Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00049-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)
14 de diciembre de 2018
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona sindicada del delito de enriquecimiento ilícito / PERJUICIOS MORALES Y MATERIALES - Motivo de pronunciamiento por juez de segunda instancia / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN – Por operar el fenómeno jurídico de la prescripción / DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad de persona sindicada de enriquecimiento ilícito / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por término de 6 meses, dos semanas y tres días
La Fiscalía General de la Nación adelantó dos investigaciones penales en contra de José Gonzalo Prada González por el delito de enriquecimiento ilícito. La primera de ellas, correspondiente al año 1996 finalizó con preclusión y la segunda culminó por prescripción de la acción penal. (…) Sin embargo, el 25 de agosto de 2005 la Fiscalía 8va Especializada reabrió la investigación penal en contra del actor, por los mismos hechos, y profirió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario sin beneficio de excarcelación; decisión que el 10 de marzo de 2006 fue revocada por el Juez 6to Penal del Circuito quien decretó la ilegalidad de la medida y ordenó la libertad de José Gonzalo Prada. (…) Finalmente, el 6 de octubre de 2006, la Fiscalía 54 Seccional precluyó la investigación adelantada en contra del demandante porque había operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.
RECURSO DE APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA - Por tasar indemnización de perjuicios morales y materiales por valor inferior a lo probado
Ab initio resulta necesario precisar que, en el recurso de apelación la Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria del reconocimiento de los perjuicios materiales – lucro cesante y daño emergente efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre lo cual, consideró que las pruebas en que se fundó tal reconocimiento no eran las adecuadas ni tampoco demostraban el quantum del perjuicio otorgado a favor de los demandantes. Adicionalmente, la entidad apelante señaló su inconformidad frente a los argumentos expuestos sobre la objeción presentada al dictamen pericial.
COPIAS SIMPLES - Con valor probatorio dado que no fueron objetadas por las partes en la oportunidad procesal correspondiente a pesar de haberse dejado a disposición de los interesados / COPIAS SIMPLES - Pleno valor probatorio según criterio jurisprudencial / PRUEBA DOCUMENTAL – valoración en conjunto
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, dejó establecida la posibilidad de valorar los documentos allegados en copia simple “específicamente [en los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”. (…) En otras palabras, la Sala reconoce el valor probatorio de los documentos a aquellos que fueron allegados en copia simple, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la jurisprudencia, esto es, que fueran aportados oportunamente, que hayan obrado a lo largo del proceso, que no hayan sido tachados u objetados por falsedad y que no versen sobre asuntos en los que la ley exige la prueba mediante copias auténticas. Exigencias que han quedado verificadas en el caso de autos y no presentan controversia alguna. (…) Entonces, no le asiste la razón a la entidad recurrente al considerar que la declaración de renta allegada en copia simple debió desecharse por esta única razón, pues, se itera, la jurisprudencia otorga a los documentos que han obrado a lo largo del proceso en copia simple, el valor que la prueba documental ostenta para demostrar la veracidad de un hecho. (…) Sin embargo, lo anterior no obsta para señalar que la apreciación de las pruebas documentales, así como de los demás medios de prueba, exigen que su valoración se haga en conjunto con el restante material probatorio y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, como lo señalaba el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de presentación de la demanda. NOTA DE RELATORIA: En relación con el valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia del 16 de mayo de 2007, Exp. 25000-23-25-00-2002-00025-02, MP. Ruth Stella Correa Palacios
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 187
DECLARACIÓN DE RENTA – No acredita por si sola que el demandante dejó de recibir ingresos con motivo de la privación injusta de la libertad – PRUEBA DE PERJUICIOS – Su valoración en conjunto está sometida a las reglas de la experiencia y de la sana critica
[P]ese a estar acreditada la actividad económica a la que se dedicaba el actor para la época en la que fue aprehendido, la Sala denegará lo peticionado por concepto de lucro cesante. (..) [Se] tiene por acreditado que durante la privación de la libertad, la actividad de compra y venta de divisas continuó realizándose a través del establecimiento de comercio “City Exchange”, pues las declaraciones de renta del demandante registraron gastos de “nomina”, de “operaciones”, de “administración” y de “venta” en los periodos completos de 2005 y 2006, correspondientes al ejercicio de la actividad comercial reportada. (…) En conclusión, la Sala evidencia que en el caso de autos no se encuentra acreditado el lucro cesante solicitado por la parte demandante, pues no está probado que José Gonzalo Prada González haya sufrido un cese en sus ingresos mensuales durante el término de privación de la libertad, ya que este derivaba su renta del funcionamiento del establecimiento de comercio “City Exchange”, de cuyo cierre no obra prueba alguna, y de las asesorías comerciales que según informa el material probatorio fueron canceladas en su totalidad para el año 2005.
DAÑO EMERGENTE - Por gastos de honorarios de abogado defensor / DAÑO EMERGENTE - Reconocimiento por acreditarse en el proceso / LUCRO CESANTE - Por ingresos dejados de percibir durante la privación injusta de la libertad / LUCRO CESANTE - Acreditado mediante contrato de trabajo / CONTRATO DE TRABAJO - Se suspende por la detención preventiva del trabajador / LUCRO CESANTE - Reconocimiento al privado injustamente de la libertad
[E]l sistema procesal colombiano ha abandonado el régimen de la tarifa legal probatoria para adoptar el principio de la libertad de la prueba y de la evaluación o apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, lo que debe entenderse como la autorización para demostrar los hechos con cualquier medio de prueba que ofrezca convicción al juzgador. (…) Al respecto se dijo que el artículo 187 del C.P.C., dispone que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.(…) En oposición, la entidad apelante consideró que el paz y salvo allegado no es suficiente para acreditar el pago de los honorarios del defensor y, por el contrario, “dicho pago debe corroborarse mediante consignación, recibo u (sic) algún otro medio”. Sin embargo la Sala confirmará el valor reconocido, en atención a que si bien la existencia del daño emergente se acreditó con fundamento en el paz y salvo expedido por el defensor, este hecho fue corroborado con el restante material probatorio que evidenció la defensa ejercida dentro del proceso penal.
COSTAS – Sin condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00049-01(44914)
Actor: JOSÉ GONZALO PRADA GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (SENTENCIA)
Tema: Privación injusta de la libertad / prueba de perjuicios.
Subtema 1: Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación.
Sentencia: Modifica la sentencia de primera instancia y niega el reconocimiento de lucro cesante por cuanto no se encuentra probado en el plenario. La confirma en lo demás.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SINTESIS DEL CASO
La Fiscalía General de la Nación adelantó dos investigaciones penales en contra de José Gonzalo Prada González por el delito de enriquecimiento ilícito. La primera de ellas, correspondiente al año 1996 finalizó con preclusión y la segunda culminó por prescripción de la acción penal.
Sin embargo, el 25 de agosto de 2005 la Fiscalía 8va Especializada reabrió la investigación penal en contra del actor, por los mismos hechos, y profirió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario sin beneficio de excarcelación; decisión que el 10 de marzo de 2006 fue revocada por el Juez 6to Penal del Circuito quien decretó la ilegalidad de la medida y ordenó la libertad de José Gonzalo Prada.
Finalmente, el 6 de octubre de 2006, la Fiscalía 54 Seccional precluyó la investigación adelantada en contra del demandante porque había operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.
II. ANTECEDENTES
José Gonzalo Prada González (víctima directa), Ivette Cuello de Prada (cónyuge), Lina María y María Alejandra Prada Cuello (hijas), presentaron el 06 de febrero de 2008- demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, con la pretensión de que se le condenara al pago de los perjuicios sufridos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto “el referido señor Prada González”.
2.1. Trámite procesal relevante en primera instancia
La demanda fue admitida, notificada en debida forma y contestada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. Agotada la etapa probatoria se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión. En escrito de alegatos, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial reiteraron los argumentos expuestos en la contestación a la demanda. Por su parte, los demandantes, luego de realizar un análisis probatorio, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 21 de marzo de 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La Fiscalía General de la Nación, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con exposición de los motivos de inconformidad que la Sala resumirá en acápite posterior de esta providencia.
2.5. Trámite en segunda instancia
Esta Corporación admitió el recurso de apelación, en auto del 8 de octubre de 2012.
En instancia de alegatos de conclusión, la Fiscalía General de la Nación reiteró lo manifestado en el recurso de apelación; y la parte demandante manifestó que la alzada carece de sustento de hecho y de derecho.
El Ministerio Público mediante concepto No. 245 del 29 de septiembre de 2014, conceptuó que es viable el reconocimiento de los perjuicios materiales a título de lucro cesante con fundamento en la copia simple de declaración de renta del actor; y del daño emergente con el paz y salvo expedido por quien actuó como defensor del demandante dentro del proceso penal.
III. PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO.
3.1. Competencia
La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia, para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos, y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante la cuantía.
3.2. Vigencia de la acción
La acción de reparación directa se ejerció oportunamente. Al punto, cuando se debate la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta Corporación tiene establecido que el término de caducidad de la acción de reparación directa empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión penal que: 1) absolvió al acusado o 2) cesó el procedimiento contra él o 3) declaró la preclusión de la investigación penal, puesto que es el momento en que se consolida el daño antijurídico a reclamar.
En el caso concreto, la Sala observa que la Fiscalía 54 Seccional de Bogotá precluyó la investigación adelantada en contra del actor mediante providencia que quedó ejecutoriada el 24 de octubre de 2006, lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 25 de octubre de 2008.
Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 14 de junio de 2007 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, diligencia que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2007 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio, según se observa en la constancia expedida el mismo día.
Nótese entonces que la audiencia de conciliación se llevó a cabo con posterioridad a los tres meses que señala el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, esto es, después del 14 de septiembre de 2007, motivo por el que el cómputo de la caducidad debe reiniciarse a partir de ésta fecha.
Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 90 días; de manera que su vencimiento se corrió hasta el 25 de enero de 2009 y la demanda de reparación directa se presentó el 6 de febrero de 2008, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el artículo 136 del C.C.A.
3.3. Legitimación para la causa
El hecho reputado como generador del daño por parte del actor fue la privación de la libertad sufrida por José Gonzalo Prada González. Al ser la Fiscalía General de la Nación la entidad competente para ordenar medida de aseguramiento contra el actual demandante (art. 114, núm. 2º, Ley 600 de 2000) y habiéndose ocasionado el daño por un hecho suyo, la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, y en su representación debe venir a este proceso el Fiscal General de la Nación o su delegado, y no la Rama Judicial.
De acuerdo con los criterios fijados en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, esta Sala encuentra que José Gonzalo Prada González (víctima), Ivette Cecilia Cuello Gutiérrez (cónyuge), Lina María Prada Cuello y María Alejandra Prada Cuello (hijas), se encuentran legitimados en la causa por activa.
3.4. Sustento fáctico y objeto del recurso de apelación
Ab initio resulta necesario precisar que, en el recurso de apelación la Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria del reconocimiento de los perjuicios materiales – lucro cesante y daño emergente efectuado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre lo cual, consideró que las pruebas en que se fundó tal reconocimiento no eran las adecuadas ni tampoco demostraban el quantum del perjuicio otorgado a favor de los demandantes. Adicionalmente, la entidad apelante señaló su inconformidad frente a los argumentos expuestos sobre la objeción presentada al dictamen pericial.
Dado lo anterior, la Sala quiere precisar que con relación al sustento fáctico y el objeto del recurso de apelación, la jurisprudencia ha considerado:
“para el juez de segunda instancia su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo”, razón por la cual se ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”..
Lo anterior obliga a destacar que el recurso de apelación se encuentra limitado a los aspectos indicados por la apelante, por lo cual, en principio, los demás asuntos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo-.
En este sentido la Sala Plena de la Corporación, en reciente pronunciamiento reiteró que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial – en este caso la que contiene una sentencia –, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia consideró para tomar su decisión, con sus propias consideraciones o apreciaciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia.
Lo anterior lo sostuvo de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del C. de P. C., aplicable en lo contencioso administrativo, según se deduce del artículo 267 del C.C.A., vigente en la fecha de presentación de la demanda. Frente a lo cual también debe tenerse en cuenta la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 31 constitucional que manda que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”
En consecuencia, el juez superior se encuentra limitado por el objeto de la apelación y, además, el principio de la no reformatio in pejus impide que, por regla general, se haga más gravosa la situación del apelante único.
En conclusión, en el caso de autos, la Sala para pronunciarse en este asunto, se encuentra sujeta a los argumentos de inconformidad invocados por la entidad demandada y los puntos que aquella cuestionó en la alzada.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. LOS HECHOS Y PRETENSIONES EXPUESTAS EN LA DEMANDA Y SU RÉPLICA POR PARTE DE LOS DEMANDADOS.
En el año de 1996, la Fiscalía 208 abrió investigación en contra de José Gonzalo Prada por recibir cheques provenientes de actividades ilícitas, procedimiento que precluyó el 25 de noviembre del mismo año, por cuanto encontró demostrado que las actividades comerciales del actor eran licitas.
Posteriormente, en el año 2001 la Fiscalía 12 Seccional de Bogotá decidió vincular a José Gonzalo Prada a un nuevo proceso penal, adelantado por los hechos discutidos en la oportunidad anterior, luego de lo cual se declaró inhibida para abrir instrucción de la investigación por haber operado el fenómeno de la prescripción.
El 25 de agosto de 2005, la Fiscalía 8va Especializada reabrió la investigación penal en contra de José Gonzalo Prada, por los mismos hechos, y acto seguido profirió medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario sin beneficio de excarcelación. Decisión que el 10 de marzo de 2006 fue revocada por el Juez 6to Penal del Circuito quien decretó la ilegalidad de la medida y ordenó la libertad del demandante.
Finalmente, el 6 de octubre de 2006, la Fiscalía 54 Seccional precluyó la investigación adelantada en contra del actor debido a que había operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal.
Dados estos hechos, la parte actora solicitó: por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 1000 gramos oro para José Gonzalo Prada González; y 500 gramos oro para cada uno de los demás demandantes; la suma de $235.000.000.oo, a título de daño emergente a favor de José Gonzalo Prada González, correspondientes a las pérdidas sufridas por Gonzalo Prada - $170.000.000.oo; gastos de honorarios de abogado - US$25.000; gastos dentro de la penitenciaria - $15.000.000.oo. Así como la suma de $229.891.666.oo por concepto de lucro cesante a favor de José Gonzalo Prada González, correspondiente a los ingresos dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad.
En contestación, la Fiscalía General de la Nación mediante escrito del 2 de octubre de 2009, se opuso a los hechos y pretensiones de la demanda por cuanto consideró que la actuación de la Fiscalía 8va Especializada fue acorde a las normas constitucionales y legales vigentes para la época de los hechos y estuvo fundamentada en las pruebas aportadas al proceso; y propuso como excepción, la falta de legitimación por activa en cabeza de Ivette Cecilia Cuello por cuanto su calidad de cónyuge no está acreditada.
Por su parte, la Rama Judicial se opuso a los hechos y pretensiones mediante las excepciones de falta de causa para demandar, porque para el momento en que fue impuesta tal medida existían los indicios exigidos por la normatividad penal, y falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza suya, por cuanto la detención y vinculación penal del actor tuvieron su génesis en las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.
4.2. DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 21 de marzo de 2012, encontró no probada la legitimación en la causa en cabeza de la Rama Judicial y declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de José Gonzalo Prada, toda vez que encontró demostrado que “los hechos sobre los cuales se edificó la medida de aseguramiento en contra de Prada González ya habían sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación en dos oportunidades, violando de forma clara el derecho de tal ciudadano a no ser juzgado dos veces por la misma causa (…) lo que a su vez descarta en el presente asunto la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad (…)”.
En consecuencia, el tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, encontró acreditado el daño moral y lo liquidó en el equivalente a 50 SMLMV para la víctima directa y 25 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.
Frente a los daños materiales en la modalidad de lucro cesante, obró dentro del plenario el dictamen pericial rendido por Luis Alberto Suárez, el cual fue objetado por la Fiscalía General por error grave; objeción que no fue valorada por el A quo, en razón a que la entidad objetante no presentó el depósito judicial por honorarios de perito.
Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia desechó la experticia por falta de credibilidad y veracidad. Al respecto, el A quo manifestó:
“(…) Dicha experticia no edifica criterio razonable de veracidad sobre los perjuicios a reconocer a la parte actora, y como primera medida de fundamento de tal afirmación, ha de tenerse en cuenta, que al perito se solicitó (según objeto de la prueba delimitada por la parte actora) certificar o actualizar el valor real, teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo, de los dineros dejados de percibir por el señor Prada González en el periodo comprendido entre agosto del año 2005 a marzo del año 2006 (fl. 25 C.1); y no el realizar experticia sobre los ingresos económicos del señor mencionado.
Quiere decir lo anterior, que el auxiliar de la justicia al que se ha referido la Sala, no se ciñó al objeto de la prueba que en la demanda se señaló, y por lo mismo, ejecutó su labor por fuera del marco señalado por la parte actora y sobre el cual esta corporación decretó la prueba. Ahora, si en gracia de discusión fuera admisible la prueba pericial en los términos en que se practicó, la misma no reviste de los elementos suficientes para crear convicción acerca del monto de los perjuicios en la medida en que no es allegado junto con dicho estudio, copia auténtica del libro mayor y balances referidos y adicionalmente, no se detalla las actividades por las cuales el establecimiento de comercio denominado City Exchange de propiedad del señor Prada González generaba ingresos al mismo, de hecho, no se estipula en la experticia el monto de las utilidades generadas por dicha actividad comercial. (…)”.
En consecuencia, el A quo liquidó el perjuicio con fundamento en la declaración de renta del demandante y reconoció por concepto de lucro cesante a favor de José Gonzalo Prada, la suma de $73.517.757 derivados de los ingresos que dejó de percibir durante el término de 6 meses y 8 días que estuvo privado de la libertad, pues encontró demostrado que el actor obtenía “según su declaración de renta ingresos mensuales (sic) por valor de $42.690.000” motivo por el que consideró que “mensualmente sus ingresos equivalían a $3.557.500”.
Por último, el Tribunal de Primera Instancia reconoció por daño emergente, la suma de $44.075.000 por cuanto encontró demostrado que el actor pagó los honorarios de un profesional del derecho para que ejerciera su defensa dentro del proceso penal adelantado en su contra, por valor de US$25.000.
4.3. EL RECURSO DE APELACIÓN
Contra lo así decidido se alzó la Fiscalía General de la Nación, quien en el sustento del recurso limitó su inconformidad a la tasación de perjuicios materiales. Con relación al lucro cesante, “discrep[ó] de tener como prueba la declaración de renta del demandante aun cuando no fuera tachada de falsa, la misma no adquiere la calidad de prueba pues las fotocopias simples no se encuentran ajustadas a derecho para que sirvan de prueba (…) aunado a lo anterior debo manifestar que dentro de los parámetros fijados para determinar el ingreso mensual no basta con una sola declaración de renta del demandante”.
En cuanto al daño emergente, “pago de honorarios del togado que adelantó su defensa técnica dentro del proceso penal si bien se allega certificación suscrita por el abogado, no se acredita el pago efectivo de la suma de [US25.000] mediante consignación, recibo u algún otro medio, aunado al hecho que este abogado no se ratificó dentro del proceso administrativo en declaración sobre este hecho. Finalmente no se arrima certificación de reconocimiento de personería jurídica dentro del proceso penal”.
Por último, la entidad demandada señaló que se aparta “de los argumentos del Honorable Magistrado al no dar trámite de la objeción presentada” al dictamen pericial, por cuanto el pago de los honorarios del perito le correspondía a la parte demandante y no a la entidad demandada.
4.4. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER CONFORME AL RECURSO DE APELACIÓN:
Teniendo en cuenta que la alzada limitó su inconformidad al reconocimiento de los perjuicios materiales - daño emergente y lucro cesante - efectuado en primera instancia, sin cuestionar la declaratoria de responsabilidad en cabeza de la entidad demandada, la Sala ha limitado el estudio del caso a la condena impuesta por este concepto, con la valoración de las pruebas obrantes en el expediente.
Ahora, la Sala no pasa por alto que la entidad demandada cuestionó “los argumentos del Honorable Magistrado al no dar trámite de la objeción presentada” al dictamen pericial, pero advierte que este debate resulta impertinente, toda vez que la valoración del dictamen pericial fue desechada, pese a que los argumentos que dieron lugar a la exclusión fueran distintos de aquellos planteados en la objeción por error grave.
En otras palabras, no tiene sentido replantear los argumentos de la objeción por error grave para desechar el dictamen si, de cualquier modo, este ya fue desechado, como bien lo sostuvo el señor agente del Ministerio Público:
“No encuentra sentido a debatir la inconformidad de la Fiscalía frente al trámite del dictamen pericial, pues es claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no acogió dicho dictamen para la tasación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Prada González”.
Así las cosas, la Sala estudiará únicamente la condena impuesta por el tribunal de primera instancia por concepto de perjuicios materiales – lucro cesante y daño emergente, en cuyo efecto se plantean los siguientes problemas jurídicos:
1. ¿Puede otorgarse valor probatorio a los documentos allegados en copia simple y, si así es, la declaración de renta allegada en copia simple tiene el alcance de plena prueba para establecer la existencia y cuantía del lucro cesante reconocido en primera instancia?
2. ¿El pago de los honorarios de la defensa técnica ejercida dentro del proceso penal que dio lugar a la privación injusta por la que se demanda, puede probarse, únicamente, con el paz y salvo o certificación expedida por el profesional del derecho o requiere ratificación y corroboración con otros medios probatorios?
Para resolver estos cuestionamientos, la Sala valorará las pruebas válidamente allegadas al plenario, entre ellas las pruebas trasladadas del proceso penal adelantado por la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y en consideración a que fueron peticionadas por la parte actora, proceden de la entidad demandada, han obrado a lo largo del proceso sin que hayan sido objeto de tacha y se ha garantizado a ambas partes la oportunidad para contradecirlas o usarlas en su defensa.
Asimismo, en aplicación de los parámetros jurisprudenciales y de manera conjunta con el restante material probatorio, la Sala valorará los documentos allegados en copia simple, las diligencias de indagatoria y los testimonios de oídas que obren en el plenario.
4.4.1. Consideraciones sobre el primer problema jurídico:
La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, dejó establecida la posibilidad de valorar los documentos allegados en copia simple “específicamente [en los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas”.
En otras palabras, la Sala reconoce el valor probatorio de los documentos a aquellos que fueron allegados en copia simple, siempre que reúnan los requisitos establecidos en la jurisprudencia, esto es, que fueran aportados oportunamente, que hayan obrado a lo largo del proceso, que no hayan sido tachados u objetados por falsedad y que no versen sobre asuntos en los que la ley exige la prueba mediante copias auténticas. Exigencias que han quedado verificadas en el caso de autos y no presentan controversia alguna.
Entonces, no le asiste la razón a la entidad recurrente al considerar que la declaración de renta allegada en copia simple debió desecharse por esta única razón, pues, se itera, la jurisprudencia otorga a los documentos que han obrado a lo largo del proceso en copia simple, el valor que la prueba documental ostenta para demostrar la veracidad de un hecho.
Sin embargo, lo anterior no obsta para señalar que la apreciación de las pruebas documentales, así como de los demás medios de prueba, exigen que su valoración se haga en conjunto con el restante material probatorio y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, como lo señalaba el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de presentación de la demanda.
De manera que el problema no está en la calidad de copia simple del documento sino en la falta de valoración conjunta de la prueba, razón por la cual, la Sala discrepa del reconocimiento del lucro cesante efectuado en primera instancia con la valoración aislada de la declaración de renta de Gonzalo Prada – año gravable 2005.
Además, debe preverse que este documento fue allegado para demostrar una pérdida económica peticionada como daño emergente que la declaración de renta no demuestra y que, efectivamente, fue denegado en primera instancia; consideración que la Sala comparte, pero disiente del alcance dado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la información certificada con dicho documento, porque si bien la declaración de renta acredita la renta líquida anual del demandante, de ella no puede - a priori – derivarse la existencia de un lucro cesante.
Al respecto, debe preverse que el lucro cesante, en cuanto perjuicio material, no se presume sino que exige para su reconocimiento la plena acreditación de su concreción derivada del año antijurídico, en este caso, de la privación injusta de la libertad.
Así las cosas, para el reconocimiento del perjuicio material a título de lucro cesante el demandante debe acreditar, en primer lugar, la existencia de una actividad laboral o comercial de donde devenga un ingreso económico; en segundo lugar, el valor mensual al cual ascendía dicho ingreso económico y, en tercer lugar, el cese de la actividad y del ingreso que de ella derivaba.
Ahora bien, es cierto que la jurisprudencia presume la existencia de una actividad económica cuando la víctima se encuentra en edad laboralmente activa y, cuando no está acreditado el quantum del ingreso mensual, da aplicación al salario mínimo legal vigente, pero lo que no se presume es el cese de la actividad laboral ni comercial, menos aun cuando se establece el ejercicio de una actividad económica mediante un establecimiento de comercio abierto al público, cuyo cierre, se insiste, no es objeto de presunción.
Hechas estas precisiones, la Sala pasa a revisar la acreditación y reconocimiento del lucro cesante en el caso concreto, en donde la parte demandante peticionó a favor de José Gonzalo Prada González por concepto de perjuicios materiales - lucro cesante, la suma de $229.891.666,oo equivalentes a los ingresos dejados de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. El tribunal de primera instancia condenó a la entidad demandada a pagar por este concepto la suma de $73.517.757.oo.
Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado y futuro.
Al respecto, la Sala encuentra demostrado que José Gonzalo Prada González para el 25 de agosto de 2005, fecha en que fue capturado y vinculado al proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, derivaba sus ingresos de las actividades de comercio, específicamente de la compra y venta de divisas, a través del establecimiento de comercio de su propiedad denominado “City Exchange” ubicado en la ciudad de Bogotá; y de sus labores como asesor comercial de diferentes empresas, según consta en los siguientes medios de prueba:
• Copia auténtica del informe de captura No. 430 del 25 de agosto de 2005, suscrito por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, en el que consta que ese mismo día José Gonzalo Prada González fue aprehendido por el delito de enriquecimiento ilícito - “persona quien se dedica a su labor de cambista profesional”.
• Copia auténtica de la providencia proferida el 1 de septiembre de 2005 por la Fiscalía 8va de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra Lavado de Activos, en la que resolvió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de José Gonzalo Prada González como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares y en cuyo acápite de “identidad del procesado” consignó que se desempeñaba como “empresario y propietario del C.I PC Global S.A., Tejidos Carpi, Exotil Ltda., Asesores Prada Cuello Ltda., y City Exchange”.
• Copia auténtica de la diligencia de indagatoria rendida el 26 de agosto de 2005 por José Gonzalo Prada González, quien afirmó: “he tenido varias empresas tales como Tejidos Carpi, Exotil Ltda., Asesores Prada Cuello Ltda., y City Exchange y tengo entradas promedios de unos ocho millones mensuales. Tejidos Carpi era una pequeña fábrica de suéteres para el mercado nacional y el exterior, Exotil era una importadora de cueros terminados y Asesores Prada Cuello ha sido importadora, exportadora y también venta de divisas y City Exchange es una oficina de cambista profesional”.
• Copia auténtica del “formato de medida de aseguramiento” de 1 de septiembre de 2005, suscrito por la Fiscalía General de la Nación, en el que consta que José Gonzalo Prada González tenía como profesión u ocupación la de “comerciante”.
• Copia simple de la declaración de renta de José Gonzalo Prada González, correspondiente al año gravable 2005, en el que consta que en ejercicio de su actividad comercial No. 6716 - actividades de los profesionales de compra y venta de divisas, el demandante obtuvo como “renta líquida” anual, la suma de $42.690.000.oo.
• Copia simple de la declaración de renta de José Gonzalo Prada González, correspondiente al año gravable 2006, en el que consta que en ejercicio de su actividad comercial No. 6716 - actividades de los profesionales de compra y venta de divisas, el demandante obtuvo como “renta líquida” anual, la suma de $40.500.000.oo.
• Certificado expedido el 10 de enero de 2011 por José Manuel Báez – Presidente de la sociedad “las mil y una correa” ubicada en Venezuela, donde consta que José Gonzalo Prada González se “desempañaba en esta empresa como asesor en Comercio Exterior durante el año 2005”, especialmente en “el área de importación, servicios aduanales, control de calidad y trámites ante CADIVI” y devengó “ingresos mensuales por un monto de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000.oo).
• Certificado expedido el 15 de enero de 2011 por el Ingeniero Yoel Amaya Jiménez – Presidente de Intec Ingeniería C.A., en el que consta que José Gonzalo Prada Gonzáles “cumplió funciones de Asesor en Comercio Exterior para nuestra empresa Cintec Ingeniería durante el año 2005” y que devengó “ingresos mensuales por un monto de 5.000.000.oo Bs (cinco millones de bolívares)”.
• Certificado expedido el 2 de febrero de 2011 por Alberto Ortiz – Representante legal de “Colombian Bags” en el que consta que José Gonzalo Prada González “prestó una consultoría en comercio exterior y comercio internacional para la empresa Comercializadora Internacional Macalu S.A (…) durante el periodo comprendido entre enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005, con unos honorarios mensuales para el año 2004 por un valor de cuatro millones quinientos mil pesos M/CTE ($4.500.000.oo) y durante el año 2005 por un valor de cinco millones de pesos ($5.000.000.oo)”.
• Certificado de matrícula mercantil de persona natural expedido el 6 de abril de 2011 por la Cámara de Comercio de Bogotá en el que consta que el José Gonzalo Prada González, con matricula mercantil No. 0195622 del 13 de junio de 2001, es “propietario” del establecimiento de comercio “City Exchange” identificado con matrícula mercantil No. 01166208 del 15 de marzo de 2002.
Así las cosas, la Sala encuentra demostrado que para la época de los hechos, el demandante obtenía sus ingresos de la actividad comercial que desempañaba en el establecimiento de comercio de su propiedad - “City Exchange” y de las asesorías comerciales que realizaba a diferentes empresas en Colombia y Venezuela.
Sin embargo, pese a estar acreditada la actividad económica a la que se dedicaba el actor para la época en la que fue aprehendido, la Sala denegará lo peticionado por concepto de lucro cesante por los motivos que pasa a exponer.
En primer lugar, no está acreditado que las actividades comerciales desempeñadas por el demandante a través de sus establecimientos de comercio hayan cesado o hayan mermado su rentabilidad con ocasión de la privación de la libertad de la que fue objeto José Gonzalo Prada, por el término comprendido entre el 25 de agosto de 2005 y el 14 de marzo de 2006, esto es, 6 meses, 2 semanas y 3 días.
Al respecto, la Sala quiere anotar que obra el testimonio de Daniel Raad - persona cercana al demandante y quien manifestó que tuvo la “oportunidad de oír” por parte de la familia de José Gonzalo González, que con ocasión de la privación de su libertad se vio en la obligación de “cerrar sus negocios y abandonarlos”, sin embargo, lo cierto es que no obra otro medio probatorio que ratifique esta información, por el contrario, las pruebas documentales acreditan que la actividad económica continuó su ejercicio, como se verá más adelante. De manera que el testimonio será excluido.
Igualmente, obra el testimonio de Luis Antonio Pabón Gaitán quien manifestó conocer al actor desde hace más de “30 años” y sostuvo que “seguramente” la privación de la libertad “creaba una duda [en los clientes que] buscaron otras casas de comercio para realizar sus actividades”, por lo cual sugiere que José Gonzalo sufrió una merma en sus negocios. Dadas estas manifestaciones, la primera observación consiste en señalar la contradicción entre este testigo y el anterior, pues mientras el primero afirma el cierre de los establecimientos, este deja ver que ellos continuaron en funcionamiento, aunque con la dificultad por la merma en los negocios y la clientela, pero de cualquier manera, el testimonio es especulativo y carece de sustento probatorio, motivo por el que debe desecharse de la valoración probatoria.
Así las cosas, la Sala no encuentra acreditado que los establecimientos de comercio de propiedad de José Gonzalo Prada hayan cesado en el ejercicio de su actividad comercial – venta y compra de divisas, de modo que, aunque el demandante se haya visto privado de la libertad, el ejercicio de su actividad económica continuó a través de sus establecimientos de comercio, específicamente “City Exchange”, el cual no está probado que cerró.
Contrario sensu, la Sala tiene por acreditado que durante la privación de la libertad, la actividad de compra y venta de divisas continuó realizándose a través del establecimiento de comercio “City Exchange”, pues las declaraciones de renta del demandante registraron gastos de “nomina”, de “operaciones”, de “administración” y de “venta” en los periodos completos de 2005 y 2006, correspondientes al ejercicio de la actividad comercial reportada.
• En la declaración de renta correspondiente al año 2005 de José Gonzalo Prada González se registraron como gastos derivados del ejercicio de la actividad No. 6716 - actividades de los profesionales de compra y venta de divisas, los siguientes:
Gastos / renta
Concepto
Suma
45
GASTOS
“Nomina”
$48.944.000.oo
“Operacionales de administración”.
$258.252.000.oo
“Operacionales de venta”.
$47.583.000.oo
• A su vez, la declaración de renta correspondiente al año 2006 registró las siguientes erogaciones derivadas del ejercicio de la actividad No. 6716 - actividades de los profesionales de compra y venta de divisas, desempeñada por José Gonzalo Prada.
Gastos / renta
Concepto
Suma
GASTOS
“Nomina”
$37.547.000.oo
“Operacionales de administración”.
$148.602.000.oo
“Operacionales de venta”.
0
• Asimismo se observan los pagos realizados por José Gonzalo González durante el término comprendido entre septiembre de 2005 y marzo de 2006 (término de privación), en su calidad de “empleador” y a favor de sus “empleados” por concepto de aportes a seguridad social – pensión y salud.
Así las cosas, está acreditado que la actividad de comercio que el actor ejecutaba a través del establecimiento – “City Exchange” no cesó, pese a que el propietario de dicho establecimiento se encontraba privado de la libertad.
En otras palabras, José Gonzalo Prada González siguió ejerciendo su actividad comercial a través de su empresa y el establecimiento de comercio, de lo cual es dable inferir que el lucro producido en la marcha de sus negocios no cesó; inferencia que halla ratificación en las declaraciones de renta correspondientes a los años gravables 2005 – 2006, en las que consta que el actor percibió “renta líquida” por valores superiores a los $40.000.000.oo en razón al ejercicio de su actividad comercial.
En idéntico sentido, la Sala encuentra probado que José Gonzalo Prada, percibió como asesor comercial ingresos mensuales por valor de Bs.10.000.000.oo, Bs.5.000.000.oo y $5.000.000.oo durante el año 2005, como consta en los certificados expedidos el 10 y 13 de enero y 2 de febrero de 2011 por los Presidentes de las Compañías “Las Mil y un Correa”, “Colombian Bags” e “intec Ingenieria C.A”, pero esta prueba no acredita que el demandante haya dejado de percibir sus honorarios durante el periodo de privación de la libertad o por causa de ella, por el contrario, se itera, las certificaciones afirman que este fue el valor percibido a lo largo del año 2005.
Adicionalmente está acreditado que durante el término de privación, José Gonzalo Prada contaba no cesó en el pago de sus obligaciones ordinarias, de lo cual se infiere que los ingresos derivados del ejercicio de las actividades económicas desarrolladas mediante los establecimientos de comercio no cesaron y, además, eran suficientes para cancelar sus obligaciones económicas personales, según consta en los siguientes medios de prueba:
• Certificado emitido el 21 de agosto de 2007 por María Ovalle de Calero - administradora del “Edificio Centro Empresarial I” en el que consta que “el Doctor Gonzalo Prada canceló durante el mes de junio a diciembre del año 2005 por concepto de cuotas de administración de la oficina 106 del Edificio Centro Empresarial I la suma de $1.134.000 (un millón ciento treinta y cuatro mil pesos moneda corriente) y de enero a diciembre del año 2006 la suma de $2.376.000 (dos millones trescientos setenta y seis mil moneda corriente)”.
• Certificado expedido el 18 de enero de 2011 por Clara Gaviria de Montoya – Subgerente de relaciones públicas de la “Corporación Club El Nogal” en el que consta que José Gonzalo Prada “ha cumplido con sus obligaciones económicas” y que durante los años “2005” y “2006” canceló los siguientes valores:
Concepto
Año 2005
Año 2006
Cuota de sostenimiento
$458.000
$480.900
Cuota de parqueadero
$16.200
$18.300
Fundación
$10.000
$12.000
Fondo de empleados
$7.300
$7.300
Total
$492.700
$518.500
• Certificado expedido el 13 de enero de 2011 por Juan Manuel Bernal V – Administrador del “Edificio Tabago IV” en el que consta que “José Gonzalo Prada (…) propietario del apto 301, en el año 2005, realizó pagos por concepto de administración por valor de cinco millones novecientos veintiún mil seiscientos cuarenta pesos ($5.921.640)”.
En conclusión, la Sala evidencia que en el caso de autos no se encuentra acreditado el lucro cesante solicitado por la parte demandante, pues no está probado que José Gonzalo Prada González haya sufrido un cese en sus ingresos mensuales durante el término de privación de la libertad, ya que este derivaba su renta del funcionamiento del establecimiento de comercio “City Exchange”, de cuyo cierre no obra prueba alguna, y de las asesorías comerciales que según informa el material probatorio fueron canceladas en su totalidad para el año 2005.
4.4.2. Consideraciones sobre el segundo problema jurídico:
Para resolver el segundo problema jurídico, sea lo primero advertir que el sistema procesal colombiano ha abandonado el régimen de la tarifa legal probatoria para adoptar el principio de la libertad de la prueba y de la evaluación o apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica, lo que debe entenderse como la autorización para demostrar los hechos con cualquier medio de prueba que ofrezca convicción al juzgador.
Al respecto se dijo que el artículo 187 del C.P.C., dispone que “las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
Así, los códigos modernos, entre ellos el Código de Procedimiento Civil Colombiano, han consagrado el régimen de la sana crítica o persuasión racional, según el cual el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la sana crítica, es decir de la lógica, la ciencia y la experiencia.
En concreto, sobre la acreditación de los perjuicios, en sede de tutela la Corte Constitucional ha establecido que “es meridianamente claro que para probar los perjuicios, ninguna ley exige solemnidad especial alguna, existiendo además libre valoración de la prueba, que debe ser examinada en conjunto (…)”.
Entonces, el pago de los honorarios de la defensa técnica ejercida dentro del proceso penal que dio lugar a la privación injusta por la que se demanda, sí puede probarse con el paz y salvo o certificación expedida por el profesional del derecho, pero esta prueba debe ser valorada en conjunto con el restante material probatorio.
Ahora bien, sobre el perjuicio solicitado debe preverse que el daño emergente supone un detrimento patrimonial, por cuanto el perjudicado ha debido efectuar ciertas erogaciones económicas como consecuencia del daño. De modo que este perjuicio conlleva que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima; así que este será el hecho objeto de prueba.
En el caso concreto, la parte demandante peticionó a favor de José Gonzalo Prada González por concepto de daño emergente el valor total de $235.000.000.oo correspondientes a: (i) la pérdida que sufrió por el robo a su establecimiento, (ii) los gastos de honorarios de abogado y (ii) las erogaciones en las que incurrió dentro de la penitenciaria. El tribunal de primera instancia condenó a la entidad demandada a pagar el valor de $44.075.000.oo, equivalentes al pago de honorarios cancelados al abogado dentro del proceso penal y denegó las demás peticiones, para lo cual valoró el paz y salvo suscrito por el profesional del derecho y las actuaciones realizadas en defensa de Gonzalo Prada dentro del proceso penal.
En oposición, la entidad apelante consideró que el paz y salvo allegado no es suficiente para acreditar el pago de los honorarios del defensor y, por el contrario, “dicho pago debe corroborarse mediante consignación, recibo u (sic) algún otro medio”. Sin embargo la Sala confirmará el valor reconocido, en atención a que si bien la existencia del daño emergente se acreditó con fundamento en el paz y salvo expedido por el defensor, este hecho fue corroborado con el restante material probatorio que evidenció la defensa ejercida dentro del proceso penal.
En efecto, para acreditar este concepto, se aportó al plenario la certificación suscrita por el abogado Gustavo Salazar Pineda, de fecha 09 de agosto de 2007, en donde consta:
“El suscrito Gustavo Salazar Pineda expide paz y salvo a favor del señor Gonzalo Prada González (…) en donde consta que este me canceló la suma de US$25.000 (veinticinco mil dólares) por concepto de honorarios profesionales, por la defensa que se le hizo en el proceso que cursó en la Fiscalía 54 Seccional de Bogotá D.C.
Se aclara que dicha suma se canceló por el control de legalidad sobre la medida de aseguramiento que el Juzgado 6 Penal del Circuito desató en favor de Gonzalo Prada y otros”.
Aunado a lo anterior, fueron arrimadas al expediente las piezas procesales que acreditan la defensa ejercida por el Dr. Gustavo Salazar Pineda dentro del proceso penal que produjo la privación injusta de la libertad, a saber:
• Oficio por medio del cual el Dr. Gustavo Salazar Pineda solicitó al Fiscal 8vo Especializado, poner en libertad a Gonzalo Prada.
• Oficio por medio del cual el Dr. Gustavo Salazar solicitó al Juzgado 6º Penal del Circuito de Bogotá, adelantar el control de legalidad de la medida de seguridad impuesta en contra de Gonzalo Prada.
• Decisión proferida el 10 de marzo de 2006, por medio de la cual el Juzgado 6º Penal del Circuito de Bogotá resolvió el control de legalidad de la medida de aseguramiento impuesta al señor José Gonzalo Prada González, en donde consta que Gustavo Salazar Pineda obró dentro del proceso penal como su defensor de confianza y que “la medida de aseguramiento (…) resulta improcedente y va contra la legalidad, porque se está actuando sobre una acción penal prescrita y además sobre hechos que ya habían sido conocidos por la misma Fiscalía y sobre los cuales se había tomado decisión favorable al procesado (…) sin que haya surtido nueva prueba”.
En consecuencia, el Juzgado 6º Penal del Circuito de Bogotá declaró la ilegalidad de la medida de aseguramiento impuesta en contra de Gonzalo Prada González, por solicitud del abogado defensor Gustavo Salazar Pineda.
Así las cosas, la Sala encuentra acreditado que el profesional del derecho Gustavo Salazar Pineda, efectivamente, actuó como abogado defensor de Gonzalo Prada González, en el proceso penal adelantado en su contra, y que a su favor se pagó la suma de US$25.000, certificados en el paz y salvo antes transcrito. En consecuencia confirmará el lucro cesante reconocido en primera instancia en la suma de $44.075.000,oo, correspondientes US25.000, que se actualizará conforme a la fórmula reconocida por la jurisprudencia:
RA = Rh x índice final (fecha de esta sentencia)
Índice inicial (fecha de la sentencia de primera instancia)
RA= $44.075.000 142,50 (septiembre de 2018)
110,76 (marzo de 2012)
VP= $56.705.376,48.
En virtud de lo anterior, la Sala reconocerá a favor de José Gonzalo Prada González por concepto de daño emergente – pago de honorarios profesionales dentro del proceso penal, la suma de $56.705.376,48.
4.5. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2012 por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, cuya parte resolutiva quedará así:
PRIMERO: DECLARAR responsable a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto José Gonzalo Prada González.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:
Demandante
Calidad
Monto reconocido
José Gonzalo Prada González
Víctima directa
50 SMLMV
Ivette Cuello de Prada
Esposa
25 SMLMV
Lina María Prada Cuello
Hija
25 SMLMV
María Alejandra Prada Cuello
Hija
25 SMLMV
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de José Gonzalo Prada González la suma de $56.705.376,48 por daño emergente derivado del pago de honorarios.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: NO CONDENAR en costas.
SEXTO: En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Ponente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de Voto Cfr.Rad.36146-15 #1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00049-01(44914)
Actor: JOSÉ GONZALO PRADA GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (SENTENCIA)
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Cfr. Rad. 36146 15 # 1
Temas: Privación injusta de la libertad–Competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Privación injusta de la libertad-La sentencia C-037 de 1996 fijó el sentido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. Privación injusta de la libertad por in dubio pro reo-El demandante tiene la carga de demostrar que su detención es injusta.
ACLARACIÓN DE VOTO
1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:
Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.
A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.
Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:
En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.
En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.
Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta.
3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:
Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían ⎯probablemente⎯ conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ⎯ex post⎯ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.
Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.
Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Fls.364 – 367 C.P
Fls.345-358 C.P
Fls.1-25 C.1
Demanda subsanada mediante escrito del 13 de mayo de 2008. (Fls.47 – 49 C.1)
Fls.26 y 32 – 33 C.1
Fls.152-160 C.1
Fl.178-179 C.1
Fl.180 - 203 C. 1
Fl.217-227 C. 1
Fl.308 C. 1
Fls.309- 320 C.1
Fls.324-325 C.1
Fls.327-343 C.1
Fls.345 C.P
Fls. 364-367 C.P. Fls.377 C.P
Fls.380-385 C.P
Fls.386-387 C.P
Fls.402-408 C.P
Teniendo en cuenta que el 19 de octubre de 2006 se notificó la providencia (Fls.230 (reverso) C.2) y el artículo 187 de la Ley 600 de 2000. Fls.268 C.2
Fls.267-268 C.1
Para contar el término de caducidad de la acción de reparación directa debe considerarse lo previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 – que señala: “ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. Registro civil de matrimonio. Fls.164 C.1
Registro civil de nacimiento. Fls.165 C.1
Registro civil de nacimiento. Fls.166 C.1
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 1 de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 32800.“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 10 de febrero de 2010. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 16306. Cfr. Corte Constitucional C-583 de 1997. En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1 de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora Magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”. Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”.
O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106. Consejo de Estado – Sección Tercera –Sala Plena, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21.060. Consejo de Estado – Sala Plana de Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060. Fl.180 - 203 C. 1
Fl.217-227 C. 1
Fls.345 C.P
Fls. 364-367 C.P. Fls.409 C.P
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 19 de julio de 2017. Exp. 38251. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Reiterada en sentencias proferidas por la Subsección A. el 13 de abril de 2016, exp. 40.111. C.P. Marta Nubia Velásquez; y el 8 de noviembre de 2016. Exp.44697. Marta Nubia Velásquez. “La valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 2 de mayo de 2018, Exp. 40.265. C.P. Jaime Orlando Santofimio. “Con relación al testimonio de oídas, su valoración y ponderación, requiere del juez, como en todos los casos, determinar el valor de convicción del mismo y su real dimensión, se itera, bajo su apreciación en conjunto y con aplicación de las reglas de la sana crítica, ejercicio cuya complejidad se acentúa en tratándose de testimonios de oídas o aquellos calificados como sospechosos, los cuales, según se infiere de lo dicho en líneas anteriores, no pueden ser desechados de plano sino que rigidizan su valoración de cara al restante material probatorio, por cuanto serán examinados con mayor severidad”. Artículo 187. Apreciación de las Pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica (…)”
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, Exp. 42.301 y sentencia del 14 de marzo de 2016, Exp. 37.814, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Fls.52-53 C.2
Fls.74-97 C.2 y 1-24 C.17 de pruebas
Fls.57-73 C.2
Fls.38 C.17 de pruebas
Fls.234 C.2
Resolución No. 11351 de 2005. Art. 1.-.”Para efectos del control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se fija la siguiente clasificación de Actividades Económicas (…) 6716.- Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas”.
Fls.235 C.2
Resolución No. 11351 de 2005. Art. 1.-.”Para efectos del control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se fija la siguiente clasificación de Actividades Económicas (…) 6716.- Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas”.
Fls.11 C.6 de pruebas
Fls.10 C.6 de pruebas
Fls.6 C.6 de pruebas
Según consta en el informe y acta de derechos del capturado (Fls.54 C.2)
Según consta en la boleta de libertad del actor (Fls.49 C.11)
Fls.326 – 328 C.10 de pruebas
Fls.270 – 273 C.2
Fls.234 C.2
Resolución No. 11351 de 2005.
Fls.235 C.2
Resolución No. 11351 de 2005.
Fls.240-260 C.2
Fls.234 y 235 C.2
Fls.11 C.6 de pruebas
Fls.9 C.6 de pruebas
Fls.10 C.6 de pruebas
Fls.232 C.2
Fls.8 C.6 de pruebas
Fls.9 C.6 de pruebas
Corte Constitucional, sentencia T-1066, de fecha 11 de diciembre de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Consejo de Estado, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp.13.168.
Fls.233 C.2
Fls.186 -187 C.2
Fls.20-22 C.11 de pruebas
Fls.208-212 C.2
Cfr. Salvamento de voto de la Magistrada Ruth Stella Correa Palacios a la sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25.508.
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