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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00416-02

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00416-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone: “PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Yiniliceth Roa Sarmiento. 27 Radicado: 25000232600020070041602 (70980). Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de José Guillermo Roa Sarmiento, respecto del daño alegado por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo identificada con el radicado No. 2004-01163-01. TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Luz Mary Cárdenas Velandia. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: SIN COSTAS”. SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00416-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

9 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000232600020070041602 (70980)
Demandante: JOSÉ GUILLERMO ROA SARMIENTO Y OTRO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Error jurisdiccional. No se agotaron los recursos de ley frente al
proveído acusado de contener el yerro judicial. Defectuoso
funcionamiento de la administración de justica. Mora Judicial.
Falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de mayo de 2004, Yiniliceth Roa Sarmiento, actuando como apoderada judicial
de Raúl A. Mancera Mancera y otros, presentó demanda en ejercicio de la acción
de grupo en contra de la Nación - Rama Ejecutiva y otros, con el propósito de
obtener la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento de la
obligación establecida en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y por la
promulgación del Decreto 610 del 26 de marzo de 1998. Posteriormente, en
audiencia celebrada el 16 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca designó como coordinador del grupo al abogado Carlos Arturo
Espinosa.

Los demandantes consideran que la Nación – Rama Judicial es patrimonialmente
responsable por el error jurisdiccional contenido en el auto del 16 de marzo de 2006,
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consistente en que se
efectuó el reconocimiento del coordinador de la acción de grupo sin atender las

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

reglas previstas en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, y por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en
resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004-01163-01.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de julio de 20071, José Guillermo Roa Sarmiento y Yiniliceth Roa Sarmiento,
mediante apoderada judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial y de Luz Mary
Cárdenas Velandia (en su condición de magistrada del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca), para que fueran declarados patrimonialmente responsables por los
perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional contenido en el proveído del 16 de
marzo de 2006, consistente en el reconocimiento irregular del coordinador de la
acción de grupo sin atender a las reglas previstas en el artículo 492 de la Ley 472
de 1998, y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el
retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No.
2004-01163-01.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a los
demandados a pagar “todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro
cesante) y morales irrogados como consecuencia de los errores judiciales y las
fallas en la prestación del servicio judicial”.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 20 de mayo de
2004, Yiniliceth Roa Sarmiento, actuando como apoderada judicial de Raúl A.
Mancera Mancera, Mariano Antonio Quimbay Gómez, Alejandro Fajardo Vargas,
Oscar Javier Zambrano Parada, Miriam Usme Parra, Vicente Muñoz Ortiz, Fernando
Alberto Ospina Alarcón, Jairo Edinson Rojas Gasca, Augusto Zarate Rubio, Álvaro

1 Fl. 75, C. 1.
2 “Artículo 49. Ejercicio de la acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de
abogado.
Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el
juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número
de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité.”

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

Barbosa Suarez, Orlando Rengifo Lozano, Clelia Esther Rojas Melo, Pedro Ramírez
Castañeda, Edder Flórez Roa, Luz Elena Harker Useche, Leonardo Antonio Caro
Castillo, Francisco Javier Gallego Maldonado, German Antonio Galeano Salcedo,
Hugo Carmelo Ortiz Clavijo y Ciro Mauricio Molano Monroy presentó demanda en
ejercicio de la acción de grupo en contra de la Nación - Rama Ejecutiva y otros con
el propósito de obtener la indemnización de los perjuicios causados por el
incumplimiento de la obligación establecida en el parágrafo del artículo 14 3 de la
Ley 4 de 1992 y por la promulgación del Decreto 610 del 26 de marzo de 19984.

Manifiesta que, mediante auto del 25 de febrero de 2005, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la demanda, a la cual se le asignó el radicado 2004-
01163.

Señala que el 1° de septiembre de 2005, Yiniliceth Roa Sarmiento sustituyó a José
Guillermo Roa Sarmiento los poderes a ella conferidos.

Aduce que en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2006, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca designó como coordinador del grupo al abogado
Carlos Arturo Espinosa.

Finalmente, indica que en el trámite de la acción de grupo identificada con el
radicado 2004-01163 se incurrió en una mora judicial injustificada.

Los demandantes consideran que la Nación – Rama Judicial y Luz Mary Cárdenas
Velandia son patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional contenido en

3 “Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del

salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la
Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.)
de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y
los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y
empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios
de equidad”.
4 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros

funcionarios”.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

el auto del 16 de marzo de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca , consistente en que se efectuó el reconocimiento del coordinador de
la acción de grupo sin atender a las reglas previstas en el artículo 49 de la Ley 472
de 1998, y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el
retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No.
2004-01163.

Al efecto, señalan que en la mencionada providencia el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desconoció lo previsto en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, pues
pese a que José Guillermo Roa Sarmiento era el abogado que representaba a la
mayoría de personas en la referida acción de grupo, en contraposición a ello, se
resolvió designar como coordinador al profesional del derecho elegido por el comité
de abogados, sin que dicha interpretación fuera procedente.

Finalmente, en cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
indican que en el trámite de la acción de grupo se incurrió en mora judicial
injustificada, pues se presentó una “inobservancia del carácter imperativo señalado
a los términos judiciales para las acciones de grupo en la Ley 472 de 1998”.

2. Contestaciones

El 26 de noviembre de 20095 y el 4 de marzo de 20106, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y
al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Rama Judicial7 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda,
argumentando que en el caso sub examine no se incurrió en un error jurisdiccional,
pues el auto del 16 de marzo de 2006 se profirió de conformidad con lo previsto en
el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, adicionalmente, contra la referida decisión

5 Fl. 175, C. 1.
6 Fl. 185 a 186, C. 1. Mediante auto del 26 de noviembre de 2009 el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca admitió la demanda únicamente respecto de la Nación – Rama Judicial y precisó que
no se tendría como parte demandada a Luz Mary Cárdenas Velandia. Posteriormente, mediante auto
del 4 de marzo de 2010, repuso la anterior decisión y ordenó la vinculación de Cárdenas Velandia
como demandada.
7 Fl. 240 a 245, C. 1.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

procedían los recursos de ley y la parte interesada nos los presentó. Propuso la
excepción de culpa exclusiva de la víctima.

2.2. Luz Mary Cárdenas Velandia8 se opuso a las pretensiones de la demanda.
Sobre el particular, señaló que en el asunto objeto de debate no se incurrió en una
vía de hecho, por el contrario, la discrepancia de la parte actora constituye un mero
problema de interpretación jurídica. Finalmente, sostuvo que no se acreditó la
configuración de un daño antijurídico, pues las pretensiones de la demanda se
fundan en simples expectativas frente al resultado de la acción de grupo.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de junio de 20229 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte actora10 reiteró los argumentos expuestos en su demanda.
Adicionalmente, señaló que, de conformidad con la sentencia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 16 de junio de 2003 (exp. 1999-00528),
“el comité tendrá como coordinador a quien represente el mayor número de
interesados” y, en el caso sub examine, dicho derecho correspondía a José
Guillermo Roa Sarmiento “pese a lo cual la señora magistrada, caprichosamente y
sin observar la ley, decidió no reconocerlo como tal”.

3.2. La Nación - Rama Judicial, Luz Mary Cárdenas Velandia y el Ministerio Público
guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de agosto de 202311, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Al efecto, consideró que en el
proveído del 16 de marzo de 2006 no se había incurrido en un error jurisdiccional,

8 Fl. 197 a 206, C.1.
9 Samai, índice 160 de primera instancia.
10 Samai, índice 164 de primera instancia.
11 Samai, índice 166 de primera instancia.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

toda vez que se efectuó una interpretación razonable del artículo 49 de la Ley 472
de 1998, según la cual, hay dos supuestos para nombrar al coordinador del grupo
–el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien
represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité-,
las cuales no son excluyentes y, por tanto, “mal haría la Magistrada en desconocer
dicho acuerdo para imponer una voluntad diferente por el hecho de que una persona
no esté de acuerdo”.

De otro lado, en cuanto a la mora judicial alegada, sostuvo que las actuaciones
desplegadas en el trámite de la acción de grupo No. 2004-01163-01 “resultan
adecuadas en tiempos y argumentación en cada etapa del proceso”.

5. Recurso de apelación

El 23 de agosto de 202312, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue concedido el 9 de febrero de 202413 y admitido el 12 de abril de 202414.

5.1. La parte demandante afirmó que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el auto del 16 de marzo de 2006 fue caprichosa
y “atravesó sin razón los linderos del recto Derecho”, dado que, de acuerdo con el
artículo 49 de la Ley 472 de 1998, “si existe un abogado que represente el mayor
número de víctimas, el Juez debe, sí o sí, reconocerlo como coordinador del grupo
de abogados así éste no lo acepte o nombre a otro como aquí ocurrió, pues dicho
reconocimiento no lo dejó el legislador ni al arbitrio o autonomía del Juez ni al
capricho del Comité de abogados”.

En cuanto a la mora judicial, alegó que estaba plenamente acreditada, por cuanto
los términos previstos en la Ley 472 de 1998 son de obligatorio cumplimiento; sin
embargo, la referida acción de grupo fue presentada hace más de 20 años sin que
hasta la fecha se hubiese dictado decisión de fondo.

12 Samai, índice 169 de primera instancia.
13 Samai, índice 171 de primera instancia.
14 Samai, índice 4.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de mayo de 202415 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio Público16 solicitó confirmar la decisión de primera instancia, al
considerar que no se acreditó la configuración de un daño cierto, toda vez que en la
acción de grupo 2004-011663 no se ha proferido sentencia que permita establecer
si las pretensiones de la demanda prosperan o no y, por tanto, si hay lugar al
reconocimiento de los honorarios al abogado coordinador del grupo, previstos en el
numeral 6 del artículo 65 de la Ley 472 de 199817. Asimismo, sostuvo que la parte
actora no interpuso recurso alguno contra el auto del 16 de marzo de 2006, razón
por la cual no se cumplen los requisitos para estudiar la configuración de un error
jurisdiccional. Frente a la mora judicial alegada, precisó que la sola tardanza en la
adopción de una decisión de fondo no es causal para que se configuré la
responsabilidad estatal, dado que la parte actora tiene la carga de acreditar que
dicha mora ha sido producto de dilaciones, acciones u omisiones injustificadas, lo
cual no se probó en el sub examine.

6.2. La parte demandante, la Nación – Rama Judicial y Luz Mary Cárdenas Velandia
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
en contra de la sentencia del 10 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 270 de 1996.

15 Samai, índice 14.
16 Samai, índice 18.
17 “Articulo 65. Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las

disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones
incoadas, dispondrá: (…). 6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que
corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros
del grupo que no hayan sido representados judicialmente”.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8618 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño proveniente de unos hechos imputables a la administración
de justicia.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal19.

Así pues, se advierte que, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar
la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el

18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.
19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

legislador, apuntando a la protección del interés general20, estableció unos plazos
para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos
plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables,
irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado
hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así
como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de
solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción21, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure22 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el presente asunto, la parte accionante solicitó declarar patrimonialmente
responsables a la Nación - Rama Judicial y a Luz Mary Cárdenas Velandia: i) por el
error judicial en que habría incurrido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
el auto del 16 de marzo de 2006; y, ii) por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo
tramitada con el radicado No. 2004-01163.

Pues bien, en primer lugar, se tiene que la Sección Tercera de esta Corporación ha
indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente
al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro24.

De conformidad con lo anterior, se estima que, frente al error jurisdiccional endilgado
en el auto del 16 de marzo de 2006, el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en
cuenta que la referida providencia fue dictada en audiencia y notificada en
estrados25 y adquirió firmeza el 22 de marzo siguiente26; y la demanda se presentó
el 18 de julio de 200727.

De otro lado, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia el término de caducidad se cuenta a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el
conocimiento de dicho daño por la parte demandante28.

Sobre el particular, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo
respecto del defectuoso funcionamiento de la administración alegado por el retardo
injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004-
01163, inclusive antes de que comenzara a contarse el término de dos (2) años
previstos para el vencimiento de la acción de reparación directa , teniendo en cuenta
que i) consultado el aplicativo de gestión judicial Samai, se advierte que en el
referido proceso a la fecha no se ha dictado sentencia de primera instancia 29; y, ii)
la demanda se presentó el 18 de julio de 200730.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
25 Fl. 210 a 219, C. 1.
26 Según el artículo 331 del CPC “Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días

después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de
una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva”, norma vigente
para ese momento.
27 Fl. 75, C. 1.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 4 de abril de 2018, Rad: 48089.
29 Al respecto, se puede consultar:

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000231500020040
1163001100133
30 Fl 75, C. 1.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

4. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis31.

4.1. José Guillermo Roa Sarmiento es la persona sobre quien recae el interés
jurídico que se debate en este proceso respecto del daño alegado por error
jurisdiccional y está legitimado en la causa por activa, toda vez que, según lo
narrado en el escrito de la demanda, mediante auto del 16 de marzo de 2006, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca le privó de su derecho a ser reconocido
como coordinador del grupo en el trámite de la acción de grupo identificada con el
radicado No. 2004-01163 (hecho probado 7.1.10). Sobre el particular, conviene
precisar que, de conformidad con el numeral 632 del artículo 65 de la Ley 472 de
1998, al abogado coordinador del grupo se le reconocerá como honorarios el 10%
de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no
hayan sido representado judicialmente.

No obstante lo anterior, se advierte que, respecto del daño alegado por el retardo
injustificado en resolver la referida acción de grupo, José Guillermo Roa Sarmiento
no está legitimado en la causa por activa.

Al efecto, es importante destacar que la legitimación en la causa por activa supone
la verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés
jurídico que se debate en el proceso, con el fin de que pueda ser considerado como
el sujeto llamado a discutir la procedencia de sus pretensiones dentro del marco del
proceso judicial.

31 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
32 “Artículo 65.- Contenido de la Sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las

disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones
incoadas; dispondrá: (…).
6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento
(10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido
representado judicialmente.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

En ese sentido, conviene precisar que José Guillermo Roa Sarmiento en el trámite
de la referida acción de grupo no ostenta la calidad de parte (hecho probado 7.1.6.),
sino que representa los intereses de sus mandantes y, en ese sentido, no tiene un
interés sustancial y directo en las resultas de la acción de grupo identificada con el
radicado No. 2004-01163.

4.2. Yiniliceth Roa Sarmiento no está legitimada en la causa por activa, puesto que
no probó haber sido afectada por la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 16 de marzo de 2006, así como tampoco
acreditó tener un interés sustancial y directo en las resultas de la acción de grupo
identificada con el radicado No. 2004-01163, pues, en línea con lo expuesto en
precedencia, si bien fue la persona que presentó la demanda en ejercicio de la
acción de grupo, ello lo hizo actuado como apoderada judicial de Raúl A. Mancera
Mancera y otros (hecho probado 7.1.1.).

4.3. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió la providencia del 16 de marzo de 2006, la cual es objeto de
reproche.

4.4. Luz Mary Cárdenas Velandia no está legitimada en la causa por pasiva, de
conformidad con el criterio fijado por la Corte Constitucional en sentencia C-484 de
2002. Sobre el particular, al efectuar el análisis de constitucionalidad del
llamamiento en garantía con fines de repetición de los servidores públicos previsto
en la Ley 678 de 2001, se precisó que de conformidad con el artículo 9033 de la
Constitución Política, “el sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado,
vale decir que no hay responsabilidad subjetiva del servidor público de manera
directa con la víctima de su acción u omisión, sino una responsabilidad de carácter
institucional que abarca no sólo el ejercicio de la función administrativa, sino todas
las actuaciones de todas la autoridades públicas sin importar la rama del poder
público a que pertenezcan, lo mismo que cuando se trate de otros órganos

33“Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél
deberá repetir contra éste”.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
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autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado”34.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 16 de marzo de 2006, mediante la cual
reconoció al coordinador del grupo en el trámite de la acción de grupo identificada
con el radicado No. 2004-01163, cumple con los presupuestos generales para
estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199135 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho36, que contraría el orden legal37 o que está desprovista de una
causa que la justifique38, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida

34 Esta postura no es ajena a la Sala, pues en casos análogos ha adoptado igual criterio. Cfr. Consejo

de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de marzo de 2023, Rad: 52493.
35 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945.
37 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.

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o protegida39, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros40.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

39 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,

sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
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La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad41.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 42 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”43. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”44

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con

41 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
43 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabilidad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Ley Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
44 Ibídem

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
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fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios45 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima46 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso47, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo

45 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
46 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
47 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana

López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación48, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada49 o; viii) actuó sin competencia.

48 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
49 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 10 de agosto
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte activa indicó que la decisión adoptada en el auto del 16 de
marzo de 2006 -la cual se acusa de contener un error judicial- no fue “producto de
su autonomía e independencia interpretativa sino de su solo capricho, que atravesó
sin razón los linderos del recto Derecho”, dado que, de acuerdo con el artículo 49
de la Ley 472 de 1998, “si existe un abogado que represente el mayor número de
víctimas, el Juez debe, sí o sí, reconocerlo como coordinador del grupo de abogados
así éste no lo acepté o nombre a otro como aquí ocurrió, pues dicho reconocimiento
no lo dejó el legislador ni al arbitrio o autonomía del Juez ni al capricho del Comité
de abogados”.

En este sentido y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en
aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso50. Por ello, a continuación,
se analizará si la Nación - Rama Judicial es patrimonialmente responsable por error
jurisdiccional contenido en la providencia del 16 de marzo de 2006, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

50 “Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto

el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de
una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando
fuere desfavorable al apelante”.

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Por demás, se precisa que, en relación con el cargo expuesto por el recurrente en
cuanto al hecho que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con
el radicado No. 2004-01163, lo cierto es que frente a dicho aspecto la parte actora
carece de legitimación en la causa por activa, según análisis realizado en el numeral
4.1.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados51

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se acreditó que el 20 de mayo de 2004, Yiniliceth Roa Sarmiento, actuando
como apoderada judicial de Raúl A. Mancera Mancera y otros, presentó demanda
en ejercicio de la acción de grupo en contra de la Nación - Rama Ejecutiva y otros,
con el propósito de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados como
consecuencia del incumplimiento de la obligación establecida en el parágrafo del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y por la promulgación del Decreto 610 del 26 de
marzo de 1998, según da cuenta copia simple de la referida demanda52.

7.1.2. Se probó que mediante auto del 1° de junio de 2004, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca rechazó la demanda. De ello da cuenta copia simple de dicha
providencia53.

51 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
52 Fl. 99 a 123, C. 4.
53 Fl. 127 a 130, C. 4.

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7.1.3. Consta que mediante auto del 30 de septiembre de 2004, el Consejo de
Estado revocó la decisión del 1° de junio de 2004 y, en su lugar, inadmitió la
demanda. Esta información consta en copia simple de la referida providencia54.

7.1.4. Está probado que el 13 de diciembre de 2004, Yiniliceth Roa Sarmiento
subsanó la demanda, según da cuenta copia simple de dicho documento55.

7.1.5. Se demostró que mediante auto del 25 de febrero de 2005, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda. De ello da cuenta copia
simple de dicha providencia56.

7.1.6. Se acreditó que en los meses de marzo, agosto, septiembre, noviembre y
diciembre de 2005 los abogados José Guillermo Roa Sarmiento y Yiniliceth Roa
Sarmiento allegaron peticiones de nuevos demandantes que deseaban acogerse a
las resultas del proceso de acción de grupo, según da cuenta copia simple de las
referidas peticiones57.

7.1.7. Se probó que el 1° de septiembre de 2005, Yiniliceth Roa Sarmiento sustituyó
a José Guillermo Roa Sarmiento los poderes a ella conferidos en el trámite de la
acción de grupo. De ello da cuenta copia simple de dicho documento58.

7.1.8. Consta que el 1° de septiembre de 2005, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca celebró audiencia de conciliación de que trata el artículo 61 de la Ley
472 de 1998, la cual se declaró fallida. En dicha diligencia José Guillermo Roa
Sarmiento solicitó que se le reconociera como coordinador del grupo, no obstante,
la magistrada conductora de la audiencia señaló que se pronunciaría en auto
separado sobre la coordinación del grupo. De ello da cuenta copia simple del acta
de dicha audiencia59.

54 Fl. 154 a 166, C. 4.
55 Fl. 167, C. 4.
56 Fl. 175 a 177, C. 4.
57 Fl. 179 a 184; 246 a 259; 449 a 486; 518 a 542 y 556, C. 4. Y Fl. 40, C. 5.
58 Fl. 347, C. 4.
59 Fl. 313 a 322, C. 4.

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7.1.9. Consta que mediante auto del 14 de febrero de 2006, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca fijó fecha para el 16 de marzo de 2006 con el propósito de celebrar
la audiencia para conformar el comité que se encargaría de nombrar al coordinador
del grupo. Esta información consta en copia simple de la referida providencia60.

7.1.10. Está probado que en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2006, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca reconoció como coordinador del grupo al abogado
Carlos Arturo Espinosa, según da cuenta copia simple del acta de dicha diligencia61.
El desarrollo de la audiencia fue el siguiente:

“En este estado de la diligencia el doctor FILEMÓN TORRES VASQUEZ, solicita
respetuosamente a la H. Magistrada (…) se me permita retirarme y si usted lo
puede considerar en su momento mi voto lo otorgo para ejercer la coordinación
del Comité al doctor Carlos Arturo Espinosa Daza. En este estado de la audiencia
el doctor ROA SARMIENTO, indica que su propósito no es otro que el que se dé
cumplimiento a la Ley, que de manera expresa indica quien debe ser el llamado a
representar o coordinar el grupo accionante. El doctor BERNARDO SUAREZ
CAMACHO, deja constancia que teniendo en cuenta que el número de actores
que representan los apoderados judiciales aquí presentes superan el número al
cual representa el doctor JOSE GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO, es
necesario que se inicie la votación. El señor Procurador Judicial indica al señor
apoderado judicial, doctor ROA SARMIENTO, que la redacción del artículo 49 de
la Ley 472 de 1998, otorga al Magistrado sustanciador la facultad de tomar la
decisión o en su defecto el que nombre el Comité. El señor apoderado judicial deja
constancia que si bien el articulo lo dice, la ley también determina el orden y la
prioridad que se debe dar al representante del mayor número de personas. La H.
Magistrada solicita al señor apoderado judicial considerar que el fin de la acción
es el mismo y los intereses que se defienden son los mismos, por lo cual le ruega
guardar compostura. El doctor ROA SARMIENTO solicita respetuosamente al
Despacho se le permita dejar una constancia y me retiro de la misma porque no
estoy de acuerdo. La H. Magistrada indica que la audiencia se convocó para la
conformación del Comité y la elección del Coordinador, por esta razón lo primero
que se hará será la votación por cada uno de los miembros del Comité y luego se
dejarán las constancias a que haya lugar. Se concede el uso de la palabra al
doctor CARLOS ARTURO ESPINOSA DAZA, quien aporta el listado de las
personas que representa y manifiesta votar como coordinador del Grupo, por él
mismo. En uso de la palabra el doctor BERNARDO SUAREZ CAMACHO,
manifiesta que su voto lo otorga al doctor CARLOS ARTURO ESPINOSA DAZA y
que por razones de tiempo no presenta el listado de las personas que representa,
documento que se compromete a presentar en el curso de la tarde. En uso de la
palabra la doctora DAISSY MARIN SALINAS. manifiesta que aporta el listado de
las personas que representa y otorga su voto al doctor CARLOS ARTURO
ESPINOSA DAZA. En uso de la palabra la doctora ANGELICA DEL PILAR
ALDANA RIVERA. manifiesta que su voto lo otorga al doctor CARLOS ARTURO
ESPINOSA DAZA, y que al igual que el doctor Bernardo aportará el listado de sus
representados en el transcurso del día. En uso de la palabra el doctor JOSE
GUILLERMO ROA SARMIENTO, indica: En escrito que anexo allego el listado de
mis poderdantes en número de 92. a quienes estoy representando en esta acción.

60 Fl. 65, C. 5.
61 Fl. 825 a 834, C. 6.

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

Además, por la representación legal, procesal y sustancial que establece el
parágrafo único que establece el artículo 48 de la ley 472 de 1998, represento a
todos los demás actores ausentes, es decir aquellos que no han conferido poder,
cuyo número supera los 10.000 funcionarios judiciales. En esas condiciones con
el mayor respeto solicito al Despacho se me designe como Coordinador del Grupo
en la forma y en los precisos términos que establece el artículo 49 de la citada ley,
que faculta al Juez para reconocer "como coordinador y apoderado legal del grupo
a quien represente el mayor número de víctimas o en su defecto al que nombre el
Comité". En ese sentido, como el suscrito es el que representa al mayor número
de perjudicados por ley tengo derecho a la coordinación que reclamo. Además de
lo anterior, al proceso han llegado una serie de memoriales de actores ausentes
que manifiestan su deseo de integrarse a la acción de grupo y como no confieren
poder a ningún otro abogado se debe entender que están ratificando la
representación legal que tengo de sus derechos en la presente acción. Comedidamente debo manifestar que observo que el debido proceso en la
designación del coordinador está siendo vulnerado, ya que no se está realizando
en los precisos términos que el legislador estableció en el ya citado artículo 49,
vulneración que aspiro se erradique. El doctor BERNARDO SUAREZ, solicita
respetuosamente a la H. Magistrada, se le permita pronunciarse frente a lo
manifestado por el doctor Roa, autorizado indica: No obstante de representar el
menor número de participantes en esta acción de grupo deseo expresar a la H. Magistrada y al resto de participantes en esta audiencia que no estoy de acuerdo
con la posición que acaba de expresar el doctor Roa, en abrogarse la
representación mayoritaria de quienes no le han conferido poder real y efectivo,
pues la naturaleza de la acción de grupo por ser de carácter general para quienes
interesa el tema que se reclama en ningún momento le permite al Togado
inicialista abrogarse dicha facultad y representación, pues quienes hemos
concurrido a esta especial acción y representamos intereses de funcionarios y
Jueces que aspiran a su nivelación, nos encontramos exponiendo nuestro derecho
democrático y en la votación que se acaba de realizar tenemos cuantitativamente
un número superior de representados a quienes representa el doctor Roa, razón
suficiente y matemática para que en el momento de la asignación del Coordinador
se tenga al doctor Carlos Arturo Espinosa, como se ha propuesto en esta
diligencia. En uso de la palabra el doctor CARLOS ARTURO ESPINOSA, expresa: En este estado de la diligencia me dirijo a la Magistrada, al Ministerio Público y a
los apoderados asistentes a fin de manifestarles que respetando el derecho
democrático que asiste a los participantes y en especial a nuestros mandantes,
para que a través de la presente acción las pretensiones que se alegan en la
acción de grupo sean tenidas en cuenta, dejo claro que de manera alguna lo
hacemos atentando contra los derechos que le asiste a cualquiera de los aquí
participantes, nuestra actuación libre y espontánea es en aceptación del mandato
que nos han conferido los accionantes relacionados en la acción impetrada, por lo
que ya y observando la votación que aquí se suscita y siendo mi nombre el
designado por los señores apoderados. respetuosamente manifiesto que atenderé
los llamados, las observaciones y sugerencias que tengan los demás apoderados
del grupo y los que a futuro se vinculen. así las cosas y bajo el derecho que me
asiste no encuentro contraposición a la norma citada por el apoderado Roa y si
por el contrario me atengo a lo que resuelva el Despacho. El Despacho advierte
que mediante memorial de fecha 17 de febrero de 2006, el doctor ROA ya había
manifestado su intención de que se le designara coordinador del grupo, así como
lo hizo en la audiencia de conciliación.

El Despacho teniendo en cuenta la
naturaleza de la acción y en razón a que son varios los apoderados que
representan a las partes y a que éstos en la misma audiencia manifestaron no
estar conformes con que el doctor Roa representara el grupo optó por conformar
el Comité para que fuera el mismo comité el que designara a dicho coordinador y
mediante auto de fecha 3 de marzo del año en curso, el cual se encuentra

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

debidamente ejecutoriado se expresó dicha posición en cumplimiento del artículo
49 de la Ley 472 de 1998, que le permite al Juez reconocer como coordinador o
apoderado el que represente el mayor número de víctimas o en su defecto el que
designe el comité, y así se consideró optar por esta segunda opción teniendo en
cuenta que es la voluntad de los apoderados que intervienen en la acción de
grupo. El doctor JOSE GUILLERMO ROA, solicita el uso de la palabra a la H.
Magistrada para dejar una constancia. La H. Magistrada indica que la oportunidad
ya se le concedió y cualquier manifestación adicional la podrá hacer mediante
memorial, como quiera que está insistiendo en lo ya resuelto. El doctor ROA indica
que se le está cercenando su derecho. El señor Procurador Judicial indica al señor
apoderado que no se le está cercenando ningún derecho y que todos han hecho
uso de la palabra en su debido momento y cualquier manifestación la podrá hacer
mediante memorial. No siendo otro el motivo de la presente se termina y firma por
quienes asistieron, siendo las 12:30 p.m.” (se subraya).

7.2. Imposibilidad de estudiar el error jurisdiccional

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de
su derecho a ser reconocido como coordinador del grupo en el trámite de la acción
de grupo identificada con el radicado No. 2004-01163, pues, a su juicio, la
providencia del 16 de marzo de 2006 desconoció el artículo 49 de la Ley 472 de
1998, frente a lo cual se alega un error jurisdiccional.

Ahora bien, se tiene que el artículo 66 de la Ley 270 de 199662 dispone que el error
jurisdiccional es aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en el curso de un proceso, el cual se materializa a través de una
providencia contraria a la ley.

Además, el artículo 67 ibídem señala que para que sea procedente la reclamación
de perjuicios por un error judicial, la parte afectada deberá haber interpuesto los
recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá encontrarse en firme ”63.

Bajo el anterior contexto, se observa que no se cumplen los presupuestos para
estudiar el presunto error jurisdiccional alegado en la demanda frente a la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de
marzo de 2006 (hecho probado 7.1.10.), toda vez que la decisión acusada de
contener un yerro judicial no fue recurrida por José Guillermo Roa Sarmiento.

62 Estatutaria de la Administración de Justicia.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.

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Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

Sobre el particular, se precisa que el artículo 69 de la Ley 472 de 1996 dispone que
“[e]n lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente título, se aplicarán
a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”. Asimismo,
por su parte, el artículo 348 del C.P.C. dispone:

“Artículo 348. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra
los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no susceptibles
de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, a fin de
que se revoquen o reformen.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten,
por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la notificación
del auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia,
caso en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se
pronuncie el auto.” (se destaca).

Ahora bien, la Sala no pasa por alto que en la firma del acta de la audiencia del 16
de marzo de 2006, José Guillermo Roa Sarmiento señaló que “NO SE ME
PERMITIÓ RECURRIR NI DEJAR CONSTANCIA ALGUNA”; sin embargo, de lo
consignando en la referida acta se advierte que a lo largo de la audiencia se le
permitió intervenir y exponer sus puntos de vista, sin que se le haya restringido la
oportunidad de interponer recursos en el transcurso de esta; por el contrario, se
tiene que si bien Roa Sarmiento manifestó su inconformidad frente a la selección
del coordinador, al señalar que “observo que el debido proceso en la designación
del coordinador está siendo vulnerado, ya que no se está realizando en los precisos
términos que el legislador estableció en el ya citado artículo 49, vulneración que
aspiro se erradique”, lo cierto es que en ningún momento manifestó la intención de
interponer recurso alguno contra la decisión adoptada en audiencia, sino que se
limitó a solicitar la palabra “para dejar una constancia”, según da cuenta el acta
de la diligencia (hecho probado 7.1.10), cuyo contenido es el siguiente:

“(…) El doctor JOSE GUILLERMO ROA, solicita el uso de la palabra a la H.
Magistrada para dejar una constancia. La H. Magistrada indica que la oportunidad
ya se le concedió y cualquier manifestación adicional la podrá hacer mediante
memorial, como quiera que está insistiendo en lo ya resuelto. El doctor ROA indica
que se le está cercenando su derecho. El señor Procurador Judicial indica al señor
apoderado que no se le está cercenando ningún derecho y que todos han hecho
uso de la palabra en su debido momento y cualquier manifestación la podrá hacer
mediante memorial. No siendo otro el motivo de la presente se termina y firma por
quienes asistieron, siendo las 12:30 p.m.” (se subraya).

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Radicado: 25000232600020070041602 (70980).
Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

En suma, se advierte que el daño alegado se produjo por la propia incuria del
demandante al no haber agotado los recursos ordinarios de ley, pues de
conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1998, “el daño se entenderá como
debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta […] no haya interpuesto los
recursos de ley”.

En vista de lo expuesto en la parte resolutiva de esta providencia se modificará la
sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar
la falta de legitimación en la causa por activa de Yiniliceth Roa Sarmiento; asimismo,
declarar la falta de legitimación en la causa por activa de José Guillermo Roa
Sarmiento respecto del daño alegado por el retardo injustificado en resolver la
acción de grupo identificada con el radicado No. 2004.01163; declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva de Luz Mary Cárdenas Velandia; y negar las
demás pretensiones de la demanda por la imposibilidad de estudiar el error
jurisdiccional alegado frente al auto del 16 de marzo de 2006.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de Yiniliceth Roa Sarmiento.

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Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

SEGUNDO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por activa de José Guillermo Roa Sarmiento, respecto del daño alegado
por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo identificada con el radicado
No. 2004-01163-01.

TERCERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva de Luz Mary Cárdenas Velandia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: SIN COSTAS”.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF

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