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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00617-01

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-00617-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA REVOQUÉSE el ordinal 1º de la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: «DECLARAR de oficio que operó la caducidad de la acción frente a las pretensiones relacionadas con las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 de 2007. NEGAR las demás pretensiones por los motivos expuestos en esta sentencia.» SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-00617-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

14 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., 14 de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Actor: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS-Valor probatorio. CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS-Elementos esenciales. CESIÓN DE
DERECHOS PATRIMONIALES-Diferencia con la cesión de derechos litigiosos. INTERPRETACIÓN DEL
CONTRATO-La regla de interpretación prevalente es la consignada en el artículo 1618 del Código Civil.
INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-Es deber del juez determinar la tipología contractual a partir de la
verdadera intención de las partes y la función perseguida del acuerdo, con independencia a la denominación
que las partes le hayan atribuido al contrato. ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Es aquel que es capaz de
generar efectos jurídicos. ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-Elementos. ACCIÓN PARA
DEMANDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-En vigencia del CCA, modificado por la Ley
446 de 1998, es la de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho. CADUCIDAD PARA
DEMANDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-En vigencia del CCA, modificado por la Ley
446 de 1998, la caducidad opera 30 días hábiles después de la comunicación, notificación o publicación del
acto administrativo. ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGAN UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA
DIRECTA-No son pasibles de control judicial.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el
demandante, contra la sentencia del 11 de noviembre de 2011, que negó las
pretensiones. La decisión fue la siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa, por lo
expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas.»
(fls. 202-205 reverso c. p.pal.).

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2006, el Ministerio de Protección Social dio apertura a la licitación pública
MPS-020-2006, cuyo objeto fue la venta de centros vacacionales pertenecientes a
Prosocial, entidad que fue suprimida. Uno de los inmuebles fue adjudicado a
Gerardo Antonio Alvarado. El Ministerio expidió la Resolución 0226 de 2007,
mediante la cual declaró el siniestro amparado por la garantía de la seriedad de la
oferta. Milton Reyes, como cesionario de los derechos del adjudicatario, solicitó la
nulidad de dicho acto administrativo, el que confirmó la decisión y aquel que negó
una solicitud de revocatoria directa. Consecuencialmente, deprecó el

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

restablecimiento del derecho ante la declaratoria de nulidad de las resoluciones.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 16 de agosto de 2007, Milton Reyes Reyes, a través de apoderado judicial,
formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Protección Social -en adelante el Ministerio- (fls. 1-16 c. 1). Formuló
las siguientes pretensiones:

«1- Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. La resolución número 00226 del 1 de febrero de 2007 expedida por la
Secretaria General del Ministerio de la Protección Social, mediante la cual se
declaró el siniestro de incumplimiento de oferta de Gerardo Antonio Alvarado
Parra en la licitación MPS-020-2006 en relación con el centro vacacional Los
Guaduales.

1.2. La resolución número 1163 del 20 de abril de 2007, también proferida por
la Secretaria General del Ministerio de la Protección Social, por la cual se
resolvió un recurso de reposición y confirmó la resolución 00226 del 1 de febrero
del mismo año.

1.3. La resolución 1145 del 15 de mayo de 2007, de la Secretaría General del
Ministerio de la Protección Social, que negó la solicitud de revocatoria directa,
mediante la cual se dispuso no revocar la resolución 00226 del 1 de febrero de
2007 que declaró el siniestro de incumplimiento de oferta.

2., Que a título de restablecimiento del derecho se hagan las siguientes
declaraciones:

2.1. Que se declare que el acto administrativo complejo formado por las
resoluciones 00226, 1123 (sic) у 1445 de 2007 del Ministerio de la Protección
Social- es violatorio de lo dispuesto por el preámbulo y los artículos 1, 2, 4 y 5
de la Constitución Política, de los artículos 2 y 3 del Código Contencioso
Administrativo, del 64 del Código Civil, de los artículos 28 y 30 de la ley 80 de
1993, de los artículos 1074, 1077 y 1088 del Código de Comercio y de la ley
986 de 2005, por lo cual es ilegal y cabe frente a él la excepción de
inconstitucionalidad.

2.2. Que se declare que el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra y el
demandante, Milton Reyes Reyes, como cesionario de los derechos y acciones
de aquél, no están obligados a pago alguno a favor del Ministerio de la
Protección Social o de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. por los actos
administrativos objeto de la presente acción.

2.3. Que en el evento de que Milton Reyes Reyes o Gerardo Antonio Alvarado
Parra hayan tenido que pagar al Ministerio de la Protección Social o a la
Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. alguna suma de dinero como
consecuencia de la declaratoria de siniestro por incumplimiento de oferta en la
licitación MPS-020-2006 en las resoluciones materia del presente proceso, se
ordene a la demandada devolver a Milton Reyes Reyes las sumas de dinero
canceladas, bien sea al mismo Ministerio o a la Aseguradora Solidaria de
Colombia Ltda., debidamente indexadas de conformidad con la variación

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) que certifique el
Departamento Nacional de Estadísticas-DANE- o el organismo que haga sus
veces, entre la fecha del pago y la devolución real y material del dinero, junto
con los intereses moratorios sobre el valor indexado.

3.⁠ ⁠Que se condene a la entidad demandada y a favor del demandante al pago
de costas y agencias en derecho que con ocasión de este proceso se generen.»
(fls. 5-6 c. p.pal.)

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que el Ministerio adelantó la
licitación MPS-020-2006, cuyo objeto fue la venta de 11 centros vacacionales que
pertenecieron a la Promotora de Vacaciones y Recreación Social - Prosocial,
entidad suprimida por el Decreto 01 de 2001.

Sostuvo que Gerardo Antonio Alvarado Parra se presentó en el proceso de
selección. Junto con su propuesta, allegó la garantía de seriedad de la oferta nº.
994000005548 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia -en adelante la
Aseguradora-, cuyo valor asegurado ascendió a $209.300.000.

Afirmó que el señor Alvarado resultó adjudicatario del proceso mediante la
Resolución nº. 004949 del 15 de diciembre de 2006, como único proponente para
el centro vacacional Los Guaduales. Esgrimió que el contrato de promesa de
compraventa se debió suscribir dentro de los 30 días siguientes a la notificación de
la resolución. No obstante, el hijo del adjudicatario fue secuestrado el 5 de enero de
2007, por lo que no pudo convenir el negocio jurídico dentro del plazo fijado. El
demandante categorizó este hecho como un evento constitutivo de fuerza mayor o
de caso fortuito.

Señaló que la anterior situación también le impidió al señor Alvarado avisar al
Ministerio sobre el secuestro, por su estado anímico y dado que se encontraba en
averiguaciones sobre el paradero de su hijo. Agregó que las autoridades que
conocieron de la denuncia le recomendaron guardar reserva de lo sucedido.

Indicó que Milton Reyes, como apoderado del adjudicatario en el proceso de
selección, le informó a la entidad el 19 de enero de 2007 que ocurrió un hecho
constitutivo de fuerza mayor, por lo que solicitó una ampliación del plazo para firmar
el contrato de promesa.

Sostuvo que el demandado profirió la Resolución nº. 0226 del 1º de febrero de 2007
-en adelante la Resolución 0226 de 2007-, mediante la cual declaró la ocurrencia
del siniestro de incumplimiento de la oferta. Como consecuencia, ordenó «adelantar

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

los trámites para el reconocimiento de las indemnizaciones amparadas» por la
garantía de seriedad de la oferta. El señor Reyes interpuso recurso de reposición
en contra de dicho acto administrativo, obrando en nombre del señor Alvarado, la
cual fue confirmada mediante la Resolución nº. 1163 del 20 de abril de 2007 -en
adelante la Resolución 1163 de 2007-.

Arguyó que la Aseguradora presentó una solicitud de revocatoria directa de la
Resolución 0226 de 2007, la cual fue negada mediante la Resolución nº. 1445 del
15 de mayo de 2007 -en adelante la Resolución 1445 de 2007-.

Afirmó que, el 14 de junio de 2007, el señor Alvarado cedió «los derechos y acciones
que le correspondan» en contra de las resoluciones antedichas al señor Milton
Reyes. Esgrimió que la cesión fue comunicada al Ministerio el 15 de junio de 2007.

Propuso los siguientes cargos de violación: i) falsa motivación del acto
administrativo; e ii) infracción de las normas en que deben fundarse los actos
administrativos.

Frente al primer cargo, señaló que la entidad expidió las resoluciones demandadas
sin tener en cuenta el secuestro del hijo del señor Alvarado, que fue un evento
constitutivo de fuerza mayor. Agregó que la Administración no podía hacer efectiva
la póliza ante la ausencia de un daño que debiera ser indemnizado por el seguro
que Alfa expidió.

En lo relacionado con el segundo cargo, señaló que el demandado infringió las
siguientes normas: i) el preámbulo, los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 83 de la Constitución
Política; ii) los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo -en adelante
CCA-; iii) el artículo 64 del Código Civil -en adelante CC-; iv) los artículos 28 y 30 de
la Ley 80 de 1993 -en adelante el EGCAP-; v) los artículos 1, 2, 10, 11, 12, 13 y 15
de la Ley 986 de 2005; y iv) los artículos 1074, 1077 y 1078 del Código de Comercio
(en adelante el CCo).

Oposición del demandado

El 24 de julio de 2009, el Ministerio contestó la demanda (fls. 129-142 c. 1). Se
opuso a todas las pretensiones. Arguyó que Milton Reyes, como apoderado del
señor Alvarado, fue notificado de la Resolución nº. 4949 de 2006 el 18 de diciembre
de 2006, mediante la cual se adjudicó la venta del centro vacacional Los Guaduales.

Señaló que, según los pliegos de condiciones, la suscripción de la promesa de
compraventa y el pago de las arras confirmatorias debieron realizarse dentro de los
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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

30 días calendario siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Afirmó que
el 17 de enero de 2007 venció el plazo antedicho. Al día siguiente, Milton Reyes
-como representante del adjudicatario en el proceso de licitación- radicó una
comunicación solicitando la ampliación del término por la ocurrencia de un hecho
de fuerza mayor, sin describir en que consistió y sin acompañar la misma de prueba
alguna que constatara su ocurrencia. Por ello, la situación no fue aclarada
oportunamente por el señor Alvarado, o su apoderado en el proceso de selección.

Indicó que las resoluciones demandadas se expidieron conforme al ordenamiento
jurídico debido a que, según la Ley 986 de 2005, el beneficio de la suspensión de
las obligaciones residía exclusivamente sobre el secuestrado, no sus familiares.
Tampoco se probó que el señor Alvarado fuera dependiente económico de su hijo.
Por el contrario, el hijo residía en su casa y utilizaba su vehículo. Además, el
adjudicatario tenía un apoderado en el proceso licitatorio, quien podía adelantar las
diligencias para que cumpliera con sus obligaciones.

Afirmó que la Resolución 0226 de 2007 fue expedida conforme a derecho, toda vez
que el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece que, si el
adjudicatario no suscribe el contrato, la entidad debe hacer efectiva la garantía como
sanción.

Propuso como excepciones de mérito: i) Cobro de lo no debido porque el
demandante no tiene poder para actuar en nombre de la aseguradora, o exigir la
devolución de suma alguna; y ii) la innominada.

Fundamentos de la providencia recurrida

En la sentencia del 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de legitimación por activa del demandante (fls 202-
205 reverso c. p.pal).

El Tribunal consideró que el señor Milton Reyes no demostró tener legitimación en
la causa por activa, toda vez que aportó copia simple del contrato de cesión de
derechos litigiosos y acciones, celebrado entre éste y Gerardo Alvarado. Por ello, el
documento no podía ser valorado, puesto que no reunió las condiciones exigidas en
el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil -en adelante CPC-.

Recurso de apelación

El 13 de febrero de 2012, el demandante presentó recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia (fls. 209-213 c. p.pal).
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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Esgrimió que, de conformidad con el inciso 4º del artículo 252 del CPC y los artículos
5º, 6º y 25 del Decreto-Ley 019 de 2012, resultaba improcedente exigir que el
contrato de cesión de derechos litigiosos se allegara como copia auténtica.

Señaló que el Tribunal debió tener en cuenta si la prestación a cargo de una de las
partes se tornó excesivamente onerosa, por acontecimientos imprevisibles y
extraordinarios.

Agregó, como cargo adicional a la demanda, que el acto administrativo que ordenó
la apertura de la Licitación MPS-020-2006 nació viciado, por lo que su nulidad es
absoluta. Fundamentó tal afirmación en que el Ministerio no podía enajenar el
inmueble, cuando estaba negociando simultáneamente una franja del terreno con
otra institución -el INCO-.

Trámite del recurso de apelación

El 16 de marzo de 2012 el Tribunal concedió el recurso de apelación (f. 217 c. p.pal).
El 24 de mayo siguiente el Despacho admitió el recurso (f. 221 c. p.pal). El 28 de
junio de 2012 (f. 223 c. p.pal) se corrió traslado a las partes y se otorgó la
oportunidad al Ministerio Público para solicitar el trámite previsto en el artículo 210
del CCA, subrogado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998.

Mediante el auto del 11 de diciembre de 2024, la Sala decretó una prueba de oficio
(índice 19 del aplicativo SAMAI). El Ministerio de Salud y Protección Social allegó la
prueba solicitada el 20 de enero de 2025 (índice 24 del aplicativo SAMAI). El 27 de
enero de 2025, la Secretaría de la Sección Tercera fijó en lista para anunciar el
traslado de los documentos remitidos por dicha entidad (índice 25 del aplicativo
SAMAI), traslado en el que las partes guardaron silencio.

Alegatos e intervenciones

El 24 de julio de 2012, el demandante presentó los alegatos de conclusión de
segunda instancia (fls. 224-228 c. p.pal). Reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

El 6 de agosto de 2012, el Ministerio Público rindió concepto (fls. 230-242 c. p.pal).
Sostuvo que el Tribunal debió darle validez probatoria a la copia simple del contrato
de cesión de derechos, así como a la comunicación mediante la cual el demandante
informó al Ministerio de su celebración. Por ello, debió reconocer la legitimación por
activa de Milton Reyes.
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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Sin embargo, consideró que había operado la caducidad de la acción. El término de
caducidad debió contabilizarse desde la notificación de la Resolución 1163 de 2007,
y no desde la notificación de la Resolución 1445 de 2007.

La parte demandada guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 16 de agosto de 2007 (f. 16 c.1) el régimen
aplicable es el Decreto 01 de 1984 -CCA-. Conforme al artículo 266 del CCA, en los
procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los
términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley
vigente al momento de esas actuaciones. Del mismo tenor es el artículo 164 de la
Ley 446 de 1998, por lo que sus modificaciones al CCA se tendrán en cuenta para
efectos de resolver los recursos de apelación.

2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé
que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia
de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico
anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los
aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

3. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la
actividad de las entidades públicas, en los términos del artículo 82 del CCA
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía. De conformidad
con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor es de $209.000.000,
suma que supera los 300 SMLMV exigidos por el artículo 132.3 CCA -subrogado
por el artículo de la Ley 446 de 1998-, esto es, $ 130.110.0001.

1
Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2007 -$433.700- por 300.
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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Legitimación en la causa

4. La sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación por activa del
demandante, en atención a que allegó una copia simple del contrato de cesión de
derechos litigiosos (f. 205 c. p.pal).

Tanto el apelante (fls. 209-210 c. p.pal.) como el Ministerio Público (fls. 234-237 c.
p.pal.) consideran que la copia del negocio jurídico que obra en el expediente presta
mérito probatorio, por lo que Milton Reyes se encuentra legitimado para incoar la
acción que dio inicio al proceso.

5. La Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, determinó que
las copias simples tienen mérito probatorio. Por la importancia que esta providencia
reviste en el presente proceso, se citan sus conclusiones principales:

«(…) [L]os lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de
los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la
buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que
integran el procedimiento judicial.
(…)
Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las
copias en el proceso, la Sala insiste en que –a la fecha– las disposiciones que
regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., con
la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por
la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos
preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios
contenidos en la ley 270 de 1996 –estatutaria de la administración de justicia–.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar
la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y,
especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor,
circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se
refirió a la validez de esos documentos.
(…)
Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe,
así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental
que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción,
no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.
(…)
Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el
respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el
Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta,
cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio
de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)2».3

El recurrente y el Ministerio Público aciertan, por lo tanto, en el sentido de que la
decisión adoptada en la primera instancia carece de fundamento, en lo relativo al

2
«“Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el
convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de
cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados
actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $20.000,oo no sólo sirve para
demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles). PARRA
Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, pág.
172.»
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

valor probatorio que tienen las copias simples. En consecuencia, la copia del
contrato de cesión de derechos será analizada para efectos de determinar si el
demandante está legitimado en la causa.

6. Para evaluar la legitimación por activa de Milton Reyes, es necesario analizar los
efectos jurídicos que tuvo el contrato de cesión de derechos litigiosos que celebró
con Gerardo Antonio Alvarado.

El Código Civil regula la figura de cesión de derechos litigiosos desde el artículo
1969 hasta el 1972. El artículo 1969 señala que «[s]e cede un derecho litigioso
cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se
hace responsable el cedente». A su vez, el inciso 2º del mismo artículo prevé que
«[s]e entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos,
desde que se notifica judicialmente la demanda.»

Para la fecha de la demanda -16 de agosto de 2007-, el negocio jurídico entre
Gerardo Antonio Alvarado y Milton Reyes ya se había celebrado, puesto que el 19
de junio de 2007 el demandante remitió una copia del contrato al Ministerio «para
los efectos legales y pertinentes (…)» (f. 17 c. 1). En consecuencia, el negocio
jurídico celebrado por el demandante y el adjudicatario fue convenido antes de la
presentación de la demanda, por lo que el proceso ni siquiera había iniciado.

Así pues, la Sala constata que el negocio jurídico celebrado no cedió derechos de
naturaleza litigiosa.

7. Hecha la anterior precisión cabe indagar si, independientemente de la
denominación que las partes dieron al contrato, éste surte los efectos jurídicos
requeridos para que Milton Reyes esté legitimado por activa.

Corresponde al juez dilucidar, en cada situación, cuál fue el entendimiento entre las
partes y su alcance, conforme a las pautas de interpretación de los contratos, las
normas supletorias asociadas a los tipos contractuales en las leyes civiles y
comerciales, así como el cumplimiento de buena fe del contrato.

Nuestro sistema legal de interpretación de los contratos se inclina por desentrañar
su entendimiento, con fundamento en la búsqueda de la intención de las partes
(communis intentio). Ello no quiere decir que el juez tenga plena libertad para hallar
esa intención común de los contratantes, sino que debe apoyarse en las pautas
legales diseñadas y que están contenidas en el Código Civil, de modo que se logre
descubrir la genuina voluntad que las animó a celebrar el contrato.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Para la interpretación del contrato, el juez debe seguir ante todo el criterio sentado
por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente la intención
de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta
regla tiene plena aplicación cuando conste, de manera inequívoca, que la intención
de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone
que, aún siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez
debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las
circunstancias del negocio jurídico4. La labor del juez no se orienta, por supuesto, a
enervar, reemplazar o suplantar a las partes5, ni a adulterar sus estipulaciones, sino
más bien a la consecución reflexiva del sentido de una estipulación6. En tal sentido,
no solo al interpretar el contrato, sino sus acuerdos modificatorios, debe precisar la
finalidad común de las partes, con el fin de determinar el resultado específico
perseguido por ellas, de acuerdo con su contenido, alcance, utilidad y función7.

Ahora bien, el artículo 1501 del Código Civil establece que en los contratos hay
estipulaciones que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente
accidentales. Son de la esencia aquellas cláusulas sin las cuales o no produce
efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un
contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial. Se trata de estipulaciones que están
incorporadas al contrato, incluso, sin que sean pactadas expresamente y que sirven
para completar la voluntad de las partes. El solo hecho que las partes acudan a
determinada tipología contractual, implica que estas cláusulas integran el acuerdo
de voluntades, frente a las cuales, en todo caso, puede pactarse en contrario. En
ellas el legislador prevé diversos supuestos que pueden quedar sin regulación
convencional al momento de celebrarse el contrato, por ejemplo, pagos, entregas o
incumplimientos. Son accidentales aquellas que ni esencial ni naturalmente le
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

En cuanto a la tipología contractual invocada por las partes y la labor de
interpretación del juez, esta Sección señaló lo siguiente:

«Finalmente se debe tener presente que con independencia de la denominación
que las partes atribuyan a un contrato, en su interpretación el Juez debe
establecer la naturaleza que en realidad corresponde al objeto contractual y las
obligaciones efectivamente pactadas, de acuerdo con los dictados de los
artículos 1618 y 1621 del Código Civil, que en su orden disponen la prevalencia
de la intención de las partes sobre lo literal de las palabras y la interpretación
que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, las cuales constituyen reglas

4
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, Rad. 11001-31-
03-019-2011-00361-01 [Fundamento Jurídico C.1].
5
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, Rad. 2001-06915-01
[Fundamento Jurídico 2].
6
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2000, Rad. 5577
[Fundamento Jurídico 1].
7
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de agosto de 2002, Rad. 6907 [Fundamento
Jurídico 1].
10

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

de interpretación de las obligaciones de los contratos estatales por disposición
del artículo 13 de la Ley 80 de 19938.»9
(Subrayas son intencionales).

En línea con lo expuesto consideró que «se pueden corregir los errores o
incongruencias que se presentan al momento de denominar el negocio jurídico,
‘pasando por encima de lo dicho por las partes, para ajustar el contenido a la función
social verdadera de la disposición, de manera que esta pueda realizar su objetivo
propio. O dicho en otros términos, la calificación que hagan las partes no le impide
al juez determinar la verdadera naturaleza del contrato’10.»11

En el mismo sentido, la doctrina ha señalado lo siguiente, en relación con la labor
de interpretación del contrato:

«Su augusta función que toca con las más altas prerrogativas humanas, como
claramente lo ha puesto de presente nuestro más alto tribunal en el ramo, es ‘la
de desentrañar el verdadero sentido de los actos [o negocios] jurídicos’ (Corte
Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de agosto de 1971, M.P. Ernesto Cediel
Ángel), ‘o sea investigar el significado efectivo del negocio jurídico’ (Corte
Suprema de Justicia, Sentencia del 5 de julio de 1983, M.P. Humberto Murcia
Ballen), y en particular, ‘establecer su existencia, vigencia, estructura típica,
general o específica, nominación legal, naturaleza jurídica así como el
alcance y sentido de todo el contenido (claro u obscuro, especialmente el último)
del contrato’ (Casación del 10 de diciembre de 1999, Corte Suprema, Exp
5277). De manera que a través de ella se persigue determinar ‘la genuina
voluntad que [a las partes] las animó a celebrar el contrato e identificar los fines
perseguidos al ajustarlo, con el objetivo de imprimir eficacia a la voluntad
negocial’ (Casación del 18 de febrero de 2003, Corte Suprema, Exp 6806).»12
(Negrillas son intencionales)

De manera que al juez le corresponde un ejercicio interpretativo en el que tenga en
cuenta la verdadera intención de los contratantes y los elementos esenciales del
negocio (artículo 1501 del CC), sin perjuicio de que el convenio ostente una
naturaleza atípica o innominada13.

8. En el expediente reposa el contrato celebrado entre los señores Reyes -como
cesionario- y Alvarado -como cedente- (f. 18 c. 1). Su objeto se fijó de la siguiente
manera, que se transcribe en texto original incluyendo posibles errores de
ortografía:

«PRIMERA: OBJETO.- EL CEDENTE, Cede sic y transfiere los Derechos
Litigiosos, Acciones y demás que le correspondan o se le atribuyan por parte
del Ministerio de La Protección Social, relacionados con las pretensiones de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, ocasionados por los siguientes Actos

8
«Artículo 13.- De la Normatividad Aplicable a los Contratos Estatales. Los contratos que celebren las entidades
a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles
pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta Ley.»
9
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2013, Rad. 32720 [Fundamento Jurídico
4.2].
10
«HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio
jurídico, volumen II. Universidad Externado de Colombia, 2015, pg. 173.»
11
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, Rad. 40353 [Fundamento Jurídico 3.2].
12
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, “La interpretación del Contrato en el Derecho Privado Colombiano”, en
“Tratado de la Interpretación del Contrato”, T. II, Lima: Editorial Grijley, 2007.
13
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 9 de junio de 2021, Rad. 2218.
11

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Administrativos: Resolución No. 0226 del 1º de febrero de 2007, que declaro el
siniestro de incumplimiento de oferta. Resolución No. 1163 de 20 de abril de
2007 (…). Resolución No. 1445 del 15 de mayo de 2007 (…)».
(Resaltado hace parte del texto original).

De las cláusulas referidas, se observa que la verdadera intención de las partes fue
convenir un contrato de cesión de un derecho de crédito o personal, que se ha
definido jurisprudencialmente como «un acto jurídico mediante el cual una persona
transfiere o enajena a otra uno o varios derechos personales o créditos de los que
es titular o dueño14.»15

A su vez, del texto contractual transcrito, se desprende que también fue cedida la
acción. Aunque quien es titular de un derecho es el habilitado para acudir a la
administración de justicia, la Corte Suprema de Justicia también ha entendido que
la acción es un bien patrimonial16.

Se concluye entonces que el señor Alvarado cedió al demandante la posibilidad de
solicitar la nulidad de las Resoluciones 0226, 1163 y 1445 de 2007 y, en especial,
el crédito que obtendría en su favor ante el eventual restablecimiento del derecho
que se hubiere afectado con la expedición de tales actos administrativos.

En atención a que los derechos cedidos por el señor Alvarado no son de aquellos
de carácter intransmisible (vg. los derechos fundamentales, que por excelencia son
inalienables), se entiende que operó la transmisión de ellos en favor de Milton Reyes
a la suscripción del contrato17.

9. La cesión, según lo exige el artículo 1960 del CC, debe ser notificada al deudor
o al tercero para que surta efectos. El señor Reyes cumplió con tal carga, según fue
anticipado, mediante la comunicación del 19 de junio de 2007 remitida al Ministerio
(f. 17 c. 1).

Por lo expuesto, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, como quiera
que Milton Reyes tiene legitimación por activa, en virtud del contrato de cesión de
créditos que celebró con Gerardo Alvarado, negocio jurídico con el que adquirió los
derechos que aquí se reclaman en juicio.

10. El Ministerio está legitimado por pasiva al ser la entidad que expidió los actos

14
«Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de noviembre de 2017, radicación
número: 11001-03-06-000-2017-00066-00(2337), M.P. Álvaro Namén Vargas.»
15
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, Rad. 40353 [Fundamento Jurídico 3.1].
16
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 26 de septiembre de 1941, citada
en Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, Rad. 40353 [Fundamento Jurídico
3.1].
17
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, Rad. 40353 [Fundamento Jurídico 3.1],
citando a HENAO, Juan Carlos. El Daño. Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 112.
12

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

administrativos aquí demandados, esto es, las Resoluciones 0226, 1163 y 1445,
todas del año 2007.

Acción procedente y el término para interponer la demanda contra los actos
administrativos que hicieron efectiva la garantía de seriedad de la oferta

11. El Ministerio Público, en su intervención, conceptuó que, aunque la legitimación
del demandante estaba probada, la demanda fue presentada por fuera del plazo
previsto en la ley, por lo que había operado la caducidad. Como se trata de un
asunto que corresponde a un presupuesto procesal, la Sala se detendrá en este
punto con el fin de verificar si la demanda fue oportuna.

12. El control judicial de los actos administrativos proferidos antes de la celebración
del contrato, en especial lo relacionado con la acción o medio de control -según la
norma procesal aplicable- ha tenido variaciones legales en el tiempo, que han
impactado el término para la presentación oportuna de la demanda.

Cuando se asignó la competencia general de la jurisdicción contencioso-
administrativa para conocer de las controversias surgidas en el marco de los
contratos administrativos, mediante el Decreto 528 de 196418, surgió «la
preocupación por determinar los mecanismos procesales idóneos para el examen
jurisdiccional de la legalidad de los actos administrativos unilaterales expedidos (…)
[antes o durante la] celebración, ejecución o liquidación [de los contratos].»19

En ese entonces, se comenzó a gestar la teoría de los actos administrativos
separables20, con miras a evaluar el tipo de acción que el demandante debía ejercer
para impugnar la legalidad de los actos administrativos precontractuales:

«Aunque se trata de una misma operación, algunos actos pueden
independizarse para que los Tribunales examinen su validez ante la ley, dentro
de las competencias establecidas y con la finalidad propia de cada una de las
acciones que se ejercite.

Así en el proceso administrativo contractual los actos que autorizan el contrato
admiten su confrontación con la ley, en acción de nulidad, para determinar si se
ajustan a las competencias y a los Procedimientos que señala, pero sin que en
el ejercicio y decisión de esta demanda, pueda invadirse el contractual que se
reserva en forma privativa el juez competente para conocer de las controversias
relativas a contratos celebrados por la administración.»21

18
La Ley 147 de 1941 estableció en su artículo 73 que «No son acusables ante la jurisdicción contencioso-
administrativa: 1. Las resoluciones de los funcionarios o autoridades del orden administrativo, que tengan origen
en un contrato. (…)». La Sala no pasa por desapercibido que el Consejo de Estado pudo conocer de los actos
que declararan la caducidad del contrato (art. 258), pero tal habilitación fue declarada inexequible por la Corte
Suprema de Justicia, mediante la sentencia del 31 de agosto de 1943.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
20
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
21
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 18 de abril de 1969,, citado en Sección
Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
13

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

13. El Decreto-Ley 01 de 1984 (CCA) no fue ajeno a esta preocupación, por lo que
en los artículos 87 (inc. 3º) y 136 (inc. 8º) se dispuso:

«Artículo 87. ACCIONES RELATIVAS A CONTRATOS. (…) Los actos
separables del contrato serán controlables por medio de las otras acciones
previstas en este código».

«Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. (…) Los actos separables
distintos del de adjudicación de una licitación sólo serán impugnables
jurisdiccionalmente una vez terminado o liquidado el contrato».

Esta Corporación determinó entonces que estas dos disposiciones «indujeron a la
jurisdicción a distinguir entre actos contractuales propiamente dichos y actos
separables de los contratos, por razón del régimen jurídico diferente a que se
sometieron unos y otros»22. Además, se indicó que la forma de controlar los actos
separables correspondía a «las otras acciones previstas en el Código, es decir las
de nulidad (artículo 84) y de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85).»23

La jurisprudencia precisó que la calificación de ‘acto separable’, «estaba reservada
para los actos administrativos expedidos con anterioridad a la celebración del
contrato»24, y que «guardan autonomía e independencia respecto del contrato
celebrado»25. En contraposición, los ‘no separables’, «tienen por objeto crear,
modificar o extinguir una relación jurídica proveniente del negocio jurídico, por lo
que su contenido tiene origen y razón de ser directamente en el contrato celebrado
y ejecutado, y en consecuencia, deben concebirse como un acto contractual no
separable del negocio jurídico que le dio origen (…)»26.

Entonces, si sólo se deprecaba la nulidad de los actos separables, la acción sería
la de nulidad simple o la de nulidad y restablecimiento del derecho. Si el
demandante solicitaba la nulidad del contrato, o cuando deprecara la nulidad de los
actos previos y ello conllevara a la nulidad del negocio jurídico, la acción procedente
sería la de controversias contractuales. Los actos contractuales, en cambio, siempre
serían demandados mediante la acción de controversias contractuales27. Tal
posición jurisprudencial se conservó tras las modificaciones que el Decreto 2304 de
1989 realizó al CCA28.

22
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
25
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, Rad. 68179 [Fundamento Jurídico
34].
26
Consejo de Estado, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2022, Rad. 54911 [Fundamento Jurídico
18].
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2001, Rad. 13347 [Fundamento Jurídico
2.2].
28
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
14

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

14. Con el Decreto-ley 2304 de 1989, se introdujeron algunas reformas al Decreto
01 de 1984, entre ellas se modificaron los artículos 87 y 136 referidos. Con esa
modificación se suprimió la referencia que tenía el artículo 87 del CCA a los actos
separables del contrato. Por ello, se entendió que la impugnación de dichos actos
seguiría la regla general de los demás actos administrativos, no relacionados con el
contrato. La controversia contractual versaría únicamente sobre aspectos referidos
al contrato, su existencia, o inexistencia, su nulidad, revisión económica,
incumplimiento contractual, condena por los perjuicios causados y otras
declaraciones29.

En cuanto al artículo 136, la reforma suprimió la condición de que la demanda de
los actos separables sólo podía intentarse después de la terminación o liquidación
del contrato y, en consecuencia, las acciones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho contra dichos actos podía intentarse desde el
momento mismo de la notificación, publicación o expedición del acto.

Sobre el particular el Consejo de Estado sostuvo:

«El Decreto 2304 de 1989, por sus artículos 17 y 23 modificó los artículos 87 y
136 del C.C.A. y eliminó de ellos los textos transcritos; sin embargo, la situación
de los actos contractuales y de los separables continuó igual, según diversas
manifestaciones jurisprudenciales, con la salvedad de que la impugnación, por
vía jurisdiccional, de estos últimos se podía hacer sin la limitación del artículo
136 antes transcrito; en otros términos, la acción de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho se podía intentar desde el momento de su
expedición, para todos ellos y no solamente para el acto de adjudicación.

Dentro de este contexto se admitieron demandas de nulidad o de nulidad y
restablecimiento del derecho contra diversos actos previos, tales como
resoluciones de apertura de licitación, pliegos de condiciones, actos de
adjudicación y aquellos por los cuales se declara desierta la licitación o el
concurso, una vez expedidos dichos actos y sin que se cuestionara al mismo
tiempo el contrato que pudo haberse celebrado; algunos de estos casos son
invocados por los recurrentes como fundamento de su argumentación.

En lo demás, como se dijo, la situación no varió: los actos separables (vale decir
los precontractuales), se podían cuestionar, bien con independencia del
contrato a través de las acciones previstas por los artículos 84 y 85 del C.C.A.,
o bien como fundamento de la nulidad del contrato, evento en el cual, se
entendía que la acción revestía naturaleza contractual»30

15. Con la expedición de la Ley 80 de 1993, el legislador dispuso, en el artículo 77,
que todos los actos administrativos producidos «con motivo o con ocasión de la
actividad contractual» serían controlados por la jurisdicción mediante la acción de
controversias contractuales. El parágrafo 1º de esa norma prescribió que el acto de
adjudicación podría impugnarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo.

29
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2001, Rad. 9807.
30
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I].
15

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

La jurisprudencia tuvo, sobre el particular, distintas interpretaciones de la norma. En
una primera indicó que el sentido de la expresión «actividad contractual» englobaba
la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Por ello, las decisiones
proferidas en cualquiera de esas fases, debían ser impugnadas mediante la acción
de controversias contractuales porque se dejó de lado el concepto de actos
separables31.

Bajo esta postura, la Corporación indicó que, en todo caso, había tres excepciones
previstas en normas específicas que habilitaban demandar los actos previos al
contrato mediante las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho:
(i) el acto de adjudicación (parágrafo 1º del artículo 77); (ii) el acto por el cual se
declararan desiertos la licitación o el concurso, susceptibles del recurso de
reposición (remisión que establece el mismo artículo 77 del CCA) y (iii) el acto que
contiene la calificación y clasificación de proponentes inscritos en las cámaras de
comercio32.

Con posterioridad, la jurisprudencia incluyó dentro de estas excepciones el acto de
apertura, en aquellos eventos en los cuales tal decisión no se limita a invitar a los
interesados a proponer, sino que restringe la participación de forma indebida. En
esta hipótesis se reconoció que el acto podía afectar los principios de transparencia
y selección objetiva33.

En una segunda interpretación sostuvo que el concepto y alcance de la expresión
«con motivo o con ocasión de la actividad contractual» debía interpretarse en forma
restrictiva y que tan solo comprendía los actos expedidos con posterioridad a la
celebración del contrato. Al respecto dijo:

«En esta oportunidad se afirma que el concepto de ‘actividad contractual’ tiene
el alcance restrictivo explicado anteriormente, es decir que comprende sólo los
actos expedidos con posterioridad a la celebración del contrato, por las
siguientes razones:
(…)
3. De otro lado, la redacción del ordinal 7º del artículo 24 de la ley 80 de 1993
parece inclinarse por la interpretación restrictiva de la expresión “actividad
contractual” porque en su texto separa conceptualmente los actos expedidos en
desarrollo de la actividad contractual de los previos o separables del contrato,
redacción que no hubiera sido necesaria si la categoría fuese omnicomprensiva
de todo tipo de actos.
(…)
5. Finalmente, en sentido puramente gramatical y lógico sólo cabe hablar de
actos de la actividad contractual después de la celebración del contrato y éste,
en la ley 80 de 1993, sólo nace a la vida jurídica con posterioridad a la

31
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 1994, Rad. 9118 y sentencia del 8 de
marzo de 2007, Rad. 15052 [Fundamento Jurídico 1.3].
32
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 15052 [Fundamento Jurídico
1.3].
33
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 1997, Rad. 13945.
16

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
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Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

notificación de la adjudicación y cuando el acuerdo sobre el objeto y la
contraprestación se eleve a escrito (artículo 41 ibídem).»34

Sobre el particular, conviene señalar que la Ley 80 de 1993, en su regulación,
distinguió con claridad el régimen de los actos administrativos expedidos con
anterioridad a la celebración del contrato, de aquel que se refiere a los actos
proferidos con posterioridad. Además, incluso, determinó que ciertos actos, no
obstante ser previos, tienen efectos reguladores sobre el contrato, como ocurre con
el pliego de condiciones (artículo 30.2 de la Ley 80 de 1993) que establece el
régimen jurídico y los derechos y deberes de las partes, respecto del cual la
jurisprudencia ha reconocido una doble naturaleza: como acto administrativo y
como una disposición contractual por su vocación de integrar el contrato35.

En efecto, por solo hacer referencia a algunas disposiciones, el numeral 5º del
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 dispuso que «la responsabilidad de la dirección y
manejo de la actividad contractual y la de los procesos de selección será del jefe o
representante de la entidad estatal», con lo que diferenció unos actos de otros. Esta
separación conceptual entre actos previos al contrato y los emitidos una vez
celebrado también se encuentra en el numeral 7º del artículo 24, en el que se indicó
que los actos administrativos que se expidan en la «actividad contractual o con
ocasión de ella», se motivarán en forma detallada e hizo esa misma exigencia
respecto del acto de adjudicación y del de declaratoria de desierta, es decir, los tuvo
como una categoría distinta.

En tal sentido, la Ley 80 de 1993 optó, en su momento, por regular, de un lado, la
procedencia de la acción de controversias contractuales para los actos expedidos
una vez perfeccionado el contrato y, por otro, las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho para controlar la legalidad de los actos previos, tales
como aquél que adjudica el contrato, el que declara desierta la licitación -susceptible
además de reposición- y todos aquellos que, previos a ese perfeccionamiento,
fueran definitivos o de trámite pero que pusieran fin al procedimiento administrativo.

16. La Ley 446 de 1998 -vigente para el presente proceso- introdujo algunas
modificaciones al CCA. En efecto, el artículo 87 del CCA, modificado por el artículo
32 de la Ley 446 de 1998, dispuso que la demanda que pretenda la nulidad de los
actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato se encauza a
través de la acción de nulidad simple, o de nulidad y restablecimiento del derecho.
El mismo artículo señaló que, una vez celebrado el contrato, «la ilegalidad de los

34
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de marzo de 1994, Rad. 9118 [Fundamento Jurídico I],
reiterado en sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 14667 [Fundamento Jurídico 2.1.1. c]
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2008, Rad. 17783 [Fundamento Jurídico
2.4.1].
17

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
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Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del
contrato», caso en el cual procedería la acción de controversias contractuales36.

Bajo la vigencia de la Ley 446 de 1998, los actos precontractuales son demandables
a través de la acción de nulidad simple y la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. Sin embargo, una vez celebrado el contrato, la acción a impetrar era la de
controversias contractuales. La norma referida, entonces, introdujo aspectos
importantes para la impugnación de los actos administrativos previos o separables
del contrato, a saber37:

i) Estableció como condición para incoar las acciones de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho, contra los actos separables, que el contrato no
hubiere sido celebrado;

ii) La demanda de nulidad de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho debía
presentarse en 30 días, contados a partir de la comunicación, notificación o
publicación del acto, lo cual constituye una excepción, puesto que se aplica un plazo
de caducidad diferente del previsto para estas mismas acciones cuando se
impugnan otra clase de los actos administrativos; y

iii) Los actos precontractuales podrán ser impugnados mediante la acción
contractual después de celebrado el contrato siempre y cuando se pretenda la
nulidad absoluta del contrato como consecuencia de la ilegalidad del acto que se
acusa.

17. Finalmente, con la expedición del nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, se
introdujeron algunos cambios. El artículo 141 mantuvo la posibilidad de demandar
los actos precontractuales a través de los medios de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, pero se eliminó la exigencia según la cual, una vez
celebrado el contrato, únicamente podía pedirse la nulidad de los actos previos
como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. Tampoco se mantuvo el
término de 30 días previsto con la normatividad anterior para efectos del ejercicio
oportuno de la acción.

18. Como corolario de lo anterior, la jurisprudencia, inicialmente, consideró que el
único acto administrativo precontractual que podía demandarse era el de
adjudicación. No obstante, fue encontrando otro tipo de actos pasibles de control,

36
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 61939
[Fundamento Jurídico No. 2.2].
37
Ibid.
18

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
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Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

como el que declara desierto un proceso de selección38 o, incluso, el que revoca el
acto de apertura39.

Por ello, la Corporación40 estableció las características que tiene que ostentar un
acto para determinar si es de naturaleza precontractual, a saber: i) que sea dictado
por la entidad estatal competente, quien en principio sería la eventual contratante;
ii) que el acto sea expedido durante el proceso de selección, en el iter que discurre
entre la adjudicación y hasta antes de la suscripción del negocio jurídico o que se
produzca porque adjudicado no se celebra el contrato; y iii) que cree, modifique o
extinga situaciones jurídicas (que sea de carácter definitivo41).

A continuación, la Sala analizará si la Resolución 0226 de 2007 -junto con la
Resolución 1163 de 2007 que resolvió el recurso de reposición-, cumplen con estos
requisitos.

19. El acto fue expedido por el Ministerio, quien contaba con la competencia para
tal efecto, debido a que fue la entidad que llevó a cabo el proceso de selección MPS-
020-2006, del cual el señor Gerardo Alvarado resultó adjudicatario (fls. 25-57 c. 1).
De igual manera, fue la entidad beneficiaria de la garantía de seriedad de la oferta
nº. 994000005548 expedida por la Aseguradora (f. 69 c. 1).

20. Las Resoluciones 0226 y 1163 de 2007 fueron expedidas tras la adjudicación
del proceso de licitación (Resolución 4949 de 2006, notificada al adjudicatario el 18
de diciembre de 2006, f. 23 c. 1) y como consecuencia de su no celebración, esto
es, en la etapa precontractual.

21. De acuerdo con la regulación integral contenida en el Decreto 01 de 1984 y sus
modificaciones, las actuaciones administrativas constituyen el procedimiento que
sigue la Administración con la finalidad de atender una situación de carácter
particular y concreta, cuya decisión final crea, modifica o extingue situaciones
jurídicas.

Ahora bien, con ocasión de ese procedimiento, la Administración profiere decisiones
de variada naturaleza. Particularmente, para lo que atañe al caso que corresponde
decidir a la Sala, los actos administrativos pueden ser definitivos, es decir, aquellos

38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. 27718
[Fundamento Jurídico No. 28].
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 2012, Rad.
11001-03-26-000-2010-00036-01 (IJ).
40
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. 27718
[Fundamento Jurídico No. 29].
41
Esta Sección definió al acto administrativo definitivo como aquel que es «capaz de generar efectos jurídicos
frente a terceros, de manera independiente a la anuencia de estos.» Consejo de Estado. Sección Tercera.
Subsección A, sentencia del 6 de diciembre de 2024, Rad. 68179 [Fundamento Jurídico No. 31].
19

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

que ponen fin a una actuación administrativa o deciden directa o indirectamente
sobre el fondo de un asunto (artículo 50 del CCA); o de trámite, esto es, que
impulsan una actuación administrativa, pero sin definir o decidir sobre esta.

La jurisprudencia de esta Corporación ha caracterizado lo actos de trámite como
aquellas «decisiones instrumentales proferidas con el propósito de permitirle a la
Administración avanzar hacia la consecución de sus objetivos a través de la
adopción de determinaciones de fondo, de suerte que la existencia de aquéllos no
se explica y menos se justifica por sí sola, sino en la medida en que forman parte
de una secuencia o serie de actividades unidas y coherentes por cuanto se
encuentran provistas de un espectro de más amplio alcance»42. En otras palabras,
son aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo
encaminado a adoptar una decisión o «contienen decisiones administrativas
necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la
actuación administrativa»43. En contraposición, los actos definitivos son aquellos
con los que, una vez expedidos, queda agotada la actuación administrativa y que
contienen de manera cierta y concreta la manifestación de voluntad de la
Administración, con lo cual solo queda la ejecución de lo decidido44.

22. La legalidad de los actos administrativos es uno de los asuntos que puede ser
sometido a juicio, a través de los medios de control regulados en los artículos 84,
85, 86 y 87 del CCA, según el caso. La jurisprudencia de manera uniforme ha
considerado que, por regla general, los actos de trámite no son objeto o materia de
control jurisdiccional de manera directa y autónoma, dado que solo es susceptible
de estudio de legalidad el acto administrativo definitivo, esto es, el que pone fin a la
actuación administrativa45.

De manera excepcional, la jurisprudencia unificada de esta Corporación también
concluyó que es posible que ciertos actos previos o preparatorios sean impugnables
judicialmente en los siguientes eventos: i) cuando ponen fin a un procedimiento
administrativo o impiden continuarlo, de allí que su legalidad pueda ser analizada
por el hecho de frustrar y dar por terminada la etapa administrativa (por ejemplo el
acto que revoca el acto de apertura de la licitación pública); y ii) cuando la ley y la
jurisprudencia han señalado que son controlables en virtud de sus efectos, o por la

42
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2017, Rad. 55304A y
sentencia de 9 de marzo de 2016, Rad. 16803.
43
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de noviembre de 2017. Rad. 55304A.
44
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2016, Rad. 16803; sentencia
del 20 de noviembre de 2017, Rad. 55304A y sentencia del 20 de mayo de 2024, Rad. 65008.
45
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de septiembre de 2001, Rad. 9807; sentencia del 26
de abril del 2006, Rad. 15188; y sentencia del 30 de noviembre de 2006, Rad. 18059.
20

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

importancia que revisten respecto de los principios de la contratación pública y el
interés general46.

23. En las pretensiones se deprecó la nulidad de las Resoluciones 0226 de 2007
(fls. 21-24 c. 1) y 1163 (fls. 75-84 c. 1).

Mediante la Resolución 0226 de 2007, esa entidad ejerció la facultad consignada
en el EGCAP (art. 30.12), consistente en hacer efectiva la garantía de seriedad de
la oferta, debido a que el señor Alvarado no suscribió el contrato de promesa de
compraventa dentro del plazo fijado en el proceso de licitación MPS-020-2006 (fls.
21-24 c. 1), situación que fue reconocida por el demandante en los hechos
expresados en el libelo introductorio (f. 3 c. 1). Posteriormente, la Resolución 1163
de 2007 confirmó el anterior acto en todos sus apartes, resolviendo
desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por Gerardo Alvarado (fls.
75-84 c. 1).

La Sala concluye, al evaluar las mencionadas resoluciones, que se trata de actos
administrativos definitivos, en tanto que definieron una situación jurídica concreta.
El primero por hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, lo que produjo los
efectos jurídicos previstos en el artículo 32.12 de la Ley 80 de 1993. El segundo, al
resolver el recurso de reposición y confirmar íntegramente la decisión, resolución
que, conforme al artículo 138 del CCA debió ser demandada so pena de ineptitud
sustantiva de la demanda.

En tal sentido constituyen actos creadores de obligaciones, puesto que: i)
impusieron una obligación sobre la Aseguradora de pagar la cuantía determinada
en el acto a favor del Ministerio; ii) como consecuencia de ello, surgió el derecho
para que dicha aseguradora se subrogara en los derechos de la Entidad
beneficiaria, para repetir en contra del adjudicatario y recuperar la suma que pagó
a la entidad (art. 1096 CCo).

24. Conviene aclarar que, en otras oportunidades, la Sección Tercera determinó
que este tipo de actos administrativos, esto es, en los que se hace efectiva la
garantía de seriedad de la oferta, son precontractuales. En la sentencia del 13 de
mayo de 201547 concluyó que era «competente para conocer, en segunda instancia,
de las apelaciones de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos
cuando se discute la legalidad de un acto propio de la actividad precontractual, como
es el que hace efectiva la garantía de la seriedad de la oferta.»

46
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 14 de febrero de 2012, Rad.
11001-03-26-000-2010-00036-01 (IJ).
47
Subsección C, Rad. 28647 [Fundamento Jurídico 1].
21

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

En igual sentido, la sentencia del 26 de agosto de 201548, indicó que:

«(…) resulta oportuno destacar que la garantía de seriedad de la oferta, sea que
se tome por la mera liberalidad de las partes o en cumplimiento de un deber
legal49, tiene por objeto que se mantengan los ofrecimientos hechos en una
propuesta u oferta dirigidas a lograr un acuerdo contractual, es decir, que el
oferente o proponente garantiza, a través de esa clase de seguro, la seriedad
de su propuesta.
(…)
[N]o cabe duda en cuanto a que los actos administrativos cuya nulidad se
pretende fueron expedidos de manera previa a la pretendida celebración de un
contrato de compraventa[,] [por lo que] la acción que debía ejercerse en procura
de desvirtuar su presunción de legalidad era la de nulidad y restablecimiento del
derecho, como efectivamente se hizo.»

Corolario de todo lo expuesto, las Resoluciones 0226 y 1163 de 2007 constituyen
los actos precontractuales definitivos, al modificar situaciones jurídicas y puesto que
se expidieron para hacer efectivo el amparo por la no suscripción del acuerdo de
voluntades. Es decir, como el contrato no nació a la vida jurídica y se hizo efectiva
la garantía, no hay duda de su naturaleza precontractual.

25. Definida la naturaleza precontractual de las Resoluciones 0226 y 1163 de 2007,
resta por definir el término en el que debió presentarse la demanda.

Las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 fueron notificadas el 19 de febrero50 y 14
de mayo de 200751, respectivamente, y la fecha en que fue interpuesta la demanda
fue 16 de agosto de 200752. Lo anterior significa que, tanto la demanda como el
término para interponerla, corrieron en vigencia del artículo 87 del CCA, modificado
por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998.

De manera que, por su naturaleza precontractual, la demanda debió interponerse
dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que resolvió el
recurso de reposición, conforme al inciso 2º del artículo 87 del CCA. Sobre la
aplicación de esta regla procesal al acto que declara efectiva la garantía de seriedad
de la oferta, la jurisprudencia de esta Corporación sostuvo lo siguiente:

«En lo atinente al ejercicio oportuno de la acción, de conformidad con el
artículo 87 del C.C.A. -modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998-,
los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la
actividad contractual, deben demandarse mediante las acciones de nulidad
y nulidad y restablecimiento del derecho[.]
(…)
Mediante estos actos administrativos, Ferrovías declaró el incumplimiento de
la propuesta formulada por la sociedad futura Ferrocarriles de la Paz – Fepaz

48
Subsección A, Rad. 33317 [Fundamento Jurídico 2].
49
Numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
50
F. 52 c. 1.
51
Actuación digital 24 del aplicativo SAMAI. Archivo titulado en SAMAI como
«10_250002326000200700617015MemorialWeb2025121203836.pdf».
52
Fls. 1-16 c. 1.
22

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

S.A. en la Licitación Pública N° 001 de 1997, y ordenó hacer efectiva la
respectiva garantía de seriedad de la oferta[.]53»

26. En lo relacionado con las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 de 2007, el término
de caducidad comenzó a correr desde el día siguiente a la notificación de la
segunda, toda vez que resolvió el recurso interpuesto contra la primera y en ese
momento se agotó la actuación administrativa.

Al revisar el expediente, se observa que el demandante adjuntó la constancia de
notificación de las Resoluciones 0226 y 1445 de 2007. Sin embargo, incumplió la
carga procesal de allegar la constancia de notificación de la Resolución 1163 de
2007, impuesta por el artículo 139 del CCA. No obstante el incumplimiento de esta
carga procesal, en aras de garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia, y la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo (arts. 228 y 229
CP), mediante el auto del 11 de diciembre de 2024, la Sala decretó una prueba de
oficio, consistente en ordenar a la parte demandada que allegara la constancia
faltante.

El 20 de enero de 2025, el Ministerio de Salud (antes Ministerio de Protección
Social) cumplió con la orden impartida (índice 24 del aplicativo SAMAI), lo que le
permite a la Sala evaluar si la demanda se presentó en tiempo.

La notificación personal que el Ministerio realizó de la Resolución 1163 de 2007 al
señor Milton Reyes, como apoderado del señor Alvarado en el proceso de selección
(actuación digital 24 del aplicativo SAMAI54), ocurrió el día 14 de mayo de 2007, de
manera que los 30 días hábiles corrieron desde el 15 de mayo de 2007 -primer día
hábil siguiente a la notificación de la Resolución 1163 de 2007- al 28 de junio de esa
anualidad. Como la demanda se presentó el 16 de agosto de 2007 (f. 16 c. 1
reverso), es evidente que operó la caducidad frente a las pretensiones de nulidad
de las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 de 2007.

27. Conviene señalar que el 29 de junio de 2007, la parte actora presentó una
solicitud de conciliación extrajudicial y que la audiencia de conciliación tuvo lugar el
30 de julio de 2007, según da cuenta la constancia n.°00368 de esa fecha, en la que
se indicó que no hubo acuerdo (f. 73 c. 1). Esta actuación tuvo lugar una vez
acaecido el fenómeno de la caducidad, puesto que el plazo para demandar venció
el 28 de junio de 2007, por lo que esa solicitud no produjo el efecto de suspender el
término para demandar. Por lo demás, una vez se celebró la audiencia de
conciliación en la que no hubo acuerdo, el demandante tardó 12 días adicionales en

53
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia 30 de agosto de 2018, Rad. 37638
[Fundamento Jurídico 1.4].
54
Archivo titulado en SAMAI como «10_250002326000200700617015MemorialWeb2025121203836.pdf».
23

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

demandar, circunstancia que corrobora que la demanda se presentó a los 42 días
de notificada la Resolución 1163 de 2007, plazo que excedió el término para
presentar la demanda, conforme al artículo 87 del CCA.

28. De igual manera, debe descartarse que el término de caducidad deba
contabilizarse desde la notificación de la Resolución 1445 de 2007.

En los términos del artículo 72 del CCA, «[n]i la petición de revocación de un acto,
ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio
de las acciones contencioso administrativas.» Debido a que la Resolución 1445 de
2007 tuvo por objeto resolver la solicitud de revocatoria directa presentada por la
Aseguradora (fls. 59-68 c. 1), su trámite y expedición no incidió en la caducidad de
la acción frente a las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 de 2007.

29. Como corolario de todo lo expuesto, operó la caducidad frente a las pretensiones
de nulidad de las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 de 2007 (1.1 y 1.2) así como
las atinentes al restablecimiento del derecho deprecado frente a ellas (pretensión 2,
en lo que se refiere a dichos actos).

Pretensión de nulidad sobre el acto que negó la revocatoria directa del acto
administrativo

30. En la pretensión 1.3, el demandante solicitó la nulidad de la Resolución 1445 de
2007, mediante la cual el Ministerio negó la solicitud de revocatoria directa de la
Resolución 0226 de 2007 que la Aseguradora presentó (fls. 59-68 c. 1).

Según se explicó en precedencia, no todo acto proferido antes de la celebración del
contrato es pasible del control judicial, sino exclusivamente los definitivos. En
tratándose de los actos que resuelven una solicitud de revocatoria, éstos solamente
pueden ser demandados si la entidad revocó total o parcialmente el acto
administrativo objeto de la solicitud. Al respecto, esta Subsección señaló:

«La jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación ha definido que:

“(…) el acto que decida la solicitud de revocación directa no tiene recursos,
y el que la niegue no constituye acto administrativo definitivo, ya que
no hace parte de la vía gubernativa y no genera una situación jurídica
nueva o distinta a la del acto administrativo que se solicite revocar
directamente, por lo cual no es susceptible de acción contencioso
administrativa. No así el acto que conceda la revocación directa, es decir,
el acto revocatorio, que justamente por significar una nueva situación jurídica
frente a la del acto revocado, pasa a ser un nuevo acto administrativo, de allí

24

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)
Demandante: Milton Reyes Reyes
Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social
Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

que se considere que la revocación directa es la sustitución o supresión de
un acto administrativo mediante otro acto administrativo”55.»56
(Negrillas fuera del texto original).

Con base en la jurisprudencia transcrita, la Resolución 1445 de 2007 no puede ser
estudiada en instancias judiciales, por lo que se negarán las pretensiones 1.3 y
aquella relacionada con el restablecimiento del derecho (pretensión 2, en lo que se
refiere a dicho acto).

Costas

31. De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la
parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOQUÉSE el ordinal 1º de la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2011 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

«DECLARAR de oficio que operó la caducidad de la acción frente a las
pretensiones relacionadas con las Resoluciones 0226 de 2007 y 1163 de 2007.

NEGAR las demás pretensiones por los motivos expuestos en esta sentencia.»

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE57
NICOLÁS YEPES CORRALES

55
«Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 23 de octubre de 2014,
radicación número: 25000-23-41-000-2014-00674-01, M.P. Guillermo Vargas Ayala.»
56
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 61939.
57
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF ESR/PT
25

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