Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00198-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00198-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00198-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
28 de junio de 2023
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 250002326000200800198-02 (53348)
Demandantes: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo -
S.A. E.S.P.
Demandada: Municipio de Soacha Empresa de Acueducto y
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Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. y otros
-
Referencia: Acción de reparación directa
Tema. Daños causados a prestadores de servicios públicos domiciliarios, por autoridades en
el cumplimiento de sus funciones.
Subtema 1. Actos de policía de naturaleza jurisdiccional competencia.
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Subtema 2: Responsabilidád del Estado por la actividad judicial error jurisdiccional.
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Subtema 3: Titularidad de las redes de acueducto y alcantarillado antes de la Ley 142 de 1994.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, en contra de la sentencia dictada el 1 de octubre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la falta de legitimación en la
causa por activa.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P. —en adelante
• -
Ecofuturo—, afirma que es la propietaria de la infraestructura de equipos y redes de
acueducto y alcantarillado instaladas en la Urbanización San Nicolás de Soacha,
por compra que hiciera el 15 de mayo de 2002 a la Urbanizadora San Nicolás
Limitada - en Liquidación. Desde entonces, Ecofuturo comenzó a prestar los
aludidos servicios públicos; no obstante, a partir de 2003 surgieron inconvenientes
con los usuarios, a tal punto que, en abril de 2006, la comunidad se tomó las
instalaciones de dicha empresa, viéndose compelida a interponer una querella de
lanzamiento por ocupación de hecho. Así mismo, por estas y otras dificultades, los
habitantes de ese sector instauraron una acción popular, en cuyo trámite, el 3 de
marzo de 2006 el Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá profirió una medida
cautelar y le ordenó al municipio de Soacha adelantar negociaciones con la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá —en adelante EAAB—, para que
fuera esta la que prestara los servicios públicos en la mencionada urbanización y,
así, zanjar los problemas que se venían suscitando. Con fundamento en la orden
judicial y en el escalamiento de los inconvenientes entre Ecofuturo y la comunidad,
la Alcaldía Municipal de Soacha, mediante Decreto No. 447 de¡ 14 de julio de 2006,
declaró la emergencia sanitaria y decretó la urgencia manifiesta; en consecuencia,
el 16 de julio dé ese año, la Alcaldía suscribió un convenio con la EAAB para la
prestación del servicio de acueducto en el Barrio San Nicolás y, en el marco del
referido convenio, el Municipio le entregó temporalmente las redes existentes en la
Urbanización San Nicolás a la EAAB.
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
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Por estos hechos, Ecofuturo estima que las demandadas, con sus conductas
administrativas y jurisdiccionales, le causaron daños que deben ser reparados, ya
que, por un lado, la despojaron de sus bienes y, por otro, le impidieron continuar
prestando los servicios públicos para los que estaba facultada.
H. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Ecofuturo S.A. E.S.P, el 6 de mayo de 2008 presentat demanda en ejercicio de la
-
acción de reparación directa', contra el municipio de Soacha; el ex alcalde de esa
municipalidad Jesús Ochoa Sánchez; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá S.A. E.S.P.; la Nación Ministerio de Defpnsa Policía Nacional, y
• -
la Nación Rama Judicial, con la pretensión principal, entre otras, de que esta
-
Jurisdicción declare responsable al municipio de Soacha y a su ex alcalde, por omitir
la restitución de la totalidad de la infraestructura destinada a la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado; a la EAAB, porque a partir del 16 de julio de
2006 recibió del Municipio las redes de acueducto y alcantarillado, a pesar de saber
que aquellas le pertenecían a la demandante; a la Policía Nacional por haberse
pegado a prestar su concurso para desalojar a los ocupantes de los bienes e
infraestructura de la accionante y, a la Rama Judicial,, por haber dispuesto como
medida cautelar dentro de la acción popular No. 2005-0555 que el servicio que
venía prestando Ecofuturo, lo prestara la EAAB, decisión que se mantuvo hasta que
fue revocada el 1 de abril de 2008 por el Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá.
Los hechos en los que la actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, son los
siguientes:
El 30 de abril de 1990, Planeación Municipal de Sóacha admitió el proyecto
urbanístico San Nicolás, presentado por la Urbanizadora que llevaba el mismo
nombre, a condición de que aquél contara con planta datratamiento, pavimentación
de vías y, acueducto y alcantarillado conforme a los diseños entregados por la
EAAB. El 5 de mayo y el 10 de junio de 1992 se suscribieron, entre el director de
Planeación y el residente de obra de la Urbanización, actas de recibo parcial de la
construcción del alcantarillado y de las redes de acueducto, aguas negras y aguas
lluvias; documentos que tenían fines de aprobación, más no de transferencia de
dominio al Municipio, pues, quien construyó con sus propios recursos las redes fue
la Urbanizadora San Nicolás y no el ente territorial. Desde entonces y, previa
concesión de la CAR para la extracción de aguas profundas, la Urbanizadora le
prestó el servicio de acueducto y alcantarillado a los habitantes de ese sector, hasta
que, en mayo 15 de 2002, la Urbanizadora le vendió 'a Ecofuturo a través de la
escritura pública No. 01191 otorgada por la Notaría 45 de Bogotá, la infraestructura
para la prestación del servicio y, a partir de esa calenda la demandante empezó a
prestar el servicio de acueducto y alcantarillado; sin embargo, a partir del año 2003,
Ecofuturo empezó a ser objeto de atropellos y violencia por parte de la comunidad
y, aunque informó de esa situación a la Alcaldía municipal, aquella hizo caso omiso
y no les prestó la atención debida. Pese a ello, continuó prestando el servicio y
haciendo el mantenimiento de las redes, hasta cuando el Municipio, en 2006, en
virtud de la declaración de emergencia sanitaria, decidib entregarle las redes a la
EAAB, lo que constituyó un despojo de sus bienes y, de contera, le impidió el
1 Demanda. Folios 3 a 38. cuaderno i. Escrito de corrección de demanda del 11 de junio de 2008.
Folios 44-65, c. 1.
2
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Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
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desarrollo de su actividad como entidad prestadora de servicios públicos, a
sabiendas que, desde 1999, Ecofuturo estaba registrada ante la Superintendencia
de servicios públicos domiciliarios, tenía la concesión de la CAR para la obtención
de aguas profundas, y era la propietaria de la infraestructura -pozos, planta de
tratamiento, tanques- y las redes de conducción.
2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia
Admitida la demanda2, notificado el auto admisorio3, y corridos los traslados de ley,
el municipio de Soacha presentó escrito de contestación4, en el cual indicó que
las obras de acueducto y alcantarillado recibidas en 1992 hacían parte de los
compromisos del urbanizador para entregar zonas y bienes de cesión al municipio
y que, en tal virtud, se habían recibido y se habían incorporado como bienes fiscales
del ente territorial; luego entonces, por el hecho de que la demandante viniera
operando el servicio de acueducto y alcantarillado en dicha zona, no podía atribuirse
para sí la propiedad de las redes. Adujo que la escritura que exhibía Ecofuturo para
demostrar propiedad sobre las redes se tornaba en un acto inexistente y, por tanto,
lo que venía haciendo era usufructuando y usando de manera ilegal dicho bien
público. Agregó que, para abril de 2006, la demandante ya no tenía capacidad para
seguir prestando los servicios, entre otras razones, por el agotamiento de los pozos
y la falta de potabilización del agua, sumado a que, desde el 10 de febrero de 2004,
había sido multada por la Superintendencia de Servicios Públicos y, el 3 de marzo
de 2006, se había proferido una medida cautelar en favor de la comunidad, todo por
lo cual, el municipio se vio obligado a declarar la emergencia sanitaria y a entregarle
la operación del servicio a la EAAB. En cuanto a la tasación de perjuicios, indicó
que era incomprensible que bienes que Ecofuturo dijo haber adquirido en 2002 por
valor de $19.500.000, seis años después ascendieran a $2.653.744.000. Como
excepciones propuso: (i) "falta de conciliación pre judicial como requisito de
procedibilidad"; (u) "indebida acumulación de pretensiones e indebida conformación
del litis consorcio necesario por pasiva", esto último, por cuanto no se podía vincular
de forma directa al ex alcalde Jesús Ochoa Sánchez; (iii) "culpa exclusiva de la
víctima y culpa de terceros", la primera, en razón a la incapacidad material de
Ecofuturo para seguir prestando los servicios y, la segunda, porque fueron los
usuarios quienes la despojaron temporalmente de las instalaciones de oficina y el
Municipio lo que hizo fue ordenar el lanzamiento; (iv) "cumplimiento de una orden
judicial y de un deber constitucional", aludiendo a la medida cautelar decretada
dentro de la acción popular, y que, ante tales circunstancias, el artículo 315 superior
le imponía tomar medidas; (y) "fuerza mayor", en razón a los motivos que lo llevaron
a declarar la emergencia sanitaria; (vi) "propiedad de las redes a favor del municipio
y falta de concesión para la explotación y prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado", según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 142 de 1994 y; (vi¡) "falta
de competencia", pues aquella se había determinado con fundamento en
pretensiones sobredimensionadas.
La EAAB, en su contestación5, manifestó que tuvo que prestar el servicio porque la
comunidad llevaba más de 48 horas sin agua; y, por lo mismo, suscribió
previamente un convenio con el Municipio, quien le entregó temporalmente las
redes; en consecuencia, no le asistía ninguna responsabilidad frente a los daños
2 Auto admisorio de la demanda del 20 de agosto de 2008. Folio 67. cuaderno 1.
Diligencias de notificación. Folios 167-174. Cuaderno 1 y, sello de anotación por estado de la
notificación surtida el 26 de agosto de 2008, folio 67, anverso, c. 1.
Contestación a la demanda del municipio de Soacha del 16 de marzo de 2009. Folios 69-85,
cuaderno 1.
Contestación de la demanda de la EAAB, del 14 de abril de 2009, Folios 86-93, c. 1.
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Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
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objeto de la pretensión de condena. Postuló como .excepciones: (1) "falta de
legitimación en la causa por pasiva"; (u) "inexistencia de la obligación de indemnizar
a cargo de la EAAB"; (iii) "ausencia de responsabilidad por el hecho de un tercero",
aludiendo a las distintas causas que conllevaron a la incapacidad de Ecofuturo para
prestar el servicio; (iv) "culpa exclusiva de la víctima" por la mala calidad del agua
suministrada; (y) "falta de agotamiento de requisito dé procedibilidad", y; (vi) la
excepción genérica.
La Rama Judicial, en su escrito de contestación6, áludió que ninguna de las
decisiones adoptadas dentro de las actuaciones promovidas por Ecofuturo era
constitutiva de error judicial. Como excepciones formuló: (i) "falta de causa para
demandar"; (u) "falta de legitimación por pasiva", (iii) la éxcepción innominada.
Finalmente, la Policía Nacional, en su contestación7 rdirió que, frente a los oficios
mediante los cuales la demandante había solicitado :protección porque algunos
usuarios se habían tomado las instalaciones, se cónstataba que había dado
acompañamiento el día de la diligencia de lanzamiento 'y que no había incurrido en
ninguna omisión que comprometiera su responsabilidad. Como excepciones
propuso: (i) "falta de legitimación por pasiva"; (u) "cadücidad de la acción", porque
la demandante aducía que no había prestado protección el día 7 de abril de 2006
cuando los usuarios se tomaron las instalaciones y, la demanda se interpuso hasta
mayo 6 de 2008; y (iii) la excepción genérica.
Agotado el periodo probatorio8, el Tribunal corrió traslado a las partes9 para que
presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto. Así lo hicieron la parte demandante, para insistir en lo ya expuesto y
decir que las actas de recibo de las redes eran de ' verificación y no conferían
titularidad, sumado a que no tenían validez porque fueron suscritas por el residente
de obra10; la EAAB,11 la Policía Nacional` y el municipio de Soacha13 reiteraron
lo expuesto en precedencia, mientras que el Ministerio Público rindió concepto14 en
el cual indicó que se debía declarar la ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia de la acción, dado que los hechos referían a que los daños y
perjuicios fueron causados por la expedición del DecretQ 477 del 14 de julio de 2006,
mediante el cual se declaró la emergencia sanitaria y, erj ese sentido se debió acudir
en nulidad y restablecimiento.
2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profiriósentencia el 1 de octubre de
201415, en la que declaró la falta de legitimación poractiva, tras determinar que
Ecofuturo había concurrido en su calidad de propietaria,de la planta de tratamiento,
la red de acueducto y el lote 71 con la casa ubicada en la carrera 17 No. 23-05 de
Soacha, donde se había construido el pozo No. 1, bienes que había adquirido
mediante escritura pública No. 1191 del 15 de mayo dé 2002; sin embargo, en lo
Contestación de la demanda de la Rama Judicial, del 14 de abril de 2009! Folios 188-196, c. 1.
77 Contestación de la demanda de Policía Nacional, del 14 de abril de 2009, Folios 212-220, c. 1,
8 Auto que abrió el periodo probatorio el 21 de octubre de 2009. Flios 238-240. Cuaderno 1.
9 Auto del 24 de julio de 2014 que corrió traslado para alegar d&conclusión en primera instancia.
Folio 81. Cuaderno 3.
10
Escrito de alegatos de conclusión de primera instancia. Folios 100-109, c. 3.
11 Escrito de alegatos de conclusión de primera instancia. Folios 83-99, c. 3.
12 Escrito de alegatos de conclusión de primera instancia. Folios 123-127, c. 3.
13
Escrito de alegatos de conclusión de primera instancia. Folios 153-151, c. 3.
14 Concepto del Ministerio Público. Folios 154-200, c. 3.
15 Sentencia de primera instancia. Folios 206-217. Cuaderno principal.
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Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa do Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
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referente a la casa, solamente se contaba con la mencionada escritura porque la
había aportado el perito al rendir dictamen, a partir de la cual se podía acreditar el
título, no así el modo, pues no se allegó el certificado de inscripción en la oficina de
registro de instrumentos públicos. Adicionalmente, indicó el Tribunal que, respecto
de las redes de acueducto y alcantarillado, aquellas fueron construidas por la
constructora de la Urbanización San Nicolás de Soacha y, por lo mismo, conforme
al artículo 50 de la Ley 9 de 1989 eran bienes de uso público de propiedad del
Municipio, quien las entregaba temporalmente a las empresas prestadoras de
servicios públicos.
2.4. El recurso de apelación
Inconforme con el fallo de primera instancia, Ecofuturo interpuso recurso de
apelación16 , con la pretensión de que esta Corporación lo revoque y, en su lugar,
acceda a las súplicas de la demanda. Como motivos de disentimiento el apelante
sostuvo que, por tratarse de bienes muebles y de redes de acueducto y
alcantarillado, la escritura era suficiente para probar la propiedad y no se requería
de registro en instrumentos públicos. Añadió que, si bien las redes pasaban por
parte de las zonas de cesión vial, no podía solicitarse la inscripción de aquellas,
pues implicaría desconocer la ley de servicios públicos que le otorgaba titularidad
al constructor. Adujo que, solicitar inscripción en la oficina de registro respecto de
las redes, implicaba tanto como sostener que, si no estaban registradas se
tornaban en un bien mostrenco que no le pertenecía a nadie, lo cual era ilógico;
además, que en la sentencia no se explicaba sobre qué bien inmueble debía
inscribirse la titularidad. Esgrimió que la ley no obligaba a registrar las redes de
acueducto y alcantarillado ni sus componentes; en síntesis, que estaba
demostrada la titularidad por parte de la demandante sobre esos bienes y, por
ende, su interés y legitimación en la causa.
2.5. El trámite procesal relevante de segunda instancia
Concedido el recurso17 y admitido por esta Corporación18, se corrió traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión19, y al Ministerio Público
para que emitiera su concepto. En dicha oportunidad, la parte actora 20, agregó que
sobre el Lote 71 no se había efectuado reclamación alguna en la demanda y, en
todo caso, que el respectivo folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40151897
reposaba en el expediente. En cuanto a las redes, arguyó que aquellas no
precisaban de registro porque estaban instaladas a lo largo y ancho de la
urbanización y que, si se exigiera aquel, el Municipio tampoco podría aportarlo. El
municipio de Soacha, por su parte, alegó que el recurso de apelación no estaba
sustentado y debía declararse desierto, reiteró su propiedad sobre las redes y
agregó como fundamento el artículo 674 del C.C. La EAAB21 replicó lo expuesto.
Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio22.
Finalmente, ante la existencia de puntos oscuros o dudosos, por auto del 7 de mayo
de 2021 la Subsección decretó pruebas necesarias para un mejor proveer23, de cuyo
16 Recurso de apelación. Folios 219-220. cuaderno principal.
17 Auto del 29 de enero de 2015. Folios 222. cuaderno principal.
18 Auto del 22 de abril de 2015. Folio 225. cuaderno principal.
19 Auto del 20 de mayo de 2015 que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia.
Folio 227. cuaderno principal.
20 Escrito de alegatos de segunda instancia. Folios 253-254. cuaderno principal.
21 Escrito de alegatos de segunda instancia. Folios 235 -252. cuaderno principal.
22 Constancia secretarial. Folio 261. Cuaderno principal.
23 Folios 303-308. Cuaderno principal.
5
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
-
recaudo se dio el respectivo traslado a las partes mediante auto del 25 de octubre
de 202224, debidamente notificado el 1 de noviembre de 202225.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Problema jurídico
Habida cuenta de que la sentencia fue apelada por una sola de las partes, en
principio, la Sala debe circunscribirse a los contornos de la apelación26. Sin
embargo, el fallador de segundo grado está facultado para pronunciarse sobre las
cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito27 y, por tanto, deberá
abordar aquellos presupuestos procesales ineludibles que preceden el análisis de
la legitimación, tema central del recurso.
En línea con ese propósito, valga indicar que, aun cuando el Tribunal de instancia
le dio un miramiento uniforme a la demanda desde el presupuesto de la legitimación
activa y discurrió mediante ese tópico una decisión general que abarcó todo el
conglomerado petitorio; en esta oportunidad, la Sala advierte que, por tratarse de
una demanda que acumula de forma difusa diversas pçetensiones contra distintos
demandados28, las cuales, pese a perseguir la misma finalidad resarcitoria, difieren
en cuanto al sustrato o causa del daño y, por ende, ameritan un estudio por
separado. En tal virtud, la Subsección deberá formularse y resolver, en su orden,
las siguientes preguntas:
1. ¿Le asiste competencia a la jurisdicción de lo contncioso administrativo para
conocer de aquellos daños invocados por la demandahte que provienen de actos
de policía que, por su naturaleza, son considerados actos jurisdiccionales?
2. ¿Es la acción de reparación directa adecuada para tramitar y resolver al unísono
las diferentes pretensiones de la demanda?
3. ¿Ecofuturo acudió a demandar dentro de la oportunidad que correspondía a cada
uno de los daños cuya reparación pretende?
4. ¿Le asiste legitimación en la causa por activa a Ecofuturo para reclamar por los
daños que guardan relación con la titularidad de las redes de acueducto y
alcantarillado instaladas en la urbanización San Nicolásde Soacha?
Finalmente, si se resuelven de manera afirmativa los 'anteriores interrogantes, la
Sala deberá adentrarse en el respectivo juicio de responsabilidad estatal.
24
Cfr. Índice 116 SAMAI.
25
Cfr. índice 118 SAMAI.
26
De acuerdo con lo previsto en el articulo 328 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable
en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada. Cfr. Consejo de Estado,
Sección Tercera. Auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia, del 29 de marzo de 2019, exp.
43864. En el mismo sentido ver: sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 05001-23-26-000-1994-
02321-01 (20104); sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 50001-23-31-000-1997-06093 01
(21060) y sentencia de unificación del 6 de abril de 2018, exp. 46095.
26
Para el momento en que se interpuso la demanda —6 de mayo de 2008— la norma vigente era el
CCA., que, en materia de acumulación de pretensiones, en su artículo 145 remitía al Código de
Procedimiento Civil. Dicha codificación, en su articulo 82, entre otro requisitos, establecía: También
podrán formularse en una demanda pretensiones de varios 'demandantes o contra varios
demandados, siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto,
o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse éspecificamente de unas mismas
pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros".
6
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
'Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro - S.A. E.S.P.
3.2. Hechos probados relevantes para la resolución de los problemas jurídicos
enunciados
La Sala precisa que las copias de los documentos simples que respaldan los hechos
que se relacionan a continuación, estuvieron a disposición de las partes en este
contencioso y no fueron tachadas de falsedad, motivo por el cual constituyen medios
de prueba válidos29. Siendo así, el material de prueba aportado al expediente da
cuenta de los siguientes hechos:
3.2.1. Mediante "Acta de Junta de Planeación No. 02 del 29 de marzo 1990", la
Alcaldía Municipal de Soacha aprobó el proyecto urbanístico presentado por la
Urbanizadora San Nicolás y autorizó su inclusión dentro del perímetro urbano. Para
impartir la aprobación se tuvo en cuenta que, entre otros documentos, la
Urbanizadora presentó el permiso para la explotación de agua subterránea y la
radicación de factibilidad de servicios tanto de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, como de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá30. Así
mismo, a través de la Resolución No. 0011 del 30 de abril de 1990, Planeación
Municipal aceptó el proyecto "Urbanización San Nicolás" y, le concedió a la
Urbanizadora un plazo de 24 meses para la ejecución de las "obras de urbanismo
tales como vías, según especificaciones y planos aprobados; pozos y tratamiento
de aguas, redes de acueducto, alcantarillado, energía y teléfonos, según planos
aprobados por las empresas respectivas y la debida adecuación de las mismas,
como también, las zonas de cesión 1,31, estas últimas, de acuerdo con el
procedimiento de entrega establecido en el Acuerdo 021 de diciembre de 1986.
3.2.2. El 5 de mayo de 1992, entre el arquitecto Ricardo Ramírez de la Oficina de
Planeación y el ingeniero residente de las obras Juan Alejandro Sierra Valencia en
representación de la Urbanizadora, suscribieron cinco "Actas de recibo parcial de
obras de urbanismo de la Urbanización San Nicolás de Soacha", haciéndose
constar en aquellas que: "A petición del urbanizador, se ha visitado la obra, e
inspeccionado las labores que en ella se adelantan en la construcción de
alcantarillado de aquas neqras ( ... ) se observa el cumplimiento de las
especificaciones y los planos de construcción ( ... ) en tal consideración se autoriza
el recibo de las obras mencionadas ( ... )". De estas obras se levantaron tres actas,
cada una con tramos diferentes. Las otras dos actas son similares, pero constatan
el recibido de las redes de acueducto en tuberías PVC de unión mecánica 32 y
construcción de alcantarillado de aquas lluvias. 33
3.2.3. El 10 de julio de 1992, entre el arquitecto Edilberto Hidalgo Martínez de la
Oficina de Planeación y el ingeniero residente de las obras Juan Alejandro Sierra
29 El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil (CPC), aplicable en este caso, enuncia que las
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio
de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. De
esta manera, los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y
su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; así mismo, las copias
simples traídas al plenario serán tenidas en cuenta, puesto que no han sido objeto de tacha de
falsedad por la parte contra la cual se aducen. Respecto a su alcance, los documentos públicos, de
conformidad con el articulo 264 del CPC, hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las
declaraciones que en ellos haga el funcionario que lo autoriza; a su vez, los documentos privados tal
como lo dispone el artículo 279 del cpc, tienen el mismo valor probatorio que los documentos
públicos, ya sea entre quienes los suscribieron y sus causahabientes como, respecto de terceros.
° Folios 30-31, c. 5.
31 Folios 235-237, c. 6 de pruebas. Resalte fuera de texto.
32 Folios 33- 35, c. 5
33 Folio 239-245, c. 6 de pruebas
7
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro - S.A. E.S.P.
Valencia en representación de la Urbanizadora, se suscribió Acta de recibo parcial
de obras de urbanismo de la Urbanización San Nicolás de Soacha", en la cual se
hizo constar: "A petición del urbanizador, se ha visitado la obra, e inspeccionado las
labores que en ella se adelantan en la construcción de alcantarillado de acivas
lluvias ( ... ) correspondientes a la red No. 1 de la Urbanización ( ... ) se observa el
cumplimiento de las especificaciones y los planos de construcción ( ... ) en tal
consideración se autoriza el recibo de las obras mencionadas (..j."34. En el mismo
sentido se suscribieron otras cuatro actas, tres de ellas para "construcción de las
redes de acueducto en tuberías PVC de unión mecánica" en distintos tramos y, la
otra, para "construcción de alcantarillado de aquas neqras"35.
3.2.4. El 24 de noviembre de 1992, el señor Mauricio Pinzón Alameda como
representante legal de la Urbanizadora San Nicolás, se comprometió con la Oficina
de Planeación Municipal de Soacha, entre otros, a: "entregar en funcionamiento el
sistema de acueducto, con la respectiva planta de tratamiento y uno de los seis
tanques proyectados, en un término no mayor a treinta (30) días. Además, entregará
las demás obras de urbanismo en la medida que se vayan concluyendo las mismas'.
Así mismo, la oficina de Planeación se comprometió a: "Expedir las licencias de
construcción en el momento que el usuario aporte los documentos exigidos por esta
oficina - Hacer cumplir al urbanizador con la entrega de las obras de urbanismo
proyectadas según planos y sus respectivas especificaciones"36.
3.2.5. El 28 de enero de 1993, se suscribió "Acta de recibo parcial de obras de
urbanismo de la Urbanización San Nicolás de Soacha", por el arquitecto Edilberto
Hidalgo Martínez de la Oficina de Planeación y el ingeniero residente de las obras
Juan Alejandro Sierra Valencia en representación de la Urbanizadora, para la
entrega de las vías peatonales y vehiculares y de la zona de cesión especial de uso
exclusivo de la comunidad 11.37
3.2.6. Mediante escritura pública No. 01167 del 30 de mayo de 200038 de la Notaría
2. de Soacha, se protocolizó, entre el liquidador y'representante legal de la
Urbanizadora San Nicolás39 y el representante del municipio de Soacha, la entrega
definitiva de las zonas de cesión, así: a) generales, dzonas de cesión verdes y
zonas de cesión viales, zonas de cesión especial, b) zona de aislamiento colindante
con el río, c) vías vehiculares40; así como las zonas de urbanismo determinadas en
la Resolución 011 del 30 de abril de 1990, recibidas conforme a las actas que se
protocolizan41, cesión de derechos sobre zonas de pantano, vías principales y
servidumbres. Así mismo, en el parágrafo de la cláusula séptima se estipuló: "la
cesión a título gratuito que por este instrumento se perfecciona, versan (sic) única y
exclusivamente las obras de urbanismo contempladas en las actas que se
protocolizan y sobre la propiedad de las zonas determinadas como de cesión y
vías". Con tal fin, se protocolizaron las actas del 28 de enero y 12 de abril de 1993
atinentes al recibo de zonas peatonales, viales, de cesión especial y de uso
exclusivo de la comunidad.
34 Folio 246, c. 6 de pruebas.
35 Folios 159-164, c. 7.
36 Folio 247, c. 6 de pruebas.
37 Folios 248-254, c. 6 de pruebas. Respecto de las zonas de cesión especial, se dice que aquellas
son: parqueos 11 y 2 1 y zona de cesión 1 L.
38 Folios 270-334, c. 6 de pruebas
19 También acudió en representación de las firmas ARTURO MARTÍNEZ GÓMEZ CONSULTORES
& CIA LTDA. Y la fundación HOGAR MARGUERITE DYOVILLE.
° Cláusula quinta.
41 cláusula sexta.
8
• Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo - S.A. E.S.P.
3.2.7. El 29 de septiembre de 1998, mediante escritura pública No. 4084 de la
Notaría Trece de Bogotá, se constituyó la Empresa Ecofuturo S. A. - E.S.P.42, la cual
se registró el 8 de julio de 1999 ante la Superintendencia de Servicios Públicos como
"ente prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo"43.
3.2.8. El 15 de mayo de 2002, ante la Notaría 45 de Bogotá, se suscribió la escritura
pública de venta No. 0119144 entre Urbanizadora San Nicolás Ltda., en liquidación
—vendedora— y Ecofuturo S.A. —E.S.P., —compradora—, que tuvo por objeto la
venta de los siguientes bienes:
1. PLANTA DE TRATAMIENTO
Tanque de distribución No. 1 hecho en concreto
Volumen de 623 metros 3.
Tanque de distribución No. 2 hecho en concreto
Volumen 176 M3.
Cuarto de motobombas construido en ladrillo y pañete, techo en placa en
concreto
2. RED DE ACUEDUCTO
a- Tubería PVC de 6" 920 Mts aprox.
b- Tubería PVC de 47.930 Mts aprox.
3. RED DE ALCANTARILLADO
a) - aguas lluvias
Tubería de 10" 150 Mts. Aprox.
Tubería de 12" 410 Mts. Aprox.
Tubería de 14" 520 Mts. Aprox.
Tubería de 16" 30 Mts. Aprox.
Tubería de 18" 165 Mts. Aprox.
Tubería de 21" 540 Mts. Aprox.
Pozos de inspección
b- Aguas negras Red de tubería e (sic) evacuación de aguas negras de
diámetros comprendidos entre 8" y 14" 8.000 mts. Aprox.
4. Oficinas. A) El lote de terreno número setenta y uno (71) de la manzana
de la Urbanización San Nicolás ( ... ) ubicada en ( ... ) carrera 17 # 23-05 ( ... )
Sobre este lote igualmente se construyó el pozo No. 1, sobre un área de siete
metros cuadrados"
Se indica que el lote fue adquirido por escritura pública No. 5.680 del 13 de octubre
de 1989 de la Notaría 37 de Bogotá y que los otros bienes los construyó la
vendedora de sus propias expensas.
3.2.9. Sin que se tenga una fecha precisa, se sabe que Ecofuturo sustituyó a la
Urbanizadora San Nicolás en la prestación del servicio de Acueducto y
Alcantarillado para los habitantes de la Urbanización San Nicolás; no obstante, a
partir de 2003 se empezaron a presentar contratiempos con los usuarios45 y,
42
Folios 4-27, c. 5.
43 Constancia expedida por la mencionada Superintendencia - Folio 36, c. 5.
44 Folios 110-114, c. 7.
45
Tal como consta en diferentes comunicaciones de ese año allegadas junto con el escrito de
demanda y como se refiere en los mismos hechos del escrito introductorio, entre ellas: petición del
7 de septiembre de 2003 enviada al Alcalde Municipal de la época (fIs. 51-54, c. 5), comunicación
del 17 de septiembre de 2003 dirigida al Inspector de Policía (fI. 56, c. 5), comunicación del 18 de
9
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo - S.A. E.S.P.
también, a comienzos de 2006 inconvenientes operativçs, ya que de los dos pozos
existentes, uno de ellos quedó fuera de servicio por el ata sco de la tubería de lavado
y el otro corría riesgo de colapsar en cualquier momehto por sobre trabajo. Ante
esta situación, el 27 de enero de 2006, Ecofuturo envió comunicación a la EAAB,
narrándole las dificultades por las que atravesaba y solicitándole que se le
incorporara a la red de distribución de agua potable de esa empresa46. Así mismo,
el 8 de marzo siguiente le reiteró a la EAAB las dificultades y le solicitó evaluar la
posibilidad de que se le vendiera "agua en bloque"47.
3.2.10. Los problemas de Ecofuturo con la comunidad de la Urbanización San
Nicolás se agudizaron, a tal punto que, en abril de 2006, algunos usuarios se
tomaron de forma violenta las instalaciones de dicha empresa, viéndose esta en la
necesidad de interponer el 11 de abril de ese año una uerella de lanzamiento por
ocupación de hecho48. Mediante Resolución No. 998 del 2 de mayo siguiente, la
Alcaldía Municipal admitió la querella y decretó el lanzamiento de los ocupantes del
bien inmueble ubicado en la calle 25 Sur No. 20 A- 51 de la Urbanización San
Nicolás y comisionó la práctica de la diligencia 49; no obstante, la querellante solicitó
adición y reposición para que la orden se hiciera extensjva a cualquier persona que
penetrara en las instalaciones y, para que cobijara a l planta de tratamiento y los
equipos con los que surtía el agua a la comunidad. Meidiante Resolución No. 1432
del 11 de junio de 2006 0 se decidió no reponer lo decidido, en atención a que el
articulo 15 de la Ley 57 de 1905 no contemplaba ningún recurso para la orden de
lanzamiento. Finalmente, la diligencia de lanzamie to se concluyó el 15 de
çi
septiembre ulterior51.
3.2.11. En el entretanto, uno de los habitantes dé la Urbanización —Oscar
Leguizamo— interpuso una acción popular contra el mú'nicipio de Soacha y otros, la
cual se tramitó inicialmente ante el Juzgado 34 Civil dé¡ Circuito de Bogotá, bajo el
radicado No. 2005-555, despacho que, por auto del 3 de marzo de 2006 le ordenó
como medida cautelar al municipio de Soacha que: "en el perentorio e improrrogable
plazo de los tres (3) días siguientes de notificársere este proveído proceda a
adelantar con la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
E.A.A.B. las conversaciones o negociaciones tendientes a alcanzar que esta
Empresa en lo sucesivo sea quien le preste el servicio de acueducto a las
comunidades acá aludidas. Negociación que como máximo en un plazo de quince
(15) días, tiene que mostrar sus resultados favorables para las Urbanizaciones ( ... )
del barrio San Nicolás ( ... ) pues es lo cierto que estamos en presencia de una
situación que amenaza la SALUBRIDAD PUBLICAS (sic) de las gentes de esos
lugares por razón que el agua allí distribuida no es apta para el consumo humano,
tal y como se colige del aludido dictamen521'.
3.2.12. El 27 de marzo de 2006, Ecofuturo le comunicó a la Alcaldía municipal de
Soacha que: "en la actualidad en el Sector San Nicolás el servicio no se presta
continuamente en razón a la problemática del pozo 1, el excesivo consumo
generado por la comunidad (27 m3 /mes) ( ... ) por la falta de micromedición, el hurto
septiembre de 2003 dirigida a las Juntas de Acción Comunal de los Barrios San Nicolás, Conviba 1
y 2 y Casa Bonita (fIs. 59-63, c. 5), entre otros.
46 Folio 115, c. 1.
° Folio 130, c. 1.
48 Escrito de querella. Folios 334-335- c. 1.
1'
49 Folios 425-428, c. 2.
° Folios 432-434, c. 2.
51 Folios 448-451, c. 2.
52 Archivo contenido en el sistema de información judicial del Consejo de Estado SAMA¡ y, a folio
119, c. 5.
10
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro S.A. E.S.P.
-
de fluidos, el no pago de recibos de consumo ( ... ) hace insostenible para
ECOFUTURO S.A. E.S.P., la prestación del servicio, en consecuencia le
notificamos que la Empresa no está interesada en continuar con la prestación de
los servicios públicos domiciliarios", e indica que no está dispuesta a entregar las
redes a ningún operador o prestador, mientras no se llegue a un acuerdo respecto
del reconocimiento del uso o compra de las redes de acueducto y alcantarillado, los
pozos profundos, la planta de tratamiento y las instalaciones locativas, de las que
dijo eran de su propiedad53.
3.2.3. En vista de que, desde hacía más de dos meses los habitantes de la
Urbanización San Nicolás no venían teniendo una real y efectiva prestación del
servicio público de acueducto y alcantarillado; de las manifestaciones, paros y toma
de calles por parte de la comunidad; así como de la medida cautelar decretada en
la acción popular; la Alcaldía Municipal de Soacha, mediante Decreto No. 447 del
14 de julio de 200654 declaró la emergencia sanitaria en la Comuna Uno y decretó
la urgencia manifiesta, con el fin de suscribir convenios para solucionar el problema
sanitario del Barrio San Nicolás. Allí se indicó que: "revisados los archivos de la
administración municipal se encontró actas de fecha de 5 de mayo de 1992, de
entrega por parte del Constructor y recibido del Municipio, de obras de urbanismo,
especialmente Redes de acueducto en tuberías en la Urbanización San Nicolás, [lo
que] significa que la empresa ECOFUTURO ha venido utilizando redes del
municipio en forma irregular manifestando e induciendo en error a la administración
en el sentido de que eran de propiedad exclusiva de ese operador privado".
3.2.4. El 16 de julio de 2006, la Alcaldía de Socha suscribió convenio con la EAAB55
para la prestación del servicio de acueducto en el Barrio San Nicolás "a través de
las redes que para el efecto le entrega temporalmente EL MUNICIPIO, sin costo
alguno para la empresa ( ... )".
3.3. Consideraciones sobre los problemas jurídicos: presupuestos procesales
de la sentencia de mérito
3.3.1. Competencia
La Sala es competente para conocer el caso objeto de estudio, en virtud del recurso
de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso con vocación de
segunda instancia ante el Consejo de Estado, de acuerdo con los artículos 129 y
132.6 del C.C.A.56.
No obstante, respecto de las pretensiones que arraigan el daño en actos de policía
que, por su naturaleza, puedan ser considerados jurisdiccionales, esta Corporación,
en los términos del artículo 82 del CCA. —norma vigente para la época en que se
interpuso la demanda— carece de competencia57. Esta circunstancia se advierte
53 Folios 412-416, c. 2.
54 Folios 138-141, c. 1.
55 Folios 136-137, c. l.
56 De acuerdo con lo consignado en el articulo 40 de la Ley 446 de 1998, la cuantía requerida para
que un proceso tuviera vocación de doble instancia debía superar los 500 SMLMV para la época de
la radicación de la demanda. La parte actora presentó la demanda el 6 de mayo de 2008 (Folio 3.
Cuaderno 1), en la que, tan solo por lucro cesante estimó la pretensión en $5.252.531.384 (Folio 4.
Cuaderno 1), cifra que, supera ampliamente la cuantía establecida.
57
"ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de
policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las
11
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro - S . A. E.S.P.
respecto de uno de los daños que se le reclama al municipio de Soacha, si se tiene
en cuenta que, en el escrito con el cual se subsanó la demanda, la parte actora
concretó el daño proveniente de este demandado, así:
El daño comienza a consolidarse por la omisión en restituir a mi poderdante LA
TOTALIDAD de la infraestructura destinada para el efebto, situación que inició
con la expedición de la resolución 998 del 2 de mayo de 2006 en la cual el
señor JESUS OCHOA SÁNCHEZ, en calidad de Alcalde Municipal de Soacha
ordenó el lanzamiento de las personas que ocupában uno solo de los
inmuebles destinados por mi mandante para la prestación del servicio
mencionado en este escrito, omitiendo restituir la totalidad de la infraestructura
y demás bienes utilizados para el desarrollo del objeto social de la accionante
(...).
Se hace notorio que, aun cuando la parte demandante intentó encauzar el daño a
través de un supuesto de omisión para gestionarlo judicialmente a través de la
reparación directa, en el fondo, su reproche va dirigido a cuestionar las decisiones
adoptadas en las resoluciones expedidas a instancias de la querella de lanzamiento
por ocupación de hecho —Resolución 998 del 2 de mayo de 2006 por medio de la
cual se admitió la querella y comisionó la práctica de la diligencia de lanzamiento y,
Resolución No. 1432 del 11 de junio siguiente, que resolvió no reponer el anterior
proveído;— lo que margina el asunto de los alcances de esta jurisdicción, dado que,
precisamente, con tales decisiones se concluyó el procedimiento policivo
administrativo de lanzamiento por ocupación y, si bien, desde el punto de vista
material excepcionalmente pueden existir eventos qte, por sus circunstancias
particulares, hagan correr ese cerrojo jurisdiccional y trasuntar hacia una reparación
directa58, se considera que este no es el caso porque la accionante centra la censura
en que la decisión de querella debió cobijar todos los bienes, es decir, enrostra su
ataque de forma directa contra la decisión adoptada dentro del trámite policivo y, de
esa manera, materializa la restricción jurisdiccional que contempla el articulo 82 del
CCA. A esto se añade que, inclusive, si no existiera.a exclusión prevista en el
mencionado artículo, el asunto tampoco podría resolverse a través del medio de
control invocado ya que los reparos de la demandante sobre este punto de la
controversia serían los típicos de una acción subjetiva de lesividad y no de una
reparación directa, así nominalmente hubiera invocado esta última59; en definitiva,
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional". —se, resalta—
Sobre este particular, esta corporación ha precisado que: "[l]os actos administrativos de las
autoridades de policía son aquellos tendientes a la preservación del orden, la tranquilidad, la
seguridad, la salubridad y las condiciones económicas de convivencia social en tanto que los de
naturaleza iurisdiccional son los Que están encaminados a resolver los conflictos que surqen entre
dos partes, como sucede con los amparos posesorios y de tenencia de bienes". -se resalta-. consejo
de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de julio de 2013.
Rad. 27088. En el mismo sentido, sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 27088.
La Corte Constitucional también ha dicho: "La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en
resaltar que "cuando se trata de procesos policivos para amparar, la posesión, la tenencia, o una
servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten
son actos jurisdiccionales". Por su naturaleza de actos jurisdiccionáes, frente a las decisiones de los
organismos de policía no es posible ejercitar los mecanismos propios de la jurisdicción contencioso
administrativa". Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2011.
58 Una de esas posibilidades puede darse cuando, por ejemplo, los inspectores de policía actúan en
cumplimiento de una comisión judicial, en cuyo caso, la naturalezade sus actuaciones, conforme a
la génesis del encargo, se entiende también judicial. Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2021, Rad. 25000-23-26-900-2012-00494-01(54626)
59 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, SubsecciÓrA, sentencia del 8 de noviembre
de 2021, Rad. 54001-23-31-000-2004-00993-01(31391)
12
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro S.A. E.S.P.
-
el asunto que se trajo al contencioso, tal como fue planteado, no es del resorte
competencia¡ de la jurisdicción60.
Cabe advertir, además, que, en relación con el municipio de Soacha, en algunos
hechos y en las pretensiones la demandante también alude al daño derivado del
despojo de las redes de su propiedad para entregárselas a la EAAB, entendiéndose
que tales aspectos sí están dentro de la competencia de esta jurisdicción; sin
embargo, distinto será establecer si es procedente su encauzamiento por medio de
la acción de reparación directa.
3.3.2. Acción procedente de acuerdo con la causa petendi referida en la
demanda
En algunos apartes de la demanda se refiere a que el municipio de Soacha y,
también de forma personal el alcalde de la época Jesús Ochoa Sánchez61,
despojaron a Ecofuturo de la propiedad de las redes de acueducto y alcantarillado
para entregárselas a la EAAB, haciéndose alusión al Decreto 447 del 14 de julio de
2006, por medio del cual se declaró la emergencia sanitaria con el objeto de
suscribir convenio con otra entidad prestadora de servicios públicos —EAAB—. Aun
cuando, en principio, la demanda pareciera relacionar el daño con la expedición del
mencionado Decreto, en cuyo caso habría que decirse que la acción procedente
para encausar esos reclamos sería la de nulidad y restablecimiento del derecho62,
lo cierto es que una lectura integral de los hechos y las pretensiones denota que la
parte actora no se propone cuestionar la legalidad de tal acto administrativo, ni la
decisión que allí se adoptó —la declaratoria de la emergencia sanitaria—, sino que
dirige y concentra su reclamo sobre el hecho posterior, concerniente a la entrega
que el municipio de Soacha le hizo a la EAAB de las redes de acueducto y
alcantarillado, hecho con el cual, a su juicio, fue despojada de facto de la propiedad
que ostentaba sobre tales bienes. Entendida de esta forma la protesta, habrá de
indicarse que la acción de reparación directa resulta adecuada para abordar
judicialmente el daño así invocado, dado que la disposición de las redes por parte
del Municipio y su entrega a la EAAB comportó un hecho ulterior e independiente,
si se tiene en cuenta que en el mencionado Decreto nada se dispuso sobre la
entrega de aquellas.
3.3.3. Ejercicio oportuno de la acción
Para incoar en tiempo la acción de reparación directa, el artículo 136.8 del Código
60 Debe recordarse que las disputas por la posesión y la tenencia no solamente están amparadas
por mecanismos policivos, sino que también tienen su escenario para ser resueltas de manera
definitiva ante la jurisdicción civil. En este último evento si le compete a la jurisdicción conocer de los
daños que se deriven, bien sea'de un defectuoso funcionamiento o un error judicial.
61 contra quien no debió admitirse la demanda, ya que, si bien la parte actora lo vinculó de forma
directa y personal, lo cierto es que "a partir de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001 solamente
es posible trabar la relación jurídico-procesal entre la víctima y la entidad demandada como partes
originales del proceso. Por tanto, la única posibilidad actual de convocar al funcionario dentro del
proceso corre por cuenta de la entidad demandada, quien podrá llamarlo en garantía o, en su
defecto, ejercitar la acción de repetición con posterioridad a la sentencia condenatoria", consejo de
Estado, Sección tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2017, dentro del radicado No.
150012331000200401880 01 (38372).
62 Desde luego, tal como ha dicho la jurisprudencia de la corporación que "la fuente del daño
determina la acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su
vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la demanda y la
oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional". consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencias de 12 de mayo de 2011, expediente 26758; del 7 de junio de 2007, expediente
16474; del 19 de julio de 2007, expediente 30905.
13
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
-
Contencioso Administrativo (CCA) fijó un término de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al acaecimiento del hecho que da lugar al daño por el cual se
demanda la indemnización. El vencimiento de este período sin que se haya hecho
ejercicio de la acción produce la extinción de esta última por caducidad.
3.3.3.1. De acuerdo con lo anterior, en lo que concierne a
l la Nación Rama Judicial,
la demanda hace consistir el daño en el supuesto error jurisdiccional derivado de la
imposición de la medida cautelar dentro de la acción popular 2005-0555, adelantada
a instancias del Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá;'no obstante, considera que
aquél se prolongó hasta cuando la medida fue revocada el 1 de abril de 2008 por el
Juzgado Décimo Administrativo de Bogotá. 1
En los eventos en los que se analiza la responsabilidad( patrimonial del Estado por
error jurisdiccional, el daño se concreta en una providencia contraria a la ley,
capaz de lesionar o vulnerar los derechos de acceso a fa administración de justicia
y tutela judicial efectiva de la parte o tercero interesado, de ahí, que el criterio para
determinar la fecha a partir de la cual inicia el término para ejercitar el derecho de
acción, sea el día siguiente a aquel en que la parte act&a tuvo conocimiento de la
providencia a la que le atribuye el yerro63.
En ese orden de ideas, la medida cautelar de la cual se depreca el error, fue
concedida mediante el proveído del 3 de marzo de 2006, por parte del Juzgado 34
Civil del Circuito de Bogotá, y cobró ejecutoria el 7 de marzo siguiente64, lo que
viene a indicar que la parte actora tenía hasta el 8 de maEzo de 2008 para demandar
y, como esperó para hacerlo hasta el 6 de mayo de 200'8, es notorio que, en lo que
respecta a la Rama Judicial operó la caducidad.
3.3.3.2. En lo atinente al daño que se le enrostra a Ip Nación Ministerio de -
Defensa Policía Nacional, aquél se hizo consistir en la negativa a prestar su
-
concurso para desalojar a los ocupantes de los bienes e infraestructura de la
accionante. Tal circunstancia acaeció entre el 765 al id .de abril de 200666 que fue
cuando la demandante acudió directamente a la Policía .a solicitar protección para
las instalaciones que habían sido violentadas por los usuarios; pues el 11 de abril
Ecofuturo interpuso la querella que fue admitida el 2 de mayo de ese año, momento
para el cual el asunto quedó por cuenta de la Alcaldía Municipal. Significa lo
anterior, que la omisión que se le endilga a la Policía, á lo sumo, corrió hasta el 2
de mayo de 2006. Así las cosas, como la demanda se interpuso el 6 de mayo de
2008, se advierte que, para ese momento, ya había operado la caducidad.
3.3.3.3. Frente a las pretensiones que dirige la parte actora contra el municipio de
Soacha y la EAAB, se dice en la demanda que el daño que se les reclama se deriva
del hecho de haber, entregado el uno y recibido el otro, las redes de acueducto y
63 Al respecto, véase por ejemplo Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre
de 2021, exp. 53730.
64 Conforme a sello secretarial. Cfr. archivo con índice 346 del sistema de información judicial del
Consejo de Estado SAMAI.
-
65 Ese día, Ecofuturo envió comunicación al Coronel Juan Carlos Polania -Comandante de Policía
de Soacha, indicándole que algunos miembros de la comunidad se tomaron de forma violenta el
sistema de seguridad de la empresa y de la planta de tratamientopor lo que solicitó que: "mientras
se toman las medidas legales y de precaución a que haya lugar y tendiente a evitar que esta situación
desencadene en un desorden público de mayor envergadura, que acarree problemas mayores de
violencia y sabotaje, se designe personal permanente, cuyo costo asumiremos con el fin de proteger
nuestra integridad personal y bienes" Folio 131, c. 5.
66 El 11 de abril de 2006 se instauró la querella de Lanzamiento por ocupación de hecho. Cfr. FIs.
140-143, c. 5.
14
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
-
alcantarillado a sabiendas que aquellas le pertenecían a Ecofuturo, lo que acaeció
el 16 de julio de 2006, día en que el Municipio y la EAAB suscribieron un convenio
con tal fin. En ese orden, se advierte oportuna la formulación de la demanda, ya
que frente a ese hecho la parte actora tenía hasta el 17 de julio de 2008 para
formular el reclamo judicial y como lo hizo el 6 de mayo de ese año, es palmario
que acudió a la jurisdicción dentro del término legalmente previsto. Así las cosas,
será respecto de estos dos demandados que se dará continuidad al análisis en
torno a la legitimación en la causa.
3.3.4. La legitimación en la causa por activa. Para efectos de determinar si la
-
parte actora se encuentra legitimada para reclamarle, tanto al municipio de Soacha
como a la EAAB, por los daños que aquellos hubieran podido causarle con el
proceder de entrega y recibo de las redes de acueducto y alcantarillado construidas
en la Urbanización San Nicolás de Soacha, la Sala deberá establecer si, como afirma
la demandante, le asiste interés en el litigio por ser la propietaria de tales bienes. No
obstante, resulta pertinente aclarar que queda fuera de discusión la propiedad que
Ecofuturo tiene o tenía respecto del lote 71 ubicado en la carrera 17 No. 23-05 Sur
de Soacha67 y el lote 74 ubicado en la calle 25 Sur No. 20 A 51 de la misma -
Urbanización 68, así como de los elementos (tanques y/o pozos 1 y 2 y demás) que
se encontraban construidos dentro del perímetro de esos lotes, porque de la
infraestructura aludida por la demandante, los únicos bienes de que dispuso el
municipio de Soacha y que se le entregaron a la EAAB para la operación del servicio
fueron las mentadas redes; esto, sumado a que la propia demandante manifestó en
la apelación que por el lote 71 no se estaba efectuando reclamación. En síntesis, la
disputa se contrae a la titularidad de las redes de acueducto y alcantarillado.
De estas —las redes— Ecofuturo aduce que le pertenecen porque las adquirió
mediante la escritura pública No. 01191 del 15 de mayo de 2002, mientras que el
municipio de Soacha se las entregó a la EAAB, bajo el entendido que le pertenecían
a dicho ente territorial porque la Urbanizadora San Nicolás se las había entregado
mediante las actas suscritas el 5 de mayo de 1992, como parte de las obras de
urbanismo exigidas para licenciar el proyecto urbanístico. De ahí que, el estudio de
la titularidad de las redes resulte indispensable para determinar si le asiste a
Ecofuturo legitimación en la causa para reclamar por aquellas, análisis que pende,
como se verá, del marco regulatorio que regía para el momento en que las
mencionadas redes fueron construidas.
3.3.4.1. Marco regulatorio del caso
Una pauta importante para la definición de la controversia viene signada por el hecho
de que las mencionadas actas de entrega suscritas entre representantes del
Municipio y la Urbanizadora San Nicolás, anteceden la expedición de la Ley 142 de
1994 que, como se sabe, surgió para consolidar un régimen de servicios públicos
67 De hecho, sobre este lote las pruebas refieren que, mediante escritura pública No. 2041 del 14 de
marzo de 2007 otorgada en la Notaría 38 de Bogotá (folio de matrícula inmobiliaria No. 051-59180),
Ecofuturo vendió este inmueble a la señora Luz Helena García Uribe y, a su vez, esta, mediante
escritura pública 7343 del 16 de octubre de 2007 de la misma Notaría, se lo transfirió al señor José
Angelino Martínez. Cfr. archivo con índices 51 y 48 del sistema de información judicial del Consejo
de Estado SAMAI.
-
De ahí, que resulte cuando menos extraño que, pese a que para el 14 de marzo de 2007 Ecofuturo
ya había vendido el lote 71 y las construcciones existentes en el mismo, en diciembre de ese año le
enviara una comunicación a la EAAB, ofreciéndole, entre otros, ese bien que ya no hacía parte de
su patrimonio. cfr. comunicación del 18 de diciembre de 2007, visible a folios 162-163, c. l.
68 Del que las pruebas refieren fue adquirido por Ecofuturo el 21 de septiembre de 2004, mediante
escritura pública No. 9194 de la Notaría de Bogotá. Cfr. Folios 116-121, c. 7.
15
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Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro S.A. E.S.P.
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domiciliarios, en contraste con la dispersión normativa y reguladora existente hasta
entonces en esa materia. Esto es relevante dado que, unas eran las reglas para que
un particular accediera a la propiedad de las redes de conducción de servicios
públicos antes de la expedición de la Ley 142 de 1994 y otras las que rigen luego de
la vigencia de aquella, aspecto que se torna fundamçntal para dilucidar presente
asunto.
En efecto, antes de la Ley 142, esta clase de servicios públicos —los domiciliarios,
dentro de los que se encuentran los de acueducto y alcantarillado— estuvo marcada
por un modelo de prestación eminentemente público con un exacerbado
protagonismo de los entes territoriales, sin querer significar con ello que, para esa
época, no existieran empresas privadas prestadoras dé servicios públicos, o que la
ley no las permitiera69, pero sí, que su ámbito de ácción ciertamente era más
restringido del que ahora se le conoce. Inclusive, hay servicios públicos respecto de
los cuales la transición hacia la esfera de lo privado fue mucho más dinámica que
otros. De ahí que, la Ley 142 marcó un hito pa)a la desmonopolización y
desestatización de los servicios públicos en el país y,.de suyo, para los bienes a
través de los cuales se prestaban aquellos; todo esto, claro está, sin desmedro de la
actividad de asegurador de la prestación del servicio que, a través de funciones de
vigilancia, inspección y control, desde antes de la Ley 142 y con posterioridad a esta,
reposaba y sigue reposando70 en el ámbito de lo público.
De esto se sigue que, al no existir hasta entonces un Tegimen consolidado para la
prestación y funcionamiento de los servicios públicos, como si vino a suceder luego
de la expedición de la mentada ley, la concepción impérante era la de la prestación
por parte de operadores públicos y, por contera, Ip propiedad de los bienes
inmiscuidos en dicha prestación también residía, por 16 general, en el ámbito de lo
público, siendo, como ya se dijo, residual la participación del sector privado en ese
contexto.
Desde luego, la Ley 142 no fue ajena a ese tipo de persnas o empresas de carácter
privado que venían desempeñando un rol de prestadoras de servicios públicos, tanto
así que las incorporó a su régimen, tal como se dispone en el artículo 15.2.,
específicamente frente a aquellas "personas naturales 6jurídicas que produzcan para
ellas mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los
bienes y servicios propios del objeto de las empresas dq servicios públicos1,71. Ahora,
69 Tan existían que, por ejemplo, la Ley 109 de 1936, en su artículo 10. Disponía: 'FI gobierno
procederá a revisar la situación jurídica en que se hallen las empresas que aprovechen aguas de
uso público para el servicio de acueductos o para producir energía, o que ocupen bienes de uso
público con redes de acueducto o conductoras de energía, y legalizará su funcionamiento. En ese
mismo sentido, puede citarse el artículo 97 de la Ley 1333 de 1986 que prescribía: "Declárase de
utilidad pública la adquisición por la Nación, los departamentos o lbs municipios, de las empresas
de producción, conducción y distribución de energía eléctrica, las de teléfonos y las de acueductos,
destinadas a prestar servicios públicos". -se resalta... En esa categoría de empresas no podía
concebirse la Urbanización San Nicolás, porque el licenciamiento que se le dio no fue en
función de prestadora de servicios públicos, sino de su actividad constructiva.
La legalización se hará con sujeción a las reglas generales que alçfecto determine el gobierno, y a
las normas consignadas en los artículos siguientes; estas últimasserán aplicables también a las
nuevas concesiones y permisos que otorgue el gobierno en conformidad con lo dispuesto en la ley
113 de 1928".
No obstante, esta y otras disposiciones (cfr. Ley 126 de 1938, artículo 23) iban encaminadas hacia
un proceso de estatificación o municipalización de la prestación dé los servicios públicos.
70 Actualmente, por mandato constitucional —articulo 370 superior-!-.
71 Disposición replicada en la Resolución No, 151 del 2001 de la comisión Reguladora de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
16
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Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo - S. A. E.S.P.
que las haya incluido no mueve a inferir que, de inmediato, aquellas se hayan
desmarcado plenamente de las condiciones que traían y que se hallaban
consolidadas en el marco del régimen anterior.
Así mismo, en aras de propiciar y garantizar la participación del sector privado en la
prestación de los servicios públicos, en el artículo 28 ejusdem, se estandarizó el
derecho de todas las empresas a "construir, operar y modificar sus redes e
instalaciones para prestar los servicios públicos ( ... )" —se resalta—, con lo cual, se
impuso una cota legal de protección a la inversión que las empresas prestadoras
efectuaban por su propia cuenta, zanjando aspectos que habían sido tan difusos
hasta entonces, como el de la propiedad privada de las redes de servicios públicos,
o el de la potestad para otorgar permisos ya fuera para la instalación de las redes, o
para el funcionamiento de tales empresas72. No obstante, ese reconocimiento y
protección a los bienes de los prestadores privados, no tenía como fin, ni alcance,
revertir la naturaleza de aquellos que para ese momento tuvieran la connotación de
públicos; aspecto importante de recalcar para el presente asunto, si se tiene en
cuenta que para cuando ECOFUTURO S.A. — E.S.P. adquirió las redes —15 de mayo
de 2002 (hecho 3.2.8) aquellas ya habían quedado sometidas a las condiciones
-
plasmadas en el Acta de Junta de Planeación del 29 de marzo de 1990— Cfr. Hecho
3.2.1.—.
Lugo entonces, al margen de que ECOFUTURO S.A. — E.S.P., se hubiera constituido
como Empresa de Servicios Públicos y hubiera adquiridos las redes en vigencia de
la Ley 142 de 1994, lo cierto es que los hechos del presente caso se dieron a
expensas de un derrotero normativo anterior e, inclusive, preconstitucional, si se tiene
en cuenta que, tanto el Acta de Junta de Planeación No. 02 que aprobó el proyecto
urbanístico San Nicolás, como la Resolución No. 0011 que lo aceptó, datan de 1990
y, por tanto, será en ese marco regulatorio pretérito que deberá fundamentarse la
resolución del asunto. En otras palabras, la titularidad primigenia de las redes se
decantó en virtud de disposiciones previas, no solamente relacionadas con la
prestación de servicios públicos domiciliarios, sino, principalmente, en materia de
urbanismo, pues fue en ese contexto que se construyeron las redes de acueducto
objeto de litigio. Sobre la base de esa normatividad anterior es que se debe resolver
la controversia.
3.3.4.2. Normas de urbanismo aplicables al caso Cesiones urbanísticas
obligatorias -
Para establecer la naturaleza de la titularidad de las redes de acueducto y
alcantarillado inmersas en el presente debate, es menester tener en cuenta que, para
el momento en que aquellas le fueron exigidas al Urbanizador y, a su vez, entregadas
por éste al municipio de Soacha, regía la Ley 9 de 1989. Dicha ley, en su artículo 5073
72 Pues el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, estableció que
"( ...) Los municipios deben permitir la
instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios públicos, o
a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de
las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso,
responsables por todos los daños y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación
de sus redes. ( ... ). Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las
empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes
conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades
competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer
monopolios o limitar la competencia".
73 Artículo 50.- Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
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Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro - S.A. E.S.P.
dio alcance a la noción de espacio público, dentro de la cual, entre otros, están
comprendidos aquellos bienes que, por su uso o afeciación estén destinados a la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas de aquellas que transcienden los
límites de los intereses individuales de los habitantes, tales como, las necesarias para
la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos74.
La noción de espacio público que ofrece la mencionadalnorma se configura por un
"conjunto de inmuebles públicos", que incluye, pero no se reduce a espacios físicos
de terreno denominados como "áreas" o "franjas", sino que trasciende, desde la
propia redacción que trae el articulo 50 —que, luego de definir el espacio público,
contiene una relación enumerativa, que no taxativa, de algunos de ellos— hacia otros
bienes y elementos que adquieren tal connotación por estar destinados a satisfacer
necesidades urbanas colectivas. Por ser así, las redes de acueducto y alcantarillado
de que trata el presente asunto, atendiendo la normatividad urbanística aplicable para
el momento en que fueron entregadas al municipio d; Soacha, hacen mérito para
catalogarse como parte integrante del espacio público, por cuanto: (i) en tanto bien,
son de aquellos que se consideran inmuebles "por desiinación1,75; (U) se concebían
como redes públicas, dado que, al "[c]onjunto de redes matrices y locales que
conforman el sistema de acueducto y alcantarillado" a instancias del Decreto 951 de
1989 se las denominaba "red pública; (iii) estaban encaminadas a posibilitar la
satisfacción de una necesidad pública (abastecimiento: de agua para la comunidad
de San Nicolás) y, (iv) en el artículo 50 de la Ley 9 de 1989 se enlistá como bienes
del espacio público "las necesarias para la instalaci5n y mantenimiento de los
servicios públicos básicos", sin hacer expresa alusión a áreas o franjas, dando cabida
a otro tipo de bienes dentro de los que tienen asiento las redes", pues, en sí mismas,
constituyen la instalación o estructura a través de la cual se conduce el servicio de
acueducto y alcantarillado.
La tercera de las características enunciadas —satisfacción de una necesidad
pública—, como identitaria de un "bien público", eleva sú.nivel de relevancia desde el
concepto de "procura existencial1,76, a partir del cual se sustenta el rol que la
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los
limites de los intereses, individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y
tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua,
parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los
servicios públicos básicos, para la instalación yuso de los elementos constitutivos del amoblamiento
urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los
elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y
preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la
preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de
sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general pór todas las zonas existentes o
,
debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea Manifiesto y conveniente y que
constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
(...).
74
Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de enero de 2011.
Radicación número: 15001-23-31-000-2002-02552-01(AP).
5 En tal sentido, el artículo 658 del Código Civil dispone: "ARTICULO 658. <INMUEBLES POR
DESTINACION>. Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza' no lo sean, las cosas que están
permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan
separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo:
Los tubos de las cañerías
(...).
76 concepto acuñado por Ernst Forsthoff, conforme al cual, el Estado asume la responsabilidad de
asegurar jurídicamente la existencia del individuo, a través de detpres de prestación o de "procura
18
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
'Actor. Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro - S.A. E.S.P.
administración pública debe ejercer respecto de aquellos bienes que tengan por
destinación la satisfacción de necesidades colectivas vitales e indispensables para
un digno vivir, como ocurre con los servicios públicos esenciales; luego entonces, los
bienes que estén comprometidos en la prestación de tales servicios tienen, prima
facie, una vocación pública, por cuanto se requieren para suplir las denominadas
"necesidades de apropiación o de procura asistencia1"77, a través de las cuales el
Estado y, más concretamente la administración pública, adquiere deberes jurídicos
para con los asociados; tales deberes tienen el carácter de garantías o "deberes
estatales de provisión1,78. Sin perjuicio de que, bajo algunas preceptivas diferentes a
la estipulada en el artículo de que se viene tratando —art. 5— o bajo algunas "reglas
de gestión administrativa" pactadas entre el Estado y los particulares, tales bienes
puedan albergar una titularidad privada, tal evento no desdice la aptitud jurídica que
aquellos tienen como bienes públicos y, por tanto, cuando surjan disputas sobre
aquellos, es al particular a quien le corresponde derruir, ab origine «desde el -
origen», la condición de bien público que le imprime la "procura existencial" a la que
están afectos, bajo la cual, la noción de bien público amplía sus horizontes desde la
función que los bienes cumplen en torno a una necesidad esencial del conglomerado
social y, en oposición a un régimen de clasificaciones cerradas —números clausus—.
Todo lo anterior reconduce a que, a menos que exista una disposición normativa
expresa, o medie una "regla de gestión administrativa", nada obsta, en aras del tenor
literal del artículo 5° de la Ley 9 de 1989, para que las redes de acueducto y
alcantarillado, indiscutiblemente destinadas a la satisfacción de una "procura
existencial", se ubiquen en la categoría de "espacio público" allí prevista y, por
contera, de inmueble público. Este, el espacio público, a su vez, sirviéndose de las
disposiciones urbanísticas, se nutre constantemente a través de las denominadas
"cesiones obligatorias gratuitas", definidas por la jurisprudencia constitucional como:
[U]na contraprestación a la que se obligan los propietarios de terrenos al solicitar el
correspondiente permiso para urbanizar o edificar val aceptar las condiciones que
exiqen las autoridades competentes dados los beneficios que pueden obtener con
tal actividad, las que se imponen en desarrollo de la función social urbanística de la
propiedad, [ ... ] yen ejercicio del poder de intervención del Estado en el uso del suelo
"con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo [...]"79 —se
resalta—
La anterior concepción de las áreas de cesión gratuita se basa en la función social
del derecho a la propiedad, función que, como lo indicó Hans Rother en su obra
Derecho Urbanístico Colombiano (1990)80, constituía la fundamentación
existencial", dentro de los cuales los servicios públicos básicos, como el agua, ocupan un lugar
preponderante, y por ello, el Estado debe asumir una actividad de prestador, precisamente para
garantizar la cobertura de esas necesidades de provisión que tienen los individuos en el contexto
social. La génesis del concepto de "procura existencial" es sociológica y surge de la constatación de
que todos los individuos necesitan "apropiarse de bienes que no pueden conseguir por sí solos:
todos ellos necesitarán de la instalación pública para abastecerse de agua potable", y de otros bienes
indispensables, pero esa necesidad se juridifica cuando se convierte en un deber estatal de
provisión, en una garantía de "procura existencial" que debe asegurar el Estado. FORSTHOFF,
Ernst, cit. MAGDALI, Nuria. El concepto de procura existencial (Daseinsvorsorge) en Ernst Forsthoff
y las transformaciones de la administración pública. En: Revista de Derecho Público: Teoría y
Método, Vol 1 -2020 [pp. 147-1741, Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, p. 156-165.
77 Íbid., p. 163.
78 Ibid., p. 161.
79
Corte constitucional, sentencia c-295 del 29 de julio de 1993.
80 Al respecto, este autor sostiene: "Si examinamos la naturaleza de la función social [...],
encontraremos que se trata de una concepción activa y solidaria de la propiedad que implica "hacer"
19
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro - S.A. E.S.P.
preponderante del urbanismo, incluso antes de la expedición de la Constitución de
1991. Las obras de urbanismo están afectas a una función social, que trasciende
los intereses particulares o privados, en tanto son necesarias para el uso y disfrute
colectivo.
Ahora, en línea con el articulo 5 de la Ley 93 de 1989 en vigor para cuando fue
expedida la licencia urbanística del proyecto de parcelación "San Nicolas", la Corte
Constitucional sostuvo que tal preceptiva amplió el concepto de espacio público
hacia una noción mucho más comprensiva81, pues a este se integraron todos los
bienes que, con ocasión de la actividad urbanística se fueren incorporando al
patrimonio público. Bajo ese contexto, igualmente, puede decirse que las cesiones
obligatorias gratuitas no quedaban circunscritas únicamente a las zonas o franjas
de terreno constitutivas del espacio público, sino que también, en el marco de dicha
regulación, se extendían a los bienes o equipamiento que las componían. La
reglamentación, el manejo y administración de estas cesiones gratuitas, fueron
diferidas al ámbito local o municipal, tal como se advierte en el artículo 7° de la Ley
ga de 1989 y en el artículo 2° ejusdem, que, para entonces se encontraba vigente y
que modificó el artículo 34 del Código de Régimen Municipal —Decreto Ley 133 de
1986—.
En este punto, conviene advertir que, justamente, la modificación que el artículo 20
de la Ley 9 de 1989 le introdujo al Código de RégirrÇn Municipal y que estaba
vigente para la época de los hechos82, disponía que los1planes de desarrollo de los
municipios debían incluir, entre otros aspectos, un "pIán y un reglamento de usos
de suelo y cesiones obligatorias gratuitas". En fu'n' ción de esa competencia
asignada a los municipios, se explican las condiciones que la Oficina de Planeación
Municipal de Soacha le impuso, en su momento, al Lkbanizador para aprobar el
proyecto San Nicolás.
Desde luego, como quiera que le correspondía al eñte territorial establecer las
condiciones, exigencias y contraprestaciones (cesioneóbligatorias gratuitas) para
licenciar los proyectos urbanísticos, en el caso concreto, mediante la Resolución
No. 0011 del 30 de abril de 1990, Planeación Municipal de Soacha aceptó el
proyecto "Urbanización San Nicolás", no obstante, supeditó dicha aceptación, a la
construcción de las "obras de urbanismo", dentro de las que contempló las redes
de acueducto, alcantarillado en consonancia con el •procedimiento de entrega
establecido en el Acuerdo 021 de diciembre de 1986, compromiso que, en tal
sentido, adquirió la Urbanización —hecho 3.2.1.—. Debé indicarse, además, que tal
compromiso fue suscrito directamente por el representante legal de la Urbanizadora
San Nicolás que, valga advertirlo, es la misma persona que invocó la reparación
cosas en bien de la comunidad [...], No se trata de limitaci6ñes [...], sino de la creación o
materialización del derecho de propiedad a través de la fijación' Øe ciertas regulaciones, las de
urbanismo. ROTHER, Hans. Derecho Urbanístico Colombiano: Universidad Nacional de Colombia,
Ed. Temis, 1990, p. 196.
81
Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó que: 'E] 'concepto de espacio público,
conceptualmente ya no es el mismo de antaño, limitado a los bienés de uso público (calles, plazas,
puentes y caminos), según la legislación civil, sino que es mucho mas (sic) comprensivo, en el
sentido de que comprende en general la destinación de todo inmuble bien sea público o privado al
uso o a la utilización colectiva, convirtiéndose de este modo en un bien social". corte Constitucional,
sentencia C-346 del 22 de julio de 1997.
82 Pues, el artículo 34 del Decreto Leu 1333 de 1986 tan sólo vino a ser derogado en 1997 con la
Ley 388 de ese año, lo que indica que, para cuando se construybron las redes se encontraba en
vigor.
20
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Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro S.A. E.S.P.
-
directa como representante legal de Ecofuturo83. De este compromiso, puede
decirse que se dio a instancias del interés del proyecto autorizado por la
administración municipal y afecto al interés de la comunidad que integraría esa
Urbanización, bajo la noción de obras de urbanismo, más no del interés propio y
privado del Urbanizador, porque ninguna estipulación se hizo en ese sentido, o al
menos, las pruebas allegadas al plenario no dan cuenta de ello.
En esa medida, la Administración Municipal de Soacha, para efectos de la
Resolución 0011 de 1990, mediante la cual se aprobó el proyecto urbanístico San
Nicolás, les otorgó a las redes de acueducto y alcantarillado el tratamiento de "obras
de urbanismo", porque así expresamente lo dispuso. Esto viene a indicar que el
Municipio asumió la exigencia de las redes como la contraprestación que debía
recibir por los beneficios que el proyecto le generaría al Urbanizador; así mismo, al
haber contemplado las redes como "obras de urbanismo", aquellas quedaron
enmarcadas dentro de las denominadas "cesiones obligatorias gratuitas" de que
trata la mentada Ley 9° de 1989.
De lo anterior se desprende que, las actas parciales de entrega de redes que le hizo
el Urbanizador al municipio de Soacha, tenían asidero tanto en el Acuerdo 021 de
1986, como en la Resolución 011 de 1990, a través de las cuales el ente territorial
le impuso obligaciones al Urbanizador teleológicamente vinculadas con el provecho
del uso y destinación pública de las redes al servicio de la comunidad84. Sobre la
naturaleza o el carácter de estas actas, es necesario precisar que, aun cuando se
ha dicho que "la adscripción de un bien a la prestación de un servicio público no
determina por sí misma su calidad de bien de uso público (...)"85, lo cierto es que,
en el caso particular, la causa que llevó al Urbanizador a entregárselas al Municipio
fue la exteriorización y materialización del compromiso que había adquirido sobre
las obras de urbanismo, en un contexto normativo que consideraba a tales redes
como de uso público o, cuando menos, como afectas por vía legal a un servicio
público. Por lo mismo, aquellas no podían ser entendidas como meramente actas
de verificación86, en el sentido de medios para establecer un control urbanístico o
como simples constancias del recibido de aquellas obras que le corresponde dar a
las administraciones municipales respecto de las urbanizaciones y construcciones
83
A folios 1 y 2 del c. 1, aparece el poder presentado por el señor Mauricio Pinzón Alameda en su
condición de representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo, Empresa
de Servicios Públicos, Sociedad Anónima E.A.A. - ECOFUTURO SA. - E.S.P., y otorgado al
abogado Carlos Alberto Corrales Muñoz, para interponer la demanda de reparación directa. Así
mismo, en el Acta de Junta de Planeación No. 02 de 1990, en el acápite de "presentación y
aprobación de proyectos urbanísticos", se dice: "Se pone en consideración ña (sic) Urbanización San
Nicolás del señor Mauricio Pinzón ( ... )". Cfr. Folio 232, C. 6. De igual modo, en la Resolución No.
053 de 1990, expedida por la Alcaldía Municipal de Soacha, con la cual se otorgó permiso a la
Urbanización San Nicolás para anunciar y enajenar lotes, en la parte considerativa se indicó que el
permiso obedecía a la solicitud presentada por el señor Mauricio Pinzón Alameda, en su condición
de representante legal de la Urbanizadora San Nicolás Ltda. Cfr. Folio 255-256, C. 6.
84
Tratándose de bienes artificiales, se ha dicho que: "para que adquiera la categoría de bien de uso
público, se requiere su afectación al uso público, la cual consiste en la manifestación de voluntad del
Estado, a través de la autoridad competente, por medio de la cual incorpora al uso o goce de la
comunidad. Esa declaración de voluntad puede presentaras de manera formal, es decir, a través de
un acto jurídico o de hechos o comportamientos que indiquen de manera inequívoca la decisión de
consaqrar el bien de uso público" ( ... ). -se resalta- Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia
del 14 de octubre de 2010, Rad. 50001-23-31-000-2005-00055-01(AP).
85
Ibid.
86
Inclusive, actualmente el Decreto 1077 de 2015, en el artículo 2.2.6.1.4.7. establece la suscripción
de un acta para la entrega material de las áreas de cesión que, aunque se denomina "acta de
inspección", equivale al recibo material de las obras cedidas.
21
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actor Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro S.A. E.S.P.
-
• cuando están terminadas87, o en el sentido previsto en el artículo 24 del Decreto
951 de 1989, porque el control allí previsto estaba dirigido exclusivamente a las
"instalaciones domiciliarias". De ahí, que las actas de entrega suscritas en mayo y
julio de 1992, no son nada distinto que la materializaciØn del cumplimiento de las
cesiones obligatorias gratuitas a que se comprometió él Urbanizador en beneficio
de la comunidad y como contrapartida al licenciamiento del proyecto que dicho
Urbanizador le presentó al municipio de Soacha.
Ahora, desde otra perspectiva, esto es, ya no desde la hoción de "espacio público"
que alberga la normativa urbanística citada, sino desde la concepción de "bien de
uso público" que contiene el Código Civil en su artículo 674, se llega a una
conclusión similar y complementaria de lo anteriormente expuesto.
En efecto, de dicha preceptiva —art. 674 del C.C.— se ha dicho que, antes que referir
a un catálogo cerrado de bienes públicos que por su natpraleza sean de uso general,
optó por una noción amplia que abarca un régimen jurídico de protección sobre
ciertos bienes, bajo el entendido que la misma categorí de "bien de uso público" no
se agota en una enunciación, ni "e[s] comprehensiva le todas las posibilidades de
apropiación de los bienes por el Estado"89. Por ende, la titularidad de los bienes de
uso público no se repliega exclusivamente al estatuto de la tradición que opera frente
a los bienes privados, sino que puede derivarse de unas "reglas de gestión
administrativa", tales como, actos administrativos, concesiones, afectaciones,
cesiones urbanísticas obligatorias y gratuitas, entre otras.
De esta manera, el hecho de que en la escritura pública No. 01167 del 30 de mayo
de 200090, mediante la cual la Urbanizadora protocolizó la entrega de las zonas de
cesión del proyecto Urbanístico San Nicolás, se hubiéran incluido únicamente las
actas de recibo parcial de obras viales, no excluye, ni infirma la entrega que en mayo
y julio de 1992 se había hecho de las redes de acueducto y alcantarillado por parte
del Urbanizador al Municipio, en virtud del compromiso de entregarlas como obras
de urbanismo tal como quedó plasmado en la Resolución 0011 de 1990 y, además,
en consonancia con el marco regulatorio que, para entonces regía en materia de
servicios públicos, pues debe recordarse que "cada época viene con su concepción
propia del derecho que se ejerce sobre los bienes de uso público"91 y, para ese
momento en que se expidió la mencionada resolución la propiedad de las redes se
regía por cánones distintos a los que luego demarcó la Ley 142 de 1994.
En suma, más allá del alcance que hubiera podido téner la mentada escritura, lo
cierto es que el carácter de cesión gratuita que constituyó la entrega de las redes por
parte del Urbanizadora¡ Municipio, viene dado, ante todo, de la competencia prevista
en el artículo 34 del Decreto Ley 1333 de 1986, para entonces vigente, conforme a
la cual, el ente territorial era el encargado de dictar su propio reglamento de "cesiones
gratuitas", de ahí, que no deba extrañar el por qué, dicha municipalidad, exigió para
la aprobación del proyecto urbanístico obras de urbanismo, entre la que incluyó las
redes de acueducto y alcantarillado, las cuales dio porrecibidas con las suscripción
87
Obligaciones de control y entrega previstas, entre otros, en ehartículo 61 del Decreto 2150 de
1995, en el artículo 64.5 y 64. 11 del Decreto 2111 de 1997, el artiulo 83 del Decreto 1052 de 1998
y las normas subsiguientes que regulan la materia.
88
ARTICULO 24. CONTROL DEL DISENO Y LA CONSTRUcCIO,N. El diseño de las instalaciones
domiciliarias de los inmuebles deberá basarse en las pautas establecidas para tal fin por la entidad
89 PIMIENTO EcHEVERRI, Julián Andrés. Derecho administrativo de bienes. Universidad Externado
de Colombia, 2016, p. 55.
° Folios 270-334, c. 6 de pruebas
91 PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés, op. cit, p. 256.
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de las respectivas actas.
3.3.4.3. Normas de servicios públicos domiciliarios aplicables al caso
Como se dijo previamente, teniendo en cuenta la fecha de licenciamiento del
proyecto urbanístico San Nicolás —1990—, a este caso no le resulta aplicable la Ley
142 de 1994, sino la normatividad que le antecedió e, inclusive, normativamente se
retrotrae a un escenario anterior a la Constitución de 1991. Esa condición
preconstitucional incide en el entendimiento que, para entonces, se tenía de la
naturaleza pública de las redes de acueducto y alcantarillado.
Así, en lo que concierne al servicio de acueducto y alcantarillado, el Decreto 951 de
1989, regulatorio de esa materia, ilustra perfectamente el alcance de la noción
amplia del concepto de bien de uso público, dentro de la cual tenían cabida las redes
para la prestación de tales servicios. De hecho, el articulado de ese decreto está
transversa¡izado por expresiones recurrentes que califican las redes como "redes
públicas"92, definidas a instancias de ese decreto de manera genérica como el
"[c]onjunto de redes matrices y locales que conforman el sistema de acueducto y
alcantarillado" (se subraya). Así mismo, en su artículo 14, preceptuaba que: "Las
redes de acueducto y de alcantarillado deberán ir por la vía pública. De ser
necesaria la utilización de predios privados para el tendido de redes, se deberá
contar con la correspondiente servidumbre en los términos de la ley. No se podrá
construir ninguna edificación sobre las redes de acueducto o de alcantarillado".
Bajo la égida de esa disposición vía y red conformaban una díada indisociable93
que, por virtud del régimen de uso público, intrincaba la titularidad de lo uno y lo
otro; tanto así que, por ejemplo, en el artículo 15 ibídem, se disponía que, quien
construía las redes debía94 entregarlas en manejo, operación, mantenimiento y uso
92 Esta expresión, además se encuentra en los artículos 17, que refiere a que "los particulares no
pueden utilizar las redes públicas o aquellas entregadas a la empresa para su administración (...).
Así mismo, en el artículo 18 refiere al "mantenimiento de redes públicas", entre otros.
93 Esta conclusión cobra fundamento con lo previsto en el articulo 10 de la Ley 113 de 1928 que
estuvo vigente hasta el 12 de julio de 1994 y, que prescribía: "Corresponde a la Nación en lo sucesivo
conceder licencia para utilizar las calles, plazas, vías públicas y demás bienes nacionales de uso
público a fin de tender por ellas, sea superficialmente o sea en el subsuelo, redes de canalización
de plantas eléctricas o para otros usos industriales o domésticos.
Parágrafo. El Gobierno Nacional sólo concederá esta licencia por períodos no mayores de cincuenta
(50) años mediante el lleno de las condiciones que fije el Gobierno al reglamentar esta Ley".
Lo anterior, guarda igualmente armonía con lo previsto en el artículo 682 del Código Civil, que
estipula: "ARTICULO 682. <DERECHOS SOBRE LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN
BIENES PUBLICOS>. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan
en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el
uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.
Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas
y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la Unión o al uso y goce general de
los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad
del suelo ha sido concedida expresamente por la Unión".
94 La norma en comento decía: "ARTÍCULO 15. CONSTRUCCION DE REDES LOCALES. (...). Las
redes locales serán entregadas ala entidad para su manejo, operación, mantenimiento yuso dentro
de sus programas normales de prestación del servicio, exceptuando aquellas redes que no se
encuentren ubicadas sobre via pública t" que no cuenten con la servidumbre del caso" —se
resalta—". El vocablo "serán", tiene un carácter prescriptivo, no potestativo.
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a "la entidad", exceptuando las redes que no se encontraran ubicadas en vía pública
y que no contaran con las servidumbres95.
Es decir, que las únicas redes de las que no era obligación para el constructor hacer
la entrega al operador, denominado en dicha ley como "la entidad", eran aquellas
que no iban por vía pública, pudiéndose inferir que, mientras no fueran por dicho
trazado podían quedar en dominio de quien las construía y, a contrario, si iban por
vía pública pasaban a ser de uso común y, por ende, quien las construía debía
entregarlas a la entidad que operara el servicio, que bien podía ser el ente municipal
si era el prestador directo, o la empresa prestadora con la cual aquél hubiere
suscrito convenio, esto, de acuerdo con la definición que ofrecía el mencionado
Decreto Ley, según la cual, por "entidad" debía entendése toda "Persona natural o
jurídica, pública o privada responsable de la prestación de los servicios de
acueducto o alcantarillado" y, en todo caso, si se trataba de una empresa privada,
aquella, al tenor de lo previsto en el artículo 17 ibídem, solo tenía la condición de
"administrador de las redes", pues su titularidad pasaba a ser pública, a tal punto
que, una vez entregadas las redes, los particulares no podían utilizarlas, ni realizar
obras sobre estas, salvo expresa autorización de "la entidad"96. Esto último, que no
pudieran hacer obras, denota que la entrega que se hacía de las redes a la "entidad"
implicaba el desprendimiento —ope lege— de su tenencia por parte de quien las
construía, en favor de un interés colectivo y público.
Ahora, para el caso que nos ocupa, a expensas de lo referidos artículos 15 y 17
ejusdem, no podía entenderse como "operador del servicio" y mucho menos como
"entidad" a la Urbanizadora San Nicolás con todo y que'aquella —la Urbanizadora—
de facto se hubiera ocupado de ese menester tempor,álmente, por las siguientes
razones: (i) legalmente la Urbanizadora no tenía la condición de entidad prestadora
de servicios públicos, pues dentro de su objeto social` no estaba permitida dicha
actividad97, pues al proceso no se allego acreditación en ese sentido y, tan no la
tenía que, tuvo que otra persona distinta, años después,çónstituirse como prestador
de servicios públicos —Ecofuturo—; (U) todo indica que cuando se aprobó el proyecto
urbanístico la administración municipal no conocía l las intenciones de la
Urbanizadora de operar por sí misma el servicio, pues, ,de serlo, carecía de sentido
que se le hubiese exigido al Urbanizador el concepto de "factibilidad de servicios
tanto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá" EAAB, así como, -
que el diseño de las redes estuviera acorde con las especificaciones y planos de la
EAAB —Cfr. Hecho 3.2.1.— en ese orden de ideas, (iii) la EAAB era el operador del
95 Más aún, el articulo 17 del precitado decreto, en cuanto!a la utilización de las redes,
específicamente preveía: "Los particulares no pueden utilizar 183 redes públicas o aquellas
entregadas a la empresa para su administración, ni realizar obras sobre éstas, salvo con
autorización expresa de la entidad. En todo caso, la entidád, podrá realizar extensiones,
derivaciones, modificaciones u otro tipo de trabajo en las redes de acueducto o de alcantarillado
recibidas de terceros" -se resalta-. De estas disposiciones, nótese que por ningún lado aludían a que
la propiedad de las redes descansara en cabeza del constructor o de¡ operador, sino que, antes bien,
como ya se dijo, remarcaban el carácter público de aquellas.
96 Cfr. Art, 17,
Ibídem.
97
En el certificado de existencia y representación legal de la Urbnizadora San Nicolás Limitada,
obrante a folios 264-265, C. 6., consta que su objeto social estaba encaminado a: "las siguientes
actividades a desarrollar únicamente dentro del rango de viviendá de interés social determinado
por el gobierno nacional. A) comprar, vender y administrar bieneá raíces; B) Urbanizar y parcelar
terrenos por cuenta propia o ajena, en sociedad o comunidad conotras; 0) constituir (sic) casas o
edificios para habitación o comercio, venderlos, permutarlos, hipotécarlos, arrendarlos, someterlos o
no al régimen de propiedad horizontal yen general ejecutar el negocio de construcción, urbanización
y parcelación de tierras, con el lleno, en cada caso, de los requisitos legales". (...).. —se resalta—.
Folio 264, C. 6.
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a
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servicio público autorizado'y, ello viene a corroborarlo la existencia del convenio que
existía entre dicha empresa y el municipio.
Lo anterior pone de relieve que, a partir de una interpretación sistemática de las
normas que regían —en su momento— no solo la prestación de servicios públicos,
sino y, por sobre todo, las disposiciones urbanísticas aplicables al caso, se
consolida el criterio conforme al cual, la entrega de redes que hizo en 1992 el
Urbanizador al municipio demandado, tenía asidero en la noción de obras de
urbanismo constitutivas de "cesiones obligatorias gratuitas" que se incorporaron por
ministerio de esas disposiciones y de las propias que el ente municipal podía
reglamentar en la materia, en un bien público; sin que tal condición y, mucho menos
la calidad de inenajenable que de esta se desprendía, se pudiera revertir por la
suscripción de una escritura de venta que no trascendió más allá de las partes que
la suscribieron, como tampoco, por la tolerancia que hubiera podido tener la espuria
prestación del servicio por parte del Urbanizador, hecho que tampoco lo convertía
—al Urbanizador— en un operador autorizado del mismo y, todavía menos, en
propietario de las redes que si bien construyó, aquellas desde un comienzo fueron
afines a una destinación colectiva y entregadas al municipio en provecho de la
misma.
Se insiste, por demás, que el parangón normativo aquí efectuado entre las
disposiciones previas a la Ley 142 de 1994 y las propias de dicha ley, surge de las
particularidades del caso y se fundamenta desde la perspectiva de un urbanizador
que, luego de entregar al Municipio unas redes en virtud de las exigencias de obras
de urbanismo requeridas para licenciar el proyecto, se propuso transferirlas a una
Empresa de Servicios Públicos, sin precaver que aquellas nunca estuvieron en la
esfera de su dominio. Por tanto, el ejercicio de comparación normativa efectuado,
en sí mismo, no tiene como propósito establecer diferencias radicales sobre la
propiedad de las redes antes y después de la ley 142 de 1994, sino, realizar el
estudio circunstanciado que el presente caso ameritaba.
A manera de corolario de lo expuesto, se concluye que:
(i) Antes de 1994, el rasgo predominante era el de la prestación de servicios públicos
por parte de empresas de carácter público, pero, también, el de la titularidad pública
de las redes, a tal punto que las transferencias de redes —que, no obstante eran
factibles y permitidas— debían estar debidamente pactadas o precedidas de una
regla de gestión", inclusive, así fuera entre entes territoriales y empresas públicas
prestadoras de servicios públicos; ejemplo de ello, se itera, lo constituye el convenio
que tenía suscrito desde el año 1971 la EAAB con el municipio de Soacha, en el cual
expresamente se establecía que "todas las redes de Acueducto y Alcantarillado que
se construyan dentro del Municipio para los fines de este contrato quedará de
propiedad de LA EMPRESA"96'. Es decir, que la titularidad no se consideraba
intrínseca a quien asumiera la construcción de las redes99, como sí pareciera ocurrir
98 convenio suscrito el 3 de diciembre de 1971, visible a folios 437-440, c. 2.
99 Más aún, existían diversas y dispersas disposiciones que situaban el ámbito de los servicios en
contextos de la utilidad pública o el interés social. A modo de ejemplo, se trae a colación la Ley 65
de 1936 sobre abastecimiento de agua potable a los municipios de la República que, aunque
la mayoría de sus artículos se derogaron en 1940, subsistió el artículo 13, que, en su tenor disponía:
"Declárense de utilidad pública las obras a que se refiere la presente Ley". Así mismo, el articulo
16 de la Ley 56 de 1981 que seguía vigente para la época en que se licenció el proyecto urbanístico
San Nicolás y, que preceptuaba: "Declárase de utilidad pública e interés social los plañes,
proyectos y ejecución de obras para la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica,
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en vigencia del artículo 28 de la Ley 142 de 1994, sino que, para que así lo fuera, se
requería un acto dispositivo del ente público.
Así mismo, en casos como el presente, al esclarecim ie nto de la titularidad de las
redes de acueducto y alcantarillado no solamente contribuyen las normas de
servicios públicos de una y otra época, porque aun cuando es cierto aquellas —las
normas de servicios públicos— contienen algunas disposiciones en ese sentido,
también lo es, que su propósito y su objeto no se circunscribe a regular esa materia.
Entonces, para determinar la propiedad de las redes de servicios públicos, también
resultan propicias las normas urbanísticas, por, sobre todo, cuando la construcción
de las mismas se suscita en el contexto de obras de urbanismo, como aquí ocurre.
En todo caso, la posibilidad de que existan redes privadas, ni antes ni ahora ha sido
defenestrada por el ordenamiento jurídico, pero sí, el marco regulatorio varía según
se esté en el ámbito de la prestación de servicios públicos propiamente dicho, o en
el ámbito de la construcción de obras de urbanismo.
Lo dicho reviste importancia, comoquiera que dentro de las pruebas allegadas no
consta que entre el municipio de Soacha y la entonces Urbanizadora San Nicolás se
hubiera celebrado un convenio semejante, de tal manera que la Urbanizadora, por el
hecho de construirlas, pudiera reputarse propietaria d,e las redes y, antes, por el
contrario, las pruebas indican que las redes fueron exigidas como "obras de
urbanismo" y, en tal calidad fueron entregadas al Municipio desde 1992. Debe
recordarse que la necesidad de autorización, o de alguna modalidad de gestión
—convenio, concesión o contrato— la imponía la ley, pues, tal como lo resalta la
doctrina: "mientras que de un lado el artículo 679 del Código Civil permite la
construcción de obras sobre los bienes de uso público, condicionada a la autorización
previa de la autoridad competente, las leyes 4 de 1913, 9 de 1989 y el Decreto-ley
1333 de 1986 parecen condenar las ocupaciones privativas, por considerarlas
contrarias a los derechos del común"100.
(u) Dada la connotación de obras de urbanismo que tuvieron las redes de acueducto
y alcantarillado construidas por la Urbanizadora San Nidolás, las actas de entrega y
recibo de aquellas suscritas entre la Urbanizadora •y el Municipio en 1992,
constituyeron documentos de entrega con el fin de afectarlas a un uso colectivo,
trasvasado, por demás, en la titularidad pública de las vías por las cuales se
extendía el trazado reticular, en el ámbito de un proyecto que, desde sus inicios, se
incorporó al perímetro urbano y se rotuló como dirigido a construir soluciones -
lotes— de interés social con servicios públicos101, lo que acentúa el convencimiento
de que, a través de esas actas, el municipio de Soacha adquirió una potestad sobre
las redes, que impedía la posibilidad de invocaciones ppr parte del Urbanizador de
propiedad privada de aquellas.
(iii) En consonancia con lo expuesto en precedencia, el problema que plantea el
presente caso no debe resolverse desde la óptica dé una empresa de servicios
públicos que adquirió unas redes por compra mediante escritura pública; sino que,
por virtud de la condición de obras de urbanismo • de cesión gratuita y, por
consiguiente, de "redes públicas" que tenían aquellas antes de ser adquiridas por la
demandante, la definición del asunto se remonta a la inexistencia de una propiedad
privada o de un titulo habilitante que estuviera en'condiciones de exhibir la
Urbanizadora para que pudiera legítimamente vender d disponer de las redes. En
acueductos, riego, regulación de ríos y caudales, así como las zonas a ellos afectadas". -se resalta-
y, en el mismo sentido, el artículo 97 de la Ley 1333 de 1986.
100PIMIENTO ECHEVERRI, Julián Andrés, op. cit., p. 553.
101
Como quedó establecido en el Acta de Junta de Planeación Nd'O2 del 29 de marzo 1990.
26
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Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
SI
'Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ecofuturo S.A. E.S.P.
-
otras palabras, para cuando la Urbanizadora le transfirió las redes a Ecofuturo,
aquellas —las redes— ya se encontraban incorporadas al patrimonio del ente
territorial como obras de urbanismo y, por ende, cobijadas por el principio de
inenajenabilidad, lo que hacía que sobre aquellas no pudiera ejercerse un acto de
voluntad particular.
De esta manera, por tener la connotación de obras de urbanismo incorporadas por
vocación legal al patrimonio público en virtud de las cesiones gratuitas que el
Urbanizador estaba obligado a hacer, la urbanización San Nicolás carecía del
derecho a disponer a su arbitrio de las redes de acueducto y alcantaril lado' 02 y, esa
carencia, enjazón de la. negociación efectuada el 15 de mayo de 2002 entre la
mencionada Urbanizádora y Ecofuturo S. A. E.S.P., para lo que concierne a este
-
caso, se transmite a la demandante y se revela en clave de falta de legitimación en
la causa para demandar y así se declarará.
W. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia dictada el 1 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar:
DECLÁRESE la falta de jurisdicción y competencia respecto de los daños
asociados con la expedición de actos jurisdiccionales de policía que profirió el
municipio de Soacha en el contexto de la querella de lanzamiento por ocupación
de hecho, conforme a Ip expuesto en la parte motiva.
DECLÁRASE la caducidad de la acción en lo que concierne a las demandadas
Nación Rama Judicial y Nación Ministerio de Defensa Policía Nacional.
• - -
DECLÁRASE la falta de legitimación por activa de la demandante respecto de
las pretensiones esgrimidas contra el municipio de Soacha y la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E. S.P.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
102En tal sentido, el articulo 97 del Decreto Ley 1333 de 1896, disponía: "Articulo 1700. Los bienes
de los municipios no pueden ser gravados con impuestos directos Nacionales, departamentales o
municipales.
Las vías, puentes y acueductos públicos no podrán enajenarse ni reducirse en ningún caso. Toda
ocupación permanente que se haga de estos objetos es atentatoria a los derechos del común, y los
que en ello tengan parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y
un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que puedan ser responsables".
27
a
Radicado: 250002326000200800198-02 (53348)
Actár: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Eco futuro- S.A. E.S.P. a,
CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
COL OR,
Presidente de Sal
• JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS • SÁNC~QUE>
• Magistrado .•• •..09istrado
Aclaro voto
28
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