Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-00642-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2006-00642-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2006-00642-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de julio de 2024
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Actor: Manuel José Méndez Rodríguez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura;
y Carlos Alberto Rangel Acevedo
Acción: Reparación directa
Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia – se limita a pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.
Subtema 1.1. Elementos de la responsabilidad del Estado. Subtema 1.2. Características para que el
daño sea indemnizable. Subtema 1.3. Perdida de oportunidad. Subtema 1.4. Deber probatorio –
incumplimiento. Subtema 1.5. Daño incierto y eventual.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Rama
Judicial y por el señor Carlos Alberto Rangel Acevedo (demandados) contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección C de Descongestión, el cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015), que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Manuel José Méndez Rodríguez presentó demanda ejecutiva contra Ana Delina Páez
Muñoz, trámite en el que, a solicitud de parte, el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá decretó el embargo del remanente y de los bienes que se llegaren
a desembargar dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por Jairo Torres
Aldana en contra de la allí ejecutada, que conocía el Juzgado Treinta y Siete Civil
Municipal de Bogotá. Este último despacho judicial resolvió terminar el proceso por
pago total de la obligación y levantó las medidas cautelares. El aquí actor procura la
reparación de los perjuicios causados con motivo de la cancelación de la cautela sin
poner el bien embargado a disposición del Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal
de Bogotá; omisión que, dijo, produjo que la señora Páez Muñoz no saldara su deuda.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo de primera instancia, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda. En el recurso de apelación, la parte
demandada censuró el estudio del daño y el juicio de imputación.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Manuel José Méndez Rodríguez presentó demanda1, en ejercicio de la acción de
reparación directa, el veinte (20) de febrero de dos mil seis (2006), con la que
pretende que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y del señor Carlos Alberto Rangel
Acevedo, juez treinta y siete civil municipal de Bogotá, por los perjuicios irrogados con
ocasión de la terminación del proceso ejecutivo hipotecario con número de radicado
1 Folio 2 al 10, cuaderno 1.
1
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
11001-40-03-037-2001-00665-00, y el consecuente levantamiento de las medidas
cautelares decretadas en este.
Para la parte actora, el juez treinta y siete civil municipal de Bogotá, al dictar el auto del
veinticuatro (24) de agosto de dos mil cuatro (2004), omitió incluir en la parte resolutiva
de la decisión una orden encaminada a poner el bien embargado a disposición del
Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, autoridad judicial que ordenó el
embargo de remanentes dentro del trámite ejecutivo identificado con número de
radicado 11001-40-03-059-2002-00203-00. A su juicio, dicha circunstancia permitió,
facilitó y coadyuvó las intenciones de la señora Ana Delina Páez Muñoz de eludir el
pago de su obligación pendiente.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B,
en auto del veintinueve (29) de marzo de dos mil seis (2006)2, admitió la demanda;
decisión que fue notificada a los demandados3.
2.2.2 Carlos Alberto Rangel Acevedo 4 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones.
Afirmó que el actor dirigió sus reclamos en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, entidad que no tiene capacidad para ser parte, y, en ese sentido, no le
corresponde al juez vincular, de oficio, a la Nación – Rama Judicial.
Destacó que, al margen de los juicios relativos a una conducta delictiva por parte de
miembros del juzgado, investigación que correspondería adelantar a las autoridades
competentes, los hechos narrados en el escrito inicial no permiten inferir su
responsabilidad, pues su conducta fue ajustada a la ley y goza de la presunción de
buena fe.
Enfatizó que, cuando los juzgados reciben ordenes de remanentes, por costumbre
judicial, las secretarías realizan una anotación en la caratula que así lo indique, sin
embargo, en el presente asunto, al momento de cancelar el embargo, no existía tal
registro. Adicionó que no es cierto que haya incurrido en un error al omitir poner el bien
desembargado a disposición del Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá,
puesto que esta orden ya obraba en el proceso desde el momento en que se determinó
tener en cuenta el remanente y, por tanto, la secretaría, en el mismo oficio que
comunicó el levantamiento de las medidas cautelares, debía informarle al despacho
judicial que el bien quedaba a su disposición.
En último término, concluyó que, aunque está acreditado su proceder ajustado a
derecho, en el evento en que hubiere incurrido en un yerro, la culpa es atribuible al
actor, quien no formuló reparo alguno al respecto.
2 Folio 29, cuaderno 1. La demanda fue admitida contra la Fiscalía General de la Nación y contra el Consejo Superior
de la Judicatura. Cuando entraron en funcionamiento de los juzgados administrativos, el expediente fue asignado al
Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, quien, en auto del doce (12) de junio de dos mil nueve
(2009), se declaró incompetente para conocer el asunto. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección B, en proveído del doce (12) de agosto de la misma anualidad, declaró la nulidad
de lo actuado desde “el auto del trece (13) de marzo de dos mil seis (2006)”. Más adelante, dicha corporación, en
providencia del quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010), declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del
auto del diez (10) de octubre de dos mil seis (2006), corrigió la decisión del veintinueve (29) de marzo de dos mil
seis (2006) en el sentido de tener como demandados a la Nación – Rama Judicial y al juez treinta y siete civil
municipal de Bogotá, y ordenó notificar personalmente la admisión de la demanda a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y al señor Rangel Acevedo. Éste último interpuso recurso de reposición contra aquella
decisión, medio de impugnación resuelto de manera desfavorable.
3 Folios 169 y 185 a 189, cuaderno 1.
4 Folio 215 a 221, cuaderno 1.
2
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
2.2.3. Agotada la etapa probatoria, el a quo corrió5 traslado a las partes y al Ministerio
Público para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo;
oportunidad que fue aprovechada por Carlos Alberto Rangel Acevedo6.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión, en sentencia del cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015)7,
declaró responsable a la Nación – Rama Judicial – Juez Treinta y Siete Civil Municipal
de Bogotá por los perjuicios ocasionados con el error judicial contenido en el proveído
del veinticuatro (24) de agosto de dos mil cuatro (2004), y la condenó al pago de unas
sumas de dinero.
Como fundamento de su decisión, expuso que encontró acreditado el daño, consistente
en “el cambio de propietario del bien inmueble sobre el cual se había decretado un
embargo de remanentes para garantizar el pago de una obligación”, ya que fue posible
observar que el bien inmueble de propiedad de la señora Ana Delina Pérez Muñoz,
sobre el que pesaba un embargo de remanentes a favor del aquí demandante, fue
vendido según consta en la escritura pública del dos (2) de septiembre de dos mil
cuatro (2004).
Luego de realizar un recuento de las normas que regulan el proceso ejecutivo, explicó
que el juez treinta y siete civil municipal de Bogotá adoptó la decisión que en derecho
correspondía, en vista de que, a petición de parte y satisfechos los requisitos exigidos,
accedió a la terminación del trámite por pago total de la obligación. Ahora, en lo relativo
a las medidas cautelares, consideró que, conforme al artículo 537 del Código de
Procedimiento Civil (CPC), dicho funcionario judicial debió dejar los bienes que
desembargaba a disposición del Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá,
pero ello no ocurrió así, al contrario, la secretaría elaboró los oficios mediante los que
comunicaba de la terminación del proceso y la cancelación del gravamen hipotecario
que recaía en el único bien inmueble embargado.
Indicó que, si bien, tratándose de un error judicial, el sujeto afectado debía agotar los
recursos que tenía a su alcance, el señor Méndez Rodríguez no era parte ni intervino
en calidad de tercero en el proceso ejecutivo hipotecario promovido por Jairo Torres
Aldana contra Ana Delina Páez, por lo que no tenía por qué conocer las decisiones
dictadas en tal pleito. Resaltó que, el demandante, una vez enterado de la terminación
del proceso – un año (1) después –, radicó un memorial en el que puso de presente la
situación que ahora es objeto de esta demanda, de ahí que no pueda decirse que fue
pasivo ante la irregularidad cometida por el juez treinta y siete civil municipal de Bogotá.
Denotó que el juez demandado intentó remediar el error y, por ello, profirió el auto del
veintitrés (23) de noviembre de dos mil cinco (2005), en el que ordenó oficiar a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos para que registrara la medida cautelar que recaía
en el bien de Ana Delina Páez con ocasión del embargo de remanentes decretado por
el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, sin que su mandato surtiera
algún efecto puesto que el bien, desde el siete (7) de octubre de dos mil cuatro (2004),
salió del patrimonio de la referida señora.
A juicio del a quo, aun cuando el actuar de la señora Páez Muñoz fue desleal frente a
sus obligaciones , ya que, cuando vendió su inmueble, conocía de la existencia del
5 Folio 328, cuaderno 1.
6 Folio 329 a 340, cuaderno 1.
7 Folio 342 a 360, cuaderno principal.
3
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
proceso ejecutivo iniciado en su contra por Manuel José Méndez Rodríguez y de las
medidas cautelares allí ordenadas, esa circunstancia no configura la causal eximente
de responsabilidad del hecho de un tercero pues las actuaciones realizadas por la
deudora se materializaron con posterioridad al auto del juez treinta y siete civil
municipal de Bogotá.
Finalmente, advirtió que el hecho de que el proceso adelantado por Manuel José
Méndez Rodríguez culminara con motivo del desistimiento tácito no da lugar a que se
nieguen las pretensiones de la demanda, en vista de que dicha decisión fue proferida
más de seis (6) años después de que el juez treinta y siete civil municipal de Bogotá
terminara el proceso por pago total y levantara las medidas cautelares.
2.4. Los recursos de apelación
2.4.1. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura8 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.
En su escrito, planteó que el estudio del caso debía llevarse con observancia del título
de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto
el error jurisdiccional “se predica frente a las providencias judiciales por medio de las
cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la
responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se
produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la
ejecución de las providencias judiciales”.
Refirió que pese a que, al terminar el proceso por pago total de la obligación y al levantar
las medidas cautelares, el juez treinta y siete civil municipal de Bogotá pudo incurrir en
una omisión grave, tal proceder no tiene la connotación de culpa grave o de dolo pues
el funcionario siguió el régimen normativo de los procesos ejecutivos. Añadió que, en
caso de que existiera un mínimo de intención de perjudicar al señor Méndez Rodríguez,
serían las autoridades en materia penal quienes deberían analizar dicha conducta.
Para concluir, recalcó, por un lado, que la señora Ana Delina Páez actuó de manera
delictiva y con el propósito de no cumplir con la deuda a su cargo, y por otro, que el
actor no podía pretender revivir, como si esta acción se tratara de una tercera instancia,
un litigio en el que se agotaron todas las etapas procesales que exigía la legislación y
solicitar así el cobro de un proceso ejecutivo que terminó por desistimiento tácito.
2.4.2. El señor Carlos Alberto Rangel Acevedo 9 recurrió la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión.
Alegó que, contrario a lo estimado por el a quo, en el auto que decretó la terminación
del proceso, no era necesario efectuar un pronunciamiento expreso sobre los
remanentes, pues estos continuaban embargados por ministerio de la ley,
específicamente, por lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 543 del Código de
Procedimiento Civil. En esa línea, en su criterio, solo bastaba que la secretaría del
juzgado cumpliera el mandato del legislador y librara la comunicación en debida forma.
Insistió que esta Corporación debe tener en cuenta que el trámite de los remanentes lo
regula el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil, en vista de que es el texto legal
que reglamenta in extenso la materia; normatividad que no impone al juez la obligación
de poner los remanentes a disposición de la autoridad judicial que lo solicitó, sino que
esta es una labor que le corresponde al secretario del juzgado.
8 Folio 362 a 368, cuaderno principal.
9 Folio 369 a 392, cuaderno principal.
4
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
Sobre la aplicación del artículo 543 ibidem, precisó que aquel prevalece sobre el artículo
537 del mismo estatuto, de conformidad con la Ley 153 de 1887. Es así como, a su
juicio, si bien es cierto que el artículo 537 del CPC supeditaba la terminación del proceso
a que no hubiere embargo de remanentes, dicho precepto se torna “insubsistente por
incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores”, particularmente, con el
artículo 543 de dicha normativa.
Por otro lado, adujo que es menester comprobar la existencia del daño, elemento que
no se encuentra satisfecho en el presente asunto puesto que el detrimento patrimonial
no fue una consecuencia directa de la ausencia de disposición expresa de los
remanentes, sino de la decisión adversa que profirió el Juzgado Cincuenta y Nueve
Civil Municipal de Bogotá, esto es, la terminación del proceso por desistimiento tácito.
Recordó que el decreto de medidas cautelares no es el fin del proceso ejecutivo, y que
se requiere llevar a término el trámite y obtener una sentencia favorable, pues si ello no
ocurre de modo alguno incide el que los bienes materia del remanente se encuentren
a su disposición.
Al final, además de asegurar que no están dados los presupuestos para la prosperidad
de la acción por error judicial, reiteró que la demanda fue dirigida en contra del Consejo
Superior de la Judicatura, luego, no podía el magistrado sustanciador de primera
instancia, oficiosamente, sustituir al demandado, en plena vulneración de la técnica
procesal, el equilibrio procesal y el principio de congruencia.
2.5. Conciliación
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión convocó10 a las partes a audiencia de conciliación, según lo prescrito en
el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010; diligencia11 que fue celebrada el veinticinco (25)
de noviembre de dos mil quince (2015) y declarada fallida por ausencia de ánimo
conciliatorio, por lo que, en proveído del catorce (14) de diciembre de la misma
anualidad12, dicha corporación concedió los recursos de apelación formulados.
2.6. Trámite procesal relevante en segunda instancia
2.6.1. Esta Corporación, en auto del nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016)13,
admitió los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Rama Judicial y por
Carlos Alberto Rangel Acevedo. Más adelante, en providencia del siete (7) de abril de
dos mil dieciséis (2016)14, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad
que fue utilizada por la actora15 y por el señor Rangel Acevedo16.
2.6.2. Esta Subsección, en proveído del veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés
(2023) 17 , conforme lo preceptuado en el artículo 169 del Código Contencioso
Administrativo, ofició al Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá y al
Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá para que remitieran los expedientes
de los procesos ejecutivos identificados con radicados 11001-40-03-059-2002-00203-
00 y 11001-40-03-037-2001-00665-00, respectivamente.
10 Folios 394, 400 y 402, cuaderno principal.
11 Folio 406, cuaderno principal.
12 Folio 410, cuaderno principal.
13 Folio 414, cuaderno principal.
14 Folio 416, cuaderno principal.
15 Folio 421 a 423, cuaderno principal.
16 Folio 417 a 420, cuaderno principal.
17 Folios 449 y 450, cuaderno principal.
5
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
Una vez recibida la documentación solicitada, el magistrado ponente corrió traslado,
por el término de cinco (5) días, de los documentos a las partes18.
III. PROBLEMA JURÍDICO
La Sala, procederá, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le asiste,
a dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿Está probado que Manuel José Méndez Rodríguez padeció un daño antijuridico
susceptible de reparación?
Si la contestación es afirmativa, deberá efectuar el juicio de imputación y, de ser
procedente, pasará a establecer si el demandante allegó los elementos necesarios para
una tasación en concreto de los perjuicios cuyo resarcimiento depreca.
IV. HECHOS PROBADOS
4.1. Jairo Torres Aldana presentó demanda19 ejecutiva en contra de Ana Delina Páez
Muñoz con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de siete
millones de pesos ($7.000.000). En el escrito inicial, manifestó que la parte demandada,
para garantizar la obligación, gravó con hipoteca un inmueble de su propiedad.
4.1.1. El Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá20, en auto del dieciséis (16)
de mayo de dos mil uno (2001)21, libró mandamiento ejecutivo a favor de Jairo Torres
Aldana por un monto de siete millones de pesos ($7.000.000) y decretó el embargo del
inmueble objeto de gravamen hipotecario22. Más adelante, en proveído del ocho (8) de
agosto de la misma anualidad23, decretó la venta en pública subasta del inmueble de
propiedad de la señora Ana Delina Páez Muñoz, para que, con el producto de aquella,
se le pagara al ejecutante el crédito y las costas.
4.2. Manuel José Méndez Rodríguez instauró demanda24 ejecutiva en contra de Ana
Delina Páez Muñoz con ocasión de la ausencia de pago de unos cánones de
arrendamiento, de la cláusula penal del correspondiente negocio jurídico y de las costas
reconocidas en el proceso de restitución de inmueble arrendado.
4.2.1. El Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, en auto del diecisiete
(17) de abril de dos mil dos (2002)25, libró mandamiento de pago a favor del señor
Méndez Rodríguez. Posteriormente, en providencia del veintiuno (21) de mayo
18 Índice 105 de SAMAI.
19 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 19 a 22.
20 Proceso identificado con el número de radicado 11001-40-03-037-2001-00665-00.
21 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 25 a 27.
22
La secretaria del juzgado, en oficio del veinticuatro (24) de mayo de dos mil uno (2001), le comunicó al registrador
de instrumentos públicos el embargo del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S774808.
Posteriormente, el registrador principal de la Oficina de Registro II, en escrito del veinticinco (25) de julio de la misma
anualidad, informó que la medida cautelar quedó inscrita en el folio correspondiente.
23 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 42 a 44.
24 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado 6C5F0E86A8C2EA59
3D2E0CD96796A7FD C8655D9AF33B37E4 E097CA2C6C64E961, ubicado en el índice 103 de SAMAI, archivo
“C01CuadernoPrincipalEjecutivo”, página 58 a 64.
25 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado 6C5F0E86A8C2EA59
3D2E0CD96796A7FD C8655D9AF33B37E4 E097CA2C6C64E961, ubicado en el índice 103 de SAMAI, archivo
“C01CuadernoPrincipalEjecutivo”, página 69.
6
Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
siguiente26, decretó el embargo del remanente y bienes que se llegaren a desembargar
dentro del proceso ejecutivo hipotecario identificado con radicado número 11001-40-
03-037-2001-00665-00.
4.2.2. El secretario del Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, en oficio
del veintinueve (29) de mayo de dos mil dos (2002)27, informó al Juzgado Treinta y Siete
Civil Municipal de la misma ciudad sobre el embargo del remanente y de los bienes que
se llegaren a desembargar dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en dicho
despacho. Una vez recibida la anterior comunicación, el juez treinta y siete civil
municipal de Bogotá, en proveído del veintiuno (21) de junio de dos mil dos (2002)28,
ordenó oficiar al Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá indicándole que
en la oportunidad procesal pertinente se tendría en cuenta el embargo de remanente.
4.2.3. El Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, en sentencia del
diecinueve (19) de mayo de dos mil tres (2003)29, resolvió seguir adelante la ejecución
conforme a los términos de la decisión del diecisiete (17) de abril de dos mil dos (2002).
4.3. Dentro del proceso ejecutivo hipotecario con radicado 11001-40-03-037-2001-
00665-00, la apoderada de la parte ejecutante, en escrito del diecinueve (19) de agosto
de dos mil cuatro (2004) 30 , solicitó la terminación del proceso por pago total de la
obligación y el levantamiento del embargo del bien. En vista de lo anterior, el Juzgado
Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, en decisión del veinticuatro (24) de agosto de
dos mil cuatro (2004)31, resolvió dar por terminado el proceso y decretó la cancelación
de las medidas cautelares y del gravamen hipotecario que pesaba sobre el inmueble
objeto de litigio.
4.3.1. La secretaria del Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, en oficio del
primero (1) de septiembre de dos mil cuatro (2004)32, le comunicó al registrador de
instrumentos públicos la terminación del proceso ejecutivo y el levantamiento de la
cautela ordenada sobre el inmueble de propiedad de la señora Páez Muñoz.
4.4. El Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, el treinta (30) de agosto
de dos mil diez (2010) 33 , requirió al ejecutante para que impulsara las medidas
cautelares, so pena de dar aplicación al artículo 1 de la Ley 1194 de 2008. Teniendo en
cuenta que el actor no acató el mandato de la referida normativa, dicha autoridad judicial
26 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado 6C5F0E86A8C2EA59
3D2E0CD96796A7FD C8655D9AF33B37E4 E097CA2C6C64E961, ubicado en el índice 103 de SAMAI, archivo
“C01CuadernoPrincipalEjecutivo”, página 115.
27 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 61.
28 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 63.
29 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado 6C5F0E86A8C2EA59
3D2E0CD96796A7FD C8655D9AF33B37E4 E097CA2C6C64E961, ubicado en el índice 103 de SAMAI, archivo
“C01CuadernoPrincipalEjecutivo”, páginas 83 y 84.
30 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 119.
31 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
FDB64553E9D3A1C9 EFAD3DEB597E9E72 1540C8072B0BB756, ubicado en el índice 123 de SAMAI, archivo
“001CuadernoDigitalizado”, página 121.
32 Documento contenido en el expediente digitalizado identificado con el certificado C0AE92264E96B61D
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“001CuadernoDigitalizado”, página 127.
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“C01CuadernoPrincipalEjecutivo”, página 148.
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Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
declaró terminado el proceso ejecutivo por desistimiento tácito y ordenó el desembargo
de los bienes cautelados34.
V. CONSIDERACIONES
La Sala procede a resolver el problema atinente al fondo de la litis habida consideración
de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo preceptuado en el artículo
7335 de la Ley 270 de 1996 y a la naturaleza del asunto36, y una vez verificados los
demás presupuestos procesales.
5.1. Sobre el problema jurídico
De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991, quien pretenda
una indemnización de perjuicios por la responsabilidad patrimonial del Estado deberá
demostrar: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) la imputación de este al Estado,
por la acción u omisión de las autoridades públicas.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento,
es decir, toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho37, que contraría
el orden legal38 o que está desprovista de una causa que la justifique39. Dicho daño
debe ser cierto, real, y determinado o determinable, no eventual e hipotético40.
Como regla general, esta Sección41 ha indicado que el estudio de la responsabilidad
derivado del artículo 90 de la Constitución debe partir de una verificación de la
existencia del daño, porque si dicho elemento se encuentra ausente carece de sentido
cualquier juicio de imputación. En otros términos, “si el daño no aparece demostrado,
las actuaciones del sujeto resultan inocuas desde el punto de vista de los derechos de
los administrados. Aún el comportamiento más riesgoso, o la conducta más ineficiente
o temeraria de la Administración carecerán de relevancia jurídica frente a las personas
si no se traducen en perjuicios apreciables”42.
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“C01CuadernoPrincipalEjecutivo”, página 153.
35 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos
anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los
Tribunales Administrativos”.
36 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del nueve (9) de septiembre de dos mil
ocho (2008), radicación número 11001-03-26-000-2008-0009-00.
37 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del dos (2)
de marzo de dos mil (2000), radicación número 11945
38 De Cupis, A. (1975). Teoría General de la Responsabilidad, traducido por Ángel Martínez Sarrión (2ª ed.). Bosch
Casa Editorial S.A. Pág. 90.
39 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencias del once
(11) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) y del veintisiete (27) de enero de dos mil (2000),
radicación números 11499 y 10867, respectivamente.
40 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), radicación número 20001-23-31-000-2010-
00355-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia
del siete (7) de septiembre de dos mil veinte (2020), radicación número 13001-23-31-000-2010-00080-01; y Consejo
de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del veintiséis (26)
de abril de dos mil diecisiete (2017), radicación número 73001-23-31-000-2008-00655-01.
41 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del tres (3)
de febrero de dos mil diez (2010), radicación número 52001-23-31-000-1998-00088-01; Consejo de Estado – Sala
de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias del veintitrés (23) de septiembre de
dos mil quince (2015) y del dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022), radicación números 68001-23-31-
000-2007-00168-01 y 76001-23-31-000-2010-02042-01, respectivamente; Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del siete (7) de septiembre de dos mil
veinte (2020), radicación número 13001-23-31-000-2010-00080-01;; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia del cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023),
radicación número 25000-23-36-000-2017-01397-03.
42 Saavedra Becerra, Ramiro. La Responsabilidad Extracontractual de la Administración Pública. Citado, entre otras,
en las siguientes decisiones: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera –
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Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
5.1.1. En el fallo recurrido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que
el daño consistía en “el cambio de propietario del bien inmueble sobre el cual se había
decretado un embargo de remanentes para garantizar el pago de una obligación”, y que
aquel se concretó cuando, en el proceso ejecutivo hipotecario, fue levantada la medida
cautelar sobre el bien inmueble con número de matrícula 50S-774808 sin que se
ordenara ponerlo a disposición del Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de
Bogotá, autoridad judicial que embargó el remanente y bienes que se llegaren a
desembargar dentro de dicho litigio.
En el presente asunto, Manuel José Méndez Rodríguez pretende que se declare la
responsabilidad del Estado por la omisión en que incurrió el juez treinta y siete civil
municipal de Bogotá al terminar el proceso ejecutivo hipotecario con radicado número
11001-40-03-037-2001-00665-00, con el consecuente levantamiento de las medidas
cautelares decretadas en este, y no poner a disposición del Juzgado Cincuenta y Nueve
Municipal de Bogotá el inmueble desembargado, despacho que ordenó, en el curso del
trámite ejecutivo 11001-40-03-059-2002-00203-00, el embargo de remanentes y de los
bienes que llegaren a desembargarse. En sentir del demandante, el precitado actuar le
irrogó un daño patrimonial, puesto que la señora Ana Delina Páez eludió el pago de su
obligación en cuantía superior a los cincuenta millones de pesos ($50.000.000).
Leída la demanda e interpretada, desde distintos puntos de vista, se llega
indefectiblemente a la siguiente conclusión: el señor Manuel José Méndez Rodríguez
asume como un hecho cierto que el errático proceder del juez treinta y siete civil
municipal de Bogotá fungió como causa de la pérdida del dinero que le adeudaba la
señora Páez Muñoz.
5.1.2. Procede, entonces, la Sala a verificar si el daño, entendido como lo hizo el
demandante, es cierto43 y real, condiciones necesarias para que se reconozca por esta
jurisdicción como resarcible.
Para este propósito viene pertinente recordar que el proceso ejecutivo es un conjunto
secuencial de actos en sede judicial, ordenados con el propósito de procurar la
efectividad, por vía coactiva o forzada, de las obligaciones insolutas del deudor, en
beneficio del acreedor. Bien se ha dicho que la esencia de este trámite radica en
“obtener la plena satisfacción de una prestación u obligación a favor del demandante y
a cargo del demandado”44, y que él traza el cauce, “como lo han dicho los doctrinantes,
de una pretensión cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino
con el pago total de la obligación”45.
La normativa procesal vigente para el momento en que Manuel José Méndez Rodríguez
incoó la acción ejecutiva contemplaba dos tipos de procesos de ejecución: un proceso
ejecutivo singular y otro con garantía real. El primero de ellos para dar cauce a la
Subsección A, sentencias del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015) y del veinticinco (25) de julio de
dos mil diecinueve (2019), radicación números 68001-23-31-000-2007-00168-01 y 25000-23-26-000-2011-01063-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencias del
doce (12) de abril de dos mil veintiuno (2021), radicación números 76001-23-31-000-2008-00572-01 y 76001-23-31-
000-2011-01532-01.
43 “El daño debe ser efectivo (…) La lesión o el daño debe haberse producido realmente para que se origine
responsabilidad administrativa, sin que baste, por tanto, que la lesión pueda preverse que puede llegar a producirse
en un futuro más o menos cercano. (…)”. Cosculluela Montaner, L. (2023). Manual de Derecho Administrativo. Parte
General II. La actividad de la administración. Modalidades. Medios. Control. Responsabilidad. (34ª ed.). Aranzadi;
“[de resarcimiento] sólo se excluyen, pues, y no por la naturaleza de los daños, sino por su falta de efectividad, los
llamados daños eventuales o simplemente posibles, pero no actuales (así cuando se reclama por el descubierto de
créditos que se ostentan contra un deudor supuestamente insolvente antes de haber agotado las vías judiciales para
la ejecución de los mismos (…)”. García de Enterría, E., & Ramón Fernández, T. (2022). Curso de Derecho
Administrativo II (17ª ed.). Civitas.
44 Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2002.
45 Ibidem.
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Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
pretensión ejecutiva con título quirografario, mientras que en la segunda modalidad el
ejecutante cuenta con una garantía hipotecaria o prendaria46.
Ahora bien, en el curso de los procesos ejecutivos, las medidas cautelares tienen por
finalidad “garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente
reconocido (por ejemplo, el cobro ejecutivo de créditos) (…) o asegurar los resultados
de una decisión judicial (…) mientras se adelante y concluye la actuación respectiva,
situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad
o conducta maliciosa del actual o eventual obligado”47.
De vuelta a la normativa rectora del proceso ejecutivo que en su momento inició Manuel
José Méndez Rodríguez contra la señora Páez Muñoz, tenemos que, con arreglo a lo
preceptuado en los artículos 51348 y 51449 del Código de Procedimiento Civil, procedía
el embargo de bienes a manera de cautela, tanto como el embargo de bienes sobre los
que pesara otra medida cautelar ordenada en proceso paralelo 50 . Cuando de esta
última modalidad se tratara, la autoridad judicial cognoscente del ejecutivo en el que se
pide la medida, debía decretar el embargo sobre los bienes que llegaren a
desembargarse en el otro litigio y sobre el remanente que llegare a quedar después de
saldada la obligación allí objeto de recaudo.
Al tenor de los hechos probados en este contencioso de reparación, cursaban dos
procesos ejecutivos en forma paralela: uno, iniciado por Jairo Torres Aldana contra Ana
Delina Páez Muñoz, de naturaleza hipotecaria 51 , y otro, adelantado por el aquí
demandante contra la referida señora, de carácter singular52. En ambos procesos los
jueces decretaron medidas cautelares, teniendo prelación53, en lo que atañe al embargo
de un inmueble de propiedad de la común ejecutada, la medida ordenada en el Juzgado
Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá. Veamos:
El Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, en auto del dieciséis (16) de mayo
de dos mil uno (2001), libró mandamiento ejecutivo a favor de Jairo Torres Aldana y
decretó el embargo de un inmueble objeto de gravamen hipotecario; la medida cautelar
quedó inscrita en el folio correspondiente. Más adelante, el Juzgado Cincuenta y Nueve
Civil Municipal de Bogotá, en proveídos del diecisiete (17) de abril y del veintiuno (21)
de mayo de dos mil dos (2002), libró mandamiento de pago a favor de Manuel José
Méndez Rodríguez y decretó el embargo del remanente y de los bienes que se llegaren
a desembargar dentro del proceso ejecutivo hipotecario a cargo del Juzgado Treinta y
Siete Civil Municipal de Bogotá.
46 Sobre el tema, consultar: Bejarano Guzmán, R (2022). Procesos declarativos arbitrales y ejecutivos (10ª ed.).
Editorial Temis.
47 Corte Constitucional, Sentencia C-054 de 1997; reiterada en Sentencia C-523 de 2009.
48 “Artículo 513. Embargo y secuestro previos. Desde que se presente la demanda ejecutiva podrá el demandante
pedir el embargo y secuestro de bienes del demandado. (…) Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo, el
juez decretará, si fueren procedentes, los embargos y secuestros de los bienes que el ejecutante denuncie como de
propiedad del ejecutado, bajo juramento que se considerará prestado por la presentación del escrito, los cuales se
practicarán con sujeción a lo dispuesto en el artículo 515 y el título XXXV de este Código. No obstante, podrán
decretarse embargos y secuestros antes de librarse mandamiento ejecutivo, cuando falte únicamente
reconocimiento del título, o la notificación al deudor de la cesión del crédito o la de éste a los herederos de aquél o
el requerimiento para constituir en mora al deudor, y en la demanda se pida que previamente se ordene la práctica
de dichas diligencias. (…)”.
49 “Artículo 514. Embargo y secuestro dentro del proceso. Una vez ejecutoriado el mandamiento ejecutivo, el juez
decretará el embargo y secuestro de los bienes que denuncie cualquiera de las partes bajo juramento, que se
considerará prestado por la presentación del escrito respectivo; empero, no se practicará el embargo de los
denunciados por el ejecutado, si el ejecutante así lo pidiere. Para la limitación de estos embargos y secuestros se
aplicará lo dispuesto en el artículo precedente. En materia de apelaciones se aplicará lo dispuesto en el inciso final
del artículo anterior”.
50 Artículo 543 del Código de Procedimiento Civil.
51 Adelantado por el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá.
52 Adelantado por el Juzgado Cincuenta Nueve Civil Municipal de Bogotá.
53 Artículo 558 del Código de Procedimiento Civil.
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Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
El señor Méndez Rodríguez ha probado en este contencioso que el ejecutivo
hipotecario culminó por el pago total de la obligación y que el bien objeto de la medida
cautelar quedó liberado, sin que el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá
hubiere dejado el inmueble a disposición del Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal
de Bogotá, de modo que el inmueble quedó libre de afectaciones y fue vendido por su
propietaria.
Por supuesto, no por esto se extinguió la obligación quirografaria cuyo recaudo
pretendía el señor Méndez Rodríguez. De hecho, éste siguió adelante con la ejecución
forzada de su crédito, gestión que finalizó, como se verá más adelante, por causas
atribuibles sólo a él.
Tampoco puede decirse que tal medida haya hecho imposible el recaudo del crédito.
Primero, porque bien sabido es que el patrimonio de toda persona es prenda general
de sus acreedores, y no está probado en este contencioso que la ejecutada – Páez
Muñoz – careciera de más bienes que pudieren perseguirse. Segundo, y es esta una
circunstancia que abona la anterior, porque el señor Méndez Rodríguez había obtenido
el decreto de otra medida cautelar sobre los objetos retenidos en la diligencia de
restitución del inmueble arrendado54, cuyo avalúo se desconoce.
Ahora bien, no significa lo anterior que no haya podido sufrir daño, el señor Méndez
Rodríguez, como consecuencia del error judicial ya denotado. Sólo que ese daño es de
una naturaleza diferente de la que tiene el que él pretende que le sea resarcido, se
conoce por la doctrina y la jurisprudencia como una “pérdida de oportunidad”, y debía
ser probado por el actor en sede de reparación. Además, es esta una modalidad
autónoma de daño, que debe ser objeto de pretensión expresa, para garantía del
derecho de defensa de la parte demandada en lo que atañe a la prueba de los
elementos que lo conforman.
La pérdida de oportunidad55 ha sido definida como un daño autónomo y refiere a todos
aquellos eventos en los que una persona se encontraba en situación de poder
conseguir un provecho, de obtener una ganancia o beneficio o de evitar una pérdida,
pero ello fue frustrado por el hecho de un tercero, lo que genera dos situaciones, por
un lado, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría producido o no, y
por otro, la certeza consistente en que se cercenó de modo irreversible una expectativa
o una probabilidad de ventaja patrimonial.
De modo que, para que pueda acreditarse la existencia de la pérdida de oportunidad
como daño indemnizable, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) certeza respecto
de la existencia de una oportunidad que se pierde, pese a que esta envuelva un
componente aleatorio; (ii) la víctima debe encontrarse en una situación potencialmente
apta para pretender la consecución del resultado esperado; y (iii) imposibilidad definitiva
de obtener el provecho o de evitar el detrimento.
En el presente asunto, ninguna duda hay sobre la certeza que tenía Manuel José
Méndez Rodríguez respecto de la existencia de la oportunidad de recaudo, por la vía
judicial y ejecutiva que cursaba en el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de
54 El Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, en auto del veintiocho (28) de junio de dos mil dos
(2002), negó el embargo de los bienes muebles y enseres retenidos dentro de la diligencia de restitución del inmueble
arrendado; decisión que fue objeto de apelación. Al resolver la alzada, el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito
de Bogotá encontró que la medida cautelar era procedente y revocó la providencia del veintiocho (28) de junio de
dos mil dos (2002).
55 Sobre la pérdida de oportunidad, consultar, entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Tercera, sentencia del once (11) de agosto de dos mil diez (2010), radicación número 05001-23-26-000-
1995-00082-01; reiterada, entre otras, en: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección C, sentencias del veintiocho (28) de junio y del cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés
(2023), radicación números 25000-23-36-000-2012-00740-03 y 25000-23-36-000-2017-01397-03, respectivamente.
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Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
Bogotá, del crédito a cargo de la señora Páez Muñoz, aunque la suerte de esa
oportunidad pendía de componentes aleatorios, como ocurre con toda litis, aún de
naturaleza ejecutiva. Ninguna duda hay, a la luz de la experiencia, de la muy alta
probabilidad que tiene el acreedor que ha obtenido, en proceso ejecutivo, sentencia
favorable (auto de seguir adelante con la ejecución), de obtener el recaudo del crédito,
cuando tiene la garantía de una medida cautelar.
Con todo, esa probabilidad pendía de aspectos como lo eran la liquidación del crédito
quirografario, el resultado del avalúo del inmueble en este proceso, o las posturas que
presentaran los interesados en su subasta56. Finalmente, no puede decirse, en este
caso, que el señor Méndez Rodríguez haya quedado, a consecuencia del error judicial,
en imposibilidad definitiva de obtener ese recaudo, pues, como ya lo denotó la Sala,
se desconoce la solvencia y bienes de la ejecutada, que pudieren perseguirse por el
ejecutante, pero, sobre todo, considerando que este había obtenido el decreto de otra
medida cautelar sobre los objetos retenidos en la diligencia de restitución del inmueble
arrendado, cuyo avalúo se desconoce.
Entonces, forzoso es decir que no trajo el demandante a este proceso la prueba de la
pérdida de oportunidad, modalidad de daño que tampoco hizo el objeto de sus
pretensiones, como tampoco probó que el daño materia de aquellas sea cierto.
No huelga decir que, en este caso, el proceso ejecutivo con radicado número 11001-
40-03-059-2002-00203-00 llegó a la etapa en que el juez ordenó seguir adelante con la
ejecución y las fases siguientes no se concretaron, puesto que su trámite finalizó,
anormalmente, por desistimiento tácito. Y es que, si bien el desistimiento tácito acaeció
con posterioridad a la decisión a la que el actor atribuye el error, aventurar la conjetura
de que tal desistimiento vino consecuencial al desestímulo del ejecutante, por causa
del error en que incurrió el Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal de Bogotá, no es
procedente. Esto, básicamente, por dos razones fundamentales:
La primera de ellas es que, como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Civil, “la existencia de un embargo de remanentes que haya sido
“consumado” en un juicio ejecutivo, pero sin frutos, esto es, que la orden que lo
comunicó haya sido recibida por el juzgado destinatario en los términos del inciso
tercero del artículo 466 del estatuto adjetivo, pero que ningún bien se haya puesto a
disposición en virtud de la medida, en nada impide al actor efectuar los trámites
tendientes a “satisfacer la obligación cobrada”, pues si bien esa cautela implica que se
espere a lo que se defina en otro litigio, no por eso queda relevado de poner en marcha
el compulsivo, en donde le incumbe realizar todas las actuaciones a su alcance para
alcanzar ese objetivo” 57.
En el mismo sentido, esa alta corporación sostuvo que el embargo de remanentes
significa, nada más, que en el proceso se decretó una cautela, pero le corresponde al
ejecutado continuar con las acciones encaminadas a lograr la solución de su acreencia,
ya que, si no lo hace, se entiende que ha abandonado la litis y, por consiguiente, es
merecedor del desistimiento tácito. Y en este caso, el actor no demostró que, a pesar
de que el referido bien fue vendido y dejó de cumplir su función como garantía para el
crédito, no podía reclamar la satisfacción de este con otros bienes; escenario que
56 Artículo 523 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente lo dispuesto en el artículo 533 ibidem.
57 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021),
radicación número 11001-02-03-000-2021-01572-00; reiterada en las sentencias del trece (13) de julio de dos mil
veintidós (2022) y del nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024), radicación números 11001-22-03-000-2022-
00971-02 y 11001-02-03-000-2024-01041-00, respectivamente.
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Radicado: 25000-23-26-000-2006-00642-01 (56603)
Demandante: Manuel José Méndez Rodríguez
avalaba el artículo 248858 del Código Civil, pues, aun cuando el ejecutante no pudo
obtener el pago de su crédito con los remanentes del proceso ejecutivo hipotecario,
podía hacerlo con otros bienes de propiedad de la deudora y/o de aquellos que en un
futuro llegase a adquirir.
En consecuencia, esta Subsección revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negará las pretensiones de la demanda.
VI. COSTAS
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se observa en el caso concreto
actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVÓCASE la sentencia Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección C de Descongestión, el cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015), y,
en su lugar, se dispone:
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriado este proveído, ENVÍESE el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP
58 “Artículo 2488. Persecución universal de bienes. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir
su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente
los no embargables designados en el artículo 1677”.
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