Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00529-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00529-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00529-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-26-000-2008-00529-01 (48.215)
Demandante: RCN TELEVISIÓN S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Proceso: Acción contractual
APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. RENUNCIA TÁCITA A LA CLÁUSULA COMPROMISORIA-Opera
cuando se instaura demanda ante la jurisdicción y no se excepciona falta de jurisdicción. APELANTE ÚNICO-
Límites de la apelación. RÉGIMEN DEL CONTRATO-Como fue celebrado por la Comisión Nacional de
Televisión, se rige por la Ley 182 de 1995 y en lo no regulado en ella, por la Ley 80 de 1993. MULTAS
IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN A CONCESIONARIOS-Son actos
administrativos por expresa disposición legal. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-Cuando las estipulaciones
sean claras, no puede desconocerse lo acordado. APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL-Por regla
general, afecta a todos los casos a los que se aplica. CADUCIDAD DE LA SANCIÓN-La facultad que tienen las
autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que puede
ocasionarlas. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia de 31 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A mediante la cual
se accedió parcialmente a las pretensiones. La decisión fue la siguiente:
«PRIMERO.- DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 738, “Por
la cual se resuelve una investigación contra RCN TELEVISIÓN S.A. “,
de 2 de agosto de 2007 y la Resolución 556, del 5 de junio de 2008, “Por
la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la JUNTA
DIRECTIVA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. (se
resalta)
SEGUNDO.- ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
a título de restablecimiento del derecho, la restitución del monto pagado
por RCN TELEVISIÓN S.A por concepto de la multa impuesta, en un
monto de $319.127.271.
Radicación 25000-23-26-000-2008-00529-02
Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
TERCERO.- Sin condena en costas.
CUARTO.- Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por
Secretaría de la Sección los gastos ordinarios de proceso y en caso de
remanentes devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo
establecido por el Artículo 7º y 9º del Acuerdo No. 2552 de 2004 de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (f. 211 c.
p.pal).
Posteriormente, mediante memorial presentado por el apoderado de la parte
demandante, se solicitó adicionar la anterior sentencia en el sentido de indexar el
monto pagado por concepto de la multa impuesta a lo cual procedió el a-quo
mediante sentencia del 14 de noviembre de 2012, conforme a la fórmula establecida
jurisprudencialmente por el Consejo de Estado1 : La adición de la sentencia se
realizó en los siguientes términos:
Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el 31 de mayo
de 2012, por las razones expuestas con anterioridad, la cual quedará así:
“SEGUNDO: ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN,
a título de restablecimiento del derecho, la restitución del monto pagado
por RCN TELEVISIÓN S.A., por concepto de la multa impuesta, en un
monto de $319.127.271, más la actualización causada hasta la fecha de
la sentencia de $39.705.444, para un total de $358.832.715”
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 26 de diciembre de 1997, la Comisión Nacional de Televisión y RCN Televisión
S.A. celebraron el contrato de concesión n°.140 para la operación y explotación del
canal nacional de operación privada N1 en el Plan de Utilización de Frecuencias. El
2 de agosto de 2007, la Comisión Nacional de Televisión, mediante Resolución n°.
738, impuso una multa al concesionario con ocasión de la emisión en el noticiero
Noticias RCN del 20 de agosto de 2004 de la noticia relacionada con unos niños
que comían papel con agua de panela en el sur de Bogotá, al considerar que el
concesionario incurrió en desconocimiento al deber de informar veraz y
objetivamente, vulnerar los principios de protección de la juventud, la infancia, la
familia, a la responsabilidad social de los medios y las disposiciones que protegen
los derechos de los niños. El 5 de junio de 2008, la entidad confirmó la decisión a
través de la Resolución n°. 556. El demandante pidió la nulidad de los actos que
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Folios 338 y 339, cuaderno 6.
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Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
impusieron la multa porque violaron el debido proceso, transgredieron el principio
de tipicidad y operó la caducidad de la facultad sancionatoria.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El 27 de octubre de 20082, RCN Televisión S.A., a través de apoderado judicial,
formuló acción contractual en contra de la Comisión Nacional de Televisión. La
demandante formuló las siguientes:
PRETENSIONES PRINCIPALES.
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 738, “Por la cual se
resuelve una investigación” contra RCN TELEVISIÓN S.A., expedida por la
demandada el 2 de agosto de 2007 y de la Resolución 556, expedida por la
demandada el 5 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de
reposición”;
SEGUNDA: Que se condene a la demandada a restituir TRESCIENTOS
DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y UN PESOS M/CTE. ($319.127.271.oo), suma de dinero pagada
por la demandante, en cumplimiento de las mencionadas Resoluciones 738
de 2007 y 556 de 2008 expedidas por la demandada, con la respectiva
corrección monetaria y con los intereses comerciales corrientes desde la
fecha en la cual la demandante realizó el pago y hasta que sean restituidas
íntegramente por la demandada las correspondientes sumas.
TERCERA. [sic] Que se condene al pago de las costas.
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS
PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 738, “Por
la cual se resuelve una investigación” contra RCN TELEVISIÓN S.A.,
expedida por la demandada el 2 de agosto de 2007 y de la Resolución
556 del 5 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de
reposición”, en cuanto al monto de la multa impuesta;
SEGUNDA: Que se condene a la demandada a restituir la diferencia
entre TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO
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Según da cuenta el sello de radicación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, folio 47 c. 1.
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Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.
($319.127.271.oo), suma de dinero pagada por la demandante, en
cumplimiento de las mencionadas Resoluciones 738 de 2007 y 556 de
2008, y la suma que resulte de calcular el 0.15% del valor actualizado
del contrato de concesión No. 140 celebrado entre las partes de este
proceso, de conformidad con el monto del mencionado valor
actualizado del contrato que se establezca con base en el dictamen
pericial que se solicita como prueba en el acápite correspondiente. La
suma a restituir deberá incluir la respectiva corrección monetaria y los
intereses comerciales corrientes desde la fecha en la cual la
demandante realizó el pago y hasta que sean restituidas íntegramente
por la demandada las correspondientes sumas;
TERCERA. [sic] Que se condene al pago de las costas a la entidad
demandada.
Hechos
En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que el 26 de diciembre de 1997,
la Comisión Nacional de Televisión y RCN Televisión S.A. celebraron el contrato de
concesión n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de televisión
de operación privada N1 en el Plan de Utilización de Frecuencias, por valor de
$117.973.850.000.
Señaló que el 7 de mayo de 2007, el jefe de la oficina de regulación de la
competencia de la Comisión Nacional de Televisión abrió investigación contra RCN
Televisión S.A., por transmitir en el noticiero Noticias RCN del 20 de agosto de 2004
la noticia relacionada con unos niños que comían papel con agua de panela en el
sur de Bogotá, dado que con su contenido -según la entidad- se incurrió en
desconocimiento al deber de informar veraz y objetivamente, vulneración a los
principios de protección de la juventud, la infancia, la familia, a la responsabilidad
social de los medios y a las disposiciones que protegen los derechos de los niños.
El 2 de agosto de 2007, la Comisión Nacional de Televisión, mediante la Resolución
n°.0738, impuso una multa del 0.15% del valor actualizado del contrato –
$319.127.271– al concesionario por transmitir en el noticiero Noticias RCN del 20
de agosto de 2004 la noticia relacionada con unos niños que comían papel con agua
de panela en el sur de Bogotá, dado que con su contenido -según la entidad- se
incurrió en desconocimiento al deber de informar veraz y objetivamente, vulneración
a los principios de protección de la juventud, la infancia, la familia, a la
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Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
responsabilidad social de los medios y a las disposiciones que protegen los
derechos de los niños. Afirmó que la comunicación que convocaba para su
notificación personal solo fue enviada el 4 de septiembre de 2007 y esta se practicó
el 20 de septiembre de 2007, es decir, transcurridos más de tres años desde la
ocurrencia de los hechos.
El 27 de septiembre de 2007, RCN Televisión S.A. presentó recurso de reposición
contra la Resolución n°. 738 del 2 de agosto de 2007. El 5 de junio de 2008, la
Comisión Nacional de Televisión, mediante la Resolución n°. 556, confirmó la
decisión de imponer multa a RCN Televisión S.A. contenida en la Resolución n°.
738. La decisión fue notificada por edicto fijado entre el 15 de agosto de 2008 y el
29 de agosto del mismo año.
Afirmó que los actos administrativos que impusieron la multa son ilegales por
desconocimiento del derecho de defensa, dado que se negó la práctica de pruebas
y la intervención del tercero afectado dentro de la investigación. También adujo que
las decisiones violaron el debido proceso administrativo, porque la misma persona
que adelantó la investigación fue la que impuso la multa, calculó de forma errónea
el valor actualizado del contrato para determinar el monto de la sanción y operó la
caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez que transcurrieron más de tres
años desde la ocurrencia de los hechos –20 de agosto de 2004– hasta la expedición
del oficio para la notificación de la sanción –4 de septiembre de 2007–notificación
de la sanción –20 de septiembre de 2007–.
Contestación de la demanda
El 31 de mayo de 2010 (fls. 154-212 c. 1), la Comisión Nacional de Televisión, al
contestar la demanda, se opuso a las pretensiones. Esgrimió que desde el comienzo
de la actuación administrativa –7 de mayo de 2007– el concesionario conoció las
pruebas que sustentaron la respectiva investigación.
Adujo que RCN Televisión S.A. infringió la ley, los reglamentos de la comisión, los
pliegos de condiciones y el mismo contrato. De igual manera, que la sanción se
adoptó por cuanto el concesionario transmitió en el noticiero Noticias RCN del 20
de agosto de 2004, la noticia relacionada con unos niños que comían papel con
agua de panela en el sur de Bogotá, con lo cual desconoció los fines del servicio.
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Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
Afirmó que el acto administrativo por medio del cual se impuso la sanción se profirió
dentro de la oportunidad legal. Sostuvo que los hechos relacionados con la emisión
del noticiero Noticias RCN ocurrieron el 20 de agosto de 2004 y la Resolución
mediante la cual fue resuelta la investigación fue expedida el 2 de agosto de 2007,
antes que venciera el término de los tres (3) años establecidos en la norma que
faculta a la entidad para imponer sanciones.
Adujo que el hecho de haberse solicitado al concesionario, a través de
comunicación del 4 de septiembre de 2007, concurrir a recibir notificación personal
de la resolución sancionatoria no significa que la actuación administrativa se haya
resuelto por fuera del término legal, toda vez que como está probado objetivamente,
esta se decidió el 2 de agosto de 2007.
Agregó que el artículo 38 del CCA exigía solamente que el acto administrativo
sancionatorio se profiriera en el término de tres años y que el término de caducidad
se interrumpe con la expedición del acto administrativo contentivo de la
manifestación clara y expresa de la administración imponiendo sanción al
administrado, independientemente del trámite de notificación, pues este constituye
un mecanismo de publicidad a través del cual se da a conocer al administrado la
voluntad de la administración que no determina la validez ni existencia de aquel.
Fundamentos de la providencia recurrida
El 31 de mayo de 2012, con adición de sentencia del 14 de noviembre del mismo
año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
declaró la nulidad de los actos administrativos que impusieron la multa, por cuanto
operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración (f. 322 y 339 c.
p/pal).
Explicó, con fundamento en el artículo 38 del CCA y la jurisprudencia de esta
Corporación, que la Resolución n°. 738 –por la cual se resuelve una investigación–
debía expedirse y notificarse antes del 20 de agosto de 2007, es decir, dentro de
los tres años siguientes a la ocurrencia de los hechos –20 de agosto de 2004–.
Como la Resolución n°. 738 se notificó el 20 de septiembre de 2007, operó la
caducidad de la facultad para imponer una sanción. Así las cosas, la entidad había
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Demandante: RCN Televisión S.A.
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Acción: Controversias contractuales
perdido la facultad sancionatoria, circunstancia que conlleva la nulidad de las
resoluciones y la devolución del valor que RCN Televisión S.A. pagó por la multa,
más la actualización causada hasta la fecha de la sentencia.
Recurso de apelación
La parte demandada interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 13 de
diciembre de 2012 (fls. 326-348 c. p/pal). Esgrimió que el Tribunal erró al declarar
la caducidad de la facultad sancionatoria, ya que la Resolución n°. 738 se profirió
dentro del término previsto en el artículo 38 del CCA. Sostuvo que RCN Televisión
S.A. desconoció las disposiciones de carácter legal y reglamentario que rigen la
prestación del servicio público de televisión, con ocasión de la emisión el 20 de
agosto de 2004 de la noticia relacionada con unos niños que comían papel en el sur
de Bogotá. Como la Resolución n°. 738 se expidió el 2 de agosto de 2007, es decir,
sin que hubieran transcurrido más de tres años desde la ocurrencia de los hechos,
no operó la caducidad de la sanción.
Sostuvo que, de conformidad con el artículo 38 del CCA, no era necesario notificar
el acto administrativo sancionatorio dentro del término de tres años, sino solamente
expedirlo, ya que dicha norma no establece ni contiene exigencia distinta para el
ejercicio de la facultad sancionatoria que la de imponer sanciones en ese plazo.
Trámite de segunda instancia
El 7 de octubre de 2013, el Despacho rechazó el recurso de apelación por «falta de
legitimación para apelar», ya que por mandato legal la Comisión Nacional de
Televisión sustituyó sus procesos judiciales a la Autoridad Nacional de Televisión (f.
410 c. p.pal.). La Comisión Nacional de Televisión interpuso recurso de súplica. El
21 de noviembre de 2013, el Despacho siguiente en turno revocó el auto de 7 de
octubre de 2013 y, en su lugar, admitió el recurso de apelación formulado por la
Comisión Nacional de Televisión, al considerar que sí le asistía interés procesal para
recurrir la sentencia condenatoria (fls 415-417 c. p/pal).
El 30 de enero de 2014 (f. 420 c. p/pal.), se corrió traslado para alegar de conclusión
en segunda instancia (f. 420 c. p/pal.). Las partes reiteraron lo expuesto. El
Ministerio Público consideró que los actos administrativos sancionatorios eran
nulos, porque para la fecha de notificación de la Resolución n°. 738 –20 de
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septiembre de 2007– ya había caducado la facultad sancionatoria de la
Administración (fls. 443-454 c. p/pal).
III. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 27 de octubre de 2008 (f. 46 c. 1 reverso), el
régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–.
Conforme a su artículo 266, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas
actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2
de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y
procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían
conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al
artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de
Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2.La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la
actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
Inicialmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado permitía la renuncia tácita de
las partes de un contrato estatal a la cláusula compromisoria, cuando una de ellas
presentaba una demanda ante la jurisdicción administrativa y la otra no alegaba falta
de jurisdicción. Sin embargo, la Sala Plena de esta Sección unificó la jurisprudencia
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Demandante: RCN Televisión S.A.
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Acción: Controversias contractuales
para indicar que la renuncia de la cláusula compromisoria requería un pacto
formalizado por escrito, igual que en su creación3.
Las partes incluyeron una cláusula compromisoria en la cláusula 40 del contrato nº
140 de 1997 (f. 104 c. 2). No obstante, RCN Televisión S.A. presentó la demanda,
la Comisión Nacional de Televisión se presentó al proceso y no planteó la excepción
de falta de jurisdicción, ni argumentó alguna nulidad. La demanda fue presentada el
27 de octubre de 2008, cuando la jurisprudencia consolidada permitía la «renuncia
tácita» a la cláusula compromisoria. Este criterio solo cambió el 18 de abril de 2013,
exigiendo una renuncia expresa y por escrito.
Aunque la variación de la jurisprudencia generalmente afecta a todos los casos, es
importante reconocer que aplicar un nuevo criterio a demandas presentadas
anteriormente, como en este caso, podría afectar el derecho de acceso a la justicia.
Esto impondría una carga desproporcionada al demandante, que ha esperado
durante años la resolución de su conflicto. Además, la aplicación del criterio de
renuncia tácita es coherente con las disposiciones sobre arbitraje introducidas en la
Ley 1563 de 2012. Por lo tanto, esta Subsección ha decidido aplicar la «renuncia
tácita a la cláusula compromisoria» en demandas presentadas antes del cambio
jurisprudencial4.
Como en el momento de presentar la demanda, la jurisprudencia del Consejo de
Estado aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la cláusula
compromisoria, se conocerá la demanda.
2.1 El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los
recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a
la cuantía porque el valor de la mayor pretensión –$319.127.271 (f. 2 c. 1) – supera
los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA, esto es, $230.750.0005.
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 18 de abril de 2013, Rad, 17859
[fundamento jurídico 2.5.4].
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. n°. 41646
[fundamento jurídico 1], sentencia de 10 de marzo de 2023, rad. n°. 60102 [fundamento jurídico 3.1.1] y
sentencia de 24 de enero de 2014, rad. n°. 53674 [fundamento jurídico 1.3]. Este criterio también ha sido acogido
por las otras Subsecciones: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 23 de noviembre
de 2022, rad. n°. 50509 [fundamento jurídico 2.5] y Subsección A, sentencia de 8 de abril de 2024, rad. n°.
61020 [fundamento jurídico 3].
5 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 500.
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Acción procedente
3. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se
alegan perjuicios por los actos proferidos con ocasión de la ejecución de un contrato
(arts. 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA).
Demanda en tiempo
4. El término para formular las pretensiones de naturaleza contractual, en la acción
contractual, de conformidad con el inciso primero del numeral 10 del artículo 136
del CCA, por regla general, es de dos años contados a partir del día siguiente a la
ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.
Como el demandante solicitó la nulidad de la Resolución n.° 556, que confirmó la
decisión de imponer la multa, que fue notificada por edicto entre el 15 de agosto de
2008 y el 29 de agosto de 2008, quedando en firme y ejecutoriada el 1º. de
septiembre de 2008 (f. 84 c. 2), y la demanda se interpuso el 27 de octubre de 2008,
la acción se intentó en tiempo.
Legitimación en la causa
5. RCN Televisión S.A. está legitimado en la causa por activa porque fue parte del
contrato de concesión n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de
operación privada N1 en el Plan de Utilización de Frecuencias (fls. 86-105 c. 2). La
Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está
legitimada en la causa por pasiva, como sucesor procesal de la Comisión Nacional
de Televisión (f. 494 c. p.pal.), entidad que también fue parte de ese contrato (fls.
86-105 c 2.).
II. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos que impusieron una
multa al contratista por transmitir una noticia relacionada con niños que comían
papel con agua de panela en el sur de Bogotá, con lo que según la entidad se
incurrió en vulneración de los principios a la protección de la juventud, la infancia, la
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familia, responsabilidad social de los medios y a las disposiciones que protegen los
derechos de los niños, son nulos por falta de competencia. En caso de no prosperar
el primer cargo, la Sala analizará si los actos transgredieron los derechos de
defensa y audiencia.
Análisis de la Sala
6. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandada, la Sala estudiará el
asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC.
7. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta
Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio 6.
El régimen jurídico del contrato y naturaleza de la multa impuesta
8. La Ley 182 de 1995 reglamentó el servicio de televisión y estableció normas para
su contratación. Según el artículo 5.k, correspondía a la Comisión Nacional de
Televisión ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que fueran
necesarios para el cumplimiento de su objeto, para lo cual se sujetaría a las normas
previstas en el CCA y en la Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyeran,
complementaran o adicionaran. El parágrafo del artículo 33 de la Ley 80 de 1993,
por su parte, dispone que los servicios de televisión se concederán mediante
contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre
la materia. De ahí que, los contratos de concesión de televisión se rigieran por las
normas especiales contenidas en la Ley 182 de 1995 y, en lo no regulado
expresamente en ella, por las disposiciones de la Ley 80 de 1993.
Sobre la materia, en particular frente a las multas en el marco de los contratos de
concesión del servicio de televisión, varios Tribunales de Arbitramento7 han
reconocido que la Comisión Nacional de Televisión –posteriormente Agencia
Nacional de Televisión– es competente para la imposición de multas por disposición
expresa del literal b del artículo 5 y el literal h del artículo 12 de la Ley 185 de 1995.
6 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022 [fundamento jurídico
1].
7 Cfr. Cámara de Comercio de Bogotá: Tribunal de Arbitramento de RCN Televisión S.A. vs. Autoridad Nacional
de Televisión proferido el 29 de marzo de 2017; Tribunal de Arbitramento de Caracol Televisión S.A. vs. Agencia
Nacional de Televisión proferido el 3 de abril de 2017; Tribunal de Arbitramento de Caracol Televisión S.A. vs.
Autoridad Nacional de Televisión proferido el 4 de mayo de 2017; Tribunal de Arbitramento de RCN Televisión
S.A. vs. Autoridad Nacional de Televisión S.A. proferido el 23 de mayo de 2017 y Tribunal de Arbitramento de
RCN Televisión S.A. vs. Autoridad Nacional de Televisión proferido el 30 de mayo de 2017.
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Radicación 25000-23-26-000-2008-00529-02
Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
Por ello, los paneles arbitrales consideran que se tratan de verdaderos actos
administrativos contractuales a través de los cuales se materializa la facultad
sancionatoria de la Administración y que deben sujetarse de manera estricta al
«debido proceso sancionatorio».
Como el 26 de diciembre de 1997, la Comisión Nacional de Televisión celebró con
RCN Televisión S.A. el contrato n°. 140 para la operación y explotación del canal
nacional de operación privada N1 en el Plan de Utilización de Frecuencias (fls. 86-
105 c. 2), le era aplicable la Ley 182 de 1995 y, en lo no regulado en esa ley, las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
9. Según el artículo 12.h de la Ley 182 de 1995, la Junta Directiva de la Comisión
Nacional de Televisión tenía la atribución de sancionar a los operadores del servicio,
a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los canales
regionales por violación de sus obligaciones contractuales o por transgresión de las
disposiciones legales y reglamentarias o de las de la Comisión, relacionadas con el
servicio.
Para tales efectos, y en relación con las concesiones originadas en un contrato, la
Junta Directiva de la Comisión decretaría las multas pertinentes por las violaciones
mencionadas, en aquellos casos en que considerara fundadamente que las mismas
no merecían la declaratoria de caducidad del contrato y que ambas facultades se
considerarían pactadas, así no estuvieran expresamente consignadas en el
convenio. Como esta disposición previó que las multas serían impuestas a través
de resolución motivada, estas decisiones eran actos administrativos.
Está acreditado que el 2 de agosto de 2007, en el marco de las actividades de
inspección, vigilancia, seguimiento y control, la Comisión Nacional de Televisión,
mediante Resolución n°. 738, impuso una multa al concesionario por la emisión en
el noticiero Noticias RCN del 20 de agosto de 2004, en el horario de las 19:00 horas,
de la noticia relacionada con unos niños que comían papel con agua de panela en
el sur de Bogotá, infringiendo las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996, el Código del
Menor y el Contrato de Concesión No. 140 de 1997 (fls. 5-29 c. 2), y que el 5 de
junio de 2008, a través de Resolución n°. 556, confirmó la decisión (fls. 31-56 c. 2).
Como los artículos 5.b y 12.h de la Ley 182 de 1995 habilitaron a la Comisión
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Radicación 25000-23-26-000-2008-00529-02
Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
Nacional de Televisión para imponer multas a través de actos administrativos, y en
uso de esas facultades la entidad expidió las resoluciones n.° 738 y 556, su
naturaleza corresponde a la de actos administrativos y, por ello, las consideraciones
sobre la naturaleza de las multas y su régimen legal en vigencia de las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007 no son aplicables8. En este caso el daño proviene de un acto
administrativo y lo que se pretende es un juicio de legalidad sobre una prerrogativa
que refleja el ius puniendi del Estado.
Primero cargo: Falta de competencia temporal
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las
resoluciones n.° 738 y 556, al considerar que como el hecho por el cual se impuso
la multa se dio el 20 de agosto de 2004, fecha de la emisión del programa en que
se mencionó la nota de los niños que comían papel periódico con agua de panela,
la facultad para imponer una sanción en este caso caducaba el 20 de agosto de
2007. Como el acto administrativo principal, mediante el cual se impuso la sanción,
se notificó el 20 de septiembre de 2007, operó la caducidad de la facultad
sancionatoria.
La parte demandada, en el recurso de apelación, esgrimió que dentro del término
de tres años la entidad adelantó la investigación y expidió el acto sancionatorio,
razón por la cual no operó la caducidad y que no era necesario notificar el acto
administrativo sancionatorio dentro del término de tres años, sino solamente
expedirlo, ya que la norma que regula este instrumento no establece ni contiene
exigencia distinta para el ejercicio de la facultad sancionatoria que la de imponerla
en ese plazo. Aunque el demandante sostuvo que por vía de jurisprudencia mal
puede agregarse requisitos que el legislador no estableció en la respectiva ley, la
Sala evidencia que en el fondo corresponde a un cargo de falta de competencia
temporal [ratione temporis]9, por cuanto lo que se discute es si los actos
sancionatorios se expidieron cuando se encontraba vencido el término dispuesto en
el artículo 38 del CCA, y así lo estudiará.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de mayo de 2015, rad. n°. 39497
[fundamento jurídico 15.5] y Subsección B, sentencia de 30 de agosto de 2018, rad. n°. 40606 [fundamento
jurídico n°. 3.4]
9 Ossa Arbeláez, Jaime, Derecho Administrativo Sancionador, Legis, Bogotá, 2000, p. 598 «una vez vencidos
los plazos, el sujeto pasivo de la acción, o titular de la reprensión sancionatoria, no puede ser objeto de sanción.
La acción gubernamental se torna ilícita. En aras de la seguridad jurídica el Estado tiene un límite para ejercer
el ius puniendi, fuera del cual las autoridades públicas no pueden iniciarlo o proseguirlo pues, de lo contrario,
incurren en falta de competencia por razón del tiempo».
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11. La Sala reitera que el régimen del contrato de concesión n°. 140 para la
operación y explotación del canal nacional de operación privada N1 en el Plan de
Utilización de Frecuencias era la Ley 182 de 1995 y, en lo no regulado en esa ley,
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Como el artículo
12.h de la Ley 182 de 1995 autorizó a la Comisión Nacional de Televisión a
sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el
procedimiento previsto en la ley, a los concesionarios de espacios de televisión y
reguló las multas que la Comisión podía imponer, es esa disposición la que
determinaba el marco de esa facultad. Según esa norma, la Comisión Nacional de
Televisión estaba facultada para imponer multas mediante actos administrativos –
que por definición son decisiones unilaterales– por violación de sus obligaciones
contractuales o por transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias.
12. En la cláusula 15.8 del contrato de concesión n°. 140, la Comisión Nacional de
Televisión y RCN Televisión S.A. pactaron expresamente que el concesionario se
obligaba a dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales que
amparaban los derechos de la familia y de los niños, en especial las establecidas
en el Código del Menor, en cuanto a la responsabilidad de los medios de
comunicación con los menores (f. 94 c. 2).
13. La potestad sancionadora de la Administración se erige como uno de los
instrumentos con los que cuenta el Estado con el objetivo de preservar el orden
jurídico institucional. Se trata de una manifestación del ius puniendi estatal que
consiste en la aplicación de medidas sancionatorias por parte de las autoridades
administrativas frente a los particulares y los servidores públicos cuando incurren
en actuaciones que afectan o amenazan el ordenamiento jurídico10.
Esta Corporación distinguió la facultad sancionatoria de la Administración de la
sanción en el ámbito civil11. Sostuvo que la diferencia radica en la finalidad que cada
una de ellas persigue, así, «la reacción que el ordenamiento jurídico tiene frente a
un ilícito administrativo es la de prevenir - castigar, al tratar de evitar la puesta en
peligro de bienes jurídicos; el ilícito civil se estatuye como categoría para cumplir
una finalidad esencialmente resarcitoria - compensatoria a través de medidas
10 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C- 412 de 2015 [fundamento jurídico 4].
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de diciembre de 2022, rad. n°. 55904
[fundamento jurídico 9.3.2]
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Acción: Controversias contractuales
encaminadas no a la represión sino de eliminación de las consecuencias negativas
o concediendo en favor de la víctima la respectiva indemnización de perjuicios» 12.
La Sala considera que la Resolución n°. 738 corresponde al ejercicio de una
potestad legal contenida en la Ley 182 de 1995, la cual, además, se aprecia como
un desarrollo de las facultades de inspección, vigilancia, seguimiento y control en el
marco del poder sancionador atribuido a la Comisión Nacional de Televisión, cuya
finalidad era la de castigar la puesta en peligro de bienes jurídicos13.
En la Resolución n°. 738 expresamente se invocaron como fundamento de la
sanción los artículos 5.b14 y 12.h15 de la Ley 182 de 1995, siendo aplicable en este
sentido, a falta de un procedimiento específico para la respectiva actuación
administrativa, el que de manera general definió el Código Contencioso
Administrativo, en su primera parte y, en particular, el artículo 38 de dicho estatuto,
entendido como el límite temporal dispuesto para instrumentalizar el ius puniendi
por parte de la Administración.
Valga precisar que esta Corporación ha estudiado la legalidad de las sanciones de
la Comisión Nacional de Televisión a partir del artículo 38 del CCA. Lo anterior,
encuentra fundamento en tanto al amparo de la Constitución Política, la ley otorgó
a la CNTV «la potestad de ordenar correctivos en el ejercicio de la actividad vigilada
en el supuesto que la encuentre como no ajustada a la ley, cuestión que puede
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de octubre de 2012, rad. n°. 20738 [fundamento
jurídico b].
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de sentencia de 30 de agosto de 2017,
rad. n°. 37567, [fundamento jurídico 6.2].
14 Art. 5.b «en desarrollo de su objeto corresponde a la Comisión Nacional de Televisión Adelantar las
actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para una adecuada prestación del servicio público
de televisión. Para estos efectos, podrá iniciar investigaciones y ordenar visitas a las instalaciones de los
operadores, concesionarios de espacios de televisión y contratistas de televisión; exigir la presentación de libros
de contabilidad y demás documentos privados, sin que le sea oponible la reserva o inviolabilidad de los mismos;
e imponer las sanciones a que haya lugar».
15 Art. 12.h «Sancionar, de conformidad con las normas del debido proceso y con el procedimiento previsto en
la ley, a los operadores del servicio, a los concesionarios de espacios de televisión y a los contratistas de los
canales regionales por violación de sus obligaciones contractuales, o por transgresión de las disposiciones
legales y reglamentarias o de las de la Comisión, relacionadas con el servicio. Para tales efectos, y en relación
con las concesiones originadas en un contrato, la Junta Directiva de la Comisión decretará las multas pertinentes
por las violaciones mencionadas, en aquellos casos en que considere fundadamente que las mismas no
merecen la declaratoria de caducidad del contrato. Ambas facultades se considerarán pactadas así no estén
expresamente consignadas en el convenio. Las multas serán proporcionales al incumplimiento del
concesionario y al valor actualizado del contrato, y se impondrán mediante resolución motivada. Igualmente, la
Junta Directiva podrá imponer la sanción de suspensión de la concesión hasta por seis (6) meses o la
cancelación definitiva cuando la transgresión de las disposiciones legales y reglamentarias de la Comisión así
lo acrediten. En el caso de las comunidades organizadas, además de dicha suspensión, la Junta Directiva podrá
imponer las sanciones de multa hasta por quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la
de revocatoria de la licencia para operar el servicio. En el caso de los operadores públicos las sanciones podrán
ser multas de hasta mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la destitución de los
servidores públicos que hayan tolerado o cometido la infracción. Para el ejercicio de tal facultad la Junta
Directiva deberá tener en cuenta la gravedad de la falta, el daño producido y la reincidencia en su comisión.
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realizar a través de instrucciones generales o, en su caso, mediante actos
administrativos de carácter particular y obligatorio, los cuales constituyen una
expresión de la forma en que se concreta la potestad de “control”»16.
De ahí que la Sala expresamente haya reconocido que «la potestad de la Comisión
Nacional de Televisión para imponer multas más que una facultad contractual,
emana de un deber legal y funcional que, por lo demás, yace como un elemento
imperativo de la naturaleza del contrato, de manera que se entienden pertenecerle
al convenio, aun en el evento de no hallarse pactadas o aunque no estén
expresamente consignadas por las partes»17.
Así, por ejemplo, esta misma Sección, en fallo de 8 de mayo de 2019, concluyó que
el cargo por falta de competencia temporal no «esta[ba] llamado a prosperar, puesto
que la CNTV expidió y notificó el acto administrativo antes del 9 de junio de 2007,
fecha en la que vencía el término para sancionar», de conformidad con el artículo
38 del CCA18. En el mismo sentido, en otra oportunidad se consideró que en el
contrato de concesión del servicio de televisión «estaba prevista la facultad en
cabeza de la Comisión demandada de supervisar e inspeccionar las instalaciones,
el sistema y el servicio proporcionado por la actora en su calidad de concesionaria
(…) lo que significaba, por antonomasia, que la facultad sancionatoria del Estado
en esta materia caducaba en el término de tres (3) años previsto en el artículo 38
del CCA»19
En este orden de ideas, la Sala procede a determinar si la entidad ejerció la facultad
sancionatoria dentro del término legal o si, por el contrario, como concluyó el
Tribunal, los actos son nulos por falta de competencia temporal.
14. De conformidad con el artículo 38 del CCA, la facultad que tienen las autoridades
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres años de producido el acto
que pueda ocasionarlas.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de marzo de 2014, rad. n°. 30289
[fundamento jurídico 6].
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 13 de diciembre de 2016, rad. nº. 45215
[fundamento jurídico 9.2.3].
18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. n°. 43802
[fundamento jurídico 4.2].
19 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de julio de 2018, rad. nº. 2012-00029-01 [fundamento
jurídico nº. 4.1 y 4.2]. Valga precisar que dicha Sección conoció del asunto de conformidad con el acuerdo de
descongestión nº. 357 de 2017.
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Esta Corporación sostuvo inicialmente tres posturas20 respecto de la forma en la
que debía contabilizarse el término de caducidad de la facultad sancionatoria, según
las cuales, dentro del término de los tres años las autoridades debían: i) expedir el
acto administrativo sancionatorio; ii) expedir dicho acto y notificarlo y iii) expedir el
acto principal, notificarlo y resolver los recursos formulados en su contra y notificar
en debida forma al recurrente. Así lo reconoció esta Sección al referirse a la
disparidad de posturas en cuanto al conteo de la caducidad de la sanción:
En la jurisprudencia de esta Corporación se han evidenciado oscilaciones en lo
atinente a la dilucidación de este extremo, pues son identificables tanto
pronunciamientos en virtud de los cuales todo lo que debe producirse dentro de los
plazos en mención es la expedición del acto administrativo que impone la sanción
correspondiente, como providencias en las cuales se sostiene que además de la
adopción del acto resulta menester su notificación al sancionado antes del
vencimiento del término, al igual que existen fallos en los cuales se ha considerado
que el acto administrativo que imponga la sanción a que haya lugar debe quedar
ejecutoriado antes de que venzan los respectivos plazos de caducidad o de
prescripción.21
Conviene señalar que, respecto de la facultad disciplinaria, la Sala Plena de lo
Contencioso administrativo unificó jurisprudencia, en el sentido de señalar que esa
facultad prescribe si el acto principal y su notificación no se producen dentro de los
cinco años siguientes al momento en que cesó la falta. Descartó la interpretación
según la cual, también el acto que resuelve recursos debe proferirse en ese lapso.
Sobre el particular, en la sentencia de 29 de septiembre de 2009, esa Sala discurrió
de la siguiente manera:
Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las Secciones
sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente
proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se
20 El panorama jurisprudencial referido fue puesto de presente por la Sección Primera de esta Corporación de
la siguiente manera: «Sobre el punto, no ha habido una posición consistente de la Corporación. En efecto:
a). La Sección Primera, con ponencia del Magistrado Rodrigo Vieira Puerta, dijo: “… para tomar una decisión,
entendiéndose por ésta la resolución definitiva del asunto. Inferible es de ello, que si llegado el momento de
decidir sin que queden ya más recursos y ese momento está sobrepasando los cuatro años fijados por la ley, la
resolución … no ha podido ser otra que la de declarar la prescripción en forma oficiosa…”. (Sentencia de 12 de
julio de 1990, expediente 1499, actor Bernardo Fernández)-
b). La misma Sección Primera, en fallos de los que fueron ponentes los magistrados Miguel González
Rodríguez, Yesid Rojas Serrano y Libardo Rodríguez Rodríguez, sostuvieron, en esencia, que la notificación y
la oportunidad para interponer los recursos no hacen parte del procedimiento administrativo con el que se pone
fin a una actuación de esa naturaleza (sentencias de 15 de agosto de 1991, expediente 1457; 18 de julio de
1991, expediente 1567 y 25 de julio de 1991, expediente 1476, en su orden).
c). La Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Guillermo Chahín Lizcano, sostuvo que para imponer
sanciones se hace necesaria la diligencia de notificación del acto que pone fin a la actuación administrativa y
de las decisiones ulteriores necesarias para que el acto sancionatorio quede en firme (sentencia de 8 de junio
de 1992, expediente 4040, actor Banco Cafetero, reiterada en providencia de 12 de agosto de 1994, expediente
5533, actor Banco de Occidente).
d). Esa misma Sección, con ponencia del magistrado Dr. Delio Gómez Leiva sostuvo que “el acto administrativo
que impone una sanción debe ser expedido y notificado dentro del término de prescripción” (Expediente núm.
5861, actor Banco de Santander, sentencia de 19 de mayo de 1995)». Consejo de Estado, Sección Primera,
sentencia de 31 de enero de 2002, rad. n°. 6270 [fundamento jurídico 1].
21
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de agosto de 2011, rad. n°. 16435
[fundamento jurídico n°. 2.5].
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explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo y
que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando
concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que
define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se
concreta la expresión de la voluntad de la administración.
Al respecto, se advierte que la interpretación fijada en la sentencia de unificación,
que se refirió a la prescripción de la facultad disciplinaria, se hizo aplicable a todos
los procesos sancionatorios que no tienen norma especial –y no solo a las acciones
disciplinarias–, toda vez que se indicó que resultaba necesario «unificar las posturas
de las Secciones sobre el tema». En efecto, esta aplicación del criterio a la
caducidad de esa facultad ha sido reiterado por las distintas Secciones22 de la
Corporación, para efectos de establecer la correcta aplicación del artículo 38 del
CCA.
Especialmente esa aplicación la ha realizado la Sección Primera, la cual afirmó,
frente a la sentencia del 29 de septiembre de 2009, que «a pesar de que no se
refiere al artículo 38 del CCA que se ocupa de la caducidad y no de la prescripción
enunciada en la norma disciplinaria, es perfectamente aplicable (para efectos de
contabilizar el término del artículo 38 del CCA) y (…) en este orden de ideas, tal
como lo señala la jurisprudencia descrita (sentencia de 29 de septiembre de 2009)
la sanción se considera oportunamente impuesta si dentro del término de tres años
indicado en la norma se ejerce esta potestad, es decir, se expide y se notifica el acto
administrativo que concluye la actuación administrativa sancionatoria»23.
Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia de 1 de junio de 201824, hizo un
recuento de la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo referente al artículo 38
del CCA y concluyó que la sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2009
«sirvió (i) como parámetro de interpretación del artículo 38 del Decreto 01 de 1984,
y (ii) como herramienta para la construcción y la consolidación de un precedente
uniforme, pacífico y reiterado sobre la interpretación de la norma en mención». Las
consideraciones de la Corte fueron las siguientes:
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, rad. nº. 2004-00986 [fundamento
jurídico nº. 1], sentencia de 14 de febrero de 2013, rad. nº. 2003-91003 [fundamento jurídico 4], sentencia de
28 de agosto de 2014, rad. nº. 2008-00369 [fundamento jurídico 5.1], Sección Tercera, Subsección A, sentencia
de 25 de agosto de 2011, rad. n°. 16435 [fundamento jurídico n°. 2.5], sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. nº.
43802 [fundamento jurídico 4.2] entre otras.
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, rad. n°. 2004-00986-01
[fundamento jurídico 1].
24 Corte Constitucional, sentencia T-211 de 2018 [fundamentos jurídicos 29 a 31].
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La jurisprudencia del Consejo de Estado ha expuesto diversas interpretaciones
sobre la forma de contabilización del término de caducidad de 3 años previsto en
el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984- y,
específicamente, sobre el momento en el que se entiende ejercida la facultad
sancionatoria de las autoridades administrativas.
En efecto, las secciones de esa Corporación desarrollaron tres tesis según las
cuales, en el plazo en mención y para que no opere la caducidad, las autoridades
deben: (i) expedir el acto administrativo sancionatorio; (ii) proferir dicho acto y
notificarlo, y (iii) emitir la decisión principal, notificarla, resolver los recursos
formulados en su contra y notificar al recurrente.
En atención a esa disparidad de posturas, en sentencia del 29 de septiembre de
2009 la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario establecer cuándo
se entiende ejercida la facultad sancionatoria y concluyó que en el régimen
disciplinario la sanción se impone de manera oportuna si en el término asignado
para ejercer esa potestad se expide y notifica el acto que concluye la actuación
administrativa, que es la decisión primigenia y no la que resuelve los recursos
de la vía gubernativa.
Es necesario precisar que dicha sentencia de unificación se emitió en el marco de
un proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa
de los Derechos Humanos y de acuerdo con el término de caducidad previsto en el
artículo 12 de la Ley 25 de 197425, modificado por el artículo 6º de la Ley 13 de 1984.
Posteriormente, la Sección Primera del Consejo de Estado, tal y como se verá,
acogió la sentencia proferida por Sala Plena de esa Corporación como una
decisión orientadora y a partir de ese referente fijó un precedente pacífico,
reiterado y uniforme, según el cual en el término de caducidad de 3 años previsto
en el artículo 38 del Decreto 01 de 1984 la autoridad administrativa debe proferir el
acto sancionatorio y notificarlo (…). (negrillas originales)
En conclusión, pese a la variedad de criterios en relación con la caducidad de la
potestad sancionatoria general (artículo 38 del CCA), desde la expedición de la
sentencia de unificación del 29 de septiembre de 200926 se fijó una única regla de
interpretación del término de caducidad de esa facultad sancionatoria, en el sentido
de que debe entenderse «impuesta» la sanción si se ha proferido y notificado el acto
principal dentro del término de tres años establecidos en el artículo 38 del CCA, sin
que sea suficiente para interrumpir el término de caducidad la expedición del acto
principal, por cuanto la notificación hace parte integral de la actuación
administrativa. La decisión no moduló sus efectos.
15. Ahora bien, aunque para la época en que transcurrieron los hechos, es decir,
entre el 7 de mayo de 2007 –apertura de la investigación contra RCN Televisión
S.A. (fls. 214-225 c. 4)– y 2 de agosto de 2007 –fecha de la Resolución n°. 738–
había disparidad de criterios respecto de la forma en la que debía contabilizarse el
25 “ARTICULO 12. La acción disciplinaria prescribe en cinco años contados a partir del último acto constitutivo
de la falta.”
26 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 29 de septiembre de 2009, rad. n°. 2003-00442-01 (IJ)
[fundamento jurídico 1].
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Acción: Controversias contractuales
término de caducidad de la sanción, que solo a ser precisada en la decisión de 29
de septiembre de 2009, según lo explicado en precedencia, es necesario reconocer
que –en términos generales– la unificación de jurisprudencia afecta a todos los
casos en que se aplica.
La Sala, en una reciente decisión27, se refirió a los efectos generales e inmediatos
de los fallos de unificación y precisó que:
Los fallos de unificación jurisprudencial emanados de los tribunales de cierre tienen,
por regla, unos efectos generales e inmediatos a partir de su adopción, incluso
respecto de casos pendientes de fallo, es decir, efectos retrospectivos. Tal
entendimiento, que defiende la aplicación inmediata del precedente, responde a la
necesidad de adaptación y evolución constante del Derecho, y toma en
consideración que la revocación de la regla jurisprudencial debe estar antecedida
de una fuerte argumentación que, por un lado, refleje las razones que justifican el
apartamiento y, por otro, demuestre por qué el nuevo criterio concuerda mejor con
los principios, valores y garantías constitucionales (Corte Constitucional, sentencia
C-364 de 24 de agosto de 2011).
(…) con la regla general del efecto retrospectivo de los cambios jurisprudenciales y
el carácter excepcional del efecto prospectivo cuando anteriormente existiera un
precedente consolidado, se concilia la necesidad de poner inmediatamente en
práctica el criterio interpretativo que se considera más adecuado para la protección
de los intereses legítimos, así como el respeto institucional de las reglas que motivan
el comportamiento de las partes. Además, este criterio mueve al juzgador a
considerar las consecuencias de la variación del precedente frente a los asuntos en
curso, para evitar que la operatividad inmediata de las subreglas jurisprudenciales
dé lugar, en determinados casos, a la vulneración de derechos y garantías
fundamentales (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 29 de
agosto de 2022, rad. n°. 54338).
La recurrente esgrimió, en el recurso de apelación, que de conformidad con el
artículo 38 del CCA no era necesario notificar el acto administrativo sancionatorio
dentro del término de tres años, sino solamente expedirlo. La recurrente no ofreció
razón alguna para desestimar la aplicación del criterio adoptado en la sentencia de
unificación de 29 de septiembre de 2009, bien porque los supuestos del caso fueran
distintos, o bien porque para la época de los hechos existía un criterio consolidado
que «amparaba» o justificaba su conducta.
Por el contrario, tal como quedó expuesto [núm. 15], con antelación al fallo de
unificación jurisprudencial no existía un precedente consolidado, sino que eran
«diversas las sentencias proferidas por esta Corporación, en las que se aprecian
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de abril de 2024, rad. n°. 53937
[fundamento jurídico 5.4.1.3 y 5.4.1.5].
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Demandante: RCN Televisión S.A.
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Acción: Controversias contractuales
varios y encontrados criterios acerca de la caducidad de la sanción»28, situación que
motivó la adopción de un criterio unificado.
En este orden de ideas, es procedente aplicar las pautas establecidas en el fallo de
unificación de 29 de septiembre de 2009, en tanto, se reitera, para la época de los
hechos no existía un criterio jurisprudencial unívoco que habilitara a la demandada
a interpretar que solo era necesario expedir el acto sancionatorio para impedir que
operara la caducidad de la sanción. En efecto, para el 2 de agosto de 2007 –fecha
de la Resolución n°. 738 se había aplicado la tesis jurisprudencial que finalmente
fue adoptada por el pleno de la Corporación, según la cual, era necesario expedir el
acto y notificarlo, so pena de que operara la caducidad de la facultad
sancionatoria29.
16. Hechas las anteriores precisiones y de cara al caso concreto, para determinar
los extremos temporales en los que transcurrió el plazo de caducidad de la facultad
sancionatoria, la Sala debe acudir al artículo 38 del CCA, en la medida en que la
Ley 182 de 1995 no prevé norma especial al respecto, por lo cual era necesario
expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del
hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad de la facultad
sancionatoria.
De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la Comisión Nacional de
Televisión abrió investigación contra RCN Televisión S.A., con ocasión de la emisión
de la noticia relacionada con los niños que comen papel con agua de panela en el
sur de Bogotá, emitida el día 20 de agosto de 2004, con fundamento en el artículo
5.b de la Ley 182 de 1995 y el posible incumplimiento de su artículo 2º., del artículo
22 de la Ley 335 de 1996, los artículos 16, 20, 25, 300 y 301 del Código del Menor
y las cláusulas 4, 15 y 19 del contrato de concesión n°. 140. Como se observa, el
hecho que generó la infracción ocurrió el 20 de agosto de 2004, por lo que, el plazo
de caducidad de la facultad sancionatoria comenzó a correr a partir del día siguiente
en que cesó el hecho que provocó la investigación, es decir, a partir del 21 de agosto
de 2004, por lo cual feneció el 21 de agosto de 2007.
28 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, rad. n°. 2004-00986-01 [fundamento
jurídico 1].
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 8 de septiembre de 2000, rad. nº. 10056 [fundamento
jurídico 1], Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de 2001, rad. nº. 6407 [fundamento jurídico 5.13],
sentencia de 23 de enero de 2003 [fundamento jurídico 2.1], entre otras.
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Como el 2 de agosto de 2007, la Comisión Nacional de Televisión, mediante la
Resolución n°. 738, impuso una multa al concesionario con ocasión de la emisión
en el noticiero Noticias RCN del 20 de agosto de 2004, en el horario de las 19:00
horas de la noticia relacionada con unos niños que comían papel con agua de
panela en el sur de Bogotá (fls. 5-29 c. 2), la cual fue notificada personalmente el
20 de septiembre de 2007, según da cuenta la constancia. (fl. 82 c. 1), fuerza
concluir que operó la caducidad de la facultad sancionatoria de la Administración,
toda vez que la notificación del acto sancionatorio se realizó por fuera del término
dispuesto en el artículo 38 del CCA. Se reitera que, de conformidad con el criterio
unificado de esta Corporación [núm. 15], dentro del término de los tres años se
imponía expedir y notificar el acto sancionatorio, so pena de que operara la
caducidad de la sanción administrativa.
En este orden de ideas, al encontrar acreditada la caducidad de la facultad
sancionatoria, la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las Resoluciones n°.
738 y 556, toda vez que la Comisión Nacional de Televisión no era competente para
expedirlas. Esta determinación impone, a su vez, confirmar en este aspecto la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
Restablecimiento del derecho
19. Como restablecimiento del derecho, el Tribunal condenó a la recurrente a pagar
a RCN Televisión S.A. la suma de $358.832.715 que corresponde al valor
actualizado de la multa. Está acreditado que, el 3 de septiembre de 2008 RCN
Televisión S.A. pagó a la Comisión Nacional de Televisión $319.127.271 por la
multa impuesta en Resoluciones n°. 738 y 556 (fl 85 c. 2).
Un acto administrativo en firme pierde obligatoriedad cuando ha sido anulado por el
juez, de conformidad con el artículo 66 del CCA. En consecuencia, se comparte el
análisis del Tribunal en cuanto consideró procedente condenar a la parte
demandada al reintegro del valor de la multa, dada la ilegalidad de las resoluciones
de la Comisión Nacional de Televisión. Ahora, valga precisar que el Tribunal
también acertó al negar el reconocimiento de los intereses pedidos por la parte
demandante, en tanto la discusión no tiene que ver con las obligaciones pendientes
a cargo de la entidad demandada en el ámbito del contrato. La discusión se limita
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al valor de la sanción y el respectivo reintegro.
En consecuencia, se mantendrá la decisión del Tribunal, en cuanto la demandante
tiene derecho a recibir el valor que canceló a título de multa, por lo que se ordenará
a la demandada reembolsar el pago que hizo la concesionaria, conforme dio cuenta
la prueba documental.
Así las cosas, la Sala procederá a actualizar la condena que se impuso en primera
instancia –$358.832.715– a favor de RCN Televisión S.A., la cual deberá ser
pagada por la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones30. Para ello se aplicará la siguiente fórmula [Valor histórico * (IPC
final junio 2024) / IPC inicial (mayo 2012)]», la condena actualizada es de
$659.777.311 = [358.832.715* (143,38 / 77,98)].
Costas
20. De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que
la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
21. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia de 31 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones n.° 738 de 2 de agosto de
2007 y n.° 556 de 5 de junio de 2008, proferidas por la Comisión Nacional de
Televisión.
30 Como se indicó antes, en el auto de 25 de octubre de 2019 (f.730 c. 1 p.pal), el Despacho reconoció a la
Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como sucesor procesal de la
Autoridad Nacional de Televisión, que previamente había ocupado la posición de la CNTV en el proceso. Por
esta razón, la sentencia produce efectos respecto de esa entidad (art. 60 del CPC).
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Demandante: RCN Televisión S.A.
Demandado: Comisión Nacional de Televisión
Acción: Controversias contractuales
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en favor de RCN Televisión S.A. a la suma de seiscientos
cincuenta y nueve millones setecientos setenta y siete mil trescientos once pesos
$659.777.311.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Aclara voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE31
NICOLÁS YEPES CORRALES
31 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
DAR/PT
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