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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-10523-01

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2007-10523-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y en su lugar, se dispone: 16 Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389) Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud– Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social Referencia: Reparación directa PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones subsidiarias. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2007-10523-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

22 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Proceso: Reparación directa

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA)-Objeto y regulación. ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD-Repetición contra el Estado por medicamentos que no figuren en el listado. RECURSOS DEL FOSYGA-
Reconocimiento por vía administrativa, Decreto-Ley 1281 de 2002. RECOBROS POR SERVICIOS DE SALUD
NO INCLUIDOS EN EL POS-El rechazo en el cobro configura un acto administrativo. RECOBROS POR
SERVICIOS DE SALUD NO INCLUIDOS EN EL POS-La acción de reparación directa no es la idónea para
reclamar ante negativas del Fosyga. INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-
La nulidad y restablecimiento del derecho procede para reparar daños provenientes de actos administrativos.
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA-Acción procedente para controvertir las decisiones del administrador
fiduciario del Fosyga frente al recobro de servicios no cubiertos por el POS. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA
DEMANDA-La demanda no señala los motivos de violación normativa de la fuente del daño alegado.
REPARACIÓN DIRECTA-ACTIO IN REM VERSO – No se acreditó el requisito de procedencia alegado como
fuente de enriquecimiento sin causa.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –en adelante SUSALUD–
presentó 810 solicitudes de recobro al Ministerio de la Protección Social –hoy
Ministerio de Salud y Protección Social– por la entrega de medicamentos no
incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –en adelante POS– y ordenados en fallos
de tutela. La entidad demandada, en aplicación analógica de la Resolución No. 2312
de 1998, pagó el 50% del valor, sin expedir un acto administrativo que explicara por
qué no reconoció el valor total de cada medicamento. Aduce que el Ministerio causó
un detrimento patrimonial, pues omitió el reembolso total de las prestaciones
asumidas en virtud de las tutelas.

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

ANTECEDENTES

La demanda

El 19 de septiembre de 2007, SUSALUD, a través de apoderado, presentó demanda
de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social para
que se hicieran las siguientes declaraciones:

«[…] PRIMERA. Que se declare que La Nación-Ministerio de la Protección Social es
responsable por los perjuicios ocasionados a SUSALUD como consecuencia del no
pago total de medicamentos no incluidos en el POS, con o sin homólogo
suministrados por dicha E.P.S. a sus usuarios por SENTENCIAS DE TUTELA,
anteriores a la vigencia de la Resolución No. 2949 del año 2003.
SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior se condene a La Nación-
Ministerio de la Protección Social al pago de la totalidad de los perjuicios
ocasionados a SUSALUD, tanto por concepto de daño emergente como de lucro
cesante, especialmente los siguientes:
a. La suma de TRES MIL CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS ($3.108.648.015,00),
correspondiente al saldo insoluto del valor de los medicamentos no
incluidos en el POS cuyo suministro a los usuarios se dispuso en
ochocientos diez (810) fallos definitivos de tutelas proferidas contra
SUSALUD antes de la vigencia de la Resolución 2949 del 2003.
b. La suma correspondiente al 100% de lo pagado por SUSALUD a sus
proveedores en relación con medicamentos suministrados en virtud de
las tutelas mencionada en esta demanda, o la diferencia de lo pagado a
dichos proveedores y lo reembolsado por la parte demandada en los
trámites de recobro correspondientes, según el caso. Este literal se
refiere a prestaciones sucesivas derivadas de lo ordenado en las tutelas
ya mencionada y que se puedan presentar con posterioridad a esta
demanda.
c. Al pago de cualquier suma que SUSALUD haya pagado o se vea
obligada a pagar con base en dichas sentencias de tutela (prestaciones
sucesivas).
d. Al pago de cualquier suma que SUSALUD se haya visto obligada a pagar
a proveedores con base en sentencias de tutela anteriores a la
Resolución 2949 de 2003 y que no haya sido totalmente reembolsada
por el Ministerio.
e. La suma correspondiente a los intereses comerciales a la tasa máxima
permitida por la ley, o subsidiariamente la pérdida de poder adquisitivo
de la moneda, de conformidad con las fechas de los pagos parciales, y
con lo dictaminado en el proceso.
f. El lucro cesante que se determine pericialmente.

La pretensión económica se concreta a la suma mencionada o a la suma mayor que
resulte probada en el proceso, mediante el correspondiente dictamen pericial,
siempre limitada a sumas pagadas por SUSALUD a sus proveedores con base en
sentencias de tutela anteriores a la Resolución 2949 de 2003 y que resulten
probadas en el proceso mediante dictamen correspondiente.

TERCERA. Que se ordene en relación con las prestaciones sucesivas que se
fundamenten en los fallos de tutela mencionados en la demanda el pago vía recobro
del 100% del costo de los medicamentos suministrados por SUSALUD a partir de la
sentencia correspondiente.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

CUARTA. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el último inciso
del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTA. Que se condene en costas a la parte demandada.

3.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA. Que se declare que La Nación-Ministerio de la Protección Social se
enriqueció sin justa causa, en virtud del no pago total de las solicitudes de recobro
por medicamentos con o sin homólogo ordenados mediante SENTENCIAS DE
TUTELA anteriores a la vigencia de la Resolución No. 2949 del año 2003.
SEGUNDA. Como consecuencia de la declaración anterior se condene a La Nación-
Ministerio de la Protección Social al pago de TRES MIL CIENTO OCHO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS ($3.108.648.015,00),
correspondiente al saldo insoluto del valor de los medicamentos no incluidos en el
POS cuyo suministro a los usuarios se dispuso en ochocientos diez (810) fallos
definitivos de tutelas proferidas contra SUSALUD antes de la vigencia de la
Resolución 2949 del 2003.
Adicionalmente se condene al saldo insoluto del valor de dichos medicamentos de
conformidad con los pagos parciales y glosas que se realicen en relación con las
solicitudes de recobro con posterioridad a la presentación de esta demanda.
Igualmente se debe condenar a pagar la suma correspondiente al 100% de lo
pagado por SUSALUD a sus proveedores en relación con medicamentos
suministrados en virtud de las tutelas mencionadas en esta demanda, o la diferencia
de lo pagado a dichos proveedores y lo reembolsado por la parte demandada en los
trámites de recobro correspondientes, según el caso, es decir, esta condena se
refiere a prestaciones sucesivas derivadas de lo ordenado en las tutelas ya
mencionadas y que se pueden presentar con posterioridad a esta demanda, así
como la suma correspondiente a los intereses moratorios a la tasa máxima permitida
por la ley, o subsidiariamente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, de
conformidad con las fechas de los pagos parciales, y con lo dictaminado en el
proceso, incluyendo el lucro cesante correspondiente.
Al pago de cualquier suma que SUSALUD haya pagado o se vea obligada a pagar
con base en dichas sentencias de tutela (prestaciones sucesivas).
Al pago de cualquier suma que SUSALUD se haya visto obligada a pagar a
proveedores con base en sentencias de tutela anteriores a la Resolución 2949 de
2003 y que no haya sido totalmente reembolsada por el Ministerio.

TERCERA. Que se ordene en relación con las prestaciones sucesivas que se
fundamenten en los fallos de tutela mencionados en la demanda el pago vía recobro
del 100% del costo de los medicamentos suministrados por SUSALUD a partir de la
sentencia correspondiente.
CUARTA. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el último inciso
del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTA. Que se condene en costas a la parte demandada […]»1.

Hechos

La parte demandante indicó que por órdenes de fallos de tutela, entregó a sus
afiliados medicamentos no incluidos en el POS. Por lo anterior, presentó ante el

1 Páginas 41 a 45 del archivo «01Demanda», en las carpetas «C01principal» y «01PrimeraInstancia» del
expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

Ministerio de Salud y Protección Social 810 solicitudes de recobro. La entidad, al
aplicar de forma analógica la Resolución No. 2312 de 1998, pagó a SUSALUD el
50% de los medicamentos. Adujo que el Ministerio no podía aplicar esa resolución,
pues esta regulaba los recobros por medicamentos no POS, sin homólogos en el
mismo, y asumidos por decisión de los comités técnico-científicos. Es decir, no
regulaba los recobros frente a servicios prestados o medicamentos suministrados
por órdenes de fallos de tutela y sólo hasta el 2003, mediante la Resolución No.
2949, se reguló dicho trámite.

Afirmó que la parte demandada omitió pagar el valor total de los medicamentos y
no dio una razón fáctica o jurídica para abstenerse de realizar el pago. La entidad
no profirió ningún acto administrativo que explicara o indicara el porqué realizó un
pago parcial, frente al cual SUSALUD pudiera ejercer el derecho de defensa. Como
sustento de las pretensiones subsidiarias, señaló que el pago parcial de los
medicamentos no POS constituyó un enriquecimiento sin justa causa del Estado2.

Contestación de la demanda

La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que el Consorcio Fisalud,
encargado de la administración de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía
–en adelante Fosyga– al resolver las solicitudes de recobro, aplicó las disposiciones
legales y reglamentarias, conforme a las instrucciones del Ministerio. Indicó que la
parte demandante no acreditó por qué debía reconocerse el 100% del valor de los
medicamentos, no demostró el desequilibrio económico que alegó entre el Estado
y la Empresa Promotora de Salud –en adelante EPS– y no probó el perjuicio
alegado. Propuso la excepción de caducidad de la acción3.

Sentencia de primera instancia

El 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que negó las pretensiones, al considerar que las pruebas allegadas
no acreditaron la ocurrencia del hecho dañoso, pues no dieron cuenta de la
presentación de las solicitudes de recobro ni su pago parcial por parte del Ministerio

2 Páginas 33 a 41 del archivo «01Demanda», en las carpetas «C01principal» y «01PrimeraInstancia» del
expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
3 Páginas 1 a 67 del archivo «09ContestaciónDemandaYAnexos», en las carpetas «C01principal» y

«01PrimeraInstancia», del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No.
25000232600020071052301.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

de Salud y Protección Social. Estimó que la base de datos presentada con la
demanda sólo indicó el valor pendiente de pago y el dictamen pericial cuantificó los
perjuicios, con base en la información suministrada por la parte demandante y no
se probó la revisión física de cada una de las cuentas, con los soportes respectivos.
Agregó que no se probaron los fallos de tutela, las facturas de las Instituciones
Prestadoras de Servicios –IPS–, el pago parcial de las facturas, ni la prestación
efectiva del servicio, procedimiento o el suministro del medicamento4.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, en el que
esgrimió que lo que se discute en la demanda es si el Ministerio de Salud y
Protección Social podía aplicar de forma analógica la Resolución No. 2312 de 1998,
en el trámite de los recobros por servicios prestados como consecuencia de 810
órdenes de tutela. Sostuvo que sólo hasta el 2003, mediante la Resolución No.
2949, por primera vez se reguló el trámite de recobro de prestaciones no POS,
ordenadas en fallos de tutela. Por ello, para la época de los hechos el trámite de
recobro en estos eventos no estaba regulado y debía aplicarse lo consagrado en la
sentencia de unificación 480 de la Corte Constitucional, que establecía la posibilidad
de que las EPS recobraran el 100% de los servicios al Estado5.

Trámite de segunda instancia

El 10 de julio de 2013, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y el 12 de
septiembre siguiente, el Despacho lo admitió7. El 7 de octubre de 2013, se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia8. El Ministerio de Salud y
Protección Social presentó los alegatos de forma extemporánea9, la parte
demandante y el Ministerio Público guardaron silencio10.

4 Páginas 1 a 35 del archivo «01SentenciaTribunal», en las carpetas «C05ConsejoDeEstado» y
«02SegundainstanciaConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado
No. 25000232600020071052301.
5 Archivo «03ApelaciónSentencia», en las carpetas «C05ConsejoDeEstado» y «02SegundainstanciaConsejo»

del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No.
25000232600020071052301.
6 Página 65 del archivo «01ExpedienteConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del

proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
7 Páginas 70 y 71 del archivo «01ExpedienteConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI

del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
8. Página 73 del archivo «01ExpedienteConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del

proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
9 Páginas 75 a 86 del archivo «01ExpedienteConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI

del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
10 Página 75 del archivo «01ExpedienteConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del

proceso con radicado No. 25000232600020071052301.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

El 6 de septiembre de 2021, el Despacho declaró la nulidad de todo lo actuado por
falta de jurisdicción, desde la admisión de la demanda y remitió el expediente a la
oficina de reparto de los juzgados laborales del circuito de Bogotá 11. El 26 de
septiembre de 2022, el Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá declaró la falta
de competencia, suscitó conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el
expediente a la Corte Constitucional, para que esta resolviera el conflicto12.

El 11 de octubre de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto
No. 2535, al dirimir el conflicto de jurisdicciones, declaró que la Jurisdicción
Contencioso Administrativa era la competente para conocer sobre el recobro
solicitado por SUSALUD a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social. En
consecuencia, remitió el expediente a este Despacho13.

CONSIDERACIONES

1. Como la demanda se presentó el 19 de septiembre de 2007, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas
actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2
de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y
procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían
conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al
artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de
Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que fuera compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

I. Presupuestos procesales

11 Páginas 164 a 167 del archivo «01ExpedienteConsejo» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI

del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
12 Archivo «AutoDeclaraFaltaCompetenciaSuscitaConflictoNegativoCompetencia» en la carpeta
«CJU0004251CC» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No.
25000232600020071052301.
13 Archivo «04Auto 2535_23-CJU-4251» en la carpeta «CJU0004251CC» del expediente digital que obra en el

índice 68 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de
las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una
acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado
por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998. El Consejo de Estado es competente en
segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del
CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el
artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV
exigidos por el artículo 132.6 del CCA, esto es, $216.850.00014.

Acción procedente

3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.

II. Problema jurídico

4. Corresponde a la Sala determinar si la acción de reparación directa es idónea
para solicitar la reparación de los daños derivados de las decisiones del
administrador fiduciario del Fosyga, frente a solicitudes de recobro por servicios de
salud no incluidos en el POS.

III. Análisis de la Sala

Recobros por servicios de salud no incluidos en el POS

5. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud –
en adelante SGSSS– para regular el servicio público esencial de salud y crear
condiciones de acceso para toda la población, en todos los niveles de atención (art.
152). El SGSSS estaba integrado –entre otros– por organismos de administración
y financiación, como el Fosyga (art. 155.2). El Fosyga tenía a su cargo el manejo y
administración de los recursos que integraban el sistema. Su objeto era garantizar

14 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2007, $433.700, por 500.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos y la solidaridad del
SGSSS, cubrir los riesgos catastróficos, los accidentes de tránsito, entre otras
funciones complementarias (art. 156 l.).

El Fosyga fue constituido como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social que se manejaba por encargo fiduciario, sin personería jurídica,
ni planta de personal propia (art. 218). Al establecer su estructura, la Ley 100
dispuso que el Fosyga tendría las siguientes subcuentas independientes: (i)
compensación interna del régimen contributivo; (ii) solidaridad del régimen de
subsidios en salud; (iii) promoción de la salud; (iv) seguro de riesgos catastróficos y
accidentes de tránsito (art. 219 Ley 100 de 1993) y (v) de garantías en salud (art.
41 Decreto Ley 4107 de 2011).

Cada subcuenta del Fosyga debía ser administrada mediante encargo fiduciario –
en el que no hay traspaso de la propiedad, ni constitución de un patrimonio
autónomo (art. 32.5 Ley 80 de 199315)–. La dirección y control integral del Fosyga
estaba a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social (art. 5) y el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS– actuaría como consejo
administrador (art. 6). A su vez, la capacidad para contratar y comprometer, lo
mismo que la ordenación del gasto, sobre las apropiaciones del Fosyga estaban en
cabeza del Ministro de Salud, en los términos de la ley orgánica del presupuesto
(art. 47).

Los recursos del Fosyga que gestionaban los administradores fiduciarios provenían,
principalmente, de las cotizaciones –contribuciones parafiscales– para el régimen
contributivo y de subsidios financiados con recursos «fiscales o de solidaridad»
previstos en la ley para el régimen subsidiado (arts. 156.b, 202 y 211 Ley 100 de
1993). De modo que, el administrador fiduciario del Fosyga manejaba recursos
públicos.

6. Todos los afiliados al SGSSS tienen derecho al plan de protección de la
salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales,
denominado Plan Obligatorio de Salud –POS–. Las EPS deben suministrar el POS
a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga un subsidio.
En contraprestación, por cada persona afiliada y beneficiaria, las EPS reciben una

15 Declarado exequible, salvo su inciso primero, cfr. Corte Constitucional, sentencia C-086 de 1995, [fundamento

jurídico 2.1].

8

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

Unidad de Pago por Capitación –UPC–. Aunque la Ley 100 de 1993 solo establecía
que las EPS debían suministrar los servicios previstos en el POS, los jueces por
tutela ordenaron a las EPS cubrir servicios de salud adicionales y las «autorizaron»
a «repetir contra el Estado» con cargo a las subcuentas del Fosyga 16. Por ello, el
CNSSS autorizó la posibilidad de que se formularan medicamentos no incluidos en
el POS (art. 8 Acuerdo 83 de 1997) y el Ministerio de Salud y Protección Social
reglamentó el procedimiento que debían cumplir las EPS para su recobro ante esa
entidad (Resoluciones No. 5061 de 1997 y 2312 de 1998).

En armonía con el artículo 1317 del Decreto-Ley 1281 de 2002 –que reguló los flujos
de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud– el
Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó el procedimiento de recobro ante
el Fosyga por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y
prestaciones de salud no incluidos en el POS, autorizados por el Comité Técnico
Científico o por fallos de tutela.

El procedimiento especial de recobro, en términos generales, comprendía las
siguientes etapas: las EPS debían radicar, en la dependencia de correo y radicación
del Ministerio o de la entidad que se definiera para ese efecto, la solicitud de recobro
junto con el formato, los anexos y los documentos según el caso. Una vez radicada,
el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que se definiera para tal efecto
debía adelantar el estudio de la solicitud de recobro en el plazo previsto. El estudio
de la solicitud de recobro podía resultar en rechazo, devolución, aprobación
condicionada, inconsistencia o aprobación para pago.

El resultado de la auditoría debía comunicarse al representante legal de la EPS
indicando el estado del recobro, las causales aplicadas y las razones por las que
se había reliquidado el valor recobrado. La comunicación debía contener: la fecha
de expedición de la comunicación; el número de recobro y de radicación; el código
de la causal aplicada y el término con el que contaba la EPS para dar respuesta.

16 Corte Constitucional, sentencia SU-480 de 1997.
17 «Artículo13. Términos para cobros o reclamaciones con cargo a recursos del Fosyga. Sin perjuicio de los

términos establecidos para el proceso de compensación en el régimen contributivo del sistema general de
seguridad social en salud, con el fin de organizar y controlar el flujo de recursos del Fosyga, cualquier tipo de
cobro o reclamación que deba atenderse con recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga deberá
tramitarse en debida forma ante su administrador fiduciario dentro de los seis meses siguientes a la generación
o establecimiento de la obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. En consecuencia,
no podrá efectuarse por vía administrativa su reconocimiento con posterioridad al término establecido. La
reclamación o trámite de cobro de las obligaciones generadas con cargo a los recursos del Fosyga, antes de la
entrada en vigencia del presente decreto, deberán presentarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigencia de este decreto».

9

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

Esa comunicación podía ser objetada –dentro del plazo dispuesto– por la entidad
recobrante para que se confirmara o modificara su decisión inicial. La respuesta a
la objeción debía informarse dentro del plazo previsto en la regulación y el resultado
era definitivo (Resoluciones No. 2948 y No. 2949 de 2003, No. 3797 de 2004, No.
2933 de 2006, No. 3099 de 2008, No. 458 y No, 5395 de 2013, No. 3951 de 2016,
entre otras).

Unificación de jurisprudencia sobre la acción procedente para solicitar la
responsabilidad por daños derivados del recobro de servicios de salud no
incluidos en el POS

7. Mediante sentencia del 20 de abril de 202318, la Sala Plena de esta Sección
unificó su jurisprudencia en el sentido de señalar que la decisión definitiva del
administrador del Fosyga, respecto de las solicitudes de recobro por suministro de
medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el POS,
autorizados por el Comité Técnico Científico o por fallos de tutela, es un acto
administrativo.

La Sala estimó que en estos casos, el administrador del Fosyga, al decidir sobre
los recobros de servicios y medicamentos no POS, ejercía función administrativa,
mediante un procedimiento administrativo especial y así lo sostuvo la Corte
Constitucional19. Esta última, al estudiar la constitucionalidad del último apartado el
artículo 13 del Decreto-Ley 1281 de 2002, determinó que el legislador
extraordinario, en el trámite de los recobros a cargo del Fosyga, creó un
«procedimiento administrativo especial» y que, en lo no regulado, y en tanto fueran
compatibles, debía acudirse a las disposiciones del CCA. Agregó que el trámite era
de «naturaleza pública administrativa», pues las actuaciones del administrador –
aunque fueran asignadas a un encargo fiduciario de carácter privado– se regían
por el derecho público y se trataba de «funciones administrativas en relación con
recursos públicos del SGSSS con los que se atienden obligaciones inherentes al
mismo».

Conforme a la providencia de unificación, como la decisión definitiva del
administrador del Fosyga constituye una declaración unilateral, que se expide en

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de abril de 2023, Rad. 55.085
[fundamentos jurídicos 10 y 11].
19 Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2004.

10

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

ejercicio de una función administrativa, produce efectos jurídicos sobre un asunto y,
por lo mismo, es vinculante, pues se trata de un acto administrativo20. En
consecuencia, la acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños
derivados de las decisiones del administrador fiduciario del Fosyga, frente a las
solicitudes de recobro por servicios de salud no incluidos en el POS, es la nulidad y
restablecimiento del derecho. Con la unificación, la Sección buscó garantizar la
unidad de interpretación respecto de la acción procedente en estos eventos y la
providencia constituye referente para resolver estas controversias.

Ineptitud sustantiva de la demanda

8. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo (artículo 90 de la
Constitución Nacional y artículo 86 del CCA).

Por su parte, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la idónea para
impugnar la legalidad de un acto administrativo cuando se estime que este ha
lesionado un derecho contenido en una norma jurídica, su consecuente
restablecimiento del derecho y también para solicitar que se reparen los perjuicios
causados con el acto (artículo 85 del CCA). La acción de reparación directa y la de
nulidad y restablecimiento del derecho comparten una naturaleza indemnizatoria,
pero difieren en cuanto a la fuente que genera el daño, que supone una distinta
formulación de las pretensiones y un término diverso de caducidad. Si el daño tiene
origen en un acto administrativo, por regla general21, la acción procedente es la de
nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que, si la fuente del daño es un
hecho, omisión u operación administrativa, la responsabilidad de la administración
se debe perseguir a través de la acción de reparación directa22.

20 Luis Enrique Berrocal Guerrero define el acto administrativo como «toda declaración unilateral proferida en

ejercicio de la función administrativa o que, a falta de esa función, el Constituyente o legislador ha asignado su
control a la jurisdicción contencioso administrativa, que produce efectos jurídicos directos o definitivos,
generales o particulares». Cfr. BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo, Librería
Ediciones del Profesional Ltda., Bogotá, séptima edición, 2016, p. 64 y 65.
21 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de la acción de reparación directa para

reparar daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007,
Rad. 16.421.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de junio de 1994, Rad. 9.589 y sentencia del 27 de abril de

2011, Rad. 19.846.

11

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

Si bien la Sala ha admitido excepcionalmente la procedencia de la acción de
reparación directa por daños causados por actos administrativos, cuya legalidad no
se cuestiona, no basta con invocar como título de imputación el «daño especial»
por una supuesta ruptura de las cargas públicas para que la acción se entienda de
reparación directa, si lo que se pretende es cuestionar la legalidad del acto
administrativo.

9. Según la demanda, el daño consiste en el detrimento patrimonial que sufrió
SUSALUD como consecuencia de los pagos parciales que hizo la entidad
demandada, en el trámite de 810 solicitudes de recobro por la entrega de
medicamentos no POS, ordenados en fallos de tutela. La parte demandante afirmó
que el Ministerio de Salud y Protección Social pagó el 50% de los medicamentos y
no la totalidad del valor, sin justificación legal.

Conforme a la comunicación No. JRD-8429-08CD-054761 del Consorcio
FiduFosyga23 del 10 de diciembre de 2008, previo a la expedición de las
Resoluciones No. 2948 y 2949 de 2003 –esta última reguló el procedimiento de
recobro de prestaciones no POS por fallos de tutela– la norma aplicable para el
trámite de recobros de medicamentos no POS entregados por las EPS por órdenes
de tutela era la Resolución No. 2312 de 1998. Según esta normativa24, el Ministerio
de Salud y Protección Social era la entidad encargada de adelantar la auditoría
médica en el estudio de los recobros y decidía sobre la procedencia y
reconocimiento de los pagos (art. 2).

Así las cosas, las decisiones proferidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social, en las que reconocieron el 50% del valor de las solicitudes de recobro
presentadas por SUSALUD, son actos administrativos. En efecto, correspondieron
a declaraciones unilaterales de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus
funciones legales, que produjeron efectos jurídicos directos y particulares –
reconocimiento parcial de lo recobros–. Por lo anterior, en consonancia con lo
establecido en la sentencia de unificación referida y la jurisprudencia de esta
Sección25, la fuente del daño que reclama la parte demandante es la presunta

23 Que obra en las páginas 2 y 3 del archivo «2022-256-C03Pruebas» de la carpeta «01PrimeraInstancia» del

expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
24 Consultada el 2 de abril de 2024 a las 11:15 a.m. en el siguiente link:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCI%C3%93N%202312%20DE%201998.pdf.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 10 de junio de 2022, Rad. 49.146 [fundamento jurídico

2] y 7 de septiembre de 2023, Rad. 43.678 [fundamento jurídico 2] y 64.031.

12

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

ilegalidad de las decisiones que reconocieron parcialmente los recobros.
SUSALUD, entonces, debió impugnar dichas decisiones y solicitar su anulación a
través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación
directa.

10. El artículo 137.4 del CCA dispone que toda demanda ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo deberá contener, cuando se trate de la impugnación
de un acto administrativo, las normas violadas y la explicación del concepto de la
violación. La ausencia de este requisito impide un pronunciamiento sobre el
particular, pues el juez, al desconocer las razones de la supuesta violación
normativa de los actos administrativos demandados, no puede suplir la inactividad
procesal del demandante sobre este punto26. La Corte Constitucional –al declarar
la exequibilidad del artículo 137.4 CCA– concluyó que si el acto administrativo, como
expresión de la voluntad de la Administración, se presume legal y es ejecutivo y
ejecutorio, le corresponde a quien alega su ilegalidad la carga procesal de cumplir
con las exigencias que prevé la norma27.

Como la parte demandante formuló la acción de reparación directa, no señaló de
forma precisa las normas violadas, ni explicó el concepto de la violación de esos
preceptos para controvertir la validez de los actos. La demanda expuso, de manera
general, las razones por las cuales la parte demandante no tenía el deber de
soportar el pago parcial de los recobros por prestaciones no POS, ordenadas en
fallos de tutela. Esa circunstancia impide un pronunciamiento de fondo. En tal virtud,
se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda.

Pretensiones subsidiarias por enriquecimiento sin justa causa

11. SUSALUD formuló como pretensión subsidiaria que se declare que la
Nación-Ministerio de Salud y Protección Social se enriqueció sin justa causa, como
consecuencia del no pago total de las solicitudes de recobro por medicamentos no
POS, ordenados en 810 fallos de tutela, antes de la entrada en vigencia de la
Resolución No. 2949 de 2003.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de agosto de 2003, Rad. 12857 [fundamento jurídico

3].
27 Corte Constitucional, sentencia C-197 de 1999.

13

Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

12. La Sala toma como punto de partida que, por regla general, el enriquecimiento
sin justa causa y, en consecuencia, la actio in rem verso, entendida bajo la
comprensión: «nadie podrá enriquecerse a expensas de otro»28, no puede ser
invocado como fuente de responsabilidad del Estado para reclamar el pago de
obras, entrega de bienes, servicios prestados o cualquier otro tipo de prestación, sin
la mediación de un contrato estatal o al margen de éste, por cuanto tal figura no está
llamada a emplearse con la finalidad de desconocer o contrariar una norma
imperativa que deriva de la solemnidad del contrato estatal y de los procedimientos
para celebrarlo.

Con criterios de unificación, esta Sección 29 clarificó que emergen hipótesis que
tornan procedente la aplicación de la actio in rem verso con efectos indemnizatorios
frente a prestaciones en favor de las entidades estatales sin que medie contrato
alguno, las cuales deben ser aplicadas con carácter excepcional y, por
consiguiente, son de interpretación y de aplicación restrictivas, de allí que no
cualquier evento pueda encuadrar dentro de esos casos excepcionales o al amparo
de ellos, en tanto que la regla general es que no resulta admisible prestación sin
contrato estatal.

Así, los casos en los que de manera excepcional y por razones de interés público
o general, la Sala consideró procedente dar cabida a la actio in rem verso,
comprenden los siguientes: i) cuando se acredite de manera fehaciente y evidente
que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del
particular, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium,
constriñó al particular a la ejecución de prestaciones o al suministro de bienes o
servicios para su beneficio, por fuera o con prescindencia de contrato estatal; ii)
cuando es urgente o necesario adquirir bienes, solicitar servicios o suministros u
ordenar obras para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al
derecho a la salud, en conexidad con los derechos a la vida y a la integridad
personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y
manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar
un proceso de selección de contratistas y la celebración de los correspondientes
contratos; y, iii) cuando, debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia
manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución

28 Artículo 831 del Código del Comercio.
29 Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 24.897.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito
alguno30.

13. La Sala, al estudiar las pruebas allegadas, evidencia que la parte
demandante no aportó (i) las 810 solicitudes de recobro que dijo haber presentado
ante el Ministerio de Salud y Protección Social por los medicamentos no POS
ordenados en los fallos de tutela, (ii) tampoco allegó al proceso la documentación
relacionada con el pago parcial que afirmó haber recibido por parte de la entidad,
(iii) no relacionó los fallos de tutela, (iv) ni las facturas de las IPS con la constancia
de pago. Adviértase que con la demanda, SUSALUD allegó una base de datos con
la información del saldo insoluto de las solicitudes de recobro y afirmó que la
cuantificación de los perjuicios sería determinada mediante un dictamen pericial.

En el dictamen pericial practicado31, el perito financiero presentó unos cuadros en
los que cuantificó el lucro cesante y afirmó que tomó la información de: (i) la base
de datos presentada con la demanda, (ii) las bases de datos de SUSALUD
contenidas en carpetas físicas del archivo –relacionadas con cada una de las
solicitudes y los pagos parciales recibidos por parte del Ministerio de Salud y
Protección Social– y (iii) las copias de los «documentos que soportan las bases de
datos construidas por SUSALUD». Aunque el experto –al resolver la solicitud de
aclaración al dictamen– afirmó que la información utilizada se cotejó directamente
con los libros de contabilidad y sus soportes en las oficinas de SUSALUD32, al
expediente no se allegó toda la documentación que soportó el análisis y la
cuantificación de los perjuicios hecha por el perito. Lo anterior, desconoce que las
conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del
experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan
firmeza al dictamen, que debe ser preciso, claro y detallado, tal como lo prevé el
artículo 237.6 CPC.

El artículo 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267
del CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que persiguen. En este caso, la parte demandante

30 Esto, en los casos en que tal exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada conforme a lo

dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.
31 Que obra en la carpeta «C04ExamenPericial» del expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del

proceso con radicado No. 25000232600020071052301.
32 Archivo «38AclaracionDictamenPericial», en las carpetas «C01principal» y «01PrimeraInstancia» del

expediente digital que obra en el índice 68 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020071052301.

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

no cumplió con la labor probatoria de allegar (i) todas las solicitudes de recobro
presentadas a la entidad demandada o las facturas, (ii) las respuestas proferidas
por el Ministerio de Salud y Protección Social frente a esos trámites, (iii) las
constancias de los pagos parciales que recibió.

Así las cosas, según el material probatorio allegado, en el proceso no se acreditó
ninguna de las hipótesis –de aplicación e interpretación restrictiva– que esta
Sección ha determinado para que proceda la aplicación de la actio in rem verso. En
efecto, la parte demandante no acreditó (i) circunstancias de urgencia o necesidad
para evitar una lesión inminente o irreversible al derecho a la salud de los afiliados
a SUSALUD, que impidieran a la entidad planificar y adelantar un proceso de
selección de contratista, (ii) que la entidad demandada la constriñó para que
prestara o brindara los medicamentos por fuera de contrato estatal o (iii) la omisión
de la declaratoria de urgencia manifiesta y la solicitud de la entidad para el
suministro de los medicamentos.

En conclusión, las pruebas del expediente no acreditan los supuestos alegados en
la demanda, ni acreditan la configuración de alguna de las excepciones
contempladas en la sentencia de unificación citada para dar cabida a la actio in rem
verso. Por ello, la Sala negará las pretensiones subsidiarias formuladas.

Costas

14. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 30 de mayo de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y en su lugar, se dispone:

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Radicación: 25000-23-26-000-2007-10523-01 (48389)
Actor: Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. –Susalud–
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social
Referencia: Reparación directa

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inepta demanda.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones subsidiarias.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

17

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