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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00177-01

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00177-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de febrero de 2013 y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: ACÉPTASE el impedimento presentado por el doctor José Roberto Sáchica Méndez para conocer del presente asunto. SEGUNDO: DECLÁRASE la falta de legitimación por pasiva del Consorcio de Remanentes TELECOM, constituido por Fiduagraria y Fidupopular, como vocero del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM en Liquidación. TERCERO: DECLÁRASE la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con la pretensión principal, y por lo tanto la Sala se inhibe para resolverla, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 53 IPC del mes de abril de 2022 54 IPC de junio de 2005 76 Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011) Actor: Nassquin LTDA Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales CUARTO: DECLÁRASE el incumplimiento contractual de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: CONDÉNASE a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a pagar, a favor de Nessquin Ltda., la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M/CTE ($7’261.498,96) por concepto de intereses de mora. SEXTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO: Sin condena en costas. En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00177-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: NASSQUIN LTDA
Demandado: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
CONSORCIO REMANENTES TELECOM EN
LIQUIDACIÓN
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, el 15 de febrero de 2013, que declaró probada la excepción
de caducidad de la acción.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM celebró el contrato S.A.I.
Nro. 200-BO-95000860 del 3 de abril de 1995 con la sociedad Nassquin Ltda. -el
cual fue cedido a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a raíz de la supresión
y liquidación de aquella entidad-, quien en sus pretensiones principales solicitó que
se declarara que fue arbitrariamente terminado en forma unilateral mediante
comunicación del 17 de febrero de 2005 y, por lo tanto, que se condenara a la
entidad demandada a indemnizarle los perjuicios derivados de esa decisión. Como
pretensiones subsidiarias, pidió i) que se declarara que el contrato fue de agencia
comercial y que, en consecuencia, se condenara a la entidad a pagarle las
prestaciones e indemnizaciones autorizadas por el Código de Comercio frente a la
terminación de esta clase de negocio jurídico; o ii) que se declarara el
incumplimiento contractual de la demandada respecto de su obligación de pago de
las facturas de venta presentadas por la demandante en virtud de las participaciones

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

a las que tenía derecho por concepto de la Administración de la Telefonía Local en
el municipio de Chinauta o iii) que, en defecto de las anteriores, se declarara que la
demandada incurrió en abuso del derecho al dar por terminado unilateralmente el
contrato de distribución y se la condenara a pagar a la actora la indemnización de
perjuicios derivada del ejercicio abusivo del derecho.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 30 de marzo de 2007 la sociedad Nassquin Ltda., a través de apoderado
debidamente constituido y en ejercicio de la acción de controversias contractuales
prevista en el artículo 87 del C.C.A., presentó demanda en contra de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y de manera solidaria el Consorcio de Remanentes
Telecom, constituido por Fiduagraria y Fidupopular y las sociedades conformadas
por ellas, como vocero del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom en
Liquidación, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas (f.
4 a 65, c. 1):

1.1. Pretensiones principales

1.1.1.- Que se declare la nulidad de la decisión contenida en el oficio NRO.
020500-0322 DE FECHA FEBRERO 17 DE 2005 (Folio 90) mediante el cual la
empresa demandada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., por
intermedio de su Gerente de Telefonía Pública le anuncia a mi representada la
terminación del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 (Folios
65 a 70) a partir del 05 de abril de 2005, adoptando para ello como
argumentación ante la demandante por “NO PRORROGA”.

1.1.2.- Que como consecuencia de la decisión anterior y a manera de
reparación del daño, en los términos establecidos en el artículo 38 de la ley 142
de 1994, se declare que la terminación del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-
95000860 de abril 3 de 1995 (…) a partir del 04 de abril de 2005, fue ilegal,
arbitraria e injusta y se condene a las demandadas al pago, a favor de mi
mandante, de la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS
($228’000.000,oo) como equivalente a los montos o valores que constituyen las
participaciones y demás emolumentos dejados de percibir como retribución o
participación promedio mensual, a razón de NUEVE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($9’500.000,oo) como promedio de las participaciones recibidas
durante los tres últimos años de ejecución contractual y consagrados en la
cláusula sexta del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 (…)
desde el día siguiente de la terminación efectiva del contrato (05 de abril de
2005) y hasta el momento en que se verifique la continuidad de la ejecución del
contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 en las mismas
condiciones y términos en que se venía ejecutando hasta la fecha de la
terminación (04 de abril de 2005) o se ordene el pago de las mismas hasta el
momento en que se cumpla la sentencia. Sumas debidamente indexadas de
acuerdo al I.P.C.

1.1.3.- Que se declare que para todos los efectos que (sic) no hubo solución de
continuidad en la ejecución y prestación del servicio derivado del contrato S.A.I.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 (…) celebrado entre mi mandante y
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM.

1.4.- Que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos
176 a 178 del C.C.A.

En subsidio de la pretensión principal, la demandante formula las siguientes
pretensiones subsidiarias:

1.2.- Primera Pretensión Subsidiaria:

1.2.1.- Que se declare que entre la firma “NASSQUIN LTDA”., parte que
represento, y la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES se
celebró el contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 (…), de
naturaleza de agencia comercial, con vigencia hasta el 04 de abril de 2005 y
que como consecuencia de todas las actuaciones adelantadas y comunicadas
por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en especial de los
prescrito en el oficio de fecha septiembre 18 de 2003 (…) suscrito por la (…)
Gerente de Telefonía Pública, dicho contrato fue subrogado y continuado en las
mismas condiciones y con las mismas características a la demandada
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en virtud de la suscripción,
ejecución y terminación del contrato S.A.I. suscrito entre la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones TELECOM y mi representada reseñado bajo el Nro.
200-BO-95000860 (…) y con fecha de terminación 04 de abril de 2005.

1.2.2.- Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la
demandada COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. a pagar a la
demandante las prestaciones a que esta última tiene derecho y de que trata el
artículo 1324 del C. de Co., es decir, las siguientes cantidades de dinero: a).- la
suma de DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL PESOS ($211’235.000,oo) o lo que se llegare a determinar o probar en el
proceso, como equivalente a la doceava parte del promedio de las
PARTICIPACIONES o utilidades recibidas por el Agente “NASSQUIN LTDA.”,
en los tres últimos años, por cada uno de los 10 años, o el tiempo que se llegue
a demostrar, de vigencia del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3
de 1995 (…) con iniciación desde el mismo 03 de abril de 1995 y con vigencia
hasta el 04 de abril de 2005 por haber actuado mi representada, en su condición
de Agente Comercial exclusivo de la demandada en la distribución,
comercialización y venta de sus productos y servicios en el municipio de
CHINAUTA del departamento de Cundinamarca; y, b) la suma de CIEN
MILLONES DE PESOS ($100’.000.000,oo) como mínimo, por concepto de
indemnización equitativa que habrá de fijarse por peritos, como retribución a los
esfuerzos del agente “NASSQUIN LTDA”, para acreditar la marca y la línea de
productos “TELECOM” en el Municipio de “CHINAUTA” del Departamento de
Cundinamarca durante los 10 años o el tiempo que se llegue a demostrar de
duración del contrato, teniendo en cuenta la extensión, importancia y volumen
de los negocios realizados por el Agente. Subsidiariamente: El pago y
reconocimiento de las sumas relacionadas anteriormente se hará por
liquidación posterior sujeta al trámite de los Art. 307 y 308 del C.P.C.

1.2.3.- Que las sumas de dinero a cuyo pago se impetra condenar a la
demandada, mencionadas en los numerales anteriores, y en consideración a
que ninguna de las demandadas no (sic) hicieron el pago anteriormente descrito
de manera oportuna, ni lo liquidaron, ni lo abonaron en cuenta corriente del
Agente Comercial deberán ser pagadas al momento de la ejecutoria de la
sentencia y causarán intereses moratorios para lo cual se aplicará lo
preceptuado en el numeral 8º del artículo 4º de la ley 80 de 1993, es decir, la
tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico
actualizado, desde el día 05 de abril de 2005, hasta que el pago se efectúe,
cantidades éstas de dinero para cuya cancelación gozan de la preferencia legal
de que trata el artículo 1277 del Código de Comercio, en armonía con el artículo
1230 de la misma obra.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

1.3.- Segunda pretensión subsidiaria:

1.3.1. Que se declare que la sociedad demandada COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. incurrió en incumplimiento del contrato
S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 (…) teniendo en cuenta la
demora y extemporaneidad en el suministro de los soportes y documentos
necesarios para presentar las cuentas de cobro que por participaciones
mensuales se debían radicar ante la demandada y en la demora y
extemporaneidad en el pago de las cuentas de cobro que por participaciones
mensuales por Administración de Telefonía Local se debían pagar a la
demandante y correspondiente a los períodos de facturación comprendidos
entre el mes de abril de 2003 y el día 13 de agosto de 2003 del (sic) 14 de
agosto de 2003 hasta el 04 de abril de 2005 tal y como lo describo en el acápite
de los hechos (…)..

1.3.2.- Que como consecuencia de la declaración precedente, se condene a la
sociedad demandada a pagar a la actora la totalidad de los perjuicios morales,
materiales e intereses moratorios que le fueron causados con esos actos de
incumplimiento, durante todo el período de duración del incumplimiento y la
mora, los cuales como mínimo ascienden a la suma de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS ($50’000.000,oo), teniendo en cuenta los volúmenes de
productos “TELECOM” que la demandante dejó de vender y las utilidades o
beneficios que por tal causa dejó de reportar, suma ésta de dinero que habrá
de pagarse junto con las valorizaciones o actualizaciones monetarias de rigor,
al momento de ejecutoria de la sentencia y con intereses moratorios (…) desde
el momento en que se incurrió en el incumplimiento del pago de las cuentas de
cobro y hasta las fechas en que efectivamente se abonaron en la cuenta de
ahorros personal de mi representada como pago y cumplimiento del pago
retrasado de las cuentas de cobro.

1.4. Tercera pretensión subsidiaria:

1.3.3.- (sic) Que se declare que la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P. incurrió en abuso del derecho al dar por terminado unilateralmente el
contrato de distribución, que tenía celebrado con la firma “NASSQUIN LTDA” y
que se recoge en el documento reseñado con el contrato S.A.I. Nro. 200-BO-
95000860 de abril 3 de 1995 (…) elaborado por la primera.

1.3.4.- (sic) Que, en consecuencia, se condene a la parte demandada
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. a pagar a la demandante los
perjuicios que le fueron causados con el ejercicio abusivo del derecho, por la
terminación unilateral, desde el 04 de abril de 2005 del contrato de Agencia
Comercial entre ellas celebrado, perjuicios que incluirán todos los daños
derivados por esa causa del cierre de operaciones comerciales de “NASSQUIN
LTDA” que se desarrollaban como consecuencia del contrato S.A.I. Nro. 200-
BO-95000860 de abril 3 de 1995 (…) en sus actividades comerciales y el valor
de la totalidad de sus activos patrimoniales tangibles e intangibles derivados de
su actividad mercantil, por lo que la indemnización a que tiene derecho la parte
demandante, asciende a la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L
($50’000.000,oo) o la cantidad mayor o menor que se probare en el proceso o
durante el trámite del artículo 308 del C. de P. Civil, cantidad de dinero que
devengará intereses moratorios (…) hasta que el pago se efectúe (…).

1.1. Los fundamentos de hecho

El actor sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se
expresan a continuación:

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

La sociedad Nassquin Ltda. fue constituida mediante escritura pública 748 del 4 de
marzo de 1995 en el municipio de Fusagasugá con el único objeto de actuar como
agente comercial de los productos y servicios que prestaba la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones TELECOM en el Municipio de Chinauta del Departamento de
Cundinamarca -según consta en su objeto social-, para lo cual prestaría los servicios
al público de telefonía urbana de conexión a larga distancia, telefonía larga distancia
“utilizando públicos” y los demás servicios de telecomunicaciones, como agente
indirecto en la modal idad denominada por TELECOM como SAI -Sistema de
Atención Indirecta-.

En virtud de lo ordenado por la junta directiva de TELECOM mediante acta 1667 del
6 de abril de 1995, que lo señaló como requisito para contratar con dicha empresa
en la modalidad SAI, se constituyó la sociedad demandante y 9 días después, desde
el 3 de abril de 1995, TELECOM la designó como su único distribuidor y
representante en el Municipio de Chinauta de todos sus productos y servicios
industriales y comerciales, según consta en el contrato S.A.I. Nro. 200-BO-
95000860 de abril 3 de 1995, que de acuerdo con sus cláusulas y estipulaciones,
correspondió a una agencia comercial y cuya duración, que se verificó hasta el 4 de
abril de 2005, había sido pactada en la cláusula décima octava por dos años,
susceptible de prórrogas automáticas y sucesivas y luego se modificó mediante
otrosí del 3 de abril de 1995, quedando pactado por un término de 5 años.

El 17 de febrero de 2005, el gerente de Telefonía Pública de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. le envió al demandante la comunicación No.
020500-0322, en la cual le anunció la terminación del contrato a partir del 4 de abril
de 2005, argumentando que según las cláusulas pactadas, la prórroga del contrato
vencía el 3 de abril de 2005 y la referida entidad no deseaba prorrogarlo
nuevamente, con lo cual, según el demandante, de manera unilateral e injusta lo dio
por terminado, para ofrecerle la suscripción de un nuevo contrato de “concesión
mercantil”, que variaba totalmente el contrato de agencia comercial que se hallaba
vigente entre las partes y que Nassquin Ltda., no quiso suscribir.

Explicó que, aunque TELECOM fijaba las listas de precios y condiciones de la venta
al público de los productos y servicios ofrecidos por el agente, así como los
porcentajes de tales ventas que correspondían a la utilidad del agente-distribuidor,
éste gozaba de autonomía e independencia en el manejo de su propia empresa,
tenía su propia organización y corría con los riesgos propios del mercado, que era
ampliamente competido.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

El demandante promovió y conquistó clientes en el Municipio de Chinauta y su área
de influencia para los productos de TELECOM y amplió el mercado, cumpliendo
todas las directrices, sugerencias y órdenes de la entidad, actuando en su nombre
y representación para efectos de recuperación de cartera y otros asuntos y, en
general, asumió las condiciones y riesgos de la labor de intermediación, empezando
con 300 abonados o líneas telefónicas en 1995 y aumentándolas a 870 para la
época de terminación del contrato.

Relata el demandante que las obligaciones se venían cumpliendo sin mayores
tropiezos pero que, a partir del mes de abril de 2003, las demandadas entregaron
extemporáneamente los soportes necesarios -listados de recaudo y facturación-
para la presentación de las cuentas de cobro respecto de las participaciones que se
debían al agente y también ordenaron su reconocimiento y pago de manera tardía.

Ante la supresión y liquidación de TELECOM ordenada por el gobierno nacional, se
subrogaron los contratos SAI en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., que se
continuarían ejecutando en los términos pactados, como les fue informado a los
contratistas, pero hubo retrasos e incumplimientos en los pagos de las cuentas
presentadas y radicadas ante TELECOM y Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P., así como la exigencia de nuevos requisitos y documentos que debían ser
aportados para que tales cuentas fueran reconocidas y pagadas, los cuales ya
reposaban en dichas entidades.

En el año 2004, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. dio a conocer a cada
uno de los agentes SAI la conveniencia de suscribir el contrato por ella propuesto,
denominado “de concesión y distribución mercantil de los sistemas de atención
indirecta SAI”, con la intención de hacerlo efectivo en las relaciones comerciales
entre esa empresa y el agente SAI, contrato que era completamente distinto y
variaba las condiciones económicas del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de
abril 3 de 1995.

Para lograr lo anterior, también se les dio a conocer el modelo de acta de liquidación
del contrato SAI que se hallaba vigente y con la amenaza de que, si no firmaban el
documento, se les daba por terminado el contrato y no se les contrataría bajo
ninguna otra modalidad, a lo que no accedió la demandante. Mediante oficio del 28
de diciembre de 2004, se les informó que el plazo para firmar los nuevos contratos
era hasta el 30 de diciembre de 2004.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

Ante la negativa de la demandante de acceder a las presiones, el 17 de febrero de
2005 el gerente de Telefonía Pública de la demandada expidió el oficio No. 020500-
0322, por medio del cual adoptó la terminación del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-
95000860 de abril 3 de 1995, comunicación que no fue notificada en legal forma.

El 8 de junio de 2005, la actora le manifestó a la demandada que la anterior decisión
adolecía de varias deficiencias para producir los efectos deseados -que no hubo
una subrogación entre TELECOM y Colombia Telecomunicaciones,
específicamente, en cuanto al contrato objeto de la controversia y, por lo tanto, esta
última no podía terminarlo-; no obstante, la terminación se produjo el 4 de abril de
2005 y a partir de esa fecha el agente comercial Nassquin Ltda., debió clausurar
sus operaciones mercantiles y sufrió graves perjuicios materiales por daño
emergente y lucro cesante a cuya indemnización debe ser condenada la
demandada, así como a las demás indemnizaciones previstas en el artículo 1324
incisos 1 y 2 del C. de Co.

Reiteró que el contrato celebrado con TELECOM era de agencia comercial, de lo
cual daban cuenta múltiples pruebas que enunció, y en cuanto a su duración,
manifestó que fue pactada en el otrosí del 3 de abril de 1995 por un término
indefinido por periodos de 5 años con prórrogas sucesivas e indefinidas, el cual se
prorrogó hasta la fecha de terminación del 5 de abril de 2005 “(…) a través de
prórrogas automáticas no escritas situación que fue permitida y avalada por las
demandadas”.

Expuso que, mediante varios memoriales que presentó con el fin de agotar la vía
gubernativa, pedir la liquidación del contrato y constituir en mora a las accionadas,
pidió el pago de las cuentas de cobro que había radicado, así como el pago de la
cesantía comercial, todas las acreencias comerciales, intereses moratorios e
indemnización de perjuicios por el incumplimiento en la ejecución del contrato, lo
cual le fue negado por parte de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Normas violadas y concepto de la violación:

El demandante sostuvo que el acto de terminación del contrato fue ilegal, porque no
se le notificó con 30 días de anticipación, como lo disponía el parágrafo segundo de
la cláusula décima. Además, sostuvo que fue violatorio de las siguientes normas:

• Artículos 2, 6, 15, 29, 90 y 91 Constitucionales, pues el acto fue arbitrario e injusto,
por lo que debe generar responsabilidad de la demandada.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

• Artículos 4, 5, 14, 17 por aplicación indebida, 23, numerales 7 y 8 del artículo 24,
numerales 1, 2 y 4 del artículo 26, 27, 28, 50, 51 y 77 de la Ley 80 de 1993, ya que
la demandante no incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
“Por consiguiente, el rompimiento unilateral del vínculo contractual por la
administración no estuvo precedido de un balance real y objetivo ni de un prudente
juicio, acorde con las causales cualificadas y expuestas como sustentatorias de la
decisión de dar por terminada la relación contractual”; tampoco se acataron las
reglas de interpretación establecidas ni se cumplieron los postulados de la buena fe
y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos en la ejecución del contrato;
ni se acató, para la terminación unilateral, el deber de expedir un acto administrativo
debidamente motivado en el que se le informara al contratista los recursos
procedentes ni se le notificó en debida forma, por lo que, a la luz de lo establecido
en los artículos 47 y 48 del C.C.A., carece de efectos legales.

• Artículos 1602, 1603 y 1613 del Código Civil, al dar por terminado unilateralmente
el contrato sin que se dieran las causales legales para ello, con lo cual hubo un
abuso en el ejercicio del poder excepcional.

• Artículo 84 del C.C.A., pues la demandada obró con falta de competencia, ya que
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. “(…) no contaba con poder o facultad
suficiente, conforme a las facultades que a ella se le atribuían en virtud del
CONTRATO DE MANDATO Nro. 07-01-2003 de agosto 20 de 2003 (…) celebrado
entre dicha demandada y ‘TELECOM EN LIQUIDACIÓN’ cuyo objeto se hizo
consistir en ‘…la administración y coordinación de los contratos suscritos por la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom afectos al servicio’ y en virtud
del cual en su ANEXO Nro. 1 (…) se identifican y relacionan, de manera clara,
expresa y categórica, los contratos afectos al servicio (…)”, entre los cuales no se
mencionaron los contratos SAI. En consecuencia, no tenía competencia para
terminar unilateralmente el contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de
1995.

Así mismo, consideró que el acto estuvo falsamente motivado, ya que se fundó en
una supuesta subrogación legal a la demandada Colombia Telecomunicaciones de
la relación contractual que unía a la demandante con TELECOM, pero esa
subrogación alegada no fue más que una errada interpretación y un acomodado
razonamiento del texto y sentido de los contenidos legales del artículo 6 del Decreto
1615 y del artículo 14 del Decreto 1616, ambos de 2003, pues la subrogación sólo
procedía, según estas normas, respecto de los contratos de interconexión, contratos
de condiciones uniformes y contratos para la prestación de servicios de

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios, y en ninguna
de estas categorías se encontraban los agentes SAI. Así, sostuvo que la única
instancia facultada para dar por terminado el contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860
de abril 3 de 1995, era TELECOM.

Trámite en primera instancia

Contestación de la demanda

Mediante auto del 31 de agosto de 2007 fue admitida la demanda, se ordenó su
notificación a los representantes legales de Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P., Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario Fiduagraria S.A. y de la
Sociedad Fiduciaria Popular S.A., así como al agente del Ministerio Público (f. 142,
c. 1).

• Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. contestó la demanda, negó algunos
hechos, consideró que otros no lo eran y se atuvo a lo que resultara probado
respecto de los demás; se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de
i) caducidad de la acción, ii) inepta demanda por falta de requisito de procedibilidad,
iii) inexistencia del incumplimiento del contrato, iv) inexistencia de causal de nulidad
del oficio No. 020500-0322 del 17 de febrero de 2005 e v) inexistencia de los
requisitos para que proceda la indemnización de perjuicios, que sustentó en los
siguientes términos (f. 221 a 255, c. 1):

1) En relación con la caducidad de la acción, explicó la demandada que, en vista de
que las pretensiones apuntaban a obtener la declaratoria de nulidad de la decisión
de no continuar el contrato contenida en el oficio No. 020500-0322 del 17 de febrero
de 2005, es a partir de tal momento que se debe contabilizar el término para
presentar la demanda y, por lo tanto, debió serlo antes del 18 de febrero de 2007;
puesto que lo fue el 30 de marzo de 2007, resulta evidente que la acción estaba
caducada, ya que todas las pretensiones principales y subsidiarias se estructuran a
partir de ese suceso determinante.

2) Sobre la falta del requisito de procedibilidad de la acción, sostuvo que la entidad
nunca fue convocada por el actor a una audiencia de conciliación prejudicial.

3) Respecto de la inexistencia de incumplimiento del contrato, negó que se hubiera
dado un incumplimiento del contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de
1995 por la demora y extemporaneidad en el suministro de los soportes y

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

documentos necesarios para presentar las cuentas de cobro que por retribuciones
mensuales se debían radicar ante Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., y por
la demora en el pago de dichas retribuciones mensuales por Administración de
Telefonía Local, correspondientes a los periodos de facturación comprendidos entre
el mes de abril de 2003 y el 4 de abril de 2005.

Explicó que, en virtud de las múltiples dificultades que se presentaron con la
facturación a partir de la declaratoria, por parte del Ministerio de Comunicaciones,
de la emergencia en materia de telecomunicaciones en junio de 2003, la orden de
supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM
y la celebración del contrato de explotación de bienes, activos y derechos de
TELECOM en liquidación y las Empresas Teleasociadas en liquidación con
Colombia Telecomunicaciones, surgió la necesidad de adelantar variadas gestiones
para efectuar las conciliaciones contables de los cargos y pagos efectivamente
recaudados, y así determinar la procedencia del pago de las retribuciones por la
administración de la telefonía local, así como la concertación del procedimiento para
el reconocimiento y pago de las cuentas a cargo de TELECOM por el periodo de
abril a agosto 13 de 2003, pues esta debía autorizar a la demandada para efectuar
dichos pagos y tal autorización se produjo el 26 de octubre de 2005, en donde se
autorizó el pago a favor de Nassquin Ltda. por valor de $13’095.000,oo, el cual se
efectuó el 21 de diciembre del mismo año.

Por lo anterior, mientras no se lograra la regularización de los sistemas de
facturación de la empresa, no era posible suministrar los listados requeridos por los
contratistas SAI’s para la elaboración y presentación de sus facturas o cuentas de
cobro por concepto de retribuciones y, en consecuencia, resultaba clara la
existencia de circunstancias de fuerza mayor que justificaban cualquier retraso que
se hubiera presentado en esa época de contingencia sobre el particular. En todo
caso, enunció los pagos efectuados a Nassquin Ltda. -valores y fechas- por
concepto de participaciones por servicios de administración de telefonía local,
efectuados por la demandada con ocasión de la subrogación del contrato.

En consecuencia, adujo la demandada que no se daban los presupuestos del
artículo 1604 del Código Civil para deducir responsabilidad contractual alguna por
la mora reclamada en cabeza de Colombia Telecomunicaciones, ya que la fuerza
mayor presentada la relevaba de toda culpa.

4) En torno a la inexistencia de causal de nulidad del oficio No. 020500-0322 del 17
de febrero de 2005, la demandada explicó, en primer lugar, que a través del referido

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

oficio le comunicó al contratista que Colombia Telecomunicaciones no deseaba
prorrogar el contrato y, por lo tanto, su decisión de no continuar ejecutándolo a partir
del 4 de abril de 2005, razón por la cual dicho oficio no era ningún acto administrativo
de terminación de los referidos en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

Aseguró que la decisión de no prórroga se fundó en lo pactado en el contrato -
cláusula octava-, en el que se acordó finalmente que el plazo de ejecución sería de
5 años, y que, de haberla, su prórroga debía efectuarse en forma escrita, por lo que
no era cierto lo afirmado por el demandante en el sentido de que eran prórrogas
automáticas. Por ello, a través de la referida comunicación, le informó su intención
de no prorrogar el plazo del contrato al vencimiento del mismo, lo que no constituyó
una terminación unilateral. Fue así como el contrato se terminó por vencimiento de
su plazo.

Y agregó que firmó el oficio en cuestión en su calidad de parte del contrato, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 6º del Decreto 1615 y 14 del Decreto
1616 de 2003, en virtud de los cuales se produjo la subrogación de los contratos de
TELECOM a favor de Colombia Telecomunicaciones, en las mismas condiciones
en que fueron pactados, por lo que contaba con la capacidad legal para decidir no
prorrogar el contrato suscrito con la demandante.

E insistió, finalmente, en que como acto administrativo no hubo, mal puede
pretenderse, por sustracción de materia, un pronunciamiento anulatorio.

5) Sobre la excepción de inexistencia de los requisitos para que proceda la
indemnización de perjuicios, la demandada explicó que para que proceda la
indemnización de perjuicios proveniente de la nulidad de un acto administrativo se
requiere i) la declaratoria de dicha nulidad, ii) la demostración del perjuicio y iii) el
nexo de causalidad entre los dos anteriores; y en el presente caso no se dio ninguno
de esos requisitos, pues de un lado, no se comprobó la causal alegada de nulidad,
consistente en la falta de competencia de la entidad, pues en su calidad de parte
estaba legitimada para manifestar su voluntad de no continuar con la ejecución del
contrato; de otro lado, el demandante no fue claro al señalar cuáles fueron los
perjuicios que supuestamente se le ocasionaron y en él recaía la carga de la prueba
de su existencia y, finalmente, tales perjuicios no tenían relación de causalidad con
la comunicación que le informó al contratista la voluntad de no continuar con la
ejecución del contrato, decisión que estaba amparada por el clausulado contractual.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

• Las Sociedades Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario Fiduagraria S.A. y
Fiduciaria Popular S.A., contestaron la demanda, se opusieron a las pretensiones,
solicitando que fueran absueltas tanto estas sociedades como el Consorcio de
Remanentes Telecom conformado por ellas, y propusieron las excepciones de i)
falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) prohibición legal para que un
fiduciario responda con recursos propios por las obligaciones a cargo de los
fideicomisos que administra y/o de los fideicomitentes respectivos, iii) inexistencia
de la obligación y iv) prescripción (f. 182 a 215, c. 1).

Alegatos de conclusión

Por auto del 20 de noviembre de 2012 se corrió traslado a las partes por el término
de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para
que rindiera su concepto (fl. 512, c. 2).

En sus alegaciones, la parte actora pidió que se accediera a las pretensiones de la
demanda (f. 551, c. 2), para lo cual sostuvo que en el plenario estaba plenamente
probada la nulidad del acto administrativo demandado, pues en primer lugar, según
el parágrafo de la cláusula primera del contrato adicional del 1º de octubre de 2002,
cualquiera de las partes podía dar por terminado el contrato en cualquier tiempo y
sólo se imponía a las partes que la decisión de terminación se tenía que surtir,
verificar y dar a conocer a la parte contraria con un plazo de antelación de un mes,
contado desde la fecha en que se verificaba la terminación del contrato y en el
presente caso, ese plazo no se surtió; en segundo lugar, en el plenario se acreditó
que la demandada no tenía competencia para expedirlo, toda vez que no se produjo
a su favor la supuesta subrogación del contrato SAI Nro. 200-BO-95000860 de abril
3 de 1995, pues los contratos de esta modalidad SAI no se pueden entender como
de interconexión, ni de condiciones uniformes ni para la prestación de servicios de
telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios.

Insistió en la pretensión primera subsidiaria de reconocimiento del contrato como de
agencia comercial pues así estaba probado que lo reconoció TELECOM, y consta
en el contrato celebrado, y en el anexo financiero y administrativo.

Agregó que resultaban procedentes las pretensiones tendientes a obtener el
reconocimiento del incumplimiento en el pago de las cuentas de cobro que por
concepto de participaciones por administración de telefonía local debía pagar la
demandada Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., quien reconoció haber

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

incurrido en mora en el cumplimiento de tal obligación y, por lo tanto, debe reconocer
los intereses moratorios correspondientes.

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., por su parte, reiteró los argumentos
de la contestación de la demanda los cuales, a su juicio, no variaron con el resultado
arrojado en la etapa probatoria y, por el contrario, resultaron reforzados y se
demostró que las afirmaciones de la parte demandante carecían de sustento fáctico
y jurídico (fl. 514, c. 2).

Sostuvo que la acción estaba caducada, pues el término de dos años debía contarse
bien desde la fecha del oficio demandado -17 de febrero de 2005-, o bien desde que
fue recibida por el demandante, que según lo probado, fue el 24 de febrero de 2005,
y de todas maneras, al haberse presentado la demanda el 30 de marzo de 2007, lo
fue por fuera de tiempo; insistió en la ineptitud de la demanda, pero en esta ocasión
adujo la falta de demanda del acto de liquidación del contrato, como había sido
declarado de oficio en otros procesos similares por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; manifestó que no se podía declarar nulo un acto que no existe, pues
el oficio demandado sólo fue un aviso de que la entidad no deseaba prorrogar el
contrato una vez finalizara su plazo; reiteró que la subrogación del contrato sí se
produjo y, por lo tanto, ella tenía capacidad para decidir si se prorrogaba o no, en la
forma en que lo hizo a través de oficio demandado; afirmó que el contrato celebrado
no era de agencia comercial de los que trata el artículo 1317 del C. de Co., sino un
contrato especial de prestación de servicios de telecomunicaciones, sujeto a las
normas de derecho privado y a las Resoluciones 0010000-0800 y 001000-2600 de
1993 proferidas por TELECOM, que reglamentaron esta clase de contratos SAI y,
por lo tanto, no resultan procedentes las pretensiones indemnizatorias fundadas en
dicha naturaleza contractual; y finalmente, insistió en que no se produjo el
incumplimiento contractual que le fue imputado ni existían los elementos necesarios
para que procediera la indemnización de perjuicios reclamada.

El Consorcio Remanentes TELECOM presentó escrito en el que reiteró los
argumentos expuestos en la contestación de la demanda de las sociedades que lo
conforman, sobre su falta de legitimación por pasiva, toda vez que el contrato objeto
de la controversia no le fue entregado al consorcio sino que se subrogó en Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., que fue quien lo siguió ejecutando y decidió no
prorrogarlo y, por lo tanto, no resulta predicable una responsabilidad solidaria de
aquel (f. 548, c. 2).

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera-Subsección C,
profirió sentencia el 15 de febrero de 2013 en la cual declaró probada de oficio la
excepción de caducidad de la acción (fl. 559 a 573, c. ppl.).

La anterior decisión obedeció a que el a-quo consideró, en primer lugar, que el oficio
No. 020500-0322 del 17 de febrero de 2005, por medio del cual Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. puso fin al contrato SAI Nro. 200-BO-95000860 de
abril 3 de 1995, era un verdadero acto administrativo investido de la presunción de
legalidad, con vocación para ser impugnado judicialmente.

En segundo lugar, estimó que si bien el contrato SAI Nro. 200-BO-95000860 de abril
3 de 1995 se regía por las normas del derecho privado, las controversias surgidas
del mismo debían tramitarse a través de la acción de controversias contractuales
del artículo 87 del C.C.A., con el término de caducidad dispuesto en el artículo 136
de la misma codificación.

Como era un contrato de derecho privado, no requería de liquidación, puesto que
las partes tampoco pactaron esta posibilidad, razón por la cual la norma a aplicar
para estos efectos, era el literal b) del numeral 10 del artículo 136: “b) En los que no
requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes
contados desde la terminación del contrato por cualquier causa”.

Dado que en el proceso se acreditó que Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
comunicó su decisión de no continuar ejecutando el contrato el 17 de febrero de
2005, la oportunidad para acudir a la jurisdicción, que empezó a correr al día
siguiente, venció el 18 de febrero de 2007, y dado que la demanda fue presentada
el 30 de marzo de 2007, el término previsto en la ley ya había fenecido.

Recurso de apelación

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia, en el cual pidió que se revoque y, en su lugar,
se estudien y se acojan las pretensiones elevadas en la demanda (f. 575, c. ppl).

El recurrente sostuvo que la fecha del oficio en el que se decidió la terminación del
contrato no es la misma en que dicho acto fue notificado y conocido por el
contratista, y precisamente una de las razones de impugnación fue que dicha
comunicación no se le dio a conocer dentro del término legal y contractual con que

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

contaba la demandada para hacerlo y que, de esta manera, se prediquen los efectos
en ella manifestados, ya que el contrato decía que debía avisarse con 30 días de
anticipación. Sostuvo que esa decisión jamás le fue dada a conocer dentro de los
plazos mencionados por la demandada, y que en el plenario no obraba prueba
alguna de que ello hubiera ocurrido en la misma fecha del oficio acusado de nulidad,
por lo que no se explica por qué el a-quo hizo tal afirmación, para contabilizar el
“término de prescripción” con que contaba la contratista para presentar la demanda.

De otro lado, como la comunicación anunció que la terminación del contrato se
verificaría el 4 de abril de 2005, el término de caducidad de la acción contractual se
empezaría a contar a partir de la fecha de terminación real y efectiva del contrato y
no a partir de los efectos del oficio en que se dio a conocer este hecho, por lo que,
en estas condiciones, la acción contractual habría caducado el 5 de abril de 2007,
y como la demanda se presentó el 30 de marzo de ese año, lo fue en tiempo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el apelante pidió que se accediera a las pretensiones
de la demanda, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en esa oportunidad,
conforme a los cuales i) el oficio No. 020500-0322 del 17 de febrero de 2005 está
viciado de nulidad, porque no le fue dado a conocer al contratista en los términos
contractualmente dispuestos y fue expedido por autoridad incompetente, pues no
se había dado la supuesta subrogación legal del contrato a favor de Colombia
Telecomunicaciones; ii) el contrato objeto de la controversia fue de agencia
comercial, tal y como está probado en el proceso y iii) que la demandada incurrió
en mora en el pago de las cuentas de cobro que por participaciones por concepto
de administración de telefonía local, le correspondían a la demandante y se deben
reconocer los intereses moratorios, daños y perjuicios reclamados.

Actuación en segunda instancia

Mediante auto del 30 de agosto de 2013, esta Corporación admitió el recurso de
apelación y mediante providencia del 15 de octubre siguiente, se corrió traslado a
las partes por el término de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales.
Vencido dicho término se debía dar traslado al Ministerio Público para que rindiera
su concepto, en los términos del inciso 5 del artículo 212 CCA (fl. 601, c. ppl.).

En esta oportunidad sólo intervino Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.,
quien presentó su alegato de conclusión, en escrito mediante el cual se reiteraron
los argumentos expuestos en la primera instancia. Sobre el contenido del recurso
de apelación, manifestó que la entidad sí cumplió con avisar al contratista con el

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tiempo requerido, toda vez que el oficio demandado fue enviado el 23 de febrero de
2005 y recibido por su destinataria el 24 de febrero del mismo año, según consta en
la guía de transporte de la empresa Interrapidísimo, por lo que, aún contando desde
esta última fecha, la acción sí estaba caducada. Y aún si se considerara que la
acción no estaba caducada, tampoco habría lugar a pronunciamiento alguno en
cuanto a las pretensiones subsidiarias, por cuanto no se demandó la liquidación del
contrato y, en todo caso, no estarían llamadas a prosperar, puesto que el contrato
celebrado no fue de agencia comercial (fl. 602, c. ppl.).

Mediante memorial presentado el 16 de mayo de 2022, y con fundamento en lo
dispuesto en el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso, el doctor
José Roberto Sáchica Méndez presentó impedimento para conocer del asunto de
la referencia, por cuanto para la época de los hechos se desempeñaba como asesor
externo de Colombia Telecomunicaciones S.A., en procesos arbitrales y de
jurisdicción ordinaria en los que, entre otras cosas, se discutían aspectos atinentes
a contratos de agencia comercial, naturaleza que, en este caso, alega la parte
actora que tenía el negocio jurídico origen de la controversia que le corresponde
decidir en esta instancia a la Sala. En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de
la presente providencia, será aceptado dicho impedimento.

III. CONSIDERACIONES

Competencia del Consejo de Estado

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte actora en contra de la sentencia de primera instancia, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 129 del CCA y el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, toda vez
que se trata de un contrato celebrado por una entidad pública y, por ende, las
controversias suscitadas en torno al mismo son competencia de esta jurisdicción
especializada1.

1
“67. La cláusula general de competencia vigente para la época del caso objeto de conocimiento era
el artículo 82 del CCA (hoy contenida en el artículo 104 del CPACA) con la reforma que le introdujo
la Ley 1107 de 2006. Esta última norma le imprimió un talante prevalentemente orgánico a esta
importante norma del CCA, en virtud del cual, si el sujeto prestador de servicio público domiciliario
involucrado en la controversia es una entidad pública, el conocimiento de esta correspondería a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. // (…) 69. Esta Corporación y la Corte Constitucional
han entendido que las empresas de servicios domiciliarios mixtas, independientemente de su
conformación accionaria, son entidades descentralizadas. Así las cosas, dada la naturaleza de
empresa de servicios públicos mixta que ostenta Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., la
presente controversia debe ser de conocimiento de esta jurisdicción”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 15 de julio de 2019,
expediente 44835, C.P. Alberto Montaña Plata.

16

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
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Lo es así mismo en razón de la cuantía, considerando que la mayor de las
pretensiones asciende a $228’000.000, por concepto de las participaciones y demás
emolumentos dejados de percibir por la parte actora como retribución o participación
promedio mensual, y que para la época de presentación de la demanda -30 de
marzo de 2007-, eran susceptibles de acceder a la segunda instancia ante esta
Corporación los procesos promovidos en ejercicio de la acción de controversias
contractuales cuya cuantía excediera de 500 salarios mínimos legales mensuales2.

La acción ejercida

Las pretensiones principales de la demanda estuvieron orientadas a obtener la
declaratoria de nulidad de la decisión contenida en el oficio No. 020500-0322 del 17
de febrero de 2005, mediante el cual, según la parte actora, se terminó
unilateralmente el Contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 y que
se condene a la demandada a indemnizar los perjuicios derivados de tal decisión
ilegal; y en las pretensiones subsidiarias, se pidió que se declare que se celebró el
contrato, que era de agencia comercial, que este fue subrogado en Colombia
Telecomunicaciones en las mismas condiciones originales y que el mismo fue
incumplido por la entidad demandada, con las pretensiones indemnizatorias
consecuenciales. Por lo tanto, resulta evidente la procedencia de la acción de
controversias contractuales que fue incoada en el sub-lite -artículo 87 del C.C.A.-,
puesto que lo pedido se corresponde con lo que puede ser reclamado a través de
este medio de impugnación.

La caducidad de la acción

En cuanto a la oportunidad del ejercicio de la acción de controversias contractuales,
se observa que la misma tiene un término de caducidad de dos años, contados a
partir de diferentes momentos, dependiendo de las pretensiones elevadas en la
demanda. Así, el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., dispone:

10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años
que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho
o de derecho que les sirvan de fundamento.
En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
a) En los de ejecución instantánea, a más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato;

2
El salario mínimo legal mensual vigente en 2007 era de $ 433.700, Decreto 4580 del 27 de
diciembre de 2006, por lo que 500 smlmv equivalían a $ 216’850.000.

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b) En los que no requieran de liquidación, a más tardar dentro de los dos (2)
años siguientes, contados desde la terminación del contrato por cualquier
causa;
c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo
por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma
del acta;
d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por
la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la
ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes
o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la
jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar;
e) La nulidad absoluta del contrato podrá ser alegada por las partes
contratantes, por el Ministerio Público o cualquier persona interesada, dentro de
los dos (2) años siguientes a su perfeccionamiento. Si el término de vigencia del
contrato fuere superior a dos (2) años, el término de caducidad será igual al de
su vigencia, sin que en ningún caso exceda de cinco (5) años, contados a partir
de su perfeccionamiento. En ejercicio de esta acción se dará estricto
cumplimiento al artículo 22 de la Ley "por la cual se adoptan como legislación
permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y
acceso a la justicia".
f) La nulidad relativa del contrato, deberá ser alegada por las partes dentro de
los dos (2) años, contados a partir de su perfeccionamiento.

Tal y como ya se refirió, en la sentencia de primera instancia se declaró la caducidad
de la acción, por cuanto el a-quo consideró que el término para presentar
oportunamente la demanda debía empezar a contabilizarse a partir de la
terminación del contrato, toda vez que, al estar regido por las normas de derecho
privado, no era susceptible de liquidación y, en consecuencia, debía aplicarse el
literal b) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. Es así como estimó que, al haber
manifestado Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., su decisión de no continuar
ejecutando el contrato el 17 de febrero de 2005, la oportunidad para acudir a la
jurisdicción, que empezó a correr al día siguiente, venció el 18 de febrero de 2007,
y dado que la demanda fue presentada el 30 de marzo de 2007, el término previsto
en la ley ya había fenecido.

La apelante adujo que el término de caducidad debía empezar a contabilizarse a
partir de la real fecha de terminación del contrato y no de la fecha de la comunicación
en la que se le informó esa decisión unilateral, razón por la cual, efectuando
correctamente esa contabilización, no había operado la caducidad de la acción.

Al respecto, la Sala considera que si bien el a-quo acertó en cuanto a la escogencia
de la norma que debía tenerse en cuenta para la contabilización del término de

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caducidad de la acción, no sucedió lo mismo con la determinación del momento a
partir del cual dicho término empezó a correr.

En efecto, la aplicación del referido literal b) del numeral 10 del artículo 136 del
C.C.A, conforme al cual el término de caducidad se contará a partir de la terminación
del contrato cuando el mismo no sea susceptible de liquidación, obedece al hecho
de que el contrato celebrado el 3 de abril de 1995 entre TELECOM y Nassquin Ltda.,
es un contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones a través de la
modalidad Centro de Telecomunicaciones desde un S.A.I., (Servicio de atención
indirecta S.A.I) que se rige por las normas de derecho privado, las cuales no
imponen a las partes la obligación de liquidar los contratos y, en el negocio jurídico
objeto de la presente controversia, las partes no la acordaron.

El artículo 6 del Decreto 2123 de 1992, dispuso que todos los contratos que la
empresa TELECOM3 celebrara para el cumplimiento de sus objetivos y funciones,
menos el de empréstito, se someterían a las regulaciones del derecho privado y el
procedimiento para la formación, celebración, ejecución y terminación de los
mismos, estaría sujeto a las disposiciones comerciales y civiles; no obstante, en los
contratos de obra pública y suministro, la administración podía pactar cláusulas
exorbitantes.

A su turno, la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, estableció dentro del ámbito
de aplicación de la ley el servicio de telefonía fija pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural y, en su artículo 31 -vigente para la época de
celebración del contrato-, dispuso4:

3
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM- fue creada y organizada a través de
las Leyes 6º de 1943 y 83 de 1945 y de los Decretos 1684 de 1947, 1233 de 1950, 1184 de 1955,
1635 de 1960 y 3267 de 1963, con el objeto de unificar y prestar los servicios públicos de
radiocomunicaciones y de telefonía. En el artículo 74 del Decreto 1365 de 1960, se dispuso el
funcionamiento de TELECOM como un Establecimiento Público, dotado de autonomía jurídica,
administrativa y patrimonial. En el artículo 4º del Decreto 3267 de 1963 y en el Decreto 129 de 1976
se reiteró la naturaleza jurídica de TELECOM como establecimiento público. A través del Decreto
2123 de diciembre 29 de 1992, se reestructuró la entidad y se transformó en una Empresa Industrial
y Comercial del Estado. Posteriormente, mediante el Decreto 1615 del 12 de junio de 2003, se
ordenó su supresión y liquidación.
4
Esta norma fue modificada por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, en los siguientes términos: “Los
contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere
esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa. // Las Comisiones de
Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa
de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte
de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la
inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se
ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las
Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas

19

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

“Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios
públicos a los que se refiere esta ley, y que tengan por objeto la prestación de
esos servicios se regirán por el parágrafo 1º del artículo 325 de la Ley 80 de
1993 y por la presente ley, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos
tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas
exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa, que se incluyan en los
demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se
regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los
actos en los que se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la
jurisdicción contencioso administrativa.

Esta remisión al parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 significó, en
últimas, el sometimiento -salvo expresas excepciones- de los contratos de las
entidades que prestan servicios públicos regidos por la Ley 142 de 1994, a las
normas de derecho privado, en lo no regulado expresamente por esta última
normatividad, como ha sido reconocido por la jurisprudencia6, con la posibilidad de
que en tales contratos se incorporen cláusulas exorbitantes, en aquellos casos en
los que la correspondiente comisión de regulación ordene su inclusión o la autorice.

Así, dado que el Contrato S.A.I. No. 200-BO-95000860 del 3 de abril de 1995 no se
regía por la Ley 80 de 1993, que imponía la liquidación de los contratos de tracto
sucesivo de común acuerdo o en forma unilateral -arts. 60 y 61-, sino que se sometía
a las normas de derecho privado, y toda vez que las partes así no lo pactaron en el
negocio jurídico, este no debía ser liquidado.

En virtud de lo expuesto, no cabe duda de que la norma de caducidad de la acción
que se debe aplicar en el presente caso, es precisamente el literal b) del numeral

por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales
en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo.”
5
El Parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta
ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las
compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al
giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones
del presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas
actividades.” (Se subraya).
6
“La ley de servicios públicos domiciliarios –Ley 142 de 1994-, en su artículo 14.5 define a la empresa
de servicios públicos oficial como “aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen el 100% de los aportes” y en su artículo 31
original –vigente para la época de celebración del contrato objeto de la controversia-, estableció: (…)
A su vez, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que se menciona en la norma anterior, lo que hace es
remitir cierta clase de contratos a las normas de derecho privado (…) Es decir que las entidades
estatales que prestan los servicios públicos regulados por la Ley 142 de 1994, no se rigen por las
normas de la Ley 80 de 1993, sino por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades, o sea que en lo no dispuesto expresamente por la Ley 142 –o la Ley 143 de 1994, para
el caso de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica-, serán las normas de derecho
privado las que gobiernen la materia”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

10 del artículo 136 del CCA., es decir, que el término de dos años, debe contarse a
partir de la terminación del contrato.

En múltiples casos similares al que es objeto de la presente controversia, así lo ha
reconocido la jurisprudencia:

En reiteradas oportunidades, esta Sección se ha pronunciado sobre la no
exigibilidad de liquidación en los contratos de derecho privado que carecen de
pacto al respecto, y el consiguiente cómputo de la caducidad bajo las reglas
fijadas para los contratos que no requieren ese balance final.
En efecto, se ha dicho:
[E]l contrato sub iudice no requería liquidación, porque su régimen sustantivo era
el derecho privado, y no la Ley 80 de 1993, que exige que los contratos de tracto
sucesivo se liquiden, bien de manera bilateral o unilateralmente. De modo que si
el contrato de agencia comercial sub iudice lo celebró una entidad que no se rige
por la Ley 80, mal puede pedirse que cumpla con exigencias propias de la Ley
80 de 1993 –arts. 60 y 61-.
Además, no sobra indicar que las partes tampoco pactaron esta posibilidad, en
ejercicio de la autonomía de la voluntad, luego no existe razón para exigir la
liquidación bilateral de un contrato que no requiere de este trámite. Y con mayor
razón se debe reprochar que el tribunal exija, inclusive, la liquidación unilateral, a
falta de la bilateral, pues este poder extraordinario no lo contempla la ley civil ni
comercial, luego no podría asumirlo la entidad estatal sin autorización legal. Por
lo menos, deducirlo de la ley 80 o de la ley 1.150 de 2007 sería inadecuado.
En este orden de ideas, la norma de caducidad aplicable al caso concreto es el
artículo 136.10, lit. b) del CCA., teniendo en cuenta que este contrato no requiere
liquidación, porque la ley no la impuso, ni las partes la pactaron7.

Posteriormente, en referencia a un caso similar al que hoy ocupa la atención de
la Sala, se señaló:
[E]stá probado, como se dejó claro en apartes anteriores, que el contrato 98-
CUD-000880 del 18 de marzo de 1998, fue finalizado mediante acta bilateral del
12 de agosto del 2004. Por lo tanto, la acción de controversias contractuales
debió presentarse, a más tardar, el lunes 14 de agosto del 2006 –el 13 de agosto
de 2006, fecha en que originalmente vencían los dos años en comento, cayó un
domingo-, por lo que la radicación del libelo originario del pleito el 11 de diciembre
del 2006 (f. 1 c. 1) es evidentemente extemporánea.

Debe recordarse que este contrato se rige por normas de derecho privado y las
partes, en uso de la libertad configurativa de las cláusulas contractuales que se
deriva de la autonomía de su voluntad, no previeron la necesidad de liquidar el
contrato, ni mucho menos establecieron plazo para el efecto.

Además, en caso de que se considerase que este contrato, por su misma
naturaleza debía estar sujeto a liquidación, no puede pasarse por alto que, como
se explicó en el párrafo 13.7. de esta decisión, la misma acta de terminación
bilateral cuya nulidad se pretende sirvió como ejercicio de balance y corte de
cuentas, estableciendo que las partes se declaraban a paz y salvo por todo
concepto, siendo materialmente una liquidación8.

Por tanto, es claro que, en los contratos de derecho privado que no contengan
pacto para liquidarlos, el término de caducidad del contrato no se sujeta a las
reglas establecidas en el artículo 136, numeral 10, literales c) y d), puesto que

7
[11] “Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C. Auto del 6 de diciembre de 2010, exp.
N° 25000-23-26-000-2009-00762-01(38344). C.P. Enrique Gil Botero”.
8
[12] “Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 29 de noviembre de
2017, exp. N° 25000-23-26-000-2006-02200-01(40816). C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre esta
misma materia, véanse igualmente las sentencias dictadas por la Subsección A el 19 de noviembre
de 2015 (exp. N° 63001-23-31-000-2006-01228 02/42809. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico) y el 14
de agosto de 2013 (exp. 45191. C.P. Hernán Andrade Rincón)”.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

no son negocios jurídicos que requieran liquidación. Mucho menos es
procedente ampliar el plazo respectivo bajo lo establecido en la Ley 80 de 1993
para la liquidación unilateral por parte de la administración –como lo efectuó en
el presente caso el Tribunal de primera instancia-, toda vez que, si el régimen
que gobierna el contrato es el del derecho privado, la entidad no está facultada
por la ley para liquidarlo unilateralmente9.

Ahora bien, en relación con el momento a partir del cual debe contabilizarse el
término de caducidad, esto es, a partir de la terminación del contrato, en el presente
caso, se observa que, mediante el oficio No. 020500-0322 del 17 de febrero de 2005
(f. 90, c. 2 de pruebas), el gerente de Telefonía Pública de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. le manifestó a la señora María Magnolia Quintero
Vallejo, gerente de Nassquin Ltda. (f. 18, c. 2 de pruebas), lo siguiente:

Atentamente nos permitimos comunicarle la decisión tomada por Colombia
Telecomunicaciones S.A. ESP en relación con el Contrato No. 200-BO-
95000860 suscrito entre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
Telecom- hoy en liquidación y la Sra. MARÍA MAGNOLIA QUINTERO
VALLEJO representante legal de la Sociedad NASSQUIN LTDA, en el cual se
subrogó Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, de conformidad con el
artículo 14 del Decreto 1616 de 2003 previas las siguientes consideraciones.

Mediante la Cláusula Octava del Contrato No. 200-BO-95000860 suscrito el 03
de Abril de 1995 las partes acordaron lo siguiente: …”La duración del presente
contrato es de dos (2) años prorrogables en forma escrita…”.

Igualmente, mediante Otrosí al Contrato No. 200-BO-95000860 suscrito el 03
de Abril de 1995 las partes acordaron lo siguiente:… “ACORDAMOS: 1.-
Modificar la CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO No. 200-BO-95000860,
que trata sobre la duración del contrato en el sentido de acordar que la duración
del contrato es por cinco años (5) y no como en el contrato principal aparece:
…”.

De conformidad con lo anterior la prórroga del Contrato No. 200-BO-95000860
vence el día 03 de Abril de 2005. Teniendo en cuenta lo anterior, le
comunicamos que Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no desea prorrogar
el contrato, y por lo tanto comunica su decisión de no continuar ejecutando el
contrato a partir del 04 de Abril de 2005.

Para efectos de la entrega del inmueble y de los bienes muebles entregados
con ocasión del contrato, que deberá hacer el contratista y el recibo de los
mismos por parte de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP., hemos
programado la respectiva diligencia para el día 04 de Abril de 2005, a las 11:00
a.m., en las instalaciones donde funciona el SAI.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que la terminación del contrato SAI No. 200-
BO-95000860 se produjo por vencimiento de su plazo, el día 3 de abril de 2005,
ante la decisión de no prórroga manifestada por Colombia Telecomunicaciones S.A.
ESP en el referido oficio.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente 43838, C.P. María Adriana Marín.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

En consecuencia, el término de caducidad de la acción empezó a correr al día
siguiente, 4 de abril de 2005 y, por lo tanto, venció el 4 de abril de 2007. Como la
demanda fue presentada el 30 de marzo de 2007, es evidente que la misma fue
oportuna, razón por la cual resulta procedente la revocatoria de la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, el estudio de las pretensiones de la demanda.

Legitimación en la causa

Por activa:

La demandante, sociedad Nassquin Ltda., está materialmente legitimada en la
causa por activa, toda vez que actuó como parte contratista en el Contrato S.A.I.
Nro. 200-BO-95000860 celebrado con TELECOM el 3 de abril de 1995, objeto de la
presente controversia.

Por pasiva:

Como se advirtió en los antecedentes, la demanda fue dirigida en contra de
“COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y de manera solidaria al
CONSORCIO REMANENTES TELECOM, constituido por Fiduagraria y Fidupopular
y las sociedades conformadas por ellas, como vocero del PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM EN LIQUIDACIÓN”.

Legitimación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP:

El contrato en torno al cual gira la controversia, fue celebrado en 1995 por la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM, entidad que fue suprimida y
liquidada y “(… ) se extinguió de la vida jurídica el 31 de enero de 2006 (plazo fijado
por el artículo 2 del Decreto 1615 de 2003, modificado por el artículo 1 del Decreto
1915 de 2005 y por el artículo 1 del Decreto 1915 de 2005), como consecuencia de
haberse declarado el cierre del proceso liquidatorio de la entidad, previa suscripción
del acta final de liquidación, la cual fue publicada en el Diario Oficial No. 46.168 del
31 de enero. Dada la extinción jurídica de TELECOM y de sus Teleasociadas
(liquidadas también mediante Decretos 1604 al 1614 y 1773 de 2003), en virtud de
lo dispuesto en el numeral 12.29 del artículo 12 del Decreto 1615 de 2003
(adicionado por el artículo 3 del Decreto 4781 de 2005) la Fiduciaria La Previsora,
actuando como liquidadora de éstas (artículo 10 ibídem), constituyó el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de TELECOM - PAR, mediante contrato de fiducia
mercantil celebrado con el Consorcio Remanentes Telecom conformado por

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

Fiduagraria S.A., y Fiduciaria Popular S.A., entre cuyos objetivos se encuentran los
siguientes: i) administrar y enajenar los activos no afectos a la prestación del
servicio; ii) administrar, conservar, custodiar y transferir los archivos; iii) atender las
obligaciones remanentes y contingentes, entre las cuales se encuentran los
procesos judiciales, arbitrales o reclamaciones en curso notificados personalmente
al liquidador con anterioridad a la terminación de los procesos liquidatorios”10.

No obstante, es necesario tener en cuenta que, en el artículo 6º del Decreto 1615
de 2003 “Por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
Telecom y se ordena su liquidación”, se dispuso que el Gestor del Servicio asumiría
los contratos en los que la extinta entidad era parte:

Artículo 6. Subrogación de los contratos de interconexión y de condiciones
uniformes. En desarrollo del artículo 8.3 de la Ley 142 de 1994 y con el fin de
garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y permitir la
generación del flujo de ingresos para pagar la contra prestación por el Contrato
de explotación, los contratos de interconexión celebrados por la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones - Telecom con operadores de
telecomunicaciones se subrogan por mandato de este Decreto al Gestor del
Servicio, en las mismas condiciones que estuvieren actualmente pactados.
Igualmente se subrogan por mandato de este Decreto al Gestor del Servicio los
contratos de condiciones uniformes y demás contratos para la prestación de
Servicios de Telecomunicaciones vigentes entre la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones - Telecom y los usuarios de dichos servicios.

Mediante Decreto 1616 del 12 de junio de 2003, el gobierno nacional, con el fin de,
entre otras cosas, asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones
que prestaban la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM en
liquidación y las Teleasociadas en liquidación, creó una entidad para que
consolidara e integrara los servicios dispersos a cargo de las entidades suprimidas,
la que denominó Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, sociedad anónima
prestadora de servicios públicos domiciliarios, vinculada al Ministerio de
Comunicaciones que en adelante sería la gestora de los servicios de
telecomunicaciones. En el artículo 14 del mismo decreto, se dispuso:

Artículo 14. Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. se subroga en los
contratos de interconexión celebrados con operadores de telecomunicaciones,
por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom en liquidación y por
las Teleasociadas en liquidación, en las mismas condiciones que fueron
pactados.

Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P. se subroga en los contratos de
condiciones uniformes y en los contratos para la prestación de servicios de
telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios, por la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y por las Teleasociadas,
en las mismas condiciones que fueron pactadas.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de abril de 2013, expediente 22713, C.P. Hernán Andrade Rincón.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

El 18 de septiembre de 2003 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. envió una
comunicación a los agentes SAI mediante la cual dio cuenta de la supresión y
liquidación de TELECOM, la creación de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P
para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de
telecomunicaciones y la continuación de la gestión de los que se encontraban a
cargo de TELECOM y, por lo tanto, les informó que se había “subrogado” en los
contratos celebrados por ellos con aquella entidad, en los siguientes términos (f. 394,
c. 2 de pruebas):

(…) el decreto de creación dispuso en el artículo 14 que Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., se subroga en los contratos de
condiciones uniformes y en los contratos para la prestación de servicios
de telecomunicaciones celebrados con los usuarios de dichos servicios
por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom, en las
mismas condiciones que fueron pactadas.

Por lo tanto, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. asume las
obligaciones y derechos que habían sido pactados en los contratos SAIS,
cuyo control y coordinación a nivel nacional, lo realizará a través de la
Gerencia de Telefonía Pública, razón por la cual en adelante podrá tener
una comunicación directa con nosotros.

Para su conocimiento nos permitimos informarles que los contratos SAIS
continuarán ejecutándose en los términos pactados, sin que a la fecha la
Empresa haya dado una directriz diferente sobre el particular.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que se presentó una sustitución de la
parte contratante en los contratos SAI celebrados por la extinta TELECOM, a favor
de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en virtud de la cesión que de ellos
se produjo, tal y como lo ha explicado la jurisprudencia:

101. En efecto, la Sala considera que a partir de la expedición de los Decretos
1615 y 1616 de 2003, Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. pasó a ser la
parte contratante de los contratos para la prestación de servicios de
telecomunicaciones entre los cuales, naturalmente, se encuentra el contrato de
servicio de agencia indirecta No. 98-CUD-003220 de 8 de junio de 1998, cuyo
objeto es (se trascribe):

“(…) la prestación del SERVICIO DE ATENCIÓN INDIRECTA S.A.I. –EN LA
LOCALIDAD DE GRANADA CUNDINAMARCA, donde se atenderán los servicios
de: 1.- TELEGRAFÍA Y TELEFONÍA LARGA DISTANCIA NACIONAL Y LARGA
DISTANCIA INTERNACIONAL (…) 2.- PRESTAR EL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE TELEFONÍA LOCAL CON CONEXIÓN LARGA
DISTANCIA (…) 3.- PRESTAR EL SERVICIO DE FAX (…)”.

102. Si bien la redacción de los artículos 6 del Decreto 1615 de 2003 y 14 del
Decreto 1616 de 2003 no fue muy clara -en la medida en que hicieron referencia
a una “subrogación”, cuando en realidad lo que ordenaron fue una cesión de
contratos por virtud de normas jurídicas-, lo cierto es que con la expedición de

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

los mismos, el Gobierno Nacional cumplió con su obligación de garantizar la
prestación continua e ininterrumpida del servicio de telecomunicaciones11.

103. Adoptar determinaciones de este alcance era necesario, habida cuenta de
que, tal y como se desprende de las pruebas allegadas al expediente, el sistema
de atención indirecta –del cual hacía parte (…) por medio del contrato No. 98-
CUD-003220 de 8 de junio de 1998- era un elemento esencial para que en su
momento Telecom y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. pudieran
prestar el servicio de telecomunicaciones en el territorio colombiano. De no
haberse ordenado la cesión al nuevo gestor del servicio Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. de los contratos para la prestación del servicio
de telecomunicaciones, Telecom –en liquidación- no habría estado en
condiciones de reconocer a la multiplicidad de agentes SAI las participaciones
a que estos tenían derecho, lo que eventualmente hubiera conducido a la
paralización o, por lo menos, afectación grave en la prestación del servicio
público12.

En consecuencia, no cabe duda de que la demandada Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., sí está legitimada materialmente por pasiva en el
presente proceso.

Falta de legitimación por pasiva del CONSORCIO REMANENTES TELECOM
como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
EN LIQUIDACIÓN:

No sucede lo mismo con las demás entidades demandadas: “CONSORCIO
REMANENTES TELECOM, constituido por Fiduagraria y Fidupopular y las
sociedades conformadas por ellas, como vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO
DE REMANENTES DE TELECOM EN LIQUIDACIÓN”, toda vez que ellas no fueron
parte en el contrato objeto de la presente controversia.

En efecto, se observa que, con la liquidación TELECOM, se tomaron varias
decisiones tendientes a facilitar la continuación del servicio y el cumplimiento de las
obligaciones pendientes de la entidad liquidada. Fue así como de un lado, se
constituyó un patrimonio autónomo para la atención y cumplimiento de una serie de
actividades atinentes a la culminación de los asuntos de TELECOM en liquidación,
pero de otro lado, se creó a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., quien entró
a sucederla como parte contratante en los contratos que se venían ejecutando por
parte de la entidad liquidada, con todos los derechos y obligaciones surgidos de
tales negocios jurídicos, razón por la cual es esta última entidad la que debe
responder por el cumplimiento de los compromisos surgidos a partir de los mismos

11
[40] “La subrogación es, según las voces del artículo 1666 del Código Civil: “la transmisión de los
derechos del acreedor a un tercero, que le paga”. La mal llamada subrogación se parece más a la
figura negocial de cesión de contrato contemplada en el artículo 887 del Código de Comercio, en
virtud de la cual “cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en
parte de las relaciones derivadas del contrato”.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 15 de julio de 2019, expediente 44835, C.P. Alberto Montaña Plata.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

y la que, en consecuencia, se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Así lo
ha entendido también la jurisprudencia, al resolver casos similares al que es materia
del presente proceso, en los que se concluyó que el Consorcio Remanentes
Telecom no está legitimado en la causa:

104. De otra parte, conviene hacer una referencia al contrato de fiducia
mercantil que se celebró y el patrimonio autónomo de remanentes que se
conformó al finalizar la liquidación de Telecom, ya que la demandante parece
entender que el consorcio de fiduciarias que administra este patrimonio adquirió
todas las obligaciones de la entidad liquidada, que es lo mismo que sostener
que continuaron con la existencia de la personalidad jurídica de la entidad.

105. En el artículo 12.129 (sic)13 del Decreto 1615 de 2003 se estableció a cargo
del liquidador la obligación de: “Celebrar un contrato de fiducia mercantil para
la constitución del PAR, cuya finalidad será la administración, enajenación y
saneamiento de los activos no afectos al servicio; la administración,
conservación, custodia y transferencia de los archivos; la atención de las
obligaciones remanentes y contingentes, así como de los procesos judiciales o
reclamaciones en curso al momento de la terminación del proceso liquidatorio
y el cumplimiento de las demás actividades, obligaciones o fines que se indican
en el presente decreto o que de conformidad con la ley correspondan a las
sociedades Fiduciarias”.

106. Así mismo, en el artículo 45 del mismo Decreto se estableció que:

“Artículo 45. Transferencia de la propiedad de los activos no afectos al servicio y
de la subrogación de contratos al PAR. Una vez se celebre el contrato de fiducia
mercantil a que se hace referencia en el numeral 12.29 del artículo 12 del
presente decreto, se transferirá automáticamente al PAR la propiedad de los
activos no afectos al servicio público de telecomunicaciones con base en una
relación de los mismos y tomando como referencia los valores que reflejen los
estados financieros de la liquidación, así como los recursos líquidos de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom en Liquidación para el
cumplimiento de las actividades, obligaciones o fines a cargo del mismo
determinadas en el presente decreto o que de conformidad con la ley
correspondan a las sociedades Fiduciarias.

Así mismo, producido el cierre del proceso liquidatorio se subrogarán
automáticamente al PAR únicamente aquellos contratos o procesos de
contratación en curso y los convenios vigentes que el Liquidador previamente
identifique a través de la suscripción del acta correspondiente. Igualmente, se
subrogarán automáticamente aquellos contratos a los que se refiere el inciso 2
del artículo 33 del presente decreto14.

Si posteriormente existieren activos no afectos al servicio sin inventariar, estos
se transferirán automáticamente al PAR, tomando como referencia los valores

13
Se trata del artículo 12.29.
14
La norma mencionada dispone: “ARTÍCULO 33. ESTUDIO DE TÍTULOS. Durante la etapa de
inventarios, el Liquidador dispondrá la realización de un estudio de títulos de los bienes inmuebles
de propiedad de la entidad, con el fin de sanear cualquier irregularidad que pueda afectar su posterior
enajenación y de identificar los gravámenes y limitaciones existentes al derecho de dominio. // Así
mismo, el Liquidador identificará plenamente aquellos bienes inmuebles que la entidad posea a título
de tenencia, como arrendamiento, comodato, usufructo u otro similar. En cuanto a los que no
correspondan a la prestación del servicio y que, por lo mismo, no hacen parte del Contrato de
Explotación, el Liquidador deberá establecer la posibilidad de transferir dicha condición a terceros;
de lo contrario proceder a su restitución. Si la restitución no se obtuviere en este lapso, se cederán
dichos contratos a la entidad a la cual se traspasen los remanentes de la liquidación. //
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Decreto 4781 de 2005. El nuevo texto es
el siguiente:> El cumplimiento de la obligación contenida en el presente artículo se referirá
únicamente a los bienes inmuebles no afectos al servicio, y en caso de que al cierre del proceso
líquidatorio no se hubiese cumplido en su totalidad, ello estará a cargo del PAR”.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

que reflejen los estados financieros. Lo anterior, sin perjuicio de su inventario,
avalúo y saneamiento, cuando este sea necesario, por parte del PAR”.

107. A partir de la lectura de estas normas, se extrae que la suscripción del
contrato de fiducia mercantil entre La Previsora S.A. y el Consorcio Remanentes
Telecom se hizo con el fin de que el consorcio, en calidad de vocero y
administrador del patrimonio autónomo de remanentes, atendiera obligaciones
contingentes y procesos en curso contra Telecom al momento de finalizar la
liquidación y, en los casos definidos específicamente por el liquidador, se
“subrogara” en determinados contratos –entre los cuales valga mencionar, no
se encontraba el contrato No. 98-CUD-003220 de 8 de junio de 1998-.

108. Por consiguiente, no es cierto, como pareció entenderlo la parte
demandante, que el Consorcio Remanentes Telecom tuviera que asumir todas
las obligaciones de la extinta Telecom, ya que sus obligaciones se circunscriben
estrictamente a lo establecido en el Decreto 1615 de 2003 y, especialmente, a
lo acordado en el contrato de fiducia mercantil suscrito el 30 de diciembre de
200515.

En las anteriores condiciones, resulta claro que, en el presente caso, el Consorcio
Remanentes Telecom -y las sociedades que lo conforman- no está legitimado en la
causa por pasiva y, en consecuencia, así se declarará en la parte resolutiva de esta
providencia.

El problema jurídico

Hechas las anteriores aclaraciones, deberá la Sala establecer, de conformidad con
el contenido del recurso de apelación y los hechos probados en el proceso, si tienen
vocación de prosperidad i) las pretensiones principales de la demanda, tendientes
a que se declare la nulidad del oficio No. 020500-0322 del 17 de febrero de 2005,
por medio de la cual se produjo la terminación ilegal, arbitraria e injusta del Contrato
SAI Nro. 200-BO-95000860 del 3 de abril de 1995 y, como consecuencia de esta
declaración, se condene a la entidad demandada a pagarle a la actora la
indemnización de perjuicios pedida en la demanda por esta causa; en caso de que
estas pretensiones principales no prosperen, deberá la Sala establecer la
procedencia de las pretensiones subsidiarias en el orden en que fueron propuestas
en la demanda, que buscan que i) (primera pretensión subsidiaria) se declare que
el contrato celebrado por las partes fue de agencia comercial y, en consecuencia,
se condene a la demandada a pagar las prestaciones a que esta última tiene
derecho y de que trata el artículo 1324 del C. de Co. en los términos pedidos en la
demanda; o ii) (segunda pretensión subsidiaria) que se declare que la demandada
incurrió en incumplimiento del contrato y por lo tanto, se la condene a indemnizar
los perjuicios causados, según lo pedido en esta pretensión; o, finalmente, iii)
(tercera pretensión subsidiaria) que se declare que la demandada incurrió en abuso

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 15 de julio de 2019, expediente 44835, C.P. Alberto Montaña Plata..

28

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

del derecho al dar por terminado unilateralmente el contrato e igualmente, como
consecuencia, se la condene a la indemnización de perjuicios ocasionados con tal
actuación, según lo expuesto en la demanda.

Análisis de la Sala

La pretensión principal:

La parte actora pidió que se declarara la nulidad del oficio No. 020500-0322 del 17
de febrero de 2005, por medio del cual, según la demanda, Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P dio por terminado unilateralmente el Contrato S.A.I.
Nro. 200-BO-95000860 del 3 de abril de 1995, por considerar que dicha terminación
fue ilegal, arbitraria e injusta, se expidió sin que la entidad tuviera competencia para
ello, no se le notificó en debida forma y estuvo falsamente motivada.

Al respecto se observa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del
C.C.A., la acción de controversias contractuales también procede para la
impugnación de los actos administrativos contractuales, caso en el cual se impone,
así mismo, el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para la demanda
de cualquier acto administrativo, como el contenido en el artículo 138 del C.C.A.,
conforme al cual cuando se demande uno de estos actos, el mismo se debe
individualizar con toda precisión16.

Como es bien sabido, el acto administrativo es aquella manifestación unilateral de
voluntad, expedida por una autoridad estatal o por un particular en ejercicio de la
función administrativa, por medio de la cual se crea, modifica o extingue una
situación jurídica general o particular y concreta, y que se halla investida de la
presunción de legalidad, por lo que goza de ejecutividad y ejecutoriedad, es decir
que es obligatoria por sí misma y puede hacerse cumplir directamente por la
entidad, aún en contra de la voluntad del administrado.

En el presente caso, la demandante adujo que, mediante el oficio demandado,
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., terminó unilateralmente el Contrato

16
Sobre este aspecto ha dicho la doctrina: “(…) una primera cuestión que deben resolver sus
respectivos órganos [se refiere a la Jurisdicción Contencioso Administrativa] para determinar su
competencia en cada caso objeto de las acciones de que es susceptible el acto administrativo, es la
de establecer si el acto jurídico que se le pide enjuiciar es o no de aquella naturaleza, esto es, acto
administrativo. // En efecto, un primer presupuesto sustancial para el correspondiente juzgamiento
es lo que la ley y la jurisprudencia denominan la individualización del acto administrativo (…). La
individualización se refiere tanto a que lo demandado sea realmente un acto administrativo y no
otra clase de acto y que sea aquel que es procedente demandar, así como a su correcta identificación
(…)”. Berrocal Guerrero, Luis Enrique; “Manual del Acto Administrativo”, Librería Ediciones del
Profesional Ltda., 7ª ed., 2016, pgs. 22 y 23.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
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S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 del 3 de abril de 1995. No obstante, al revisar el
contenido de dicha comunicación, se advierte que, en realidad, la entidad no dio por
terminado el vínculo contractual, sino que se limitó a informar que no estaba
dispuesta a prorrogarlo, una vez el negocio jurídico culminara por el vencimiento de
su plazo.

Fue así como hizo alusión a lo dispuesto en la Cláusula Octava del contrato y el
otrosí mediante el cual ésta fue modificada, que fueron del siguiente tenor:

CLÁUSULA OCTAVA: DURACIÓN: La duración del presente contrato es de
DOS (2) AÑOS, prorrogables en forma escrita. PARÁGRAFO: Podrá
terminarse antes del plazo aludido cuando sobrevengan circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando discrecional y unilateralmente TELECOM
lo determine, cuando impidan la prestación del servicio, caso en el cual
TELECOM no asume frente a EL CONTRATISTA responsabilidad alguna. Así
mismo podrá terminarse anticipadamente como lo establece la cláusula décima
en sus literales g) e i) del presente contrato o por mutuo acuerdo o por causas
imputables a EL CONTRATISTA, caso en el cual EL CONTRATISTA
responderá ante TELECOM (f. 68, c. 2 de pruebas).

Otrosí al Contrato No. 200-BO-95000860, cuyo objeto fue “MODIFICAR LA
DURACIÓN DEL CONTRATO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA OCTAVA”. En
dicho acuerdo de voluntades, las partes pactaron (f. 81, c. 2 de pruebas):

1.- Modificar la CLÁUSULA OCTAVA DEL CONTRATO No. 200-BO-
95000860, que trata sobre la duración del contrato en el sentido de acordar que
la duración del contrato es por CINCO AÑOS (5) y no como en el contrato
principal aparece. 2.- Quedan vigentes las demás cláusulas del contrato (…).

Con base en estas normas y, textualmente, la entidad informó al contratista lo
siguiente:

De conformidad con lo anterior la prórroga del Contrato No. 200-BO-95000860
vence el día 03 de Abril de 2005. Teniendo en cuenta lo anterior, le
comunicamos que Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no desea prorrogar
el contrato, y por lo tanto comunica su decisión de no continuar ejecutando el
contrato a partir del 04 de Abril de 2005.

Para efectos de la entrega del inmueble y de los bienes muebles entregados
con ocasión del contrato, que deberá hacer el contratista y el recibo de los
mismos por parte de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP., hemos
programado la respectiva diligencia para el día 04 de Abril de 2005, a las 11:00
a.m., en las instalaciones donde funciona el SAI.

Como se puede advertir de la sola lectura de esta comunicación, Colombia
Telecomunicaciones se limitó a poner de presente que el contrato se terminaría, por
vencimiento del plazo pactado, el día 3 de abril de 2005 y a informar a su contratista,
su no disposición o deseo de prorrogarlo.

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En tales condiciones, resulta claro que, mediante el oficio demandado, no se tomó
decisión alguna de terminación del contrato, tan sólo se recordó al contratista su
próximo vencimiento por el cumplimiento del plazo voluntariamente acordado por
las partes, y se anunció el deseo e intención de la entidad contratante de que el
mismo no fuera prorrogado ni se siguiera ejecutando.

Es claro entonces que, al no contener una decisión unilateral de la entidad
demandada en el sentido de poner fin anticipadamente al contrato No. 200-BO-
95000860, en realidad el oficio cuya declaratoria de nulidad se pidió en la demanda,
no tiene la naturaleza de un acto administrativo que pueda ser impugnado
judicialmente ante esta jurisdicción, que tan sólo está llamada a pronunciarse sobre
la validez de actos administrativos17.

Como consecuencia de lo anterior, en relación con la pretensión principal deberá
declararse la ineptitud sustantiva de la demanda y, por ende, la Sala se inhibirá para
resolverla de fondo en la parte resolutiva de esta providencia, en cuanto el oficio
No. 020500-0322 del 17 de febrero de 2005 no correspondió a un acto
administrativo proferido por la entidad demandada cuya legalidad fuese susceptible
de ser analizada por el juez del contrato. Por lo tanto, resulta procedente el estudio
de las pretensiones subsidiarias, a lo cual procederá a continuación.

Primera pretensión subsidiaria:

La demandante pidió como primera pretensión subsidiaria la declaratoria de que el
Contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 de abril 3 de 1995 fue de agencia comercial,
que en él se subrogó Colombia Telecomunicaciones y que, por lo tanto, tenía
derecho a que ésta le reconociera y pagara las prestaciones de que trata el artículo
1324 del C. de Co.

17
En un caso similar al que es objeto de la presente decisión, dijo la jurisprudencia de la Sección B
de la Sección Tercera de esta Corporación: “123. Dilucidado lo anterior, a partir de una lectura
integral de la demanda presentada por (…), se extrae que en la misma se elevaron pretensiones
principales de nulidad de la comunicación No. 020500-00328 de 17 de febrero de 2005 y
reconocimiento de participaciones que se hubieran generado de haber continuado el contrato (…). //
124. Para resolver las pretensiones principales de la demanda, la Sala reitera que Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. se manifiesta en sus contratos mediante comunicaciones de
carácter privado y no mediante actos administrativos, lo cual de ninguna manera significa que estas
manifestaciones de voluntad estén por fuera del objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo sino, simplemente, que su control debe hacerse a partir de las normas propias del
derecho privado y no como actos administrativos. // 125. De conformidad lo expuesto, las
pretensiones en las que se solicitó la declaratoria de nulidad de la comunicación No. 020500-00328
de 17 de febrero de 2005 –como si se tratase de un acto administrativo- y el correspondiente
restablecimiento del derecho, están llamadas a fracasar, en la medida en que la referida
comunicación no es más que un acto contractual mediante el cual la demandada manifestó su
voluntad de no continuar con la ejecución de un contrato”. Sentencia del 15 de julio de 2019,
expediente 44835, C.P. Alberto Montaña Plata.

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Por su parte, la demandada negó que el celebrado hubiera sido un contrato de
agencia comercial y que, por lo tanto, sean procedentes las pretensiones que se
fundan en esta afirmación de la demandante.

En consecuencia, resulta necesario analizar si, en el caso concreto, el negocio
jurídico en torno al cual gira la controversia constituyó un contrato de agencia
comercial o no, para determinar, a partir de las conclusiones a las que se arribe,
sobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones primera subsidiaria y las
indemnizatorias derivadas de la misma.

El contrato de agencia comercial

Este negocio jurídico es un contrato típico, bilateral y oneroso, cuya definición se
encuentra en el artículo 1317 del Código de Comercio, en los siguientes términos:

Art, 1317.- Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma
independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios
en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional,
como representante o agente de un empresario nacional, o extranjero o como
fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo.

La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente.

El estatuto comercial indica que este contrato debe contener la especificación de
los poderes o facultades del agente, el ramo sobre el que versen sus actividades, el
tiempo de duración de las mismas y el territorio en el que se desarrollarán, y dicho
contrato deberá ser inscrito en el registro mercantil, so pena de no ser oponible
frente a terceros de buena fe exenta de culpa -art. 1318-.

También dispone que el agente tendrá el deber de cumplir el encargo que se le ha
confiado al tenor de las instrucciones recibidas, y deberá rendir al empresario las
informaciones relativas a las condiciones del mercado en la zona asignada, y las
demás que le sean útiles para valorar la conveniencia de cada negocio -art. 1321-.

En cuanto a la remuneración del agente, el artículo 1322 dispone que tendrá
derecho a la misma aunque el negocio no se lleve a efecto por causas imputables
al empresario, o cuando éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el
territorio asignado al agente, o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con
la otra parte para no concluir el negocio; y sobre los gastos de la agencia, dispone
esta codificación que, salvo estipulación en contrario, el empresario no estará
obligado a reembolsarlos al agente, pero serán deducibles como expensas

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generales del negocio, cuando la remuneración sea un tanto por ciento de las
utilidades del mismo -art. 1323-.

Igualmente, se contempla la posibilidad de la terminación del contrato por las
mismas causas del mandato y aún por cualquiera de las partes, de manera unilateral
y por justa causa -arts. 1324 y 1325- y se consagran las consecuencias
patrimoniales e indemnizatorias de tal terminación18, consagrándose también a
favor del agente el derecho de retención y privilegio sobre los bienes o valores del
empresario que se hallen en su poder o a su disposición, hasta que se cancele el
valor de la indemnización y hasta el monto de la misma -art. 1326-.

De acuerdo con la doctrina, el de agencia comercial es un contrato i) celebrado entre
empresarios mercantiles, ii) de duración y iii) su objeto es la promoción o explotación
de negocios19.

i) En cuanto a la primera de tales características, se destaca que el agente es un
empresario autónomo, no dependiente ni subordinado del empresario para quien
obra como tal, a pesar de que el encargo se realice según las más o menos precisas
instrucciones impartidas por aquel.

ii) Que se trate de un contrato de duración, implica que le brinda estabilidad al
agente, marcando una diferencia con otras clases de contratos similares, como el
de corredor o mediador, que sólo actúan de forma esporádica y transitoria en su
labor de hacer coincidir la oferta y la demanda, establecer el contacto entre los
interesados y permanecer ajenos a la celebración y ejecución del contrato, tareas
que también pueden ser cumplidas por el agente, pero conservando su
especificidad, otorgada por esa nota de permanencia y duración.

iii) Y en relación con el objeto mismo del contrato, consistente en la promoción y
explotación de negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada del
territorio nacional, aquellas constituyen la actividad principal del agente,

18
“Art. 1324.- El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato, y a su terminación
el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la doceava parte del
promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia
del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. // Además de
la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado
unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización
equitativa (…), como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los
servicios objeto del contrato. la misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por
justa causa imputable al empresario. // Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en
cuenta la extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del
contrato. // Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa
comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto”.
19
Arrubla Paucar, Jaime Alberto; “Contratos mercantiles - contratos típicos”, Legis Editores S.A., 12ª
ed., 2012, pgs. 224 a 228.

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independientemente de que también le corresponda o no la conclusión de los
negocios, pues bien puede restringirse su función a la promoción de todos los
negocios posibles dentro del ramo del empresario para quien actúa, o puede incluir,
así mismo, la conclusión de los negocios promovidos, actuando como mandatario
del empresario o como representante suyo, es decir actuando por cuenta y a
nombre del empresario. “Si además de la actividad promocional, tiene el encargo
de distribuir uno o varios productos del empresario, necesariamente se debe realizar
un contrato de cambio que puede ser la compraventa, o por la duración del contrato
un suministro, que no es otra cosa que una compraventa repetida en el tiempo y
con regulación especial, tratándose, claro está, del suministro de cosas y no de
servicios”20.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se ha referido al
contrato de agencia comercial en los siguientes términos:

Esta Corporación en reciente fallo de 24 de julio de 2012, exp. 1998-21524-01,
precisó que lo que caracteriza a esta clase de vínculos es:

a.-) Que como su objeto es “promover o explotar negocios”
del agenciado, implica un trabajo de intermediación entre este último y los
consumidores, orientado a conquistar, conservar, ampliar o recuperar clientela
para aquel. Así mismo, que como la actividad se ejecuta en favor de quien
confiere el encargo, actuando el agente por cuenta ajena, recibe en
contraprestación una remuneración dependiendo, en principio, de los negocios
celebrados.

b.-) Que los efectos económicos de esa gestión repercuten
directamente en el patrimonio del agenciado, viéndose favorecido o afectado
por los resultados que arroje; además de que la clientela pasa a ser suya, pues,
la labor es de enlace únicamente.

c.-) Que existe independencia y autonomía del agente, por
ser ajeno a la estructura organizacional del empresario, sin que ello impida que
éste le imparta ciertas instrucciones para el cumplimiento de la labor
encomendada, al tenor del artículo 1321 ibídem.

d.-) Que tiene un ánimo de estabilidad o permanencia, en la
medida que se refiere a la promoción continua del negocio del agenciado y no
a un asunto en particular, lo que excluye de entrada los encargos esporádicos
y ocasionales

e.-) Que el compromiso debe cumplirse en un determinado
ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional.

1.- De los anteriores condicionamientos cobra relevancia el
que la actuación del agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del
éxito o fracaso de la encomienda se patentiza primordialmente en los estados
financieros del agenciado, mientras que por sus labores de conexión aquel
recibe una remuneración preestablecida.

Ese aspecto aleja a la agencia comercial sustancialmente de los vínculos en
que el intermediario adquiere los productos para la reventa, en los cuales éste,
en uso de sus habilidades, saca provecho de la diferencia de precios de compra

20
Ob. Cit., pg. 227.

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y enajenación, corriendo los riesgos de cartera propios de quien ejerce
actividades de comercio.

En ese sentido señaló la Corte que “[s]i el agente promociona o explota
negocios que redundan en favor del empresario, significa que actúa por cuenta
ajena, de modo que las actividades económicas que realiza en ejercicio del
encargo repercuten directamente en el patrimonio de aquél, quien,
subsecuentemente, hace suyas las consecuencias benéficas o adversas que
se generen en tales operaciones. De ahí que la clientela conseguida con la
promoción y explotación de los negocios le pertenezca, pues, insístase, el
agente sólo cumple la función de enlace entre el cliente y el empresario. ‘El
agente comercial, precisó esta Sala en fallo proferido el 2 de diciembre de 1980,
en sentido estricto, es el comerciante cuya industria consiste en la gestión de
los intereses de otro comerciante, al cual está ligado por una relación
contractual duradera y en cuya representación actúa, celebrando contratos o
preparando su conclusión a nombre suyo (…) El encargo que asume el
comerciante independiente por el contrato de agencia, es promover y explotar
negocios que han de ser realizados en beneficio exclusivo del empresario’ (…)
Que el comerciante actúa por cuenta del empresario es cuestión que corrobora
el hecho de que perciba una remuneración por su gestión, amén de que sea
titular del derecho de retención sobre los bienes o valores de éste que se hallen
en su poder o a su disposición, privilegio que le reconoce el artículo 1326 del
Código de Comercio (…) Trátase, en verdad, de una característica relevante,
habida cuenta que permite diferenciarlo de otros acuerdos negociales, como el
suministro y la concesión, en los que el suministrado y el concesionario actúan
en nombre y por cuenta propia, razón por la cual la clientela obtenida al cabo
de su esfuerzo les pertenece, y son ellos quienes asumen los riesgos del
negocio, de manera que no devengan remuneración alguna, entre otras cosas,
porque las utilidades derivadas de la reventa les pertenece” (sentencia de 15
de diciembre de 2006, exp. 1992-09211-01).

2.- Existiendo una clara regulación del contrato de agencia en los artículos
1317 al 1331 del Código de Comercio, cuando se pide su declaración o la
prevalencia frente a cualquier otro nexo presunto, es imprescindible que
confluyan todos los presupuestos necesarios para su conformación, pues, de
faltar uno solo no tiene cabida acceder a tales reclamos, por corresponder a
otro tipo de relación.

Al respecto la Corte precisó que “no obstante la autonomía de que goza la
agencia, la característica mercantil intermediadora, lo hace afín con otros
contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ninguno de
ellos, ya que tiene calidades específicas que, por lo mismo, lo hacen diferente,
razón por la cual, su demostración tendrá que ser inequívoca. De suerte, que
una persona bien puede recibir estos encargos mediante dichos contratos y no
ser agente comercial, pero dentro de aquella actividad también puede la misma
recibir el especial de promover y explotar los negocios del empresario ora como
representante o agente, pero en virtud de un contrato de agencia (…) Los
requisitos mencionados para la configuración del indicado acuerdo de
voluntades son concurrentes, esto es, deben aparecer todos para que puede
predicarse válidamente su configuración, ya que la falta de uno de o varios de
ellos implica necesaria y fatalmente que tal convención no existe o que
degenera en otro acuerdo de naturaleza diferente” (sentencia de 4 de abril de
2008, exp. 1998-00171-01)21.

De acuerdo con lo anterior, se resaltan como características esenciales de esta
clase de negocio jurídico, i) su objeto: que corresponde, básicamente, a la
promoción o explotación de negocios del agenciado, con miras a conquistar,

21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de septiembre de 2013, rad.:
1100131030222005-00333-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

35

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conservar, ampliar o recuperar clientela para aquel; ii) la independencia del agente:
Pues es autónomo y ajeno a la estructura organizacional del empresario y iii) el
ánimo de estabilidad o permanencia: en la medida que se refiere a la promoción
continua del negocio del agenciado y no a un asunto en particular.

El Contrato SAI No. 200-BO-95000860 de 1995:

En relación con el negocio jurídico objeto de la presente controversia, se observa
que en el encabezado su objeto fue identificado como “de prestación de servicios
de atención indirecta S.A.I. en Chinauta Cundinamarca” y, en su cláusula primera,
se dispuso:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto de este contrato es regular los
derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, para la prestación del
SERVICIO DE ATENCIÓN INDIRECTA S.A.I. – EN CHINAUTA CUN., donde
se atenderán los siguientes servicios: TELEFONÍA Y/O TELEGRAFÍA, por
central telefónica indicada en el Anexo Técnico número uno (1)22 que hace parte
integrante de este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Las relaciones entre
TELECOM y EL CONTRATISTA se regirán por las normas actuales de
reglamentación del Servicio de Atención Indirecta proferidas por TELECOM en
especial la Resolución 00010000-0800 del 5 de Febrero de 1993 y JD-0070/93
y por las que las modifiquen en el futuro y en especial por lo previsto en el
presente contrato23.

En cuanto a las obligaciones que adquirieron las partes a través de este negocio
jurídico, se observa:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: a) EL
CONTRATISTA atenderá al público usuario bajo su responsabilidad, directa
supervisión y en forma independiente tramitando el tráfico entrante y saliente
de acuerdo con las tarifas actuales vigentes y con el horario mínimo de atención
que le fije el Interventor de acuerdo con las necesidades del lugar. b) Hará a

22
En el Anexo No. 1 se estipuló: “I- SERVICIOS PRESTADOS // 1.- Tráfico Telefonía Larga Distancia
Nacional. 2.- Tráfico Telefonía Larga Distancia Internacional. 3.- Recepción de Telegrafía Nacional
e Internacional. 4.- Adicionalmente servicio de Facsimil Nacional e Internacional. II.-
ADMINISTRACIÓN TELEFONÍA LOCAL // El contratista se obliga a administrar los servicios
prestados por Telecom, y adicionalmente atender la telefonía local de la localidad de CHINAUTA
(Reclamos de los usuarios teniendo en cuenta el derecho de petición, atención de daños, entrega y
recepción de solicitudes telefónicas, reparto de facturación, recaudos, reporte de novedades,
vigilancia. III.- ELEMENTOS ENTREGADOS // El contratista deberá hacerse cargo de los elementos
de carácter devolutivos que son entregados por TELECOM, según consta (sic) ACTA DE ENTREGA
entre (jefe oficina y el contratista), y el distintivo oficial de la Empresa. // IV. UNIFORMES // El
contratista se obliga a dotar al personal a su cargo los uniformes conservando los colores distintivos
del logotipo de TELECOM así: (BLANCO, FUCSIA Y AZUL) (…) // V. NUMEROS DE LOS
ABONADOS // El contratista deberá responsabilizarse por la facturación de los números de los
abonados de las cabinas del S.A.I. 8679111/8679222/8679333/8679444. // VI. ATENCIÓN AL
PÚBLICO // El contratista se obliga a atender con eficiencia y respeto al usuario y dar instrucciones
a su colaboradores, además debe tener en cuenta el derecho de petición, para cualquier reclamo
presentado por cada uno de los usuarios”. (f. 72, c. 2 de pruebas).
23
Mediante otrosí al Contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 celebrado el 3 de abril de 1995, se
modificó la Cláusula Primera, sobre el objeto del contrato, y se dispuso que el “Objeto del contrato
es regular los derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, para la prestación del servicio de
atención indirecta S.A.I. en CHINAUTA CUNDINAMARCA, donde se atenderán además de los
servicios de TELEFONÍA Y/O TELEGRAFÍA, LA ADMINISTRACIÓN general de la TELEFONÍA
LOCAL de la mencionada Localidad” (f. 82, c. 2 de pruebas).

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domicilio las citaciones a que hubiere lugar para atender llamadas entrantes, a
personas conocidas por el agente por las cuales podrá cobrar lo establecido en
las Resoluciones anteriormente enunciadas. c) EL CONTRATISTA debe pagar
a TELECOM mensualmente por concepto del uso del inmueble de su propiedad
la suma equivalente al: 2,5% del valor de los productos vendidos en dicho mes,
cuando estos sean de ($0,oo) a ($200.000,oo). El 2,6% del valor de los
productos vendidos en dicho mes, cuando estos sean de ($200.001,oo) a
($600.000,oo) (…), los cuales se podrán deducir de la cuenta o factura de
servicios. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA pagará a sus
expensas la totalidad de los gastos que demande el aseo y la vigilancia del
inmueble entregado en custodia. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los servicios
públicos domiciliarios de agua, energía y basuras del sitio donde funcione el
S.A.I. serán pagados por las partes proporcionalmente al área que ocupen, es
decir que EL CONTRATISTA solo pagará proporcionalmente por el área que
ocupe para su oficina y por el C.A.P. PARÁGRAFO TERCERO: La
conservación y el mantenimiento y los impuestos del inmueble dado en custodia
al CONTRATISTA, serán pagados por TELECOM. d) Aceptará los reglamentos
y tarifas que EL GOBIERNO y TELECOM aprueben para los servicios. e)
Responderá por la conservación y correcto uso de los equipos que TELECOM
le entregue para la prestación de los servicios y dará aviso oportuno sobre
cualquier falla, deterioro o pérdida de los mismos. Si hubiere daño por el mal
manejo, los costos de reparación o sustitución a que hubiere lugar estarán a su
cargo. f) EL CONTRATISTA podrá designar el personal para que atienda los
servicios mencionados y para con quienes se obliga a pagarles por su cuenta
los sueldos y prestaciones, de acuerdo con lo establecido en el Código
Sustantivo del Trabajo. TELECOM no adquiere ninguna obligación con el
personal que contrate EL CONTRATISTA. g) EL CONTRATISTA se ceñirá a
los honorarios señalados, seguirá en un todo las instrucciones del servicio
impartidas por TELECOM y mantendrá visible al público el distintivo de
TELECOM y las tarifas vigentes. h) en caso de recibir teléfonos monederos y/o
de tarjeta magnética, es deber del CONTRATISTA custodiar la llave, mantener
monedas para cambio y vender las monedas y las tarjetas al precio que
TELECOM le fije. i) Deberá velar por la protección de los equipos puestos a su
cuidado, su buen funcionamiento y dar aviso oportuno en caso de falla. j) Dentro
de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes debe rendir un informe
escrito al Interventor adjuntando la cuenta y las deducciones de su retribución
y consignará los dineros recaudados en las áreas de Tesorería de TELECOM
en la oficina que TELECOM le indique. PARÁGRAFO: Si el interventor lo
autoriza podrá pagar las facturas que TELECOM le envíe sin presentar cuentas.

El CONTRATISTA podrá entregar los dineros en la oficina de TELECOM más
cercana, pero estará obligado a entregar y rendir el informe y las cuentas en la
oficina indicada en este literal, anexando los recibos de ingreso a caja en
formatos de TELECOM y las consignaciones bancarias. k) Presentar
oportunamente los informes estadísticos que sean solicitados por TELECOM.
l) Cambiar el personal designado para la atención del servicio cuando
TELECOM lo solicite habida cuenta que por motivos injustificados se prestare
un servicio deficiente, se incumplieren las normas de los servicios o se
cometiese alguna falta relacionada directa o indirectamente con la prestación
de estos. m) Velar por la reserva y privacidad de las comunicaciones. n) Atender
el servicio en horarios especiales cuando se presenten situaciones de orden
público, comicios electorales, desastres y eventos especiales. ñ) Suministrar al
usuario del servicio la factura de pago por la actividad prestada, tal como lo
establece la Ley. o) Mantener vigentes las pólizas de garantía de manejo y de
equipos. p) EL CONTRATISTA tiene la obligación de llevar el Libro Fiscal de
Registro de Facturación como lo establece la Vicepresidencia Financiera de
TELECOM, en el Oficio 0-200000-00-2838 del 2 de Diciembre de 1993 y en la
Circular 02010201-00268 del 30 de Marzo de 1994. q) EL CONTRATISTA se
obliga a afiliar al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales o a cualquier
Fondo Pensional y de Salud, como trabajador al personal que ocupe para la
ejecución del Contrato, cuya certificación debe ser enviada a la Asistencia
Jurídica de la Gerencia Regional a más tardar dentro del mes y quince días
calendario, siguientes a la suscripción. r) EL CONTRATISTA se obliga a
inscribirse en la Cámara de Comercio respectiva y mantener activa la
inscripción, debe enviar copia de la certificación que en este sentido se le expida

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a la Asistencia Jurídica de la Gerencia Regional Bogotá. rr) EL CONTRATISTA
se obliga a recibir por medio de acta la oficina y elementos de trabajo antes de
iniciar la ejecución del contrato. s) EL CONTRATISTA se obliga a mantener una
buena producción que satisfaga las expectativas económicas de TELECOM y
en caso de no darse es causal para dar por terminado el contrato
unilateralmente por parte de TELECOM. t) EL CONTRATISTA se obliga a
cumplir en lo pertinente con los manuales de NORMAS DE OPERACIÓN
TELEGRÁFICA Y FACSIMIL aprobado mediante resolución 000100000-8220
de diciembre 23 de 1993 o el vigente y de OPERACIÓN TELEFÓNICA. u) EL
CONTRATISTA se obliga a hacer que el personal que prestará el servicio al
público observe una adecuada presentación personal con el modelo de
uniforme que TELECOM le indique, que acaten las instrucciones sobre el
manejo de equipos técnicos, la observación de buenas costumbres durante el
servicio y las limitaciones de acceso a las áreas restringidas, además de la
forma educada, adecuada y eficaz atención que debe dar al público. v) EL
contratista se obliga a consignar en la cuenta bancaria que TELECOM le
indique los productos, dentro de las primeras horas del día hábil siguiente al
recaudo.

(…)

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE TELECOM: a) Reconocerá a EL
CONTRATISTA como contraprestación de los servicios a que se obligó las
retribuciones especiales establecidas por la Empresa en las normas vigentes.
b) Telecom se compromete a facturar el servicio causado y enviarlo a la oficina
que se encargue del recaudo del dinero de los productos. c) Dará la instrucción
oportuna sobre la modificación de las tarifas proporcionando oportunamente las
vigentes. d) Suministrará con carácter devolutivo para la prestación exclusiva
del servicio los elementos relacionados en el “Anexo 1”, directorios telefónicos,
indicativos de D.D.N. y D.D.I. el distintivo oficial de la Empresa, papelería
requerida para la atención del servicio telegráfico y para rendición de informes.

Sobre la remuneración del contratista, en la cláusula sexta se dispuso:

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO: RETRIBUCIÓN: Por el
recaudo de los productos del kiosco, del tráfico a través de los abonados
asignados TELECOM reconocerá al CONTRATISTA como contraprestación
una retribución económica, de conformidad con el anexo financiero número 2.
PARÁGRAFO: Los valores correspondientes a la retribución podrán variar de
acuerdo a las que para tal fin establezca la Empresa.

Es claro entonces, que en parte alguna del negocio jurídico celebrado por las partes,
se hizo mención a que su naturaleza fuera de agencia comercial, toda vez que fue
denominado como de prestación de servicios de atención indirecta, por
corresponder a una modalidad implementada por TELECOM para la administración
de los servicios de telecomunicaciones -telefonía y telegrafía y Administración de la
Telefonía Local- prestados por esta entidad en algunas localidades del país, en este
caso, en el municipio de Chinauta-Cundinamarca a través de una firma particular,
en un inmueble y con equipos de propiedad de TELECOM, así como elementos
suministrados por este, y con el personal que de manera independiente vinculara el
contratista, debidamente uniformado y con los distintivos de TELECOM, a las tarifas
determinadas por la entidad y a cambio de una remuneración -honorarios- fijada
también por la contratante, de acuerdo con las reglamentaciones expedidas para la
regulación de la prestación de estos servicios.

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Al respecto, se observa que por Resolución No. 001000-14203 del 30 de diciembre
de 198624, expedida por el presidente de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones TELECOM (f. 241, c. 2 de pruebas), se reglamentó la creación y
supresión de Agencias Indirectas. En las consideraciones, se consignó que para la
extensión de los servicios de telecomunicaciones la Empresa requería mantener la
modalidad de Agencias Indirectas y que, para el mejor funcionamiento de las
mismas, era conveniente la participación más activa de las comunidades servidas,
por conducto de entidades locales. Así, dispuso en su artículos 1 y 3:

“ARTÍCULO 1º. Para efectos de esta reglamentación, entiéndese por Agencia
Indirecta el punto de servicio que se establece en una localidad cuyas
condiciones socioeconómicas, de tráfico y operacionales no justifican la
creación de una oficina sujeta a la estructura de la Empresa”.
(…)
ARTÍCULO 3º. Sólo podrán celebrarse contratos de Agencias Indirectas con
personas jurídicas, asociaciones, comunidades u otros entes que representen
legalmente los intereses de beneficio común de las respectivas localidades.
PARÁGRAFO 1º. En una localidad donde no existiere este tipo de entidades,
se hará el contrato con una persona jurídica que funcione en la localidad más
cercana y cuya finalidad sea el bien común de la región a la cual pertenezca
dicha localidad (…).

Mediante Resolución No. 001000-4400 del 5 de mayo de 1987 del presidente de
TELECOM, se actualizó la reglamentación del sistema de agencias indirectas para
la prestación de los servicios de telecomunicaciones en lugares donde la empresa
no contaba con oficinas o sucursales directas (f. 220, c. 2 de pruebas). En el artículo
1º de dicha resolución, se definió la agencia indirecta como “(…) el punto de servicio
que se establece en una localidad cuyas condiciones socioeconómicas, de tráfico y
operacionales no ameritan la creación de una Oficina sujeta a la estructura de la
Empresa”.

En 1992, la junta directiva de TELECOM expidió la Resolución No. JD-0023, “por la
cual se cambian los procedimientos para la adopción de la modalidad de prestación
de servicios de Agencias Indirectas en un nuevo sistema denominado S.A.I.
‘Sistema de Atención Indirecta” y en su artículo 1º, dispuso (f. 225, c. 2 de pruebas):

ARTÍCULO 1º. Adoptar la modalidad de “SISTEMA DE ATENCIÓN
INDIRECTA” S.A.I., para la prestación del servicio al público, por parte de
TELECOM a través de un Suscriptor S.A.I., de los siguientes servicios:

1. Telefonía Urbana con conexión a Larga Distancia.

24
Se observa que en Acta No. 1667 del 6 de abril de 1995,de la Junta Directiva de TELECOM, consta
que el vicepresidente de Telefonía Local y Rural hizo una exposición a la junta sobre el sistema de
atención indirecta SAI que Telecom tenía en ese momento para atender el servicio de telefonía y
telegrafía en algunas localidades del país, y explicó que “(…) el sistema de atención indirecta se creó
en Telecom desde el año 1953, bajo la modalidad de agencia indirecta, en la cual el agente es un
particular que atiende el servicio y recibe una participación sobre los productos que obtenga
mensualmente” (f. 196, c. 2 de pruebas).

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2. Telefonía Larga Distancia utilizando teléfonos públicos.
3. Demás servicios de telecomunicaciones.

En el artículo 2º de esta resolución se definió al Suscriptor S.A.I. como “(…) la
persona natural o jurídica que en calidad de agente de TELECOM colabora con esta
en la atención de los servicios descritos en el artículo anterior”, y dispuso que tal
suscriptor no asumía ni directa ni indirectamente la titularidad en la prestación de
los servicios de telecomunicaciones, que se hallaba a cargo de TELECOM,
debiéndose sujetar a las normas establecidas por la entidad para la atención al
público de los distintos servicios.

Se indicó en el artículo 3 de la referida Resolución que “Los puntos de servicio
atendidos por el “Sistema de Atención Indirecta”, deberán identificarse y equiparse
de acuerdo con las especificaciones que para el efecto la empresa entregue al
suscriptor S.A.I. y que serán de estricto cumplimiento por parte de éste. Además
deben contar con el distintivo oficial de TELECOM y con las comodidades
necesarias para la atención eficiente del cliente”.

Estableció además, que “Las relaciones recíprocas entre el suscriptor S.A.I., y la
Empresa, se regirán en sus aspectos generales por el Reglamento General de
Suscriptores expedido por el Ministerio de Comunicaciones y de manera especial
por las normas que para tal fin tenga vigentes la Empresa” -art. 4-, que TELECOM
facturaría en los periodos establecidos el valor de las llamadas causadas por el
sistema adoptado y descontaría la retribución especial a que tenía derecho el
suscriptor S.A.I. -art. 5º-, la cual sería fijada como contraprestación por la empresa
de acuerdo con la tabla contenida en dicha resolución -art. 6-.

Y en el artículo 7, dispuso que los gastos de funcionamiento de los puntos de
servicio S.A.I. serían cancelados por el suscriptor, con excepción del mantenimiento
de los equipos de propiedad de TELECOM que se cancelarían por la empresa.

El anterior acto administrativo fue adicionado por el Acuerdo de la Junta Directiva
de TELECOM JD-0070 del 19 de agosto de 199325, en el cual se dispuso que la
Empresa, en caso de ser necesario para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones a través del sistema S.A.I, podría asignar inmuebles o las áreas
de los inmuebles que se requirieran para ello, como obligación a su cargo
consignada en el contrato que celebrara, y que, en tal caso, se reduciría el monto

25
Acuerdo que fue expresamente nombrado en la Cláusula Primera del contrato en el sub-lite, como
una de las normas a las cuales se sujetaría su ejecución.

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Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

de la retribución especial que TELECOM le reconocería a su contratista (f. 341, c. 2
de pruebas).

Mediante la Resolución No. 00010000-800 del 5 de febrero de 199326 (f. 247, c. 2 de
pruebas), expedida por el presidente de TELECOM, se reglamentó la puesta en
marcha, funcionamiento y atención de los servicios en el Sistema de Atención
Indirecta S.A.I., y en su artículo 1º se señaló que dicho sistema se encontraba
“constituido por puntos de venta de los servicios de telecomunicaciones prestados
por TELECOM, los cuales son atendidos, de conformidad con las estipulaciones del
presente reglamento, por personas naturales o jurídicas en calidad de empresarios
independientes que para efectos de ésta Resolución se denominan agentes”.

En el literal a. del artículo 3º de la referida Resolución, se define el “Agente” como
la “[p]ersona natural o jurídica que en calidad de empresario, por su cuenta y riesgo,
de manera independiente y sin subordinación, colabora con TELECOM en la
atención a los usuarios de cualquiera de los servicios prestados por la Empresa”.

En el literal b. del mismo artículo se define el Centro de Telecomunicaciones- C.T.
como el “punto de servicio de telecomunicaciones atendido por un Agente, con una
o más líneas de atención al público, desde el cual TELECOM presta servicios de
telecomunicaciones”.

La Resolución dispuso en su artículo 4 que “El Agente S.A.I. no tiene a ningún título
derechos sobre la red de telecomunicaciones ni asume directa o indirectamente la
titularidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la cual está a
cargo de TELECOM”.

En el artículo 6º, se estableció lo concerniente a la remuneración del Agente, en los
siguientes términos: “La Empresa, como remuneración al Agente por colaborar con
TELECOM en la atención de los servicios, pagará a este en calidad de honorarios
por todo concepto, incluidos los gastos de funcionamiento en que incurra y las
prestaciones e indemnizaciones que por cualquier concepto se generen, una suma
que se liquidará sobre el producto deducido el IVA” y, a continuación, consignó los
porcentajes de remuneración de acuerdo a cada clase de servicio de
telecomunicación prestado.

26
Acto administrativo por el cual se regiría el contrato objeto de la presente controversia, de acuerdo
con lo dispuesto en su Cláusula Primera.

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Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

A través de los numerales 4º y 5º del artículo 7º se señaló que el agente únicamente
podía realizar su labor con las líneas telefónicas de propiedad de TELECOM o con
las que le fueran asignadas a ésta, y que no podía ser propietario de los medios de
telecomunicación necesarios para la prestación de los servicios de
telecomunicaciones por parte de TELECOM y atendidos por éste, con excepción de
los equipos terminales que, como regla general, debían ser de su propiedad, salvo
los expresamente señalados en esta reglamentación.

En el artículo 8 se consignaron las tarifas de los servicios de TELECOM que debía
cobrar el Agente y en el artículo 9, relativo a su responsabilidad, dispuso, entre otras
cosas, que “[l]as responsabilidades del Agente S.A.I. se regirán en sus aspectos
generales por las normas que para cada clase de servicio establezca la Empresa y
de manera particular por las contenidas en la presente Resolución o en las que la
sustituyan, además de las previstas en los respectivos Contratos, que deben ser
concordantes con esta Resolución”. En los numerales 3º y 4º de este artículo, se
estableció que el Agente atendería a los usuarios con calidad y eficiencia, dando
acceso a los servicios de telecomunicaciones a cualquier persona que los solicitara
y que debía mantener visible al público, entre otros, el logotipo distintivo de
TELECOM. En el numeral 14, se estableció que “TELECOM suscribirá con el
Agente el Contrato por un término de tres (3) años, renovables previa verificación
del cumplimiento de las obligaciones por parte del Agente”.

Ahora bien, observa la Sala que, en relación con estos contratos del Sistema de
Atención Indirecta S.A.I. de TELECOM, la jurisprudencia de la Sección Tercera de
esta Corporación se ha pronunciado en varias oportunidades, aunque ha variado en
su calificación. Así, en sentencia del 26 de noviembre de 2015 de la Subsección C,
se estimó que tales contratos no eran de agencia comercial27:

10) La agencia como establecimiento de comercio 28

Según lo dispone el artículo 25 del Código de Comercio, la empresa se
encuentra definida como “toda actividad económica organizada para la
producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o
para la prestación de servicios”, actividad que el empresario podrá realizar a
través de uno o varios establecimientos de comercio.
El establecimiento de comercio, tal como se desprende del artículo 515 de esa
misma codificación, es un conjunto de bienes, materiales o inmateriales,
organizados por el empresario para el desarrollo y realización de los fines
propios de su empresa.
Por su parte, el artículo 516 señala que, salvo estipulación en contrario, hacen

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 26 de noviembre de 2015, expediente 52423, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
28
[64] “Reiteración ver sentencias Consejo de Estado del 31 de agosto de 2015 Exps. 43.041 y
44.475”.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
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parte del establecimiento de comercio:
“1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales
o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento;
3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los
demás valores similares;
4) El mobiliario y las instalaciones;
5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al
arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del
empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;
6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama
comercial, y
7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias
del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados
exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento.”
Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 263 y 264 del Código
de Comercio, algunos establecimientos de comercio pueden ser catalogados
como sucursales o como agencias, dependiendo de si su administrador tiene, o
no, la facultad de representar al empresario.
Así, si el administrador tiene la facultad de representar al empresario, el
establecimiento de comercio será entonces una sucursal, y si no la tiene, será
una agencia.
11) Diferencias entre el contrato de agencia comercial y la agencia como
establecimiento de comercio 29

En primer lugar, se torna necesario precisar en éste punto que no es lo mismo
una agencia, entendida ésta como un establecimiento de comercio, que el
contrato de agencia comercial.

Si se recuerda que el artículo 264 del Código de Comercio señala que los
establecimientos de comercio cuyo administrador no tiene la facultad de
representación, son agencias, emerge de inmediato la primera y principal
diferencia: El contrato de agencia comercial es un negocio jurídico mientras que
la agencia es un establecimiento de comercio, es decir un conjunto de bienes.

Pero además:

-En el contrato de agencia comercial el agente, quien siempre estará obrando
por cuenta del empresario ya que este contrato es una forma de mandato,
puede, en el ejercicio del encargo, actuar en su propio nombre o en nombre del
empresario, dependiendo de si se le ha facultado para esto último; en cambio
en la agencia, el agente no puede obrar a nombre del empresario puesto que
es precisamente agencia por carecer de la facultad de representación.

-En el contrato de agencia comercial el agente es un comerciante independiente
que asume el encargo que le hace el empresario, lo que descarta que se
identifique con un contrato de trabajo porque este implica subordinación y
dependencia; mientras que en la agencia, el agente administra el
establecimiento de comercio o en razón de un contrato de trabajo o en razón de
otro negocio jurídico que le ha impuesto precisamente esa obligación de
administrar.

Así que, en consecuencia, en el contrato de agencia comercial el agente
siempre es independiente, al paso que en la agencia el agente puede serlo o
no.

29
[65] “Reiteración ver sentencias Consejo de Estado del 31 de agosto de 2015 Exps. 43.041 y
44.475”.

43

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Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

(…)

Sin embargo, al entrar a calificar el contrato celebrado por las partes resulta que
no se trató de un contrato de agencia comercial sino un negocio jurídico cuyo
objeto consistía en la administración de un establecimiento de comercio de una
persona jurídica, cuyo administrador carecía de la facultad de representarla.

Y es que según las motivaciones de creación de las Agencias Indirectas para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones prestados por Telecom,
contenidas fundamentalmente en las Resoluciones Nos. 0010000-0800 del 5
de febrero de 1993 y la No. 0010000-26000 del 31 de marzo de 1993, así como
también de las estipulaciones contractuales reflejadas en el contrato No. 98-
CUD-001790, lo que se logra evidenciar es que la convención celebrada entre
las partes está encaminada a administrar un punto de venta de los servicios de
Telecomunicaciones de Telecom, es decir, de un establecimiento de comercio.

En efecto, el contrato celebrado consistía fundamentalmente en atender a los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones de Telecom en el punto de
venta del Municipio de Nemocón – Cundinamarca, con la advertencia de que la
accionante, Ulloa y Otálora y Cia S.C.S. no podía actuar en representación de
Telecom o que se considerara la prestadora del servicio o de los bienes
entregados por Telecom para ello, hasta el punto que en el establecimiento de
comercio debían estar visibles los signos distintivos de TELECOM.

Así las cosas, y conforme a lo previsto en el artículo 264 del Código de Comercio
es evidente que el contrato referido versa sobre la administración de una
agencia de TELECOM.

Luego, es claro que, contrario a lo que afirma la parte demandante y ahora
recurrente, el contrato No. 98-CUD-001790 no es de agencia comercial y por
consiguiente la pretensión que pide que esto se declare no puede prosperar,
por las razones antes señaladas.

Posteriormente, la Subsección B de la Sección Tercera, al decidir otro caso similar
que giró en torno a esta clase de contratos SAI, estimó que los mismos sí
correspondían a una agencia comercial:

126. A efectos de abordar el estudio de las pretensiones subsidiarias de la
demanda, corresponde a la Sala, como primera medida, calificar el contrato No.
98-CUD-003220 de 8 de junio de 1998, pues una de las solicitudes de la parte
demandante es precisamente que se declare que este fue uno de agencia
comercial, que el artículo 1317 del Código de Comercio define como aquellos
por medio de los cuales: “un comerciante asume en forma independiente y de
manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un determinado
ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como
representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como
fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo”.

127. A partir de la definición del contrato de agencia comercial, se extrae que 3
de las principales características de este negocio jurídico de intermediación son:
1) la promoción o explotación negocios de un tercero en un determinado ramo
y dentro de una zona prefijada; 2) la independencia en la promoción o
explotación del negocio y; 3) la estabilidad en la promoción y explotación del
negocio.

128. Revisado el contrato celebrado entre Telecom y Luz Amparo Ramírez de
Santamaría, se observa que mediante el mismo la empresa encargó a la
demandante la explotación y promoción, en el municipio de Granada,
Cundinamarca, de los servicios de telecomunicaciones por ella ofrecidos.
Además, se incluyeron como obligaciones a cargo de la demandante, la

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Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
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distribución de facturas y la atención a los reclamos y quejas de clientes de
Telecom –y posteriormente de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.- en
el municipio, todo lo cual debía ejecutarse bajo los lineamientos establecidos
por la parte contratante. De igual manera, se dejó claro que entre las partes no
existiría ningún tipo que de subordinación y que Luz Amparo Ramírez de
Santamaría ejecutaría el contrato con su propio personal. Por último, el contrato
fue ejecutado entre junio de 1998 y junio de 2005, lo que demuestra estabilidad
en la ejecución.

129. A partir de lo anterior, la Sala concluye que, como lo afirmó la demandante,
el contrato No. 98-CUD-003220 de 8 de junio de 1998 era de agencia comercial,
y así lo declarará.

130. El hecho de haber calificado el contrato No. 98-CUD-003220 de 8 de junio
de 1998 como uno de agencia comercial, implica que al mismo le son aplicables
los artículos 1317 a 1331 del Código de Comercio. Entre las distintas
disposiciones contenidas en las mencionadas normas, el artículo 1324 prevé
dos prestaciones bastante particulares a favor del agente en caso de
terminación del contrato, a saber: la cesantía comercial y la indemnización
equitativa. La primera de estas prestaciones –definida en el inciso primero de la
norma- debe ser reconocida al agente comercial siempre que el contrato
termine y equivale: 1) a la “doceava” parte del promedio mensual de las
utilidades recibidas por el agente en los últimos 3 años, por cada año de
vigencia del contrato, cuando el contrato duró más de 3 años o; 2) al promedio
mensual de lo recibido durante la ejecución del contrato, si este duró menos de
3 años.

131. A diferencia de la cesantía comercial que se reconoce siempre que el
contrato de agencia comercial termina, la indemnización equitativa únicamente
se reconoce al agente cuando el contrato sea terminado unilateralmente por el
agenciado, sin justa causa. De existir justa causa para terminar unilateralmente
el contrato, según lo establecido en el artículo 1324 del Código de Comercio, el
agente no tendrá derecho alguno a recibir la indemnización equitativa. Esta
indemnización debe ser fijada a partir de la extensión, la importancia y el
volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato.

132. Dada la naturaleza de agencia comercial del contrato No. 98-CUD-003220,
al haberse terminado el mismo, la demandante Luz Amparo Ramírez de
Santamaría tendría derecho a que se le reconozca y pague la cesantía
comercial. En ese sentido, como el plazo del citado contrato fue de 5 años y 1
día –entre el 8 de junio de 1998 y el 9 de junio de 2005-, para obtener un
reconocimiento favorable de esta prestación, la demandante debía acreditar las
utilidades que recibió durante los últimos 3 años de ejecución del contrato, pues
es a partir de las referidas utilidades que deben calcularse el promedio mensual
recibido y posteriormente la “doceava” parte de esta última suma30.

Posición de la Sala:

En la presente ocasión, la Sala estima que la naturaleza jurídica del contrato
celebrado entre TELECOM y Nassquin Ltda. para la prestación del Servicio de
Atención Indirecta S.A.I. en el municipio de Chinauta-Cundinamarca, no
corresponde al de una agencia comercial, en tanto, tal y como lo explicó la
Subsección C en las providencias citadas, no reúne todos los elementos esenciales
del referido negocio jurídico.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 15 de julio de 2019, expediente 44835, C.P. Alberto Montaña Plata; en el mismo
sentido: sentencia del 2 de agosto de 2019, expediente 42648, C.P. Alberto Montaña Plata.

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En efecto, del texto mismo del Contrato SAI No. 200-BO-95000860 de 1995, se
desprende que TELECOM le encargó a la contratista la administración del
establecimiento de comercio de aquel en el municipio de Chinauta, mediante la
prestación de los servicios de telecomunicaciones que dicha entidad venía
brindando en la referida localidad, en un inmueble de su propiedad, que se puso a
disposición de la contratista, y con el suministro de los equipos y elementos
necesarios para la debida prestación del servicio, a cambio de una remuneración
fijada por la misma entidad.

Dicho establecimiento debía estar debidamente identificado con la enseña de
TELECOM, los empleados de la contratista debían estar uniformados en la forma
indicada por esta entidad, y su función era, fundamentalmente, prestar los servicios
de telefonía de larga distancia nacional e internacional, servicios de telegrafía, y la
administración de la telefonía local prestada por TELECOM en Chinauta.

En tal sentido, no se puede afirmar que la contratista fuera una comerciante
totalmente independiente y autónoma, que se encargaba de conquistar, conservar,
ampliar o recuperar la clientela para TELECOM, puesto que sus funciones se
limitaban a prestar el servicio de telecomunicaciones que le fuera demandado por
los usuarios, en un inmueble de propiedad de TELECOM, identificado como tal, y
con los equipos entregados por la entidad para tal fin, bajo su dirección y orientación
y con apego a la reglamentación estatal del servicio, que hacía parte del contrato
celebrado. No se hallaba entre sus funciones la expansión del negocio, la búsqueda
de nuevos clientes, o la culminación de nuevos negocios para TELECOM.

Por otra parte, tratándose de la clase de servicios públicos que debía atender,
tampoco resultaban aplicables disposiciones propias del contrato de agencia
comercial, como aquella según la cual el contratista puede ejercer el derecho de
retención sobre los bienes o valores de la contratante que se hallen en su poder o
a su disposición, privilegio que le reconoce el artículo 1326 del Código de Comercio
a los agentes comerciales.

Al respecto, considera la Sala que no se puede perder de vista el hecho de que,
desde su creación en 1947 hasta 1998, TELECOM ejerció un monopolio que, en
principio, fue creado mediante la Ley 198 de 193631, cuando se estableció la

31
El artículo 1º dispuso: “Los servicios de telecomunicaciones sólo pueden prestarse por el Estado
o por las personas naturales o jurídicas con las cuales se haya contratado o se contrate se
establecimiento, en nombre de aquél, o que se obtengan o hayan obtenido del Gobierno el respectivo
permiso. Por telecomunicaciones se entiende toda transmisión o recepción de signos, de señales,
de escritos, de imágenes y de sonidos de toda naturaleza, por hilos conductores, radio u otros
sistemas o procedimiento de señales eléctricas o visuales. Quedan así aclarados los artículos 137 y
138 del código Fiscal”. Y en su artículo 4º: “Se declaran vigentes los derechos que tienen los

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titularidad estatal sobre el espectro electromagnético, por lo que se requería que las
personas naturales y jurídicas obtuvieran una concesión del Estado para la
prestación de servicios de telecomunicaciones.

Por su parte, la Ley 6 de 1943, entre otras cosas, autorizó al Gobierno Nacional
para adquirir las empresas de telecomunicaciones existentes en el país, a fin de
nacionalizar estos servicios -art. 2º-, y para organizar una empresa que tuviera por
objeto la unificación en la prestación de los servicios telefónicos y radiotelegráficos,
empresa en la cual el Gobierno debería conservar el control de la dirección -art. 3º-
, siendo esta la norma que precedió a la creación de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones TELECOM, que se produjo en 1947, a través del Decreto 1684
de ese año, que, finalmente, concretó el monopolio de las telecomunicaciones en
cabeza del Estado, pues de un lado, TELECOM tenía la exclusividad de la
prestación del servicio de larga distancia nacional e internacional y también ofrecía
los servicios de telefonía rural y local en algunas ciudades, además de los servicios
de telegrafía y telex, y de otro lado, estaban las empresas municipales, que también
prestaban el servicio de telefonía local.

Sólo hasta 1990, mediante la expedición del Decreto 1900, se estableció que el
servicio de telecomunicaciones podía ser prestado por operadores privados,
quienes podrían ingresar al mercado mediante la prestación de “servicios de valor
agregado”, que eran, según el artículo 31 de este decreto: “aquellos que utilizan
como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación
de éstos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o
intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o
satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones”,
aclarando la norma que formaban parte de estos servicios, entre otros, el
acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de información almacenada,
la transferencia electrónica de fondos, el videotexto, el teletexto y el correo
electrónico, y que sólo se considerarían servicios de valor agregado aquellos
que se pudieran diferenciar de los servicios básicos.

Fue así como se inició el proceso de privatización de los servicios de
telecomunicaciones en el país, rompiéndose poco a poco el monopolio de
TELECOM, lo que se vio reforzado con la expedición de la Constitución Política
de 1991, en cuyo artículo 336 se dispuso que ningún monopolio podría

Departamentos para establecer servicios telefónicos por alambre, de acuerdo con las leyes 41 de
1921 y 56 de 1922. Los Municipios pueden con aprobación del Gobierno Nacional, establecer los
mismos servicios telefónicos dentro de su jurisdicción y otorgar concesiones o permisos para la
instalación de plantas telefónicas locales”.

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establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o
social y en virtud de la ley, y que el Gobierno enajenaría o liquidaría las empresas
monopolísticas del Estado y otorgaría a terceros el desarrollo de su actividad
cuando no cumplieran los requisitos de eficiencia, en los términos que
determinara la ley.

A su vez, el artículo 365 de la Carta dispuso que los servicios públicos estarán
sometidos al régimen jurídico que fije la ley y podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.

Como consecuencia de lo anterior y para dar cumplimiento al mandato
constitucional, se expidió la Ley 142 de 1994, que reguló el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, la cual estableció la posibilidad de que tales servicios fueran
prestados por empresas de servicios públicos (ESP) estatales, empresas privadas
o empresas mixtas. En el caso de las telecomunicaciones, la ley se refirió a la
telefonía pública básica conmutada y telefonía local móvil en el área rural.

Finalmente, mediante Decreto 2542 del 16 de octubre de 1997, el Gobierno
Nacional reglamentó el proceso de concesión de licencias para el establecimiento
de operadores del servicio de Telefonía Pública Básica conmutada de Larga
Distancia (TPBCLD)32 que, hasta ese momento, seguía siendo una actividad
monopólica a cargo de TELECOM. En relación con esta última entidad, el artículo
2º del decreto dispuso:

ARTICULO 2o. REGIMEN DE LA EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, TELECOM. La Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, Telecom, como operador establecido y legalmente
autorizado para prestar el servicio de TPBCLD podrá continuar prestando dicho
servicio en las mismas condiciones regulatorias de los nuevos operadores, con
excepción del pago de la tarifa inicial, duración de la licencia y las demás que
establezca el presente decreto.

32
El artículo 1º del decreto dispuso: “ARTICULO 1o. Derogado por el art. 11, Decreto Nacional 2926
de 2005. OBJETO DE LA CONCESION DE LICENCIAS. El Ministerio de Comunicaciones
concederá licencias para el establecimiento de operadores de servicios de TPBCLD, y el uso y
explotación del espectro electromagnético que sea requerido para la prestación del servicio, a
aquellos solicitantes que, según el dictamen del Ministerio de Comunicaciones, hayan cumplido con
todos los requisitos establecidos en este decreto para la concesión de licencia. Además del
establecimiento como operador y del permiso para el uso del espectro electromagnético, la licencia
tiene por objeto otorgar a su beneficiario el derecho a utilizar las redes de telecomunicaciones del
Estado para prestar los servicios de TPBCLD, en las condiciones previstas en la ley y en la
reglamentación. // PARAGRAFO. Los concesionarios de licencias de TPBCLD deberán solicitar al
Ministerio de Comunicaciones las frecuencias radioeléctricas que necesiten para la operación de los
servicios concedidos en los términos que aquél establezca”.

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Y el artículo 5º estableció:

ARTICULO 5o. Derogado por el art. 11, Decreto Nacional 2926 de
2005. NATURALEZA JURIDICA DEL SOLICITANTE. Podrán presentar
solicitud para establecerse como concesionarios de licencia para los servicios
de TPBCLD y la correspondiente concesión del espectro electromagnético, las
empresas de servicios públicos domiciliarios (ESP) constituidas de conformidad
con la legislación colombiana, particularmente con los artículos 17 inciso 1o de
la Ley 142 de 1994, 2o de la Ley 286 de 1996 y con el Código de Comercio.

De acuerdo con el anterior recuento normativo, resulta evidente que, para la época
de celebración del Contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860, que fue suscrito el 3 de
abril de 1995, TELECOM aún ejercía una actividad monopólica, lo que sin duda
desvirtúa las afirmaciones del demandante, en el sentido de que el celebrado fue
un contrato de agencia comercial, en virtud del cual la contratista ejerció actividades
de promoción o explotación de los negocios de TELECOM, con miras a conquistar,
conservar, ampliar o recuperar clientela para aquel, pues para esa época, toda la
clientela, fundamentalmente respecto del servicio de telefonía de larga distancia
nacional e internacional, era de la entidad estatal.

En las anteriores condiciones, considera la Sala que, tal y como lo reconoció la
Subsección C en pasada ocasión, el contrato S.A.I. dio lugar al surgimiento de una
agencia, es decir un establecimiento comercial administrado por la contratista, más
no constituyó en sí mismo un contrato de agencia comercial, con todas las
características establecidas por el Código de Comercio para esta clase de negocios
jurídicos. Esto, por cuanto de los tres elementos esenciales distinguidos para esa
clase de contratos33, sólo se configura, con exactitud, el ánimo de permanencia del
negocio jurídico.

En consecuencia, las pretensiones subsidiarias de la demanda, referidas a que se
declare que el contrato objeto de la controversia fue de agencia comercial y las
consecuenciales, tendientes a que se reconozca y condene a la entidad demandada
a pagar a la demandante las prestaciones propias de esta clase de contratos, no
están llamadas a prosperar y, por lo tanto, serán denegadas.

Segunda pretensión subsidiaria:

La parte actora pidió que se declare el incumplimiento contractual de la entidad
demandada respecto de i) su obligación de suministrar oportunamente los soportes

33
i) Tener por objeto la promoción o explotación de negocios del agenciado, con miras a conquistar,
conservar, ampliar o recuperar clientela para aquel; ii) la independencia del agente y iii) el ánimo de
estabilidad o permanencia.

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y documentos necesarios para presentar las cuentas de cobro que, por
participaciones mensuales, se debían radicar ante la demandada y ii) su obligación
de cancelar oportunamente las cuentas de cobro que, por participaciones
mensuales por la Administración de la Telefonía Local, se debían pagar a la
demandante, correspondientes a los períodos de facturación comprendidos entre el
mes de abril de 2003 y el día 13 de agosto de 2003, y del 14 de agosto de 2003 al
4 de abril de 2005.

En la demanda, la parte actora dio cuenta de las siguientes circunstancias (f. 11 a
14, c. 1):

En primer lugar, que contractualmente la entidad demandada tenía la obligación,
que fue incumplida a pesar de los múltiples requerimientos que se le hicieron, de
suministrar oportunamente a su contratista S.A.I. los soportes, comprobantes de
contabilidad, cargos, recaudos y bancos, documentos que se denominaban en la
ejecución del contrato como “listados”, para efectos de que con esa información se
procediera a elaborar y soportar las cuentas de cobro que por concepto de
participaciones de Administración de Telefonía Local se le adeudaba, y documentos
sin los cuales el Agente S.A.I no podía determinar los montos y valores de la
remuneración o participaciones que Colombia Telecomunicaciones le debía
reconocer de manera mensual, ya que dichos documentos reflejaban los valores,
conceptos y factores que los usuarios de los servicios telefónicos de la localidad de
Chinauta pagaban por el valor de sus facturas, para que el contratista pudiera
determinar con exactitud los porcentajes que de dichos conceptos le correspondían
como participación por la referida administración, documentos que sólo podía
aportar la empresa demandada. Por el contrario, lo que hizo la entidad, luego de
dos años de estar pidiéndole esa información, fue exigir unos requisitos a los
contratistas, sobre la entrega de documentos que debían reposar en sus mismas
oficinas, para poder darle trámite al pago de las cuentas de cobro pendientes de
cancelar.

En segundo lugar, que una vez presentadas en debida forma las respectivas
cuentas de cobro, las mismas no fueron oportunamente canceladas,
relacionándolas en los siguientes términos:

1- La cuenta de cobro representada en la Factura de Venta No. 084 del 4 de junio
de 2003, por valor de $ 5’698.545, por concepto de participaciones por
Administración de Telefonía Local correspondientes al periodo del mes de abril de
2003, fue debidamente presentada y radicada ante TELECOM EN LIQUIDACIÓN

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el 19 de agosto de 2003, con el cumplimiento de todos los requisitos señalados en
las disposiciones pertinentes y sólo hasta el 21 de diciembre de 2005 le fue hecha
la consignación a la demandante.

2- De acuerdo con lo exigido por Colombia Telecomunicaciones, las cuentas de
cobro representadas en las Facturas de Venta No. 087 y 088, ambas del 15 de abril
de 2004, por valor de $9’745.588 y $ 3’349.517 respectivamente, por concepto de
participaciones por Administración de Telefonía Local correspondientes a los
periodos del 1º al 30 de abril de 2003 y del 1º de mayo al 13 de junio de 2003, fueron
debidamente presentadas y radicadas ante dicha entidad el 19 de abril de 2004, y
sólo hasta el 21 de diciembre de 2005 le fueron consignadas a la demandante.

3- La cuenta de cobro representada en la Factura de Venta No. 0105 por concepto
de participaciones por Administración de Telefonía Local correspondientes al
periodo del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2003 fue presentada y radicada el 7
de julio de 2004 y se pagó el 10 de agosto de 2004.

4- La cuenta de cobro representada en la Factura de Venta No. 0106 por concepto
de participaciones por Administración de Telefonía Local correspondientes al
periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2004 fue presentada y radicada con todos
los requisitos señalados por la demandada Colombia Telecomunicaciones y sólo
fue reconocida y pagada el 15 de diciembre de 2004.

5- La cuenta de cobro representada en la Factura de Venta No. 0108 por concepto
de participaciones por Administración de Telefonía Local correspondientes al
periodo del 1º de julio al 31 de octubre de 2004 fue presentada y radicada con todos
los requisitos señalados por la demandada Colombia Telecomunicaciones y sólo
fue reconocida y pagada el 14 de diciembre de 2004.

6- La cuenta de cobro representada en la Factura de Venta No. 0109 por concepto
de participaciones por Administración de Telefonía Local correspondientes al
periodo del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2004 fue presentada y radicada
con todos los requisitos señalados por la demandada Colombia
Telecomunicaciones y sólo fue reconocida y pagada el 21 de febrero de 2005.

7- La cuenta de cobro representada en la Factura de Venta No. 0110 por concepto
de participaciones por Administración de Telefonía Local correspondientes al
periodo del 1º de enero al 4 de abril de 2005 fue presentada y radicada con todos

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
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los requisitos señalados por la demandada Colombia Telecomunicaciones y sólo
fue reconocida y pagada el 27 de junio de 2005.

En la contestación de la demandada, Colombia Telecomunicaciones alegó la
existencia de una fuerza mayor que le impidió suministrar oportunamente los
soportes necesarios para la presentación de las cuentas de cobro a las que alude
la demanda, y que condujo a la demora en el pago de las retribuciones mensuales
por la Administración de la Telefonía Local, razón por la cual se encontraba
exonerada de responsabilidad (f. 224 a 227, c. 1).

Esa fuerza mayor alegada por la demandada, la sustentó en las circunstancias que
dieron lugar a la supresión y liquidación de TELECOM, a partir de las interrupciones
reiteradas de las actividades laborales ocasionadas por los sindicatos de esa
empresa durante el primer semestre de 2003, lo que condujo a la designación de
un agente liquidador, que fue La Fiduciaria La Previsora S.A., y a la creación de
Colombia Telecomunicaciones S.A., a la cual se le asignó, entre otras, la
responsabilidad de gestionar el servicio que prestaban TELECOM y sus
teleasociadas.

Por la situación que se estaba presentando, el Ministerio de Comunicaciones
expidió la Resolución 879 de junio de 2003, por medio de la cual se decretó la
gravedad inminente en el sector de las telecomunicaciones, acto que permitió a las
empresas en liquidación o al nuevo gestor del servicio, tomar las medidas que se
consideraran pertinentes para garantizar el buen estado y seguridad de los
elementos que hacían parte de la red de telecomunicaciones del Estado, con el fin
de asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Así mismo, podrían tomar
las medidas necesarias para garantizar los derechos de los usuarios durante la
situación de gravedad inminente en materia de telecomunicaciones y que, superada
plenamente dicha situación, se debían restablecer los procesos y actividades que
se hubieran suspendido durante la misma. Dicha medida fue levantada mediante
Resolución 001503 del 11 de julio de 2005, del mismo ministerio.

Una de las consecuencias de las circunstancias que se presentaron y las decisiones
que se tomaron por el gobierno, fue que Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
pasó a ser la cesionaria de TELECOM en los contratos de condiciones uniformes y
demás contratos de servicios de telecomunicaciones de dicha entidad y sus
teleasociadas, y asumió los derechos y obligaciones contraídos por las mismas.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
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Por lo antes expuesto, Colombia Telecomunicaciones mantuvo la medida de cierre
de las instalaciones y la suspensión de la atención al público en las oficinas de
peticiones, quejas y reclamos PQR, reanudando los términos el 8 de agosto de
2003, por lo que la demandada sostuvo que “Así las cosas, se desvirtúa por
completo la afirmación hecha por el actor acerca de que no existían razones que
justificaran la extemporaneidad presentada en los pagos que le fueron efectuados
por mi representada por concepto de participaciones derivadas del contrato S.A.I.
No. 200-BO-95000860, por los periodos que menciona (…)”.

La fuerza mayor

Según lo dispuesto por el artículo 1602 del C.C., todo contrato legalmente celebrado
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales. Esta norma consagra la fuerza
obligatoria que se desprende del negocio jurídico para quienes lo celebran, pues
por este hecho son impelidos a ejecutar las prestaciones a las que se
comprometieron, en la forma plasmada en el acuerdo de voluntades, de buena fe y
con observancia de todas las cosas que se desprenden de la naturaleza de la
obligación o que por ley le pertenece -art. 1603, C.C.-.

Como consecuencia de la obligatoriedad que el contrato genera para las partes,
surge la responsabilidad del contratista que no honra sus compromisos y, con ello,
causa perjuicios a su co-contratante que, por lo tanto, deberá indemnizar, tal y como
lo dispone el artículo 1604 del estatuto civil, norma que, sin embargo, consagra así
mismo un eximente de responsabilidad en su inciso segundo, conforme al cual “[e]l
deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en
mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida,
si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por
su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo;
la prueba del caso fortuito al que lo alega”.

Por su parte, el artículo 1616 del mismo Código, dispone que “[s]i no se puede
imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o
pudieron preverse al tiempo del contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos
los perjuicios que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido
la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza
mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de perjuicios”.

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Es decir que, si bien en principio los contratos deben ejecutarse en los términos
pactados so pena de responder por los perjuicios derivados de su incumplimiento,
la ley contempla situaciones en las que, en vista de la imposibilidad de cumplir, se
puede exonerar de responsabilidad al contratista, puesto que a lo imposible nadie
está obligado.

Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del C.C., se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un
funcionario público, etc.

Es claro entonces, que las dos características esenciales de este eximente de
responsabilidad del contratista, que no cumplió la obligación a su cargo, son la
imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho, el cual debe ser, además, externo y
ajeno a quien lo alega. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

La imprevisibilidad del acontecimiento, concierne a la
imposibilidad de prever, contemplar o anticipar ex ante las circunstancias
singulares, concretas o específicas de su ocurrencia o verificación de acuerdo
con las reglas de experiencia, el cotidiano, normal o corriente diario vivir, su
frecuencia, probabilidad e insularidad in casu dentro del marco fáctico de
circunstancias del suceso, analizando in concreto y en cada situación los
referentes de su “normalidad y frecuencia”, “probabilidad de realización” y
talante “...intempestivo, excepcional o sorpresivo” (cas.civ. sentencias de 5 de
julio de 1935, 13 de noviembre de 1962, 31 de mayo 1965, CXI-CXII, 126; 26
de enero de 1982, 2 de diciembre de 1987, 20 de noviembre de 1989, 7 de
octubre de 1993, 23 de junio de 2000, [SC-078-2000], exp. 5475 y 29 de abril
de 2005, [SC-071-2005], exp. 0829-92 ).

La irresistibilidad, atañe a la imposibilidad objetiva absoluta de
evitar el suceso y sus consecuencias (cas. civ. sentencia de 26 de noviembre
de 1999, exp. 5220), “de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos”
(cas.civ. sentencia de 31 de mayo de 1965, CXI y CXII, 126) por “inevitable,
fatal, imposible de superar en sus consecuencias” (cas.civ. sentencia de 26 de
enero de 1982, CLXV, 21), contenerlas, conjurarlas, controlarlas o superarlas
en virtud de su magnitud, “que situada cualquier persona en las circunstancias
que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos
perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente,
por las condiciones especiales –o personales- del individuo llamado a
afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto
de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son
consustanciales o inherentes unas específicas secuelas” (cas.civ. sentencia de
26 de julio de 2005,[SC-190-2005], exp. 050013103011-1998 6569-02) o lo que
es igual, entiéndase como “aquel estado predicable del sujeto respectivo que
entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias
derivados de la materialización de hechos exógenos -y por ello a él ajenos, así
como extraños en el plano jurídico- que le impiden efectuar determinada
actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrará
configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda -o pudo-
evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la evitación)”. (cas.civ. sentencia de 23
de junio de 2000, [SC-078-2000], exp. 5475).

Más recientemente, la Sala, después de historiar la
jurisprudencia, ha concluido “que, para que un hecho pueda considerarse como

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fuerza mayor o caso fortuito, a más de ser imprevisible e irresistible, “debe
obedecer a una causa extraordinaria, ajena al agente, a su persona o a su
industria” (Cas. Civ., sentencia de 3 de marzo de 2004, expediente No. C-7623;
se subraya). Como lo dejó definido la Corte en las sentencias al inicio de estas
consideraciones memoradas, la referida causa de exoneración de la
responsabilidad “no puede concurrir con la culpa del demandado que haya
tenido un rol preponderante en la causación del daño (cfme: sent. 009 de 27 de
febrero de 1998)” y debe consistir en “…, un acontecimiento extraordinario que
se desata desde el exterior sobre la industria, acontecimiento imprevisible y que
no hubiera sido posible evitar aún aplicando la mayor diligencia sin poner en
peligro toda la industria y la marcha económica de la empresa y que el industrial
no tenía porqué tener en cuenta ni tomar en consideración…” (se subraya). De
suyo que, como también allí mismo se destacó, “un hecho sólo puede ser
calificado como fuerza mayor o caso fortuito, es lo ordinario, si tiene su origen
en una actividad exógena a la que despliega el agente a quien se imputa un
daño, por lo que no puede considerarse como tal, en forma apodíctica, el
acontecimiento que tiene su manantial en la conducta que aquel ejecuta o de la
que es responsable” (Cas. Civ. Sentencia del 29 de abril de 2005, Expediente
No. 0829-92; se subraya). Y es que, ciertamente, en la comprensión técnica
del concepto de caso fortuito o fuerza mayor, no puede desconocerse el
requisito anteriormente mencionado –exterioridad o ajenidad-, aun cuando en
ocasiones no se lo mencione expresamente, tal vez por considerarlo obvio,
pues dicho elemento estructural de la figura se desprende de la misma
consideración del concepto de factor extraño, que por definición implica que una
causa enteramente ajena a la originada por el presunto responsable interrumpe
el proceso ya iniciado, e “impide que desarrolle su propia eficacia causal,
sustituyéndola por la suya propia”. Referencias especificas a este requisito del
caso fortuito o fuerza mayor por parte de la jurisprudencia de la Corte pueden
encontrarse, entre otras, en sentencias como las dictadas el 7 de junio de 1951
(LXIX, 684); el 27 de marzo de 1980 (no publicada oficialmente); el 26 de
noviembre de 1999; el 23 de junio de 2000, expediente No. 5475; el 16 de junio
de 2003; el 3 de marzo de 2004, expediente C-7623; y el 29 de abril de 2005,
expediente 0829-92” (cas.civ. sentencia de 27 de febrero de 2009, exp. 73319-
3103-002-2001-00013-01).

Justamente por la naturaleza extraordinaria del hecho
imprevisible e irresistible, su calificación por el juzgador como hipótesis de vis
maior, presupone una actividad exógena, extraña o ajena a la de la persona a
quien se imputa el daño o a su conducta, o sea, “no puede concurrir con la culpa
del demandado que haya tenido un rol preponderante en la causación del daño
(cfme: sent. 009 de 27 de febrero de 1998)” (cas.civ. sentencia de 29 de abril
de 2005, [SC-071-2005], exp. 0829-92), pues su estructura nocional refiere a
las cosas que sin dolo ni culpa inciden en el suceso (quæ sine dolo et culpa eius
accidunt ) y a las que aún previstas no pueden resistirse (quæ fortuitis casibus
accidunt, quum prævideri non potuerant), lo cual exige la ausencia de culpa
(quæ sine culpa accidunt) y, también, como precisó la Corte, es menester la
exterioridad o ajenidad del acontecimiento, en cuanto extraño o por fuera de
control del círculo del riesgo inherente a la esfera, actividad o conducta concreta
del sujeto, apreciándose en cada caso particular por el juzgador de manera
relacional, y no apriorística ni mecánica, según el específico marco de
circunstancias y las probanzas (cas. civ. sentencia de 27 de febrero de 2009
exp. 73319-3103-002-2001-00013-01).

Por consiguiente, la falta de diligencia o cuidado, la negligencia, desidia,
imprudencia e inobservancia de los patrones o estándares objetivos de
comportamiento exigibles según la situación, posición, profesión, actividad u
oficio del sujeto, comporta un escollo insalvable para estructurar la fuerza mayor
cuando, por supuesto, su incidencia causal sea determinante del evento
dañoso, porque en esta hipótesis, el hecho obedece a la conducta de parte y
no a un acontecer con las características estructurales de la vis mayor34.

34
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de junio de 2009, rad.: 11001-
3103-020-1999-01098-01, M.P. William Namén Vargas.

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En el mismo sentido, esta Subsección ha sostenido:

Los elementos constitutivos de la fuerza mayor

1. El artículo 64 del Código Civil señala que la fuerza mayor es el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, etc. Desde este punto de vista, los elementos de la
fuerza mayor son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Con todo, como indica
la jurisprudencia, el evento también debe ser externo al deudor35.

2. La exterioridad apunta, en términos generales, a que el hecho
impeditivo debe ser extraño al deudor, estar fuera de su control y no haber sido
generado por un hecho propio o de las personas por las cuales debe
responder36. Así, por ejemplo, el autor del daño no puede exonerarse de
responsabilidad por los hechos de sus dependientes, como disponen los
artículos 2347 y 2349 del Código Civil. De igual manera, si el contrato versa
sobre una cosa, los vicios de ésta no se consideran externos al deudor37.

En el presente caso, como se vio, la entidad demandada no negó que hubiera
incumplido con las obligaciones a las que aludió el demandante, de entregar
oportunamente los documentos necesarios para que aquel pudiera presentar sus
cuentas de cobro y luego, de pagar, también a tiempo, las cuentas presentadas. La
defensa consistió en alegar la existencia de una fuerza mayor, por las razones
expuestas en la contestación de la demanda y reiteradas a lo largo del proceso.

Sobre los motivos aducidos por la demandada, observa la Sala que, en el plenario,
está acreditado38 que el Ministro de Comunicaciones mediante Resolución No.
000879 del 13 de junio de 2003, declaró la “Situación de Gravedad Inminente en
materia de Telecomunicaciones” -art. 1º-39 y en virtud de la misma, dispuso que

35
[8] “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de diciembre de 2016.
SC17723-2016. M.P Luis Alonso Rico Puerta: “Sobre este último aspecto, conviene acotar –y de
paso reiterar- que un hecho sólo puede ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito, es lo
ordinario, si tiene su origen en una actividad exógena a la que despliega el agente a quien se imputa
un daño, por lo que no puede considerarse como tal, en forma apodíctica, el acontecimiento que
tiene su manantial en la conducta que aquel ejecuta o de la que es responsable. Por eso, entonces,
si una persona desarrolla en forma empresarial y profesional una actividad calificable como
‘peligrosa’, de la cual, además, deriva provecho económico, por ejemplo la sistemática conducción
de automotores de servicio público, no puede, por regla general y salvo casos muy particulares,
invocar las fallas mecánicas, por súbitas que en efecto sean, como constitutivas de fuerza mayor, en
orden a edificar una causa extraña y, por esa vía, excusar su responsabilidad”.
36
[9] “Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2011. Exp. 19.548. C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2021, expediente 48427, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
38
Documentos aportados por la parte demandada, f. 277 a 298, c. 3 de pruebas.
39
En las consideraciones del acto administrativo se explicó que de acuerdo con el artículo 2.5.1 de
la Resolución 575 de 2002 estableció que “se entiende por situación de Gravedad Inminente en
materia de telecomunicaciones, el daño grave o alteración grave que amenacen o impidan la
prestación continua e ininterrumpida de los servicios de TPBC [Telefonía Pública Básica
Conmutada], como la producida por fenómenos naturales, por efectos y accidentes catastróficos y
por actos del hombre al margen de la Ley” y se dio cuenta de que el 10 de junio de 2003 se habían
presentado en diferentes zonas del país hechos que comprometieron la continuidad en la prestación

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todos los operadores de telecomunicaciones podrían compartir todo su personal y
apoyo técnico y administrativo, redes, infraestructura, servicios, etc. para garantizar
la prestación continua de los servicios sin necesidad de suscribir acuerdos entre
ellos para esto -art. 2-. También dispuso que, una vez declarado el estado de
gravedad mencionado y durante el mismo, las empresas en liquidación o el nuevo
gestor del servicio debían informar al ministerio o a la Superintendencia de Servicios
o a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones según el caso, sobre las
medidas adoptadas durante dicha situación en materia de comunicaciones; y que,
superada la situación, el ministerio declararía la terminación de dicho estado de
gravedad -art. 4-.

En el artículo tercero de este acto administrativo, se dispuso (f. 280, c. 3 de pruebas):

Artículo Tercero: Las empresas en liquidación o el nuevo gestor del
servicio, en conjunto o individualmente, podrán tomar las medidas que
consideren pertinentes para garantizar el buen estado y seguridad de los
elementos que hacen parte de la Red de Telecomunicaciones del Estado,
con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Así
mismo, y en concordancia con lo anterior, las empresas en liquidación
y/o el nuevo gestor del servicio deberán adoptar las medidas necesarias
para garantizar los derechos de los usuarios durante la situación de
gravedad inminente en materia de telecomunicaciones. Superada
plenamente la situación de gravedad inminente, se deben restablecer los
procesos y actividades que se hayan suspendido durante el mismo.

Mediante comunicación del 11 de junio de 2003 dirigida al Superintendente
Delegado para Telecomunicaciones, el presidente de TELECOM le había informado
que, en virtud de los hechos protagonizados por algunos funcionarios de la empresa
que comprometieron la seguridad de las instalaciones y demás trabajadores así
como la continuidad del servicio, había decidido suspender la atención al público,
Oficinas de Peticiones, Quejas y Reclamos, como medida preventiva, por lo que
sería imposible atenderlas en los términos legales que, por lo tanto, fueron
suspendidos, así como algunas actividades relacionadas con los usuarios (f. 282, c.
3 de pruebas).

En la misma fecha, se cursó una circular dirigida a las dependencias de atención al
cliente, PQR’s y a los servidores públicos encargados de dar trámite a los derechos

de los servicios, que mediante Decreto 1615 del 11 de junio se suprimió y ordenó la liquidación de
TELECOM y mediante Decreto Ley 1616 del 12 de junio del mismo año, se creó la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios Colombia Telecomunicaciones S.A., E.S.P., citando además los
decretos mediante los cuales se ordenó también la supresión de las empresas teleasociadas de
TELECOM en todo el país, todo lo cual, constituyó una “situación que puede generar amenaza para
la prestación continua e ininterrumpida de los servicios de TPBC, mientras asume la prestación total
de estos servicios la nueva empresa” (f. 278 y 279, c. 3 de pruebas).

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de petición de TELECOM en todo el país, informándoles sobre la anterior
determinación (f. 284, c. 3 de pruebas).

El 16 de julio de 2003, Colombia Telecomunicaciones dio respuesta a un
requerimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos para que describiera el
plan estimado por esta empresa con relación a la atención de los usuarios,
incluyendo la estrategia de comunicación, puntos de recepción de PQR’s y tiempo
estimado en normalizar el servicio (f. 285, c. 3 de pruebas).

El 21 de julio de 2003, Colombia Telecomunicaciones dirigió oficio a la
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (f. 291, c. 3 de pruebas) en el que
le explicó, entre otras cosas, que la nueva empresa había decidido continuar con la
medida inicialmente adoptada por TELECOM, ya que subsistían las condiciones de
riesgo para la continuidad del servicio y se debían preservar las garantías legales y
constitucionales de los usuarios. Explicó que, “Bajo esa consideración de fuerza
mayor para la nueva empresa, estamos dando aplicación a lo dispuesto por el
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que remite expresamente al
Código de Procedimiento Civil artículo 112 y según el cual durante los días de cierre
de las oficinas no correrán los términos de las peticiones, quejas y recursos que se
estuvieren tramitando, los cuales se restablecerán una vez cesen los hechos que
dan lugar a esa decisión”, para lo cual se estaba implementando un plan que
preveía, entre otras cosas, la adecuación de los puntos de atención y la unificación
de procesos y procedimientos.

Manifestó así mismo que, en relación con los contratos de condiciones uniformes
en los que se había subrogado, se aplicaban las normas del Código Civil relativas
a los eximentes de responsabilidad, teniendo en cuenta el artículo 1604 de esa
codificación, sobre el caso fortuito, explicando que “en este caso, la Empresa puede
encontrarse obligada a cumplir diversas obligaciones de hacer, que eventualmente
no podrán ejecutarse con la rapidez esperada, debido a las medidas adoptadas para
garantizar la continuidad del servicio. No obstante (…) la Empresa ha previsto un
plan de contingencia que garantiza afectar en lo mínimo a nuestros suscriptores.”

Mediante Circular del 6 de agosto de 2003, se informó a los gerentes regionales,
dependencias de atención al cliente, funcionarios encargados de dar trámite a los
derechos de petición de Colombia Telecomunicaciones en todo el país que, en vista
de que habían cesado los hechos que condujeron a las medidas de suspensión de
atención y suspensión de términos derivados de los contratos de condiciones
uniformes y contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones, en especial

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de las peticiones, quejas y reclamos presentados por usuarios y/o suscriptores, las
oficinas de atención al público serían abiertas y los términos se reanudarían a partir
del 8 de agosto de 2003. Esto mismo fue informado a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (f. 294 y 295, c. 3 de pruebas).

El 11 de julio de 2005, a través de la Resolución No. 001503, el Ministerio de
Comunicaciones declaró la terminación de la existencia de la situación de gravedad
inminente en materia de Telecomunicaciones (f. 297, c. 3 de pruebas).

Efectuado el análisis de los anteriores documentos, encuentra la Sala que, en el
presente caso, no resulta admisible la alegada fuerza mayor esgrimida por la
entidad demandada como justificación de los incumplimientos en los que incurrió
respecto de sus obligaciones contractuales surgidas del Contrato SAI objeto de la
presente controversia, toda vez que, si bien se dio la circunstancia de la liquidación
de TELECOM y la transmisión de su posición contractual en favor de Colombia
Telecomunicaciones, este solo hecho no justifica las abstenciones en las que esta
última incurrió respecto de los deberes contractuales surgidos a su cargo del
negocio jurídico en cuestión.

Es cierto que se presentaron hechos que condujeron a tomar medidas encaminadas
a garantizar la continua prestación del servicio público a cargo de TELECOM y,
posteriormente, de Colombia Telecomunicaciones, como el cierre de oficinas y la
suspensión de la atención al público; pero una vez superadas las circunstancias que
justificaron tales medidas, se advierte que, a partir del 6 de agosto de 2003, cuando
esta última entidad resolvió levantar la suspensión de términos, fueron sus propias
decisiones y omisiones, y no un hecho externo, imprevisible e insuperable, lo que
impidió el pago oportuno de las contraprestaciones a favor de la demandante, pues
las cuestiones administrativas que al interior de la entidad se presentaron, en
relación con el manejo de la información para proceder al reconocimiento y pago de
lo debido a su contratista40, no le eran oponibles a ésta ni, por lo tanto, sirven de

40
Al respecto, resulta bastante ilustrativo el testimonio de Marybel González Encinales, quien se
desempeñó -entre otros- como jefe de Cap’s y Sai’s en Colombia Telecomunicaciones entre agosto
de 2003 y agosto de 2007 y que relató: “Con respecto al tema de presentar la información de
facturación a los contratistas, hay que tener en cuenta varios factores que afectaban la presentación
de la misma. La primera era identificar y reconocer todos los contratistas que tenían derecho esa
(sic) información, ya que no todos los contratistas sais se les debía presentar esa información.
Cuando nosotros recibimos la compañía, recibimos mas de cinco mil contratos Sai sin información
de identificación ni conocimiento exacto de a quienes se les debía presentar esta información y
aquellos que se les debía presentar la información no se tenía claro hasta que mes se les había
presentado información, por esta razón tuvimos que esperar a que la empresa en liquidación o bien
el sai, nos demostrara hasta que fecha tenía información o había presentado cuentas. Como tercera
medida, Colombia Telecomunicaciones recibió mas de novecientas bases de datos de facturación y
la organización de estas bases de datos y de la información tomó tiempo”. (f. 350, c. 3 de pruebas).

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justificación para exonerar a la entidad contratante de sus obligaciones legalmente
contraídas ni de la responsabilidad que le incumbe por su incumplimiento.

En consecuencia, de estar probado que la demandada incumplió el contrato objeto
de la presente controversia y que tal incumplimiento le ocasionó perjuicios a la parte
actora, habrán de prosperar las pretensiones indemnizatorias fundadas en dicha
circunstancia.

Hechos probados sobre el incumplimiento contractual y los perjuicios:

Una vez aclarado lo anterior, le corresponde a la Sala analizar qué se probó en el
plenario en relación con los incumplimientos contractuales atribuidos a la entidad
demandada y los perjuicios reclamados por la parte actora. Al respecto, se observa:

1. Mediante otrosí al Contrato S.A.I. Nro. 200-BO-95000860 celebrado el 3 de abril
de 1995, se modificó la Cláusula Primera, sobre el objeto del contrato, y se dispuso
que el “Objeto del contrato es regular los derechos y obligaciones recíprocas entre
las partes, para la prestación del servicio de atención indirecta S.A.I. en CHINAUTA
CUNDINAMARCA, donde se atenderán además de los servicios de TELEFONÍA
Y/O TELEGRAFÍA, LA ADMINISTRACIÓN general de la TELEFONÍA LOCAL de la
mencionada Localidad” (Se subraya) (f. 82, c. 2 de pruebas).

En dicho otrosí también se modificó la Cláusula Sexta del contrato, sobre la
retribución a favor del contratista, y se dispuso que “Telecom reconocerá a la
contratista como contraprestación una retribución económica, por el manejo y la
administración de la Telefonía Local y por el recaudo de los productos del S.A.I., por
el tráfico a través de los abonados asignados, de conformidad con el Anexo
Financiero No. 2. PARÁGRAFO: Los valores correspondientes a la retribución
podrán variar de acuerdo a las que para tal fin establezca la Empresa”.

2. El artículo 14 de la Resolución 000-10000-0800 de 1993 -que hace parte de las
normas que rigen el contrato- relativo a la facturación, rendición de cuentas y otras
novedades en el servicio telefónico, dispuso (f. 268 y 269, c. 2 de pruebas):

1. La Empresa facturará periódicamente los servicios cuya atención está a
cargo del Agente S.A.I., de acuerdo con los plazos y reglamentaciones vigentes.
Así mismo, en forma expresa descontará del valor facturado el monto de la
retribución a que tiene derecho el Agente S.A.I., de acuerdo con las normas
vigentes; a su vez donde no exista la disponibilidad de facturación automática o
manual se exigirá la rendición mensual de cuentas, ésta también podrá ser
exigida por la Empresa en cualquier momento cuando así lo considere
conveniente.

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3. En el contrato, como obligación a cargo del contratista, se consignó la de rendir
un informe al interventor del contrato dentro de los primeros cinco (5) días calendario
de cada mes, adjuntando la cuenta y las deducciones de su retribución (f. 66, c. 2 de
pruebas).

Así mismo, dentro de las obligaciones contractuales a cargo de TELECOM, se
encontraban las de i) reconocer al contratista como contraprestación por los
servicios a los que se obligó, las retribuciones especiales establecidas por la
empresa en las normas vigentes y ii) facturar el servicio causado y enviarlo a la
oficina que se encargara del recaudo del dinero de los productos -cláusula cuarta-.
Se dispuso así mismo, que la retribución económica a favor del contratista se
reconocería de acuerdo con lo establecido en el anexo financiero No. 2 -cláusula
sexta- (f. 67, c. de pruebas).

4. En el Anexo técnico No. 1 del contrato, se consignó (f. 72, c. 2 de pruebas):

II.- ADMINISTRACIÓN TELEFONÍA LOCAL

El contratista se obliga a administrar los servicios prestados por Telecom, y
adicionalmente atender la telefonía local de la localidad de CHINAUTA.
(Reclamos de los usuarios teniendo en cuenta el derecho de petición, atención
de daños, entrega y recepción de solicitudes telefónicas, reparto de la
facturación, recaudos, reporte de novedades, vigilancia).

5. En el Anexo No. 2 del contrato, contentivo de sus condiciones financieras, en
relación con el servicio de Administración de Telefonía Local, se dispuso (f. 75 y 79,
c. 1):

6.- TELECOM reconocerá al CONTRATISTA como contraprestación de los
servicios a que se obligó las retribuciones especiales establecidas por la
Empresa en las normas vigentes, cuando sea del caso por el manejo y la
administración de la Telefonía Local (…). Los valores correspondientes a la
retribución podrán variar de acuerdo a las que para tal fin establezca la
Empresa.
(…)
13.- En los casos en que EL CONTRATISTA se obligue a administrar la telefonía
local de la ciudad, deberá distribuir las facturas y controlará los productos de la
facturación consignados por los usuarios en las cuentas bancarias de
TELECOM o recaudarlos cuando TELECOM lo autorice.

14.- EL CONTRATISTA atenderá la telefonía local y en especial informará a
TELECOM los casos en los que deba suspender los servicios a los usuarios
que no paguen a tiempo los servicios facturados y realizará el cobro a los
deudores morosos.

15.- TELECOM facturará por el sistema de servicio causado por los abonados
asignados y lo enviará a la oficina que se encargue del recaudo del dinero de
los productos o al INTERVENTOR quien lo debe cruzar, verificar y confrontar
con las copias de las facturas que debe adjuntar EL CONTRATISTA en la
cuenta mensual. El interventor debe velar por que el área de sistemas le envíe
los listados de la factura cada período.

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16.- EL CONTRATISTA presentará oportunamente y en los formatos que
TELECOM le indique los informes estadísticos.

Y en relación con la forma de pago de la remuneración a favor del contratista por
todos los conceptos, el Anexo No. 2 estableció:

8.- EL CONTRATISTA deberá consignar en moneda colombiana o cheques, los
dineros que correspondan entregar a Telecom a más tardar al día hábil
siguiente al recaudo de la venta de los servicios, en las cuentas bancarias a
nombre de Telecom que se establezcan para tal fin. Las consignaciones diarias
deberán corresponder con los valores que arrojen las operaciones siguientes,
las cuales deben constar en una acta escrita que debe elaborar EL
CONTRATISTA:

Productos brutos del día (incluido IVA) $xxx,xx
Menos participación del contratista $xxx,xx
Más retención en la fuente por honorarios $xxx,xx
VALOR TOTAL A CONSIGNAR $XXX,XX

1041.- Será responsabilidad del CONTRATISTA los faltantes de consignación,
cheques devueltos, billetes falsos y billetes de circulación no autorizada, los
cuales deberá reponer en la fecha de la que (sic) en que TELECOM le informe,
sin menoscabo de las sanciones a que haya lugar.

11.- EL CONTRATISTA podrá entregar los dineros en la oficina de TELECOM
más cercana, en las áreas de Tesorería o en la oficina bancaria que TELECOM
le indique y dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes debe
rendir un informe escrito al INTERVENTOR, adjuntando la cuenta en el formato
a continuación relacionado (o el que TELECOM le comunique), detallando las
deducciones de su retribución y anexará los recibos de ingreso a caja en formas
de TELECOM que le hayan expedido y las consignaciones bancarias.

Al rendir la Cuenta mensual se conciliará y si resulta diferencia a favor de
TELECOM, dichos valores deberán ser consignados antes de rendir la cuenta
o tan pronto se le informe y si fuesen a favor del CONTRATISTA dicho valor lo
pagará TELECOM dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la
respectiva cuenta de cobro en el centro pagador al cual se esté adscrito (…).

12.- Luego el interventor revisará la cuenta y la liquidará y por último la firmará
dando visto bueno o dejará constancia de la irregularidad encontrada y las
correcciones que tenga que hacer.

13.- En los casos en los que EL CONTRATISTA se obligue a administrar la
telefonía local de la ciudad, deberá distribuir las facturas y controlará los
productos de la facturación consignados por los usuarios en las cuentas
bancarias de TELECOM o recaudarlos cuando TELECOM lo autorice.

6. Está probado en el plenario que, con ocasión de la supresión y liquidación de
TELECOM y la subrogación de sus contratos en cabeza de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., el reconocimiento y pago de las
contraprestaciones debidas a la demandante en su calidad de contratista S.A.I. se
vio afectado, pues se dejaron de pagar las cuentas presentadas a partir del mes de
abril de 2003.

41
En la numeración del Anexo, pasa del 8 al 10.

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Frente a las múltiples reclamaciones de pago elevadas por Nassquin Ltda., se le
respondió, en un primer momento, que lo cobrado entre el 1º de abril y el 13 de
agosto de 2003, debía ser cancelado por TELECOM en liquidación42 y sólo a partir
de esta última fecha, le correspondía a Colombia Telecomunicaciones, razón por la
cual los contratistas debían presentar dos cuentas de cobro distintas. Además, se
les exigió la presentación de múltiples documentos junto con dichas cuentas (copia
del contrato, de la cédula o nit, del certificado de existencia y representación legal,
de las pólizas vigentes y su comprobante de pago de la declaración del IVA, de los
listados de recaudo y de facturación por localidad, cuadro de participaciones,
estado de cuenta del contratista firmado por éste y el coordinador SAI y el control
de liquidación de participaciones, certificación del número de cuenta corriente o de
ahorros, copia de la última cuenta de cobro presentada y pagada por TELECOM
antes de su liquidación)43; se les indicó así mismo, que debían presentar la cuenta
o factura de cobro del contratista SAI con fecha de 2004, así: i) desde el periodo
siguiente a la fecha del último pago recibido de TELECOM (abril, mayo o junio según
el caso) hasta agosto 13 de 2003 a nombre de TELECOM en liquidación, en dos
carpetas: original y una copia; ii) a partir de agosto 14 de 2003 hasta el 31 de enero
de 2004, cuenta de cobro a nombre de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.;
y que, una vez recibidos y revisados tales documentos por el coordinador SAI del
departamento, se daría inicio al trámite tendiente a realizar los pagos a cargo de
Colombia Telecomunicaciones y se daría traslado de la cuenta presentada por las
participaciones hasta agosto 13 de 2003 a Telecom en liquidación para su
respectivo trámite44.

7. Así, se observa que, mediante comunicación del 2 de enero de 2004 (fl. 512, c. 2
de pruebas), la representante legal de Nassquin Ltda., le solicitó al presidente de
Colombia Telecomunicaciones que ordenara el reconocimiento y pago de las
participaciones que como agente contratista S.A.I. le correspondían más los
intereses moratorios generados, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el contrato
y sus anexos, TELECOM se obligó a reconocer y pagar todos los conceptos a su
cargo dentro de los 3 días siguientes a la radicación de las cuentas respectivas,
junto con la aprobación impartida por el interventor del contrato, lo cual se venía
cumpliendo regularmente; pero que, a partir del mes de agosto de 2003, no se había
ordenado el pago de la remuneración debida. Explicó que la cuenta correspondiente
al mes de abril había sido presentada en debida forma en la Fiduciaria La Previsora,

42
Comunicación del gerente regional Zona Centro Colombia Telecomunicaciones del 7 de octubre
de 2004 enviada a la representante legal de Nassquin Ltda, f. 397, c. 2 de pruebas.
43
Una circular en similares términos les fue enviada el 14 de junio de 2005 (f. 403, c. 2 de pruebas).
44
Circular enviada el 25 de marzo de 2004 por el jefe de CAPS y SAIS de la Gerencia de Telefonía
Pública de Colombia Telecomunicaciones a los Agentes SAIS con administración de telefonía local,
f. 405, c. 2 de pruebas.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

pero a la fecha -2 de enero de 2004-, no había sido cancelada, para lo cual le anexó
la Factura de Venta No. 084 del 4 de junio de 2003, por concepto de participaciones
e IVA correspondiente al periodo de facturación del mes de abril de 2003, por el
recaudo efectuado y verificado durante el mes de mayo de 2003, con la autorización
expedida por el interventor.

En la misma comunicación, le solicitó a la referida entidad que se le dieran a conocer
las directrices bajo las cuales se debían presentar las cuentas de cobro por
concepto de remuneración posteriores al mes de abril de 2003 y así mismo, que se
le suministraran los soportes o comprobantes de contabilidad, cargos, recaudos y
bancos para efectos de elaborar y soportar sus futuras cuentas de cobro, pues se
trataba de documentos sin los cuales no podía determinar los montos y valores de
la remuneración que Colombia Telecomunicaciones le debía reconocer como
participación, y que sólo los podía aportar esta entidad.

8. En múltiples ocasiones la contratista, durante los años 2004 y 2005, envió
reclamaciones tanto a Colombia Telecomunicaciones como a TELECOM en
liquidación, tendientes a obtener el pago de la remuneración a la que tenía derecho
por concepto de la prestación de servicios y, específicamente, por la administración
de la telefonía local, según facturas presentadas por los servicios prestados a partir
del mes de abril de 2003, y el reconocimiento de intereses moratorios por el pago
tardío de las cuentas de cobro presentadas en debida forma (f. 421, 512, 516, 517,
518, 521, 524, 529, 530, 535, 543, 546 y 551, c. 2 de pruebas).

9. El 23 de febrero de 2004, la gerencia de Telefonía Pública de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P envió a los S.A.I de Cundinamarca una
comunicación en la que les informó que para el pago de cuentas por operación de
oficinas, se estaba trabajando para extraer la información de los sistemas sobre
facturación y recaudos para lograr hacer la entrega de los listados de información,
sobre los cuales los agentes S.A.I podrían seguir el procedimiento acostumbrado y
presentar las cuentas para hacer las conciliaciones. Así mismo, les advirtió que cada
agente S.A.I debía presentar dos cuentas de cobro: una de abril 1 a agosto 14 de
2003, para entregársela a TELECOM en liquidación, y otra del 15 de agosto de 2003
al 31 de enero de 2004 para entregar a Colombia Telecomunicaciones, y que debían
tener en consideración, además, que esas cuentas debían ser conciliadas con cada
S.A.I., teniendo en cuenta factores como i) los servicios efectivamente prestados,
(pues había S.A.I’s que a partir del 11 de junio no prestaron el servicio de
distribución de facturación y recaudo); ii) las consignaciones de los producidos de
las cabinas, no reportados; iii) los pagos de arrendamientos de muebles e inmuebles

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
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Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

pertenecientes a TELECOM y iv) la revisión de pagos del mes de abril. Agregó que
los listados para la elaboración de cuentas estarían disponibles a partir del 5 de
marzo de 2004, cuando también se entregaría el procedimiento que se adelantaría.
Y que, en caso de no tener los listados para esa fecha, se entregaría un
procedimiento de pago de anticipos, que serían liquidados a partir de los promedios
de pago del último trimestre sobre el que se hicieron pagos, para posteriormente
iniciar las respectivas conciliaciones (f. 395, c. 2 de pruebas).

10. Según oficio del 7 de octubre de 2004 suscrito por el gerente regional zona
centro de Colombia Telecomunicaciones y dirigido a la representante legal de
Nassquin Ltda., el 6 de agosto de 2004 le fue cancelada la suma de $ 24’889.275
correspondiente a las cuentas de participación por la prestación del servicio de
administración de telefonía local del periodo comprendido entre el 14 de agosto y el
31 de diciembre de 200345 y se encontraba en proceso de revisión la cuenta que,
por el mismo concepto, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2004, había
presentado la contratista por valor de $53’963.069 (f. 398, c. 2 de pruebas).

11. El 8 de octubre de 2004, la representante legal de Nassquin Ltda. envió oficio al
gerente de Telefonía Pública de Colombia Telecomunicaciones con su solicitud de
pago de las cuentas por los servicios del mes de abril al 13 de agosto de 2003 -
presentada el 19 de abril de 2004-, del 1 de enero al 30 de junio de 2004 -presentada
el 30 de agosto de 2004- y cuenta del 1º de julio de 2004 a la fecha del oficio -no
enunció la fecha de radicación- (f. 529, c. 2 de pruebas).

12. El 30 de junio de 2005, el gerente de Telefonía Pública de la entidad demandada
nuevamente le da respuesta a una reclamación de la contratista sobre el
reconocimiento y pago de las participaciones por Administración de Telefonía Local
desde el mes de abril hasta el 13 de agosto de 2003, a lo que dicho funcionario le
reiteró que este pago estaba a cargo de TELECOM en liquidación, pero que, en
virtud de reciente acuerdo con esta entidad, Colombia Telecomunicaciones
procedería a efectuar los pagos, según el procedimiento para la presentación de
cuentas de cobro que se les había informado a los contratistas SAIS mediante

45
Según comunicación que le había sido enviada a la contratista en 9 de septiembre de 2004 por el
mismo funcionario: “Las sumas adeudadas en virtud del contrato No. 200-BO-95000860 no fueron
canceladas con anterioridad, porque no se contaba con la información que permitiera liquidar las
sumas adeudadas. Por lo tanto, la empresa no debe pagar intereses de mora debido a que son
cuentas que se encontraban en estudio, empalme y rectificación de datos, ya que no concordaba la
información presentada por el contratista SAI con la existente en la Empresa. Una vez la Empresa
tuvo certeza de las sumas adeudadas procedió al pago de las mismas y así procederá con todas las
sumas que se encuentren pendientes de definición y pago” (Esto mismo le fue reiterado en oficio del
30 de junio de 2005, f. 429, c. 2 de pruebas). Le advirtió así mismo, que respecto de las sumas
adeudadas con anterioridad al 13 de agosto de 2004 (sic), la Empresa estaba coordinando con
TELECOM en liquidación lo necesario para proceder a su pago (f. 426, c. 2 de pruebas).

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Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

circular 020500-5952 del 14 de junio de 2005, por lo que, una vez se tuvieran todos
los documentos soportes de las cuentas de cobro allí relacionados, se procedería a
efectuar los pagos de la misma manera como se habían realizado los
correspondientes a los periodos posteriores al 14 de agosto de 2003. En cuanto a
la reclamación por concepto de intereses moratorios según lo dispuesto en la Ley
80 de 1993, respondió que el contrato celebrado entre las partes estaba sujeto a las
normas de derecho privado y, por lo tanto, no resultaban procedentes tales intereses
(f. 431, c. 2 de pruebas).

13. Según reclamación enviada al presidente de Colombia Telecomunicaciones el
5 de noviembre de 2004, la demandante estaba pidiendo el pago de las cuentas de
cobro por participaciones, presentadas así: i) Radicadas el 20 de abril de 2004:
factura No. 087 por 9’745.588 y factura No. 088 por $ 3’349.517 por las
participaciones del 1º de mayo al 13 de agosto de 2003; ii) radicada el 28 de agosto
de 2004: factura No. 0106 por $ 53’967.069, por concepto de participaciones del 1º
de enero al 30 de junio de 2004; iii) radicada el 11 de octubre de 2004: factura No.
0107 por $ 23’204.888, por concepto de participaciones del 1º de julio al 30 de
septiembre de 2004 (f. 530, c. 2 de pruebas). La reclamación de pago por las
cuentas correspondientes al periodo abril-agosto de 2003 más intereses moratorios
y actualización de estas sumas y de las canceladas tardíamente por los periodos
del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2003 -pagadas el 10 de agosto de 2004-,
del 1º de enero al 31 de octubre -pagadas el 15 de diciembre de 2004- y del 1º de
noviembre al 31 de diciembre de 2004 -pagadas el 22 de febrero de 2004 (sic), fue
reiterada mediante oficio del 3 de junio de 2005, en el que también se reclamó por
el periodo del 1º de enero al 4 de abril de 2005, que aún no había sido pagado a
pesar de haber entregado en debida forma las cuentas de cobro (f. 535, c. 2 de
pruebas). En oficio de la misma fecha se elevó similar reclamación ante el liquidador
de TELECOM (f. 551, c. 2 de pruebas).

14. De acuerdo con la certificación expedida por el gerente de Gestión Legal de
Negocios de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., en obedecimiento a un
fallo de tutela, los siguientes son los pagos efectuados por dicha empresa a
Nassquin Ltda. por concepto de participaciones por la Administración de la Telefonía
Local (f. 607 y 608, c. 2 de pruebas):

Periodo pagado Valor de la cuenta de Fecha del pago Valor pagado
cobro
01-05-03 al 13-08-03 13.095.105 21-12-2005 9.785.225
14-08-03 al 31-12-03 24.889.275 10-08-2004 19.954.333
01-01-04 al 30-06-04 53.963.069 14-12-2004 43.263.494
01-07-04 al 31-10-04 29.623.178 14-12-2004 23.749.617

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01-11-04 al 31-12-04 17.401.379 21-02-2005 13.951.105
01-01-2005 al 04-04- 26.608.209 27-06-2005 21.332.443
2005
Total 132.036.217

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala no cabe duda de que los pagos efectuados
a favor de Nassquin Ltda., no se produjeron dentro de los términos anunciados en
el contrato y sus anexos, pues transcurrieron largos lapsos entre los periodos objeto
de reconocimiento y pago y la fecha en la que éste se produjo, por lo que, en
principio, habría lugar a reconocer la existencia de mora en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales de la parte demandada y, por lo tanto, al reconocimiento
de los perjuicios que la misma le ocasionó a la contratista, constituídos por los
intereses moratorios correspondientes.

Dictamen pericial

Al respecto se observa que, en el plenario, se practicó un dictamen pericial por parte
de un contador público cuyo objeto fue determinar el monto de los perjuicios sufridos
por la parte actora (c. 4). En relación con los intereses moratorios sobre el valor de
las participaciones que por concepto de Administración de Telefonía Local fueron
pagadas en forma tardía, el perito efectuó el cálculo a la fecha del informe pericial -
31 de julio de 2008- y determinó que el monto de tales intereses ascendió a la suma
de $12’274.252, cifra a la cual arribó con base en i) las facturas que le fueron
pagadas tardíamente a la sociedad demandante, ii) con la fecha de radicación y iii)
la fecha en que se estimaba que se debió realizar el pago, iv) el valor de cada una
sin incluir IVA y v) el valor neto recibido por la actora, de acuerdo con los extractos
bancarios que así mismo se adjuntaron al dictamen pericial en su Anexo 7. Con
fundamento en la anterior información, el perito efectuó el siguiente cálculo:

FACTURA PARTICIPACIONES FECHA DE FECHA DE FECHA VALOR VALOR
No. POR RECAUDOS RADICACIÓN CUMPLIMIENTO RECIBE PAGO FACTURA NETO
DE: (1) PAGO EL SIN IVA RECIBIDO
(2) DEMANDANTE POR DTE
(3)
111 1º mayo a 13 agosto 18/08/2003 18-sep-2003 21-dic-05 11.288.884 10.498.663
2003
105 14 agosto a 31 dic 5/01/2004 05-feb-2004 10-ago-2004 21.456.272 19.954.333
2003
106 1º enero a 30 de 5/07/2004 05-ago-2004 14-dic-2004 46.519.887 43.263.494
junio 2004
108 1º julio a 31 de oct 5/11/2004 05-dic-2004 14-dic-2004 25.537.222 23.749.617
de 2004
109 1º nov. a 31 dic. De 5/01/2005 05-feb-2005 22-feb-2005 15.001.189 13.951.105
2004
110 1º de enero a 4 de 9/04/2005 09-may-2005 27-jun-2005 22.938.111 21.332.444
abril de 2005

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(1) Se estimó que la fecha de radicación de las facturas fue cinco (5) días después del lapso de recaudo
a que se refiere cada una.
(2) Para efectos del cálculo de los intereses de mora se consideró que el pago por parte de la demandada
se haría 30 días después de la fecha de radicación.
(3) La fecha del recibo del pago por parte del demandante y la cuantía se observan en los extractos
bancarios adjuntos al dictamen pericial (ANEXO No. 7).

El perito explicó que, para efectos de los cálculos de los intereses de mora,
consideró que i) el recaudo de los ingresos se efectuaba al mes siguiente de la
facturación, por ejemplo: lo facturado en enero se recibía su pago en el mes de
febrero y así sucesivamente; ii) el 5º día siguiente a la fecha de terminación del
lapso de recaudo, era el día que se presentaba la factura. Por ejemplo: lo recaudado
a 28 de febrero de 2003, se presentaba la factura el 5 de marzo siguiente; iii) la
entidad demandada disponía de 30 días para efectuar el pago, en el ejemplo dado:
la factura sería pagada el 5 de abril de 2003; iv) los intereses de mora se calcularon
a partir del día siguiente estimado para el pago.

A continuación, registró las operaciones efectuadas para el cálculo de los intereses
de mora respecto de cada una de las facturas presentadas por la demandante ante
la entidad demandada y la actualización del monto arrojado -que fue de $
10’133.175-, lo que dio un total por ese concepto de $ 12’274.25246.

En relación con el anterior dictamen pericial, observa la Sala que en los anexos que
le sirvieron de fundamento no consta la fecha de presentación de las facturas de
venta por concepto del servicio de Administración de la Telefonía Local, razón que
explica por qué, el auxiliar de la justicia, como lo dejó registrado en el cuadro
respectivo del cálculo de los intereses de mora, “estimó” que la fecha de radicación
de las facturas “fue cinco (5) días después del lapso de recaudo a que se refiere
cada una”.

Por otro lado, no consta que respecto de las facturas presentadas se hubieran
cumplido los requisitos contractuales para su pago, puesto que no obran las
certificaciones y la aceptación del interventor respecto de ellas, como sí se acreditó
en relación con algunas facturaciones por periodos anteriores (f. 38 a 40, 47, 48, 57
a 59, 66 a 68, 75 a 77, 85 a 87, 94 a 96, 103, 104, 110 a 112, 120 a 122, 132 a 134
y 146 a 148, c. 4 -dictamen pericial-).

46
Mediante auto del 9 de marzo de 2012 el a-quo decidió no tener en cuenta la solicitud de aclaración
y complementación de este dictamen presentada por Colombia Telecomunicaciones, por ser
extemporánea (f. 495, c. 2).

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En adición a lo dicho, se advierte que lo deducido por el perito sobre las fechas de
presentación de las respectivas cuentas de cobro, desconoce lo sostenido por la
misma parte actora en su demanda, en la cual expresamente expuso las fechas en
las que aduce haber presentado algunas de las cuentas de cobro por concepto de
las participaciones en la Administración de la Telefonía Local y que, según afirma,
fueron pagadas tardíamente; es así como manifestó que la Factura de Venta No.
084, por concepto de participaciones correspondientes al periodo del mes de abril
de 2003, fue debidamente presentada y radicada ante TELECOM en liquidación el
19 de agosto de 2003; las cuentas de cobro representadas en las Facturas de Venta
No. 087 y 088, por concepto de participaciones correspondientes a los periodos del
1º al 30 de abril de 2003 y del 1º de mayo al 13 de junio de 2003, fueron debidamente
presentadas y radicadas ante dicha entidad el 19 de abril de 2004; la cuenta de
cobro representada en la Factura de Venta No. 0105 por concepto de
participaciones correspondientes al periodo del 14 de agosto al 31 de diciembre de
2003, fue presentada y radicada el 7 de julio de 200447.

De acuerdo con lo anterior, no existe certeza sobre este aspecto, que resulta
indispensable para la comprobación de la existencia y extensión de la mora en la
que incurrió la entidad demandada respecto de los pagos a su cargo, ni se le puede
otorgar valor probatorio sobre este aspecto al dictamen pericial practicado, puesto
que partió de conjeturas y suposiciones, más no de hechos reales y comprobados.

La ley procesal indica que el dictamen pericial debe ser claro, preciso y detallado y
que en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuados, así como los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones -numeral 6 del artículo 237 del C.P.C.-. De igual manera, es claro que
el juez no está atado a lo que dictamine el auxiliar de la justicia, puesto que le
corresponde, al apreciar la prueba pericial, verificar la firmeza, precisión y claridad
de sus fundamentos, así como los demás elementos probatorios que obren en el
plenario -artículo 241, C.P.C.-.

De conformidad con lo expuesto, para efectos de determinar la mora que se le
imputó a la entidad demandada respecto de su obligación de pago de la
contraprestación a favor de la demandante por concepto de la Administración de la

47
En relación con las cuentas de cobro representadas en las siguientes facturas de venta, la
demandante sostuvo que las presentó con el lleno de todos los requisitos exigidos, pero no dijo en
qué fecha: Factura de Venta No. 0106, por concepto de participaciones correspondientes al periodo
del 1º de enero al 30 de junio de 2004; Factura de Venta No. 0108, por concepto de participaciones
correspondientes al periodo del 1º de julio al 31 de octubre de 2004; Factura de Venta No. 0109 por
concepto de participaciones correspondientes al periodo del 1º de noviembre al 31 de diciembre de
2004; y Factura de Venta No. 0110 por concepto de participaciones correspondientes al periodo del
1º de enero al 4 de abril de 2005.

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Telefonía Local en el municipio de Chinauta, resulta necesario establecer, con
fundamento en lo realmente probado, la fecha de presentación de las facturas, con
el cumplimiento de todos los requisitos, así como la fecha del pago efectivo por parte
de la entidad demandada. En el expediente obran los siguientes documentos:

1- Copia de la Factura de Venta No. 084 del 4 de junio de 2003 por el “valor por
participaciones e IVA del periodo de facturación 04-01-03 al 04-30-03 mes de
abril/03 concepto telefonía. Recaudos efectuados del 05-01-03 al 05-31-03”, por
valor total de $5’698.545 (f. 626, c. 2 de pruebas).

Respecto de esta factura, se observa que en el plenario obra una “Autorización de
Pago” expedida por el interventor del contrato y fechada el 9 de junio de 2003,
“conforme al estado de cuenta presentada y revisada de conformidad por el
interventor de Fusagasugá…”, por valor de $ 5’698.545, por recaudos efectuados
del 1º al 31 de mayo de 200348 y una certificación de paz y salvo de la misma fecha,
por concepto de rendición de los respectivos informes y de la transferencia de
fondos que le correspondían al contratista por ese periodo (f. 624 y 635, c. 2 de
pruebas). Reposa, así mismo, la copia del formato de reclamación presentado el 19
de agosto de 2003 por la representante legal de Nassquin Ltda., por concepto de
cuentas por pagar, que describió así: “Participaciones por recaudo de facturación
del mes de abril de 2003”, No. 084, valor: $ 5’698.545 (f. 623, c. 2 de pruebas).

2- Copia de la Factura de Venta No. 087 del 15 de abril de 2004, por Administración
de Telefonía Local del SAI, por concepto de recaudos efectuados del 1º al 31 de
mayo de 2003 (facturación del 1º de abril al 30 de abril de 2003), por valor de $
9’745.588 (f. 628, c. de pruebas 2).

3- Copia de la Factura de Venta No. 088 del 15 de abril de 2004, por Administración
de Telefonía Local del SAI, por concepto de recaudos efectuados del 1º al 13 de
agosto de 2003 (facturación del 1º de mayo al 13 de junio de 2003), por valor de $
3’349.517 (f. 630, c. 2 de pruebas).

En relación con las anteriores facturas, observa la Sala que, de conformidad con la
certificación del pago de las participaciones por ATL (Administración de Telefonía
Local), expedida por Colombia Telecomunicaciones el 10 de enero de 2007, el

48
Dice la certificación: “Dando cumplimiento a lo contenido en la Resolución No. 0446 de diciembre
16 de 2002, esta interventoría autoriza el pago de la factura de cobro de la firma Nassquin Ltda. Nit
808.000.209-3 del SAI de Chinauta Cund., conforme al estado de cuenta presentada y revisada de
conformidad por el interventor de Fusagasugá, correspondiente a participaciones e Iva periodo de
facturación de abril de 2003, por valor cinco millones seiscientos noventa y ocho mil quinientos
cuarenta y cinco pesos mcte ($5.698.545,oo), estos recaudos se efectuaron del 01 al 31 de mayo de
2003”.

70

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periodo de pago del 1º de mayo al 13 de agosto de 2003 fue cancelado el 21 de
diciembre de 2005, por valor de $ 9’785.225 (dice que el valor de la cuenta de cobro
presentada fue por $13.095.105, valor que corresponde a la sumatoria de las
Facturas de Venta 087 y 088) (f. 607 y 608, c. 2 de pruebas).

3- Copia de la Factura de Venta No. 0105 por valor de $ 24’889.275, por concepto
de facturación de los periodos comprendidos entre el 14 de junio y el 31 de octubre
de 2003, que sirvió de fundamento para la orden de pago No. 1059 del 6 de agosto
de 2004, en la que consta que el giro, luego de las deducciones a que había lugar,
se hizo por $19’954.333 el 10 de agosto siguiente, pero se observa que la factura
no tiene fecha, aunque entre los documentos soporte de la orden de pago se
encuentra el “Formato único para trámite de pagos”, de fecha 13 de julio de 2004
(f. 218 a 226, c. No. 3 de pruebas).

4- Copia de la Factura de Venta No. 0106 por $53’963.069 y por el periodo del 1º
de enero al 30 de junio de 2004, que sirvió de fundamento para la orden de pago
No. DA-237 del 9 de diciembre de 2004, en la que consta que el giro se hizo por
un valor neto de $43’263.494 el 14 de diciembre siguiente. Esta factura tiene fecha
de presentación del 1º de diciembre de 2004 (f. 237 a 248, c. No. 3 de pruebas).

5- Copia de la Factura de Venta No. 0108 por valor de $29’623.178 por
Administración de Telefonía Local del 1º de julio al 31 de octubre de 2004, que sirvió
de fundamento para la orden de pago No. DA-228 del 7 de diciembre de 2004,
en la que consta que el giro, por valor neto de $ 23’749.617, se hizo el 14 de
diciembre siguiente. Esta factura tiene fecha de presentación del 1º de diciembre
de 2004 (f. 228 y 229, c. No. 3 de pruebas).

6- Copia de la Factura de Venta No. 109 del 7 de febrero de 2005 por valor de
$17’401.379, por concepto de participaciones en el periodo del 1 de noviembre al
31 de diciembre de 2004, que sirvió de soporte a la orden de pago No. 1320 del
10 de febrero de 2005, en la que consta que el desembolso se produjo por un valor
neto de $ 13’951.105 el 21 de febrero de 2005 (f. 258 a 265, c. 3 de pruebas).

7- Copia de la Factura de Venta No. 0110 del 11 de mayo de 2005 por $26’608.209,
por concepto de participaciones en el periodo del 1º de enero al 4 de abril de 2005,
que le sirvió de soporte a la orden de pago No. 7297 del 22 de junio de 2005 y en
la que consta que el desembolso se produjo por un valor neto de $ 21’332.443 el 27
de junio siguiente (f. 250 a 256, c. 3 de pruebas).

71

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

8- En relación con la Factura de Venta No. 0111, por concepto de participaciones
en la Administración de la Telefonía Local en el periodo de recaudo del 1 de mayo
al 13 de agosto de 2003 por valor de $ 13’095.105, consta el formato único para
trámite de pagos de TELECOM, del 7 de diciembre de 2005, en el que se autorizó
el pago de la factura por un valor neto de $ 11’930.113; y el formato de radicación
de facturas, en el que consta que el mismo fue entregado en la respectiva ventanilla
el 6 de diciembre de 2005 (f. 271 y 272, c. 3 de pruebas).

Es decir que en el plenario solo obra prueba de las fechas de presentación y pago
de las siguientes facturas:

Factura Valor factura Fecha Fecha pago Valor pagado
No. presentación
084 $5’698.545 4-06-03 21-12-05 $5’698.54549
0105 $24’889.275 13-07-04 10-08-04 $19’954.333
0106 $53’963.069 1-12-04 14-12-04 $43’263.494
0108 $29’623.178 1-12-04 14-12-04 $ 23’749.617
0110 $26’608.209 11-05-05 27-06-05 $ 21’332.443
0111 $ 13’095.105 6-12-05 7-12-05 $ 11’930.113

De acuerdo con lo expuesto se observa que, a excepción de las Facturas de Venta
No. 084 y 0110, todas las demás fueron pagadas menos de 30 días después de su
presentación, de conformidad con lo que se encontró efectivamente probado en el
plenario, término que, a falta de estipulación expresa en el contrato sobre el plazo
para el pago de las facturas presentadas en debida forma, la Sala considera
prudencial.

Como se puede apreciar, de conformidad con las fechas de presentación y de pago
de las mismas, no se puede afirmar que hubo mora en la cancelación del valor de
estas facturas, respecto de las cuales, como ya se dijo anteriormente, tampoco
consta que hubieran sido presentadas con anterioridad a las fechas registradas, con
el lleno de todos los requisitos necesarios para su pago, entre los que se hallaba el
visto bueno del interventor, luego de efectuar los cruces de cuentas y establecer la
procedencia de los montos cobrados por la contratista o las deducciones a que
hubiera lugar.

49
En relación con el valor pagado por concepto de esta factura, se observa que no aparece
discriminado en parte alguna, ya que Telecom realizó el pago conjunto de las participaciones
correspondientes a los recaudos efectuados por la demandante por telefonía local entre los meses
de mayo y agosto de 2003, según la Factura de Venta No. 0111 relacionada anteriormente, por lo
que la Sala tomará el valor que, según consta, fue aprobado por el interventor del contrato.

72

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

Por lo anterior, no se considera procedente la reclamación de intereses de mora en
relación con estos pagos.

Factura de Venta 084:

Con fundamento en las pruebas allegadas al plenario, para la Sala no cabe duda de
la mora que se presentó en relación con el pago de los $ 5’698.545 de la factura de
Venta No. 084, correspondiente a la Administración de la Telefonía Local por la
facturación del mes de abril de 2003, puesto que, en relación con la misma, tal y
como ya se advirtió, al menos desde el 9 de junio de 2003, el interventor la autorizó
por el referido valor, el cual sólo vino a ser cancelado el 21 de diciembre de 2005.

En consecuencia, es claro que sí resulta procedente la condena a la indemnización
de perjuicios por este pago tardío, mediante el reconocimiento de los respectivos
intereses moratorios, cuya contabilización deberá efectuarse a partir de 9 de julio
de 2003 -dando un plazo razonable de pago de 30 días- y hasta el 21 de diciembre
de 2005, lo que significa que la mora, en este caso, fue de 2 años, 5 meses y 12
días.

Factura de Venta 0110:

Como ya se anotó, esta factura fue presentada el 11 de mayo de 2005 y su pago se
produjo el 27 de junio siguiente, es decir que se produjo una mora de 16 días, por
lo que también resulta procedente el reconocimiento de los respectivos intereses.

Cálculo del interés moratorio:

Ahora bien, en cuanto al cálculo del interés moratorio, resulta necesario advertir
que, tal y como ya se estableció en otro acápite de la presente providencia, el
contrato objeto de la presente controversia se regía por las normas del derecho
privado y, por lo tanto, le resulta aplicable el artículo 884 del C. de Co., conforme al
cual el interés moratorio, cuando las partes no han pactado uno distinto, será
equivalente a una y media veces del bancario corriente, razón por la cual será con
base en esta disposición que se efectuará el referido cálculo en el presente caso,
como se observa a continuación.

Se tendrán en cuenta las siguientes bases de la Liquidación: Capital histórico, que
corresponde al valor de la Factura de Venta, número de meses que duró la mora y

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

la tasa del interés moratorio comercial mensual, y se aplicará la siguiente fórmula: I
= capital x período de tiempo x tasa de interés.

Por otra parte, el valor total resultante de cada una de las anteriores operaciones
será actualizado a la fecha de esta sentencia, -mayo de 2022-, desde la fecha de
pago de cada factura, con el objeto de salvar la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda determinado por el tiempo transcurrido desde la fecha en que el contratista
debió percibir el pago de la mora y la fecha de esta condena; para la indexación se
aplicará la fórmula usualmente utilizada por esta Corporación: Va = vh x IPC
final/IPC inicial50:

Factura de Venta 084:

Tasa
Interés
Capital
Fecha Corriente Fecha Mensual Moratoria
Factura De Año Dias Res. Diaria% Valor
Inicial Meses Efectivo Resolución % (1.5)
Venta 84
Anual
Bancario
julio (9 al $
$5.698.545 2003 31) 23 19,44% 0636 27-jun-03 0,0487% 0,0007305 957,44

$130.14
agosto - 1 19,88% 0772 31-jul-03 1,5225 2,28375 0,52

$125.54
septiembre - 1 20,12% 0881 29-ago-03 1,4687 2,20305 1,80

$131.10
octubre - 1 20,04% 1038 30-sep-03 1,5338 2,3007 6,42

$130.08
noviembre - 1 19,87% 1152 31-oct-03 1,5218 2,2827 0,69

$129.71
diciembre - 1 19,81% 1315 28-nov-03 1,5175 2,27625 3,13

$128.87
2004 Enero - 1 19,67% 1531 31-dic-03 1,5077 2,26155 5,44

$129.29
febrero - 1 19,74% 0068 30-ene-04 1,5126 2,2689 4,29

$129.65
marzo - 1 19,80% 0155 27-feb-04 1,5168 2,2752 3,30

$129.53
Abril - 1 19,78% 0257 31-mar-04 1,5154 2,2731 3,63

$129.11
Mayo - 1 19,71% 1128 30-abr-04 1,5105 2,26575 4,78

$128.87
Junio - 1 19,67% 1228 31-may-04 1,5077 2,26155 5,44

$127.48
Julio - 1 19,44% 1337 30-jun-04 1,4914 2,2371 2,15

$126.50
agosto - 1 19,28% 1438 30-jul-04 1,48 2,22 7,70

$127.84
septiembre - 1 19,50% 1527 31-ago-04 1,4956 2,2434 1,16

50
En donde Va es el valor actualizado por concepto de interés moratorio, Vh es el valor histórico por
concepto de interés moratorio, es decir, el monto de éste para la fecha de pago, IPC Inicial es el
Índice de precios al consumidor que corresponde al mes del pago e IPC Final es el último Índice de
precios al consumidor conocido en el mes en que se profiere esta sentencia.

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Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

$125.36
octubre - 1 19,09% 1648 30-sep-04 1,4666 2,1999 2,29

$128.38
noviembre - 1 19,59% 1753 29-oct-04 1,502 2,253 8,22

$127.78
diciembre - 1 19,49% 1890 30-nov-04 1,4949 2,24235 1,32

$127.54
2005 Enero - 1 19,45% 2037 31-dic-04 1,4921 2,23815 1,98
0244
modif por $127.23
febrero - 1 19,40% 0266 01-feb-05 1,4885 2,23275 4,26

$125.72
marzo - 1 19,15% 0386 28-feb-05 1,4708 2,2062 1,30

$125.96
Abril - 1 19,19% 0567 31-mar-05 1,4737 2,21055 9,19

$124.93
Mayo - 1 19,02% 0663 29-abr-05 1,4616 2,1924 4,90

$123.90
Junio - 1 18,85% 0803 31-may-05 1,4495 2,17425 0,61

$121.77
Julio - 1 18,50% 0948 30-jun-05 1,4246 2,1369 2,21

$120.18
agosto - 1 18,24% 1101 29-Jul-05 1,406 2,109 2,31

$120.06
septiembre - 1 18,22% 1257 31-Ago-05 1,4046 2,1069 2,64

$118.28
octubre - 1 17,93% 1487 30-Sep-05 1,3838 2,0757 4,70

$117.54
noviembre - 1 17,81% 1690 31-Oct-05 1,3752 2,0628 9,59
$
79.340,8
diciembre 21 1 17,49% 0008 30-Nov-05 0,0442 0,0663 4
Total intereses
factura 84 $3.618.744,27

Actualización: Va = vh x IPC final/IPC inicial

Va = 3’618.744,27 x 117,7151
58,7052

Va = $ 7’256.599,45

Factura 110

Tasa Interés
Corriente
Capital Factura De Efectivo Anual Fecha Moratoria
Venta 110 Año Fecha Inicial Días Bancario Resolución Resolución Diaria % (1.5) Valor
31-may-
$21.332.443 2005 junio 12 a 27 16 18,85% 0803 05 0,0473% 0,0007095 $2.421,66

Total intereses factura 110 $2.421,66

51
IPC del mes de abril de 2022
52
IPC de diciembre de 2005

75

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

Actualización: Va = vh x IPC final/IPC inicial

Va = 2.421,66 x 117,7153
58,1854
Va = $4.899,51

Valor total intereses de mora: $ 7’261.498,96

Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 15 de febrero de 2013 y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: ACÉPTASE el impedimento presentado por el doctor José Roberto
Sáchica Méndez para conocer del presente asunto.

SEGUNDO: DECLÁRASE la falta de legitimación por pasiva del Consorcio de
Remanentes TELECOM, constituido por Fiduagraria y Fidupopular, como vocero
del Patrimonio Autónomo de Remanentes de TELECOM en Liquidación.

TERCERO: DECLÁRASE la ineptitud sustantiva de la demanda en relación con la
pretensión principal, y por lo tanto la Sala se inhibe para resolverla, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

53
IPC del mes de abril de 2022
54
IPC de junio de 2005

76

Radicación Número: 250002326000200700177 01 (48011)
Actor: Nassquin LTDA
Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. y otro
Referencia: Apelación Sentencia - Controversias Contractuales

CUARTO: DECLÁRASE el incumplimiento contractual de Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

QUINTO: CONDÉNASE a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a pagar, a
favor de Nessquin Ltda., la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M/CTE
($7’261.498,96) por concepto de intereses de mora.

SEXTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Sin condena en costas.

En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN

Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto

77

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