asegurado de los perjuicios patrimoniales que sufra como consecuencia
de conductas de sus empleados, encaminadas a causar el respectivo menoscabo,
con las precisiones y exclusiones de sus respectivos clausulados42.
39 Ibidem.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 19
de junio de 2013. Exp: 25472. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 19
de junio de 2013. Exp: 25472. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
42 ACOLDESE. Estudios sobre Seguros. XXXI Encuentro Nacional de ACOLDESE, 2022. P. 70. Sobre este
tema: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de diciembre de 2016. Exp: SC18594-
2016. M.P. Ariel Salazar Ramírez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 17 de
noviembre de 2020. Exp: SC4312-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez; Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, Sentencia de 24 de julio de 2006. Exp: SC00191. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de diciembre de 2022. Exp: SC3952-2022. M.P.
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2.2.1.1. Sobre el riesgo asegurado en los contratos de seguro de manejo y de
infidelidad y riesgos financieros, que amparan la infidelidad de los
empleados
18. De la caracterización presentada hasta este punto, se desprende que el riesgo
amparado en esta clase de seguros es el “de infidelidad de empleados, [derivados
de sus] actos fraudulentos o de deshonestidad”43, que desemboquen en menoscabo
patrimonial para la asegurada.
Para los efectos de este amparo, “los empleados son vistos de manera aislada y
autónoma por las decisiones que tomaron fraudulentamente, no con el fin de cumplir
el objeto social sino para ir en contra del mismo”44, de manera que la persona que
funge como asegurada se separa de sus empleados, situación que le permite ser
indemnizada por los daños que causen los actos malintencionados de éstos.
Así, para la jurisprudencia civil45, el riesgo asegurado es la comisión de actos
fraudulentos por parte de los empleados del asegurado, por lo que el siniestro se
constituye en el momento en el que los empleados incurren en estas conductas.
19. Ahora bien, no se pasa por alto que estos son seguros de daños, de lo cual
deviene —esencialmente— que la aseguradora indemniza únicamente por la
materialización de los daños que, en este, caso se concretarían en el detrimento
económico, lo que se opone a que proceda su reconocimiento ante la sola presencia
del acto fraudulento46. Por ende, no puede existir siniestro sin daño.
Sin embargo, el elemento esencial del daño, cristalizado en la merma patrimonial,
no implica que éste, en sí, constituya el siniestro, pues no cualquier detrimento o
menoscabo económico del asegurado activa este amparo; únicamente tiene la
virtualidad de hacerlo el quebranto causado directamente por actos fraudulentos de
los empleados.
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia del 19 de junio de 2013. Exp: 25472. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 17 de noviembre de 2020. Exp: SC4312-
2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de diciembre de 2016. Exp: SC18594-
2016.
45 “Cabe pues indicar que en el seguro de manejo el siniestro se configura cuando materialmente se realizan
los hechos en virtud de los cuales se produce la apropiación indebida o el uso inadecuado de tales bienes por
parte de la persona encargada de su correspondiente manejo.”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Sentencia de 24 de julio de 2006. Exp: SC00191. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
46 ORDÓÑEZ, A. El carácter indemnizatorio del seguro de daños. En: Revista de Derecho Privado No. 7,
enero/junio 2001. Universidad Externado de Colombia. P. 3.
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Sobre el particular, resulta especialmente ilustrativa la doctrina experta en este
campo del conocimiento:
“especialmente de cara a determinados tipos aseguraticios o situaciones
particulares, es usual que el daño, mejor aún sus consecuencias desfavorables, no
se manifiesten con tanta inmediatez, (…). Estos daños, de aparición, consolidación
o maduración posterior, son conocidos como daños tardíos o daños diferidos, los
cuales, no obstante la evidente dificultad de ubicación, suelen obligar la
responsabilidad del asegurador, a condición (…) de que sean fruto de un
hecho acaecido durante la vigencia del seguro (…)”47.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
20. En consecuencia, en términos generales, y sin perjuicio de las particularidades,
condiciones y exclusiones de cada póliza, el siniestro, concebido desde la
perspectiva de un acto complejo, inicia con el acto deshonesto o fraudulento del
empleado del asegurado, y se consuma con el acaecimiento del daño materializado
en el menoscabo patrimonial directo, situaciones que bien pueden tener cabida en
momentos distintos y diferidos en el tiempo, o concretarse en un solo acto.
2.2.1.2. Sobre los requisitos necesarios para la demostración del siniestro
21. Es bien sabido que la obligación condicional del asegurador, consistente en
indemnizar el daño, nace con la ocurrencia del siniestro, entendido éste como la
concreción del riesgo asegurado. Así, para el surgimiento del correlativo derecho a
ser indemnizado, el asegurado debe demostrar, en los términos del artículo 1077
del Código de Comercio, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida
ocasionada.
22. Tratadistas48 especializados en este tópico igualmente consideran que el
amparo de infidelidad de empleados requiere de la demostración de tres elementos:
1. La pérdida directa,
2. Los actos deshonestos o fraudulentos y
3. Que tales actos sean cometidos por los empleados del asegurado.
Resulta menester que el asegurado pruebe que los actos de sus empleados fueron
47 JARAMILLO, C.I. La configuración del siniestro en el seguro de la responsabilidad civil. 4 ed. Temis. Bogotá,
2011. P. 56.
48 NARVÁEZ, J.E. El contrato de seguro y los contratos de la actividad financiera: Coberturas y tendencias del
seguro global bancario, 43 RIS, 49-102 (2015). http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.ris43.csaf.
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deshonestos o fraudulentos, y no meramente negligentes, pues estas pólizas
amparan únicamente “actos voluntarios encaminados específicamente a causar un
menoscabo patrimonial a la primera, de modo que en ellos es posible detectar el
evidente o notorio propósito de producir ese daño”49. Esto es, amparan actos
totalmente intencionales, en el marco del dolo en el derecho civil, en la medida que
el empleado tenga conciencia y voluntad de que su conducta causará un daño
patrimonial50.
En cuanto al significado de actos “deshonestos o fraudulentos”, la justicia arbitral ha
determinado que “comprende aquellos de naturaleza dolosa que pueden
enmarcarse en varios delitos, según las particularidades de cada caso en concreto,
pero también todos aquellos actos deshonestos no tipificados como delitos”51, de
manera que “la existencia del siniestro no depende de ninguna calificación penal, ni
mucho menos que se produzca una condena en procedimiento penal”52.
En estos términos, el asegurado debe comprobar que los hechos de los cuales
derivó la pérdida patrimonial fueron intencionalmente cometidos por sus empleados.
En consecuencia, para tener por configurado el siniestro no es necesario
individualizar a los empleados causantes del fraude, ni aportar fallo condenatorio de
responsabilidad fiscal, disciplinaria o fiscal.
2.2.1.3. Sobre las pólizas de ocurrencia, las de descubrimiento y las claims
made
23. De conformidad con la regla general, los seguros terrestres operan bajo el
sistema de ocurrencia, según el cual la póliza ampara el siniestro ocurrido durante
su vigencia53. Sin embargo, en casos específicos y en virtud de expresa habilitación
legislativa, las aseguradoras pueden expedir pólizas basadas en el sistema de
descubrimiento o de reclamación, también llamadas claims made.
49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de diciembre de 2016. Exp: SC18594-
2016.
50 Laudo Arbitral de 24 de octubre de 2012 de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación
forzosa administrativa contra Chubb de Colombia S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A. Árbitros: José Fernando
Torres, Diana Patricia Salom, José Fernando Ramírez.
51 Laudo Arbitral de 2 de diciembre de 2014 de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación
forzosa administrativa contra Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A.
(AIG Seguros Colombia S.A.) Exp. 2978. Árbitros: Carmenza Mejía Martínez, Juan Carlos Esguerra Portocarrero
y Juan Manuel Diaz-Granados Ortiz. Citando el Laudo arbitral de 11 de octubre de 2011 de Andino Capital
Markets Comisionista de Bolsa contra La Interamericana Compañía de Seguros. Árbitros: Carlos Esteban
Jaramillo Schloss, Andrés Ordóñez Ordóñez y Jorgee Suescún Melo.
52 Sánchez Calero, F. Ley de Contrato de Seguro. Thomson Reuters, 2010. Pág. 1.137.
53 Artículo 1073 del Código de Comercio.
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Las pólizas de descubrimiento y de reclamación fueron consagradas por el artículo
4° de la Ley 389 de 1997, en cuya virtud se amparan hechos pretéritos pero que se
descubren o se reclaman durante su vigencia54, para los casos explícitamente
autorizados por la ley55. En el caso del seguro de manejo y riesgos financieros, las
partes del contrato pueden escoger, en ejercicio de su autonomía privada, entre el
sistema de ocurrencia o descubrimiento56.
No obstante, las modalidades de claims made y de descubrimiento requieren que,
al momento de celebrar el contrato de seguro, el asegurado desconozca —sin
negligencia— la ocurrencia de los hechos que configuran el siniestro57, pues, en
caso contrario, habrá reticencia.
Se destaca que, por ser estas modalidades excepcionales a la regla general,
requieren de pacto expreso. En defecto, el seguro corresponderá a la modalidad de
ocurrencia.
2.2.2. Sobre lo probado en el proceso
24. En el proceso quedó plenamente probado que la Secretaría Distrital de
Hacienda suscribió tres contratos de seguro, en los que amparaba el riesgo de
infidelidad de sus trabajadores:
• “Seguro Manejo Póliza Sector Oficial 1002898”, expedido por La
Previsora S.A.58: Con vigencia comprendida entre el 11 de octubre de
2002 y las 00:00 del 1 de diciembre de 2003, y con un valor asegurado
de $300’000.000. A falta de pacto expreso, el contrato se celebró bajo el
sistema de ocurrencia del siniestro.
54 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 3 de diciembre de 2019. Exp: SC5217-2019.
M.P. Luis Alonso Rico Puerta.
55 “(...) la facultad otorgada por el artículo 4° de esta Ley es de carácter taxativo y excluyente, de modo que
únicamente podrá pactarse la modalidad “por descubrimiento” en contratos de seguro que amparen el manejo
de recursos y en general las consecuencias de infidelidad y riesgos financieros y, a su turno, la modalidad “por
reclamación” o “Claims made” en los seguros que cubren la responsabilidad civil, conclusión que no requiere
de mayores elucubraciones, ni de interpretación alguna, puesto que así quedo claramente referido en el artículo
mencionado.” Laudo arbitral de 10 de julio de 2020 de Fondo Nacional del Ahorro contra Mapfre Seguros
Generales de Colombia S.A. Exp: 15891. Árbitros: Antonio Pabón Santander, María del Pilar Galvis Segura y
Jorge Santos Ballesteros.
56 Laudo Arbitral de 2 de diciembre de 2014 de Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación
forzosa administrativa contra Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. y Chartis Seguros Colombia S.A.
(AIG Seguros Colombia S.A.) Exp. 2978. Árbitros: Carmenza Mejía Martínez, Juan Carlos Esguerra Portocarrero
y Juan Manuel Diaz-Granados Ortiz.
57 Uribe, N. El régimen general de responsabilidad de los administradores de sociedades y su aseguramiento.
Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídica. Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá, 2013.
58 Folios 88 a 110 cuaderno 1.
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• “Póliza de Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales
92100000100”, expedida por Central de Seguros QBE59: Con vigencia
que abarcaba desde las 00:000 del 1 de diciembre de 2003 hasta el 30
de marzo de 2005, y con valor asegurado de $300’000.000. Ante la
ausencia de estipulación en contrario, el contrato se celebró bajo el
sistema de ocurrencia del siniestro.
• “Póliza de Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros 93100000040”,
expedida por Central de Seguros QBE60: Con una vigencia que cobijaba
desde las 00:000 del 5 de diciembre de 2003 hasta el 27 de marzo de
2005, con valor asegurado de $25.000 USD. Este contrato se celebró bajo
el sistema de descubrimiento, y para cubrir pérdidas cuyo valor excediera
el cubierto por otros seguros vigentes al momento de descubrirse la
pérdida.
25. También quedó probado —y sobre lo cual, además, no hay debate— que la
Subdirección de Obligaciones Pensionales de la Secretaría Distrital de Hacienda
tenía a su cargo la coordinación frente a la expedición de los actos administrativos
de pensiones y cuotas partes de pensiones del Fondo de Pensiones Públicas de
Bogotá D.C. y, en general, asumía las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones pensionales61. Asimismo, que, en virtud del procedimiento
dispuesto para esos fines, la Subdirección debía incluir y verificar las novedades
recibidas mensualmente y entregar los archivos de nómina al Consorcio F.P.B. para
que realizara los pagos respectivos62.
26. Está demostrado que, a raíz de unos controles internos de la Subdirección de
Obligaciones Pensionales llevados a cabo en febrero de 200463, se encontró que
unos actos administrativos de reconocimiento pensional habían sido presuntamente
falsificados. En los meses siguientes, gradualmente, la Subdirección encontró otros,
de manera que, para mayo de 2004, reportó un total de 21 resoluciones
presuntamente falsificadas. Asimismo, que, de las 21 resoluciones supuestamente
59 Folios 537 a 546 cuaderno de pruebas 2.
60 Folios 286 a 359 cuaderno 4.
61 Numeral 16 del artículo de funciones de la Subdirección de Obligaciones Pensionales. Folio 486 cuaderno 4.
62 Procedimiento expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda de la nómina de pensionados FPPB. Folios
517 a 552 cuaderno 4.
63 Sustentado por el testimonio de Daniel Barrera Blanco, folio 93 cuaderno 6; testimonio de Ximena Juana
Francisca Lozano Beltrán, folio 50 cuaderno 6; testimonio de Daniel Barrera Blanco, folio 93 cuaderno 6.
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adulteradas, el Consorcio F.P.B. ya había hecho los pagos con fundamento en 7 de
ellas64.
Se evidenció que, en los primeros días de marzo de 2004, la Subdirección de
Obligaciones Pensionales envió un correo electrónico al Consorcio F.P.B. en el que
ordenó la suspensión de los pagos derivados de las resoluciones cuya veracidad no
reconocía65.
27. Por otra parte, el Consorcio F.P.B. certificó los valores por los cuales había
efectuado los desembolsos66, en atención a las instrucciones impartidas por la
Secretaría Distrital de Hacienda, de las 7 resoluciones mencionadas, así:
Resolución Fecha de expedición Nombre
Fecha de pago Valor pago + EPS
No. Resolución beneficiario
1 de diciembre de 2003 $ 46.369.431,00
7 de enero de 2004 $ 2.893.672,00
Leilo Martínez
1873 29 de agosto de 2003 2 de febrero de 2004 $ 3.081.471,00
Rueda
5 de marzo de 2004 $ 3.081.471,00
Total $ 55.426.045,00
4 de noviembre de 2003 $ 32.353.086,00
5 de diciembre de 2003 $ 4.574.532,00
18 de septiembre de Néstor Riveros 8 de enero de 2004 $ 2.287.266,00
2036
2003 Celeita
6 de febrero de 2004 $ 2.435.710,00
4 de marzo de 2004 $ 2.435.710,00
Total $ 44.086.304,00
5 de diciembre de 2003 $ 67.623.970,00
8 de enero de 2004 $ 2.462.242,00
Rosa Tulia Abril
2511 17 de octubre de 2003 6 de febrero de 2004 $ 2.622.042,00
Nova
6 de marzo de 2004 $ 2.622.042,00
Total $ 75.330.296,00
5 de diciembre de 2003 $ 100.948.738,00
8 de enero de 2004 $ 3.115.037,00
Edelmira
2523 22 de octubre de 2003
Bastidas Villate 6 de febrero de 2004 $ 3.317.203,00
6 de marzo de 2004 $ 3.317.203,00
Total $ 110.698.181,00
7 de enero de 2004 $ 107.442.705,00
Carlos Julio
2552 27 de octubre de 2003 5 de febrero de 2004 $ 3.437.279,00
Ávila Camargo
Total $ 110.879.984,00
2881 10 de noviembre de Jahir García 5 de enero de 2004 $ 112.653.586,00
64 Folio 646 cuaderno 4.
65 Testimonio de Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán, folio 50 cuaderno 6; testimonio de Daniel Barrera
Blanco, folio 93 cuaderno 6.
66 Folios 794 a 800 cuaderno 3.
31
Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
2003 Ariza
4 de febrero de 2004 $ 3.549.718,00
Total $ 116.203.304,00
6 de enero de 2004 $ 131.833.720,00
10 de noviembre de Óscar Rojas
2939 4 de febrero de 2004 $ 3.946.857,00
2003 Rincón
Total $ 135.780.577,00
$ 648.404.691,00
En estos términos, en el proceso se probó que el valor de la pérdida ascendió a la
suma de $648’404.691
• Sobre el reclamo del siniestro a La Previsora S.A. en virtud de la póliza No.
1002898.
28. En el expediente obra prueba de que, el 30 de marzo de 2005, JLT Valencia e
Iragorri Corredores de Seguros S.A. —en su calidad de intermediario de seguros de
la Secretaría Distrital de Hacienda— le dio aviso a La Previsora67 sobre la ocurrencia
del siniestro que afectaba la póliza 1002898. Para los efectos, anexó el oficio con
radicado 2005EE1096 de la Secretaría Distrital de Hacienda, en el que puso de
presente que las investigaciones que habían adelantado hasta la fecha
demostraban que había habido un detrimento por un valor aproximado de
$748’491.742, en virtud de resoluciones presuntamente falsificadas.
En comunicaciones posteriores, JLT Valencia e Iragorri Corredores de Seguros S.A.
aportó la documentación tendiente a demostrar la ocurrencia del siniestro y la
cuantía de la pérdida68. Entre otras, aportó las resoluciones supuestamente
falsificadas, los procedimientos internos para la expedición de los actos
administrativos de reconocimiento de pensión y posterior desembolso, las
certificaciones que ponían de presente que las resoluciones consignaban
falsedades y prueba de los desembolsos efectuados como consecuencia69.
También le informó a La Previsora S.A. las distintas acciones que los funcionarios
de la Secretaría Distrital de Hacienda habían adelantado frente a los hechos
delictivos. Entre otras, las denuncias penales radicadas ante la Fiscalía General de
la Nación el 27 de febrero de 200470, 18 de marzo de 200471 y el 29 de abril de
200472; la denuncia presentada ante el Personero Distrital del 5 de marzo de 200473;
67 Folio 13 cuaderno 2.
68 Folios 20, 190 y 259 cuaderno 2.
69 Folios 266 a 411 y 502 a 525 cuaderno 2.
70 Folio 29 cuaderno 2.
71 Folio 38 cuaderno 2.
72 Folio 54 cuaderno 2.
73 Folio 33 cuaderno 2.
32
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la denuncia formulada ante la Contraloría Distrital de Bogotá el 18 de marzo de
200474, el 13 de abril de 200475 y el 29 de abril de 200476; y la denuncia elevada
ante el DAS el 29 de marzo de 200477. Asimismo, informó al ajustador nombrado en
el marco de esa póliza que la Personería de Bogotá había emitido el Auto de
Apertura 188 en contra de funcionarios de la Secretaría Distrital de Hacienda78.
Por su parte, el 12 de octubre de 200579, La Previsora S.A. remitió a JLT Valencia
e Iragorri la liquidación para la indemnización del siniestro, en la que reconoció
$32’264.17780, derivado del pago efectuado a Néstor Riveros Celeita, que era el
único valor desembolsado en la vigencia de su póliza.
29. En vista de que las aseguradoras mantuvieron posiciones disímiles en cuanto a
la ocurrencia del siniestro —como se pasará a exponer—, la Secretaría decidió no
aceptar la liquidación de La Previsora81.
• Sobre el reclamo del siniestro a QBE en virtud de la póliza No. 92100000100
30. Está plenamente probado, también, que el 1 de marzo de 2005 JLT Valencia e
Iragorri Corredores de Seguros S.A. le dio aviso a QBE82 sobre la ocurrencia del
siniestro que afectaba la póliza No. 92100000100. Para los efectos, anexó el oficio
con radicado 2005EE1096 de la Secretaría Distrital de Hacienda, en el que puso de
presente que las investigaciones que habían adelantado hasta la fecha
demostraban que había habido un detrimento por un valor aproximado de
$748’491.742, en virtud de resoluciones presuntamente falsificadas.
En comunicaciones posteriores, JLT Valencia e Iragorri Corredores de Seguros
S.A.83 aportó la documentación tendiente a demostrar la ocurrencia del siniestro y
74 Folio 35 cuaderno 2.
75 Folio 44 cuaderno 2.
76 Folio 51 cuaderno 2.
77 Folio 41 cuaderno 2.
78 Folio 435 cuaderno 2.
79 Folio 527 cuaderno 2.
80 En el reconocimiento del siniestro, La Previsora aceptó los valores que fueron desembolsados durante su
vigencia, que ascendieron a $32’078.686 por concepto de mesadas pensionales y $3’770.400 correspondiente
a aportes a la EPS, para un total de $35’849.086, menos el deducible de $3’584.909, por lo que el valor a
indemnizar fue calculado en $32’264.909. Sin embargo, en las certificaciones emitidas por el Consorcio al
expediente se evidencia que los pagos efectuados a Néstor Riveros Celeita durante la vigencia de dicha póliza
correspondieron a $32’078.686 por mesadas pensionales y $274.400 por pagos a la EPS, para un valor total de
$32’353.086.
81 Folio 532 cuaderno 2.
82 Folio 547 cuaderno 2.
83 Folios 561 y 732 cuaderno 2, y folio 3 cuaderno 4.
33
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la cuantía de la pérdida84. Con ese cometido, remitió los documentos que probaban
los mismos hechos que presentó en la reclamación ante La Previsora.
Por su parte, el 26 de agosto de 2005, QBE objetó la reclamación efectuada 85,
debido a que el siniestro había ocurrido con la expedición de las resoluciones
supuestamente falsificadas, antes de que la póliza expedida entrara en vigencia.
Después de la reconsideración presentada por el intermediario 86, QBE
complementó la objeción sobre la base de que la demostración del siniestro requería
de fallo que tipificara la conducta punible o, en su defecto, fallo fiscal87.
• Sobre el reclamo del siniestro a QBE en virtud de la póliza No. 93100000040
31. En el proceso quedó probado que, el 5 de enero de 2005, la Secretaría Distrital
de Hacienda remitió a Central de Seguros S.A. QBE la comunicación con radicado
2005EE109688, en el marco de la póliza de infidelidad y riesgos financieros No.
93100000040, en la que puso de presente que las investigaciones que habían
adelantado hasta la fecha demostraban que había habido un detrimento por un valor
aproximado de $748’491.742, en virtud de resoluciones presuntamente falsificadas.
En comunicaciones posteriores, JLT Valencia e Iragorri Corredores de Seguros
S.A.89 aportó la documentación tendiente a demostrar la ocurrencia del siniestro y
la cuantía de la pérdida90. Con ese propósito, remitió los documentos que probaban
los mismos hechos que describió en las reclamaciones ya mencionadas.
No existe prueba de que QBE aceptara u objetara esta reclamación.
2.2.3. Sobre el análisis de responsabilidad, según la póliza vigente
2.2.3.1. Las pólizas pactadas bajo el sistema de ocurrencia
32. Sea lo primero recordar que las pólizas que han sido pactadas bajo el sistema
de ocurrencia están llamadas a indemnizar por los siniestros que acontezcan
durante su vigencia.
84 Folios 563 a 729 y 734 a 791 cuaderno 2, y folios 1, 2 y 4 a 155 cuaderno 4.
85 Folio 764 cuaderno 4.
86 Folio 176 a 179 cuaderno 4.
87 Folio 184 cuaderno 4.
88 Folio 360 cuaderno 4.
89 Folios 387, 556, 624 y 791 cuaderno 4, y folios 802, 836, 840, 904 cuaderno 3.
90 Folios 389 a 555, 558 a 615 y 625 a 788 cuaderno 4, y folios 792 a 800, 803 a 824, 837 a 839, 842 a 903,
905 a 907 cuaderno 3.
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De importancia es igualmente reiterar que al tenor de lo dispuesto en el artículo
1073 del Código de Comercio que regula la responsabilidad del asegurador según
el inicio del siniestro, establece que: “Si el siniestro, iniciado antes y continuado
después de vencido el término del seguro, consuma la pérdida o deterioro de la
cosa asegurada, el asegurador responde del valor de la indemnización en los
términos del contrato” (Negrillas fuera del texto original).
En virtud de lo expuesto anteriormente, en los amparos que nos conciernen, el
siniestro inicia en el momento en el que los empleados cometen los actos
fraudulentos y el daño se materializa con el menoscabo patrimonial, en la medida
en que, como se analizó, el riesgo asegurable lo constituye el acto desleal, que no
exclusivamente el deterioro económico.
• Póliza 1002898 expedida por La Previsora S.A.
33. Una interpretación sistemática y teleológica de la póliza 1002898 expedida por
La Previsora S.A. —que, por lo demás, está pactada bajo el sistema de ocurrencia—
apoya esta lectura. En efecto, si bien la condición séptima de la póliza dispone que
se entiende ocurrido el siniestro “a) Cuando la ENTIDAD ASEGURADA sufra un
menoscabo patrimonial a consecuencia de uno de los eventos cubiertos por la
presente póliza (…)”91 (negrillas fuera del texto original), de lo cual podría pensarse
que el siniestro lo constituye el efectivo menoscabo, no puede perderse de vista que
la condición octava determina que:
“(…) La suma asegurada que se tendrá en cuenta para efectos de la indemnización,
será aquella que se encuentre vigente al momento de la ocurrencia del acto
constitutivo del delito (…)”92.
(Negrillas fuera del texto original).
De manera que “el acto constitutivo de delito” corresponde al momento en el que el
siniestro inicia, sin perjuicio de que finalice con el desembolso fundado en la causa
ilícita que lo precede.
Una interpretación contraria, según la cual el siniestro lo constituye el efectivo
menoscabo, habría comportado la eventual imposibilidad jurídica y material de
91 Folio 103 cuaderno 1.
92 Folio 103 cuaderno 1.
35
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amparar ese tipo de riesgo en caso de que la comisión del acto delictivo ocurra
antes de que la póliza entre en vigencia, pero el menoscabo efectivo ocurra durante
la vigencia. Así, de seguir la orientación opuesta, llevaría que al momento de
producirse el acto delictivo no existiría contrato de seguro, luego, no habría suma
asegurada para calcular el límite de la indemnización, con lo cual la condición octava
perdería su efecto práctico.
Adicionalmente, debe resaltarse que, en los términos de la misma póliza, el siniestro
ocurre “a consecuencia de uno de los eventos cubiertos”, sin que —como ya se ha
dicho— pueda predicarse la materialización del riesgo asegurado por el solo
menoscabo patrimonial, per se, sin atender a la causa que lo produjo.
En consecuencia, el siniestro inició su ocurrencia en el momento en el que los
funcionarios incurrieron en “el acto constitutivo de delito”, al margen de que se
consuma con el débito indebido.
34. Según lo probado en el expediente, la Secretaría de Hacienda le puso de
presente a las aseguradoras que 7 resoluciones habían sido falsificadas y, con base
en ellas, el Consorcio F.P.B. había efectuado los respectivos desembolsos.
Sin perjuicio de lo que más adelante se profundice sobre los requisitos para probar
el siniestro, no queda duda de que adulterar resoluciones, en caso de que así sea
demostrado, constituye el delito de falsedad material93 en documento público, según
el artículo 287 del Código Penal (Ley 599 de 2000, vigente para la época de los
hechos).
De esta manera, el siniestro, que para al efecto no estaba sujeto a la sentencia de
la justicia penal declarativa de su acaecimiento, inició y se prolongó en las fechas
en las que las resoluciones presuntamente falsificadas fueron expedidas: entre el
29 de agosto de 2003 y el 10 de noviembre de 2003. Por ende, la obligación
indemnizatoria nació en cabeza de la aseguradora cuya póliza estaba vigente en
dichas fechas, a saber, de La Previsora S.A., en virtud de la póliza 1002898 que
93 Así lo ha concluido la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al sostener “Se trata, por tanto, de la
creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que en el caso de la falsedad documental pública se
entiende consumada con la editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del documento que
se atribuye a una específica autoridad pública y que por ende representa una situación con respaldo en el
derecho al involucrar en su formación la intervención del Estado por intermedio de alguno de sus agentes
competentes, esto es, que se supone expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones y con el
lleno de las formalidades correspondientes” (Negrillas fuera del texto). Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. Sentencia de 18 de junio de 2014. Rad: 39090. M.P. María del Rosario González Muñoz.
36
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amparaba el riesgo desde el 11 de octubre de 2002 hasta el 1 de diciembre de 2003.
Así pues, en principio, radicaría en cabeza de La Previsora S.A. la obligación
indemnizatoria por la totalidad de los siniestros reclamados, que, según quedó
probado, corresponde a $648’404.691.
35. No obstante, la póliza consagraba un valor asegurado de $300’000.000, que es
el límite de la indemnización a la que está obligado el asegurador. En consecuencia,
La Previsora únicamente deberá responder, a título de indemnización —y sin
perjuicio de los intereses moratorios y el deducible a cargo del asegurado a los que
nos referiremos más adelante— por $300’000.000.
• Póliza 92100000100 expedida por QBE
36. Esta póliza, pactada bajo el sistema de ocurrencia, tenía vigencia del 1 de
diciembre de 2003 hasta el 30 de marzo de 2005. Según se concluyó, el siniestro
inició con la expedición de las resoluciones, desde el 29 de agosto hasta el 10 de
noviembre de 2003. Por tal motivo, la cobertura de esta póliza no había empezado
para el momento en el que iniciaron los siniestros, razón por la cual resulta palmario
que no puede ordenarse indemnización con cargo a ese seguro.
En efecto, se reitera que el inciso primero del artículo 1073 del Código de Comercio
dispone que la aseguradora que debe indemnizar el siniestro es aquella cuya póliza
esté vigente en el momento en el que inicia su ocurrencia, aun cuando, como se
explicó en precedencia, se materialice la pérdida después de vencido el término de
vigencia.
Por oposición, es el inciso segundo del artículo 1073 del Estatuto Mercantil el que
regula el supuesto de hecho en el que se encuentra QBE con ocasión de la Póliza
92100000100, al indicar que: “(…) si [el siniestro] se inicia antes y continúa después
que los riesgos hayan principiado a correr por cuenta del asegurador, éste no será
responsable por el siniestro”.
En efecto los actos fraudulentos constitutivos de siniestro iniciaron antes de que
iniciara la vigencia de la póliza que ahora se analiza, al margen de que su concreción
se hubiera cristalizado cuando ésta ya había cobrado vigor, evento que de suyo
descarta la posibilidad de atribuir responsabilidad indemnizatoria a QBE, en virtud
37
Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
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de esta póliza.
Así lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre el alcance
del segundo inciso del artículo 1073 del Código de Comercio, como sigue:
“Lo dicho traduce que el siniestro, consistente en la ejecución de las obras que
afectaron el predio de Leopoldo Suárez Carrillo tras la edificación de Village Elite,
se generó a partir del 24 de febrero de 2014, cuando inició esta obra, época para la
cual no se había otorgado la póliza fundante de la vinculación de Seguros Generales
Suramericana.
Por ende, la aplicación del inciso 2° del artículo 1073 del Código de Comercio era
de rigor, como lo hizo el juzgado de primera instancia, al concluir que Suramericana
no estaba obligada al pago de la condena impuesta a las convocadas, en razón a
que el siniestro empezó antes de la cobertura temporal del seguro y continuó
después de que la aseguradora asumió los riesgos, eventualidad que la exonera de
responsabilidad en el pago del siniestro al tenor del precepto legal señalado”94.
En conclusión, QBE no tiene obligación alguna de indemnizar, en virtud de esta
póliza, a la Secretaría Distrital de Hacienda por los hechos reclamados.
2.2.3.2. La póliza pactada bajo el sistema de descubrimiento
37. Como ya se determinó, estas pólizas amparan las pérdidas que el asegurado
descubra durante su vigencia, con independencia del momento en el que la pérdida
acaeció.
La Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros 93100000040, expedida por QBE,
fue pactada bajo esta modalidad, así:
“nos comprometemos a pagar y a reconocer al Asegurado toda pérdida que él [sic]
mismo, pueda durante la vigencia de este seguro (como se indica en la carátula)
sufrir o descubrir que ha sufrido (…)”95.
(Negrillas fuera del texto original).
Asimismo, que la carátula de la póliza, en su anexo de modificación, determina,
“Fecha retroactiva eliminada y reemplazada por la cláusula de limitación de
descubrimiento BEHJ No. 1”96, que, a su tenor, estipula:
94 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 21 de julio de 2021. Exp: 2015-00230. M.P.
Aroldo Wilson Quiroz Monsalve.
95 Folio 291 cuaderno 4.
96 Folio 287 cuaderno 4.
38
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“No habrá responsabilidad con respecto a ningún reclamo:
a) Proveniente de o en conexión con cualquier circunstancia u ocurrencia que haya
sido notificada al asegurador bajo cualquier otra póliza de seguros, efectuada
con anterioridad a esta póliza.
b) Proveniente de o en conexión con cualquier circunstancia u ocurrencia conocida
por el asegurado, antes de la fecha de iniciación de este seguro”97.
En este sentido, la póliza establece que indemnizará las pérdidas que el asegurado
descubra durante la vigencia, con independencia al momento en el que ocurrieron,
siempre que, para la época de la celebración del contrato, el asegurado no la
conociera.
Respecto de la definición de descubrimiento, la póliza determina que:
“Esta póliza aplica a pérdidas descubiertas por el asegurado durante el período de
la póliza. Descubrimiento ocurre cuando el asegurado tiene conocimiento de hechos
que causarían que una persona razonable asuma que una pérdida cubierta por esta
póliza ha ocurrido o ocurrirá, ya sea que la cuantía exacta o los detalles de la pérdida
no se conozcan todavía”98.
(Subrayados fuera del texto original).
Esta póliza estuvo vigente desde las 00:000 del 5 de diciembre de 2003 hasta el 27
de marzo de 2005.
38. Está demostrado que el asegurado advirtió, por primera vez, que existían unas
resoluciones presuntamente falsas de reconocimiento pensional, a finales de
febrero de 2004. Esto es, en vigencia de esta póliza.
Se aúna que entre febrero y mayo de 200499, la Secretaría Distrital de Hacienda,
gradualmente, descubrió otras resoluciones presuntamente falsificadas, 7 de las
cuales habían culminado en el efectivo pago por parte del Consorcio F.P.B., con lo
que se produjo un quebranto patrimonial.
También, que el 5 de enero de 2005, mediante oficio con radicado 2005EE1096, la
Secretaría le informó a QBE que las investigaciones adelantadas hasta la fecha por
los hechos defraudatorios daban cuenta de que había habido un detrimento por un
valor aproximado de $748’491.742. La Secretaría manifiesta que, mediante este
97 Folio 357 cuaderno 4.
98 Folio 358 cuaderno 4.
99 Folio 646 cuaderno 4.
39
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oficio, le dio alcance a una comunicación del 20 de septiembre de 2004100, en la que
informó de la apertura de la indagatoria preliminar por parte de la Contraloría de
Bogotá.
Y está probado que el 2101 y 8 de marzo102 de 2005, QBE solicitó al intermediario
del seguro información adicional para complementar el aviso del posible siniestro.
En consecuencia, la Secretaría Distrital de Hacienda, por conducto de su
intermediario, aportó a QBE la información y documentación con el fin de probar la
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.
En estos términos, esta Sala encuentra que la pérdida fue descubierta, según la
definición de la garantía, durante la vigencia de la Póliza No. 93100000040, razón
por la cual QBE —en su calidad de aseguradora en este contrato— tendría, en
principio, la obligación de indemnizar los daños.
39. Sin perjuicio de todo lo anterior, no puede perderse de vista una circunstancia
particular que riñe con la posibilidad de radicar responsabilidad de indemnizar en
cabeza de QBE con sustento en esta póliza.
Las condiciones de la póliza establecían las reglas que, en materia indemnizatoria,
debían observarse en caso de concurrir varios seguros al amparo de un mismo
riesgo. Así, dispuso:
“4. Otros seguros. Queda convenido que en el evento de una pérdida, reclamo o
daño, amparado por esta Póliza, también está [sic] cubierto por otros seguros
tomados por el Asegurado, la presente Póliza únicamente pagará reclamos (sin
exceder el valor asegurado de esta Póliza) por el exceso del valor de la pérdida de
tal otro seguro que estuviera en vigencia al momento de descubrirse la pérdida”103.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
40. En el proceso está probado que los daños amparados por esta póliza estuvieron
cubiertos, además, por otras dos pólizas: la expedida por La Previsora, a la cual ya
nos hemos referido, y la de Seguro de Manejo Global para Entidades Oficiales
92100000100 expedida por QBE.
También está acreditado que, al momento de descubrirse la pérdida, esto es, en
100 No obstante, en el expediente no obra copia de esta comunicación.
101 Folio 368 cuaderno 4.
102 Folio 381 cuaderno 4.
103 Folio 302 cuaderno 4.
40
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febrero de 2004, estaban vigentes, de manera paralela, las dos pólizas expedidas
por QBE; una bajo el sistema de ocurrencia y, la otra, de descubrimiento.
41. Y, como ya se ha expuesto, la póliza en virtud de la cual nace la obligación
indemnizatoria es la expedida por La Previsora, que no estaba vigente al momento
del descubrimiento. La que sí estaba en vigencia al momento de descubrirse la
pérdida era la 92100000100 expedida por QBE, de la que, según expondremos
enseguida, no deviene obligación indemnizatoria.
En otras palabras, no se reúnen las condiciones previstas en esta cláusula para
que, ante la existencia de múltiples seguros, QBE responda por el pago de una
indemnización con cargo a la póliza de descubrimiento 93100000040.
42. Por sustracción de materia, en virtud de que QBE no resultará condenada en
este proceso, no se analizarán los demás cargos de la impugnación de QBE,
consistentes en el porcentaje del deducible aplicable en las dos pólizas, la reducción
de la indemnización por el incumplimiento del deber de mitigación del daño y la
reticencia.
2.2.4. Sobre el análisis de responsabilidad, según la demostración del siniestro
43. En la medida en la que ya definimos que la única póliza que está llamada a
responder es la 1002898 expedida por La Previsora, esta Sala analizará la
demostración del siniestro respecto de ésta.
44. Se reitera que la demostración del siniestro en el caso que nos ocupa requiere
que se reúnan y acrediten tres elementos: (i) el daño, (ii) consecuencia de actos
deshonestos o fraudulentos (iii) cometidos por los empleados del asegurado, sin
que sea necesario que anteceda una condena penal.
45. Y resulta que esta póliza no contiene pacto en contrario sobre lo que ya se ha
decantado respecto de la demostración del siniestro, como se pasará a detallar:
En primer lugar, la condición séptima dispone que el siniestro amparado ocurre en
dos eventos distintos:
“a) Cuando la ENTIDAD ASEGURADA sufra un menoscabo patrimonial a
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consecuencia de uno de los eventos cubiertos por la presente póliza.
b) Cuando se trate de alcances que se liquiden en juicios de cuentas, en la fecha en
la cual quede debidamente ejecutoriada la providencia que declare fiscalmente
responsable al Empleado. (…)”104.
Véase que el literal b) regula un caso especial, en el que el siniestro dependa de un
juicio de cuentas derivado de un proceso de responsabilidad, caso en el cual el
siniestro únicamente se constituye con el fallo ejecutoriado de responsabilidad
fiscal. Por el contrario, el literal a) incorpora una premisa general aplicable a los
demás eventos, en cuya virtud no se requiere de condena de ninguna naturaleza.
Se resalta, en primer lugar, que no estamos ante el evento regulado en el literal b)
en cuanto, en este caso, lo que se discute no pende del juicio de cuentas derivado
del proceso de responsabilidad fiscal.
En cuanto al literal a), véase que la póliza estipula en varias condiciones y cláusulas
que el riesgo que ampara es el de infidelidad de empleados “que incurran en delitos
contra la administración pública”105 o, en otras palabras, “por actos que se tipifiquen
como delitos contra la Administración Pública”106.
En los términos de la póliza, el seguro amparaba el riesgo de actos deshonestos
generadores de menoscabo patrimonial, 107 que se tipifiquen como delitos en contra
de la Administración Pública, sin que necesariamente se requiera que la justicia
penal haya condenado por esos delitos.
Esta exégesis cobra mayor vigor de cara a otras cláusulas adicionales de la póliza,
en las que se dispone:
“Pérdidas de Empleados no identificados: Cuando respecto de cualquier pérdida, el
asegurado no pudiera determinar específicamente al empleado o los
empleados responsables, la compañía reconocerá la indemnización
correspondiente, siempre y cuando las pruebas presentadas permitan tener
certeza de que las pérdidas fueron causadas únicamente por uno o por varios
empleados de la entidad asegurada, a cualquier título (…)”108.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
104 Folio 103 cuaderno 1.
105 Carátula de la póliza. Folio 101 cuaderno 1.
106 Folio 103 cuaderno 1.
107 Según la definición amplia de empleado que contiene la póliza, según la cual se incluyen, en general, las
personas naturales que prestan servicios a la Secretaría Distrital de Hacienda. Folios 106 y 107 cuaderno 1.
108 Folio 105 cuaderno 1.
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De aceptar un entendimiento orientativo de que la demostración del siniestro
requería de la condena penal, no habría lugar a reconocer la indemnización ante
pérdidas por empleados no identificados, pues la condena penal implica,
esencialmente, la individualización e identificación plena de la persona responsable
del delito.
46. Ahora, sí es cierto que, para que proceda la indemnización en estos casos, el
asegurado debe presentar pruebas que permitan establecer con certeza que el
menoscabo patrimonial fue causado por los actos de sus empleados que, además,
estén tipificados como delitos en contra de la Administración Pública. En otras
palabras, que, sin necesidad de hacer un juicio de responsabilidad penal —que le
corresponde exclusivamente a la justicia penal— se verifique que las conductas
objetivas en las que los empleados incurrieron constituyen tipos penales, según las
define el Código Penal, en contra de la Administración Pública.
En conclusión, la demostración del siniestro en el marco de la póliza 1002898
expedida por La Previsora requería que se probara (i) que se causó un menoscabo
patrimonial, (ii) como consecuencia de actos fraudulentos, (iii) cometidos por los
empleados del asegurado, (iv) que estén tipificados en la normatividad penal como
delitos en contra de la Administración Pública.
47. En el caso que nos ocupa, como se acotó, quedó probado que la Secretaría
Distrital de Hacienda presentó múltiples denuncias porque consideró que, en 21
resoluciones de reconocimiento pensional, se había falsificado la firma del
funcionario competente.
Del acervo probatorio es posible concluir que la Secretaría Distrital de Hacienda no
podía determinar con certeza quiénes, particularmente, habían incurrido en los
actos delictivos, razón por la cual presentó las denuncias ante los órganos
correspondientes por los hechos que iba conociendo gradualmente, sin
individualizar a los responsables109.
No obstante, en el expediente está demostrado que, para la expedición de las
resoluciones de reconocimiento pensional, los funcionarios de la Subdirección de
Obligaciones Pensionales debían agotar el procedimiento de sustanciación y
109 Entre otras, folio 31 cuaderno 2.
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liquidación de pensión110, de la siguiente manera:
i) El Consorcio F.P.B. enviaba la documentación a la Subdirección, que era
recibida por un auxiliar administrativo.
ii) El auxiliar administrativo verificaba si los documentos estaban completos
de acuerdo con el trámite, en cuyo caso, los enviaba al coordinador del
grupo de pensiones.
iii) El coordinador los estudiaba y asignaba el expediente a un profesional
especializado o universitario.
iv) El profesional revisaba si había lugar al respectivo reconocimiento y
desarrollaba una hoja de trabajo.
v) En caso de que el reconocimiento requiriera de liquidación, el profesional
enviaba el expediente a un técnico liquidador, quien, a su vez,
incorporaba la liquidación al expediente y lo devolvía al profesional
asignado.
vi) El profesional, entonces, proyectaba la resolución de reconocimiento y
enviaba el expediente al coordinador del grupo de pensiones.
vii) El coordinador revisaba la resolución con base en el expediente y, en
caso de no advertir algún error, lo remitía al subdirector de obligaciones
pensionales para su revisión y firma.
viii) Posteriormente, enviaba la resolución (sin el expediente) a un técnico
para que éste le imprimiera fecha y número, y le informara al interesado,
ix) Después de notificado y, en caso de que la resolución quedara en firme,
se enviaba al profesional para el procedimiento de nómina.
Por su parte, el procedimiento de nómina de pensionados exigía que, con base en
las resoluciones, se incluyeran las novedades en la nómina del mes111 y se enviaran
los archivos de nómina al Consorcio F.P.B.112
Nótese que, en los términos del procedimiento previsto, el expediente se formaba
en el interior de la Subdirección a partir de la documentación enviada por el
Consorcio F.P.B., y su estudio dependía exclusivamente de los funcionarios de la
Subdirección, sin que, en ningún momento, el expediente saliera de su control. La
110 Folios 545 a 548 cuaderno 4.
111 Entre otras, este procedimiento está probado con el memorando con radicado 2004IE13325 de la Secretaría
Distrital de Hacienda. Folio 646 cuaderno 4.
112 Folio 517 cuaderno 4.
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proyección y suscripción de la resolución de reconocimiento pensional, que se
fundamentaba en el expediente, estaba a cargo únicamente de los mismos
funcionarios. El procedimiento culminaba con el envío “del archivo de nómina” al
Consorcio F.P.B. para que éste efectuara los pagos correspondientes.
De las pruebas no se establece con claridad si el archivo de nómina que se enviaba
al Consorcio F.P.B. consistía en la resolución de reconocimiento pensional; no
obstante, sí es claro que el expediente correspondiente no se enviaba al Consorcio.
En efecto, para el momento en el que iniciaba el procedimiento de nómina, el
expediente ya no acompañaba la resolución. Así lo dispone el alcance del
procedimiento de sustanciación y liquidación de pensión:
“Alance: Inicia con la recepción de la solicitud de Reconocimiento de la Pensión y
finaliza con el la [sic] entrega de la resolución reconocimiento o negación de un
derecho al Procedimiento de Nómina”113.
(Negrillas fuera del texto original).
Ahora, ocurrió que, en febrero de 2004, la Subdirección de Obligaciones
Pensionales de la Secretaría Distrital de Hacienda advirtió que se había generado
un incremento inusual en las novedades de nómina reportadas114, a partir de lo cual
descubrió que existían unas resoluciones que no tenían expediente documental que
las respaldara, y los funcionarios competentes manifestaron no haberlas suscrito 115.
De lo anterior, se destaca que las resoluciones aparecieron con firmas falsificadas
en algún punto del trámite en el que ya no era necesario que estuvieran adjuntas al
expediente, pero en el que aún debían agotar el “procedimiento de nómina”, para
que se incluyeran en las novedades del mes y se enviara el “archivo de nómina” al
Consorcio F.P.B.
En este sentido, salta a la vista que las personas que incurrieron en estas conductas
no pudieron haber introducido las resoluciones fraudulentas directamente en manos
del Consorcio F.P.B., pues, de haber sido así, al interior de la Secretaría Distrital de
Hacienda no se habrían reportado las respectivas novedades de nómina, ni habría
sido posible que los funcionarios advirtieran el incremento inusual en dichas
novedades.
113 Folio 539 cuaderno 4.
114 Folio 636 cuaderno 4, entre otras.
115 Testimonio de Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán. Folio 51 cuaderno 6. Y testimonio de Eduardo
Vicente Botero Rey. Folio 52 cuaderno 6.
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Así pues, sin pretender juzgar ni fallar sobre las condiciones en las que se
cometieron las falsificaciones, esta Sala encuentra que los hechos probados indican
que, al menos, alguien, materialmente, tuvo que poner las resoluciones en la
Subdirección para que fueran reportadas como novedades de nómina, conducta
que, razonablemente, sólo pudo haberla desplegado una persona que tuviera
acceso a las instalaciones de la Subdirección, y cuya presencia no generara
sospecha.
48. En este sentido, para esta Sala deviene claro que, en orden a lograr estas
falsificaciones, necesariamente, tuvo que haber participado personal vinculado a la
Secretaría de Hacienda. Este análisis está sustentado, además, en el testimonio de
Daniel Barrera Blanco116:
“PREGUNTADO: A su entender considera usted que alguno de los funcionarios de
la Subdirección de obligaciones pensionales estuvo directamente implicado con el
reconocimiento y pago de las pensiones irregulares.
CONTESTÓ: Este fraude no se pudo realizar sino hubiera personas al interior que
lo hiciera efectivo (…)”117.
49. Por otra parte, está probado que, de las 21 resoluciones presuntamente
falsificadas, 7 pensiones fueron pagadas por el Consorcio F.P.B., antes de que la
Secretaría Distrital de Hacienda se percatara de las falsificaciones y ordenara la
suspensión de los pagos sustentados en dichas resoluciones.
Así, resulta claro que los pagos injustificados provenían de recursos parafiscales
que, como ha sido decantado, son recursos del Estado118. En estos términos, el
pago de las resoluciones falsificadas implicó un detrimento en los recursos públicos,
a cargo de la Secretaría Distrital de Hacienda.
116 Testimonio solicitado por QBE en su contestación de la demanda y decretado por el Despacho de primera
instancia mediante auto de 10 de mayo de 2007 (folio 179 cuaderno 1). El testigo fue empleado de la
Subdirección de Obligaciones Pensionales de la Secretaría Distrital de Hacienda desde el 1 de agosto de 2003
y el 10 de marzo del 2004. Al respecto conviene señalar que, aun cuando el artículo 217 del Código de
Procedimiento Civil consagra que son sospechosas para declarar las personas que, en concepto del juez, se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en función de su parentesco,
dependencia, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u
otras causas, la jurisprudencia unánime de esta Corporación ha sostenido que sus dichos no pueden relegarse
de plano. Lo que supone es que su valoración debe pasar por un filtro más riguroso, en contraste y cotejo con
el resto del acervo probatorio que integra la cusa y con las particulares que la circundan, al tiempo que deberán
apreciarse en consonancia con las reglas de la sana crítica y la experiencia. En atención a los términos descritos,
la prueba será valorada.
117 Folio 93 cuaderno 6.
118 Corte Constitucional, Sentencia C-273 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía.
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Cabe añadir que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, mediante la
falsificación de las resoluciones de reconocimiento pensional, se apropiaron, en
provecho suyo o de terceros, de los recursos parafiscales en virtud de las 7
resoluciones que fueron efectivamente pagadas. Esta conducta está tipificada en el
artículo 397 del Código Penal119, como peculado por apropiación, bajo el título de
delitos contra la Administración Pública.
Es cierto que el peculado requiere que quien cometa la conducta tenga la
calificación de servidor público, circunstancia que —al no existir plena identificación
de quien incurrió en los actos fraudulentos— no podía, ni correspondía ser probada
en el marco de este proceso.
En la misma línea expuesta, los actos defraudatorios descritos, eventualmente,
habrían podido configurar también, en caso de probarse, el tipo penal de
enriquecimiento ilícito de servidor público120 consagrado en el 412 del Código
Penal121, bajo el título de delitos en contra de la Administración Pública. Pues bien,
el detrimento patrimonial causado como consecuencia de la falsificación de las
resoluciones implica la correlativa obtención, para sí o para otro, de un incremento
patrimonial injustificado.
50. En consideración a todo lo expuesto, la Sala encuentra que en el proceso se
probó que la entidad asegurada sufrió un daño consistente en el menoscabo
119 “El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones”.
120 Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 22 de abril de
2022, proferida dentro del expediente 47725, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, explicó
que: “(…) cabe señalar que, acorde con la definición normativa que rige la conducta atribuida al ex Fiscal
HERNÁNDEZ CASTRO, para que la misma encuentre realización resulta indispensable establecer
probatoriamente que el servidor público (sujeto agente cualificado), durante el desempeño del cargo o dentro
de los dos años siguientes a la dejación del mismo, incurrió en un incremento patrimonial no justificado. // “Más
recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte indicó // ‘en el caso del enriquecimiento ilícito de los
servidores públicos, le basta al Estado demostrar que el enriquecimiento es real e injustificado, ocurrido
por razón del cargo que desempeña. Por lo tanto, establecida la diferencia patrimonial real y su no
justificación, la conducta se adecua al tipo penal del artículo 412 del Código Penal vigente (anterior
artículo 148 del decreto 100 de 1980, subrogado por el artículo 26 de la ley 190 de 1995). Aquí lo que se
protege es la función pública y, en especial su moralidad, como principio que debe gobernar toda su
actividad’. // Se tiene entonces, acorde con la normativa aplicable al caso que ahora ocupa a esta Corporación,
que el enriquecimiento ilícito de servidor público encuentra realización cuando el funcionario o empleado,
durante el tiempo de vinculación al servicio oficial o dentro de los dos años siguientes a su retiro,
independientemente de la riqueza que posea al momento de incorporarse al servicio de la administración
pública, obtiene un incremento irrazonable en su patrimonio, o que no encuentra justificación en la remuneración
que percibe de la entidad estatal a la cual se halla o estaba vinculado, ni en las actividades lícitas que de modo
particular para el momento del acrecimiento hubiese realizado”. (Negrillas fuera del texto original).
121 “El servidor público que durante su vinculación con la administración, o quien haya desempeñado
funciones públicas y en los dos años siguientes a su desvinculación, obtenga, para sí o para otro, incremento
patrimonial injustificado (…)”. (Negrillas fuera del texto original).
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patrimonial de los recursos públicos a su cargo, producto del pago injustificado
originado en las resoluciones presuntamente falsificadas.
Se evidenció que el detrimento patrimonial fue causado por actos deshonestos o
fraudulentos, como quiera que las personas que falsificaron las resoluciones no lo
hicieron de manera negligente o culposa, sino, por el contrario, con el dolo civil
exigido por el amparo. Ello es así en cuanto resulta palmario que falsificaron las
firmas y —sin pretender fallar sobre los hechos delictivos que rodean este proceso—
hicieron circular las resoluciones falseadas al interior de la Secretaría Distrital de
Hacienda con la plena voluntad y conciencia de hacerlas pasar por actos
administrativos legítimos y genuinos, de manera que fundamentaran el reporte en
la nómina y, posteriormente, el desembolso de los recursos.
También quedó demostrado —en los términos expuestos anteriormente— que los
actos deshonestos fueron cometidos por personas vinculadas a la Secretaría
Distrital de Hacienda, incluso sin que la individualización fuera posible, y aun sin
que existiera condena penal o fallo con responsabilidad fiscal.
Aún más, que los actos en los que incurrieron los empleados —según la definición
amplia contenida en la póliza— podrían configurar, además de la falsedad en
documento público, las conductas típicas de peculado por apropiación o, a lo sumo,
de enriquecimiento ilícito, que, en cualquier caso, son delitos en contra de la
Administración Pública.
En estos términos, esta Sala concluye que la demandada probó todos los elementos
exigidos por la póliza 1002898, expedida por La Previsora, para la demostración del
siniestro.
51. Lo anterior encuentra, incluso, mayor sustento en el hecho de que La Previsora
reconoció la existencia del siniestro y aceptó pagar la indemnización, con base en
la reclamación extrajudicial efectuada por la Secretaría Distrital de Hacienda.
Aunque la aseguradora entendió que el siniestro ocurría con el pago y no con los
actos fraudulentos —que, como he quedado expuesto, es impreciso—, en esa
oportunidad no alegó que la demostración del siniestro requiriera de condena de
responsabilidad penal, fallo de responsabilidad fiscal o ningún otro requisito, distinto
a lo probados por la Secretaría Distrital de Hacienda en el marco de la reclamación
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extrajudicial.
En otras palabras, La Previsora entendió que la Secretaría Distrital de Hacienda
había presentado una reclamación en los términos del artículo 1077 del Código de
Comercio, al punto que reconoció la obligación indemnizatoria, aunque por una cifra
menor. Y fue únicamente en el marco del proceso judicial que La Previsora alegó la
necesidad de condena penal para probar la ocurrencia del siniestro, cosa que
devela una transgresión al principio de buena fe que respalda la inconsecuencia de
ir en contra de los actos propios.
2.2.5. Conclusión: la indemnización a cargo de la aseguradora La Previsora
52. En los términos expuestos, La Previsora está obligada a indemnizar a la
Secretaría de Hacienda, en virtud de la póliza No. 1002898, como quiera que ésta
era la vigente al momento de la ocurrencia del siniestro —y era una póliza pactada
bajo el sistema de ocurrencia—.
53. Sin embargo, el contrato de seguro preveía una suma asegurada de
$300’000.000, razón por la cual este es el límite de la obligación indemnizatoria a
cargo de La Previsora.
54. Ahora bien, el deducible pactado en los casos en los que los actos deshonestos
fueron cometidos por empleados no identificados —como en efecto ocurrió en este
caso— es del 10% del valor de la pérdida.
En razón a que el valor de la pérdida resultó ser superior al valor asegurado, el 10%
debe tomarse del valor asegurado, que es el que será indemnizado por la
aseguradora. En este sentido, el deducible a cargo del asegurado equivale a
$30’000.000.
55. Así, La Previsora está obligada a pagar a la Secretaría Distrital de Hacienda,
por concepto de la obligación de indemnización, y sin perjuicio de los intereses
moratorios a los cuales se hará referencia en párrafos subsiguientes, la suma de
$270’000.000.
2.3. Sobre los intereses moratorios
56. Respecto de este punto, La Previsora alega que la sentencia de primera
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instancia erró al condenarla por intereses moratorios, pues en el proceso se acreditó
que siempre estuvo dispuesta a hacer el pago por el que, a la postre, fue condenada.
57. Debe recordarse que los intereses moratorios son la presunción legal de que el
incumplimiento de obligaciones dinerarias genera perjuicios. Así lo explica la
doctrina:
“Finalmente, en algunos casos, casi que por excepción, el legislador releva al
demandante de su tarea de demostrar perjuicios, considerando que el
incumplimiento de ciertas obligaciones necesariamente genera un daño y por
ello, incluso, la ley establece el quantum de la reparación; se trata, pues, de una
evaluación legal del daño. Esta última forma de evaluación es la aplicable a las
obligaciones de pagar dinero, en las cuales, cuando quiera que el deudor incurra
en mora, el legislador presupone la causación necesaria de un daño y
establece como forma de reparación el reconocimiento de intereses
moratorios, pues en esta hipótesis procede al pago de los intereses legales
(arts. 1617 del C. C. y 884 del C. de Co.) (…)”122.
(Negrillas fuera del texto original).
De esta manera, el allanamiento a cumplir por parte del deudor elimina el
incumplimiento de la obligación y, de contera, los perjuicios que causa la
desatención obligacional. En este evento, la no satisfacción de la obligación a cargo
del deudor presto a cumplir, implica mora del acreedor:
“Toda obligación puede engendrar mora del acreedor, por cuanto debe entenderse
que si el deudor está obligado a cumplir, el acreedor debe estar obligado123 a facilitar
ese cumplimiento (…) El mero hecho de no recibir sin un motivo legítimo constituye
mora del acreedor. Nada más es necesario, ni requiere un acto culposo especial,
sino que debe mirarse como culpa el solo hecho de no recibir o no cooperar al
cumplimiento (…)”124.
Se sigue de lo dicho que esta mora impide la causación de los intereses moratorios
sobre la prestación respecto de la cual el deudor se allanó a satisfacer.
58. Ahora, en el marco de los contratos de seguro, se causan intereses moratorios
122 SUESCÚN MELO, J. Régimen de obligaciones de dinero y en particular sobre tasas de interés. Revista de
Derecho Privado 3, Universidad de los Andes, 1998. P. 5.
123 Algunos autores no lo tratan como obligación, sino como deber y otros como carga. Sobre esta discusión,
ver: SAN MARTÍN NEIRA, L. Sobre la naturaleza jurídica de la 'cooperación' del acreedor al cumplimiento de la
obligación. La posición dinámica del acreedor en la relación obligatoria, como sujeto no sólo de derechos, sino
también de cargas y deberes. Revista de Derecho Privado 21, Universidad Externado de Colombia, 2011. P.
273–325.
124 VALENCIA ZEA, A. Derecho Civil. Tomo III. Temis. Bogotá, 1974. P. 383-385.
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a partir del mes siguiente en el que el asegurado presentó el reclamo 125 previsto en
el artículo 1077 del Código de Comercio126, sin que el asegurador objete la
reclamación o efectúe el pago. Es menester resaltar que la reclamación debe incluir
la demostración de la ocurrencia y cuantía de la pérdida:
“Fundamento. (…) Lo único peculiar al seguro es el hecho de donde deriva la
obligación del asegurador y, por tanto, el derecho del asegurado o beneficiario, esto
es, el siniestro, cuya prueba, aun en defecto de norma específica, debe correr
a cargo de quien invoca, a su favor, la obligación del asegurador, a la cual da
origen la realización del riesgo (C. de Co., art. 1054) (…).
La cuantía de la pérdida. Pero el asegurado debe demostrar, además, “la cuantía
de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, inc. 1º). Cabe, por tanto, examinar esta
carga en función de las distintas clases de seguros y de sus modalidades
específicas. No sin una advertencia previa: la de que la cuantía de la pérdida
envuelve, de una parte el concepto de entidad y, de otra, el de magnitud económica
del daño asegurado (…)”127.
(Negrillas fuera del texto original).
Derívese de lo expuesto que no cualquier aviso a la aseguradora constituye una
reclamación; únicamente, la que reúna la prueba de la ocurrencia del riesgo
asegurado y la de la pérdida consecuente.
Así, para determinar la causación de la mora, se hace necesario verificar el
momento en el que la Secretaría Distrital de Hacienda presentó la reclamación, en
los términos del artículo 1077 del Código de Comercio.
59. De las pruebas que reposan en el proceso no puede concluirse —como lo hizo
la sentencia de primera instancia— que la Secretaría hubiera presentado la
reclamación el 18 de abril de 2005128, pues, en la comunicación de esa fecha, la
Secretaría únicamente complementó, con documentos adicionales, el aviso de
siniestro que había hecho el 30 de marzo de 2005 (recibido en correspondencia de
La Previsora S.A. el 1 de abril de 2005)129.
125 Artículo 1080 del Código de Comercio: “El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro
del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho
ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al
asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio
igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.”
126 “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere
el caso.”
127 OSSA, J.E. Teoría General del Seguro. El Contrato. Temis. Bogotá, 1984. P. 376 y 377.
128 Folio 20 cuaderno 2.
129 Folio 13 cuaderno 2.
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Tan así que la Secretaría, al no recibir respuesta de la aseguradora dentro del mes
siguiente, no derivó —ni pretendió hacerlo— las consecuencias de los artículos
1053130 y 1080 del Código de Comercio. Por el contrario, el 11 de mayo de 2005131,
envió nueva documentación, de lo que puede concluirse que la Secretaría entendía
que no había probado lo necesario para la procedencia de la indemnización. Y, más
aún, el 3 de junio de 2005132, insistió en el nombramiento del ajustador.
Únicamente, mediante comunicación del 7 de septiembre de 2005 (recibida por La
Previsora el 8 de septiembre), el intermediario le solicitó al ajustador nombrado
(SATVA) que la aseguradora efectuara el pago de la indemnización, como quiera
que la Secretaría había presentado la reclamación en los términos del artículo 1077
del Código de Comercio133.
Puede concluirse, entonces, que la Secretaría presentó la reclamación el 8 de
septiembre de 2005, y que el 8 de octubre de 2005 vencía el término para que el
asegurador pagara u objetara.
Se añade que, a partir de dicha comunicación, el 12 de octubre de 2005, La
Previsora informó al intermediario que, después de analizar los documentos de la
reclamación, había concluido que procedía la indemnización por $32’264.177, por
los pagos desembolsados durante su vigencia134.
Así pues, con esa comunicación, La Previsora se allanó a pagar la obligación que
consideró que le correspondía, y fue la Secretaría Distrital de Hacienda la que
rechazó el pago135, sobre la base de las distintas posiciones asumidas por las
aseguradoras. Sin embargo, debe resaltarse que esto ocurrió 3 días después de
vencido el término para objetar o pagar.
60. En este sentido, sobre el valor de $32’264.177 existió mora del acreedor, y
respecto de este no se causaron intereses moratorios desde el allanamiento.
130 “La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos: (…) 3)
Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente,
entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la
correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha
reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante
deberá manifestar tal circunstancia en la demanda.”
131 Folio 191 cuaderno 2.
132 Folio 250 cuaderno 2.
133 Folio 502 cuaderno 2.
134 Folio 527 a 530 cuaderno 2.
135 Folio 532 cuaderno 2.
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61. Véase que, entonces, la liquidación de intereses debe dividirse en 2 etapas
sucesivas:
La primera, desde la fecha de exigibilidad de la obligación hasta que el asegurador
se allanó a pagar. Esta ocurrió desde el 9 de octubre de 2005 (día siguiente al
vencimiento del término para que el asegurador objetara o pagara la reclamación)
hasta el 12 de octubre de 2005 (fecha en la que se allanó a pagar). Durante esta
etapa, se causaron intereses moratorios por la totalidad de la obligación, equivalente
a $270’000.000.
La segunda, desde que la aseguradora se allanó a pagar la obligación que
consideró exigible, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia. Esta
ocurrió desde el 13 de octubre de 2005 (día siguiente al allanamiento a pagar) hasta
el 24 de abril de 2024 (fecha de esta providencia)
Ahora bien, la aseguradora se dispuso a pagar únicamente $32’264.177 y no la
totalidad de la obligación, equivalente a $270’000.000. De esta manera, durante
este período, por el valor que la aseguradora ofreció pagar, no se causaron
intereses moratorios. Sin embargo, por el saldo restante equivalente a $237’735.823
los intereses moratorios continuaron causándose.
3. Conclusión
62. En atención a los problemas jurídicos planteados, esta Sala concluye que:
a) El riesgo asegurado en los contratos de seguro de manejo y de infidelidad
y riesgos financieros consiste en el (i) menoscabo patrimonial (ii) causado
por actos deshonestos o fraudulentos (iii) cometidos por los empleados
del asegurado, de manera que éstos son los tres requisitos necesarios
para la demostración de la ocurrencia del siniestro. Además, el siniestro
inicia con la comisión de actos desleales por parte de los empleados del
asegurado.
b) Los intereses moratorios no se causan cuando la razón por la cual la
prestación no se ha satisfecho es por mora del acreedor.
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63. En mérito de lo advertido, se concluyó que la póliza, pactada bajo el sistema de
ocurrencia, que debía amparar el riesgo era la vigente al momento en que inició el
siniestro, esto es, cuando se falsificaron las resoluciones de reconocimiento
pensional, que era la póliza de Manejo para Entidades Oficiales 1002898 expedida
por La Previsora.
64. En el marco de esta póliza, se verificó que se habían satisfecho los requisitos
necesarios para probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, razón
por la cual había nacido la obligación indemnizatoria a cargo de La Previsora, con
el límite indemnizatorio equivalente a $300’000.000. Además, que a la obligación
resarcitoria debía descontársele el deducible correspondiente al 10%, de manera
que la obligación a cargo de La Previsora sería de $270’000.000.
65. Finalmente, se estableció que La Previsora se allanó a pagar parcialmente el
siniestro, y la razón por la cual no lo hizo fue en virtud de la mora del acreedor, quien
se negó a recibir este pago. De esta manera, sobre la suma ofrecida por La
Previsora —y salvo los 3 días de retardo en el envío de la liquidación— no se
causaron intereses de mora.
3.1. Liquidación de la condena
66. En primer lugar, debe resaltarse que, en sede del contrato de seguro, según lo
dispuesto por el artículo 1080 del Código de Comercio, el incumplimiento de la
obligación de indemnizar u objetar dentro del mes siguiente a que se presente la
reclamación implica la causación de intereses moratorios equivalentes al bancario
corriente aumentado en la mitad.
67. No obstante, este es un contrato de seguro en el que una de las partes, según
lo definimos anteriormente, es una entidad pública de las referidas en el artículo 2°
de la Ley 80 de 1993, motivo por el cual es un contrato que adquiere la connotación
de estatal, regido por el Estatuto General de la Contratación Pública. Ahora bien, en
los términos del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo por lo particularmente
regulado en ese compendio normativo.
Y, en lo que atañe el cálculo de intereses moratorios, la Ley 80 de 1993 trae una
norma especial que determina que, a falta de pacto entre las partes en contrario, la
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Asunto: Controversias Contractuales
tasa de intereses aplicable es la del doble del interés legal civil sobre el valor
histórico actualizado.
Resulta, además, menester señalar que esta fue la metodología adoptada por la
primera instancia para calcular los intereses moratorios, ejercicio aritmético que en
su operación, cuantía y régimen aplicable no fue materia de impugnación.
68. En este sentido, La Previsora, en virtud de la Póliza No. 1002898, deberá pagar:
Valor total del siniestro $ 648’404.691,00
Suma asegurada $ 300’000.000
Deducible 10% = $ 30’000.000
Valor a pagar por indemnización $ 270’000.000
3.1.1. Actualización de capital
ACTUALIZACIÓN Ca=Ch*(IPC Final/IPC Inicial)
IPC Inicial = septiembre 2005 58,46
IPC final = marzo 2024 141,48
Capital actualizado $653’431.406
3.1.2. Intereses moratorios
69. Ahora, de acuerdo con lo precisado, para efectos de calcular los intereses
moratorios, se deben dividir los períodos según la mora del deudor que
efectivamente se probó:
• Del período del 9 al 12 de octubre de 2005:
70. Se recuerda que en este período se causó la mora por la totalidad de la
obligación ($270’000.000).
Período Días Capital IPC Actualización Capital Tasa de Interés Moratorio
transcurridos Histórico Actualizado Interés
9/10/2005- 4 $ 0,06% $ $ 0,124% $
12/10/2005 270’000.000 162.740 270’162.740 335.582,92
• Del período del 13 de octubre a la fecha de ejecutoria de esta providencia:
71. En este período únicamente se produjo la mora respecto de la suma que no fue
objeto de allanamiento por parte de La Previsora; esto es, sobre $237’735.823.
Período Días Capital IPC Actualización Capital Tasa de Interés
transcurridos Histórico Actualizado Interés Moratorio
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Asunto: Controversias Contractuales
13/10/2005- 80 $ 1,21% $ $ 2,484% $
31/12/2005 237.735.823 2.865.856 240.601.679 5.977.272,44
1/01/2006- 365 $ 4,85% $ $ 12% $
31/12/2006 240.601.679 11.669.181 252.270.861 30.272.503,31
1/01/2007- 365 $ 4,48% $ $ 12% $
31/12/2007 252.270.861 11.301.735 263.572.596 31.628.711,46
1/01/2008- 365 $ 5,69% $ $ 12% $
31/12/2008 263.572.596 14.997.281 278.569.876 33.428.385,14
1/01/2009- 365 $ 7,67% $ $ 12% $
31/12/2009 278.569.876 21.366.310 299.936.186 35.992.342,29
1/01/2010- 365 $ 2,00% $ $ 12% $
31/12/2010 299.936.186 5.998.724 305.934.909 36.712.189,13
1/01/2011- 365 $ 3,17% $ $ 12% $
31/12/2011 305.934.909 9.698.137 315.633.046 37.875.965,53
1/01/2012- 365 $ 3,73% $ $ 12% $
31/12/2012 315.633.046 11.773.113 327.406.159 39.288.739,04
1/01/2013- 365 $ 2,44% $ $ 12% $
31/12/2013 327.406.159 7.988.710 335.394.869 40.247.384,27
1/01/2014- 365 $ 1,94% $ $ 12% $
31/12/2014 335.394.869 6.506.660 341.901.529 41.028.183,53
1/01/2015- 365 $ 3,66% $ $ 12% $
31/12/2015 341.901.529 12.513.596 354.415.125 42.529.815,05
1/01/2016- 365 $ 6,77% $ $ 12% $
31/12/2016 354.415.125 23.993.904 378.409.029 45.409.083,52
1/01/2017- 365 $ 5,75% $ $ 12% $
31/12/2017 378.409.029 21.758.519 400.167.549 48.020.105,83
1/01/2018- 365 $ 4,09% $ $ 12% $
31/12/2018 400.167.549 16.366.853 416.534.401 49.984.128,16
1/01/2019- 365 $ 3,18% $ $ 12% $
31/12/2019 416.534.401 13.245.794 429.780.195 51.573.623,43
1/01/2020- 365 $ 3,80% $ $ 12% $
31/12/2020 429.780.195 16.331.647 446.111.843 53.533.421,12
1/01/2021- 365 $ 1,61% $ $ 12% $
31/12/2021 446.111.843 7.182.401 453.294.243 54.395.309,20
1/01/2022- 365 $ 5,62% $ $ 12% $
31/12/2022 453.294.243 25.475.136 478.769.380 57.452.325,58
1/01/2023- 365 $ 13,12% $ $ 12% $
31/12/2023 478.769.380 62.814.543 541.583.922 64.990.070,69
1/01/2024- 115 $ 2,92% $ $ 3,571% $
24/04/2024 541.583.922 15.835.024 557.418.946 19.906.457,27
Intereses $
moratorios 820’246.016,00
72. Valor total por concepto de intereses moratorios a cargo de La Previsora:
= 335.582,92 + 820’246.016
= $820’581.598,92
4. Costas
73. En virtud del artículo 171 del CCA – subrogado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998, norma vigente al momento de la presentación de la demanda – la Sala no
condenará en costas, porque no está probada una actitud temeraria del recurrente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
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Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 28 de abril de 2011 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca la cual quedará de la siguiente manera:
“1°.- DECLARAR no probada la objeción por error grave formulada por la
parte actora contra el dictamen pericial practicado en el proceso.
2°.- DECLARAR que, durante la vigencia de la póliza No. 102898 expedida
por La Previsora, se materializó el siniestro amparado y, en consecuencia, la
aseguradora está obligada a indemnizar al demandante por el valor
asegurado previsto en la póliza.
3°.- En consecuencia, CONDENAR a La Previsora a pagar a la demandante
la suma de $653’431.406, por concepto de indemnización de los perjuicios
derivados del siniestro amparado por la Póliza No. 1002898, actualizado a la
fecha de ejecutoria de esta providencia.
4°.- CONDENAR a La Previsora a pagar a la demandante la suma de
$820’581.598,92, por concepto de intereses moratorios sobre la anterior
suma, según la parte motiva de esta sentencia.
5°.- NEGAR las demás pretensiones.
6°.- DAR cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176,
177 y 178 del CCA.”
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: Expedir, con destino a las partes, las copias auténticas con las
constancias previstas en la ley procesal. Las copias destinadas a la parte actora
serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
57
Radicación: 25000-23-26-000-2006-00637-01 (44472)
Demandante: Bogotá D.C. – Secretaría de Hacienda
Demandado: La Previsora Compañía de Seguros y QBE
Central de Seguros
Asunto: Controversias Contractuales
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE136
NICOLÁS YEPES CORRALES
136 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
58
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