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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00103-01

Fecha
23 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00103-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de abril de 2015 proferida por la Subsección C de descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00103-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

23 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Expediente: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Demandante: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Medio de control: Controversias contractuales (Artículo 87 del CCA)
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

Se pide declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la
entidad demandada, bajo un contrato de servicios de outsourcing informático: (i)
declaró el incumplimiento, (ii) impuso la cláusula penal, (iii) declaró ocurrido el
siniestro amparado con la póliza expedida por la parte actora y (iv) procedió con la
liquidación unilateral. Afirma el demandante que la SSPD carecía de competencia
para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectivas las multas y
cláusula penal, que las multas no estaban incluidas dentro de los riesgos amparados
por la póliza afectada, que no hubo proporcionalidad en la pena, y que no se acreditó
la ocurrencia ni la cuantía del siniestro.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia ya indicada, proferida el 23 de abril de 2015,
mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, cuyas
pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes:

La demanda

2. El 28 de febrero de 20071, la sociedad Condor S.A. Compañía de Seguros
Generales (Seguros Condor S.A.), interpuso demanda bajo la acción de
controversias contractuales en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), con el fin de que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos proferidos con ocasión del contrato No. 158 de 2000 celebrado entre
la entidad demandada y DATUM LTDA.:

(i) La Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, por la cual se declaró
el incumplimiento del contrato, se impuso la cláusula penal y se declaró ocurrido el
siniestro amparado con la póliza No. 01011017063 expedida por la demandante.

1 Cuaderno No. 2, folios 4 a 48.

1

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

(ii) La Resolución SSPD-200552240001855 del 7 de febrero de 2005, por la cual
se resolvieron los recursos de reposición presentados en contra de la anterior.

(iii) La Resolución SSPD-20055270004695 del 14 de marzo de 2005 mediante
la cual se liquidó unilateralmente el contrato.

(iv) La Resolución SSPD-20055270011215 del 16 de junio de 2005 que confirmó
la anterior.

3. Producto de la nulidad de los actos antes indicados, la parte actora solicitó
que se le exonere del pago de cualquier cantidad requerida por la demandante como
consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato, y subsidiariamente,
en caso de que ya hubiere realizado pagos por tal concepto, el reintegro total de
esas sumas indexadas.

4. Textualmente, la sociedad demandante solicitó2:

“Primera: Que se declare nula en todas sus partes la Resolución No. 003412 de
29 de Diciembre de 2004, expedida por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Por la cual se declara el incumplimiento del contrato
No. 158 de 2000, suscrito entre la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y DATUM LTDA., y Declara ocurrido el siniestro amparado con la
póliza de garantía No. 01011017063 expedida por Cóndor S.A. Compañía de
seguros Generales, en amparo de cumplimiento a la Superintendencia de
Servicios Públicos en desarrollo del Contrato No. 158 de 2000, concretamente en
los artículos 1º y 2º (…)

Segunda: Que se declare igualmente nula en todas sus partes, la Resolución
SSPD-200552240001855 DEL 07-02-2005, por la cual se resuelven los recursos
de reposición presentados contra la Resolución SSPD 003412 de 2004, por la cual
confirman en todas sus partes la Resolución SSPD 003412 de 2004 (...)

Tercera: Que se declare nula en todas sus partes la Resolución No. SSPD-
20055270004695 del 14 de marzo de 2005, expedida por la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Por la cual
se liquida unilateralmente el Contrato No. 158-00.

Cuarta: Que se declare igualmente nula en todas sus partes, la Resolución SSPD-
20055270011215 DEL 16-06-2005, Por la cual se resuelven los recursos de
reposición presentados contra la Resolución SSPD 20055270004695 DEL 16-06-
2005.

Quinta: Como restablecimiento del derecho y consecuencia de las nulidades
anteriores determinantes de la exoneración total de la concesionaria SERVICIOS
INFORMÁTICOS DATUM S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, antes DATUM LTDA.
se EXONERE A CONDOR S.A., del pago de cualquier cantidad que hubiere sido
requerida como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato
No. 158 de 2000, suscrito entre la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y DATUM LTDA., y por la cual se Declara ocurrido el siniestro
amparado con la póliza de garantía No. 01011027063 expedida por Cóndor S.A.
Compañía de seguros, Generales, en amparo de cumplimiento a la
Superintendencia de Servicios Públicos en desarrollo del Contrato No. 158 de

2 Cuaderno No. 2, folios 5 a 7.

2

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

2000, impuestas a través de las Resoluciones 003412 de 29 de diciembre de 2004
y SSPD 20055270004695 DEL 16-06-2005, por la cual se liquida unilateralmente
el Contrato No. 158-00, y la Resolución No. SSPD- 20055270011215 DEL 16-06-
2005, Por la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución SSPD 20055270004695 DEL 16-06-2005.

Sexta: Que se condene a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS al pago de las costas.

Séptima: Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Primera Subsidiaria: Como subsidiaria de la petición Primera, Segunda, Tercera,
Cuarta y Quinta, solicito respetuosamente lo siguiente: la Reducción proporcional
de la pena por incumplimiento inferior al inicialmente fijado y dar aplicación al
principio de proporcionalidad de la pena con el incumplimiento realmente
demostrado.

Segunda Subsidiaria: Como subsidiaria de la petición Quinta, solicito
respetuosamente lo siguiente:

a) Se solicita a esa Honorable Corporación como petición subsidiaria de las
anteriores, que si para el tiempo en que se dé término a este proceso, mi
poderdante CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, ha
cancelado el valor de las pólizas cuya efectividad se pretende, solicito se condene
a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS a
reintegrar las sumas pagadas por CÓNDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES por concepto de daño emergente, reintegro que debe ser por el
monto total de las sumas pagadas por este concepto.

b) Si se verifica al pago por parte de CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, que a
título de indemnización de perjuicios a favor de CONDOR S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS GENERALES las cantidades que correspondan a la pérdida de poder
adquisitivo del peso colombiano, entre la fecha del pago de las garantías y la fecha
en que se verifique el pago a que se refiere la petición a) de la petición subsidiaria
del ordinal quinto.

c) Que a título de indemnización de perjuicios se condene a la
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, a pagar a
favor de CONDOR SA. COMPAÑÍA DE SEGUROS las cantidades que
correspondan a los intereses comerciales de las sumas que resulten liquidadas
entre la fecha del pago de las garantías y la fecha en que se verifique el pago a
que se refiere la petición a) de la petición subsidiaria del ordinal quinto”.

5. El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente3:

(i) El 19 de diciembre de 2000, la SSPD celebró con la sociedad DATUM LTDA.
el contrato No. 158 de 2000 (el contrato), cuyo objeto consistía en la prestación del

3 Cuaderno No. 1, folios 18 a 32.

3

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

servicio de outsourcing informático4, por un valor de cinco mil ochocientos ochenta
millones ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos ($5.880.121.446) y
con un plazo de ejecución de tres (3) años -desde el 19 de diciembre de 2000 hasta
el 19 de diciembre de 2003-. La interventoría fue encargada a la sociedad
ADVANCE TELESYSTEM RESEARCH S.A., bajo el contrato No. 159 de 2000 del
27 de diciembre de 2000.

(ii) Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el contratista constituyó
a favor de la SSPD la póliza de seguros No. 01011017063, expedida por Seguros
Condor S.A.

(iii) El 19 de diciembre de 2001 y el 19 de julio del mismo año, las cláusulas
segunda -en lo que refiere a la coordinación y dirección del outsourcing- y cuarta
del contrato -forma de pago-, fueron modificadas creando los Comités Técnico y
Operativo. Como funciones del Comité Operativo se establecieron las de considerar
y resolver las solicitudes planteadas por el Comité Técnico, asignar o modificar las
funciones de éste y emitir conceptos sobre las modificaciones del contrato, sirviendo
como máximo órgano controlador de su ejecución. Por su parte, el Comité Técnico
se encargaría de evaluar y tomar los correctivos necesarios para la adecuada
ejecución del contrato, sirviendo como organismo a través del cual -entre otros- se
realizaría el control de cambios del contrato.

(iv) El 5 de diciembre de 2001 se modificó la cláusula segunda -numeral 17-
incluyendo como parte de las obligaciones del contratista la designación de dos (2)
nuevos profesionales, con una consecuente adición al contrato por valor de
diecinueve millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho
pesos ($19.285.348); además, mediante otrosí del 28 de diciembre de 2001 se
modificó el ítem de suministro de sesenta (60) estaciones de trabajo -por valor de
$263.901.000-, por la asignación de nuevos recursos humanos de programación en
el 2002, cambiándose además el valor del negocio jurídico y su forma de pago. El
29 de mayo de 2002 se modificó nuevamente la cláusula cuarta relativa al valor del
contrato, disminuyendo algunos parámetros, aumentando en valor otros y
adicionando nuevos ítems.

(v) En el Comité Operativo No. 3 del 19 de marzo de 2003, se aprobó la
reasignación de los recursos económicos destinados al Servicio de Mantenimiento
y Desarrollo de Software de Misión y Apoyo a partir del 20 de marzo de 2003 hasta
la finalización del proyecto -por valor de $163.815.385-, mientras que la cifra de
ciento setenta y tres millones ($173.000.000), que correspondía a la migración de
las aplicaciones a Oracle 8i, no fue reasignada a otra actividad.

(vi) El 9 de abril de 2003 se suscribió un nuevo otrosí donde, con sustento en la
figura de Control de Cambios -numeral 12 de la cláusula segunda-, pero con un
abuso de la posición dominante por parte de la SSPD -según la parte actora-, se
dispuso:

4 El objeto del contrato incluía “…el suministro, preinstalación, instalación y puesta y funcionamiento de bienes

y elementos, administración de bases de datos, mantenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo de
hardware en sitio y suministro de repuestos, actualización software, mantenimiento de las redes, capacitación
y formación, mesa de ayuda (help desk), y servicios esenciales. Igualmente, debe actuar como aliado
estratégico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, desde el punto de vista tecnológico y
como órgano consultor comprometido con las metas y objetivos de la Superintendencia”.

4

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

a) Modificar el parágrafo 1 del numeral 19 de la cláusula segunda,
sustituyendo las cargas del contratista, incluyendo la obligación de
suministrar las licencias a perpetuidad e ilimitadas de los programas
objeto de las aplicaciones Web de DATUM & FINANZAS y DATUM &
RECURSOS FÍSICOS, así como la instalación, parametrización, pruebas
funcionales, capacitación, migración de datos y puesta en
funcionamiento de las nuevas aplicaciones en un periodo de cinco (5)
meses.

b) Modificar el ítem de Mantenimiento y Desarrollo de Software de Misión y
Apoyo con una nueva adición por valor de trecientos cuarenta millones
quinientos veintidós mil novecientos veintisiete pesos ($340.522.927),
según la parte actora, transformando el suministro de software en la
creación de uno sin parámetros previos ni requerimientos fijos, lo que
condujo al crecimiento de solicitudes y requerimientos con el
consecuente retraso en la programación e incremento en los costos.

(vii) Mediante otrosí suscrito el 19 de diciembre de 2003 se prorrogó el plazo de
ejecución del contrato en seis (6) meses -hasta el 18 de junio de 2004- y se adicionó
el valor establecido en la cláusula cuarta en una suma de ciento cincuenta y ocho
millones doscientos setenta mil cuatrocientos pesos ($158.270.400).

(viii) Afirma la parte actora que el contratista se vio en la necesidad, debido al
otrosí del 19 de diciembre de 2003 y en detrimento de su patrimonio, “de
compensar” prestando sus servicios por un periodo de tres (3) meses sin costo para
la SSPD -por un valor de $145.180.422-, lo cual consta en la comunicación PS-03-
063 de 26 de noviembre de 2003.

(ix) El 16 de febrero de 2004 el contratista efectuó la entrega del contrato de
Licencia de Uso de Aplicación DATUM & FINANZAS y DATUM & RECURSOS
FÍSICOS, tal como se reconoce en el Informe Final de Interventoría, con lo cual,
DATUM LTDA. hizo transferencia oficial de la propiedad de las licencias de uso a la
SSPD.

(x) Mediante otrosí del 19 de julio de 2004, se modificó nuevamente el contrato,
prorrogándolo por dos (2) meses más -hasta el 19 de octubre de 2004- y
adicionándolo -por la suma de $52.756.800-. Además, en virtud de dicha
modificación, el contratista garantizó la corrección de errores y omisiones del
software de los aplicativos WEB y RECURSOS HUMANOS mediante la póliza
NC062429 expedida por Seguros Condor S.A., distinta a la póliza de cumplimiento
inicial, con un valor asegurado de cien millones de pesos ($100.000.000). Afirma la
parte actora que, por cuenta de esta modificación, el contratista nuevamente tuvo
que “compensar” en detrimento de su patrimonio prestando un (1) mes de servicios
sin costo para la SSPD -en cuantía de $52.756.800-, lo cual se refleja en las actas
de ejecución del contrato y en el otrosí suscrito.

(xi) El 1 de septiembre de 2004 el Contratista entregó formalmente la primera
versión del Código Fuente de las dos aplicaciones tal como consta en acta del
mismo día. La entrega de éstos aplicativos se realizó a entera satisfacción de la
entidad contratante entre el 13 y 22 de septiembre de 2004 como se refleja en el
Informe Final de Interventoría.

5

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

(xii) El 19 de octubre de 2004, como consta en Acta de Entrega y Empalme, el
contratista hizo entrega formal de la última versión del Código Fuente de las dos
aplicaciones Web, tal como se indicó en los Comités Operativos del 2 de junio, 29
de junio y 15 de julio de 2004, de manera que la Interventoría en su informe final
indicó que la funcionalidad de los dos aplicativos cumplieron al momento de la última
prueba en un 79% y 82%, cumpliendo integralmente con las obligaciones a cargo
de DATUM LTDA. bajo el contrato.

(xiii) Mediante Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, confirmada
mediante Resolución SSPD-200552240001855 del 7 de febrero de 2005, la SSPD
declaró el incumplimiento del contrato e impuso la cláusula penal pecuniaria por la
suma de seiscientos ochenta millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos
treinta y dos pesos con sesenta y tres centavos ($680.936.432,63); en
consecuencia, declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza de cumplimiento
No. 01011017063 expedida por la sociedad demandante.

(xiv) Indica la parte actora que en tanto el contrato tuvo un cumplimiento general
superior al 82.2%, no era procedente tasar el incumplimiento por la suma antes
indicada, además de lo cual, los hechos que sustentan el supuesto incumplimiento
no son objeto de cobertura de la póliza No. 01011017063, toda vez que refieren
exclusivamente a hechos relacionados con la corrección de errores de los
aplicativos WEB y RECURSOS HUMANOS, eventos que fueron objeto de amparo
bajo la póliza No. NC062429 -conforme al otrosí del 19 de julio de 2004-, la cual fue
también expedida por Seguros Condor S.A.

(xv) El 14 de febrero de 2005 la SSPD convocó al contratista para el 18 del mismo
mes y año para proceder con la liquidación bilateral del contrato, no obstante, para
esa fecha no se había resuelto el recurso interpuesto en contra de la resolución que
había declarado el incumplimiento, de manera que la liquidación para esa fecha no
era posible. Según se dijo en la demanda, era necesario que previamente la entidad
contratante definiera las inconformidades planteadas por el contratista en el recurso
interpuesto, lo cual se hizo mediante la Resolución No. 1855, notificada el 1 de
marzo de 2005, impidiendo objetar el real contenido de la liquidación.

(xvi) A través de la Resolución No. SSPD-20055270004695 del 14 de marzo de
2004, la SSPD liquidó unilateralmente el contrato.

6. Como concepto de la violación, la parte actora señaló que los actos acusados
violaron los artículos 2, 6, 13, 19, 61 y 74 de la Constitución Política, los artículos 3,
34, 35, 36, 57, 58, 59 y 76 del Código Contencioso Administrativo, los artículos 3, 4,
5, 13, 17, 23 y 27 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 867, 1054 y 1077 del Código
de Comercio, con fundamento en las siguientes afirmaciones:

(i) Se desconoció el principio de equilibrio económico del contrato en tanto la
SSPD utilizó sus poderes exorbitantes para arrollar al contratista y a la aseguradora,
toda vez que, a través de sus actos, les castigó de manera inequitativa e injusta,
desconociendo particularmente los siguientes hechos que determinaban la ruptura
de la ecuación financiera del negocio jurídico:

6

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

a) Que mediante el otrosí del 9 de abril se “recarga al contratista con diversas
actividades como en la obligación de suministrar a la Superintendencia las licencias
a perpetuidad e ilimitadas de los programas objeto de las aplicaciones…” y se
“…obliga al contratista a realizar las tareas de instalación, parametrización, pruebas
funcionales, capacitación, migración de datos y puesta en funcionamiento de las
nuevas aplicaciones (…) en un período de cinco (5) meses…”.

b) Que, con lo anterior, la SSPD “…transformó el suministro de software en un
verdadero desarrollo, creación e invención en sí mismo sin contar con parámetros
previos ni requerimientos fijos”, lo que conllevó a un crecimiento de solicitudes
a medida que se observaba el avance de la aplicación, ocasionando retrasos
en la programación y un incremento de costos y recursos.

c) Que con ocasión de la suscripción de los otrosíes del 19 de diciembre de
2003 y 19 de julio de 2004, el contratista “se vio en la necesidad de
compensar” con la prestación de servicios sin costo en detrimento de su
patrimonio, para el primero de ellos, por tres (3) meses con un valor de
$145.180.422, y para el segundo, con un (1) mes por valor de $52.756.800.

(ii) Se desconoció el artículo 1077 del Código de Comercio5 en tanto no se
acreditó la ocurrencia ni la cuantía del siniestro.

(iii) Se vulneró el derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo
29 de la Constitución Política, pues la entidad demandada no adoptó las medidas y
requerimientos previos necesarios para decretar el incumplimiento del contrato y la
ocurrencia del siniestro. En este sentido, afirmó que se desconoció el derecho del
contratista para debatir y controvertir el informe de interventoría que sirvió como
base para declarar el incumplimiento, y además, que se negó infundadamente la
práctica de una inspección con dictamen pericial solicitada con el recurso de
reposición, vulnerando los artículos 34, 35 y 36 del Código Contencioso
Administrativo (CCA).

(iv) La SSPD debió acudir a la jurisdicción para que se declarara el
incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal no teniendo competencia para
hacerlo por sí misma, por lo que desconoció el contenido de la Ley 80 de 1993 de
donde se desprende que sólo el juez del contrato podrá declarar el incumplimiento.

(v) El monto o la cuantía del incumplimiento declarado resulta desproporcionado
con la realidad contractual, pues la valoración económica del incumplimiento en
cuantía de $680.936.342.63 resulta desproporcionada y muy superior al
incumplimiento establecido.

(vi) La multa no está incluida dentro de los riesgos amparados por la póliza de
cumplimiento, pues la única sanción que ésta cobijaba era la cláusula penal
pecuniaria.

(vii) Los incumplimientos estuvieron relacionados con los aplicativos WEB y
RECURSOS HUMANOS, aspectos que no son objeto de cobertura de la póliza
01011017063, sino de la póliza NC62429.

5 “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere

el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

La admisión de la demanda y la defensa

7. Admitida la demanda6 y notificado el auto admisorio7, el Ministerio Público
guardó silencio y la SSPD presentó contestación8 en el término de traslado de la
demanda9; se opuso a la totalidad de las pretensiones a partir de las excepciones
que denominó: (i) falta de legitimación en la causa por activa, (ii) inepta demanda,
(iii) legalidad de los actos, (iv) contrato no cumplido, (v) culpa grave del contratista,
e (vi) inexistencia de fundamento de responsabilidad que sustente una eventual
condena; excepciones fundamentadas en que:

(i) Seguros Condor S.A. no hace parte del contrato No. 158 de 2000 suscrito
entre DATUM LTDA. y la SSPD, por lo que carece de legitimación para demandar
los actos proferidos con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación.

(ii) La sociedad contratista, verdadero suscriptor y parte del contrato, no
demandó los actos administrativos acusados que fueron debidamente sustentados
y expedidos, no siendo por tanto viable, pero sí configurativo de una inepta
demanda, que la aseguradora pretenda su nulidad a través de la acción contractual.

(iii) No se indicó cuál era el concepto de violación, pues la parte actora se dedicó
a desarrollar el concepto del equilibrio económico del contrato, aspecto que debió
ser demandado por la sociedad contratista. Así mismo, indicó que no obra prueba
sobre el supuesto desequilibrio económico, pues en cada una de las modificaciones
o adiciones del contrato las partes de común acuerdo decidían sobre los aspectos
económicos evaluados y definidos.

(iv) La SSPD pagó al contratista el valor pactado conforme al estado de ejecución
y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, pero que, debido al
incumplimiento del contratista, no está en la obligación de cancelar el saldo restante
ni otra suma porque el contratista no entregó el objeto contratado. En ese sentido,
manifestó que el contratista incumplió sus obligaciones en tanto el software
adquirido no se adecuó a las necesidades indicadas en la licitación, razón por la
cual, el contrato se declaró incumplido y se ordenó su liquidación incluyendo el
cobro de las garantías correspondientes.

(v) El contratista incumplió gravemente sus obligaciones, por lo que no había
opción diferente a la de declarar el incumplimiento del contrato y declarar ocurrido
el siniestro de incumplimiento amparado con la póliza de garantía No. 01011017063
expedida por Seguros Condor S.A.

(vi) La SSPD se ha limitado a cumplir con sus obligaciones y ejercer sus
derechos, por lo que la parte actora pretende irresponsablemente evitar el pago de
unas pólizas que fueron expedidas con el lleno de requisitos legales,
“…pretendiendo mediante este también confuso proceso, desvirtuar de una manera
imprecisa e, incomprensible los derechos de mi representada”.

6 Auto del 12 de abril de 2007. Cuaderno No. 1, folio 51 (incluido reverso).

7 Cuaderno No. 1, folios 63 a 66.
8 Cuaderno No. 1, folios 112 a 129.
9 Constancia Secretarial. Cuaderno No. 1, folio 130.

8

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

Los alegatos de conclusión

8. Surtido el debate probatorio10, por auto del 3 de febrero de 201511 se ordenó
correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera concepto. La entidad demandada12 reiteró brevemente los argumentos
desarrollados en la contestación de la demanda, haciendo especial énfasis en la
falta de legitimación por activa. La parte actora y el Ministerio Público guardaron
silencio.

La sentencia de primera instancia y su motivación

9. A través de sentencia del 23 de abril de 201513, la Subsección C de
descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, como sigue:

(i) Declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
activa e inepta demanda propuestas por la SSPD.

(ii) Declaró la nulidad por vicio de incompetencia de las resoluciones No. 3412
del 29 de diciembre de 2004, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del
contrato, así como de la Resolución y SSPD-20055240001855 del 7 de febrero de
2005 que confirmó la anterior.

(iii) Condenó a la SSPD a devolver a la parte actora cualquier suma de dinero
que ésta hubiere pagado por concepto de la declaratoria de incumplimiento del
contrato y la expedición de los actos declarados nulos, suma que debe ser indexada
desde la fecha en la cual se hubiere producido el pago, hasta la fecha en la cual se
realice la devolución.

(iv) Negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.

10. Como fundamento de su decisión, el Tribunal a quo expuso, lo siguiente:

(i) Indicó que esta jurisdicción es competente para conocer el asunto en la
medida que, si bien existe una cláusula compromisoria bajo el contrato, la parte

10 Se decretaron como pruebas las documentales aportadas por las partes, así como la práctica de un dictamen

pericial solicitado por la demandante para acreditar el cumplimiento del contratista. Las principales pruebas
documentales allegadas fueron: Contrato No. 158 de 2000; antecedentes del contrato incluyendo el proceso
licitatorio; Resolución No. 002410 de 12 de agosto de 2004; Resolución No. 2861 de 8 de octubre de 2004;
Resolución No. 002410 del 12 de agosto de 2004; Resolución No. 20055240001855 del 7 de febrero de 2005;
Resolución No. 11215 del 16 de junio de 2005; Copia de la Póliza No. 7306873; Condiciones Generales de la
Póliza No. 7306873; Copia de la póliza NCO62429; Resolución 22626 del 7 octubre de 2005; Resolución 31525
de 15 diciembre de 2005; antecedentes técnicos e informes de las resoluciones demandadas; Informe Final de
Interventoría; Acta de Entrega y Empalme del 19 de octubre de 2004; comunicación PS-03-063 del 25 de
noviembre de 2003; comunicación PS-03-065 del 26 de noviembre de 2003; comunicación PS-04-026 del 28
de junio de 2004; comunicación PS-04-029 del 14 de julio de 2004; acta de Comité Técnico No. 35 del 28 de
agosto de 2003; acta de Comité Técnico No. 38 del 19 de noviembre de 2003 ; acta de Comité Operativo No.
05 del 21 y 24 de noviembre de 2003; acta de Comité Técnico No. 44 de marzo de 2004; oficio del 17 de marzo
de 2004; oficio A.T.R. No. 012-2004 del 5 de abril de 2004 ; oficio PS-04-021 del 31 de mayo de 2004; oficio
A.T.R. No. 023-2004 del 10 de junio de 2004; acta de Comité Operativo No. 8 de 2 y 29 de junio, y 15 de julio
de 2004; oficio A.T.R. No.033-2004 del 10 de septiembre de 2004 ; acta de Comité Técnico No. 52 del 29 de
septiembre de 2004; oficio PS-04-049 del 19 de octubre de 2004; acta de Comité Técnico No. 53 del 19 de
octubre de 2004.
11 Cuaderno No. 1, folio 342.
12 Cuaderno No. 1, folios 343 a 345.
13 Cuaderno principal, folios 347 a 365 reverso.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

actora no fue parte en el mismo, de manera que no le son vinculantes los efectos
de dicha convención pactada entre la SSPD y el contratista.

(ii) Si bien la demandante no es parte en el contrato, tal circunstancia no
conduce a la declaratoria de falta de legitimación en la causa por activa de la
compañía aseguradora, toda vez que ésta era la garante de las obligaciones
surgidas del negocio jurídico y por tanto está legitimada en la causa para incoar la
acción contractual para perseguir la nulidad de los actos expedidos con ocasión de
éste.

(iii) En la medida que la excepción de inepta demanda se fundamentó en que la
sociedad contratista no fue quien demandó los actos administrativos, y habiéndose
definido que la parte actora se encuentra legitimada para solicitar su nulidad bajo la
acción contractual, resulta forzoso concluir que no tiene vocación de prosperidad la
excepción planteada, toda vez que DATUM LTDA., en su condición de contratista,
no es la única que puede desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados.

(iv) De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, particularmente
lo dispuesto en la sentencia del 30 de abril de 2014 de la Sección Tercera14, en los
contratos suscritos con anterioridad a la Ley 1150 de 2007 la Administración no
contaba con la potestad para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer
efectiva la cláusula penal, debiendo acudir al juez para ello. En consecuencia, como
el contrato se celebró con anterioridad a la vigencia de la Ley 1150 de 2007, la
entidad demandada carecía de competencia para expedir unilateralmente los actos
administrativos a través de los cuales declaró incumplido al contratista y ocurrido el
siniestro.

(v) Si bien la jurisprudencia ha aceptado que en algunos casos la entidad
contratante podría declarar mediante acto administrativo el incumplimiento en
contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, tal supuesto
se refiere a aquellos eventos en que en el negocio jurídico se pactó expresamente
tal facultad a favor de la administración, lo cual no ocurrió en el presente caso, pues
según lo evidenciado al revisar el clausulado del contrato, la entidad contratante
carecía de competencia para ello.

(vi) Como el cargo de censura de la aseguradora en contra de la liquidación
unilateral del contrato se fundamentó en que éste la obliga al pago de los saldos a
favor de la entidad, pero por cuanto revisado dicho acto se observa que tales sumas
se incluyeron como valores a cargo del contratista, más no de la aseguradora, no
resulta procedente la nulidad deprecada.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

11. El fallo en precedencia, notificado en debida forma el 5 de mayo de 2015 15,
fue recurrido dentro del término de ejecutoria por la SSPD16. El recurso de
apelación17 se fundamentó en dos (2) motivos de inconformidad relacionados, con:
(i) la legitimación por activa de la parte actora; y (ii) la competencia de la entidad

14 Subsección A. C.P. Hernán Andrade Rincón. Exp. 27.096.

15 Cuaderno principal, folio 367.
16 Cuaderno principal, folio 376.
17 Cuaderno principal, folios 368 a 375.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y hacer
efectivas las garantías. Respecto de cada uno de ellos la entidad demandada afirmó
lo siguiente:

(i) Respecto a la falta de legitimación por activa y la competencia de esta
jurisdicción, indicó que existe una contradicción conceptual en la decisión del
Tribunal por cuanto consideró ser competente para conocer el asunto en la medida
en que la aseguradora no participó de la relación contractual en la que se pactó la
cláusula compromisoria, pero, por otra parte, afirmó que la aseguradora estaba
legitimada por activa por haber sido garante de esa relación contractual.

En este sentido, señaló que para definir la competencia de la jurisdicción
contencioso administrativa no se le trasladaron a la demandante los efectos del
contrato, pero para sustentar su legitimación en la causa por activa sí, de manera
que “…se aprecia una ostensible contradicción entre dos razonamientos derivados del
mismo hecho…”; en su concepto “…resulta inexplicable que de una parte se razone sobre
que el contrato de marras no le comunica los efectos de la cláusula compromisoria a la
demandante pero sí la legitima para incoar una acción contractual, así esta tuviera por
objeto aniquilar los actos administrativos expedidos con ocasión del incumplimiento
contractual en que incurrió su asegurado …”18

Además, indicó que si la legitimación de la actora surgió por el hecho de haber sido
la garante del contrato, el Tribunal “…dejó de aplicar el artículo 1096 del Código de
Comercio, que es la norma que legitima a un asegurador para acudir a la jurisdicción, pero
no a cualquier asegurador sino solo a aquel que ha pagado una indemnización, y se ejerce
contra el directo responsable del siniestro”. Afirmó que, en consecuencia, el fallo
recurrido es contrario al espíritu del artículo 1096 del Código de Comercio, pues en
su opinión esa disposición normativa establece que la aseguradora “ …solo hubiera
podido acudir a la jurisdicción previo pago de la indemnización; y, según quedó acreditado
en el expediente, no se allegó constancia alguna que probara haber pagado el monto
liquidado del siniestro por efecto del incumplimiento declarado por la administración”19.

(ii) Sobre la competencia de la entidad demandada para declarar
unilateralmente el incumplimiento, aplicar las sanciones y hacer efectivas las
garantías, explicó, en síntesis, que la SSPD estaba facultada para ello con
fundamento en la atribución otorgada por el artículo 68 del CCA, tal como lo indicaba
la jurisprudencia del Consejo de Estado en el año 2004, posición que fue adoptada
por la entidad y citada bajo la Resolución SSPD-200552240001855 del 7 de febrero
de 2005.

Trámite en segunda instancia

12. En auto del 19 de agosto de 201520, este Despacho admitió el mencionado
recurso de apelación por cumplir con lo establecido en el artículo 212 del CCA. Así
mismo, mediante proveído del 16 de septiembre de 201521, corrió traslado a las
partes por el término de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión, al
tiempo que ordenó el traslado especial al Agente del Ministerio Público para que
rindiera concepto en el asunto.

18 Cuaderno principal, folio 369.

19 Cuaderno principal, folio 370.
20 Cuaderno principal, folio 397.
21 Cuaderno principal, folio 399.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
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Referencia: Controversias contractuales

13. La entidad demanda se limitó a replicar la postura sustentada en el recurso
de apelación22 mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron
silencio23.

I. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con el artículo 129 del CCA, el Consejo de Estado es competente
para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
por los Tribunales Administrativos. El numeral 5º del artículo 132 del mismo estatuto
señala que éstos conocen en primera instancia de los asuntos referentes a los
contratos de las entidades estatales cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV24. En
la fecha de presentación de la demanda, 28 de febrero de 2007, esta cuantía
equivalía a $248.450.000. El valor de la pretensión mayor se estimó en una suma
superior a $680.936.34225; en consecuencia, la Sala es competente para resolver el
recurso, pues el proceso tiene vocación de doble instancia.

Objeto de la apelación y problema jurídico

15. De conformidad con el artículo 357 del CPC26, la competencia del ad quem
se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por
el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia y los
aspectos que estén íntimamente relacionados con ella, esto es, según la postura
unificada de esta Corporación27, que se encuadren dentro del marco global de la
apelación; en consecuencia, con el objeto de resolver el recurso de apelación
interpuesto, se analizarán los siguientes problemas jurídicos:

(i) Si con el mismo criterio que el Tribunal afirmó que a la demandante no le es
aplicable la cláusula compromisoria del contrato, por el hecho de no haberlo
suscrito, debe concluirse que no está legitimada para acudir a la acción contractual
precisamente por no haber sido parte del mismo; en esa medida, la Sala establecerá
si se presenta una contradicción sustancial en la decisión del Tribunal a quo al
definir que la parte actora está legitimada para incoar la acción contractual ante esta
jurisdicción, considerando que no fue parte del negocio jurídico asegurado y ante la
existencia de una cláusula compromisoria.

(ii) Si la parte demandante carece de legitimación en la causa por cuanto, de
conformidad con el artículo 1096 del Código de Comercio, la aseguradora solo
puede acceder a la jurisdicción previo el pago de la indemnización.

22 Cuaderno principal, folios 400 a 407.
23 Constancia secretarial, cuaderno principal, folio 408.
24 La determinación de la competencia en función de la cuantía debe analizarse en este caso de conformidad

con lo dispuesto en le Ley 446 de 1998 y en particular en el artículo 20 del CPC pues la demanda fue presentada
en febrero de 2007.
25 Estimación razonada de la cuantía realizada por Seguros Condor S.A., cuaderno No. 1, folio 43.
26 “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá

enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando
ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 6 de

abril de 2018, Exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
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(iii) Si la entidad demandada tenía competencia material para proferir la
Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, por la cual se declaró el
incumplimiento del contrato y declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza
No. 01011017063 expedida por la demandante, así como aquella que resolvió los
recursos interpuestos en su contra y la confirmó integralmente.

16. En caso de establecerse que la entidad demandante era competente para
expedir los actos administrativos antes indicados, la Sala analizará y definirá los
cargos de nulidad aducidos por la parte actora en contra de éstos y que no fueron
objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal a quo como consecuencia de la
declaratoria de falta de competencia material.

17. Por otra parte, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente a los cargos
aducidos por la parte actora en contra del acto administrativo de liquidación
unilateral del contrato, así como de aquel que lo confirmó, toda vez que la pretensión
de nulidad en contra de éstos fue negada por el Tribunal en primera instancia y tal
determinación no fue objeto de la apelación.

La aducida contradicción en el análisis de la jurisdicción, competencia y
legitimación por activa bajo la acción contractual

18. Por mandato del CCA y la Ley 80 de 1993 los actos expedidos después de
la celebración del contrato son propiamente contractuales, y, por ende, enjuiciables
bajo la acción contractual, a partir de lo cual, la Sección Tercera del Consejo de
Estado se encargó de precisar la naturaleza de aquellos que fueron expedidos
después de terminado el contrato28; sobre el particular, explicó que atendiendo a los
elementos constitutivos del acto, no hay duda que éstos actos posteriores tienen
por objeto crear, modificar o extinguir una relación jurídica proveniente del negocio
jurídico, por lo que su contenido tiene origen y razón de ser directamente en el
contrato celebrado y ejecutado, y en consecuencia, deben concebirse como un acto
contractual no separable del negocio jurídico que le dio origen.

19. Descendiendo al caso concreto, al examinar la finalidad de los actos
administrativos acusados, es claro que con su expedición se pretende declarar el
incumplimiento del contrato y hacer efectiva la garantía constituida para el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, lo cual determina que se
encuentran directa e inescindiblemente vinculados con el negocio jurídico
celebrado, confirmando su naturaleza contractual, y en consecuencia, que su
enjuiciamiento procede bajo la acción de controversias contractuales como bien lo
definió el Tribunal a quo29.

20. Por otra parte y en lo que respecta a la legitimación en la causa para solicitar
la nulidad de estos actos contractuales, como ha sido explicado con anterioridad por
esta Subsección30, en tanto y en cuanto se trata de actos de contenido

28 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de abril de 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

Exp. 19001-23-31-000-1994-09004-01 (14667). Ver también: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia
del 10 de mayo de 2001. Exp. 13347. C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada por la sentencia de 20 de septiembre
de 2001, Exp. 14582.
29 Al respecto puede verse: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 3 de julio de

2020. C.P. María Adriana Marín. Exp. 08001-23-31-000-1997-12401-01 (47252).
30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 16 de julio de 2021. C.P. José Roberto

Sáchica Méndez. Exp. 250002326000-2009-00810-01 (50731).

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
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eminentemente particular y concreto, en principio los llamados legalmente a
demandarlos son únicamente los titulares del derecho subjetivo desconocido o
vulnerado con su expedición31, por lo que para pretender su nulidad, es necesario
acreditar un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual.

21. Así las cosas, la determinación de la legitimación material para solicitar la
nulidad de los actos administrativos contractuales pende de que el interesado
acredite que de esa declaración se deriva “un beneficio material o moral al
demandante, o un perjuicio material o moral al demandado”32. En este contexto,
puede inferirse en abstracto que a la sociedad aseguradora que expide una póliza
de cumplimiento le asiste un interés para impugnar los actos que declaren la
ocurrencia del siniestro que amparó, dado que de ellos se deriva la obligación de
pagar el riesgo que asumió.

22. En un caso similar, donde también se cuestionaba la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales se declaró el siniestro en un contrato estatal,
esta Corporación precisó que “la aseguradora (..) es titular de la acción de controversias
contractuales, aun cuando no sea parte del contrato estatal, como quiera que tiene un
interés directo en el acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual o
postcontractual”, y que “Sostener lo contrario (…) supone desconocer de manera directa el
postulado del artículo 77 de la ley 80 de 1993…”33.

23. En lo que respecta al caso concreto, Seguros Condor S.A. hizo consistir su
interés para pretender la nulidad del acto administrativo que declaró el
incumplimiento del contrato y declaró configurado el siniestro, en el hecho de que,
con base en éste, surgió su obligación de pago por entenderse configurado uno de
los riesgos que amparó a través de la póliza de cumplimiento No. 01011017063.

24. Sobre lo anterior, se observa que en efecto, mediante la Resolución No.
003412 del 29 de diciembre de 2004, en el numeral segundo de la parte resolutiva,
se declaró “ocurrido el siniestro de incumplimiento amparado con la póliza de garantía No.
01011017063 expedida por Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales, en el de amparo
cumplimiento a la Superintendencia de Servicios Públicos en desarrollo del Contrato No.
158 de 2000 por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS con SESENTA Y TRES
CENTAVOS ($680,936,342.63)”34.

25. Por su parte, en el acta de liquidación unilateral del contrato bajo el numeral
VI denominado “CRUCE DE CUENTAS” y al definir el valor a cargo del contratista,
se dispuso que:

(i) El contratista adeuda: a) la suma de $680.936.342,63 por concepto de la
cláusula penal impuesta con la Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004
que declaró el incumplimiento del contrato y configurado el siniestro amparado con
la póliza No. 01011017063; y b) la suma de $12.888.000 por concepto de multa

31 De acuerdo con la doctrina de los móviles y las finalidades –recogida posteriormente en el artículo 137 del

CPACA– la acción de nulidad simple puede ser instaurada por cualquier persona contra actos de contenido
general y excepcionalmente contra actos de contenido particular y concreto, siempre que con la pretendida
nulidad no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo.
32 DEVÍS ECHANDÍA. Hernando: “Teoría General del Proceso”, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2017, pág. 225.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 18 de julio de 2007, Exp. 33476. También puede verse la

sentencia de 10 de julio de 1997. Exp. 9286, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
34 Cuaderno No. 1, folio 256.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
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impuesta con la Resolución 002410 de 2004, que no es objeto de la presente acción.
Por tanto, el contratista adeuda un total de seiscientos noventa y tres millones
ochocientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta y tres
centavos ($693.824.342,63).

(ii) El contratista tiene a su favor la suma de cincuenta y dos millones setecientos
cincuenta y seis mil ochocientos pesos ($52.756.800. 00), valor que debe restarse
del valor adeudado antes indicado.

(iii) En consecuencia, el contratista adeuda a la entidad contratante y asegurada
bajo la póliza expedida por Seguros Condor S.A., como consecuencia del
incumplimiento del contrato, la suma de seiscientos cuarenta y un millones sesenta
y siete mil quinientos cuarenta y dos pesos con sesenta y tres centavos
($641.067.542.63).

26. Conforme a lo anterior, se observa que si bien del valor cuantificado en el
acto acusado -el cual dispuso la cuantía del siniestro y por ende la suma a pagar
por parte Seguros Condor S.A.- fueron deducidos los conceptos existentes a favor
del contratista, éstos no fueron suficientes para que el tomador del seguro cubriera
en su totalidad las sumas tasadas por cuenta de la cláusula penal impuesta y
amparada en la póliza No. 01011017063.

27. Por tanto, si bien con la compensación efectuada en la liquidación del
contrato se redujo el valor a pagar por parte de Seguros Condor S.A., determinado
inicialmente bajo el acto administrativo demandado ($680.936.342,63), su
obligación de pago por cuenta de éste persiste por la suma de $641.067.542.63, lo
que determina la existencia de un interés sustancial, subjetivo, concreto, serio y
actual de la aseguradora en las resultas del proceso, y en consecuencia, su
legitimación por activa, en tanto la prosperidad de sus pretensiones le generarían
un beneficio jurídico y material.

28. Finalmente, estando acreditado que le asiste a la parte actora legitimación
en la causa para -bajo la acción de controversias contractuales- pretender la nulidad
del acto administrativo que declaró la configuración del siniestro y el consecuente
pago de la indemnización con cargo a la póliza que expidió para garantizar el
cumplimiento del contrato, la Sala advierte que tal circunstancia no se contradice ni
es incompatible con el hecho de no ser extensible a la demandante la cláusula
compromisoria contenida en el contrato estatal que aseguró, pero del cual no hizo
parte.

29. Según el artículo 2º del Decreto 2279 de 1989 (vigente para la época de los
hechos), mediante el pacto arbitral, que comprende tanto la cláusula compromisoria
como el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión
de árbitros renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces, para lo cual,
deberán acordarlo en cualquier documento en el que manifiesten expresamente su
voluntad y propósito de someterse a decisión arbitral. Esta norma reconoce que el
pacto arbitral -expresado mediante la forma de cláusula compromisoria o de
compromiso- surge de la autonomía de la voluntad e implica la renuncia de las
partes que así lo dispusieron a acudir a los jueces estatales; en su lugar y por virtud
de su manifestación de voluntad, habilitan a la justicia arbitral con el propósito de
que sea ésta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión del contrato.

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Referencia: Controversias contractuales

30. Conforme a lo anterior, la naturaleza del arbitraje es esencialmente
convencional y excepcional, de manera que solo será posible invocarlo por quienes
manifestaron su consentimiento en tal sentido, sin que sea posible obligar a un
tercero ajeno a dicho acuerdo a que se someta a esta institución.

31. En este sentido, por cuanto el pacto arbitral constituye un verdadero negocio
jurídico, la cláusula compromisoria puede entenderse como un contrato dentro del
contrato, de manera que su interpretación, alcance y efectos se fijan a partir de las
reglas normativas propias de este tipo de manifestaciones de voluntad,
particularmente, con sujeción al principio de relatividad de los contratos, el cual dicta
que éstos solo producen efectos entre las partes que los han celebrado, y sólo
respecto de ellos tiene fuerza obligatoria y sólo a ellos perjudican y aprovechan sus
efectos35.

32. Atendiendo a que la cláusula compromisoria solo resulta exigible y oponible
a quienes suscribieron el contrato, en este caso, a la SSPD y su contratista, le asiste
razón al Tribunal a quo cuando señala en el fallo impugnado que “…si bien en el
contrato objeto de examen se pactó cláusula compromisoria, dicho pacto arbitral
sólo tiene efectos entre las partes que lo suscribieron (…) de tal manera que ello no
impide que esta Corporación pueda pronunciarse de fondo (…) Pues quien ostenta
la calidad de demandante es la aseguradora CONDOR S.A., sociedad que no se
encuentra cobijada por la cláusula compromisoria suscrita entre las partes del
contrato No. 158 de 2000”36.

33. En este orden, la Sala concluye que la supuesta contradicción en el análisis
de la jurisdicción, competencia y legitimación por activa afirmada por el recurrente
es inexistente, toda vez que, en efecto, la cláusula compromisoria contenida en el
contrato estatal no le es extensiva a la compañía aseguradora demandante al no
haberlo suscrito, sin perjuicio de lo cual, y sin que implique discordancia alguna,
está legitimada por activa bajo la acción contractual para pretender la nulidad de
aquellos actos expedidos con ocasión del negocio jurídico asegurado y respecto de
los cuales acredite un interés directo, como se predica en el caso concreto conforme
se ha explicado.

La falta de legitimación por desconocimiento del artículo 1096 del Código de
Comercio

34. La Sala debe indicar que no le asiste razón la entidad demandada y
recurrente bajo este argumento, toda vez el artículo 1096 del Código de Comercio
no tiene el contenido ni el alcance pretendido y afirmado bajo el recurso de
apelación, según el cual, solo el asegurador que ha pagado la indemnización está
legitimado para acceder a esta jurisdicción con ocasión de la afectación de la póliza.
El artículo en cuestión dispone lo siguiente:

35 Al respecto ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Auto del 9 de julio de 2018. C.P. Jaime

Enrique Rodríguez Navas. Exp. No. 38422; y Subsección C. Sentencia del 23 de mayo de 2012. Exp. 22828.
36 Cuaderno principal, folios 353 reverso y 354. Sobre lo anterior, debe añadirse que aun cuando es cierto que

pueden existir terceros que no fueron parte del convenio arbitral, pero que al tener un interés legítimo para
participar en el arbitraje pueden válidamente vincularse al mismo, en tal supuesto el consentimiento como
requisito indispensable para que dicho acuerdo les irrogue efectos no se elimina, toda vez que deberán
manifestar expresamente su voluntad de adherirse a éste, y en consecuencia, su decisión de renunciar
libremente a acudir a la jurisdicción ordinaria.

.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

“El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la
ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las
personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las
mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.

Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste,
a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre
la cosa asegurada”.

35. Como se observa, el artículo transcrito e invocado por el recurrente regula la
figura de la subrogación en los eventos en que la aseguradora haya pagado al
beneficiario por razón de la conducta del responsable del siniestro. Esta norma
permite al asegurador cobrar lo pagado al responsable del siniestro y faculta al
asegurado a proponer excepciones en contra de la aseguradora cuando la
compañía de seguros ejerza la acción de subrogación.

36. Por tanto, no hay duda de que el artículo 1096 del Código de Comercio lo
que determina es que los derechos de los que disponía el asegurado, como ejercer
la acción judicial correspondiente y formular a través de ella pretensiones contra
quienes considere responsables del siniestro, se trasladan a la compañía
aseguradora cuando esta última hubiere indemnizado en virtud del contrato de
seguro celebrado entre las partes, pero de ninguna forma, supedita el derecho de
acción que directamente le asiste la aseguradora para impugnar la legalidad del
acto administrativo que declara ocurrido el siniestro, al pago de la indemnización
correspondiente.

37. En consecuencia, carece de sustento el argumento relativo a un supuesto
desconocimiento del artículo 1096 del Código de Comercio por haberse definido
que la aseguradora demandante está legitimada en la causa en este asunto, sin
haber pagado previamente la indemnización.

La falta de competencia de la entidad demandada para expedir los actos
demandados

38. El Decreto 222 de 1983, de manera muy similar al Decreto 150 de 1976 37,
disponía en sus artículos 7138 y 7239 el deber de incluir las cláusulas penales y de
multas en los contratos regidos por el derecho público, así como la facultad expresa
de las entidades contratantes para declarar unilateralmente el incumplimiento del
contrato y hacerlas efectivas mediante resolución motivada. Si bien bajo dicho
régimen se discutió la posibilidad de imponer estas sanciones cuando la
administración no había decretado la caducidad del contrato, la Sección Tercera del
Consejo de Estado explicó en su momento que las normas indicadas permitían “ que

37 Artículo 61. “En todo contrato que no fuere de. empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria,

qué se hará efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento. La cuantía de la cláusula penal debe ser directamente proporcional a la del contrato. El valor
de la cláusula penal que se haga efectiva se imputará al de los perjuicios que reciba la entidad contratante”.
38 “En los contratos deberá incluirse la facultad de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora

o de incumplimiento parcial, las que deberán ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que sufra.
Su imposición se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el artículo 64
de este estatuto. En los contratos de empréstito no habrá lugar a la inclusión de esta cláusula”.
39 “En todo contrato que no fuere de empréstito, deberá estipularse una cláusula penal pecuniaria, que se hará

efectiva directamente por la entidad contratante en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento. La
cuantía de la cláusula penal debe ser proporcional a la del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga
efectiva se considerará como pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante”.

17

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

se haga efectiva la cláusula penal pecuniaria no sólo en el evento de la caducidad sino
también en el caso de incumplimiento; incumplimiento que debe ser expresamente
declarado por la administración”40.

39. Posteriormente la Ley 80 de 1993, al derogar el Decreto 222 de 1983, guardó
silencio respecto a la facultad antes indicada generando una discusión acerca de
su subsistencia. Frente a lo anterior, fue la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado la encargada de dar solución a esa incertidumbre, no obstante,
en esta labor los pronunciamientos no fueron unánimes, conllevando a la creación
de dos posiciones identificables en el tiempo.

40. Inicialmente, entre los años 1994 y 199741, la jurisprudencia de la Sección
Tercera se inclinó por la tesis según la cual era posible pactar las cláusulas penales
y de multas en virtud de la autonomía de la voluntad, pero no que pudieran ser
aplicadas forma directa y unilateral por las entidades públicas contratantes pues le
correspondía al juez determinar su imposición. En este sentido, explicó que “ la Ley
80 de 1993 no consagra ni multas ni cláusula penal pecuniaria, como cláusulas implícitas
en el contrato con el alcance de poderes exorbitantes o estipulaciones extraordinarias. Por
consiguiente, cuando se pretenda utilizar esas figuras deberán ser expresamente
convenidas por las partes y las circunstancias que las estructuren habrán de ser declaradas
judicialmente”42.

41. A partir del año 1998 y hasta mediados del año 200543 la Sección Tercera
cambió este criterio jurisprudencial, por lo que indicó que sí era posible que las
entidades públicas impusieran directamente las sanciones contractuales y
declararan incumplimientos para hacerlas efectivas, con fundamento en que:

(i) Conforme a las normas civiles y comerciales44 aplicables al contrato estatal
por expresa remisión del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, es lícito pactar las multas
y cláusulas penales, así como su cobro directo por una de las partes para asegurar
la ejecución del negocio jurídico.

(ii) Las sanciones pactadas para garantizar el cumplimiento pueden ser
impuestas unilateralmente por las entidades públicas contratantes, sin necesidad
de acudir al juez: a) en ejercicio de la potestad de autotutela declarativa de la que
es titular la administración, b) en virtud del carácter ejecutivo que como regla general
otorga el artículo 64 del CCA a todos los actos administrativos, y c) con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 68 numeral 5 de la misma norma, cuando señala que
“las demás garantías que a favor de las entidades públicas se presten por cualquier
concepto (…) se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la
obligación”.

40 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 1988. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

Exp. 3615.
41 Al respecto, pueden verse, entre otras, las providencias del 21 de octubre de 1994 (Exp. 9288), del 16 de

noviembre de 1994 (Exp. 8449), del 28 de marzo de 1996 (Exp. 11119), del 15 de agosto de 1996 (Exp. 8358)
y del 20 de febrero de 1997 (Exp. 12669).
42 Auto del 20 de febrero de 1997. Exp. 12669.
43 En este sentido, pueden verse, entre otras las providencias del 4 de junio de 1998 (Exp. 13988), del 6 de

agosto de 1998 (Exp. 14558), del 14 de diciembre de 1998 (Exp. 14504), del 29 de junio de 2000 (Exp. 16756),
del 13 de diciembre de 2001 (Exp. 19443) del 20 de junio de 2002, (Exp. 19488), del 18 de marzo de 2004 (Exp.
15936) y del 14 de julio de 2005 (Exp. 14289).
44 Particularmente los artículos 1592 del Código Civil y 867 del Código de Comercio.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
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Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

42. Finalmente y a partir de la sentencia del 20 de octubre del año 2005 45,
precedente aducido por el Tribunal a quo para declarar la nulidad de los actos
acusados46, la Sección Tercera de la Corporación recogió este último criterio y
retornó a la tesis inicial sobre la imposibilidad de imposición unilateral de multas o
cláusula penal por parte de la administración contratante, lineamiento ratificado por
la Sala de Consulta y Servicio Civil47. Se explicaba en este sentido que, teniendo en
cuenta el principio de legalidad que rige los poderes de la administración, ésta
carecía de competencia para estipular multas en el contrato como cláusulas
excepcionales al derecho común e imponerlas unilateralmente, pues ni la Ley 80 de
1993 u otra norma le atribuía la facultad expresa para hacerlo.

43. Visto que la competencia de la administración para declarar el incumplimiento
del contrato y hacer efectiva las cláusulas penales y de multas -bajo la vigencia de
la Ley 80 de 1993 y con anterioridad de la expedición de la Ley 1150 de 2007- no
ha sido un asunto pacifico, y que en consecuencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre el particular tuvo variaciones sustanciales desde la derogatoria del
Decreto 222 de 1983, la Sala reitera48 que el análisis de legalidad del acto debe
realizarse en confrontación no solo con las normas vigentes al momento de su
expedición, sino además, de cara al precedente judicial que sobre la interpretación
del alcance de tales normas hubiere sido el imperante para ese mismo momento.

44. La Corte Constitucional49 y esta Corporación50 han explicado que a partir de
una ponderada interpretación del artículo 230 de la Constitución Política, el cual
dispone que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la
ley”51, debe concluirse que el precedente judicial es fuente vinculante de derecho 52
que, en aplicación del principio de igualdad, obliga a los jueces a resolver de la
misma manera los casos que participan de las mismas particularidades fácticas y
jurídicas –sin perjuicio de que pueden apartarse de él de manera razonada–; a su
vez, el precedente se torna en pauta de conducta tanto de la administración como
de sus administrados53.

45 C.P. German Rodríguez Villamizar. Exp. 14279.
46 Cuaderno principal, folio 361.
47 Concepto 1748 del 25 de mayo de 2006. C.P. Enrique Arboleda Perdomo.
48 Al respecto puede verse: Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 17 de julio de

2022. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Exp. 250002326000 201100482 01 (57.568).
49 Al respecto se puede consultar, además de otras, las siguientes providencias: C-104 de 1993, C-483 de 1996,

C-836 de 2001, C-335 de 2008, C-539 de 2011- C-284 de 2015 y C-621 de 2015.
50 Exp. 57.279.
51 Constitución Política. Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.
52Como apoyo de esta calificación se destacan figuras del derecho que propugnan por la vinculatoriedad del

precedente judicial, tales como: (i) la doctrina probable, que, según la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional, en el marco de la Constitución Política de 1991, “tiene el valor de fuente normativa de obligatorio
cumplimiento” fundamentando en “el derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se funden en
una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico” como expresión del derecho de igualdad
(sentencias C-836 de 2011 y C-621 de 2015); (ii) la procedencia de la acción de tutela por desconocimiento
injustificado del precedente como defecto sustantivo; (iii) así como la consagración de normas encaminadas a
someter de manera expresa a la administración a ajustarse al precedente fijado en casos fácticos similares,
ejemplo de ello son: el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 que señala que toda autoridad administrativa debe
“tener en cuenta” las sentencias de unificación de jurisprudencia, sin perjuicio del carácter general de precedente
de las demás decisiones del Consejo de Estado, los artículos 102 y 209 ibídem que regulan el trámite de
extensión de jurisprudencia, entre otros.
53 En sentencia C-539 de 2011, la Corte Constitucional enfatizó en el valor del precedente jurisprudencial como

norma de obligatorio cumplimiento para la administración.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

45. Dicha interpretación parte de entender que ante el carácter general y
abstracto de la ley, la labor del juez, especialmente el de las Altas Cortes, se torna
preponderante al concretar el contenido normativo que emana del ordenamiento
jurídico a través de una labor interpretativa que conduce -en muchas ocasiones- a
precisar las posiciones jurídicas, los estándares de protección de los derechos y,
como se discute en el caso concreto, el alcance de las competencias de las
autoridades estatales54, de manera que el precedente que sobre esa lectura de la
ley se edifica termina por integrar el concepto de la expresión “ley” en sentido
amplio55.

46. El carácter vinculante del precedente judicial de las altas cortes tiene
fundamento principalmente en su función constitucional de fungir como órganos de
cierre y unificación, ante la necesidad de dotar de un grado mínimo de uniformidad
a la interpretación y aplicación del derecho ante las ambigüedades que pueden
surgir de la ley. Lo anterior permite anticipar las decisiones judiciales que se emitirán
en la resolución de conflictos con iguales supuestos fácticos y, correlativamente,
sienta pautas de conducta que deben seguir las autoridades en su relacionamiento
con los particulares, lo que permite avizorar el derrotero con el que podrían ser
juzgadas sus actuaciones en sede judicial56. Se entiende por tanto que el
precedente judicial se manifiesta como una expresión del principio de seguridad
jurídica, en consideración a que la previsibilidad de la interpretación y aplicación del
derecho, en casos que comparten supuestos fácticos similares, otorga certeza
sobre el contenido material de los derechos y obligaciones y, por ello, se constituye
en herramienta fundamental para su ejercicio57.

47. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
enfática en señalar que no solo los jueces están sometidos al precedente judicial de
las altas cortes, sino que lo están todas las autoridades públicas en la medida que
se encuentran obligadas por la Constitución y la Ley y, por lo mismo, al precedente
judicial que la interpreta y fija su contenido y alcance58. En ese orden de ideas, dado

54 Subsección C, Exp. 57.279.
55 Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado (Sentencia C- 539 del 2011). “Una interpretación adecuada

del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional
que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como
referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del
conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de
los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico”.
56 Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de la Corte Constitucional: C-816

de 2011 y SU–053 de 2015.
57 “Según este Tribunal Constitucional, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el

Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y a Corte Constitucional, como
órganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces de aplicar
la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad
otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación; (iii) del
principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv)
de la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como
la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio de
igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial”. Sentencia C-816 de 2011.
58 Este aserto lo ha edificado sobre la base de, entre otras, las siguientes reglas jurisprudenciales: “(i) todas las

autoridades públicas administrativas se encuentras sometidas al imperio de la Constitución y la ley, por expreso
mandato constitucional, lo cual implica el necesario acatamiento del precedente judicial emanado de las Altas
Cortes; // (ii) el entendimiento del imperio de la ley, a la que están sujetas las autoridades administrativas y
judiciales, debe entenderse como referido a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales,
incluyendo la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales; // (iii) todas las autoridades
administrativas se encuentran obligadas a interpretar y aplicar las normas a los casos concretos de conformidad
con la Constitución y la ley; //(iv) todas las autoridades administrativas deben aplicar las normas legales en
acatamiento del precedente judicial de las Altas Cortes o fundamentos jurídicos aplicados en casos análogos o

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Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
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Referencia: Controversias contractuales

que en desarrollo de su labor el juez y, en especial, las altas cortes, concretan el
sentido y alcance con el que debe ser aplicada la ley, el precedente judicial debe
entenderse comprendido dentro del concepto que encierra esa expresión en sentido
amplio y, por lo mismo, por mandato constitucional debe ser acatado no solamente
por los jueces, sino también por todas las autoridades públicas incluyendo las
administrativas.

48. Conforme a lo anterior, esta Sección ha explicado que el hecho de que opere
un cambio jurisprudencial no significa, per se, el sacrificio de los principios de
seguridad y confianza legítima, en tanto el juez puede y debe modular los efectos
de sus providencia en procura de la garantía de aquellos, toda vez que las buenas
razones que impulsan el progreso de la jurisprudencia, no justifican el sacrificio de
los derechos de quienes obraron en el pasado movidos por lo que mandaba el
antiguo precedente59. Por tanto, en las providencias en las que se ha sostenido que
las rectificaciones deben operar de forma inmediata, se admiten hipótesis de su
aplicación prospectiva atendiendo a las condiciones específicas de cada caso, por
ejemplo, cuando la competencia estatal se ejerció con base en un criterio
jurisprudencial pacífico60.

49. Por tanto, en virtud del derecho a la igualdad, así como de los principios de
legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima, el juzgamiento de la validez de los
actos administrativos no puede hacerse de cara a una lectura abstracta de las
normas con las que se confrontan, sino que se debe tener en cuenta el derecho
vigente al momento de su expedición, lo cual, implica analizar el precedente judicial
que al concretar el contenido y alcance de tales normas, era el que debía guiar la
conducta de la administración como indicativo de que estaba obrando conforme a
derecho.

50. Como elemento confirmativo de lo anterior, debe precisarse que los vicios de
ilegalidad del acto administrativo se producen al momento de su formación y
expedición, no después; por ello, lo razonable es que su legalidad se juzgue de cara
al derecho vigente para ese entonces, integrado, como ya se analizó, por el
precedente judicial que regía en ese momento, y no por aquel que no era el llamado
a a guiar en ese momento la conducta de la administración.

51. Bajo los anteriores criterios, la Sala entiende que, para garantizar el derecho
de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y
confianza legítima, la aplicación retroactiva de los cambios del precedente judicial

similares, aplicación que en todo caso debe realizarse en consonancia con la Constitución, norma de normas,
y punto de partida de toda aplicación de enunciados jurídicos a casos concretos; // (v) el respeto del precedente
judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (a) en el respeto del debido proceso y del
principio de legalidad en materia administrativa –art. 29, 121 y 122 Superiores-; (b) en el hecho que el contenido
y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas Cortes, cuyas
decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (c) en que las decisiones de las autoridades
administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (d) en que el
desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad implica la responsabilidad de los servidores
públicos (art. 6 y 90 C.P.); y (e) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben
respetar la igualdad de todos ante la ley –art. 13 C.P.; // (vi) si existe por tanto una interpretación judicial
vinculante, las autoridades administrativas deben aplicar al caso en concreto similar o análogo dicha
interpretación; ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido
para los jueces; // (…)”. Sentencia C-539 de 2011.
59 Sentencias del 4 de septiembre de 2017, Exp. 57.279 y del 2 de marzo de 2020 Exp. 39.947.

60 Cfr. Sección Tercera, Subsección B. Auto del 25 de septiembre de 2017, Exp. 50.892, C.P Danilo Rojas

Betancourth. En el mismo sentido puede consultarse la aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez
Luque a la sentencia del 4 de septiembre de 2017 citada.

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Referencia: Controversias contractuales

se debe limitar cuando la modificación verse sobre el alcance de una norma legal
contra la cual deba confrontarse la legalidad de un determinado acto administrativo.
En esa medida, no puede reprocharse la conducta de la entidad pública que, movida
por tal interpretación, desplegó el comportamiento que estaba permitido según la
jurisprudencia vigente en ese momento y que la hacía presumir, válidamente, que
estaba actuando conforme a derecho.

52. Descendiendo al caso concreto, se advierte que la Resolución No. 003412,
mediante la cual la SSPD declaró el incumplimiento del contrato, impuso la cláusula
penal y declaró configurado el siniestro, fue proferida el 29 de diciembre de 2004 y
confirmada el 7 de febrero con la Resolución SSPD-200552240001855, de manera
que los actos administrativos acusados fueron expedidos según el criterio
jurisprudencial vigente -y reiterado- que afirmaba la competencia de la
administración para declarar el incumplimiento y aplicar las sanciones por sí misma,
postura que fue recogida posteriormente en sentencia del 20 de octubre del 2005.

53. Ahora, en relación con los criterios para establecer si hay lugar -o no- a que
resulten extensivos, en cada caso, los efectos de una “nueva regla jurisprudencial”,
la Sala Plena de la Sección61 explicó que la noción de confianza legítima no puede
examinarse en abstracto, o entenderse como un derecho absoluto a la no
modificación de una regla, sino que debe concebirse como una expectativa legítima
del justiciable teniendo en cuenta las circunstancias concretas en las cuales se
presenta su modificación.

54. En el caso concreto, la Sala encuentra que la determinación del Tribunal a
quo, consistente en decretar la nulidad de los actos administrativos bajo estudio por
falta de competencia, decisión sustentada en la sentencia del 20 de octubre de
200562, y por ende, desconociendo la jurisprudencia vigente y pacífica al momento
de haberse expedido los actos, con fundamento en la cual la entidad legítimamente
determinó sin hesitación que era competente por disposición expresa del
ordenamiento jurídico, compromete sus derechos en este proceso, particularmente
el de confianza legítima, pues ello implicaría exigirle ajustar su conducta a la ley
vigente, y por ende, al precedente judicial imperante al momento de proferir sus
actos, para después juzgarlos con un prisma ulterior y diferente.

55. La Sala concluye entonces que, contrario a lo señalado en la sentencia de
primera instancia, con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de
proferirse los actos acusados y que llevó a que en éstos se afirmara que se expedían
con fundamento en el principio de autotutela, la SSPD en efecto era competente
para declarar el incumplimiento, aplicar la cláusula penal, y consecuencialmente,
afectar la garantía de cumplimiento del contrato.

56. Por cuanto los actos acusados no incurrieron en el vicio de falta de
competencia material en su expedición decretada por el Tribunal a quo, tal
determinación será revocada y procederá la Sala a analizar los cargos de nulidad
que no fueron objeto de pronunciamiento en primera instancia.

61 Consejo de Estado. Sala Plena. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 29 de noviembre

de 2021. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681)
62 Cuaderno principal, folio 361.

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Referencia: Controversias contractuales

El desconocimiento del principio de equilibrio económico del contrato

57. Si bien la parte actora se limita a afirmar que se presentó un desequilibrio
económico del contrato sin aludir a ningún cargo de nulidad de los actos
demandados, la Sala entiende, con base en los hechos de la demanda, que en ésta
se aduce una omisión de la entidad demandante en tomar medidas para restablecer
la ecuación financiera, afectación del contratista que debía reflejarse en el acto que
declaró el incumplimiento, incidiendo consecuencialmente en su motivación.

58. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en los contratos
estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que, si dicha
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte
afectado, deben adoptarse las medidas necesarias para su restablecimiento. Como
lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia, la equivalencia de las prestaciones
pactadas puede verse afectada por factores externos a las partes, como ocurre con
las aleas que se gobiernan por la teoría de la imprevisión, así como por causas
atribuibles a la Administración por la expedición de actos en ejercicio legítimo de su
autoridad. Adicionalmente, el restablecimiento del equilibrio del contrato solo es
procedente respecto de causas que no deriven de la conducta antijurídica del
extremo contratante63 y en la medida que la afectación sea real, grave y significativa.

59. En el caso concreto, la parte actora afirma que la entidad contratante
desconoció este principio por cuanto: (i) con el otrosí del 9 de abril de 2003 se
incluyeron nuevas obligaciones al contratista transformando el suministro de
software en una obligación de desarrollo y creación del mismo, generándole
sobrecostos; y (ii) con ocasión de la suscripción de los otrosíes del 19 de diciembre
de 2003 y 19 de julio de 2004, dado que el contratista “se vio en la necesidad de
compensar” con la prestación de servicios sin costo en detrimento de su patrimonio.

60. Sobre el particular, atendiendo a lo aducido por la demandante y las pruebas
obrantes en el proceso, la Sala advierte lo siguiente:

(i) De conformidad con la cláusula primera del contrato64, éste tenía por objeto
la prestación de servicios de outsourcing informático, incluyendo el suministro,
preinstalación, instalación, puesta en funcionamiento, administración de bases de
datos, mantenimiento y desarrollo de software, actualización de software,
mantenimiento de redes, capacitación y formación, entre otros; en consecuencia,
no se trataba un simple suministro de software como quiere hacer ver la
demandante.

(ii) Los supuestos fácticos bajo los cuales se pretende fundar el desequilibrio en
el balance económico del contrato, no se ajustan a aquellos que pueden determinar
su ocurrencia. No se argumentan en este caso circunstancias imprevisibles e
irresistibles, como tampoco actos legítimos proferidos bajo las potestades atribuidas
a la administración; en contraposición a ello, se aducen como originarios del
supuesto desequilibrio actos bilaterales contractuales suscritos por las partes en
desarrollo del contrato.

63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. C.P. Marta

Nubia Velásquez Rico. Exp. 50.907; sentencia del 16 de diciembre de 2020. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
Exp. 47997; sentencia del 22 de octubre de 2021. C.P. María Adriana Marín. Exp. 55541.
64 Cuaderno No. 19, folio 3398.

23

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

(iii) Los otrosíes del 9 de abril de 200365, 19 de diciembre de 200366 y 19 de julio
de 200467 fueron suscritos por el contratista, no se solicitó su nulidad por la parte
actora y no se indican por ésta, ni se observa en las pruebas, las razones fácticas
o jurídicas que podrían llevar a afirmar que el consentimiento prestado bajo esas
modificaciones contractuales estuvo viciado. Tampoco encuentra la Sala dentro de
todo el material probatorio alguna evidencia de error, fuerza o dolo en la suscripción
de esos documentos, o manifestación alguna del contratista en este sentido, quien
nunca desconoció el contenido de los otrosíes en el recurso interpuesto en contra
del acto que lo declaró incumplido68, ni en las comunicaciones dirigidas a la SSPD
y la Interventoría.

(iv) Fue el mismo contratista quien, reiteradamente, propuso a la SSPD que, con
la finalidad de “compensar” los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones,
prestaría unos meses de servicio sin costo para la Entidad. En este sentido:

a) En comunicación PS-03-063 del 25 de noviembre de 200369, oficio citado
por la parte actora para sustentar el cargo, lo manifestado por el contratista
fue que con el objetivo de “ofrecer una alternativa para la continuidad de los
Outsourcing (…) DATUM ofrece a la Superintendencia realizar la prestación de
los servicios del numeral primero durante tres meses sin costo para la Entidad”.

b) En comunicación PS-03-065 del 26 de noviembre de 200370, el contratista
reiteró que “DATUM ofrece tres (3) meses de servicio sin costo, lo que genera
un ahorro real para la entidad”, concluyendo que DATUM ofrece la mejor
alternativa para la Superintendencia puesto que “Ofrece tres meses sin costo
para la entidad, generando un ahorro de más de $120.000.000 que la
Superintendencia puede destinar a otras necesidades”.

c) En comunicación PS-04-026 del 28 de junio de 200471, el contratista remite
a la SSPD nueva propuesta “con el propósito de finalizar las actividades de
implantación…”, donde explica a la contratante que “Esta extensión del
contrato, en lo referente a la implantación de las aplicaciones mencionadas, iría
hasta el 19 de Octubre de 2.004, sin ningún costo adicional para la
Superintendencia, compensando DATUM las dificultades e inconvenientes
presentados con la entrega de los programas fuente…”72.

d) En comunicación PS-04-029 del 14 de julio de 200473, el contratista reitera
que su propuesta plantea la extensión debe entenderse “sin ningún costo
adicional para la Superintendencia, compensando DATUM las dificultades e
inconvenientes presentados con la entrega de los programas fuente…”74.

En consecuencia, previo a la celebración y como parte de la propuesta del
contratista que sustentó los otrosíes del 19 de diciembre de 2003 y 19 de julio de

65 Cuaderno No. 22, folios 3977 a 3980.

66 Cuaderno No. 22, folios 4065 a 4069.
67 Cuaderno No. 23, folios 4264 a 4265.
68 Cuaderno No. 26, folios 4756 a 4684.
69 Cuaderno No. 22, folio 4034.
70 Cuaderno No. 22, folio 4046.
71 Cuaderno No. 23, folio 4233.

72 Cuaderno No. 23, folio 4236.
73 Cuaderno No. 23, folio 4253.
74 Cuaderno No. 23, folio 4254.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

2004, éste ofreció prestar servicios, a su cargo y por el tiempo adicional indicado
por la parte actora, con el fin de compensar las dificultades e inconvenientes
presentados en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que permite
concluir que: a) el contratista no se vio intimado, forzado o presionado para ofrecer
y prestar esos servicios; b) el cargo planteado por la demandante se funda
exclusivamente en que se acepte el desconocimiento de los actos propios del
contratista así como la buena fe contractual; c) la parte actora, al sustentar el cargo,
explica que el contratista “se vio en la necesidad de compensar”, por lo que
reconoce, como está acreditado que lo hizo el contratista, que dichos servicios se
prestarían para remediar el incumplimiento de sus obligaciones.

(v) No obra en las pruebas salvedad o manifestación alguna del contratista,
durante toda la ejecución del contrato, relacionada con un supuesto desequilibrio
económico del contrato o solicitando su restablecimiento.

(vi) La parte actora no allegó ni solicitó la práctica de alguna prueba tendiente a
demostrar los supuestos sobrecostos, y aunque afirma que los servicios -que el
contratista ofreció asumir para efectos de lograr el objeto contractual- tenían un valor
de $145.180.422 -por tres meses- y $52.756.800 -por un mes-, tales sumas, además
de no constar su causación y veracidad, no superarían de forma ostensible el valor
total pagado al contratista ($7.061.640.446), al punto requerido para configurar la
alteración de la ecuación contractual75.

61. En consecuencia, la Sala encuentra que los argumentos de la parte actora
en relación con un desconocimiento del principio del equilibrio económico del
contrato carecen de sustento fáctico y jurídico.

La no acreditación de la ocurrencia y cuantía del siniestro

62. El contrato de seguro está regulado en el Título V del Código de Comercio,
normativa que, salvo aspectos gobernados específicamente en el derecho público,
es plenamente aplicable respecto del contrato de seguro de cumplimiento a favor
de entidades estatales. Dicho código regula, entre otros, las condiciones que se
deben cumplir y el procedimiento que se debe adelantar para hacer efectiva la
obligación de la aseguradora de pagar la indemnización a la que se hubiere
comprometido, ante la eventual ocurrencia del riesgo que hubiere amparado.

63. El numeral 1º del artículo 1037 del Código de Comercio establece que el
asegurador es la persona jurídica que asume los riesgos, que, según el numeral 2º
ibídem, le son trasladados -por cuenta propia o ajena- por el tomador, para que, en
caso de que se realice el hecho material amparado, sea aquélla la que asuma la
responsabilidad de indemnizar los perjuicios que se causen de tal circunstancia
hasta el monto que hubiere amparado76; entonces, es claro que para que surja tal
obligación, es necesario que se cumpla la condición de la ocurrencia del siniestro.

64. No obstante, no basta con la mera realización del riesgo -ocurrencia del

75 Como consta en el acta de liquidación (cuaderno No. 26, folio 4914), aspecto no discutido por la demandante

ni por la parte actora. Se resalta que para afirmar un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato se
requiere que la afectación sea extraordinaria y afecte de manera real, grave y significativa la equivalencia entre
derechos y obligaciones convenida por las partes al momento de la celebración del contrato, no siendo por ende
suficiente que el contratista deje de obtener utilidades, que surjan mayores costos en la ejecución de sus
obligaciones, especialmente cuando ello tuvo origen en sus acciones u omisiones.
76 Artículo 1079 del Código de Comercio.

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Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
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Referencia: Controversias contractuales

siniestro-, sino que, por expresa disposición legal (artículo 1077 del Código de
Comercio), hace falta que el asegurado demuestre ese hecho y también la cuantía
de la pérdida originada en aquel. Como se observa, la carga que se ubica en cabeza
del asegurado no se limita a que afirme que el riesgo ha ocurrido y a que señale
una determinada cifra a título de perjuicio o a que realice una mera liquidación; la
carga consiste en demostrar efectivamente ambas cosas.

65. Entonces, si a la exigibilidad de la garantía pretende llegarse a través de la
expedición de un acto administrativo, ello supone que en tal acto la entidad pública
contratante deba cumplir con la acreditación de ambos supuestos, pues, aun
cuando se admita que tiene competencia para proferirlo, ello no la releva de la carga
de demostrar lo que exige la ley comercial para el surgimiento de la obligación de
pago de la indemnización en cabeza de la aseguradora. Otra cosa es que, al quedar
contenida tal decisión en un acto de esa naturaleza, quede cobijada por la
presunción de legalidad, lo que impone suponer que la decisión está basada en el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para ello; sin perjuicio, claro está,
de que pueda ser desvirtuada por vía judicial.

66. En el caso concreto, la parte actora afirma que no se cumplió con la carga de
probar la ocurrencia y cuantía del siniestro, por cuanto en el acto acusado debía
“cuantificarse y verificarse el riesgo asegurado, y como consecuencia de ello debe
indemnizarse por parte de la aseguradora, siempre y cuando se tenga como fuente la
demostración de dicho daño en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio. Por
lo tanto, esa falta de análisis de la SUPERSERVICIOS para la cuantificación y
determinación de la realización del riesgo asegurado para el amparo de cumplimiento,
generan en el presente caso una ambigüedad en cuanto a la certeza del daño con respecto
al amparo en comento”77.

67. No obstante, la Sala observa que la SSPD en efecto verificó y cuantificó los
perjuicios bajo el acto administrativo en que declaró el incumplimiento y la
ocurrencia del siniestro, fundamentado en los antecedentes del contrato, incluyendo
el informe final de interventoría. De esta forma, identificando de forma clara las
obligaciones incumplidas pero pagadas al contratista con los hechos que las
soportan, valoradas conforme a la propuesta de este último, la Interventoría
determinó que este debía reintegrar a la SSPD78:

(i) Ciento setenta millones de pesos ($170.000.000) más IVA, por concepto de
migración de aplicaciones a versión 8i, valor que debía ser actualizado con el IPC
(el valor final fue de $258.167.496,59).

(ii) Ciento sesenta millones ochocientos quince mil trescientos ochenta y cinco
pesos ($160.815.385) por concepto de mantenimiento y desarrollo de aplicaciones
de misión y apoyo, valor que debía ser actualizado con el IPC (el valor final fue de
$239.984.424,04).

(iii) Veinticuatro millones de pesos ($24.000.000) por concepto de
Documentación y Código Fuente.

77 Indicó que “no sólo se debe señalar el monto de la pérdida sufrida, sino que tal monto debe corresponder al

daño realmente sufrido, en este caso, el monto que corresponde al daño por cumplimiento, es decir la suma de
$ 680.963.342.63 no se encuentra demostrado”.
78 Cuaderno No. 25, folios 4556, 4557, 4638, 4643 y 4644.

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Referencia: Controversias contractuales

(iv) Ciento cuarenta y cinco millones ciento ochenta mil cuatrocientos veintidós
pesos ($145.180.422) por concepto del recurso humano invertido por la SSPD para
poder implementar la solución propuesta por el Contratista.

68. Los anteriores valores fueron tasados y discriminados en el anexo No. 2 del
informe de la Interventoría denominado “RESUMEN ECONÓMICO POR
COMPONENTE”, y con fundamento en ello, el incumplimiento y perjuicio causado
a la SSPD fue tasado en seiscientos sesenta y siete millones trescientos treinta y
dos mil trescientos cuarenta y dos pesos con sesenta y tres centavos
($667.332.342,63).

69. Respecto de la facultad de cuantificar el monto del perjuicio en el acto
mediante el cual se declara la ocurrencia del siniestro, para efectos de reclamar la
indemnización de perjuicios a la aseguradora, esta Subsección ha explicado que
“no constituye una arbitrariedad de la administración ni una actuación ajena a la que llevaría
a cabo un particular en las mismas condiciones, pues, como éste, la entidad está en el
deber de fundamentar y probar en debida forma la existencia del siniestro declarado y la
cuantificación de los perjuicios; y la única diferencia radica en que, mientras la aseguradora
puede objetar la reclamación del particular, cuando se trate del acto administrativo proferido
por una entidad estatal, deberá proceder a impugnarlo en sede administrativa y/o
judicialmente, para demostrar las razones que, a su juicio, excluyen su obligación
indemnizatoria”79.

70. Además, como en el contrato se pactó una cláusula penal pecuniaria como
tasación anticipada de los perjuicios causados a la entidad contratante con ocasión
del incumplimiento del contrato, la SSPD la hizo efectiva por el valor tasado antes
indicado.

71. La Sala observa entonces que en el acto administrativo: (i) se documentaron,
valoraron y tasaron los perjuicios en función de los valores pagados al contratista
por prestaciones que no fueron ejecutadas en las condiciones pactadas, así como
por aquellos gastos incurridos por cuenta de tal omisión; (ii) los incumplimientos
también estuvieron soportados y documentados en las diferentes piezas
contractuales, particularmente en las actas de comité e informes de interventoría.
Además de lo anterior, se resalta que los perjuicios así valorados, fueron imputados
a la cláusula penal pecuniaria pactada como tasación anticipada de aquellos, lo cual
relevaba a la entidad de probarlos80.

72. Respecto esto último, es preciso recordar que la valoración convencional y
anticipada de los perjuicios bajo la figura de la cláusula penal pecuniaria, concede
al acreedor un conjunto de ventajas representadas principalmente en que81: (i) lo
libera de la carga probar los perjuicios ante el pacto previo de ser exigible la pena
por el solo hecho de incumplirse o cumplirse tardíamente la obligación; (ii) el
incumplimiento de la obligación hace presumir la culpa del deudor, y por esta
circunstancia, el acreedor también queda exonerado de comprobarla (art. 1604 del
Código Civil); y (iii) evita la eventual controversia sobre la cuantía de los perjuicios

79 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 28 de noviembre de 2019. C.P. María

Adriana Marín. Exp. 36600.
80 Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 28 de noviembre de 2019. C.P. María

Adriana Marín. Exp. 36600.
81 Sobre el particular ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de julio de 2018,

Radicación n.º 25899-31-03-002-2013-00162-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

27

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
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Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

sufridos por el acreedor, en tanto fueron previamente tasados y convenidos por las
partes82.

73. En consecuencia, no le asiste razón a la actora al pretender la nulidad del
acto con fundamento en que no se cuantificó ni demostró por la entidad demandada
la cuantía del siniestro, toda vez que ello sí se hizo conforme a los antecedentes
administrativos y el propio acto acusado, y por otra parte, cuando se afecta el
amparo de cumplimiento y lo que se pretende hacer efectivo es el pago de la
cláusula penal, no es necesario que en el trámite administrativo se discuta acerca
de la determinación del monto de la pérdida, en la medida que la cuantía de la multa
y de la estimación anticipada del perjuicio son aspectos que están definidos de
antemano en dichas cláusulas desde la celebración misma del contrato amparado.

74. Por otra parte y en lo que se refiere propiamente al acaecimiento del siniestro,
si bien la parte actora afirma genéricamente que el contratista cumplió con sus
obligaciones, no allegó ninguna prueba para acreditarlo, mientras que las actas,
oficios e informes del contrato dan cuenta de los constantes retrasos de la empresa
y revelan la insatisfacción de la Interventoría y la SSPD con los resultados
obtenidos83.

75. Para desvirtuar el incumplimiento, la demandante centró su actividad
probatoria en el dictamen pericial que solicitó con el fin de que se determinara si el
contratista cumplió con sus obligaciones de entrega de programas y de soporte Help
Desk. El dictamen fue decretado mediante auto del 27 de octubre de 2011 84 y el
perito designado lo rindió en los siguientes términos85:

“Al 19 de Octubre de 2004, quedaron abiertos algunos soportes de Help desk.
Sobre las aplicaciones de Misión y Apoyo, quedaron tres 83) soportes abiertos
que la interventora ADVANCED TELESYSTEM RESEARCH S.A. y la oficina
de informática consideran debieron ser solucionados por DATUM. Los
soportes en mención son los siguientes:

“Soporte 23547 del 18 de agosto de 2004 Requerimiento para corregir el saldo
de la caja menor del año 1997. En Track-it este caso fue registrado por
DATUM como “cerrado” el 28 de septiembre de 2004. Este soporte se divide
en dos puntos, que son el cargue de los datos y procedimiento para realizar
de manera automática la apertura y cierre de caja. El 23 de septiembre de
2004 se registró en Track-it que se efectuó el cargue y se procedió a la
verificación del cierre de caja.

“Soporte 23915 del 23 de septiembre de 2004. Solicitud relacionada con el
cierre automático de Tesorería. En Track-it este caso fue registrado por
DATUM 'como cerrado' el 28 de septiembre de 2004, este caso lo atendió
DATUM, ya que se creó una forma que permita realizar cierres de caja por

82 “Entendida pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido
patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el
incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha
prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud
de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio
respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos
perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 23 de mayo de 1996, expediente 4607, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
83 Ver numeral 94 (ii) infra.
84 Cuaderno No. 1, folios 131 a 133.
85 Cuaderno No. 1, folios 212 a 223.

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Referencia: Controversias contractuales

periodos de tiempo. EL día 5 de octubre de 2004 se firmó al Acta de Entrega
del Servicio de Suministro de Mesa de ayuda (Help Desk), por la
Superintendencia, la interventora y DATUM.

“Soporte 24132 del 7 de octubre de 2004. En este caso el soporte fue atendido
durante el tiempo de vigencia del contrato.

“Por lo anterior la firma DATUM dio cumplimiento a la obligación de soporte
Help Desk a través del centro de gestión, para sede central y las direcciones
territoriales de la superintendencia (...)”

76. La parte demandante solicitó la complementación del dictamen, en el sentido
de que se indicara si la entrega efectuada por el contratista cumplió a cabalidad con
todas las formalidades y obligaciones del contrato86, solicitud que el perito
complementó limitándose a indicar que “la firma DATUM hizo entrega a la
superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de los programas objeto y licencias
de uso en los términos y condiciones establecidos en el contrato y sus modificaciones.
Luego de revisadas las fases del proceso de entrega de los programas a la
Superintendencia. Se cumplió con cada uno de las funcionalidades de los aplicativos de
cada servidor. La firma DATUM LTDA. cumplió a cabalidad con todas las formalidades y
obligaciones que debía asumir con la Superintendencia”87.

77. Sobre el mérito probatorio del dictamen pericial antes indicado, la Sala en su
apreciación advierte, bajo los términos del artículo 241 del CPC88, que no tiene la
entidad para desvirtuar el incumplimiento registrado en los documentos
contractuales y en los actos administrativos acusados, en tanto y en cuanto:

(i) Si bien el profesional que lo rinde es un ingeniero de sistemas, no indica y
mucho menos acredita sus conocimientos, experiencia e idoneidad respecto de la
materia que era objeto del dictamen, atendiendo al amplio objeto del contrato No.
158 de 2000 y las obligaciones definidas a cago de DATUM LTDA.

(ii) No efectúa ningún análisis de las obligaciones a cargo del contratista, su
alcance y su cumplimiento, tampoco explica cuáles fueron los exámenes, pruebas,
métodos o investigaciones realizadas, ni los fundamentos técnicos o científicos de
sus conclusiones.

(iii) El dictamen se limita a relacionar algunos documentos contractuales,
particularmente los proferidos por el contratista, para afirmar que frente a algunos
de los inconvenientes presentados en el cumplimiento de sus obligaciones “…el caso
fue registrado por DATUM como “cerrado”, sin referir nunca a la funcionalidad o
idoneidad de las entregas efectuadas por DATUM en consideración a las
especificaciones y requisitos técnicos pactados en el negocio jurídico.

(iv) Presenta como único anexo y fundamento de sus conclusiones el recurso
interpuesto por el contratista en sede administrativa, por lo que se fundamenta
esencialmente en el dicho de éste, más no en alguna comprobación realizada por
el perito.

86 Cuaderno No. 1, folios 309 y 310.

87 Cuaderno No. 1, folios 331 a 336.
88 “Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus

fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso”.

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La proporcionalidad de la pena

78. Pese a que la cláusula penal es una tasación anticipada y en principio
definitiva de los perjuicios derivados del incumplimiento, puede ocurrir que: (i) el
monto estipulado no los cubra todos cuando la pena ha sido pactada como tasación
parcial; o (ii) que la pena impuesta resulta abiertamente desproporcionada o
excesiva en consideración a la ejecución que haya hecho del objeto del contrato el
contratista; en ambos casos el juez, previo un juicio de proporcionalidad y equidad,
o considerando los perjuicios realmente probados, puede modificar su valor.

79. Bajo los principios de equidad y proporcionalidad antes anotados, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido que la administración no podrá
fijar un monto superior al valor del perjuicio, aun cuando este sea inferior al de la
cláusula penal y el amparo89. Por ende, si la aseguradora considera que el monto
de los perjuicios fue inferior al valor de la cláusula penal pecuniaria, puede
demandar ante el juez competente para que sea éste quien determine si hay lugar
a reajustar el monto de la indemnización cobrada90.

80. En el caso concreto, se observa que el monto de la cláusula penal no fue
impuesto de forma abstracta bajo la simple consideración del valor del contrato y el
monto de la pena (10%)91, asegurado en la póliza de cumplimiento92. La motivación
del acto da cuenta de que la tasación de los perjuicios fue producto de valorar,
conforme a la propuesta del contratista, los servicios pagados que no fueron
ejecutados en los términos acordados, ajustados con el IPC al momento de su
liquidación, y, por otra parte, los costos incurridos por la Superintendencia en
recurso humano para implementar la solución que fue propuesta pero no cumplida
por el contratista.

81. En virtud de lo anterior, bajo el acto acusado la entidad contratante fijó el
valor de la cláusula penal por el monto que, conforme a los registros del contrato y
los informes de la Interventoría, constituyó el perjuicio causado a la contratante
derivado de las sumas pagadas que no fueron ejecutadas, aun cuando esa
valoración ($667.332.342) fuere inferior la cuantía total de la cláusula penal
($706.164.000)93 que relevaba de prueba a la contratante, así como del amparo de
cumplimiento ($1.176.024.289).

89 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de junio de 2010. C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 16494.

“…perfectamente el perjuicio puede ser inferior al monto asegurado, caso en el cual la entidad estatal no podrá
ordenar el pago del límite del amparo, como quiera que su perjuicio no alcanzó esa cuantía”
90 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 4 de noviembre de

2004, Exp. 24275. “(…) cuando la administración declara la caducidad del contrato, en ejercicio del privilegio de
la decisión previa tiene competencia para ordenar la efectividad de la cláusula penal pecuniaria en contra del
contratista incumplido, y así lo ha sostenido la Corporación. Ahora si los perjuicios causados fueron inferiores
al valor establecido en la cláusula penal pecuniaria resultaría lógico que el afectado con la decisión de la
administración pidiera en vía gubernativa y luego en ejercicio de la acción contractual ante el juez natural la
modificación del acto para que este ajustara la liquidación de los perjuicios anticipados al porcentaje real de
incumplimiento, pero, si la cláusula penal no alcanzara a cubrir el monto de los perjuicios ocasionados, la entidad
estaría también en condiciones de solicitar al juez del contrato el reconocimiento de la totalidad de los perjuicios
que excediera la penalidad pactada”.
91 Clausula decimocuarta del contrato. Cuaderno No. 19, folio 3410.
92 Las condiciones generales de la póliza, parágrafo tercero, establecen que “ESTE AMPARO COMPRENDE

EL VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HAGA EFECTIVA QUE SE CONSIDERARÁ
COMO PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE”. Cuaderno No. 2, folio 2.
93 Corresponde al 10% del valor total del contrato ($7.061.640.446)

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Referencia: Controversias contractuales

82. Por tanto, no observa la Sala que el acto acusado haya desconocido el
principio de proporcionalidad de la pena en tanto se ajustó a los perjuicios realmente
causados e incluso fue inferior al porcentaje dejado de ejecutar por el contratista
(7.87% del contrato, sin contar el incumplimiento parcial en la entrega de aplicativos
Web, su documentación y garantía de errores). Además, si bien la falta
proporcionalidad fue afirmada por la parte actora, no fue sustentada con las razones
y fundamentos de esa apreciación impidiendo a la Sala alcanzar una conclusión
diferente.

La vulneración del derecho al debido proceso

83. El debido proceso dicta que las autoridades, en “toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”94, deben adelantar el procedimiento previamente
definido para su actuación, con respeto de los derechos de defensa y contradicción,
garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, publicando las
actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos y
concediendo la oportunidad de impugnarlas.

84. En las actuaciones administrativas contractuales el debido proceso tiene un
papel preponderante, pues aquellas pueden tener como resultado la afectación de
variados derechos de los contratistas. Por este motivo, cuando en pro de la continua
y eficiente prestación de los servicios y bienes objeto de la contratación estatal se
haga necesario adoptar una decisión en contra de los intereses del contratista, ello
debe ser el resultado de un procedimiento que preserve las garantías del debido
proceso; en tal virtud, el respeto de ese derecho torna improcedente la imposición
de plano de dichas decisiones95.

85. Sobre la consagración positiva del debido proceso en materia contractual,
antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, los artículos 23 96 y 7797 de la Ley
80 de 1993 remitían a las normas generales del ejercicio de la función
administrativa, en cuanto fuesen compatibles con la ley de contratación pública
sobre la formación de la voluntad de la administración, las cuales envolvían el deber
de hacer partícipe al administrado destinatario de tales decisiones en el trámite
previo a la expedición del acto administrativo, garantizándole la posibilidad de ser
oído y de ejercer su derecho de defensa y contradicción.

86. Al respecto, esta Corporación ha explicado que con la consagración de tales
reglas, el ordenamiento legal entendió que la realización del interés público y la

94 Artículo 29 de la Constitución Política.
95 Así lo ha dicho la Sección Tercera en múltiples y reiteradas ocasiones, por ejemplo puede verse: Consejo de

Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de abril de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp.
20.618. Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2015,
C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 37.607; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
8 de junio de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio, Exp. 17.858.
96 “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los

principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los
particulares del derecho administrativo.”
97 “En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los

procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales. A
falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán
susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del
Código Contencioso Administrativo.”

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protección de los derechos de los particulares no solo se hace efectivo a partir de
facilitar la controversia sobre la decisión administrativa (recurso), sino que es
indispensable que, en la formación de tal voluntad, intervenga el particular que
potencialmente pueda resultar afectado, pues ello legitima la presunción de
legalidad del acto.

87. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación ha precisado que en el ámbito
contractual, el derecho al debido proceso no se traduce en la necesidad de que los
procedimientos administrativos contractuales sean iguales a los judiciales ni a los
administrativos que están reglados, en tanto los procedimientos administrativos
contractuales deben estar a tono con la agilidad y eficiencia propia de la actividad
que busca la garantía de la continua prestación de los servicios o bienes contratados
en interés del público en general. Además, tales procedimientos se amoldan a los
fines que persiguen por lo que no son únicos ni rígidos, pues en el marco de los
criterios y principios que gobiernan la noción de justicia administrativa, se adecúan
a la realización de los fines de la función y cometido o tarea que con ella se realiza.

88. Por tanto, el respeto por el debido proceso se entiende garantizado cuando
se adelanta un procedimiento que, como mínimo, permita al contratista conocer los
fundamentos que darán lugar a la determinación administrativa que se pretenda
adoptar y, de cara a ello, pueda ejercer su derecho de defensa y contradicción.

89. En el caso concreto, la parte actora afirma que se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso toda vez que, al contratista se le negó el derecho a
conocer y controvertir el informe de interventoría que sirvió como base para declarar
el incumplimiento del contrato. En relación con lo anterior, la Sala observa que:

(i) No es cierto que el contratista no hubiese conocido ni tenido oportunidad de
pronunciarse frente al informe final de interventoría. En el recurso de reposición
interpuesto por éste contra la Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004,
manifestó que la interventoría sí les entregó copia del informe final del 16 de
noviembre de 2014 -como en efecto también lo indica la parte final del oficio
remisorio de ese informe98-; lo que argumentó es que “nunca se le solicitó oficialmente
o informalmente que se pronunciara con relación al mismo”. En esa medida, no hay duda
de que el supuesto fáctico que sustenta el cargo de la demandante no se acompasa
con la realidad, toda vez que el contratista en efecto conoció el informe final de
interventoría y aunque tuvo más de un mes para pronunciarse sobre el mismo, no
lo hizo.

(ii) Por otra parte, debe indicarse que la entidad no debía solicitar al contratista
que se pronunciara frente al informe final de interventoría -que conocía y donde se
indicaba que había incumplido el contrato- para que ejerciera su derecho de
contradicción y defensa. Esta Corporación ha explicado que el requerimiento al
contratista, que abre la oportunidad para ejercer su defensa, puede entenderse
satisfecho cuando la administración durante la ejecución del contrato ha venido
manifestado al contratista sus inconformidades o los incumplimientos de éste último,
y le ha solicitado mejorar o corregir los servicios, obras y suministros en los informes
respectivos o en la correspondencia dirigida a éste por el interventor o supervisor

98 Cuaderno No. 24, folio 4517.

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del contrato99. En el caso concreto, obran -entre otras- las siguientes pruebas que
documentan el conocimiento que tenía el contratista acerca de la postura de la
entidad sobre el aludido incumplimiento del negocio jurídico:

a) En acta de Comité Técnico No. 35 del 28 de agosto de 2003 100, “Datum
manifestó que se está evaluando el alcance del compromiso establecido en
Comité pasado, respecto al contenido de los manuales de las aplicaciones de
misión y apoyo. A lo cual la Oficina de Informática manifiesta que a pesar de que
directivas de Datum estén analizando nuevamente la decisión tomada en el
anterior Comité, mantiene la posición de que se debe realizar dicho compromiso.
La oficina de Informática solicita que el próximo lunes se conozca la decisión y
hasta el momento que no se tenga claridad de que va a ocurrir con el
cumplimiento de este compromiso, no se continué con el Comité Técnico”.

b) En acta de Comité Técnico No. 38 del 19 de noviembre de 2003101, se lee:
“El jefe de la Oficina de informática pregunta a Datum que si al día de hoy 19 de
noviembre de 2003 se puede hacer entrega de los compromisos de las
aplicaciones WEB. A lo cual la ing. Martha Yaneth [Datum] responde que falta
por realizar actualizaciones a las aplicaciones con las modificaciones realizadas,
complementar la totalidad de las actividades de migración, y revisar fechas de
actividades que exceden el tiempo del contrato. La Oficina de Informática
pregunta a la Interventoría, que si a la fecha existe un incumplimiento de los
compromisos contractuales del Otrosí de abril 9 de 2003. EI Ing. Chaves informa,
que de acuerdo a la comunicación entregada el día 13 de noviembre con
memorando ATR 282-2003, y teniendo en cuenta las fechas pactadas para la
entrega de las aplicaciones, no se ha recibido ninguna comunicación oficial por
parte de Datum de la entrega formal del compromiso contractual. Por tal motivo
está interventoría se permite informar que las obligaciones Primera y Tercera del
Otrosí del 9 de abril de 2003 no se han cumplido (…) La Oficina de Informática
comunica que dado que el compromiso contractual era el de entregar unas
aplicaciones funcionando, y a la fecha aún no han entregadas ni se encuentran
operando, está oficina entiende que existe un incumplimiento por lo tanto solicitó
a la Interventoría se informe para el día del comité operativo el estado del
proyecto y el nivel de dichos incumplimientos”.

c) En acta de Comité Operativo No. 05 del 21 y 24 de noviembre de 2003102,
la Interventoría presentó su informe y manifestó resaltar y dejar claro que
“La fecha límite aprobada para la entrega de las aplicaciones era el 3 de Octubre
y que hasta el momento no se ha recibido una comunicación formal, ni entrega
por parte del contratista. No se cumplieron las fechas adicionales definidas para
la tarea de migración de ninguna de las aplicaciones (Finanzas y Recursos
Físicos). No existió una comunicación oficial por parte de la jefatura de
Informática, ni del comité técnico de suspender las actividades para la
implementación de las aplicaciones web”. La Oficina de Informática reitero

99 “Este entendimiento tiene sustento en el interés público de que la ejecución de los servicios, el suministro de

bienes o la realización de las obras no se interrumpa o paralice, lo que ocurriría si somete en todos los casos a
la Administración a un trámite dispendioso que frustre la finalidad de la medida sancionatoria y, por ende, el
cumplimiento oportuno del contrato, con desfase de los plazos generales y parciales para su ejecución en tiempo
debido, los cuales, como se sabe, se fijan y pactan de acuerdo con la oportunidad en que se necesita el bien,
el servicio o la obra para satisfacer el interés público o colectivo involucrado en el contrato”. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, Exp. 18.394, C.P.:
Ruth Stella Correa Palacio. Ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre
de 2021, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, Exp. 53.479”.
100 Cuaderno No. 22, folio 4004.
101 Cuaderno No. 22, folios 4031 y 4032.
102 Cuaderno No. 22, folio 4035.

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que “ve un posible incumplimiento por parte de Datum a los compromisos
contractuales”. Por su parte “el Abogado de Datum Dr. Fernando García, quien
reconoció en parte el atraso del del desarrollo del proyecto, pero manifestó que
Datum hará su mejor esfuerzo para entregar y terminar el proyecto…”

d) En acta de Comité Técnico No. 44 de marzo de 2004103, se reiteró que “a
la fecha de control del 15 de marzo de 2004 los resultados del proyecto de
implantación de aplicaciones WEB no son satisfactorios por cuanto no cumplen
con los objetivos parciales a la fecha, de acuerdo al cronograma oficial”.

e) En oficio del 17 de marzo de 2004104 la SSPD indicó al contratista que
“…conforme al informe de la interventoría No. 38 del mes de febrero de 2004,
donde se evidencia que el estado del proyecto de Implantación de Aplicativos
WEB presenta atrasos considerables (…) La Oficina de Informática llama la
atención del Contratista dado que el éxito del proyecto se encuentra en alto riesgo
por el incumplimiento de compromisos adquiridos por parte de DATUM los cuales
fueron informados al CONTRATISTA durante las diferentes sesiones de prueba,
capacitación, reuniones de seguimiento y Comités Técnicos, los cuales se
encuentran debidamente documentados.”

f) En oficio A.T.R. No. 012-2004 del 5 de abril de 2004105 la interventoría
explicó que “El balance de pruebas permite concluir que los aplicativos Finanzas
WEB y Recursos Físicos WEB no están funcionalmente estables, por cuanto
Datum no corrigió en su totalidad los errores identificados durante las pruebas de
funcionalidad”.

g) Mediante oficio PS-04-021 del 31 de mayo de 2004106, el contratista remitió
a la SSPD “…un documento en el que Datum presenta a la Superintendencia su
explicación a las demoras presentadas en la ejecución de actividades del
proyecto de implantación de las Datum aplicaciones WEB Datum Finanzas y
Recursos Físicos para así dar respuesta al informe de la Interventoría que
evidencia esta situación”

h) En oficio A.T.R. No. 023-2004 del 10 de junio de 2004107, la interventoría
informa “oficialmente a la Oficina de Informática el incumplimiento parcial del
contratista Datum (…) Recomienda citar a Datum a presentar descargos, que
conduzcan a aclarar o a oficializar las posibles multas…”

i) En acta de Comité Operativo No. 8 de 2 y 29 de junio, y 15 de julio de
2004108, “La Interventoría indicó que en la comunicación de Datum PS-04-021
se exponen claramente los problemas que han afectado el proyecto, donde se
evidencia que Datum no ha logrado estabilizar el personal de trabajo idóneo para
la culminación exitosa del proyecto”.

j) Mediante Resolución No. 002410 del 12 de agosto de 2004109, la SSPD
impuso al contratista “una multa por un valor de DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($12.868.000,00)
correspondiente a dieciocho (18) días hábiles de incumplimiento.”

103 Cuaderno No. 22, folio 4101.
104 Cuaderno No. 22, folio 4104.
105 Cuaderno No. 22, folio 4124.
106 Cuaderno No. 23, folio 4164.

107 Cuaderno No. 23, folio 4185.
108 Cuaderno No. 23, folio 4180.
109 Cuaderno No. 23, folio 4327.

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k) En correo del 20 de agosto de 2004110 se informa al contratista que “la
situación que informa Datum en el mensaje adjunto podría generar inestabilidad
en el recurso humano de Datum y alto riesgo en la ejecución de los cronogramas
y el cumplimiento de los demás compromisos contractuales.
Desafortunadamente no son satisfactorios los resultados del paralelo de
Finanzas Web debido a que persisten errores en el aplicativo que impiden a los
usuarios registrar las operaciones (…) Vemos con preocupación que persisten
debilidades en el proceso de pruebas internas de Datum, por lo que solicitamos
a Datum revisar ese tema, detectar y solucionar errores antes de que los usuarios
los identifiquen, de tal forma que se logren los objetivos…”

l) En oficio A.T.R. No.033-2004 del 10 de septiembre de 2004111, la
interventoría informa al contratista que “En relación con el paralelo de los
Aplicativos Web Vs. los aplicativos Cliente Servidor, observamos que los
aplicativos Finanzas Web y Recursos Físicos Web manejan tiempos de respuesta
que consideramos no son aceptables y que esperamos sean mejorados a más
tardar el 15 de septiembre…”

m) En acta de Comité Técnico No. 52 del 29 de septiembre de 2004 112, “La
Oficina de Informática y la interventoría consideran que la funcionalidad de los
aplicativos Web no es satisfactoria. Por lo que la Oficina de Informática solicita a
la interventoría presente un informe para el área de contratos, en razón a que el
Contratista está incumpliendo en la ejecución del Proyecto Implantación de
Aplicaciones Web”.

n) En oficio PS-04-049 del 19 de octubre de 2004113, el mismo contratista
informa que a pesar de sus esfuerzos, “en la reunión del Comité Técnico del
día de hoy en el que se hizo un alance del estado de las aplicaciones por parte
de la interventoría, se encontró que existen pendientes que tienen que ver con
ajustes al software para corregir algunos errores detectados en los paralelos,
ajustes a reportes, mejoramiento de tiempos de respuesta y solución de errores
intermitentes…”

o) En acta de Comité Técnico No. 53 del 19 de octubre de 2004 114,
correspondiente al cierre del contrato, “La Oficina Informática manifiesta que
la Administración tomará la decisión de iniciar los trámites relacionados con el
incumplimiento en razón que existen pendientes sin atender por parte de Datum”.
Además, se “solicitó a la Interventoría informar cuáles son los otros pendientes
(…) que Datum debería finiquitar el día de hoy 19 de octubre. En caso de no
concluir esos pendientes, se considerarán como no atendidos por parte del
contratista…”

(iii) Además, si bien el informe final de interventoría fue objeto de aclaración por
solicitud de la SSPD, la cual fue allegada a la entidad el 29 de diciembre de 2014,
misma fecha de la declaratoria del incumplimiento, al revisar ambos informes se
observa que el segundo se limitó a realizar algunas precisiones frente a unos puntos
del informe final del 18 de noviembre de ese año, documento que ya era conocido
por la contratista más de un mes atrás, pero no implicó una variación sustancial de

110 Cuaderno No. 24, folio 4344.
111 Cuaderno No. 24, folio 4371.

112 Cuaderno No. 24, folio 4409.
113 Cuaderno No. 24, folio 4881.
114 Cuaderno No. 24, folio 4502.

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su contenido y alcance, mucho menos en relación con las obligaciones incumplidas
y la tasación de los perjuicios.

En ese sentido, se observa que ambos informes determinan y concluyen que las
obligaciones incumplidas y los perjuicios causados a la SSPD estaban
representados en: a) la migración de aplicaciones a versión 8i; b) el mantenimiento
y desarrollo de aplicaciones de misión y apoyo; c) documentación y código fuente;
y d) recurso humano invertido por la SSPD para poder implementar la solución
propuesta por el Contratista. En ambas resoluciones, la tasación de estos conceptos
fue también la misma, solo que, en la aclaración, los conceptos a) y b) se
actualizaron con el IPC por cuanto fueron pagados al contratista durante la
ejecución del contrato. Dicha actualización no fue debatida por el contratista en los
recursos en sede administrativa, como tampoco por la aseguradora en la demanda
o en el recurso de alzada.

En consecuencia, el desconocimiento del contratista de las precisiones efectuadas
al informe interventoría por solicitud de la contratante, no trasgredió su derecho de
defensa y contradicción en la medida que los hechos y valoraciones que
fundamentaron el acto administrativo -que conocía de tiempo atrás- no variaron con
ocasión de ese nuevo informe.

90. Se indicó además en la demanda que se desconoció el debido proceso por
cuanto la SSPD negó infundadamente la práctica de una inspección con dictamen
pericial solicitada por el contratista al recurrir el acto que declaró el incumplimiento.
Contrario a tal afirmación, en el acto administrativo que resolvió el recurso de
reposición consta que la contratante estudió, motivó y resolvió esa solicitud
probatoria, argumentos con los que además la Sala concuerda.

91. Sobre esto último, el contratista solicitó con el recurso de reposición la
práctica de “una inspección en nuestras oficinas sobre nuestros equipos de cómputo con
la intervención de un ingeniero de sistemas independiente e imparcial” para “establecer y
determinar la existencia y funcionamiento de los aplicativos DATUM & RECURSOS
FÍSICOS y DATUM & FINANZAS”’; esta solicitud, se repite, fue estudiada, sustentada
y resuelta como improcedente115 en tanto y en cuanto:

(i) El artículo 56 del CCA, vigente para la época de los hechos, establece que
los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano,
pero en el caso de la apelación, podrá solicitarse la práctica de pruebas, o
decretarse de oficio por el funcionario que ha de decidir el recurso de considerarlo
necesario. En esta medida, si bien el contratista con su escrito de descargos podía
presentar, adjuntar o solicitar las pruebas documentadas que consideraba
justificaban su oposición, como en efecto lo hizo y se accedió por la entidad, el CCA
no establecía un periodo probatorio para la práctica de una inspección con
intervención de peritos como la solicitada por el contratista para resolver la
reposición116.

115 Cuaderno No. 26, folio 4827.
116 En armonía con el artículo 52 de la misma codificación, al indicar como requisito para la interposición “la

relación de las pruebas que se pretenda hacer valer”. Esto fue posteriormente modificado por el CPACA, el cual
establece en su artículo 79 que “los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no
ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas”, por lo que “Cuando sea del caso practicar
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días”.

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(ii) La prueba no era necesaria para decidir por cuanto existía material probatorio
suficiente representado en los antecedentes, estudios, documentos presupuestales,
modificaciones contractuales y sus sustentos, informes de interventoría, actas,
acuerdos de solución directa, multas, certificaciones y, en general, un acervo
suficiente, razonable y sistemático de documentación sobre la ejecución del
contrato. Adicionalmente, para los fines anotados como sustento de la prueba, la
interventoría del contrato realizó las verificaciones técnicas y operativas durante
toda su ejecución, documentando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se desarrollaron y suministraron los bienes y servicios contratados.

(iii) Que un perito determinara el funcionamiento de los aplicativos objeto del
contrato en las instalaciones del contratista, no guardaba relación con el asunto
debatido, pues los aplicativos fueron adquiridos para operar, servir y prestar un
servicio eficiente en la SSPD, no en alguna otra institución o en los laboratorios,
instalaciones y bienes del contratista, siendo por tanto la prueba inconducente.

92. Concluye entonces la Sala que el contratista conocía los hechos,
fundamentos y motivos que llevaron a declarar el incumplimiento del contrato, los
cuales no fueron intempestivos, sino que fueron comunicados al contratista durante
la ejecución del objeto contractual. Además, el contratista sí conoció el informe final
de interventoría y tuvo tanto la oportunidad -con un tiempo prudencial (superior a un
mes)- para pronunciarse sobre éste, por lo que no se observa la violación del
derecho al debido proceso aducido por la demandante. Tampoco se desconoció
este derecho con ocasión de la negativa de la entidad a decretar la práctica de una
inspección con intervención de peritos, al resolver el recurso de reposición contra el
acto que declaró el incumplimiento del contrato; pues tal decisión sí fue sustentada
y motivada, contrario a lo afirmado en la demanda.

La multa no está incluida dentro de los riesgos amparados por la póliza de
cumplimiento

93. Señala la parte actora que la póliza de cumplimiento no cubre las multas sino
sólo la cláusula penal, y aunque no lo desarrolla, la Sala entiende que la
inconformidad de la aseguradora consiste en que, en la resolución que declaró el
incumplimiento y el siniestro, se incluyó la suma de doce millones ochocientos
ochenta y ocho mil pesos ($12.868.000) por concepto de la multa impuesta
mediante Resolución No. 002410 del 12 de agosto de 2004117, y que en
consecuencia, la póliza se estaría afectando con un concepto no amparado.

94. Como se explicó bajo los numerales 32 a 34 supra, en el acta de liquidación
del contrato se estableció que el contratista adeudaba: (i) la suma de
$680.936.342,63 por concepto de la cláusula penal impuesta; y (ii) la suma de
$12.888.000 por concepto de multa. Por otra parte, se indicó que el contratista tenía
a su favor la suma de $52.756.800, de manera que este saldo fue compensado con
el valor de la multa y parte de la cláusula penal, teniendo como resultado que la
suma real a cargo de la aseguradora, por concepto de la pena pecuniaria pactada
para indemnizar los perjuicios causados con el incumplimiento, sería de
$641.067.542.63.

95. Por tanto, se observa que el valor de la multa fue compensado con los saldos

117 Cuaderno No. 23, folio 4327.

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que existían a favor del contratista, los cuales también compensaron parte de la
cláusula penal que indiscutidamente era cubierto con la póliza de cumplimiento, de
manera que la suma a pagar por la aseguradora es incluso inferior al incumplimiento
tasado e imputado a esa sanción contractual. En consecuencia, no es viable afirmar
que la póliza de cumplimiento fue afectada por un concepto no amparado.

Los incumplimientos estuvieron relacionados con aspectos que no son objeto
de cobertura de la póliza

96. Afirma la parte actora que los incumplimientos estuvieron relacionados con
los aplicativos WEB y RECURSOS HUMANOS, aspectos que no eran objeto de
cobertura de la póliza 01011017063, sino que fueron cubiertos con la póliza
NC62429.

97. Al revisar el expediente, se observa que bajo la adición y modificación al
contrato del 14 de julio de 2004 se incluyó, como parte de lo propuesto por el
contratista para su suscripción, la obligación a cargo de éste de “ garantizar la
corrección de errores del software de los aplicativos Web y Recursos siguientes niveles de
servicio: a) Cuando la SUPERINTENDENCIA reporte el error, el CONTRATISTA en un
tempo máximo de un (1) día hábil indicará la complejidad del error. b) Así mismo, para
entregar la solución del error, se acuerdan los siguientes tiempos de servicio118:

98. Seguidamente, se acordó que “Para garantizar el cumplimiento de esta
obligación, EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía expedida por una entidad
bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con un valor
asegurado de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) MCTE y con una duración de
doce (12) meses contados a partir del 20 de octubre de 2004”.

99. Producto de lo anterior el contratista constituyó a favor de la SSPD la póliza
de seguros NC62429 por un valor asegurado de $100.000.000, con el fin exclusivo
de asegurar esa nueva obligación, consistente en garantizar la corrección de errores
del software de los aplicativos Web y Recursos bajo los niveles de servicio
acordados, tal como textualmente lo dispone la póliza en cuestión119.

100. Por su parte, en lo que se refiere a los fundamentos y conceptos valorados
en el acto que declaró el incumplimiento, que determinaron la cuantía de los
perjuicios imputados a la cláusula penal, y en consecuencia, a la póliza de
cumplimiento 01011017063, el informe final de interventoría es claro al señalar que
los valores cuantificados no incluyen “el incumplimiento parcial relacionado con la
entrega de programas fuente de aplicativos Web, entrega de la documentación de
los aplicativos Web y póliza de garantía de errores”120.

118 Cláusula Sexta. Cuaderno No. 23, folio 4264.
119 La póliza establece: “AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE OUTSOURCING INFORMÁTICO
No. 158 DE 2000, CLÁUSULA SEXTA RELACIONADA CON GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE ERRORES
DEL SOFTWARE DE LOS APLICATIVOS WEB Y RECURSOS HUMANOS”. Cuaderno No. 2, folio 3.
120 Cuaderno No. 25, folio 4557.

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Referencia: Controversias contractuales

101. En el mismo sentido, en el anexo del informe denominado “ RESUMEN
ECONÓMICO POR COMPONENTE”, se explica que en relación con la entrega de
programas fuente y documentación de aplicativos Web, entrega y empalme, en la
póliza de garantía de errores y los niveles de servicio, no se estimó el valor del
incumplimiento “en razón a que no existe un valor sobre el cual obtener el resultado”.

102. Finalmente, la Resolución No. 003412 del 29 de diciembre de 2004, por la
cual se declaró el incumplimiento del contrato, se impuso la cláusula penal y se
declaró ocurrido el siniestro amparado con la póliza No. 01011017063, es clara al
establecer que las obligaciones incumplidas y los conceptos constitutivos del
siniestro corresponden a: (i) migración de aplicaciones a versión 8i; (ii)
mantenimiento y desarrollo de aplicaciones de misión y apoyo; (iii) documentación
y código fuente, y (iv) recurso humano invertido por la SSPD para poder
implementar la solución propuesta por el Contratista.

103. Como se observa, la obligación del contratista de garantizar la corrección de
errores del software, cubierta bajo la póliza NC62429, de forma clara y expresa no
fue parte de los incumplimientos que sustentaron y que fueron valorados para la
afectación de la póliza 01011017063, que amparaba las demás obligaciones del
contratista, por lo que el argumento de la parte actora carece de fundamento.

104. Atendiendo a lo expuesto, en tanto la tesis jurisprudencial vigente en la fecha
que se expidieron los actos acusados aceptaban la competencia de la SSPD para
declarar unilateralmente el incumplimiento, imponer la cláusula penal y determinar
la ocurrencia de los siniestros amparados por la póliza, incluyendo la potestad de
determinar la cuantía de la pérdida121, y por cuanto la parte actora no desvirtuó la
presunción de legalidad que acompaña a esos actos, la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró su nulidad, y en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda.

Costas

105. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, que
modificó el artículo 171 del CCA122, la conducta de las partes ha de tenerse en
cuenta para resolver sobre la procedencia de la condena en costas a la parte
vencida. Por tanto, en consideración a que no se evidenció que la parte demandante
haya actuado temerariamente, o que de cualquier otra forma haya atentado contra
la lealtad procesal, no habrá lugar a su imposición.

II. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

121 Sobre la reiteración de esta tesis y su evolución en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de

Estado véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de noviembre de 2019. Exp.
36.600 A. C.P. María Adriana Marín.
122 “En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta

asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los
términos del Código de Procedimiento Civil.”

39

Radicación: 250002326000-2007-00103-01 (54911)
Actor: Condor S.A. Compañía de Seguros Generales
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Referencia: Controversias contractuales

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de abril de 2015 proferida por la
Subsección C de descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE123
MARÍA ADRIANA MARÍN
(Aclaración de voto)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
(Aclaración de voto)

VF

123 Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y

que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace http:
//relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

40

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