Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00559-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00559-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00559-02
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00559-02 (51417)
Actor: CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS Y OTROS
Demandado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN -DNP-
Acción: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE CARÁCTER CONTRACTUAL
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia del 13 de febrero de 2014, proferida por la Subsección C de Descongestión
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se
declaró probada la excepción de inexistencia de acto administrativo incoada por la parte
demandada -DNP- y, de oficio, la falta de jurisdicción por la misma razón.
SÍNTESIS DEL CASO
El 3 de diciembre de 2007, el PNUD abrió la Licitación Pública Internacional No. 70582
con el objeto de contratar “la interventoría administrativa y financiera a la utilización de
los recursos de regalías y compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo
Nacional de Regalías y de todos los demás recursos provenientes de regalías y
compensaciones correspondientes a las vigencias fiscales 2007 y 2008 o a vigencias
fiscales anteriores, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta al DNP,
de los entes beneficiarios de los mismos distribuidos en los grupos B o C”. En los
términos de referencia de dicho proceso se estableció que el Departamento Nacional de
Planeación -DNP- sería el organismo de ejecución, que vigilaría el cumplimiento de la
propuesta y del contrato, conjuntamente con el PNUD. Dentro del proceso de selección
se presentaron tres ofertas, entre ellas por la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN,
Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
quien fue evaluada como “la única que cumplía los requisitos mínimos exigidos en la
convocatoria”. Sin embargo, el proceso contractual fue anulado por el PNUD, con
fundamento en una disposición de los “términos de referencia”. La parte actora enjuicia
la legalidad de la comunicación mediante la cual el DNP, después de haberse
comunicado la anulación, solicitó y/o recomendó al PNUD declarar desierto el proceso
contractual, así como la comunicación del DNP a la unión temporal que dio cuenta del
desarrollo de dicho proceso y nuevamente evidenció la decisión adoptada por el PNUD.
ANTECEDENTES
I. Demanda
El 7 de noviembre de 2008 (fl. 29 vto. c. ppal., 1ª instancia), las sociedades Consultores
Regionales Asociados S.A., FAST & ABS Auditores Ltda. y HAGGEN AUDIT Ltda.,
integrantes de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN, mediante poderes otorgados de
forma separada, presentaron demanda en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Departamento Nacional de Planeación, en
adelante DNP, con el objeto de que se accediera a las siguientes pretensiones (fls. 5-12,
c. ppal., 1ª instancia)1:
PRIMERA: Se declare la NULIDAD ABSOLUTA por violación a la Ley, del acto No.
SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008, por medio del cual se decidió la
declaratoria desierta del Proceso Contractual No. 70582 de 2007, emanado por el
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, a través del DIRECTOR
GENERAL (E) DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
SEGUNDA: Se declare a la propuesta presentada por la Unión Temporal CRA-
FAST-HAGGEN como la única que cumplía todos los requisitos de los Términos
de Referencia del Proceso Contractual No. 70582 de 2007 y que por tanto se le
tenía que haber adjudicado el contrato para realizar interventoría administrativa y
financiera a la utilización de los recursos de regalías y compensaciones, así como de
las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías y de todos los demás recursos
provenientes de regalías y compensaciones correspondientes a las vigencias fiscales
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Con posterioridad, la parte actora adicionó la demanda, en el sentido de incluir otro “acto administrativo”
demandado, pues adujo que conoció del mismo luego de la presentación de la demanda. Estas fueron las
pretensiones que se adicionaron: “PRIMERA: Se declare la NULIDAD ABSOLUTA por violación de la Ley,
del acto administrativo SCV-2008-1520662211 del 11 de noviembre de 2008, emanado por el
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN a través de su DIRECTORA GENERAL, en la cual
ratifica y confirma la decisión de declaratoria desierta contenida en el acto administrativo SCV-
20081520483851 del 15 de julio de 2008, y decide no adjudicar el contrato del Proceso Contractual No.
70582 a la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN. // SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior
declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la entidad demandada a
indemnizar a la parte demandante los perjuicios causados a título de daño emergente, lucro cesante y
daños inmateriales, con la decisión de no adjudicación del contrato del proceso contractual No. 70582
contenida en el acto demandado (fl. 90 c. 1).
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
2007 y 2008, o a vigencias fiscales anteriores de acuerdo con las instrucciones que
para el efecto impartía el DNP, de los entes beneficiarios de los mismos distribuidos
en el grupo B.
TERCERA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene a la entidad demandada a
indemnizar a la parte demandante los perjuicios causados a título de daño emergente,
lucro cesante e inmateriales, con la decisión de declaratoria desierta del Proceso
Contractual No. 70582 de 2007 contenida en el acto demandado.
CUARTA: Se ordene liquidar y pagar, a expensas de la parte demandada los
perjuicios causados con la decisión de declaratoria desierta del Proceso Contractual
No. 70582 de 2007 contenida en el acto demandado.
QUINTA: Se condene a la demandada para que sobre las sumas a que resulte
condenada a pagar, le pague las sumas necesarias para hacer los AJUSTES DE
VALOR, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor, como lo
preceptúa el artículo 176 del C.C.A.
SEXTA: Se ordene a la demandada, dar cumplimiento al fallo dentro del término
previsto en el artículo 176 del C.C.A.
SÉPTIMA: Se condene a la demandada, si ésta no da cumplimiento al fallo dentro del
término previsto en el artículo 176 del C.C.A., a pagar a favor de la parte demandante
los intereses moratorios, conforme lo ordena el artículo 177 del C.C.A., y conforme
a la Sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999, de la Honorable Corte Constitucional.
OCTAVA: Se condene en costas a la demandada conforme al artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, la parte actora adujo, en resumen, los
siguientes hechos:
• El Departamento Nacional de Planeación DNP y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo -PNUD- suscribieron el proyecto PNUD-COL-99-030 (ATLAS
00011928), con el objetivo de adelantar la contratación de las interventorías
administrativas y financieras a la utilización de las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías y a los recursos de regalías y compensaciones. En el marco de dicho proyecto,
el PNUD adelantaría las etapas de selección y adjudicación de los contratistas.
• El 3 de diciembre de 2007, el DNP abrió la convocatoria No. 70582 para la ejecución
de la “Interventoría administrativa y financiera a la utilización de los recursos de regalías
y compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías y de
todos los demás recursos provenientes de regalías y compensaciones correspondientes
a las vigencias fiscales 2007 y 2008, o a vigencias fiscales anteriores de acuerdo con
las instrucciones que para el efecto imparta al DNP, de los entes beneficiarios de los
mismos distribuidos en los grupos B o C”.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
• Dentro del proceso de selección, para hacer la interventoría administrativa y financiera
a los recursos de regalías para las entidades del Grupo B, se presentaron tres oferentes,
a saber: la U.T. Regalías 2007-2008, el Consorcio Internacional de Interventoría y la
Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN.
• La propuesta de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN fue evaluada como “la única
que cumplía los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, obteniendo el mayor
puntaje, esto es, 674.1 puntos sobre 700”, razón por la cual fue informada de que lo único
que faltaba era “la no objeción” del PNUD en Nueva York.
• La unión temporal inició actividades preliminares para la puesta en operación del
proyecto, las cuales fueron informadas al PNUD mediante comunicación CRA-2042-08
del 26 de junio de 2008.
• El 23 de julio de 2008, a través del oficio PNUD-COL-00011928 No. 200801479, el
PNUD informó a la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN “la declaratoria de anulación
del proceso contractual para el Proyecto PNUD/COL/00011928 Proceso No. 70582 de
2007”, sin adelantar el trámite de no objeción como correspondía.
• El 31 de julio de 2008, la unión temporal elevó derecho de petición al DNP, con el objeto
de que se expidieran copias de “los actos en los que se decidió que se terminara el
Proceso Contractual No. 70582 de 2007”.
• El 20 de agosto de 2008, mediante la comunicación No. DR-20081500501451, el DNP
contestó el derecho de petición al que se hizo mención, mediante el cual entregó al
representante de la unión temporal i) copia del oficio No. SCV-20081520483851 del 15
de julio de 2008 suscrito por el director del DNP y dirigido al representante del PNUD,
“decidiendo se declarara desierto el proceso contractual No. 70582 de 2007” -el cual no
fue notificado personalmente a los miembros de la unión temporal-, ii) copia de la
comunicación del PNUD de la misma fecha en la que su representante informaba que “el
concepto de no objeción tardaría en culminarse en un término de aproximadamente
tres meses más, siendo para el 24 de octubre de 2008 la época para culminar el
trámite” y iii) copia de la comunicación PNUD/COL/00011928 No. 200801479 del 23 de
julio de 2008, mediante el cual el PNUD informó a la unión temporal la declaratoria de
anulación del proceso contractual.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
• El DNP, a través del PNUD, abrió otra convocatoria pública dirigida a profesionales de
diferentes ramos para ser contratados por el PNUD a través de la modalidad de
prestación de servicios, para hacer la interventoría administrativa y financiera de manera
directa a los recursos de las regalías para el Grupo B.
II. Cargos de ilegalidad formulados contra los actos que declararon desierto el
proceso de selección
La parte actora sostuvo que el acto demandado decidió la declaratoria de nulidad del
proceso contractual No. 70582 de 2007 que, si bien fue adelantado por el PNUD, en él
este organismo actuó como agente del Departamento Nacional de Planeación,
organismo encargado de la función administrativa de vigilancia y control de la ejecución
de las regalías a través de la Dirección Nacional de Regalías, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 756 de 2002 y los Decretos 620 y 1747 de 1995, 195 de 2004 y
4355 de 2005. Por lo tanto, en el marco del referido proceso contractual los sujetos que
iban a disponer efectivamente de sus intereses eran el proponente habilitado UT CRA-
FAST-HAGGEN y el DNP, quienes eran naturalmente los sujetos de la relación negocial,
ya que el PNUD “(…) era y es un agente del DNP quien debía obrar como se lo solicitaba
el DNP”. Sostuvo que “El DNP como Dueño del Proceso y responsable legalmente de
dicha función administrativa, manifestó su criterio y voluntad para que se DECLARARA
DESIERTO el Proceso No. 70582 de 2007 a través del acto SCV-20081520483851 del
15 de julio de 2008”, decisión que afectó a la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN,
que fue el proponente habilitado para ejercer el objeto contractual, evaluado y calificado
con el más alto puntaje. Como cargos de nulidad, alegó:
Indebida motivación
La parte actora adujo que al DNP le era aplicable el estatuto de contratación estatal y
específicamente el numeral 18 del artículo 25, según el cual la declaratoria de desierta
de una licitación sólo procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva,
es decir que tal decisión no era discrecional y tenía que estar soportada en el
ordenamiento jurídico y en pruebas. Además, consideró que nada impedía la escogencia
objetiva de la propuesta presentada por la unión temporal, quien había sido habilitada y
de las tres propuestas presentadas, obtuvo el mayor puntaje en la calificación, por lo que
no se configuró el supuesto de hecho de la declaratoria de desierta y, en consecuencia,
el acto estuvo indebidamente motivado.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Desconocimiento del principio de planeación
En la demanda se sostuvo que el DNP desconoció su deber de planeación, en cuanto
afirmó que en la comunicación SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 se esgrimió
una razón de imposibilidad para contratar porque se requería contar con una
interventoría administrativa y financiera para el grupo B en tiempo real y simultánea
respecto de los demás grupos A y C, los cuales ya habían iniciado. Esto, al parecer de
la parte actora, debió preverse en el proceso contractual No. 70582 de 2007.
Vicios de forma y procedimiento. Principio de transparencia administrativa
La demandante adujo que los actos administrativos demandados no fueron notificados
personalmente a la unión temporal, a su representante o a sus miembros, para que se
pudiera ejercer el derecho de contradicción respectivo. Insistió en que sólo hasta el 27
de agosto de 2008, en respuesta a un derecho de petición, conoció el contenido de la
decisión del 15 de julio de ese año, que declaró desierto el proceso.
Violación a los derechos al debido proceso y defensa. Abuso de poder y de posición
dominante
La parte actora alegó que “el trámite de no objeción por parte del PNUD, por
recomendación ilegal de declaratoria de desierta por parte del DNP no pudo efectuarse”.
Dicho procedimiento estaba compuesto por nueve fases que debían agotarse hasta el
24 de octubre de 2008, tal y como se desprendía de la comunicación PNUD-COL-
00011928 No. 200801458 por parte del PNUD.
Señaló que “de manera intempestiva y sin agotar dicho proceso y sin notificarle a la unión
temporal, el 15 de julio de 2008, el director del DNP decidió que se declarara desierto el
proceso contractual”.
Alegó que el DNP actuó con abuso de poder y de posición dominante en perjuicio de los
intereses de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN, por declarar desierto el proceso
de selección que ya tenía a un oferente cualificado y calificado para ejecutar el objeto
contractual (fls. 15-22 c. 1).
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
III. Trámite de primera instancia
Mediante auto del 26 de febrero de 2009, el Tribunal admitió la demanda y ordenó
notificar al representante legal del DNP y al representante del Ministerio Público y la
adición de la demanda fue admitida mediante el auto del 14 de mayo de 2009 (fls. 87-89 y
113 c. 1).
El DNP contestó la demanda y su adición en oportunidad y se opuso a la prosperidad
de las pretensiones (fls. 115-137 c. 1). Sostuvo que no era cierto que la convocatoria No.
70582 había sido abierta por el DNP, pues fue el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo -PNUD- quien lo adelantó de manera autónoma, de acuerdo con el
reglamento del Programa de Naciones Unidas, en virtud del Convenio COL 99-030 y la
participación del DNP fue exclusivamente técnica, con el objeto de verificar en las
propuestas presentadas el cumplimiento de las exigencias de esta índole.
La entidad demandada alegó que la decisión adoptada por el PNUD no fue una
declaratoria de desierta sino una anulación del proceso contractual, que era una licitación
internacional, en la que participó la unión temporal. Señaló que el DNP no era el llamado
a responder porque no fue parte de la convocatoria, la cual se reguló por las normas y
procedimientos del PNUD, quien gozaba de inmunidad. Así mismo, señaló que las
comunicaciones objeto de demanda (SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 y
SCV20081520662211 del 11 de noviembre de 2008) no eran actos administrativos
sujetos al control jurisdiccional que se solicitó por la parte actora, razón por la cual el juez
debía declararse inhibido para fallar.
En el mismo escrito y con fundamento en las anteriores razones de defensa, el DNP
propuso las siguientes excepciones que denominó como principales:
Falta absoluta de jurisdicción de los jueces nacionales para juzgar los actos y decisiones
producidos por el PNUD
La entidad demandada puso de presente que el 29 de mayo de 1974, el Gobierno de
Colombia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- suscribieron un
Acuerdo Básico de Cooperación y, en diciembre de 1999, la Comisión Nacional de
Regalías y el PNUD implementaron el proyecto PNUD COL/99/030 (Anexo 2 – ATLÁS
00011928), con el objeto de contratar interventorías administrativas y financieras a la
utilización de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías y a los recursos de
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
regalías y compensaciones, propósito cuyo cumplimiento exigía la participación y
decisión del PNUD en el desarrollo de las etapas de selección y adjudicación de los
contratistas, así como en los procesos de seguimiento a la correcta ejecución y
liquidación de los mismos, de conformidad con las reglas, procedimientos y normatividad
propia del PNUD, según las previsiones del artículo 2 del Decreto 2166 de 2004 y el
artículo 13 de la Ley 80 de 1993. El organismo de ejecución del proyecto era el DNP.
El demandado dio cuenta de que el 27 de noviembre de 2007, la Directora de Regalías
del DNP solicitó al PNUD iniciar un proceso de selección bajo el mecanismo de licitación
pública internacional. El 2 de diciembre de 2007, el PNUD ordenó la publicación en el
diario El Tiempo de un aviso de prensa con la invitación a los eventuales interesados en
participar en la licitación pública No. 70582, abierta por el PNUD, en el marco del proyecto
PNUD/COL/99/030. Así mismo, el pliego de condiciones fue publicado en la página web
de “la representación del PNUD en Colombia”, con fecha de apertura el 3 de diciembre
de 2007 y de cierre el 5 de febrero de 2008.
La entidad pública afirmó que dentro del proceso de selección abierto por el PNUD se
presentaron tres oferentes: (i) la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN, cuyos
integrantes eran Consultores Regionales Asociados S.A., FAST Ltda. y HAGGEN AUDIT
Ltda.; (ii) el Consorcio Internacional Interventorías y (iii) la Unión Temporal Regalías
2007-2008 y dio cuenta de las actuaciones desarrolladas por el PNUD en la licitación
pública internacional No. 70852.
La entidad sostuvo que, de conformidad con los pliegos de condiciones (numeral 2.1 del
Literal A del Anexo 1), el PNUD se reservó el derecho de “aceptar o rechazar cualquier
propuesta y de anular el proceso, así como de rechazar todas las propuestas en
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en
ninguna responsabilidad respecto de los proponentes. El PNUD no tendrá la obligación
de informar al proponente u proponentes afectados de los motivos de dicha acción”.
Falta de legitimación en la causa por pasiva. El DNP no fue parte del proceso contractual
El DNP alegó que no hizo parte de la Licitación Pública Internacional No. 70852, pues
fue abierta por el PNUD y se rigió por las normas especiales que le eran aplicables y la
Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN conocía de tal situación.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Incoherencia y falta de relación lógica formal y material entre el oficio del 15 de julio de
2008 y la decisión del PNUD de anulación del proceso contractual
La entidad señaló que la solicitud del DNP para que se declarara desierta la licitación no
tenía relación con la anulación del proceso contractual por parte del PNUD.
Inexistencia del acto
El DNP alegó que los oficios SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 y
SCV20081520662211 del 11 de noviembre de 2008 no eran actos administrativos
sujetos al control jurisdiccional que se solicitó por la parte actora, razón por la cual el juez
debía declararse inhibido para fallar. Puso de presente que en una de ellas el DNP sólo
evidenció inquietudes y dio a conocer su opinión respecto del proceso contractual, que
no crearon, modificaron o extinguieron situaciones jurídicas.
Señaló que el mismo demandante fue quien adujo que el “PNUD no acogió la sugerencia
del DNP y se limitó a declarar una nulidad procesal de acuerdo a su manual de
contratación” (hecho 22).
De igual forma y, con fundamento en similares argumentos, la entidad demandada
propuso excepciones que denominó como subsidiarias: (i) inexistencia de la relación
procesal entre el oficio del 15 de julio de 2008 y el procedimiento contractual del PNUD;
(ii) Posible naturaleza de acto preparatorio y no definitivo del oficio del 15 de julio de
2008, el cual no es objeto de acción contenciosa, e (iii) indebida acumulación de
pretensiones, pues se elevaron pretensiones de simple nulidad y, al tiempo, nulidad y
restablecimiento por la no adjudicación.
Por último, el DNP sostuvo que la jurisdicción colombiana no era competente para dirimir
los conflictos que pudieran presentarse entre la parte actora y el PNUD, pues este era
un organismo internacional que gozaba de inmunidad y se regía por sus propias normas
y reglamentos, en los términos de la Resolución No. 1020 del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, aprobada el 11 de agosto de 1964 y de la Resolución No.
2029 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 22 de noviembre de
1965.
Mediante auto del 29 de octubre de 2009, el a quo decretó las pruebas solicitadas por
las partes y, a través del auto del 4 de octubre de 2013, se corrió traslado para alegar de
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
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Acción: Nulidad y restablecimiento
conclusión (fls. 158-162 y 334 c. 1ª instancia). Durante dicho traslado, el DNP y la parte actora
presentaron sus escritos, reiterando los argumentos esgrimidos en el curso de la primera
instancia (fls. 310-325 y 337-358, c. 1ª instancia).
IV. La sentencia de primera instancia
El 13 de febrero de 2014, el Tribunal dictó sentencia (fls. 359-365, c. ppal., 2ª instancia), en la que
se declaró probada la excepción de inexistencia del acto administrativo y la falta de
jurisdicción. En la parte resolutiva se dispuso:
Primero. Declarar probada la excepción de inexistencia del acto administrativo
incoada por la parte demandada -Departamento Nacional de Planeación-.
Segundo. Declarar de oficio la falta de jurisdicción, de conformidad a lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Sin condena en costas a las partes.
Cuarto. Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría los gastos del
proceso. Devuélvase los remanentes al interesado. Pasados dos años sin que
hubieren sido reclamados, la secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama
Judicial.
El a quo consideró que el oficio No. SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 no
podía considerarse un acto administrativo, pues no contenía los elementos,
características y los requisitos de validez de esta clase de decisiones. Tampoco era una
manifestación de voluntad de la administración con el objeto de crear, modificar o
extinguir situaciones jurídicas. Además, el proceso contractual no fue declarado desierto,
como se afirmó en la demanda; lo que ocurrió fue que el PNUD y no el DNP anuló el
proceso, de conformidad con la normatividad especial que le era aplicable. Además,
señaló que dicha comunicación era un acto de mero trámite, el cual no era objeto de
impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Así mismo, el Tribunal dio cuenta de que la anulación del proceso fue adoptada por el
PNUD mediante la decisión PNUD/COL/0011928 No. 200801479 del 23 de julio de 2008.
Por último, el a quo consideró procedente declarar de oficio la falta de jurisdicción ante
la inexistencia del acto administrativo demandado.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
V. Recurso de apelación
La parte actora (fls. 371-392, c. ppal., 2ª instancia) apeló la decisión de primera instancia y
solicitó revocarla para que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda,
alegando que el tribunal a-quo incurrió en un error de raciocinio que lo llevó a
conclusiones falsas sobre la naturaleza jurídica de los actos demandados.
Para sustentar la anterior afirmación, insistió en que constitucional y legalmente 2, el
Departamento Nacional de Planeación DNP era la entidad competente para realizar el
control y vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos provenientes de las
regalías y compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad del Estado así como de las asignaciones del Fondo Nacional
de Regalías, función que la ley -art. 10, Ley 141 de 1994- le permitió adelantar
directamente o a través de la contratación de interventorías financieras y administrativas.
Y, según su versión, fue en ejercicio de dicha función que el DNP decidió, en un primer
momento, ejercer tal vigilancia y control a través de interventorías administrativas y
financieras, por lo que “(…) la directora de regalías ordenó al PNUD iniciar el proceso de
selección indicándole la modalidad y método para escoger la mejor propuesta”. Para
tales efectos, el 3 de diciembre del 2007 “se abrió el proceso de convocatoria No. 70582
de 2007, en donde el DNP imprimió su autoridad e imperio como garante de la legalidad
del proceso tal y como se observa en la invitación pública”.
La recurrente sostuvo que estando en curso el mencionado proceso contractual, el DNP
“se arrepintió de esa modalidad, decidiendo, entonces, ejercer el control a las regalías
directamente con profesionales especializados, manifestando su voluntad en ese sentido
mediante el Acto No. SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 hoy demandado”,
en el cual solicitó al PNUD declarar desierto el proceso licitatorio No. 70582. De esta
forma, reiteró que dicha comunicación era un verdadero acto administrativo.
Alegó que, de conformidad con la convocatoria que se formuló, el proceso de selección
se adelantaría “(…) de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el DNP”.
Afirmó que la razón por la cual el DNP terminó anormalmente el proceso fue “la demora
del PNUD para finiquitar los trámites de adjudicación, aunado al apremio del Presidente
de la República de turno, de contar para esa fecha con interventoría a las regalías en
tiempo real”.
2
Artículo 332, C.P.; Leyes 141 de 1994 y 756 de 2002; Decretos 149 y 195 de 2004.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Insistió en que i) sí existió una manifestación unilateral de voluntad proveniente del DNP
como autoridad administrativa, tendiente a terminar anormalmente el proceso de
selección No. 70582 de 2007 ordenando su declaratoria de desierto y a asumir
directamente la interventoría de las regalías, a través de un grupo de profesionales;
sostuvo que esa manifestación de voluntad ii) se motivó en la urgencia de contar con una
interventoría de las regalías en tiempo real; iii) tuvo un contenido decisorio, consistente
en terminar anormalmente el proceso de selección sin que se adjudicara; iv) fue una
decisión unilateral, tomada por quien ejercía la función administrativa, sin contar con la
anuencia de los miembros de la unión temporal y del PNUD; v) resolvió una situación
jurídica, en cuanto terminó el proceso de selección sin que se cumpliera su finalidad, con
lo que extinguió una relación de derecho: las tratativas preliminares para la contratación
de la interventoría y el derecho de la unión temporal de ser la adjudicataria; vi) esa
decisión estaba llamada a producir efectos en el mundo jurídico y provocar alteraciones
en el mundo exterior, porque el acto No. SCV-20081420483851 del 15 de julio de 2008
se hallaba sustentado jurídicamente en las facultades legales del DNP, que le otorgan el
poder exclusivo y excluyente de ejercer el control a las regalías y de escoger la
realización de la interventoría directamente con profesionales especializados, por lo que
dicho acto era oponible a terceros en virtud de la ley y no era “(…) una mera opinión, ni
mucho menos una sugerencia, como balbuceantemente lo interpretó y explicó el a quo”.
Afirmó el apelante que, contrario a lo sostenido por el tribunal, “llámese declaratoria de
desierta o declaratoria de nulidad, desde un punto de vista material, y no literal, el DNP
en ejercicio de su facultad establecida en el artículo 10 de la Ley 141 de 2004, manifestó
inequívocamente su voluntad por escrito de terminar anormalmente el proceso de
selección, esto es, sin adjudicar, para poder realizar la interventoría directamente y ya
no por medio de firmas interventoras (…)”.
Adujo que la comunicación No. 200801479 del 23 de julio de 2008 enviada por el PNUD
a la unión temporal lo único que hizo fue “(…) informar a la U.T CRA-FAST-HAGGEN
sobre la decisión tomada por el DNP de terminar el proceso de selección sin adjudicar.
Así el PNUD no fue más que un vocero de la voluntad de la administración en cabeza
del DNP”.
Señaló que el DNP “se aprovechó de la posibilidad que tenía el PNUD de informar la
terminación del proceso sin incurrir en responsabilidad, en un ataque de astucia para no
adjudicar al único proponente. Por ello, el PNUD no fue más que un instrumento del DNP
para informar a la UT su voluntad de no adjudicar”, y que se equivocó al tribunal “cuando
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
afirma que fue el PNUD quien tomó esa decisión, ya que esa entidad internacional no
tiene ni puede tener la investidura legal para poder decidir la modalidad de control a las
regalías”.
Reiteró así mismo, que con su actuación la demandada les produjo perjuicios a los
miembros de la unión temporal, pues al declarar desierto el proceso de selección los
privó del derecho a ser adjudicatarios del contrato y poderlo celebrar y ejecutar
obteniendo las ganancias esperadas, por lo que deben ser indemnizados.
Por último, la parte actora alegó que el DNP, al obrar como lo hizo, desconoció los
principios de la función administrativa y de la contratación estatal, tales como la
seguridad jurídica, buena fe, debido proceso, publicidad, derecho de contradicción,
planeación contractual, economía y eficacia. Con ello, a su parecer, causó un daño
antijurídico que no estaba obligada a soportar y el DNP no podía eximirse de
responsabilidad por los actos cometidos por el PNUD, fundado en una inmunidad.
VI. Trámite en segunda instancia
11. Después de admitido el recurso presentado por la parte actora (fl. 397, c. ppal., 2ª
instancia), se corrió traslado para alegar de conclusión (fls. 328, c. ppal., 2ª instancia),
oportunidad en la que ambas partes reiteraron los argumentos esgrimidos en el curso
del proceso (fls. 399-416, c. ppal., 2ª instancia).
VII. Cesión de derechos litigiosos
Estando el proceso en trámite de la segunda instancia, mediante auto del 24 de mayo de
2017, se admitió la cesión de derechos litigiosos suscrita entre la sociedad Consultores
Regionales Asociados SAS, integrante de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN en
calidad de cedente y los señores Pedro León Rojas y Julio César Álvarez, en calidad de
cesionarios. Así mismo, se dispuso tener a estos últimos como litisconsortes de la
mentada sociedad (fls. 429-431 c. ppal. segunda instancia).
CONSIDERACIONES
Problema jurídico:
Teniendo en cuenta los hechos probados, las consideraciones de la sentencia de primera
instancia y los términos de la apelación, la Sala deberá establecer si, como lo decidió el
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
a-quo, las comunicaciones demandadas no son verdaderos actos administrativos,
susceptibles de control judicial por parte de esta jurisdicción y cuál es la consecuencia
procesal de esta circunstancia. Para ello, se hará en primer lugar un recuento de los
hechos que aparecen debidamente acreditados en el proceso y, a continuación, se
analizará la procedencia o improcedencia de la demanda que le dio inicio al mismo.
Hechos probados
-. El 3 de diciembre de 2007, dentro del Proyecto PNUD/COL/000119283 “APOYO A LA
GESTIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REGALÍAS HOY ATRIBUIDA AL DNP”, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD abrió el proceso de selección
de contratistas “Solicitud de Propuesta SDP” No. 70582, con el siguiente objeto (f. 22, c.
4):
Realizar la interventoría administrativa y financiera a la utilización de los recursos de
regalías y compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo Nacional de
Regalías y de todos los demás recursos provenientes de regalías y compensaciones
correspondientes a las vigencias fiscales 2007 y 2008, o a vigencias fiscales
anteriores de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta al DNP, de los
entes beneficiarios de los mismos distribuidos en los grupos B o C.
El aviso de la convocatoria fue del siguiente contenido (fl. 1, c. 4):
Licitación Pública Internacional
Proyecto PNUD/COL/00011928
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- en ejecución del
proyecto PNUD/COL/00011928, cuyo organismo de ejecución es el Departamento
Nacional de Planeación – DNP, invita a licitantes elegibles a presentar propuesta para
el proceso licitatorio cuyos datos se suministran a continuación:
Proceso No. 70582
Objeto: Realizar la interventoría administrativa y financiera a la utilización de los
recursos de regalías y compensaciones, así como de las asignaciones del Fondo
Nacional de Regalías y de todos los demás recursos provenientes de regalías y
compensaciones correspondientes a las vigencias fiscales 2007 y 2008, o a vigencias
fiscales anteriores de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta al
DNP, de los entes beneficiarios de los mismos distribuidos en los grupos B o C.
Consulta y venta de pliegos:
Los interesados podrán consultar los pliegos de la licitación a partir del 3 de diciembre
de 2007, en la página del PNUD www.pnud.org.co o en las oficinas del PNUD
ubicadas en la Ave. 82 No. 10-62, Piso 3, Bogotá de 8:00 a 12:00 horas y de las 14:00
a las 16:00 horas.
3
En la invitación a presentar ofertas, se aclaró que, por razones internas del PNUD, el proyecto se
identificaba como PNUD/COL/99/030 y ahora se identifica como PNUD/COL/00011928 (f. 23, c. 4).
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Los pliegos podrán adquirirse a partir del 3 de diciembre de 2007, en la dirección del
PNUD en el horario arriba indicado, hasta el 21 de enero de 2008, previa presentación
del formulario, datos del oferente y copia de la consignación en efectivo o cheque de
gerencia a nombre del PNUD. Los pliegos tienen un costo no reembolsable de cuatro
millones de pesos.
Entrega y apertura de propuestas:
La entrega de ofertas se deberá hacer en las oficinas del PNUD el día 22 de enero de
2008, hasta las 11:00 horas.
La apertura de ofertas se realizará en la dirección antes indicada, el 22 de enero de
2008 a las 11:15 horas.
-. En los términos de referencia o pliego de condiciones de la licitación, el PNUD dio
cuenta de las reglas de selección de las propuestas. También adjuntó los anexos y
formularios que debían diligenciarse por los proponentes (f. 22 a 131, c. 4).
Dentro de las instrucciones a los proponentes, en la introducción general, luego de
enunciar el objeto de la SDP (Solicitud de Propuestas), informó (f. 24 vto., c. 4):
1.2. El Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el 29 de mayo de 1974 suscribieron un Acuerdo Básico de
Cooperación y, bajo los términos de dicho Acuerdo han convenido la ejecución del
Proyecto PNUD/COL/00011928 – “Apoyo a la Gestión de la Comisión Nacional de
Regalías, hoy atribuida al Departamento Nacional de Planeación”, con el Organismo
de Ejecución, Departamento Nacional de Planeación – DNP.
1.3. Naturaleza Jurídica del PNUD: El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo – PNUD, es un organismo especializado de las Naciones Unidas, es decir
es un ente jurídico de derecho internacional. El PNUD goza de privilegios e
inmunidades, derivados de la Convención de Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas, aprobada en Colombia por la Ley 62 de 1973.
1.4. Régimen jurídico aplicable: La presente convocatoria se regirá por las normas,
manuales y reglamentos del PNUD. El solo hecho de la presentación de la propuesta
se entenderá como conocimiento y aceptación de esta condición.
En el capítulo correspondiente a la “ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO”, el PNUD dejó
en claro que estaba facultado para aceptar o rechazar las propuestas o anular el proceso
de contratación en cualquier momento. De esta forma, en el numeral 24.1 de los términos
se señaló (f. 44 vto., c. 4):
24.1. El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de
anular el proceso, así como de rechazar todas las propuestas en cualquier momento
con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna
responsabilidad respecto a los proponentes. El PNUD no tendrá la obligación de
informar al proponente u proponentes afectados de los motivos de dicha acción.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
También se destaca el contenido de la minuta del futuro contrato, cuyo encabezado fue
del siguiente contenido (f. 96 vto., c. 4):
“ENTRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO,
PNUD, QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ EL “PNUD”, EN EJECUCIÓN DEL
PROYECTO PNUD/COL/00011928, CUYO ORGANISMO DE EJECUCIÓN ES EL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, DNP, EN LO SUCESIVO
“ORGANISMO DE EJECUCIÓN” Y ______ CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES
_____ EN LO SUCESIVO EL “CONTRATISTA”.
De igual forma, en el capítulo relativo al “SEGUIMIENTO Y CONTROL”, los términos
dispusieron (f. 109 vto., c. 4):
31. El organismo de ejecución -DNP- velará por el cumplimiento de los términos de la
propuesta del contratista y de este contrato. El PNUD, en coordinación con el
organismo de ejecución realizará las visitas de monitoreo que estime conveniente
para el adecuado cumplimiento del contrato.
-. El 18 de enero de 2008 se suscribió el acta No. 02 de acuerdo de constitución de la
Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN, en la cual consta que las firmas Consultores
Regionales Asociados S.A., FAST & ABS Auditores Ltda. y HAGGEN AUDIT Ltda., se
“comprometen solidariamente en los términos que indican en el documento de solicitud
de propuestas ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD a
cumplir las obligaciones que se deriven de la presentación de la propuesta para la
licitación pública internacional proceso No. 70582 el año 2007, abierta por el PNUD,
proyecto PNUD/COL/00011928” (f. 14, c. 4).
Así mismo, en el documento consta el porcentaje de participación de cada uno de los
miembros de la unión temporal, así:
Consultores Regionales Asociados S.A.: 40%
FAST & ABS AUDITORES Ltda.: 30%
HAGGEN AUDIT Ltda.: 30%
Por último, en el acta en mención se designó el representante legal de la unión temporal
y se señalaron sus funciones. También se estableció la duración y domicilio de la unión
temporal (fls. 14-17 c. 3).
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
-. El 5 de febrero de 2008, la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN suscribió la carta de
presentación de la propuesta económica, en un formulario dirigido al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (fls. 3-10 c. 14).
-. El mismo día, el PNUD recibió las propuestas de tres oferentes: la Unión Temporal
Regalías, la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN y el Consorcio Internacional de
Interventoría (fls. 32-38 c. 14).
-. El 31 de marzo de 2008, el PNUD adelantó la audiencia de apertura de las propuestas
económicas que cumplieron con los requisitos mínimos y superaron el puntaje mínimo
técnico establecido. Así, en el acta consta que la única propuesta que cumplió fue la
Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN, quien obtuvo un puntaje de 674,1 puntos (fls. 18-
19 c. 3).
-. El 23 de julio de 2008, mediante el oficio PNUD/COL/11928 No. 200801479, el PNUD
informó al representante legal de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN que el
proceso contractual No. 70582 había sido anulado. Este fue el contenido de la
comunicación:
Atentamente nos permitimos informar que el proceso de la referencia ha sido anulado,
según lo indicado en el Anexo 1 de la SDP numeral 24.1, que establece lo siguiente:
“El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de anular
el proceso, así como de rechazar todas las propuestas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna
responsabilidad respecto a los proponentes. El PNUD no tendrá la obligación de
informar al proponente u proponentes afectados de los motivos de dicha acción”.
Sea esta la oportunidad de agradecerles la presentación de su propuesta y
esperamos contar con ustedes en futuros procesos.
Sin otro particular no suscribimos cordialmente” (fl. 133 c. 3).
-. El 20 de octubre de 2008, el representante de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN
puso de presente al DNP su inconformidad en relación con la anulación del proceso
contractual por parte del PNUD, decisión que fue informada mediante el oficio
PNUD/COL/11928 No. 200801479 del 23 de julio de 2008, “sin indicar los motivos”. Dio
cuenta de haber sido la única que cumplió con los requisitos de los “términos de
referencia” y de las gestiones adelantadas para empezar con la ejecución del contrato,
razón por la cual la decisión de anular el proceso le causó múltiples perjuicios. Señaló
que “infería que el motivo principal de la decisión que hoy perjudica radica en la dilación
que implicaba el proceso de revisión de la evaluación de la oferta por parte del PNUND
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
en N.Y para dar el concepto de no objeción, el cual culminaría entre el 20 y 24 de octubre.
Este plazo pareció exagerado al Alto Gobierno” (fls. 137-140 c. 3).
-. Por solicitud del a quo, la Directora de Regalías del DNP y Directora Nacional del
Proyecto PNUD COL 99030/11928 dio cuenta de lo ocurrido en la licitación pública
internacional No. 70582:
El 29 de mayo de 1974, el Gobierno de Colombia y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, organismo de derecho internacional adscrito al sistema de la
Organización de las Naciones Unidas, suscribieron un Acuerdo Básico de
Cooperación con el objeto de prestar asistencia al Gobierno Nacional en la ejecución
de sus proyectos de desarrollo, así como los proyectos que reciban ayuda del referido
organismo de derecho internacional.
Con base en dicho acuerdo, se suscribió el Convenio COL 99/030 entre el Programa
de Naciones Unidas y la UAE Comisión Nacional de Regalías, el cual fue cedido al
Departamento Nacional de Planeación el 30 de mayo de 2004, cuando esta entidad
asumió las funciones que adelantaba la UAE Comisión Nacional de Regalías, al
ordenarse la liquidación de la misma.
A través del mencionado convenio de cooperación, se contrataban las firmas de
interventoría administrativa y financiera de regalías directas e indirectas, por medio
de licitaciones públicas, regladas por las normas de ese organismo público
internacional.
El país fue dividido en tres grupos: A, B y C y en cada uno de esos grupos, una sola
firma interventora ejecutaba la vigilancia de las regalías directas e indirectas de las
regiones de su jurisdicción.
En el mes de febrero de 2007, el PNUD abre la licitación pública internacional para la
contratación de las firmas interventoras que van a vigilar la correcta administración e
inversión de los recursos de regalías de los años 2007, 2008 y 2009.
En el mes de junio de 2007, el Comité Evaluador del PNUD rechaza tres de las cuatro
propuestas por no ajustarse a los requisitos del pliego de condiciones.
El PNUD conforme a su normatividad interna remitió el proceso a las autoridades de
Nueva York, ya que, por su cuantía, éstas deben impartir la aprobación de la
adjudicación de esa licitación pública internacional.
En noviembre de 2007, las autoridades de Nueva York resuelven adjudicar el Grupo
A al Consorcio BDO-CONCOL, por reunir la totalidad de los requisitos, y ordenan
reabrir el proceso licitatorio para los Grupos B y C.
En diciembre de 2007, el PNUD abre una nueva licitación para los Grupos B y C,
proceso que se cierra en febrero de 2008 y, en abril del mismo año, el Comité
Evaluador rechaza dos de las tres propuestas presentadas, por no ajustarse a las
condiciones del pliego de condiciones y propone adjudicar el Grupo B al Consorcio
cuya propuesta se ajustaba a los requisitos del pliego. Como se advirtió, por cuantía,
esa propuesta debe ser aprobada por las autoridades de PNUD en Nueva York.
El representante Residente del PNUD comunica mediante oficio No. 200801458 de
15 de julio de 2008 al Director General del DNP que las autoridades del PNUD en
Nueva York se tomarán como mínimo cuatro meses para analizar y decidir la
aceptación o el rechazo de la propuesta de adjudicación, sin que hubiera certeza
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
jurídica de que las autoridades de Nueva York impartieran su aprobación, frente a lo
cual el DNP solicitó al PNUD que no fuera adjudicada la licitación ante los plazos
expuestos, pues ya había transcurrido casi dos años (2007 y parte de 2008), sin que
los recursos de las regalías recibidos por las entidades beneficiarias ubicadas en los
Grupos B y C estuviesen siendo vigilados por las firmas interventoras.
El PNUD, dentro de su plena autonomía, y con base en la cláusula del pliego de
condiciones que así lo expresaba, resuelve declarar nulo el proceso (se recuerda que
estos procesos licitatorios no se rigen por la ley colombiana).
En el mes de octubre de 2008, el Gobierno Nacional resuelve que el Departamento
Nacional de Planeación (Dirección de Regalías) asuma de manera directa el ejercicio
de la interventoría administrativa y financiera de las entidades del Grupo B, mediante
la contratación de profesionales, técnicos, tecnólogos y personal administrativo,
conforme lo autoriza el artículo 10 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 5
de la Ley 756 de 2002.
Conforme lo pactado en el Convenio PNUD COL 99/030 se inicia una convocatoria
para proveer 110 plazas dentro de diez disciplinas (…).
Por lo anteriormente expuesto, en relación con el punto 2.4 del reglamento judicial
(sic) del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se informa que no fue posible
efectuar la interventoría en tiempo real sobre las regalías para las vigencias 2007-
2008 de las entidades del Grupo B, con los profesionales convocados” (fl. 270 c. 1).
Consideraciones de la Sala:
De conformidad con los hechos probados que anteceden, la Sala encuentra que,
contrario a lo afirmado por la parte actora en la demanda y sus modificaciones, el PNUD
fue el organismo que abrió la convocatoria para la licitación pública internacional No.
70582 de 2007 y no el DNP, quien era, en el marco de los “términos de referencia” del
proceso de selección, el órgano ejecutor y vigilante del cumplimiento de la propuesta
favorecida con la adjudicación y del contrato que a futuro se suscribiera.
Así mismo, es evidente que fue el PNUD quien terminó el proceso de selección sin que
el mismo culminara con la adjudicación del respectivo contrato, pues decidió declarar la
nulidad de dicho proceso, en ejercicio de la facultad que, en tal sentido, se había
reservado desde los pliegos de condiciones y que por lo tanto era conocida por todos los
participantes.
Ahora bien, en relación con los oficios No. SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 y
SCV-2008-1520662211 del 11 de noviembre de 2008 dirigidos al PNUD y a la Unión Temporal
CRA-FAST-HAGGEN respectivamente, la Sala considera que, tal y como lo estableció
el a-quo, los mismos no constituyen actos administrativos susceptibles de ser
controlados judicialmente, puesto que mediante tales comunicaciones la entidad
demandada no tomó decisión alguna, en tanto no le correspondía hacerlo en relación
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
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con un proceso de selección que no fue iniciado ni tramitado por dicha entidad, a quien
tampoco le asistía la competencia para decidir sobre la adjudicación y celebración del
contrato, actuaciones que se hallaban por completo a cargo del organismo de las
Naciones Unidas.
Al respecto es necesario tener en cuenta que, si bien como lo sostuvo el apelante, el
Departamento Nacional de Planeación es la entidad legalmente encargada de realizar el
control y vigilancia sobre la correcta utilización de los recursos provenientes de las
regalías y compensaciones causadas por la explotación de recursos naturales no
renovables de propiedad del Estado así como de las asignaciones del Fondo Nacional
de Regalías, para efectos de dar cumplimiento a tal función estaba autorizada para
recurrir a la colaboración del Programa de las Naciones Unidas PNUD, en virtud del
acuerdo de voluntades que, para esos específicos efectos, se había suscrito con dicho
organismo internacional, Convenio COL 99/030 de 1974, con fundamento en el cual se
acordó la ejecución del Proyecto PNUD/COL/00011928 de “Apoyo a la Gestión de la
Comisión Nacional de Regalías, hoy atribuida al Departamento Nacional de Planeación”,
con el organismo de Ejecución, que lo era el mismo DNP.
En este punto, resulta necesario recordar cuál es el papel del organismo Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en nuestro país, a partir del siguiente
recuento:
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, es un organismo
especializado de las Naciones Unidas, es decir un ente jurídico de derecho internacional
que no tiene, por sí mismo, la condición de entidad pública colombiana. El PNUD goza
de privilegios e inmunidades, derivados de la Convención sobre Privilegios e
Inmunidades de los organismos especializados de las Naciones Unidas, aprobada en
Colombia por la Ley 62 de 1973.
Sobre la naturaleza jurídica del PNUD, la Corte Constitucional se ha pronunciado en
reiteradas ocasiones. A manera de ejemplo, en la sentencia T-883/05 señaló:
En el ámbito del derecho internacional, las organizaciones internacionales constituyen
formas institucionalizadas de cooperación entre los Estados, que se establecen con
el fin de alcanzar ciertos objetivos comunes. Para ello, los Estados pueden crear,
mediante un acuerdo multilateral, entidades internacionales, con personalidad jurídica
propia y dotadas de órganos permanentes, a las que atribuyen ciertas competencias
o poderes jurídicos, con el fin de dotarlas de las herramientas necesarias para la
consecución de los fines perseguidos.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
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Acción: Nulidad y restablecimiento
Este es el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad de derecho
internacional de la que Colombia es miembro fundador, y que propende por el
mantenimiento de la paz mundial, así como por el establecimiento de condiciones de
vida dignas para todos los habitantes del planeta. En ese sentido, la Carta de creación
de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco y que entró
en vigor el 24 de octubre del mismo año, previó la posibilidad de crear programas y
organismos que, de manera especializada, presten la asistencia que necesitan los
países con dificultades específicas. Aquí se encuentra el origen del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que fue creado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2029 (XX) del 22 de noviembre de
1965. En la 1383ª sesión plenaria de la Asamblea General celebrada en la fecha
citada, los miembros de las Naciones Unidas consideraron conveniente fusionar el
Fondo Especial y el Programa Ampliado de Asistencia Técnica, existentes en ese
momento, en un solo Programa, partiendo de la recomendación que en ese sentido
había sido propuesta por el Consejo Económico y Social mediante Resolución 1020
(XXXVII), del 11 de agosto de 1964.
El PNUD, al igual que todos los programas y fondos de la ONU, realiza actividades
de cooperación para el desarrollo y forma parte integrante de la estructura de las
Naciones Unidas, dependiendo de la Asamblea General y a la vez del Consejo
Económico y Social (ECOSOC). Es, por tanto, diferente de los llamados “Organismos
Especializados”, los cuales son, en principio, independientes y autónomos a pesar de
pertenecer al sistema de Naciones Unidas.
El 29 de mayo de 1974 el Gobierno Colombiano suscribió el Convenio de cooperación
amistosa con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con miras a
obtener del PNUD la asistencia necesaria para llevar a cabo los proyectos que se
pretendan ejecutar en nuestro país en beneficio de toda la población colombiana,
además de tener a su cargo la coordinación de las actividades operacionales del
sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional. En esa fecha, de manera formal, el
PNUD empezó a trabajar con el Gobierno colombiano y empezó su existencia
institucional en nuestro país”.
Con relación al régimen de inmunidades aplicable a este organismo y dado que el
PNUD es parte integrante de la ONU, es claro que goza de las prerrogativas que se
establecieron en la “Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones
Unidas”, aprobada por la Asamblea General del 13 de febrero de 1946, y que fue
adoptada en Colombia mediante la Ley 62 de 31 de diciembre de 19734. A partir del
6 de agosto de 1974, fecha en la cual se depositó en la Secretaría General de las
Naciones Unidas el documento de adhesión a dicha Convención, el citado
instrumento internacional entró en vigor en nuestro país.
Así fue reconocido por el Gobierno colombiano dentro del Convenio de cooperación
amistosa suscrito con el PNUD en 1974:
Artículo IX, Privilegios e Inmunidades. 1. El Gobierno aplicará tanto a las Naciones
Unidas y sus órganos, comprendido el PNUD y los órganos subsidiarios de las
Naciones Unidas que actúen como Organismos de Ejecución del PNUD, como a sus
bienes, fondos y haberes y a sus funcionarios, incluidos el representante residente y
otros miembros de la misión del PNUD en el país, las disposiciones de la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas”.
4
La ley 62 de 1973 fue publicada en el Diario Oficial No. 34083 de 17 de mayo de 1974. Mediante decreto
2821 de 2001 se promulgó la Convención.
21
Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
En el Convenio PNUD/COL/99/030, “Apoyo a la Gestión de la Comisión de Regalías”5,
se consignó que la cooperación técnica que se adelantaría en virtud del mismo, se
centraría en brindar asesoría y apoyo a la CNR para la ejecución de las interventorías
administrativas y financieras de todos los proyectos de desarrollo que se financiaran con
recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR). En el objetivo de desarrollo, se consignó
que consistía en la implementación de mecanismos de interventoría administrativa y
financiera eficientes, para que la Comisión de Regalías ejerciera el control adecuado de
los proyectos que se ejecutaran en todo el país, con recursos de regalías; como primer
objetivo inmediato, se estableció la definición e implementación de métodos y
procedimientos adecuados de contratación para las referidas interventorías e
instrumentos para el manejo de la información, que le permitieran a la Comisión Nacional
de Regalías contar con elementos que garantizaran un correcto control de los recursos
de regalías invertidos en la ejecución de proyectos. Así mismo, como primer resultado
de este objetivo, se consignó el “Desarrollo de un sistema de contratación de
interventorías administrativas y financieras, que cumpla con las condiciones de
eficiencia, transparencia, agilidad y experiencia”, consignando entre las actividades a
adelantar, las siguientes:
1.1.1. Desarrollar el proceso de contratación, incluyendo la celebración de contratos
y cumplimiento de las obligaciones pactadas.
1.1.2. Apoyar a la Comisión Nacional de Regalías en el establecimiento de
parámetros para la contratación.
1.1.3. Asesorar a la Comisión Nacional de Regalías en la definición de métodos y
procedimientos para llevar a cabo los procesos de contratación.
1.1.4. Brindar apoyo técnico a la Comisión Nacional de Regalías en la preparación
de los términos de referencia para contratar interventorías.
1.1.5. Diligenciamiento de contratos con las firmas adjudicadas (La Sala resalta).
Y más adelante, reitera que entre las actividades se halla la “Formalización de contratos
con entidades adjudicadas, a través de la firma de los mismos”.
Como se advirtió en los hechos probados, con fundamento en el anterior convenio el
PNUD abrió una licitación pública internacional, la cual se regía por el pliego de
condiciones elaborado por dicho organismo y puesto a disposición de los interesados,
en el que expresamente se anunció que el procedimiento de selección de contratistas se
regiría por las normas del PNUD, quien también podría, si así lo decidía, en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, declarar la nulidad del
procedimiento, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad respecto a los
5
F. 2 a 13, cuaderno 4, anexos de la contestación de la demanda.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
proponentes y sin que el PNUD tuviera la obligación de informar al proponente o
proponentes afectados de los motivos de dicha acción.
Así mismo, consta que fue el PNUD quien, a través de comunicación del 23 de julio de 2008
dirigida a la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN, le informó que el proceso contractual
No. 70582 había sido anulado.
Ahora bien, observa la Sala que, de haber lugar a ello, esa debía ser la decisión
demandada, por cuanto fue la que le puso fin a la actuación que se estaba adelantando
con miras a la adjudicación de un contrato, pero ello no sucedió, en primer lugar, porque
al tratarse de un procedimiento de selección abierto y adelantado por el PNUD, de
acuerdo con sus propias normas, sus decisiones no son actos administrativos. Y, en
segundo lugar, por cuanto el PNUD, como organismo internacional acreditado ante el
país, cuenta con inmunidad de jurisdicción6.
En consecuencia, el demandante optó por demandar al Departamento Nacional de
Planeación, aduciendo que fueron actos administrativos suyos los que le pusieron fin al
procedimiento de selección que el PNUD, como simple tramitador, adelantó en su
nombre, lo cual carece de sustento jurídico, en la medida en que, como ya se explicó, el
organismo internacional se hallaba habilitado para adelantar la actuación tendiente a
adjudicar y celebrar el contrato de interventoría objeto de la licitación pública
internacional No. 70582 de 2007.
Los actos acusados
De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 84 y 85 del C.C.A.7, esta jurisdicción está
llamada a decidir sobre la legalidad, únicamente, de actos administrativos, los cuales
6
En cuanto a la inmunidad de jurisdicción, la Corte Constitucional ha señalado que constituye un principio
de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un
sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se
configuren ciertas condiciones: “Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción,
y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere
a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional,
que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual
impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto
de derecho internacional se hubiere llevado a cabo. Ha establecido, de manera reiterada, que las
inmunidades y prerrogativas que se conceden a través de la suscripción de tratados internacionales
resultan compatibles con la Carta, toda vez que ellas responden a la necesidad de dotar a los
representantes diplomáticos, consulares, organizaciones internacionales y funcionarios de las mismas, de
los elementos y condiciones necesarios para ejercer las labores propias de su cargo con la mayor
independencia y neutralidad”. Sentencia T-883/05 del 25 de agosto de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
7
Actualmente artículos 137 y 138 del CPACA.
23
Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
deberán ser, por regla general, definitivos, que son aquellos que ponen fin a una
actuación administrativa, decidiendo directa o indirectamente el fondo del asunto -art. 50
del C.C.A.-8.
En virtud de lo anterior y, teniendo en cuenta que en nuestro país existe una jurisdicción
especializada -la Contencioso Administrativa-, que es la encargada de efectuar el control
de legalidad de la actuación administrativa con el fin de verificar su conformidad con el
ordenamiento jurídico, “(…) una primera cuestión que deben resolver sus respectivos
órganos para determinar su competencia en cada caso objeto de las acciones de que es
susceptible el acto administrativo, es la de establecer si el acto jurídico que se le pide
enjuiciar es o no de aquella naturaleza, esto es, acto administrativo” 9; por ello, tanto la
ley como la jurisprudencia refieren a un primer presupuesto sustancial para el
correspondiente juzgamiento, consistente en la “individualización del acto
administrativo”10, la cual “(…) se refiere tanto a que lo demandado sea realmente un acto
administrativo y no otra clase de acto y que sea aquel que es procedente demandar, así
como a su correcta identificación”.11
Procesalmente, este asunto está íntimamente vinculado con el tópico de los
presupuestos materiales de la pretensión o sentencia de fondo, que son aquellos “(…)
requisitos para que el juez pueda proveer de fondo o mérito, es decir, resolver si el
demandante tiene o no el derecho pretendido, y el demandado, la obligación que se le
imputa”. La falta de estos presupuestos hace que la sentencia sea inhibitoria. Se refieren
a la pretensión y no al procedimiento ni a la acción (…)”, y puede incluirse dentro de las
falencias que afectan a estos presupuestos, “(…) la incorrecta petición que haga
imposible resolver sobre la pretensión del demandante (…)”12.
8
Por cuanto de manera excepcional, los actos de trámite también serán susceptibles de control
jurisdiccional cuando pongan fin a una actuación haciendo imposible su continuación, según lo dispuesto
en el art. 50 del C.C.A.
9
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, “Manual del Acto Administrativo”, Librería Ediciones del Profesional
Ltda., 7ª ed., 2016, p. 22.
10
El artículo 138 del C.C.A. establece: “Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar
con toda precisión. // (…) Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán
demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero si fue revocado, sólo procede demandar
la última decisión (…)”. Actualmente, la individualización del acto administrativo está prevista como un
requisito de la demanda en el primer inciso del art. 163 del CPACA: “Individualización de las
pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualizar con
toda precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los
actos que los resolvieron”.
11
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, ob. cit., p. 23.
12
Devis Echandía, Hernando; “Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”, Aguilar S.A. de Ediciones,
Madrid España, 1966, p. 324 y 325.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
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Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Así, dado que la jurisdicción especializada sólo está llamada a resolver sobre la validez
o nulidad de los actos administrativos y ninguna otra clase de actos, en la medida en que
se concluya que el acto demandado, no lo es, el juez estará en imposibilidad de resolver
de fondo la controversia planteada en tales términos en la demanda.
Al respecto, se recuerda que un acto administrativo es una manifestación de voluntad
expedida por una autoridad estatal o por un particular en ejercicio de función
administrativa, tendiente a crear, modificar o extinguir una situación jurídica de carácter
general o de carácter particular; decisión que está investida de la presunción de legalidad
y que es ejecutiva -obligatoria por sí misma- y ejecutoria, es decir que quien la profiere
puede hacerla cumplir por sí y ante sí, sin la intervención de otra autoridad.
De acuerdo con lo anterior, no cualquier manifestación proveniente de una autoridad
estatal que ejerce funciones administrativas se puede calificar como acto administrativo,
puesto que es un elemento esencial de esta clase de pronunciamientos, el que contenga
una decisión que produzca directamente efectos jurídicos, es decir transformaciones en
derecho que se tornan obligatorias para sus destinatarios.
Como lo ha dicho la jurisprudencia:
Para arribar a la explicación de la noción de acto administrativo, sin pretender exponer
la universalidad doctrinaria existente en torno a esta materia, se precisa, en primer
lugar, que el mismo se produce a propósito del desarrollo de la actividad jurídica de
la administración y se caracteriza por ser una decisión, declaración de la voluntad,
generadora de efectos jurídicos, lo que la diferencia de los otras manifestaciones de
la administración constitutivas de actuaciones materiales o jurídicas ejecutadas en
ejercicio de la función administrativa.
Así, no basta con la decisión, declaración o expresión de voluntad para que un acto
se considere administrativo, para ello es necesario que el mismo sea productor de
efectos jurídicos mediante el nacimiento, reconocimiento, modificación o extinción de
un derecho o un deber u obligación, y que, además, el mismo provenga de una
prerrogativa de poder de la Administración, “por su cuenta y por su sola voluntad”13;
por tanto, el compendio de sus características, permite afirmar que el acto
administrativo constituye un acto jurídico producto de la declaración de voluntad
unilateral realizada por la Administración, generadora de efectos jurídicos.
(…) la manifestación de que trata el acto administrativo se circunscribe a lo previsto
en la ley y a la esfera de voluntad del sujeto en quien recae la competencia en la
expedición del acto; por ello, tratándose del acto administrativo, la voluntad se concibe
como expresión de una decisión atada a la función administrativa y a sus principios,
que está determinada enteramente por el principio de legalidad, de manera que su
entorno de gestación y desarrollo, en armonía con dicha función pública, se sitúa en
el escenario de las actuaciones administrativas.
13
[29] “Ibídem, p,217”. (Corte Constitucional, Sentencia T-945 del 16 de diciembre de 2009; M.P Mauricio
González Cuervo).
25
Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
(…) en todo acto administrativo deben estar presentes ciertos elementos que se
erigen en esenciales para su existencia, a saber: el elemento subjetivo, la causa, el
objeto, la forma, la motivación y la finalidad; más allá de las discusiones doctrinarias
sobre la categorización de algunos de ellos, lo cierto es que la ausencia de éstos trae
por efecto la invalidación del acto al constituirse en vicios de origen que imponen la
expulsión del ordenamiento jurídico del acto administrativo que, por esta vía, se torna
irregular. Así, “cualquier falla o mal funcionamiento de esta estructura provoca la
configuración de vicios que pueden afectar la legalidad del acto administrativo”14.
(…) Precisado lo anterior, al incursionar en el elemento subjetivo, es posible advertir
que éste se compone tanto por el sujeto activo, como por el sujeto pasivo; el primero
depositario de la competencia requerida para la expedición del acto administrativo,
definida como la aptitud que tiene la autoridad15, en virtud del conjunto de facultades
que le han sido conferidas en el ordenamiento jurídico, para crear y proferir actos
administrativos; así, a diferencia del denominado principio de permisión que rige la
conducta de las personas en el ámbito del derecho privado -y que se traduce en la
posibilidad de realizar todo aquello que no está prohibido- en el derecho público rige
una regla de especialidad funcional que es determinada por las facultades explícitas
atribuidas a las autoridades, quienes, dentro del marco normativo, han de ceñir su
conducta y manifestaciones de voluntad, tal como lo establece el artículo 6 de la
Constitución Política16.
En cuanto hace al origen de la competencia, hay que señalar que ésta surge de una
norma de carácter constitucional, legal o reglamentaria, que es adjudicada a un
órgano o entidad estatal, la cual es manejada por personas que materializan el obrar
de la administración bajo el concepto de funcionario competente -o por particulares
en los casos señalados en la ley- y, dado el interés público que la envuelve, es de
carácter irrenunciable por estar atada a la función misma.
Igualmente, de cara al modelo de Estado Social de Derecho, la competencia debe ser
explícita y expresa, en tanto de la ley proviene toda facultad o atribución de autoridad,
la cual sirve, además, para demarcar el límite de sus actuaciones, lo que beneficia y
consolida el escenario de control respecto al ejercicio de los poderes públicos, pues
sienta las bases y reglas frente a los actos de autoridad de cara a los administrados17.
En el presente caso, la apelante fue enfática en afirmar que la demanda estaba dirigida
contra el DNP, quien, a su parecer, fue la autoridad que “declaró desierto” el proceso
contractual No. 70582 y, en consecuencia, controvirtió la legalidad de las
“comunicaciones” que en su sentir fueron las que adoptaron dicha decisión.
En este orden, solicitó que se declarara la “nulidad absoluta por violación de la ley, del
acto administrativo SCV-2008-1520662211 del 11 de noviembre de 2008, emanado por
14
[31] SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando: “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo II, Cuarta
Edición, Universidad Externado de Colombia. 2007, p,143.
15
[33] Entendida de conformidad con la definición del artículo 2 del CPACA, es decir, “todos los organismos
y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los
órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas”.
16
[34] “Artículo 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes, Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio
de sus funciones”
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 2 de julio de 2021, expediente 58372, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
el Departamento Nacional de Planeación a través de su directora general, en la cual
ratifica y confirma la decisión de declaratoria de desierta contenida en el acto
administrativo SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 y decide no adjudicar el
contrato del proceso contractual No. 70582 a la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN”.
Para efectos de tener claridad sobre la naturaleza de los “actos” enjuiciados, la Sala
procederá a transcribir textualmente su contenido, como sigue:
Comunicación No. SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008 expedido por el DNP:
Doctor
BRUNO MORO
Representante Residente
PNUD
Ciudad
Respetado señor Moro:
Al dar acuse de recibo de su amable comunicación PNUD/COL/000111928 No.
200801368 del día de hoy, con la cual nos da a conocer el estado actual del trámite
de la licitación internacional No. 70582 para la escogencia del contratista, interventor
administrativo y financiero de los recursos de regalías de los años 2007 y 2008
correspondientes al grupo B, permítame manifestarle la preocupación del Gobierno y
del Departamento Nacional de Planeación ante los plazos expuestos en la misiva.
En efecto, frente a la urgencia motivada por las precisas instrucciones del señor
Presidente de la República para que la totalidad de los recursos de regalías cuenten
con una interventoría administrativa y financiera en tiempo real y concomitante con la
ejecución de los contratos financiados con esos recursos y celebrados por las
entidades territoriales beneficiarias de los mismos, vemos que para lo relacionado con
el presente año y en la zona geográfica que comprende el Grupo B, sería imposible
lograr ese cometido de la interventoría real, máxime cuando para el Grupo A
(interventoría ejecutada por la firma BDO-CONCOL) y para el Grupo C (interventoría
ejecutada directamente por la Dirección de Regalías) en la actualidad esa labor ya se
ha iniciado.
Por la anterior circunstancia y en procura de lograr una efectiva, oportuna, eficiente e
inmediata interventoría de los recursos de regalías, de manera atenta le solicitamos
se sirva declarar desierto el proceso licitatorio 70582, con el fin de permitirle a la
Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación asumir el ejercicio
directo a través de un grupo de expertos profesionales para cuya inmediata
vinculación esperamos contar con la colaboración ágil y expedita del PNUD.
Por la atención que le dispense a la presente solicitud, le quedo muy reconocido.
Atentamente,
ANDRÉS ESCOBAR ARANGO
Subdirector General encargado de las funciones del despacho de la Directora General
del DNP (fl. 44 c. 1).
27
Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Como se observa de la anterior transcripción, en esta comunicación el Departamento
Nacional de Planeación no declaró desierta -como no podía hacerlo, en tanto no fue
quien inició y tramitó ese procedimiento- la Licitación No. 70582, sino que se limitó a
solicitar al PNUD que adoptara una decisión en ese sentido, con el fin de permitirle a la
Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, asumir el ejercicio
directo de la interventoría administrativa y financiera, a través de un grupo de expertos
profesionales, para cuya inmediata vinculación esperaba contar, así mismo, con la
colaboración ágil y expedita del PNUD. Esta petición fue tenida en cuenta por el
organismo internacional, que procedió a anular el proceso de selección, con fundamento
en una disposición de los “términos de referencia” que lo regían y que lo facultaba para
hacerlo.
Es claro entonces, que la referida comunicación, aquí demandada, carece de un
elemento esencial para ser catalogada como acto administrativo, en tanto no contiene
una manifestación de voluntad que crea, modifica o extingue una relación jurídica.
Ahora bien, cabe reiterar que fue en el oficio PNUD/COL/11928 No. 200801479 del 23
de julio de 2008 -es decir, con posterioridad a la Comunicación No. SCV-
20081520483851 del 15 de julio de 2008 del DNP, demandada en el sub lite- que el
PNUD, entidad que adelantó la licitación pública internacional, informó al representante
legal de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN que el proceso contractual No. 70582
había sido anulado, poniendo de presente, además, el contenido del numeral 24.1, que
preveía la facultad del organismo licitante para aceptar o rechazar cualquier propuesta y
de anular el proceso, así como de rechazar todas las propuestas en cualquier momento
con anterioridad a la adjudicación del contrato sin incurrir por ello en ninguna
responsabilidad respecto a los proponentes. Así mismo, en dicha comunicación señaló
que no tenía la obligación de informar al proponente o proponentes afectados de los
motivos de la decisión que adoptara.
De acuerdo con lo expuesto, considera la Sala que la comunicación demandada, esto
es, el oficio No. SCV-20081520483851 del 15 de julio de 2008, no es un acto
administrativo, en tanto no fue el que puso fin al procedimiento de selección que se venía
adelantando y, por lo tanto, no es susceptible del análisis de legalidad y validez que le
corresponde adelantar a esta jurisdicción.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
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Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Comunicación SCV-20081520662211 del 11 de noviembre de 2008 expedida por el
DNP:
Señor
Pedro L. Rojas Castro18
Representante Legal
Consultores Regionales Asociados S.A. -CRA S.A.-
Carrera 48 No. 94-43
Bogotá D.C.
Asunto: Proceso 70582
Respetado señor Rojas:
En atención a su comunicación 2008-663-029637-2, en la cual se refiere a la licitación
pública internacional No. 70582 y a la experiencia e infraestructura de la organización
que representa para apoyar las labores de interventoría que en la actualidad
adelantamos, de manera atenta se considera:
En cuanto a la mencionada licitación pública, es necesario reiterar lo manifestado en
la respuesta del Departamento Nacional de Planeación -DNP- a la acción de tutela
interpuesta por Usted en nombre y representación de la sociedad Consultores
Regionales Asociados -CRA-, al igual que lo expuesto en la reunión celebrada por
este despacho el pasado 20 de octubre de 2008, en el sentido de que dicho proceso
de selección se regía por las normas, manuales y reglamentos del PNUD, condición
aceptada por los interesados al presentar sus propuestas.
El régimen jurídico aplicable involucra la posibilidad de anulación en cualquier
momento, antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad
respecto a los proponentes y, en ese sentido, las eventuales inversiones que dicha
sociedad haya podido hacer para participar en la referida licitación, se realizaron por
su cuenta y riesgo, tal como Usted lo aceptó y reconoce en su comunicación.
Esa sociedad conocía con anticipación a la presentación de su propuesta dicho
régimen y no es posible afirmar que fue tratada de manera arbitraria, o que se cometió
un abuso en su contra y, menos aún, que por ello se le haya causado un “grave
perjuicio”.
En desarrollo de la política pública de control y vigilancia a la utilización de regalías,
se requiere de interventorías administrativas y financieras en tiempo real, esto, es
concomitantes a la ejecución de dichos recursos, en todo el país y, por consiguiente,
la actuación de Planeación Nacional, en este caso, de ninguna manera es arbitraria,
carente de ética o motivada en aspectos internos, subjetivos y/o políticos.
El proyecto de construcción de capacidad institucional al interior del DNP para
desarrollar directamente las labores de interventoría administrativa y financiera a la
utilización de regalías, responde a un importante ejercicio de planeación y de
fortalecimiento organizacional, que además contará con el soporte técnico y
profesional necesario y se someterá a rigurosos estándares de calidad. Como es de
su conocimiento las labores de interventoría deben desarrollarse de conformidad con
lo previsto en el Manual de Interventorías Administrativas y Financieras elaborado por
la Dirección de Regalías del DNP.
La contratación de interventores es una actividad que corresponde al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, mediante convocatorias públicas
siguiendo sus propios estándares de selección de personal. El costo mensual del
18
Pedro L. Rojas Castro fue designado como representante legal de la Unión Temporal CRA-FAST-
HAGGEN en el documento de constitución de la misma (f. 16, c. 4).
29
Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
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Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
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personal que ha iniciado las labores de interventoría en el Grupo B es de $154
millones, incluyendo personal de apoyo.
Por último, su comunicación 2008-663-020805-2 del 30 de julio de 2008 a Guillermo
Salah Zuleta, Consultor del Proyecto PNUD/COL/99/030 no le fue entregada debido
a un error en la asignación de la correspondencia. Sin embargo, es importante
señalar, en primer lugar, que el objeto de la mencionada comunicación era puramente
informativo, remitir al DNP copia de un correo electrónico, recibido al parecer por un
funcionario de la sociedad que Usted representa, relacionado con el proceso de
selección de profesionales para el proyecto de “construcción de la capacidad de
interventoría en la Dirección de Regalías”; y, en un segundo término, aclarar que dicho
proceso de selección, tal como se indica en el mencionado correo electrónico de fecha
17 de julio de 2008, se inició con posterioridad a la fecha en que el DNP le solicitó al
PNUD anular la licitación pública internacional 70582 (julio 15 de 2008).
Atentamente,
Carolina Herrera
Directora General” (fls. 141-142 c. 4).
Según la parte actora, esta comunicación “confirmó” la declaratoria de desierta del
proceso contractual No. 70582 de 2007, adoptada mediante la Comunicación No. SCV-
20081520483851 del 15 de julio de 2008 del DNP.
Contrario a lo sostenido por la parte demandante, del contenido de esta comunicación
tampoco se observa que se hubiera confirmado una decisión de desierta de la licitación
pública internacional No. 70582. En esta, simplemente el DNP informó al representante
de la Unión Temporal CRA-FAST-HAGGEN que dicho proceso de selección se regía por
las normas, manuales y reglamentos del PNUD y que tal circunstancia fue conocida y
aceptada por los interesados al presentar sus propuestas. Además, dio cuenta de la
política pública de control y vigilancia a la utilización de regalías, del proyecto de
construcción de capacidad institucional al interior del DNP, con el objeto de desarrollar
directamente las labores de interventoría administrativa y financiera a la utilización de
regalías. Por último, puso de presente que la contratación de interventores era una
actividad que correspondía al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
PNUD- mediante convocatorias públicas, siguiendo sus propios estándares de selección
de personal y conforme a su normatividad propia.
Dado que, según lo analizado en relación con la Comunicación No. SCV-
20081520483851 del 15 de julio de 2008 del DNP -y dirigida al PNUD-, esta no constituyó
un acto administrativo, mal podría afirmarse que, mediante la Comunicación SCV-
20081520662211 del 11 de noviembre de 2008 de la misma entidad, aquel hubiese sido
confirmado; cuando, por otra parte, tampoco consta en el plenario que la parte actora
hubiese impugnado el supuesto acto en sede administrativa, a través de los recursos
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
legalmente dispuestos para ello -art. 50, C.C.A.-, cuando se trata de actos administrativos
de carácter particular y concreto y que la entidad se hubiera pronunciado sobre dicho
recurso.
Se trata de dos comunicaciones distintas e independientes, con dos destinatarios
también distintos: la primera, dirigida al PNUD, en la que el Departamento Nacional de
Planeación le planteó su preocupación por la demora en la culminación del trámite de la
licitación pública internacional que este organismo se hallaba adelantando para la
contratación de los interventores requeridos para la vigilancia de los recursos de las
regalías, y le pidió que la declarara desierta; y la segunda, dirigida por el DNP a la unión
temporal demandante, en la que le reitera las explicaciones que ya le había brindado
sobre la titularidad de las actuaciones dentro del procedimiento de selección de
contratistas, que le correspondía al organismo internacional y que era este el que había
tomado las decisiones dentro del mismo.
Así, la lectura del contenido de los documentos transcritos, permite arribar a la conclusión
de que las comunicaciones enjuiciadas no contienen una manifestación de voluntad de
la administración que tenga la aptitud de producir efectos jurídicos definitivos o de fondo
sobre el asunto de que tratan y tampoco son actos de trámite que hayan puesto fin al
procedimiento administrativo o que hayan imposibilitado seguir la actuación; por tanto,
se itera, no son susceptibles de ser demandadas.
Ahora bien, la circunstancia de que las comunicaciones objeto de la demanda carezcan
de la naturaleza de actos administrativos, conduce a la imposibilidad para la jurisdicción
de proferir un fallo de fondo, como en otras ocasiones lo ha manifestado la jurisprudencia:
Examinado el acta en su conjunto la Sala advierte que ella no contiene un acto
administrativo porque no expresa una voluntad de crear, modificar o extinguir alguna
situación jurídica de modo general o particular.
En efecto el acta examinada constituye una simple revisión o análisis de las normas
ya vigentes que involucran la participación de los Ministerios que la suscribieron para
su posterior coordinación técnica.
(…)
En suma el acta cuestionada no tiene el carácter de acto administrativo y por ello
carece de objeto examinar acusaciones referidas a su ilegalidad.
Procede, en consecuencia, declarar que la Sala carece de jurisdicción para enjuiciar
la legalidad del acta cuestionada e inhibirse de decidir de fondo19.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de
julio de 2010, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00187-01, C.P. María Claudia Rojas
Lasso.
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
Finalmente, advierte la Sala que, con lo resuelto en el sub-lite, no se está afirmando que
el DNP, entidad ejecutora dentro del convenio con el PNUD que sirvió de base al proceso
de selección de contratistas adelantado por este último, esté exento, sin más ni más, de
control en casos como el presente, toda vez que sus actos no quedan cobijados por la
inmunidad del organismo internacional a través de este mecanismo de contratación. Lo
que sucede es que dicha entidad no puede ser enjuiciada por actos de trámite, tal y como
quedó explicado. Así que, como el medio de control o acción escogida fue la de nulidad
y restablecimiento del derecho, cuyo objeto se dirige exclusivamente al control judicial
de la validez de aquellos que se cataloguen como actos administrativos, en este caso no
es posible ejercer dicho control y, de cara a las pretensiones de la demanda, no existe
un reproche distinto que examinar.
Conclusión:
Como consecuencia de lo anterior, dado que los actos acusados no reúnen las
condiciones requeridas para estudiar su legalidad, la demanda adolece de falencias que
impiden su estudio, razón por la cual la Sala considera que se debe modificar la sentencia
apelada, en el sentido de declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo,
en virtud de la ineptitud sustantiva de la demanda.
XIII. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, norma
especial y de aplicación preferente para este tipo de asuntos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFICAR la sentencia del 13 de febrero de 2014, proferida por la Subsección C de
Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
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Radicación número: 250002326000200800559-02 (51417)
Actor: Consultores Regionales Asociados y otros
Demandado: Departamento Nacional de Planeación -DNP-
Acción: Nulidad y restablecimiento
cual quedará así:
PRIMERO: DECLÁRASE inhibida la Sala para fallar de fondo por la ineptitud
sustantiva de la demanda, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo
de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
33
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