Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00469-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00469-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2007-00469-01
Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz
9 de julio de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega
REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ERROR JUDICIAL – Dentro de proceso de liquidación obligatoria de sociedad / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / ERROR JURISDICCIONAL / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Probada / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – No presentar el recurso de reposición contra la decisión de la entidad demandada
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. (…) La acción de reparación directa por error judicial procede contra cualquier autoridad investida de facultad jurisdiccional cuando se considera que ésta ha proferido, en desarrollo de tal facultad, una providencia contraria a la ley. (…) Por su parte, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 establece que el error judicial “es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.” […] Ahora bien, el artículo 116 de la Constitución Política establece que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.” Respecto a la Superintendencia de Sociedades, el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, vigente para la época de los hechos, establecía que tendría funciones jurisdiccionales para conocer de forma privativa de los procesos concursales que se adelantaran contra las personas jurídicas. (…) Así, la acción de reparación directa es procedente en este caso porque la Superintendencia de Sociedades profirió el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 en ejercicio de una función jurisdiccional. En efecto, a través de esta providencia la entidad adoptó dos decisiones: de un lado, adoptó el plan de pagos de los acreedores de una sociedad liquidada. De otro, negó el reconocimiento y pago, de manera preferencial, de los honorarios a los que la parte demandante tenía derecho como asesora de la liquidación, conforme al artículo 197 de la Ley 222 de 1995.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 116 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 66 / LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 90 / LEY 222 DE 1995 – ARTÍCULO 197
PROBLEMA JURÍDICO: Procede la Sala a determinar, en razón y con ocasión de los términos estrictos de la interposición del recurso de apelación, si la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, es administrativa y patrimonialmente responsable por el daño antijurídico, bajo la modalidad de error judicial, atribuido a las decisiones contenidas en los autos del 17 de marzo y del 27 de junio de 2003 y auto del 17 de agosto de 2005 que negaron el reconocimiento y pago, de manera preferencial, de los honorarios a los que el demandante tenía derecho como asesor de la liquidación, conforme a la prelación de créditos prevista en el artículo 197 de la Ley 222 de 1995.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO – Respecto de sentencias de primera instancia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 73
PRESUPUESTOS PROCESALES / ACCIÓN DE REPETICIÓN – Procede / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN –No se configura / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Contra Superintendencia de Sociedades / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – Procede / EXCEPCIONES PREVIAS – Culpa exclusiva de la víctima / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Procede
Tal y como lo señaló el Tribunal, la demanda fue presentada oportunamente. La última actuación de la Superintendencia de Sociedades fue el auto 441-012548 del 17 de agosto de 2005, mediante el cual la superintendencia dio por terminado el proceso de liquidación obligatoria de Textiles Nylon S.A. El daño se consolidó con esta providencia porque el demandante no pudo obtener el pago de los honorarios reconocidos a su favor en la liquidación debido a que el patrimonio de la sociedad liquidada no alcanzaba a cubrir todas las deudas. Esta providencia fue notificada por estado el 19 de agosto de 2005; como la demanda fue radicada el 16 de agosto de 2007, es claro que fue presentada dentro del término de dos años establecido en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A. (…) La Superintendencia de Sociedades ejerció funciones jurisdiccionales cuando expidió el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003, mediante el cual aprobó un plan de pagos y se negó a reconocer, de manera preferencial, una acreencia a favor de la parte demandante, razón por la cual la acción de reparación directa por error judicial es procedente contra la entidad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ERROR JUDICIAL –Contenido en auto que niega el reconocimiento y pago, de manera preferencial, de los honorarios a los que el demandante tenía derecho / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – El demandante no impugnó la providencia que considera que le causó el daño / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – Se configura
Sin embargo, se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque la parte demandante no la recurrió, según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996. (…) La Sala no se pronunciará respecto de la acusación de error judicial contra el auto 441-011385 del 27 de junio de 2003 porque esta providencia no causó el daño alegado por el demandante; en ella simplemente se resolvió un recurso de reposición presentado por otros acreedores en contra del auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003. (…) El demandante no cumplió con los presupuestos exigidos para que se configurara el error judicial. En el caso analizado está probada la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima porque el demandante no impugnó la providencia que considera que le causó el daño, esto es, el auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003. (…) El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 establece como presupuesto del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos de ley y que la providencia a la que se imputa el error esté en firme. (…) Así, el demandante debía interponer el recurso de reposición contra el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 como presupuesto para la configuración del error judicial. En tanto no lo hizo, la Sala confirmará la decisión de primera instancia y negará las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 67 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 70
CONDEN EN COSTAS –Improcedencia
En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 446
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con salvamento de voto del honorable consejero Alexánder Jojoa Bolaños.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00469- 01(43044)
Actor: HENRY CASTRO ESCAMILLA
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Error judicial de la Superintendencia de Sociedades al ejercer funciones jurisdiccionales en un proceso de liquidación obligatoria. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque está probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima por no presentar el recurso de reposición contra la decisión de la entidad demandada de no reconocerle una acreencia en un proceso liquidatorio de manera preferencial. Tampoco está probado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que le imputa a los liquidadores.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.
ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- El 17 de agosto de 2007 Henry Castro Escamilla solicitó declarar la responsabilidad patrimonial de la Superintendencia de Sociedades por el error jurisdiccional atribuido a las decisiones contenidas en los autos del 17 de marzo y del 27 de junio de 2003 y en el auto del 17 de agosto de 2005, proferidos por el Superintendente delegado para los Procedimientos Mercantiles en el proceso de liquidación obligatoria de la sociedad Textiles Nylon S.A. Estos autos negaron el reconocimiento y pago, de manera preferencial, de los honorarios a los que el demandante tenía derecho como asesor de la liquidación, conforme a la prelación de créditos prevista en el artículo 197 de la Ley 222 de 1995, decisiones que le causaron perjuicios.
El accionante también solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que incurrieron los auxiliares de la justicia Doris Martha Saavedra Henao y Guillermo Castilla Coral, que ejercieron como liquidadores de la sociedad, porque no le reconocieron los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios suscrito por el citado demandante, Henry Castro Escamilla, con la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao para prestarle asesoría en la liquidación.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<< (...) PRIMERA. Que se declare a la Nación - Superintendencia de Sociedades (…) y de manera solidaria en virtud del fuero de atracción a los (…) auxiliares de la justicia Doris Martha Saavedra Henao y Guillermo Castilla Coral, por ser responsables administrativa y extracontractualmente de los daños y perjuicios morales, materiales y demás que se llegaren a demostrar en el proceso, que le causaron a (…) HENRY CASTRO ESCAMILLA, por el daño antijurídico consistente en el error y defectuoso funcionamiento jurisdiccional dentro del proceso de liquidación obligatoria de la sociedad TEXTILES NYLON S.A. – En liquidación Obligatoria (...) con la decisión adoptada en los autos No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003 y 441-011385 del 27 de junio de 2003 (…) y el 441-012548 del 17 de agosto de 2005 proferidos por el (…) Superintendente Delegado para los Procedimientos Mercantiles (…) que negó reconocerle y cancelarle los honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios de fecha 15 de febrero de 1998, como asesor del liquidador de manera preferencial como lo ordena el artículo 197 de la ley 222 de 1995. Con éste error o defectuoso proceder imposibilitó el pago de los honorarios a mi representado.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración de responsabilidad, se condene a (…) las demandadas a pagar al demandante, a título de perjuicos morales y materiales, así:
2.1. Daños Morales: Para el señor HENRY CASTRO ESCAMILLA (…) la cantidad de cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales vigentes (…)
2.2. Daños Materiales:
En cumplimiento de la cláusula segunda del contrato del 15 de febrero de 1998, suscrito con la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao, (…) como honorarios de asesor al doctor HENRY CASTRO ESCAMILLA (…) se reconoció el 10% del valor que lograra rebajar de los créditos que pretendía la DIAN dentro del proceso liquidatorio que era de $4.711.567.622 (…) lo rebajado fue la suma de $2.481.103.993,3 (…) luego el valor de los honorarios adeudados (…) corresponde a la suma de $248.110.399, a este valor se debe reconocer intereses corrientes, moratorios más los ajustes de valor desde la fecha que se reconoció, es decir, desde el 30 de septiembre de 2002 hasta el día de su pago.
TERCERA. La condena (…) será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (…)
(…) QUINTA. Que se condene en costas a la demandada>>.
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 2 de enero de 1997 la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de la liquidación obligatoria de la sociedad Textiles Nylon S.A. y designó como liquidadora a Doris Martha Saavedra Henao.
3.2.- El 15 de febrero de 1998 la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao celebró un contrato de prestación de servicios con el demandante Henry Castro Escamilla. El objeto del contrato era prestar asesoría tributaria y obrar como apoderado especial en el proceso de cobro coactivo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adelantaba contra Textiles Nylon S.A. para obtener una disminución de los créditos reportados por la DIAN a la Superintendencia de Sociedades.
3.3.- El 10 de septiembre de 1998 el demandante presentó la cuenta de cobro de sus honorarios por doscientos cuarenta y ocho millones ciento diez mil trescientos noventa y nueve pesos ($248.110.399) ante la liquidadora de la sociedad.
3.4.- La liquidadora Doris Martha Saavedra Henao realizó la graduación y calificación de los créditos y determinó el plan de pagos de los acreedores de Textiles Nylon S.A., pero omitió incluir dentro de los gastos de administración el pago de los honorarios del demandante. El plan de pagos fue puesto a consideración de la Superintendencia de Sociedades.
3.5.- Mediante auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 la Superintendencia de Sociedades asumió temporalmente las funciones de la junta asesora de la liquidación y determinó que las acreencias de la concursada se pagarían conforme a los criterios de la sentencia T- 458 de 1997; por lo tanto, las obligaciones pensionales y laborales se cancelarían preferentemente sobre los gastos de administración. La entidad estableció que los honorarios de los asesores de la liquidación serían cancelados con los derechos litigiosos, luego de la aprobación de las cuentas finales del liquidador.
3.6.- En auto 441-011385 del 27 de junio de 2003 la Superintendencia de Sociedades resolvió algunos recursos de reposición interpuestos por acreedores laborales contra el auto del 17 de marzo de 2003 y modificó de oficio la fórmula de pago. Estableció que el pago de los honorarios de los asesores de la liquidación se haría con “remanentes de maquinaria y repuestos, muebles y enseres, mercancía para la venta, equipo de cómputo, cuentas por cobrar líquida. Y otras cuentas por cobrar”.
3.7.- Mediante auto del 25 de octubre de 2004 la Superintendencia de Sociedades improbó la gestión de la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao y la removió de su cargo. En su reemplazo designó a Guillermo Castilla Coral.
3.8.- El 9 de junio de 2005 el liquidador presentó ante la Superintendencia la rendición final de cuentas de la sociedad liquidada, pero omitió incluir el pago de los honorarios de los asesores de la liquidación que estableció la Superintendencia en el auto del 27 de junio de 2003. El liquidador no actuó conforme al artículo 197 de la Ley 222 de 1995, que establece que los gastos de administración surgidos en el trámite liquidatorio deben pagarse de manera preferencial, así:
“ARTICULO 197. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Los gastos de administración surgidos durante el trámite liquidatorio, se pagarán inmediatamente y a medida que se vayan causando.
Los gastos de administración causados en el trámite del concordato, que no hubieren sido cancelados en esa etapa, se pagarán de manera privilegiada, una vez ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos”.
3.9.- Mediante auto 441-012548 del 17 de agosto de 2005 la Superintendencia de Sociedades aprobó la liquidación de la sociedad Textiles Nylon S.A. con base en la rendición final de cuentas presentada por el liquidador, pero omitió incluir los honorarios del demandante.
3.10.- Los liquidadores de Textiles Nylon S.A. son responsables por incurrir en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues no incluyeron los honorarios del demandante en el plan de pagos de las obligaciones de la sociedad liquidada, pese a que la Superintendencia de Sociedades los reconoció, determinó su valor y forma de pago en el auto 441-011385 del 27 de junio de 2003.
3.11.- La Superintendencia de Sociedades es responsable por el error judicial en que incurrió en los autos de 17 de marzo y del 27 de junio de 2003, pues no ordenó que el pago de los honorarios del demandante se hiciera de manera preferencial conforme al artículo 197 de la Ley 222 de 1995. También es responsable por el error en que incurrió en el auto del 17 de agosto de 2005 que terminó la liquidación e impidió que el demandante obtuviera el pago de sus honorarios como asesor de la liquidación.
B.- Posición de la parte demandada
4.- La Superintendencia de Sociedades se opuso a las pretensiones formuladas y solicitó negarlas. Sus argumentos fueron los siguientes:
4.1.- El proceso de liquidación de la sociedad Textiles Nylon S.A. no desconoció el artículo 197 de la Ley 222 de 1995. En este caso prevalecía la prelación de acreencias pensionales y laborales que estableció la sentencia T- 458 de 1997.
4.2.- El demandante no impugnó los autos a los que atribuye el error judicial en que incurrió la Superintendencia y no objetó la rendición de cuentas finales presentada por el liquidador de la sociedad dentro del término previsto para ello.
4.3.- El demandante sólo probó que se le adeudaban “veintiún millones setenta y cuatro mil trescientos pesos ($21.074.300) por concepto de honorarios” y estos fueron reconocidos en el auto del 17 de marzo de 2003.
4.4.- La Superintendencia no le causó un daño antijurídico al demandante. La liquidadora Doris Martha Saavedra omitió incluir la totalidad de los honorarios del demandante en el plan de pagos y era ella quien debía responder por el pago.
5. El liquidador Guillermo Castilla Coral se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó negarlas. Propuso las excepciones de:
5.1.- Caducidad de la acción porque la omisión que alegó el demandante, esto es, no incluir la totalidad de sus honorarios en el plan de pagos de la liquidación, tuvo lugar en los autos del 17 de marzo y del 27 de junio de 2003 y la demanda fue presentada el 17 de agosto de 2007.
5.2.- Culpa exclusiva de la víctima porque el demandante nunca objetó la rendición final de cuentas de la sociedad liquidada y tampoco impugnó los autos que aprobaron la asignación de honorarios establecida en el plan de pagos.
6.- La auxiliar de justicia Doris Martha Saavedra Henao no contestó la demanda.
C.- Sentencia recurrida
7.- Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Sus consideraciones fueron las siguientes:
7.1.- Sobre la caducidad, concluyó que la demanda fue presentada oportunamente el 16 de agosto de 2007, porque la última actuación de la Superintendencia de Sociedades dentro del proceso liquidatorio fue el auto 441-012548 el 17 de agosto de 2005. Esta providencia fue notificada por estado el 19 de agosto de 2005 y, por lo tanto, el término de caducidad vencía el 20 de agosto de 2007.
7.2.- Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del liquidador Guillermo Castilla Coral, pues no fue él quien causó el daño. Consideró que la liquidadora Doris Martha Saavedra Henao estaba legitimada por pasiva porque fue quien suscribió el contrato de prestación de servicios con el demandante y, en virtud del fuero de atracción, era aplicable el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo que establece la responsabilidad solidaria del beneficiario de la labor.
7.3.- Indicó que los autos proferidos por la Superintendencia de Sociedades no eran constitutivos de error judicial por las siguientes razones:
7.3.1.- Estaba probado que el demandante no interpuso los recursos de ley contra los autos 441-011385 del 27 de junio de 2003 y 441-012548 del 17 de agosto de 2005.
7.3.2.- La Superintendencia tenía una razón válida para no incluir los honorarios de los asesores. El auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 no incluyó el pago de honorarios a los asesores porque había observaciones de la revisoría fiscal que debían ser aclaradas, motivo por el cual advirtió que el pago se efectuaría luego de que se aprobaran las cuentas finales del liquidador.
7.4.- La liquidadora Doris Martha Saavedra no incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El demandante tenía la carga de probar que presentó la cuenta de cobro y las gestiones que realizó en virtud del contrato de prestación de servicios, pero en el expediente no obraba prueba de ello.
D.- Recurso de apelación
8.- El demandante solicitó conceder las pretensiones de la demanda por las siguientes razones:
8.1.- El demandante sí impugnó el auto del 17 de marzo de 2003. Para acreditarlo allegó la copia de una acción de nulidad presentada contra ese auto.
8.2.- El demandante no podía impugnar el auto del 27 de junio de 2003, que decidió los recursos de reposición presentados contra el auto que aprobó el plan de pagos de la liquidación, porque el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 establece que <<los actos que dicten las superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no tendrán acción o recurso ante las autoridades judiciales>>. Adicionalmente, indicó que no era <<acreedor ni trabajador>> de la entidad, razón por la cual no tenía facultad para impugnar el auto que establecía que los honorarios de los asesores se debían cancelar con los remanentes de las cuentas por cobrar. Los honorarios debieron pagarse preferentemente según el artículo 197 de la ley 222 de 1995.
8.3.- Las copias del proceso de liquidación remitido por la Superintendencia de Sociedades acreditan que el demandante presentó la cuenta de cobro a la liquidadora por doscientos cuarenta y ocho millones ciento diez mil trescientos noventa y nueve pesos ($248.110.399). También demuestran las gestiones que realizó como asesor de la liquidación.
8.4.- Los liquidadores incurrieron en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. La liquidadora Doris Martha Saavedra omitió la inclusión de los honorarios del demandante en el plan de pagos y el liquidador Guillermo Castilla Coral omitió corregir ese error en la rendición final de cuentas de la sociedad liquidada pese a que la Superintendencia de Sociedades los había reconocido en el auto del 27 de junio de 2003.
8.5.- Los honorarios de los asesores de la liquidación no podían ser cobrados mediante procesos ejecutivos paralelos ante la jurisdicción ordinaria; por ello, la única vía que tenía el demandante para su cobro era la acción de responsabilidad extracontractual.
CONSIDERACIONES
9.- Tal y como lo señaló el Tribunal, la demanda fue presentada oportunamente. La última actuación de la Superintendencia de Sociedades fue el auto 441-012548 del 17 de agosto de 2005, mediante el cual la superintendencia dio por terminado el proceso de liquidación obligatoria de Textiles Nylon S.A. El daño se consolidó con esta providencia porque el demandante no pudo obtener el pago de los honorarios reconocidos a su favor en la liquidación debido a que el patrimonio de la sociedad liquidada no alcanzaba a cubrir todas las deudas. Esta providencia fue notificada por estado el 19 de agosto de 2005; como la demanda fue radicada el 16 de agosto de 2007, es claro que fue presentada dentro del término de dos años establecido en el numeral 8° del artículo 136 del C.C.A.
9.1.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque está acreditado que la parte demandante no presentó recurso de reposición contra el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003, lo que configuró la causal de culpa exclusiva de la víctima.
9.2.- La Superintendencia de Sociedades ejerció funciones jurisdiccionales cuando expidió el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003, mediante el cual aprobó un plan de pagos y se negó a reconocer, de manera preferencial, una acreencia a favor de la parte demandante, razón por la cual la acción de reparación directa por error judicial es procedente contra la entidad. Sin embargo, se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque la parte demandante no la recurrió, según lo prescrito en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.
9.3.- La Sala no se pronunciará respecto de la acusación de error judicial contra el auto 441-011385 del 27 de junio de 2003 porque esta providencia no causó el daño alegado por el demandante; en ella simplemente se resolvió un recurso de reposición presentado por otros acreedores en contra del auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003. Tampoco se pronunciará respecto del auto 441-012548 del 17 de agosto de 2005, porque esta decisión no fue objeto del recurso de apelación en este proceso.
9.4.- En cuanto a la imputación hecha a los liquidadores, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, porque el demandante no acreditó que se haya configurado el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
E.- Procedencia de la acción de reparación directa por error judicial contra la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales
10.- La acción de reparación directa por error judicial procede contra cualquier autoridad investida de facultad jurisdiccional cuando se considera que ésta ha proferido, en desarrollo de tal facultad, una providencia contraria a la ley.
11.- Por su parte, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 establece que el error judicial “es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
12.- Ahora bien, el artículo 116 de la Constitución Política establece que “excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.” Respecto a la Superintencia de Sociedades, el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, vigente para la época de los hechos, establecía que tendría funciones jurisdiccionales para conocer de forma privativa de los procesos concursales que se adelantaran contra las personas jurídicas. Esta norma disponía:
“ARTICULO 90. COMPETENCIA. La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116, inciso 3o. de la Constitución Política.
Será competente de manera privativa para tramitar los procesos concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales”.
13.- Así, la acción de reparación directa es procedente en este caso porque la Superintendencia de Sociedades profirió el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 en ejercicio de una función jurisdiccional. En efecto, a través de esta providencia la entidad adoptó dos decisiones: de un lado, adoptó el plan de pagos de los acreedores de una sociedad liquidada. De otro, negó el reconocimiento y pago, de manera preferencial, de los honorarios a los que la parte demandante tenía derecho como asesora de la liquidación, conforme al artículo 197 de la Ley 222 de 1995.
F.- Está probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima porque el demandante no impugnó el auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003
14.- El demandante no cumplió con los presupuestos exigidos para que se configurara el error judicial. En el caso analizado está probada la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima porque el demandante no impugnó la providencia que considera que le causó el daño, esto es, el auto No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003.
15.- El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 establece como presupuesto del error jurisdiccional que el afectado haya interpuesto los recursos de ley y que la providencia a la que se imputa el error esté en firme. La norma prevé:
“ El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
16.- A su vez, el artículo 70 dispone que “el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta (…) no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado” (negrillas fuera de texto).
17.- De conformidad con el artículo 208 de la Ley 222 de 1995, que regulaba los procesos concursales y de liquidación obligatoria para la época de los hechos, algunas de las normas previstas para el concordato eran aplicables al trámite de liquidación obligatoria. La norma disponía que “Al trámite liquidatorio, en lo referente a la preferencia de la liquidación, la continuación de los procesos ejecutivos donde existen otros demandados, el trámite de objeciones, la decisión de las mismas, la calificación y graduación de créditos y medidas cautelares se aplicarán las reglas previstas en el concordato para tales eventos”. Dentro de esas normas se encuentran, entre otros, los artículos 129 y 133 de la Ley 222. Estas normas disponen que contra la providencia que aprueba el acuerdo concordatario y contra la providencia de calificación y graduación de créditos, respectivamente, sólo procede el recurso de reposición.
18.- En el caso analizado, la Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de pagos de los acreedores y la cesión parcial de los bienes de Textiles Nylon S.A. mediante el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 . En consonancia con los artículos 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, el demandante debió haberlo recurrido, pero no lo hizo.
18.1.- De un lado, no hay prueba de que el demandante hubiera impugnado el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003. La copia que el demandante allegó con la apelación no corresponde al recurso de reposición que indica haber presentado, sino a una “acción de nulidad o solicitud de revocatoria directa del auto” que presentó ante la Superintendencia de Sociedades el 7 de julio de 2003. Esta entidad rechazó la solicitud por considerarla improcedente mediante auto 441- 013556 del 11 de agosto de 2003.
18.2.- De otro lado, en el expediente está probado que en el auto 441-011385 del 27 de junio de 2003 la Superintendencia resolvió un recurso de reposición presentado por otros acreedores, diferentes del demandante, en contra del auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003, lo que demuestra que el accionante tenía la posibilidad de recurrirlo.
19.- Así, el demandante debía interponer el recurso de reposición contra el auto 441-05020 del 17 de marzo de 2003 como presupuesto para la configuración del error judicial. En tanto no lo hizo, la Sala confirmará la decisión de primera instancia y negará las pretensiones de la demanda.
G.- El demandante no acreditó el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia en que incurrieron los liquidadores de Textiles Nylon S.A.
20.- En el expediente no obran pruebas que acrediten que la liquidadora Martha Doris Saavedra omitió incluir los honorarios del demandante en el plan de pagos de los acreedores. Tampoco hay prueba de que el liquidador que la reemplazó, Guillermo Castilla Coral, omitió corregir este error en la rendición final de cuentas de la liquidación.
20.1.- Por el contrario, está demostrado que en el plan de pagos que aprobó la Superintendencia de Sociedades mediante el auto del 17 de marzo de 2003, estaban incluidos los honorarios de todos los asesores de la liquidación y a favor del demandante se reconocieron cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento dieciséis pesos ($49.435.116). Esta misma suma aparece en la rendición final de cuentas presentada por el liquidador Guillermo Castilla Coral a la Superintendencia de Sociedades, la cual fue aprobada por esta entidad en auto 441- 012548 del 17 de agosto de 2005.
20.2.- Además, el artículo 169 de la Ley 222 de 1995 establece que las cuentas rendidas por el liquidador “se pondrán a disposición de los acreedores y socios por el término de diez días, a fin de que puedan objetarlas por falsedad, inexactitud, error grave o por cualquier otra causa. Dichas objeciones se tramitarán y decidirán por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite incidental, el cual no suspende el curso de la liquidación. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de improbarlas, la superintendencia mediante providencia que no tiene recurso, aprobará las cuentas si no fueren objetadas (…)”
20.3. - El demandante no objetó la rendición de cuentas finales presentadas por el liquidador Guillermo Castilla Coral en la oportunidad prevista por la norma citada, razón por la cual la Superintendencia la aprobó y terminó el proceso liquidatorio.
21.- La Sala concluye que pese a que los honorarios del demandante fueron incluidos tanto el plan de pagos como en la rendición final de cuentas, estos no fueron cancelados porque los activos de Textiles Nylon S.A. no alcanzaron a cubrir todas sus obligaciones, pero ello no se debió a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de los liquidadores.
H.- Costas
22.- En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el el 30 de septiembre de 2011 por la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin CONDENA en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Con salvamento de voto
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Niega
SALVAMENTO DE VOTO / REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ERROR JUDICIAL – Dentro de proceso de liquidación obligatoria de sociedad / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / ERROR JURISDICCIONAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA –Configurada
[…] En el presente caso se configuró la caducidad de la acción. Lo anterior, porque el posible daño antijurídico se encuentra contenido en las providencias No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003 y No. 441-011385 del 27 de junio de 2003. […] A partir del conocimiento de estas providencias y su ejecutoria, es decir, desde el 27 de junio de 2003, el demandante tuvo conocimiento cierto del daño del posible error judicial. En consecuencia lógica, como la demanda fue presentada el 16 de agosto de 2007, […] se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2007-00469- 01(43044)
Actor: HENRY CASTRO ESCAMILLA
Demandado: NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Salvamento de voto
1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, me permito exponer la razón que me llevó a salvar mi voto en la sentencia del 9 de julio de 2021 del proceso de la referencia.
2. No comparto el sentido de la decisión, porque considero que en el presente caso se configuró la caducidad de la acción. Lo anterior, porque el posible daño antijurídico se encuentra contenido en las providencias No. 441-05020 del 17 de marzo de 2003 y No. 441-011385 del 27 de junio de 2003 mediante las cuales la Superintendencia de Sociedades determinó, por un lado, cómo se pagarían las acrerencias y los honorarios de los asesores de la liquidación y, por otro, resolvió algunos recursos de reposición interpuestos por acreedores laborales, modificó de oficio la fórmula de pago y estableció que el pago de los honorarios de los asesores de la liquidación se haría con “remanentes de maquinaria y repuestos, muebles y enseres, mercancía para la venta, equipo de cómputo, cuentas por cobrar líquida. Y otras cuentas por cobrar”.
3. De esta manera, a partir del conocimiento de estas providencias y su ejecutoria, es decir, desde el 27 de junio de 2003, el demandante tuvo conocimiento cierto del daño del posible error judicial. En consecuencia lógica, como la demanda fue presentada el 16 de agosto de 2007, a mi juicio se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.
4. En los términos expuestos, salvo mi voto.
Alexánder Jojoa Bolaños
Magistrado(E)
Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Demanda, cuaderno 1, Folios 3 - 44.
Obrante a cuaderno 3, pruebas.
Fls.53-55, C.2., pruebas.
Fls.1-19, C.2., pruebas.
Fls.20-43, C.2, pruebas.
Fls.131-139, C.1.
Fls.150-159, C.1.
Fls.44-52, C.2 pruebas.
Fls.72-93, C.1.
En el auto del 17 de marzo de 2003 la Superintendencia de Sociedades reconoció a favor del demandante cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil ciento dieciséis pesos ($49.435.116). La suma de veintiún millones setenta y cuatro mil trescientos pesos ($21.074.300) fue reconocida a favor de Anibal Castro Escamilla, hermano del demandante.
Fls.122-127, C.1.
Cuaderno principal, Fls.286-292.
Fls. 295-326, cuaderno principal.
Fls.1-19, C.2., pruebas.
Fls.327-351, cuaderno principal.
Fls.168-172, C.27, pruebas.
Fl.3, C.2. pruebas.
Fls.150-158, C.1.
Fls. 44-52, C.2., pruebas.
Fls.1-19, C.2., pruebas.
Fls.20-43, C.2, pruebas.
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