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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00526-01

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00526-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00526-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

11 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. INTERPRETACIÓN DE LA
DEMANDA-El juez puede readecuar la demanda, sin alterar los hechos en que se funda. IURA NOVIT CURIA-
Límites. PRUEBAS DE OFICIO-Proceden para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes
de dictar sentencia. UNIVERSIDADES PÚBLICAS-Régimen exceptuado de contratación. RÉGIMEN DE
DERECHO PRIVADO-No hay lugar a aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993 frente a la liquidación unilateral
del contrato. LIQUIDACIÓN EN DERECHO PRIVADO-Su estudio se debe limitar a las reglas del derecho privado.
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY-Tiene su fundamento en el respeto a los derechos adquiridos. ARTÍCULO 38
DE LA LEY 153 DE 1887-Por regla general en el contrato se entienden incorporadas las normas sustanciales
vigentes al momento de su celebración. LEY DEL CONTRATO-Debe aplicarse la ley vigente al momento de su
celebración. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD-Pacto de terminación unilateral por incumplimiento. PACTO DE
DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO-Es válido en los contratos de entidades públicas que se
rigen exclusivamente por el derecho privado. PACTO DE DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO-
Su ejercicio no supone función administrativa ni la expedición de actos administrativos. PACTO DE
DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO-Aplicación de las reglas de interpretación de los contratos
del Código Civil. CLÁUSULA PENAL-Naturaleza. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con
temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del 27 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que negó las pretensiones de la
demanda. La decisión fue la siguiente:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de esta demanda con base en lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Por Secretaría, liquídense los gastos del proceso y en caso de remanentes
devuélvanse a la parte actora, pasados dos años sin que estos sean reclamados, se
declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro Nacional” (fls. 55-61 c.
p.pal.).

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de septiembre de 2000 y el 4 de junio de 2002, la Universidad del Valle y Alta
Tecnología Ltda. celebraron dos «convenios de cooperación» para aunar esfuerzos y
optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar programas de
educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional. La universidad
terminó los contratos porque la directora administrativa del convenio adquirió
compromisos ante terceros, en nombre de la universidad, sin estar autorizada para
ello. La universidad liquidó unilateralmente los convenios y pidió que se condene a la
demandada al pago de unos perjuicios.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 12 de julio de 20071, la Universidad del Valle, a través de apoderada judicial, formuló
acción contractual contra la sociedad Alta Tecnología Ltda. El 30 de octubre siguiente,
la demandante corrigió la demanda y formuló las siguientes pretensiones:

1.- Que se condene a la sociedad Alta TecnoLogía [sic] Ltda. al pago de los perjuicios
causados a la Universidad del Valle, indemnizándola en la suma de mil cuatrocientos
cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.oo), suma esta que deberá indexarse desde
el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19 de julio
de 2005, hasta la fecha del pago.

2.- Que a la sentencia se le de [sic] cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

3.- Que se condene en costas y agencias en derecho la sociedad Alta Tecnología Ltda
[sic]. (f. 2 c. 4).

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que suscribió con Alta Tecnología
Ltda. dos «convenios de cooperación interinstitucional». El primero el día 22 de
septiembre de 2000 y el segundo el 4 de junio de 2002, ambos con el objeto de
«establecer las bases generales de cooperación académica, científica y cultural entre
la UNIVERSIDAD y AT, para aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de
las entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en
el ámbito nacional e internacional».

1
Según da cuenta el sello de radicación (f. 525 c. 2).

2

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

Sostuvo que en el marco de la ejecución de los «convenios de cooperación», la
directora administrativa del convenio –con la anuencia de Alta Tecnología Ltda., pero
sin el consentimiento de la Universidad del Valle– se presentó a múltiples
convocatorias y suscribió tres contratos, en representación de la Universidad del Valle,
sin tener la capacidad para hacerlo. Explicó que la directora administrativa del
programa: i) se presentó a la convocatoria para participar en la invitación pública de la
Alcaldía Menor de Kennedy, de la cual resultaron adjudicatarios del convenio
interadministrativo No. 001-2004; ii) suscribió el convenio interadministrativo de
cofinanciación No. 002 de 2004 con el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos
para ejercer la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio
interadministrativo de cofinanciación No. 001 de 2004 y iii) suscribió el convenio
interadministrativo de cofinanciación No. 009 de 2003 con el Fondo de Desarrollo Local
de Chapinero para la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio
interadministrativo de cofinanciación No. 007 de 2003 y del convenio
interadministrativo de cofinanciación No. 11 de 2003.

Señaló que el rector de la Universidad del Valle, ante la situación descrita, solicitó a
Alta Tecnología Ltda. que tomara las medidas necesarias para terminar estos
contratos celebrados con terceros y para que no se siguieran suscribiendo más
contratos en nombre de la universidad. También le avisó a Alta Tecnología Ltda. que
continuaría con la ejecución de los «convenios de cooperación», siempre y cuando i)
se firmara el acta de liquidación del «convenio de cooperación» suscrito el 20 de
noviembre de 2000; ii) se realizara una adición o modificación al «convenio de
cooperación» celebrado el 4 de junio de 2002, en la cual se aclarara la administración
y manejo de los recursos y iii) se terminaran los contratos celebrados con terceros en
nombre de la universidad.

Expuso que ante las respuestas negativas de Alta Tecnología Ltda. a los anteriores
requerimientos, el rector de la Universidad del Valle, mediante comunicado del 13 de
mayo de 2004 y con fundamento en la cláusula séptima del «convenio de cooperación»
suscrito el 4 de junio de 2002, informó su decisión de dar por terminado el contrato a
partir del 13 de noviembre de 2004, de manera que en esta fecha las partes debían
suscribir la liquidación.

Precisó que ante la imposibilidad de liquidar los «convenios de cooperación» de mutuo

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

acuerdo, la universidad profirió la Resolución nº 1129 de 4 de abril de 2005, mediante
la cual liquidó los dos «convenios de cooperación» y calculó los perjuicios causados a
la universidad en $1.448’000.000, por la extralimitación en que incurrió la directora
administrativa del convenio. Posteriormente, la universidad, a través de la Resolución
nº. 2015 de 2005, revocó el valor de los perjuicios y dispuso, en su lugar, que se
reservaba la posibilidad de cuantificarlos y cobrarlos judicialmente.

Contestación de la demanda

El 18 de febrero de 2010, el Tribunal ordenó el emplazamiento de Alta Tecnología Ltda.
(fls. 542-587 c. 2) con fundamento en el artículo 318 del CPC, sin que la demandada
compareciera a notificarse del auto admisorio, motivo por el cual el Tribunal, mediante
auto del 3 de junio de 2010, le designó curador ad litem (f. 588 c. 2). El 2 de diciembre
siguiente, la parte demandada, a través de curador ad litem, contestó la demanda y
señaló que se atenía a lo que resultara probado en el proceso.

Fundamentos de la providencia recurrida

El 27 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C profirió sentencia de primera instancia, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que el demandante no acreditó el daño ni
los perjuicios, por lo que no era posible imputárselos a la demandada.

El Tribunal de primera instancia determinó que lo que motivó la liquidación unilateral
de los «convenios de cooperación» fue que las partes no se pusieron de acuerdo en
los términos para liquidarlos. Además, indicó que, según la demanda, las
irregularidades que provocaron la liquidación de los «convenios de cooperación»
derivaron del convenio interadministrativo de cofinanciación nº. 009 de 2003 –suscrito
entre el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y Adriana Lucía Garnica
(directora administrativa del convenio)–. No obstante, dicho convenio de cofinanciación
no fue incluido en la resolución de liquidación, por lo que «mal podría liquidarse por
perjuicios con base en un Convenio que no hizo parte de la liquidación».

Finalmente, señaló que el demandante no cumplió con la carga de probar los perjuicios
ocasionados «por la conducta de la sociedad Alta Tecnología Ltda», los cuales, si bien
se encuentran comprendidos dentro del numeral 16 de la resolución de liquidación, no
fueron probados en el proceso como ciertos e imputables al demandado.

4

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

Recurso de apelación

La parte demandante, en el recurso de apelación, insistió en el reconocimiento de los
perjuicios. Al respecto, sostuvo que no existió acuerdo entre las partes para la
liquidación de los «convenios de cooperación» y, por ello, la universidad procedió a
liquidarlos unilateralmente con fundamento en el artículo 67 de la Resolución nº. 046
del 9 de julio de 2004 del Consejo Superior de la Universidad del Valle. Señaló que en
la liquidación unilateral quedó consignado que la universidad se reservaba la
cuantificación final de los perjuicios, así como su reclamación y cobro ante la
jurisdicción competente.

Esgrimió que los perjuicios se demostraron con el dictamen pericial practicado en el
proceso y correspondían a la suma que la Universidad del Valle dejó de percibir como
consecuencia de la terminación anticipada de los «convenios de cooperación».
Sostuvo que el perito designado estimó el lucro cesante en la suma aproximada de
$452.896.736 y el daño al buen nombre e imagen institucional en $452.896.736, para
un total de $905.793.472, sin que el dictamen hubiera sido objetado por la demandada.

Trámite en segunda instancia

El 17 de enero de 2013, el Despacho admitió el recurso de apelación de la parte
demandante (f. 76 c. p.pal) y, el 14 de febrero siguiente, se corrió traslado para alegar
de conclusión en segunda instancia (f. 78 c. p.pal). La parte demandante reiteró lo
expuesto. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. El 19 de
junio de 2014 (f. 92 c. pal.), el Despacho ordenó incorporar al expediente un cuaderno
de pruebas remitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no había sido
enviado con el expediente.

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 12 de julio de 2007 (f. 525 c. 2), el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al
artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los
recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en
curso, se regirán por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las
actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho
código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es,
el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no
regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad
contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el
artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda
instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según
el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC,
el valor de la pretensión mayor –$724’000.000 (f. 39 c. 4)– supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 132.5 del CCA, esto es, $216.850.0002.

Acción procedente

3. La acción contractual es el medio de control idóneo para perseguir los perjuicios
originados de una relación contractual (arts. 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA).

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en la acción contractual, según el artículo
136.10 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, aplicable al
trámite del proceso, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos
de hecho o derecho que le sirven de fundamento (art. 40 de la Ley 153 de 1887). La
demanda pidió el reconocimiento y pago de unos perjuicios con fundamento en la
Resolución nº. 1129 de 2005, modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005, que
liquidó los «convenios de cooperación» suscritos por las partes y en las que determinó
la configuración de esos perjuicios (f. 2 c. 4).

2
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2007, $433.700, por 500.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

La demanda se interpuso en tiempo –12 de julio de 2007 (f. 525 c. 2)–, porque la
notificación de la Resolución nº 2015 de 2005, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reposición contra la Resolución nº. 1129 de 2005, a través de la cual se
liquidaron unilateralmente los «convenios de cooperación» y cuyo contenido es el
fundamento de la pretensión, se produjo el 19 de julio de 2005 (f. 462 c. 1). Al día
siguiente inició el conteo de los dos años, que vencían el 23 de julio de 2007, día hábil
siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art.
267 del CCA).

Legitimación en la causa

5. La Universidad del Valle está legitimada en la causa por activa y Alta Tecnología
Ltda. está legitimada en la causa por pasiva, porque suscribieron los «convenios de
cooperación» del 22 de septiembre de 2000 y 4 de junio de 2002, cuyo objeto fue aunar
esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar
programas de educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede condenar al pago de los perjuicios
pedidos en la demanda derivados de una terminación unilateral por incumplimiento y
cuya causación fue definida en la liquidación unilateral del contrato, a pesar de no
haberse formulado una pretensión declarativa en tal sentido.

Análisis de la Sala

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación,
en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3.

7. Con el fin de resolver la apelación, la Sala encuentra necesario referirse al alcance
de las pretensiones, toda vez que la demanda fue presentada y posteriormente
«corregida».

3
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022 [fundamento jurídico
1].

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

7.1 La Sala observa que la Universidad del Valle, en un primer momento, formuló
demanda contra la sociedad Alta Tecnología Ltda., cuyas pretensiones fueron las
siguientes:

1.- Que se ordene al Gerente de Alta Tecnología Ltda., o quien haga sus veces, tramite
y pague la suma de quinientos dos millones doscientos tres mil cuatrocientos noventa
y tres ($502.203.493.00) pesos m/cte, suma esta que tiene retenida Alta Tecnología
Ltda.

2.- Que dichas sumas se paguen actualizadas; para el efecto se debe aplicar bien sea
la corrección monetaria causada desde el 19 de julio de 2005, fecha en la que se
notificó la Resolución No. 2015 de junio 30 de 2005, "Por la cual se resuelven los
recursos interpuestos contra la Resolución No. 1129 de abril 4 de 2005, emanada de
la Vicerrectoría de la Universidad del Valle" de la deuda y la del pago efectivo o el
Incremento de Índices de precios al consumidor, siendo el índice inicial el
correspondiente al mes de junio de 2005 y el final el del mes en que se efectúe el pago.

3.- Que como consecuencia de los perjuicios causados a la Universidad del Valle, Alta
Tecnología Ltda., Indemnice a la Universidad del Valle en la suma de mil cuatrocientos
cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.00), suma esta que deberá indexarse desde
el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19, de
julio de 2005, hasta la fecha del pago.

4- Que a la sentencia se le dé cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Que se condene en costas y agencias en derecho Alta Tecnología Ltda.

El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la
demanda y ordenó subsanarla al evidenciar una indebida acumulación de
pretensiones, porque, por una parte, perseguía el pago de una suma determinada de
dinero correspondiente a la liquidación unilateral [pretensión primera], que es propia
de una acción de ejecución; y por otra, de indemnización de perjuicios derivada de la
administración de los convenios [pretensión tercera], relativa a un conflicto contractual.
(fls. 533 y 534 c. 3).

El 30 de octubre de 2007, la demandante corrigió la demanda y solicitó –como única
pretensión– que se condene a la demandada al pago de los perjuicios causados y que,
como consecuencia de ello, se haga a su favor el reconocimiento de $1.448’000.000.
En efecto, la Sala encuentra que al presentar la reforma a la demanda tendiente a
obtener el reconocimiento de los perjuicios, la parte demandante decidió no formular
pretensiones de incumplimiento contractual ni ninguna otra pretensión declarativa. Por
el contrario, al formular la pretensión, como se indicó ya, pidió que se condene a la
demandada al pago de unos perjuicios en los siguientes términos:

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

Instauro ACCION RELATIVA A CONTRATOS, en los términos del artículo 87 en
concordancia con el artículo 136, numeral 10, literal d) contra la sociedad ALTA
TECNOLOGÍA LTDA., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de unos
perjuicios, de conformidad con la Resolución No. 1.129 de abril 4 de 2005, "Por
medio de la cual se liquidan unilateralmente los convenios de septiembre 22 de
2000 y 4 de junio de 2002 y se liquidan unos perjuicios" y la Resolución No.2.015
de junio 30 de 2005, "Por la cual se resuelven los recursos interpuestos contra la
Resolución No. 1.129 de abril 4 de 2005" suscritas por la Vicerrectora Académica de
la Universidad del Valle con funciones telegadas de Rector.

PETICIONES DE LA DEMANDA

1.- Que se condene a la sociedad Alta TecnoLogía [sic] Ltda. al pago de los perjuicios
causados a la Universidad del Valle, indemnizándola en la suma de mil cuatrocientos
cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.oo), suma esta que deberá indexarse desde
el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19 de julio
de 2005, hasta la fecha del pago. (f. 2 c. 4).

La reforma a la demanda delimitó la pretensión al indicar que los perjuicios reclamados
correspondían al contenido de la Resolución nº. 1129 de 2005 «por medio de la cual
se liquidan unilateralmente los convenios de septiembre 22 de 2000 y 4 de junio de
2002 y se liquidan unos perjuicios» y la Resolución nº. 2015 de 2005 «por la cual
se resuelven los recursos interpuestos contra la Resolución nº. 1129 de 2005 suscritas
por la vicerrectora académica de la Universidad del Valle con funciones delegadas del
rector» (f. 2. c. 4).

Adicionalmente, el valor de los perjuicios que se reclama en la reforma a la demanda
corresponde, no solo a la misma cifra –$1.448’000.000– que la universidad
«cuantificó» en un primer momento en la Resolución nº. 1129 de 2005, sino al tipo de
perjuicios que el ente educativo determinó en ambas resoluciones, es decir, «por las
utilidades dejadas de percibir y el buen nombre e imagen institucional» (fls. 35-39 c.
4).

Además de la pretensión así formulada, en la que solicitó el reconocimiento y pago de
unos perjuicios, en los fundamentos de hecho y de derecho de la reforma a la demanda
se remitió a las resoluciones ya mencionadas, tal como se muestra a continuación:

42. Por cuanto las partes no llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Resolución 046 de julio 9 de 2004
del Consejo Superior de la Universidad del Valle, se procedió a la liquidación unilateral
de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad y Alta
Tecnología, como consta en las actas antes citadas (numeral anterior); decisión que
quedó plasmada en la Resolución No. 1.129 de abril 4 de 2005, expedida por el Rector.

43.En la citada Resolución de liquidación unilateral se liquidaron perjuicios contra la
Universidad de la siguiente manera:

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

"ARTICULO 6. La Universidad del Valle, reclama a la Sociedad Alta Tecnología
Ltda., por perjuicios producidos con ocasión de la administración de los
Convenios de Cooperación, de conformidad a lo expuesto en la parte
considerativa de esta Resolución, la suma de MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.448.000.000) MCTE.

El considerando 16 de dicha Resolución, sobre daños y perjuicios, expresa:

16. Que la Universidad del Valle, considera los daños y perjuicios ocasionados
por la conducta asumida por la sociedad Alta Tecnología Ltda. en la
administración de los Convenios de Cooperación la suma de MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
($1.448.000.000)MCTE, de acuerdo con el siguiente detalle de ítems y factores:

Proyección (utilidades dejadas de percibir): $724’000.000
Buen nombre e imagen institucional: $724’000.000

(…) La Universidad resolvió los recursos de reposición interpuestos mediante
Resolución No. 2.015 de junio 30 de 2005, confirmando la Resolución recurrida, pero
en relación con los perjuicios expreso que "...en cuanto a los perjuicios señalados por
la Universidad en la Resolución recurrida, se revocará el artículo 6° de la misma,
reservándose la Universidad la cuantificación final de los mismos, reclamación y cobro
ante la jurisdicción competente.

SUSTENTO LEGAL, NORMAS VIOLADAS, CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

El tener que solicitar la Universidad del Valle la terminación de los Convenios por el
hecho de haber la señora Garnica presentado propuestas a nombre de la Universidad,
se dejaron de cumplir algunos de los fines esenciales del Estado, además, no se logró
integrar a la Universidad con la comunidad nacional para un mejor cumplimiento de sus
fines y objetivos esenciales por cuanto Alta Tecnología Ltda., se recalca, sin tener en
cuenta el objeto del convenio y que la representación legal de la Universidad solo podía
delegarse en funcionarios de la misma Universidad en los términos de su estatuto,
presentó propuestas a su nombre y no solo eso lo hizo para desarrollar actividades
ajenas al contrato como lo era la interventoría de unos contratos de entidades públicas.

Además la sociedad Alta Tecnología Ltda. no aceptó que la Universidad del Valle
pidiera información sobre la ejecución del convenio en la forma que ella lo requería, y
precisamente el manejo dado y la falta de información oportuna causó problemas que
llegaron hasta la necesidad de colocar denuncio penal contra la señora Adriana
Garnica, toda vez que obró en nombre y representación de la Universidad del Valle,
circunstancia contraria a la verdad, por cuanto la misma jamás ha ostentado tal calidad.

Como consecuencia de ello la Universidad del Valle no asumió el contrato de
interventoría con la Alcaldía Local de Kennedy ni aceptó los convenios 009 de 2003,
suscrito por la señora Garnica con el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y el
Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 02 de 2004, suscrito por ella con el
Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ni suma alguna que se pretenda sobre
los mismos (…)

Así las cosas, la relación entre la Universidad y la sociedad Alta Tecnología Ltda., se
fue debilitando hasta tal punto que la Universidad mediante oficio No. R-0738, del 4 de
mayo de 2004, dirigida por el señor Rector de la Universidad del Valle al señor Ricardo
Cocomá Lozano, le solicitó dar por terminados los convenios con el Fondo de
Desarrollo Local de Chapinero y Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos suscritos
por la señora Adriana Garnica y el 13 de mayo de 2004, con oficio No. R-0821.2004, le
informa que ha tomado la decisión de dar por terminado el Convenio de

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Cooperación Interinstitucional a partir del 13 de noviembre de 2004, fecha en la
cual deberá suscribirse el acta de liquidación correspondiente, de conformidad a lo
consagrado en los Convenios de Cooperación interinstitucional suscritos entre las
partes.

ARTÍCULO 1546 DEL CÓDIGO CIVIL.

(…)

Como ha quedado demostrado la sociedad Alta Tecnología Ltda., sin autorización legal
de ninguna clase, pretendió obligar a la Universidad del Valle aduciendo tener la
representación del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre las partes,
ejecutar unos contratos sin estar debidamente autorizada.

Como quedó narrado en los hechos de la demanda y demostrado con los documentos
anexados a la misma, la sociedad Alta Tecnología Ltda., a través de la señora Adriana
Lucía Garnica, presentó a nombre de la Universidad propuesta a la Alcaldía Menor de
Kennedy para "la interventoría del proyecto "Apoyo a la microempresa, famiempresa y
el sector empresarial", la cual fue adjudicada.

En este caso fue la señora Patricia Manrique M., quien no es funcionaria de la
Universidad del Valle, ni tampoco se encuentra relacionada en el acta No, 01 de enero
12 de 2001 del Convenio como personal encargado del Convenio, quien dirigió
comunicación el 13 de enero de 2004 al señor Alcalde Local de Kennedy, doctor
Manuel Armando Díaz Palacios, firmando como "Unidad Consultoría, Convenio
UNIVALLE-AT. en el documento remisorio de la propuesta, la señora Manrique le
expresa al señor Alcalde Local que en nombre del Convenio Universidad del Valle Alta
Tecnología, representante de la Universidad del Valle en Bogotá, en atención a su
convocatoria para participar en la invitación pública, obrando a nombre y
representación del mismo, presenta propuesta para el desarrollo del Proyecto (…)

Se reitera, la carta de presentación de la propuesta no fue presentada por la
Universidad del Valle y tampoco fue consultada a la misma para saber si estaba
interesada y podía hacer la interventoría a que se refiere la convocatoria. La propuesta
no fue suscrita por funcionario alguno de la Universidad y en la garantía de seriedad
de la propuesta se observa que fue expedida el 3 de noviembre de 2003 y tampoco
tiene firma de funcionario alguno de la Universidad del Valle, a pesar que en el espacio
relacionado con el "tomador/garantizado", se cita a la Universidad del Valle.

Así las cosas, teniendo en cuenta el artículo 1546 del Código Civil y lo pactado en la
cláusula 7a del Convenio de Cooperación Interinstitucional, que expresa que el
Convenio podrá terminarse a voluntad de una de las partes, previa información de ésta
con 6 meses de anticipación y siempre que haya terminado la ejecución de los
programas a que se haya dado lugar, fue que la Universidad del Valle solicitó la
terminación del contrato con la respectiva indemnización de perjuicios.(fls. 30-35 c. 4).

Como se observa, la demandante señaló que Alta Tecnología Ltda. pretendió obligar
contractualmente a la Universidad del Valle sin estar autorizada para ello. Afirmó que
dicha conducta de la parte demandada provocó la terminación unilateral del «convenio
de cooperación», lo cual, a su vez, generaba la respectiva «indemnización de los
perjuicios». Indicó que el rector de la universidad decidió terminar unilateralmente el
«convenio de cooperación» mediante comunicación del 13 de mayo de 2004 y que en
el acto de liquidación unilateral determinó la existencia de los perjuicios. En una
primera decisión la universidad cuantificó el valor de los perjuicios y, posteriormente,

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resolvió la reposición revocando la determinación de la cuantía del perjuicio para que,
en su lugar, fuera el juez del contrato el que condenara a la demandada a su pago.
Por ello, la demanda expresamente señaló que acudía a esta jurisdicción a reclamar
unos perjuicios de conformidad con las resoluciones que liquidaron el «convenio de
cooperación», dado que en ellas fue que consideró que los motivos de terminación del
contrato le causaron un daño que debía ser resarcido.

En efecto, explicó que la universidad, en la Resolución n°. 1129 de 2004, liquidó los
perjuicios que causó «la conducta de la demandada» y los estimó en $1.448´000.000.
Posteriormente, la misma universidad, a través de la Resolución n°. 2015 de 2005,
revocó el valor de los perjuicios y, en su lugar, se reservó la posibilidad de acudir al
juez del contrato para cuantificarlos y reclamarlos. Es entonces este último punto, la
cuantificación y reclamación de los perjuicios en sede judicial, derivada de una
terminación previa del contrato, el motivo de la presentación de la demanda y el
fundamento de la única pretensión formulada de naturaleza condenatoria.

Conforme a lo pedido, es evidente que la demandante parte de un incumplimiento
verificado por ella misma en la decisión de terminación del contrato y que acudió a este
proceso judicial para que se ordenara el pago de los perjuicios que de esa
circunstancia se derivaron, conforme al artículo 6° de la Resolución n°. 1129 de 2004,
modificado por la Resolución n°. 2015 de 2005, en el cual optó por no cuantificar la
indemnización y, en su lugar, reclamarla en sede judicial. Por consiguiente, lo cierto es
que la demanda ni su reforma formularon pretensiones de incumplimiento, sino que
persigue el reconocimiento y pago de unos perjuicios por la terminación unilateral
comunicada y de conformidad con las resoluciones ya referidas en las que concluyó la
existencia de unos perjuicios cuyo pago debía ser ordenado por el juez.

7.2 Valga precisar que, a pesar de que la reforma a la demanda se refirió al artículo
1546 del CC y adujo que la parte demandada pretendió celebrar contratos a nombre
de la universidad, sin estar autorizada para ello, tales consideraciones no fueron
soporte de una pretensión de declaratoria de incumplimiento. Ello, por cuanto,
expresamente sostuvo que ese fue el motivo de la terminación del contrato y que
acudía a este contencioso para que, como consecuencia de ello y en virtud de los
perjuicios, cuya existencia determinó pero no cuantificó en la liquidación del contrato,
se condenara a su pago. De manera que no pidió el análisis de un incumplimiento
imputable al contratista, porque, se reitera, tal solicitud no hizo parte de las

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pretensiones planteadas dado que entendió que ese incumplimiento fue definido por
la universidad al momento de terminar el contrato.

7.3 Sobre este punto es importante señalar que el pleno de esta Corporación, en fallo
del 14 de febrero de 1995, advirtió que el principio de iura novit curia tiene límites
precisos. Así, en dicha oportunidad la Sala estableció que a través del iura novit curia:

«no se puede llegar a la modificación de los fundamentos fácticos de la
pretensión, expuestos en el libelo, los cuales constituyen su causa petendi y son
precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo importante es la
realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que les puede dar
el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra legislación
positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso
Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se
funda la controversia”»4.

En la misma línea, esta Corporación señaló después que «so pretexto de la amplitud
de los poderes del Juez y de las pretensiones posibles en la acción contractual, no se
debe extralimitar lo que se pidió en la demanda ni aquello sobre lo cual fue llamada a
responder la parte demandada, quien solo puede ser condenada en congruencia con
las pretensiones de la demanda»5.

Por lo tanto, conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala no podría, so
pretexto de interpretar una pretensión que busca la cuantificación y orden de pago de
unos perjuicios, entrar a estudiar un incumplimiento contractual que no fue pedido en
la demanda. Lo anterior, porque una interpretación en el sentido de incluir una
pretensión de incumplimiento contractual constituiría una modificación de los hechos
de la demanda y una adición a lo pedido en esta, lo cual transgrede el límite que ha
definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia.

En la medida en que, según lo dispuesto en el artículo 87 del CCA, en la acción
contractual caben pretensiones declarativas, condenatorias y de nulidad de actos
jurídicos, la Sala considera que en este caso la forma en que se estructuró la
pretensión guarda correspondencia con los fundamentos de hecho que se trajeron en
la demanda y su reforma, los cuales, se reitera, giran en torno a la cuantificación y
orden de pago de los perjuicios, sin que hubiera pretensión de incumplimiento de los

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de febrero de 1995, rad. nº. S-
123 [fundamento jurídico 4].
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, rad. nº. 36285
[fundamento jurídico 5].

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«convenios de cooperación».

8. Ahora bien, definido el fundamento de la pretensión de condena, la Sala considera
necesario hacer las siguientes precisiones:

8.1 El 12 de diciembre de 2011, la parte demandante solicitó al a quo acumular al
presente proceso el trámite con radicado nº. 76001-23-31-000-2007-00948-00 que
cursaba en el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, correspondiente a la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada el 18 de julio de 2007
por Alta Tecnología Ltda. contra la Universidad del Valle. La demandante explicó que
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, Alta Tecnología Ltda. invocó
como pretensiones la nulidad de las Resoluciones nº. 1129 del 4 de abril de 2005 y
2015 del 30 de junio de 2005, por considerar que fueron proferidas en aplicación de la
Resolución 046 de 2004 (estatuto de contratación de la Universidad), la cual no es
oponible a Alta Tecnología Ltda.

Aun cuando el a quo no accedió a la solicitud de acumulación y la demandante no
manifestó inconformidad alguna, esta Sala verificó, a partir de la información disponible
en el sistema de gestión judicial Samai, que el proceso nº. 76001-23-31-000-2007-
00948-00 que tenía por objeto la declaratoria de nulidad de las resoluciones que aquí
sirven de fundamento a la pretensión de condena, fue archivado por haberse proferido
sentencia de primera instancia el 29 de julio de 2014, en la cual se negaron las
pretensiones de la demanda y contra la que no se interpuso recurso alguno (índices
40, 41 y 45 en SAMAI). Es por ello que la Sala no considera necesario decretar una
prueba de oficio en este sentido, puesto que resulta claro que en ese otro proceso no
se realizó alguna declaración que impida continuar con el análisis que aquí ha
propuesto la Sala.

8.2 En el trámite de primera instancia, la parte demandante informó que el 9 de abril
de 2008 formuló acción ejecutiva contra Alta Tecnología Ltda. por la suma reconocida
a favor de la Universidad del Valle en la Resolución nº. 1129 de 2005. El Juez 32
Administrativo de Bogotá libró mandamiento de pago en contra de Alta Tecnología
Ltda. por la suma de $554.648.110,77 (fls. 143-148 c. 6).

El artículo 5º de la Resolución nº. 1129 de 2005 –modificada por la Resolución nº. 2015
de 2005– estableció que Alta Tecnología Ltda. debía a la Universidad del Valle

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$502.203.493 por la ejecución de los «convenios de cooperación». Esta suma
corresponde al mismo valor que fue reconocido a favor de la universidad en el proceso
ejecutivo –descontando las costas del proceso–. No obstante, dentro de dicho valor no
están los perjuicios que ahora se reclaman, por cuanto el fundamento de los mismos
se encuentra en el artículo 6º de la Resolución nº. 1129 –modificada por la nº. 2015 de
2005– y según la cual, la universidad se reservaba la cuantificación final, reclamación
y cobro de los perjuicios causados.

Por lo tanto, como la suma por la cual se libró el mandamiento de pago tiene una
naturaleza distinta a los perjuicios que ahora se reclaman, la Sala no considera que se
configure el fenómeno de la cosa juzgada y, por ello, el mencionado proceso ejecutivo
no impide continuar con el estudio de fondo de la pretensión condenatoria.

9. De conformidad con todo lo expuesto, y habiendo definido que el fundamento de la
pretensión de condena es el pago de unos perjuicios derivados de la terminación por
incumplimiento, cuya existencia fue reconocida en las resoluciones que liquidaron el
contrato pero que no fueron cuantificados, corresponde a la Sala determinar si procede
el reconocimiento de esos perjuicios, a pesar de no haberse formulado una pretensión
declarativa de incumplimiento. Para ello, la Sala se referirá i) al régimen jurídico
aplicable a los «convenios de cooperación» celebrados entre las partes; ii) a la
procedencia de la liquidación unilateral de los «convenios de cooperación», bien sea
porque estaba prevista en el clausulado o porque el contratista consintió dicha facultad
en cabeza de la universidad; iii) si existía la facultad en cabeza de la universidad para
declarar el incumplimiento y iv) si se pactó una cláusula penal en los «convenios de
cooperación».

El régimen jurídico de los «convenios de cooperación»

10. De conformidad con el Acuerdo nº. 004 de 1996 del Consejo Superior de la
Universidad del Valle –por el cual se modificaron sus estatutos generales–, dicho ente
universitario es «autónomo, con régimen especial, del orden estatal u oficial, con
personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio
independiente». Analizadas todas las reformas efectuadas a los estatutos de la
Universidad del Valle [reformas realizadas en los años 2001, 2003, 2004, 2007, 2009,
2014, 2017, 2021 y 20246] se evidencia que la anterior naturaleza jurídica ha

6
Disponibles en: https://secretariageneral.univalle.edu.co/index.php/estatuto-general

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permanecido igual desde el mencionado Acuerdo No. 004 de 1996 hasta la fecha de
esta providencia.

10.1 El artículo 57 de la Ley 30 de 19927 –en desarrollo del artículo 69 de la
Constitución8, que reconoce la autonomía universitaria– estableció que las
universidades de carácter estatal u oficial deberían constituirse como entes autónomos
vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo relativo a las políticas y
planeación del sector educativo y que se regirían, entre otros, por un régimen de
contratación especial.

A su vez, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, salvo las excepciones
consagradas en esa ley, «los contratos que para el cumplimiento de sus funciones
celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del
derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y
comerciales, según la naturaleza de los contratos»9.

10.2 La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad del artículo 93 de la Ley
30 de 1992, precisó que el régimen de las universidades estatales es el derecho
privado. Al respecto señaló:

A más de lo anterior, el constituyente autoriza a la ley para crear un "régimen especial"
para las universidades del Estado, lo que significa que estas instituciones se regularán
por normas especiales que pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras
entidades de educación superior, públicas y privadas, o a las demás entidades
estatales, siempre y cuando con ellas no se vulnere su autonomía. En consecuencia,
bien podía la ley, sin infringir la Constitución, establecer un régimen contractual
diferente para tales entes universitarios, como lo hizo en las normas acusadas, al
determinar en el inciso tercero del artículo 57, que el carácter especial del régimen de
las universidades estatales u oficiales comprende el régimen contractual; y consagrar

7
Art. 57 de la Ley 30 de 1992: Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las
políticas y la planeación del sector educativo. Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes
características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. El carácter especial
del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas,
del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero,
el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley
(…).
8
Artículo 69 CN: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del
Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las
condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso
de todas las personas aptas a la educación superior.
9
Se dijo en la ponencia para primer debate en el Senado: El Estado en cumplimiento de los principios
constitucionales no puede imponer normas o sistemas rígidos de participación a todas las instituciones, ya que ello
contrariaría el mismo espíritu que debe defender.” Igualmente, se indicó en el primer debate ante la Cámara: ”Se
establece un régimen especial para las universidades oficiales, desarrollando así la carta constitucional. En tal
sentido las organiza como entes autónomos universitarios, define su estructura académica y administrativa, su
régimen financiero y el de contratación y control fiscal.

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en el artículo 93 que los contratos que celebren dichas instituciones se regirán por las
normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y
comerciales, según la naturaleza de los contratos, exceptuando los de empréstito, que
deben someterse a las reglas del "decreto 222 de 1983, o a las normas que lo
modifiquen o deroguen". Y como este ordenamiento fue derogado por la ley 80 de 1993,
ha de entenderse que la normatividad a la cual se remite el precepto demandado, es
la citada ley. (…)

En este orden de ideas, la Corte considera que no le asiste razón al demandante, pues
los mandatos acusados no infringen el inciso final del artículo 150 de la Carta, y por el
contrario son pleno desarrollo del artículo 69 ibidem, que garantiza la autonomía
universitaria y autoriza al legislador para expedir un régimen especial aplicable a las
universidades estatales, lo que permite que en materia contractual se rijan por
disposiciones distintas de las que se consagran en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública -Ley 80 de 1993-, el cual es aplicable a los entes públicos
que en párrafos anteriores se mencionaron (…)10

Es claro, entonces, que las universidades estatales y las instituciones educativas de
nivel superior estatal u oficial deben sujetarse a lo previsto en el derecho privado, es
decir, a las disposiciones civiles y mercantiles, para efectos de tramitar, celebrar,
perfeccionar, ejecutar y liquidar los contratos que celebren. Así también lo ha
reconocido expresamente esta Corporación en distintas oportunidades11.

10.3 Como la Universidad del Valle, creada mediante Ordenanza nº. 012 de 1945, es
una universidad estatal y los «convenios de cooperación» fueron suscritos el 22 de
septiembre de 2000 y el 4 de junio de 2002 (fls. 7 y 9 c. 1), es decir, en vigencia de la
Ley 30 de 1992, el régimen jurídico es el derecho privado, y no las normas del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, por disposición expresa de los
artículos 57 y 93 de la Ley 30 de 1992.

10.4 A pesar de la claridad en lo que respecta al régimen aplicable, la Sala observa, a
partir de la correspondencia cruzada durante la ejecución contractual, que existía
confusión en cuanto a las normas aplicables: mientras la Universidad del Valle
consideraba que los «convenios de cooperación» se regían por el Decreto 393 de 1991
–Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades científicas y
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías– (f. 272 c. 2), Alta
Tecnología Ltda. consideraba que se regían por el Decreto 398 de 1990 –por el cual
se reglamenta el artículo 11 del Decreto extraordinario 102 de 1976 sobre la
administración de los Fondos de Fomento de Servicios Docentes de los Institutos

10
Corte Constitucional, sentencia C-547 de 1994 [fundamento jurídico B2].
11
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2025, rad. nº.
71752 [fundamento jurídico 2], Subsección A, sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. nº. 49305 [fundamento
jurídico 5.1], sentencia del 14 de julio de 2016, rad. nº. 49305 [fundamento jurídico 6] y Subsección C, sentencia de
29 de abril de 2015, rad. nº. 33244 [fundamento jurídico 1]. Todas en el mismo sentido.

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Docentes Nacionales y Nacionalizados– (f. 71 c. 6).

Por ello, la Sala encuentra necesario precisar que al revisar la vigencia de ambos
Decretos y su aplicabilidad al presente caso, se evidencia que: i) el Decreto 398 de
1990 –invocado por Alta Tecnología– no se encontraba vigente a la fecha de
celebración de ninguno de los dos convenios, por cuanto el mismo fue derogado
expresamente por el artículo 14 del Decreto 1857 de 1994 y ii) el Decreto 393 de 1991
–invocado por la Universidad del Valle–, no resulta aplicable, porque las modalidades
de asociación allí previstas aplican a «la Nación y sus entidades descentralizadas»
[artículo 1 del Decreto 393 de 1991], pero la Universidad del Valle no tiene esta
naturaleza jurídica, según se explicó antes.

La liquidación en los contratos que se rigen exclusivamente por el derecho
privado

11. Tratándose de entidades exceptuadas de la aplicación de la Ley 80 de 1993, la
remisión al derecho privado excluye el derecho público, salvo en aquellas precisas
materias en las cuales el legislador habilite la aplicación del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública12. La liquidación unilateral del contrato a
través de acto administrativo, en los términos en los que está regulada por ese
estatuto, no puede ser adoptada –por regla general– en el marco de las relaciones
contractuales sometidas exclusivamente al derecho privado, porque requiere de
habilitación legal expresa.

Se trata de una competencia sometida al principio de legalidad, mediante la cual se
faculta a la entidad contratante a liquidar unilateralmente el contrato, con efectos de
dejar a paz y salvo a las partes en todo aquello que se deriva de su relación. Por ello,
no puede ser ejercida en los términos en los que la regula el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, por entidades que no han sido facultadas
para ello, al ser excluidas de sus disposiciones.

Lo anterior no quiere decir que, en el marco de la autonomía privada, las partes no
puedan acordar cláusulas de liquidación unilateral del contrato, toda vez que no se

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de 1997, rad.
S-701 [fundamento jurídico a, b y f]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 20 de febrero
de 2017, rad 56.562 [fundamento jurídico 1]; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. 38.120 [fundamento jurídico 3.6];
sentencia de 30 de septiembre de 2019, Rad. 43.036 [fundamento jurídico 3.4.1] y Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42.003 [fundamento jurídico 61].

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encuentran expresamente prohibidas por la legislación civil o comercial. Nada se
opone a la inclusión de una cláusula de liquidación unilateral a favor de la entidad
estatal contratante, en tanto que esta deviene del ejercicio de la autonomía de la
voluntad de las partes. Lo que no puede ocurrir es que, sin pacto alguno de esta
naturaleza, una entidad excluida de la Ley 80 de 1993, pretenda justificar una
liquidación unilateral con base en la regulación que, sobre el particular, tiene la
mencionada ley.

Esta Corporación13 ha precisado que –en el contexto de los contratos que se rigen por
el derecho privado– la cláusula de liquidación unilateral debe analizarse a la luz del
artículo 1501 del CC14, según el cual, deben distinguirse i) los elementos esenciales
del contrato –sin los cuales el acuerdo no produce efecto alguno o degenera en otro-,
ii) los elementos naturales del contrato –entendiendo por éstos, aquellos que sin ser
esenciales, se entienden incluidos sin necesidad de cláusula especial– y, finalmente,
iii) los elementos accidentales –entendiendo por éstos, aquéllos que sin ser esenciales
ni naturales, son incorporados por las partes a través de estipulaciones expresas–.

Los negocios gobernados por el derecho privado no deben ser necesariamente
liquidados –la liquidación no es un elemento de la esencia ni de la naturaleza del
contrato–, por lo que la liquidación sólo será exigible si las partes expresamente así lo
estipularon. En este sentido, el Consejo de Estado ha resaltado la improcedencia de
exigir la liquidación unilateral o bilateral en contratos sujetos al derecho privado en los
cuales no se pactó esta figura:

(…) esta Sala considera que el contrato sub iudice no requería liquidación, porque
su régimen sustantivo era el derecho privado, y no la ley 80 de 1993, que exige
que los contratos de tracto sucesivo se liquiden, bien de manera bilateral o
unilateralmente. De modo que si el contrato de agencia comercial sub iudice lo
celebró una entidad que no se rige por la ley 80, mal puede pedirse que cumpla
con exigencias propias de la ley 80 de 1993 –arts. 60 y 61-. Además, no sobra
indicar que las partes tampoco pactaron esta posibilidad, en ejercicio de la
autonomía de la voluntad, luego no existe razón para exigir la liquidación bilateral
de un contrato que no requiere de este trámite15.

13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de julio de 2017, rad. nº. 57394 [fundamento jurídico 2].
14
“Artículo 1501. Cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato
las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia
de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente;
son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad
de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen,
y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.”
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 6 de diciembre de 2010, rad. nº. 38344 [fundamento
jurídico 4.2].

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Así, es posible concluir que la liquidación unilateral pactada en contratos sujetos al
derecho privado corresponde a una cláusula accidental que no comporta el ejercicio
de función administrativa. Se trata de un acto contractual unilateral encaminado a
realizar un corte de cuentas, pero que no está dotado de las características que son
propias de los actos administrativos.

Como negocio jurídico sujeto al derecho privado, las partes pueden dotarse a una de
ellas, en ejercicio de la autonomía privada, de la facultad para liquidar unilateralmente
el contrato. Ello requiere de un pacto contractual, es decir, de una autorización negocial
expresa en tal sentido. Este tipo de acuerdos será ley para las partes (art. 1602 del
CC), pero ello no quiere decir que se ejerzan a través de un acto administrativo. La
particularidad de estas cláusulas –que otorgan poderes unilaterales por pacto o según
la naturaleza del contrato– está dada en que, no obstante la unilateralidad, no
comportan el ejercicio de función administrativa. Esto se debe a que su origen no está
en las disposiciones normativas de carácter legal, sino que se ampara en el derecho
privado, en cuyo marco, las partes ejercen la autonomía privada en aras del interés
particular del negocio y de cada uno de los contratantes.

Ahora bien, este tipo de pactos no están desprovistos de control judicial, ya que la otra
parte del contrato puede demandar su nulidad por violar el orden público, tener objeto
o causa ilícitos o por ser una cláusula abusiva y, también, el incumplimiento del
contrato con fundamento en que no se daban los presupuestos pactados para ejercer
la facultad unilateral.

Bajo el panorama descrito, será necesario establecer si las partes convinieron la
facultad unilateral en cabeza de la universidad para liquidar los «convenios de
cooperación».

Sobre la posibilidad de liquidar unilateralmente los convenios

12. La demandante esgrimió que ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con el
contratista para liquidar los «convenios de cooperación», la universidad liquidó
unilateralmente los contratos con fundamento en el artículo 6716 de la Resolución nº.

16
Artículo 67. Liquidación de los contratos. Serán objeto de liquidación los contratos de tracto sucesivo y los demás
que lo requieran, de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y sus reglamentaciones. Los términos de
la liquidación serás establecidos en el Instructivo o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes
de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato, a la expedición del acto administrativo que
ordene la terminación o a la fecha del acuerdo entre las partes que así la disponga. (fls. 327-328 c. 1).

20

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Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

046 del 9 de julio de 2004, a través de la cual se expidió el «Estatuto de Contratación
de la Universidad del Valle» (fls. 292-328 c. 1).

13. Está acreditado que el 22 de septiembre de 2000 y el 4 de junio de 2002, la
Universidad del Valle y Alta Tecnología Ltda. celebraron dos «convenios de
cooperación» para aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las
entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en el
ámbito nacional e internacional. Cada uno de los convenios tenía una duración de 4
años. De este modo, el «convenio de cooperación» del 2000 se terminó el 22 de
septiembre de 2004 por vencimiento del plazo, mientras que el del 2002 finalizó por la
voluntad unilateral de la universidad, el 13 de noviembre de 2004 (f. 286 c. 2).

Del contenido de los convenios la Sala observa que las partes guardaron silencio frente
a su liquidación. En efecto, no establecieron la necesidad de un trámite de esta
naturaleza y mucho menos un término para hacerlo. Dado el régimen aplicable, que,
como quedó visto, es el derecho privado, no es posible aplicar la Ley 80 de 1993 y las
disposiciones posteriores que la han modificado, en particular, en lo que respecta a la
obligatoriedad de liquidar los contratos de tracto sucesivo y la potestad en cabeza de
la Administración de hacerlo unilateralmente.

14. Conviene señalar que las partes, en el marco de la autonomía de la voluntad,
decidieron reunirse con el fin de hacer un cruce de cuentas periódico de los programas
ofrecidos en el marco de los «convenios de cooperación». En las actas nº. 1 a 18 del
«Comité Directivo del Convenio» quedaron consignados los cierres financieros de
cada uno de los programas –a medida que finalizaba cada ciclo académico– con la
identificación de las pérdidas, ganancias y utilidades resultantes al final del ejercicio
contable (fls. 6 y ss. c. 1).

Es importante precisar que estas liquidaciones se refirieron exclusivamente a cada uno
de los programas, pero no fueron un balance general y definitivo de los «convenios de
cooperación», porque el objeto de los convenios era aunar esfuerzos para ofrecer
cursos académicos. De manera que las partes buscaron, en una primera etapa,
establecer el resultado contable de los cursos ofertados al finalizar cada ciclo
académico, que tenía una duración de tres meses según lo acordado en el acta n°. 1
del «Comité Directivo del Convenio» (fls. 11-17 c. 1), lo cual, posteriormente, podría
servir para la liquidación definitiva de los «convenios de cooperación».

21

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Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

Ahora bien, la Sala observa que en las mismas actas en las que quedaron consignadas
las liquidaciones «parciales», en particular, en las actas nº. 16, 17 y 18 del «Comité
Directivo del Convenio», las partes también trataron la liquidación definitiva de los
«convenios de cooperación». En efecto, en el acta nº. 16 quedó consignada la voluntad
clara y expresa de las partes de liquidar bilateralmente los convenios en los siguientes
términos: «las partes acuerdan que el convenio debe estar liquidado el 25 de febrero
del año 2005» (f. 230 c. 1).

Posteriormente, en el acta nº. 17 se lee que «se presentó el proyecto de liquidación
global del convenio (…) donde se relaciona el total de ingresos, gastos, utilidad, bolsa
de provisión, cancelaciones, utilidad a distribuir y cartera» (f. 135 c. 1). En la misma
acta quedó consignado que la Universidad del Valle aceptaba la liquidación de los años
2001 y 2002, pero frente a la liquidación del periodo 2003 y 2004 pidió excluir el
convenio suscrito con la Alcaldía Local de Chapinero, frente a lo cual Alta Tecnología
Ltda. manifestó no estar de acuerdo, según lo expuesto en el acta (f. 134 c. 1).
Asimismo, Alta Tecnología Ltda. expuso que la actuación desplegada por la
universidad –tendiente a desconocer los convenios suscritos con las alcaldías
menores de Bogotá D.C.– le causó perjuicios que debían ser reconocidos en la
liquidación (f. 135 c. 1).

Finalmente, en el acta nº. 18 las partes abordaron nuevamente la liquidación de los
«convenios de cooperación» y al respecto se lee:

La tesorera del convenio presenta la liquidación total del convenio. La cual hace parte
integral de esta acta.

La Universidad formula (sic) siguientes observaciones sobre la liquidación así:

• Liquidación 7 del 2003. Excluir el contrato de Usaquén
• Liquidación 2 del 2004. Excluir el contrato de Contratos de Barrio Unidos y
Chapinero.
• Las liquidaciones 1 y 2 del 2004 tienen inconsistencias del registro

La Tesorera, manifiesta que estas liquidaciones se han realizado de acuerdo con las
pautas y procedimientos establecidos por el convenio.

Al igual desea dejar constancia de que mostró al Dr. Fong, dónde están los recursos
del convenio que se presentan en la liquidación. Al igual que se compromete a
presentar las liquidaciones 1 y 2 del 2004 ajustadas. El Dr. Fong agradece a la tesorera
que finalmente que le hayan permitido conocer en dónde estaba el dinero ya que en la
reunión del Pacifico Royal, en Cali, se había expuesto la iliquidez del convenio. Alta
Tecnología, que la información entregada hoy no es diferente a la que siempre ha
tenido la Universidad.

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Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual

Alta Tecnología, manifiesta que esta liquidación corresponde a los programas
desarrollados por el Convenio de acuerdo con las pautas definidas por su comité
directivo. La Universidad a su vez precisa que en cuanto a los contratos de Barrios
Unidos, Chapinero y Kennedy, jamás fueron autorizados por la Universidad. Alta
Tecnología, índica que dentro del convenio y sus procedimientos jamás se tiene una
autorización expresa de la universidad para ningún contrato. La Universidad del Valle
manifiesta que jamás expedido (sic) documento alguno mediante el cual haya
autorizado a la Dra Adriana Garnica para actuar en nombre y representación de la
Universidad del Valle. Alta Tecnología manifiesta que esta autorización era innecesaria
pues al Acta 001 hace una clara delegación de la representación del convenio en
Adriana Garnica y las acciones aquí analizadas son acciones del Convenio, no de la
Universidad del Valle. La Universidad reitera que la Sra Adriana Garnica, tenía la
representación del Convenio, pero nunca ha tenido la representación de la Universidad
del Valle. (f. 236-237 c. 1).

Del contenido de las actas nº. 16, 17 y 18 es posible establecer que las partes
intentaron la liquidación bilateral de los «convenios de cooperación», pero no lograron
un acuerdo al respecto. Lo anterior, porque había diferencias en cuanto a la inclusión
de los contratos suscritos por la directora administrativa del convenio con las alcaldías
menores de Bogotá D.C. Tal como se evidencia en las actas, la universidad se negó a
reconocer cualquier suma derivada de los contratos celebrados con las alcaldías
menores, por cuanto, en su criterio, estos excedieron el marco de ejecución de los
«convenios de cooperación».

En tal sentido, tampoco de las actas y reuniones encaminadas a la liquidación bilateral,
se puede concluir que las partes hubieran acordado la posibilidad de que la
Universidad tuviera la posibilidad de hacerlo unilateralmente. Todo el desarrollo de
estas reuniones es indicativo de la importancia del acuerdo frente al cierre contable y
financiero de los convenios entre las partes.

15. También está acreditado, en lo que respecta a la liquidación final y definitiva, que
la Universidad del Valle, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, decidió liquidar
unilateralmente los «convenios de cooperación». Para ello, invocó la Resolución nº.
046 de 2004, a través de la cual se expidió el «Estatuto Contractual» de la Universidad
del Valle. Así quedó expresamente consignado en la parte resolutiva de la Resolución
nº. 1129 de 2005, a través de la cual «se liquidan unilateralmente los convenios de
septiembre 22 de 2000 y 4 de junio de 2002 y se liquidan unos perjuicios»17.

17
RESUELVE ARTÍCULO 1º. Liquidar unilateralmente y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.
046 de julio 9 de 2004, expedida por el Consejo Superior de la Universidad del Valle, los Convenios de Cooperación
Interinstitucional entre la Universidad del Valle y Alta Tecnología Ltda., firmados en Septiembre 22 del año 2000 y
Junio 4 del año 2002 respectivamente, lo cual se hace teniendo en cuenta la información suministrada por la
tesorería de los Convenios de Cooperación, y el estudio comparativo realizado por la División Financiera de la
Universidad del Valle.

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Proceso: Acción contractual

Posteriormente, la universidad, a través de la Resolución nº. 2015 de 2005, resolvió el
recurso de reposición contra la anterior decisión y confirmó lo relativo a su competencia
para liquidar unilateralmente el contrato en los siguientes términos:

4.1.1. La Universidad del Valle citó como fundamento de derecho para proceder a
liquidar unilateralmente los Convenios de septiembre 22 de 2000 y 4 de junio de 2002
y los perjuicios, la Resolución No. 046 de 9 de julio de 2004, expedida por el
Consejo Superior de la Universidad.

4.1.2. Esta es la Resolución aplicable teniendo en cuenta el artículo 73 de la
misma el cual se refiere a su vigencia y derogatoria de la Resolución anterior,
distinguida con número 452, de fecha marzo 6 de 1998, "Por medio de la cual se
establecen los procedimientos para la adquisición de bienes; la celebración de
contratos y se dictan otra disposiciones". El referido artículo 73, textualmente consigna:
"VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente Resolución rige-partir de la fecha y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 452
de marzo de 1998, emanada de la Rectoría de la Universidad".

4.1.3. Es procedente y por demás imprescindible para la Universidad tener en cuenta
para la liquidación unilateral de los Convenios el Estatuto de Contratación de la
Universidad. Si bien es cierto, como lo sostienen las dos recurrentes, la Universidad
se rige por la ley 30 de 1992 para todo aquello concerniente a sus trámites
contractuales, no es menos cierto, como igualmente lo sostiene la doctrina y la
jurisprudencia, que la Universidad en los Convenios mantiene su calidad de Ente Oficial
y en consecuencia está sujeta a las estrictas normas que la rigen a este respecto (…).

(…) Los convenios suscritos entre la Universidad del Valle y Aita Tecnología Ltda. se
suscribieron desde septiembre del año 2000 y se ejecutaron hasta febrero de 2005, por
lo que claramente se observa que son de tracto sucesivo, y por lo tanto, la Universidad,
de conformidad con el Estatuto de Contratación tenía obligación de darle
cumplimiento a lo establecido en el artículo antes transcrito. (fls. 453-455 c. 2).

16. Se desprende de las resoluciones transcritas que la universidad invocó –como
fundamento para liquidar unilateralmente los contratos– la Resolución nº. 046 de 2004,
a través de la cual se expidió el «Estatuto Contractual» que es posterior a la
celebración de ambos convenios. En dichos convenios, las partes no previeron la
aplicación de ningún estatuto o manual de contratación que fuera proferido por la
universidad con posterioridad a su suscripción.

En efecto, la Resolución nº. 046 de 2004 fue expedida el 9 de julio de 2004 (f. 292 c.
2), es decir, de manera posterior a la celebración de los «convenios de cooperación»,
por lo que, justificar la decisión de la universidad con fundamento en el artículo 67 del
«Estatuto de Contratación» de la universidad, referente a la liquidación de los
convenios, supondría una aplicación retroactiva de dicho estatuto, sin que se hubiera
pactado de esa manera.

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Al respecto, es importante precisar que los contratos se rigen por las normas vigentes
al momento de su celebración, con excepción de aquellas concernientes al modo de
reclamar en juicio los derechos resultantes del mismo (procesales) y las que señalan
penas en caso de infracción de lo estipulado (art. 38 de la Ley 153 de 1887), por lo
que una aplicación retroactiva de las normas proferidas con posterioridad a la
celebración del contrato, no solo podría quebrantar derechos legítimamente adquiridos
durante la ejecución del contrato (art. 58 de la CN), sino que, además, dejaría en
manos de la entidad contratante un control ilimitado sobre los contratos por ella
celebrados, en contravención de la libertad negocial.

Por lo anterior, nuestro ordenamiento ha prescrito, como manifestación del principio
de seguridad jurídica y confianza en los negocios, la regla general de la irretroactividad
de las normas en el ámbito de los contratos18, siendo la aplicación retroactiva de
aquéllas una excepción, que sólo procederá cuando las partes expresamente así lo
hayan acordado –con fundamento en la autonomía de la voluntad privada–, o cuando
así lo establezca la ley por razones de orden público o interés general.

17. Tampoco el contratista, según las pruebas que obran en el expediente, consintió,
con posterioridad a la celebración de los convenios, la posibilidad de aplicar dicho
estatuto y menos aún la facultad de liquidación unilateral en cabeza de la universidad.
En efecto, del contenido de las actas n.º 16 a 18 ya referidas, solo se puede concluir,
según lo indicado, que las partes intentaron la liquidación bilateral, pero en manera
alguna de allí se desprende que el contratista haya consentido –de manera expresa o
tácita– que la universidad tuviera la facultad unilateral de liquidar los «convenios de
cooperación». Dichas actas y ninguna otra prueba que obra en el expediente permiten
concluir que el contratista haya aceptado la aplicación o incorporación de la Resolución
n.º 046 de 2004 –por la cual se expide el «Estatuto de Contratación» de la Universidad
del Valle– como fundamento para la liquidación unilateral.

Vale la pena reiterar que la liquidación unilateral es una potestad que está sometida al
principio de legalidad, por lo que no puede ser ejercida por entidades que no han sido
facultadas para el efecto por la ley, a menos que así lo hubieren pactado las partes,
de manera tal que no es el manual de contratación de la entidad el llamado a dotarla
de facultades que, ni la ley (lex publica) ni el acuerdo privado (lex privata), les ha

18
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena Sentencia del 9 de mayo de 1938, XLVI, 488.

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otorgado. Por tanto, la liquidación prevista en el aludido estatuto –Resolución 046 de
2004– requería ser acordada expresamente en dichos convenios sujetos al derecho
privado, bien mediante pacto expreso o por referencia cruzada a dicho manual o
estatuto.

18. En este punto es importante señalar que el «Estatuto de Contratación de la
Universidad del Valle» –contenido en la Resolución nº. 046 de 2004– señaló
expresamente en su artículo 73 que su vigencia empezaba a partir de la fecha de su
promulgación (9 de julio de 2004) y que los trámites contractuales en curso a dicha
fecha continuarían sujetos a los procedimientos vigentes en el momento de su
iniciación o celebración (f. 328 c. 2).

Con anterioridad a la entrada en vigencia del referido estatuto, las normas relativas a
los contratos celebrados por la Universidad del Valle estaban contenidas en la
Resolución nº. 452 de 1998, según da cuenta el considerando tercero de la Resolución
nº 046 de 2004 (f. 292 c. 2). Al respecto, la Sala advierte que la Resolución nº. 452 de
1998 –vigente para la época en la que fueron celebrados los «convenios de
cooperación»– no obra en el expediente y tampoco se encuentra disponible en el
repositorio digital de la Secretaría General de la Universidad del Valle, de modo que
se desconoce si en la mencionada resolución existía alguna disposición relativa a la
liquidación unilateral de los contratos.

Esta situación no cambia las conclusiones de la Sala porque, por una parte, está
plenamente demostrado que el fundamento de las Resoluciones nº. 1129 y 2015 de
2005 –a través de las cuales se liquidaron unilateralmente los «convenios de
cooperación»– fue el artículo 67 de la Resolución nº. 046 de 2004 –«Estatuto de
Contratación» vigente desde el 9 de julio de 2004– esto es, el proferido con
posterioridad a la celebración de los acuerdos entre las partes. Por otra, en el
clausulado de los «convenios de cooperación» nada se estipuló –de manera expresa
o por alguna referencia– sobre la inclusión o aplicación de las disposiciones de la
Resolución nº. 452 de 1998, manual de contratación vigente cuando fueron
celebrados, de manera que las partes no incorporaron al clausulado lo que allí pudiera
regularse.

A partir de lo expuesto, resulta claro que a los «convenios de cooperación» no les era
aplicable, ni podía entenderse incorporado en ellos, el artículo 67 de la Resolución nº.

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046 de 2004 –referente a la liquidación de los contratos y convenios celebrados por la
Universidad del Valle–. Tampoco alguna otra disposición de aquél estatuto u otro
anterior que habilitara a la universidad para declarar el incumplimiento y liquidar
perjuicios. Lo anterior, se insiste, porque las partes no estipularon nada sobre la
liquidación de los convenios y mucho menos sobre su liquidación unilateral, ni
mediante pacto expreso o por referencia cruzada a ningún manual. En el mismo
sentido, tampoco era posible hacer una aplicación retroactiva de dicho estatuto de
contratación proferido con posterioridad a la firma de los contratos, por cuanto ello
requería acuerdo expreso o ley que así lo autorizara, circunstancias que no se dieron
en este caso.

19. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que no existía la posibilidad, en
cabeza de la universidad, de liquidar unilateralmente el contrato. Ello supone que no
podía proceder a hacer el corte de cuentas referido ni adoptar decisiones encaminadas
a definir la situación contable, financiera y de ejecución del contrato porque tal potestad
unilateral no fue pactada. En tal sentido, esa decisión no puede ser el fundamento de
los perjuicios reclamados ni mucho menos base de una condena en favor de la
universidad puesto que excedió los términos acordados por las partes.

Ahora bien, habiendo descartado la aplicación del «Estatuto de Contratación de la
Universidad del Valle», corresponde a la Sala entrar a analizar si las partes, en ejercicio
de la autonomía de la voluntad, convinieron procedente una terminación por
incumplimiento contractual en favor de la universidad o si estipularon una cláusula
penal pecuniaria. Lo anterior, porque la demanda parte de la base de un presunto
incumplimiento que determinó la misma Universidad del Valle.

Los «convenios de cooperación» y el ejercicio de la declaratoria unilateral de
incumplimiento y la ausencia de pacto de cláusula penal pecuniaria

20. Según la demanda, el contratista ocasionó perjuicios a la Universidad del Valle por
valor de $1.448’000.000, de conformidad con las Resoluciones nº. 1129 y 2015 de
2005, a través de las cuales se liquidaron los «convenios de cooperación».

21. Sobre la terminación unilateral del «convenio de cooperación» y la determinación
de los perjuicios está acreditado lo siguiente:

21.1. Los días 15 y 29 de marzo de 2004, el rector de la Universidad del Valle

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estableció algunas condiciones para continuar con la ejecución del «convenio de
cooperación» celebrado con Alta Tecnología Ltda. (fls. 253-254 y 256-257 c. 2). El
rector señaló la necesidad de modificar el clausulado contractual para disponer que
cualquier proyecto que pretendiera ejecutarse en el marco del «convenio de
cooperación» debía ser previamente aprobado por la Dirección de Extensión y
Educación Continua de la Universidad del Valle. Esta sería la instancia encargada de
determinar la viabilidad académica y financiera para comprometer a la Universidad del
Valle en la celebración de contratos con otras entidades en el marco del «convenio de
cooperación». En el mismo oficio, se indicó que «bajo ninguna razón podrían seguirse
celebrando contratos y/o convenios de carácter administrativo (consultorías,
asesorías, prestación de servicios etc.) que no guardaran relación con el Objeto
Convencional ya mencionado» (f. 257 c. 2).

21.2 El 4 de mayo de 2004, el rector de la Universidad del Valle, en oficio dirigido al
gerente de Alta Tecnología Ltda., solicitó dar por terminado tres contratos –celebrados
por la directora administrativa en el marco del «convenio de cooperación»– con las
alcaldías menores de Bogotá D.C., en los siguientes términos:

La Universidad ha revisado los contratos y convenios que ha celebrado Alta Tecnología
Ltda. asumiendo la representación de la Universidad del Valle en forma ilegal e
inconsulta pese a nuestras comunicaciones de fechas 15 y 29 de marzo de 2004, en
las cuales le solicitamos a Usted en su calidad de Representante Legal de Alta
Tecnología Ltda. y a la señora Adriana Garnica, abstenerse de celebrar ese tipo de
convenios y contratos con entidades públicas del orden distrital. En consecuencia le
solicitamos que de manera inmediata proceda a adelantar los trámites respectivos ante
las instancias oficiales mencionadas a fin de que se den por terminados dichos
contratos y convenios, suscritos por la señora Adriana Garnica (fls. 259-260 c. 2).

21.3. El 13 de mayo de 2004, el rector de la Universidad del Valle solicitó a los alcaldes
menores de la localidad de Barrios Unidos y de la localidad de Chapinero dar por
terminado los contratos celebrados con Alta Tecnología Ltda. en el marco del
«convenio de cooperación» (fls. 263-266 c. 2). Lo anterior, con fundamento en que:

Alta Tecnología Ltda., a través de la Sra. Adriana Garnica, decidió motu proprio, sin
contar con la debida representación estatutaria e institucional de la Universidad del
Valle (…) la celebración indebida e ilegal del Convenio Interadministrativo de
Cofinanciación nº. 002 de 2004 (…) Las anteriores circunstancias, además de ser
constitutivas de uso ilegal de la representación institucional de la Universidad del Valle,
por directa vulneración de las disposiciones estatutarias citadas y del Objeto del
Convenio suscrito con Alta Tecnología en el mes de junio de 2002, entrañan abierto
desconocimiento de los requerimientos efectuados a través de las comunicaciones de
rectoría, mencionadas en el numeral 4 de esta comunicación, y pueden llegar
adicionalmente a configurar un ilícito de carácter penal (fls. 263-264 c. 2).

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21.4 En la misma fecha, es decir, el 13 de mayo de 2004, el rector de la Universidad
del Valle informó a Alta Tecnología Ltda. su decisión de dar por terminado el «convenio
de cooperación» suscrito el 4 de junio de 2002, a partir del 13 de noviembre de 2004.
Al efecto, invocó como fundamento la cláusula séptima del «convenio de cooperación»
y señaló:

Mientras sucede el evento anteriormente enunciado, nuevamente reitero a Usted de
que a nombre de esta Institución de Educación Superior, no deberán tramitarse para
firma nuevos convenios, contratos, órdenes de trabajo y/o servicio de ninguna
naturaleza. En el anterior sentido, deberá implementarse con la directa participación
del Profesor Guillermo Murillo, Director de la Oficina de Extensión de la Universidad del
Valle, un seguimiento a los contratos y convenios que se encuentran en ejecución y
que fueron firmados por el suscrito en su calidad de Rector y único Representante Legal
Estatutario de la Universidad del Valle, para efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones y compromisos adquiridos por esta institución (fls. 267-268 c. 2).

21.5 El 4 de abril de 2005, la Universidad del Valle, a través de la Resolución nº. 1129
de 2005, liquidó unilateralmente «los convenios de cooperación» y dispuso que:

En aplicación de la cláusula séptima del Convenio (4 de junio de 2002), el Rector
de la Universidad del Valle comunicó la decisión al representante legal de Alta
Tecnología Ltda, sobre la terminación del citado Convenio, a partir del 13 de
noviembre de 2004, reiterando, una vez más, que a nombre de la Universidad del
Valle no deben tramitarse para firmas nuevos Convenios, Contratos, Ordenes de
trabajo y/o servicios de ninguna naturaleza, y que el Rector es el único
representante legal y estatutario de la Universidad del Valle (Oficio R0821 de
mayo 13 de 200) (…)

11. Que no es procedente jurídicamente para la Universidad del Valle, en la liquidación
número 2 del 2004, propuesta por la tesorera del Convenio de Cooperación, la inclusión
del Convenio 009 de 2003, suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y la
señora Adriana Lucia Garnica Alvarez, y el Convenio Interadministrativo de
Cofinanciación N° 02 de 2004, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Barrios
Unidos y Adriana Lucía Garnica Alvarez, toda vez que en los mismos la señora
Adriana Lucía Garnica Alvarez, obró en nombre y representación de la
Universidad del Valle, circunstancia contraria a la verdad, por cuanto la misma
jamás ha ostentado tal calidad; de manera tal que la Universidad del Valle no
acepta tales convenios, ni suma alguna que se pretenda sobre los mismos. Sobre
el particular cabe anotar que existe denuncia penal formulada contra la señora Adriana
Lucia Garnica Álvarez, radicada en la Dirección Seccional de Fiscalías - Oficina de
Asignaciones-, ante los Juzgados Penales del Circuito, desde el 31 de mayo de 2004,
investigación que en la actualidad cursa en la Fiscalía seccional 201, Unidad Primera,
Administración Pública y Justicia, en Bogotá D.C., y en la cual figura como sindicada la
citada señora; (…)

La Universidad del Valle considera los daños y perjuicios ocasionados por la
conducta asumida por la sociedad Alta Tecnología Ltda. en la administración de
los Convenios de Cooperación, en la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MILLONES DE PESOS ($1.448.000.000) MCTE, de acuerdo al siguiente detalle
de ítems y factores:

Proyección (utilidades dejadas de percibir) $724’000
Buen nombre e imagen institucional $724’000

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RESUELVE (…)

ARTÍCULO 6º: La Universidad del Valle, reclama a la Sociedad Alta Tecnología Ltda.,
por perjuicios producidos con ocasión de administración de los Convenios de
Cooperación, de conformidad a lo puesto en la parte considerativa de esta Resolución,
la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS
1.448.000.000) MCTE (…) (fls. 331 y 335 c. 2).

21.6 El 30 de junio de 2005, la Universidad del Valle, a través de la Resolución nº.
2015 de 2005, resolvió el recurso de reposición contra la anterior decisión y sobre el
punto de la terminación unilateral y los consecuentes perjuicios dispuso:

La discusión de fondo sobre la representación del convenio y particularmente de la
Universidad del Valle amerita una precisa delimitación. Es cierto que en el Acta No. 1
de fecha 12 de enero de 2001, en su numeral 4, referente al personal encargado del
convenio, "inicialmente se delega en Adriana Garnica la representación del Convenio.
Como... representante del Convenio: será quien establezca ante terceros los
compromisos formales requeridos para desarrollar las actividades del convenio de
acuerdo con los parámetros establecido por el Comité Directivo".

En este orden de ideas es claro que la Universidad aportaba al Convenio su consistir
institucional, debiendo en todo momento cumplir con la ley y sus estatutos, por lo cual
no puede entenderse que la autorización transcrita precedentemente era una
delegación de facultades de la Rectoría, pues el señor Rector solo puede hacerlo en
muy precisas circunstancias previstas en el Estatuto General de la Universidad: Es
justamente esta apreciación por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad la
que motivó la consideración que se había incurrido en una presunta usurpación
de funciones. (…)

Los hechos presentados ameritan una reflexión jurídica completaria indispensable:
para entender este aspecto del disenso en los Convenios interinstitucionales, y no es
otra que la concerniente a afirmar que tanto Alta Tecnología Ltda., como la Universidad
del Valle en su Alianza Estratégica mantenían su propia identidad y representación, por
lo cual ha de entenderse que la representación de la señora Adriana Garnica estaba
orientada a la promoción de los objetivos de los Convenios sin que ello implicara de
suyo la delegación de las facultades de la Rectoría de la Universidad, y que en todo
caso, conforme a lo previsto para las actividades del Convenio, se ejecutarían los
“programas que consensualmente consideren adecuado desarrollar". No se profundiza
más a este respecto en el análisis de los argumentos de los recursos presentados, toda
vez que constituye motivo de una investigación por parte de la Fiscalía General de la
Nación (…).

4:1.11. PERJUICIOS. Por último, en cuanto a los perjuicios señalados por la
Universidad en la Resolución recurrida, se revocará el artículo 6° la misma,
reservándose la Universidad la cuantificación final de los mismos, reclamación y cobro
ante la jurisdicción competente.

Se reitera, que la Resolución recurrida que parcialmente se revoca en los términos del
presente acto administrativo, se ajusta a derecho, por cuanto se profiere con base a la
Constitución Nacional, a la ley 30 de 1992. y, de manera específica conforme al
Estatuto de Contratación de la Universidad, teniendo en cuenta los hechos, pruebas
relacionadas y las consideraciones expuestas.

Que en estas condiciones, la Vicerrectora Académica con funciones delegadas de
Rector de la Universidad del Valle, en uso de sus facultades legales y teniendo en

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cuenta los argumentos expuestos en la parte considerativa del presente acto
administrativo,

RESUELVE

Confirmar la Resolución No. 1129 de abril 4 de 2005, emanada de la Rectoría de la
Universidad del Valle, a excepción del artículo 6°, el cual se revoca, reservándose la
Universidad la posibilidad de la cuantificación final de los mismos. reclamar y
cobrar los perjuicios a que haya lugar ante la jurisdicción competente. (fls. 450 y
ss. c. 2).

22. A partir de las pruebas que obran en el expediente, es claro que el rector de la
Universidad del Valle decidió terminar unilateralmente el «convenio de cooperación» a
partir del 13 de noviembre de 2004, según da cuenta la comunicación del 13 de mayo
de ese mismo año. Lo anterior, porque Alta Tecnología Ltda., a través de la directora
administrativa del convenio, asumió compromisos contractuales en nombre de la
universidad sin estar autorizada para ello, los cuales, además, excedían el alcance del
«convenio de cooperación».

Las razones que motivaron la terminación unilateral quedaron expresamente
consignadas en las comunicaciones del 15 y 29 de marzo y 4 y 13 de mayo de 2004,
todas suscritas por el rector de la Universidad del Valle. En estos documentos la
universidad puso de presente su preocupación por los contratos celebrados sin su
consentimiento. Tal era su inconformidad que advirtió –en comunicaciones del 15 y 29
de marzo de 2004– que de no cesar dicha situación daría por terminado el «convenio
de cooperación».

Estas mismas razones –la indebida representación y la extralimitación del objeto
contractual– quedaron consignadas en las Resoluciones nº. 1129 y 2015 de 2005
como las causas que motivaron la terminación unilateral del «convenio de
cooperación». Adicionalmente, como quedó ampliamente explicado, este fue el mismo
entendimiento de la parte demandante al formular su pretensión de condena.

Aunque en el acto de terminación unilateral la universidad no declaró expresamente el
incumplimiento contractual ni tampoco se refirió a sus efectos, es decir, guardó silencio
frente a los perjuicios que ahora reclama, para la Sala es claro que la Universidad del
Valle terminó unilateralmente el «convenio de cooperación» por el incumplimiento de
la demandada. En efecto, la terminación unilateral se fundó en la conducta de Alta
Tecnología Ltda., consistente, se reitera, en celebrar contratos sin autorización de la
universidad y que excedían el alcance del «convenio de cooperación», lo cual, a su

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juicio, configuraba un incumplimiento contractual.

23. Con ocasión del incumplimiento, en las resoluciones de liquidación del contrato la
universidad determinó la existencia de perjuicios.

En efecto, a través de la Resolución nº. 1129 de 2005, la universidad liquidó los
perjuicios derivados del incumplimiento. Allí consignó expresamente que consideraba
«los daños y perjuicios ocasionados por la conducta asumida por la sociedad Alta
Tecnología Ltda. en la administración de los Convenios de Cooperación» en la suma
de $1.448.000.000 y que esos perjuicios correspondían al daño al buen nombre y a
utilidades dejadas de percibir. Posteriormente, a través de la Resolución nº. 2015 de
2005, la universidad revocó el valor de los perjuicios y, en su lugar, se «reservó» la
posibilidad de ir a reclamarlos ante el juez del contrato. De modo tal que la universidad
desistió de cuantificar ella misma los perjuicios, pero los encontró probados y se
reservó la posibilidad de ir ante el juez a reclamarlos.

Así las cosas, la universidad pretendió llevar los perjuicios derivados del
incumplimiento al acto de liquidación unilateral del contrato. Allí, tal como quedó
anotado, estableció que se le habían causado unos perjuicios con el incumplimiento
de la demandada, con lo cual, en su criterio, bastaba con ir a reclamarlos ante la
jurisdicción, sin necesidad de una pretensión de incumplimiento en tal sentido. Así se
desprende del artículo 6 de la Resolución nº. 2015 de 2005 y de los fundamentos de
la demanda, explicados en profundidad con anterioridad.

24. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda).
Esto implica que las prestaciones convenidas deben cumplirse de forma íntegra, eficaz
y oportuna. Por ello, por regla general, los contratos sólo se extinguen por el mutuo
disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución
o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de
los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de
nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). Por fuera de estos supuestos, los
contratantes están obligados a respetar la voluntad manifiesta al momento de celebrar
el contrato. Así, salvo que se haya pactado algo distinto, la acción individual de uno de
los contratantes es insuficiente para ponerle fin o para declarar a la otra parte
incumplida.

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Ahora bien, la fuerza vinculante del contrato no impide a las partes convenir cláusulas
que permitan la terminación o resolución unilateral del contrato, ya sea en caso de
incumplimiento o incluso por la simple voluntad de alguna de las partes (ad nutum). En
muchos contratos típicos se prevé tal posibilidad. Por citar algunos ejemplos, el
transporte de cosas (Art. 1034 del C. Co.); el arrendamiento (Art. 1995 y 2000 del CC);
el usufructo (Art. 859 del CC); el mandato (Art. 2188 del CC y 1277 del C. Co.); el
depósito (Art. 2258 del CC y 1177 del C. Co.); el hospedaje (Art. 1199 del C. Co.); la
agencia (Art. 1326 del C. Co.); el comodato (arts. 2218 del CC); el seguro (Art. 1068
del C. Co.); el suministro (Art. 973 del C. Co.); el de cajillas de seguridad (artículo 1420
del C. Co); el de apertura de crédito y descuento (Art. 1406 del C. Co) y el de cuenta
corriente (Art. 1389 C. Co), entre otros.

Esta concepción de la autonomía de la voluntad permite que las partes de un contrato
puedan concederse mutuamente, o incluso a una sola de ellas, el derecho de poner
fin al vínculo contractual. Este tipo de cláusulas forman parte del contenido vinculante
del contrato y no pueden ser anuladas sino por contrariar el orden público y las buenas
costumbres (Art. 15, 16, 1502 y 1519 del C.C) o por conllevar abuso del derecho. Estos
son los límites al pacto de terminación unilateral.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que no existe norma alguna
que prohíba la inclusión de este tipo de pactos. Asimismo, ha señalado que el hecho
de que la terminación o resolución unilaterales no esté expresamente mencionada
como causa extintiva de las obligaciones no impide pactar una cláusula en tal sentido.
Al contrario, dicha estipulación refuerza el valor normativo que tiene el contrato como
manifestación del acuerdo entre las partes19.

En este orden de ideas, nada impide que las partes pacten una cláusula que permita
a la entidad contratante dar por terminado o resuelto el contrato en caso de
incumplimiento. Esto se justifica, fundamentalmente, en la autonomía de la voluntad y
no supone, por supuesto, las prerrogativas derivadas de las cláusulas excepcionales
al derecho común20.

25. En los contratos que se rigen por el derecho privado, que las partes acuerden la
liquidación unilateral del negocio no conlleva automáticamente la posibilidad de

19
Corte Suprema de Justicia, sentencia del 30 de agosto de 2011, Rad: 11001-3103-012-1999-01957-01
[fundamento jurídico 2].
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de junio de 2025, rad. nº. 42049
[fundamento jurídico 21].

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declarar el incumplimiento contractual y viceversa. La liquidación unilateral del contrato
y la declaratoria de incumplimiento son figuras jurídicas distintas que no pueden ser
confundidas ni tratadas como equivalentes por el simple hecho de haber sido pactada
una de ellas. Cada una de estas facultades unilaterales exige su pacto expreso en el
contrato. De manera que un acuerdo sobre una de tales facultades no conlleva la
posibilidad del ejercicio de la otra y hacer extensivos sus efectos, es desconocer el
alcance del acuerdo de las partes.

26. En la cláusula séptima de los «convenios de cooperación», invocada en las
resoluciones antes referidas, las partes pactaron que, siempre y cuando hubieran
finalizado los programas académicos ofrecidos en el marco de los convenios,
cualquiera de las partes podría dar por terminado –por su mera liberalidad– el contrato,
previo aviso a la otra parte con seis meses de anticipación. Esta posibilidad se estipuló
de la siguiente manera:

SÉPTIMA. DURACION DEL CONVENIO: El presente convenio tendrá una duración
de cuatro años contados a partir de la fecha de aceptación de las partes. Podrá
prolongarse a voluntad de las partes. El Convenio podrá terminarse por voluntad de
una de las partes previa información de ésta con 6 meses de anticipación y siempre
que haya terminado la ejecución de los programas a que se haya dado lugar. (fls.
7 y 9 c. 1).

La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece
exteriorizada en la cláusula séptima de los «convenios de cooperación», no permite
concluir que la entidad contratante pudiera declarar el incumplimiento de manera
unilateral y, por ello, terminar el contrato, sino que las partes estipularon que cualquiera
de ellas podía dar por finalizado el convenio siempre que no hubiera programas
pendientes, es decir, una vez concluido el correspondiente periodo académico.

La Sala reitera que el objeto de los «convenios de cooperación» era aunar esfuerzos
para ofrecer cursos de educación continuada –cursos, talleres, programas y
credenciales alternativas–, posgrados y asesorías. Ello quiere decir que durante la
ejecución de los «convenios de cooperación» ambas instituciones ofrecerían
diferentes programas académicos que se regirían por el calendario académico de cada
una de las facultades y escuelas de la universidad, según la naturaleza del curso
ofrecido. Efectivamente así sucedió, tal como se desprende del contenido de las actas
nº. 1-18 del «Comité Directivo del Convenio» (fls. 6 y ss. c. 1).

Para la Sala es claro, a partir de la cláusula séptima de los «convenios de

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cooperación», que se convino la posibilidad –en cabeza de cualquiera de las dos
partes– de terminar unilateralmente los contratos siempre que no hubiera algún
programa en curso o pendiente por iniciar. Este entendimiento resulta acorde con lo
demostrado en el proceso respecto de la ejecución de los «convenios de
cooperación», que, se reitera, consistió en ofrecer programas académicos por ciclos o
periodos determinados, que en ningún caso fueron mayores al plazo de ejecución de
los «convenios de cooperación».

Las partes no pactaron una terminación unilateral por incumplimiento, sino la
posibilidad de dar por terminado los contratos en caso de que se decidiera no ofrecer
más cursos académicos. En tal sentido, no existió la posibilidad de determinar un
incumplimiento por parte de la universidad y menos de proceder con la liquidación de
los perjuicios.

Tampoco podría considerarse que la demandada, con posterioridad a la celebración
del convenio, hubiera consentido la posibilidad de una declaratoria de incumplimiento
y, como consecuencia, la terminación unilateral del contrato. Conviene señalar que el
31 de mayo de 2004, el representante legal de Alta Tecnología Ltda. informó que «la
decisión de la Universidad del Valle de terminar el convenio a partir del 13 de
noviembre de 2004 la encontramos ajustada a los términos del convenio» (f. 286 c. 2).
Para la Sala es claro que dicha afirmación se refirió a la terminación conforme a lo
pactado, esto es, por los motivos expresamente señalados en la cláusula séptima del
contrato dentro de los cuales las partes no incluyeron el incumplimiento contractual.
De manera que este consentimiento se dio por el hecho de que, para la demandada,
no había más programas académicos que ofrecer y no porque hubiera admitido un
incumplimiento, tampoco que consintiera en que la universidad pudiera definirlo
unilateralmente y terminar el contrato por ese motivo.

Aunado a lo anterior, tampoco en los «convenios de cooperación» se estipuló una
cláusula penal pecuniaria. Valga precisar que la cláusula penal pecuniaria constituye
un elemento accidental del contrato (art. 1501 del CC). Aquella tiene por objeto el
avalúo que de manera anticipada hacen las partes contratantes de los perjuicios que
se pueden causar por la inejecución de la obligación, su pago defectuoso o el retardo
en su cumplimiento. Es una estimación anticipada de perjuicios que releva a quien
reclama su pago de acreditar el perjuicio sufrido y que, por ende, le permite acudir a

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un proceso judicial para reclamar su pago, dado que no es necesario demostrar la
culpa del deudor21.

En tal virtud, así como ocurrió con la liquidación proferida, la entidad tampoco podía
terminar el contrato en los términos en los que lo hizo, puesto que obró por fuera del
pacto de las partes. Con lo cual no puede entenderse que le correspondía, de forma
unilateral, definir el incumplimiento de los convenios ni mucho menos que tal
determinación obligara a la demandada.

27. Como corolario de lo expuesto, la demandante, por una parte, no tenía la facultad
para liquidar unilateralmente el contrato, porque no fue pactado así en los «convenios
de cooperación». Por otra, tampoco podía terminar unilateralmente el contrato por
incumplimiento, porque una atribución de esa naturaleza no fue acordada en dichos
convenios ni con posterioridad a estos. Los actos jurídicos que produjo -terminación y
liquidación unilaterales- no podían ser el fundamento de una condena al pago de
perjuicios, dado que fueron decisiones por fuera del acuerdo de las partes con lo cual
no resultaban vinculantes desde el punto de vista contractual. Por este motivo la
universidad no podía definir el incumplimiento ni liquidar los convenios, asuntos que,
entonces, correspondía decidir, exclusivamente, al juez del contrato.

Lo anterior significa que, como la demandante pretende obtener una indemnización de
perjuicios por un aparente incumplimiento consistente en una extralimitación durante
la ejecución de los «convenios de cooperación», debió pretender, a través de la acción
contractual, la declaración de incumplimiento de la obligación y, de manera
consecuente, la indemnización de los perjuicios causados, pero no lo hizo y tal
situación impide que el juez pueda analizar la responsabilidad.

Como se advirtió ya, de analizar el incumplimiento contractual se rompería la
congruencia que debe existir entre lo pedido y lo fallado y, desde luego, conllevaría a
modificar la causa petendi o a decidir aspectos que no fueron solicitados en la
demanda, en abierto desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 305 del CPC y 170

21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de mayo de 1996, Rad. 4607, [fundamento
jurídico cargo primero numeral 1]: Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación
penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor
por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha
prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud
de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio
respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos
perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. En similar sentido, sentencia del 11 de diciembre de
1954 [fundamento jurídico párr. 2].

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del CCA. Estas circunstancias, advertidas por la Sala, conllevan a confirmar la
sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.

Costas

28. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte
haya actuado con temeridad o mala fe.

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
NICOLÁS YEPES CORRALES

22
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

37

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